AGLI Recortes de Prensa    Viernes 10  Febrero 2017

Podemos y PP, las dos caras de una crisis
José Luis González Quirós vozpopuli.es 10 Febrero 2017

No es casual que hayan coincidido en lugar y fecha dos congresos políticos tan aparentemente distintos, como los de Rajoy y Podemos, aunque el propósito que se ocultaba tras la coincidencia de esta extraña pareja haya terminado en fiasco. Parece que un Podemos en el apogeo de su imagen aspiró a presentarse como una alternativa real al PP, pero, si ese fue el caso, no habrá otro remedio que concluir que, en contra de lo que decía Tierno Galván, en esta ocasión, Dios ha abandonado a un buen marxista. Desvanecido el supuesto efecto escénico, no está de más tomar la insólita coincidencia como pretexto para valorar nuestra situación política.
 
Dos partidos distintos, pero uncidos
El PP de Rajoy y Podemos han protagonizado una parte esencial de la historia política desde hace ya más de tres años, y en ese trienio han ocurrido algunas cosas de cierto interés. Para empezar, un Rey ha abdicado, y el PSOE ha destituido de manera escasamente edificante a su líder de ocasión; además ha habido tres elecciones generales después de la irrupción podemita en las europeas de mayo de 2014: unas municipales y autonómicas y dos elecciones generales, todo ello en medio de una crisis bastante feroz y de un grave distanciamiento entre las políticas del gobierno y las promesas electorales previas. Si se considera lo que ha ocurrido, resulta bastante extraordinario que el presidente de gobierno continúe siendo Mariano Rajoy, incluso olvidando episodios que producen sonrojo a cualquiera.

Una de las claves para interpretar esta insólita peripecia es precisamente que la aparición y ascenso de Podemos ha servido para evitar la caída de Rajoy y, lo que es condición necesaria para ello, para impedir que un PSOE en sus peores momentos pudiera intentar, siquiera, optar al Gobierno. Por supuesto que el PSOE post-zapateril bastante tenía con lo suyo, pero la emergencia de Podemos ha actuado como válvula de seguridad para hacer posible la continuidad de Rajoy.
 
Iglesias ante su momento estelar
Tras las elecciones de diciembre de 2015, los líderes de las minorías parlamentarias dieron de sí cuanto podían, pero, en verdad, no fue mucho. Pedro Sánchez y Carlos Alberto Rivera firmaron un papel, pero no se atrevieron a llevarlo a las urnas, Iglesias pensó que le era llegada su hora y Rajoy se agazapó en la Moncloa, lo que no deja de ser una de sus especialidades. En las elecciones que no se supo evitar, acabó por pasar lo que ahora contemplamos. Se puede discutir hasta la náusea sobre los futuros posibles en aquella situación agónica, pero lo que no admite duda es que la ambición desmedida de Podemos, pensando en que podría llegarle una oportunidad más memorable, hizo imposible un gobierno distinto a cualquiera de los que Rajoy estuviera dispuesto a encabezar. Ni Sánchez dio la talla, ni la dieron los demás, mientras Rajoy supo aprovechar el desgaste evidente de la incapacidad ajena que actuó como una pantalla ideal para ocultar la propia.

La ambición de Iglesias, y la torpeza del resto, hizo inviable cualquier fórmula que evitase unas segundas elecciones. Es obvio el boicoteo a cualquier posibilidad de un gobierno alternativo a Rajoy le dio al gallego el aire que necesitaba.

Iglesias ante su segunda prueba
El próximo fin de semana Podemos asistirá, con toda probabilidad, a un momento de definición, y no es fácil saber lo que pasará luego, pero sí se puede asegurar que la intención de convertir a Iglesias en un caudillo, con perdón, bien protegido por unos pretorianos dóciles, puede no ser nada conveniente ni para el futuro de la formación, ni para el de todos nosotros. Está en juego el porvenir de una enorme masa de votantes que tal vez pueda creer en una nueva izquierda, pero difícilmente creerá en una especie de padrecito Stalin con coleta.

A Dios gracias, muchos no tenemos nada que decir ante la disyuntiva que tal vez ponga a Podemos en estado de quiebra virtual, pero no es absurdo imaginar que un Podemos menos enchufado al liderazgo carismático de un líder que ya ha mostrado el tamaño de los errores que puede cometer, podría llegar a ser una alternativa interesante, es obvio que dirigido muy de otra manera. Es razonable que esa posibilidad, un tanto remota, pues los aparatos suelen ganar los envites que les hacen los militantes ingenuos y voluntariosos, no guste nada ni a Rajoy ni al gestor Fernández, tal vez ni siquiera a un Sánchez que se apresta gallardamente a intentar la resurrección, pero puede que no fuese lo peor para el conjunto de los españoles.
 
Rajoy en la otra plaza
Rajoy se enfrenta a una ceremonia en la que va a ganar todos los Oscar, lo que no es extraño si se piensa que es el organizador, el único candidato y, en realidad, el que tiene en un puño la totalidad de los votos del cónclave, pero como casi nada es lo que parece, es bastante probable que ese momento de exaltación narcisista, esa unidad inquebrantable en torno al que les coloca a todos, no le proporcione la seguridad suficiente. Él conoce mejor que nadie la fragilidad que le aflige, las probabilidades de naufragio inmediato de la legislatura, y ni siquiera está cierto de que, pase lo que pase con Podemos, pueda seguir esperando de esa esquina los apoyos indirectos que le han mantenido con vida los últimos tres años.

El PP podría caer en la ilusión de creerse capaz de conseguir que los españoles se preocupen de si Cospedal sí o Cospedal no, de si sí o no a las primarias, o de cualquier otro McGuffin que los encargados de la tramoya sean capaces de imaginar, pero no se necesita mucho seso para saber que, en la actualidad, es un partido que, como el rey de la fábula, está bastante desnudo de proyecto, de ideario y de políticas, por mucho que haya aprendido a vivir de las incapacidades ajenas, sea el desconcierto ideológico y orgánico del PSOE, o la bisoña inmadurez de quienes se creen lo que ni son ni podrán llegar a ser. No está claro que se pueda durar mucho siendo la menos fea, sobre todo si, por cualquier efecto incontrolable en un mundo bastante convulso, se desvaneciesen definitivamente hasta las débiles apariencias de prosperidad que apenas sirven para consolar a los editorialistas muy adictos.

Aunque el PSOE no esté, tampoco se le espera
Hace falta tener unas tragaderas muy amplias para comprar el discurso que alaba al PSOE de la gestora, para creer que pueda quedar espacio para un partido que renuncie a conectar con la situación de los menos favorecidos y a reinventar los argumentos de una izquierda verdadera, es decir, posible, frente a imposible, y original frente a la mera nostalgia de un tiempo ya ido. La sensación que se puede tener viendo las cosas desde fuera es que el partido no tiene ahora mismo energías para rehacerse. No es extraño que así sea, puede que sea otra de las consecuencias de la enfermedad a que se enfrenta una Europa seriamente amenazada de desaparecer sin que, a primera vista, existan ni proyectos ni liderazgos capaces de repensarla.

El PSOE tendría que hacer algo bastante más difícil que reorganizarse como una pesada y ambiciosa maquinaria, tendría que buscar una justificación que ya no le puede dar el largo manejo del poder. Se enfrenta no a una crisis de liderazgos, sino a algo más grave y más hondo. No es que le falten cabezas capaces de verlo, pero parecen sobrarle aspirantes a arreglarlo como si aquí no hubiese pasado nada, como si no hubiese le riesgo de que el partido llegue a tener menos votos que aspirantes a liderarlo.

La consecuencia de todo esto es bastante simple: a cuatro décadas de la constitución de 1978, necesitamos más de lo que los políticos del día nos ofrecen, y tampoco está claro que tengamos una sociedad civil poderosa dispuesta a soportar el peso de una situación complicada. Si fuésemos un país recién nacido, el diagnóstico habría de ser muy pesimista, pero somos una vieja nación que ha soportado desgracias casi sobrehumanas, y doy por seguro que saldremos adelante, que sabremos encontrar algo mejor que esa pobrísima alternativa entre la mansa e incolora multitud del partido de Rajoy y la belicosa caterva a las órdenes de Pablo Iglesias.

Cloacas desbordadas
Emilio Campmany Libertad Digital 10 Febrero 2017

La Convergencia de Mas se echa al monte, se hace independentista y empiezan a salir cuentas de los Pujol como robellones en otoño. No sólo cuentas, también coches y bolsas de basura preñadas de billetes de quinientos euros, además de la novia de Pujol junior. Pero nadie va a la cárcel. Pujol comparece ante el Parlamento catalán y amenaza con tirar abajo todo el árbol si siegan su rama. Y, claro, nadie saca la sierra eléctrica. Luego, salen viejas informaciones del rey entreveradas con una posible cuenta en Suiza. La Convergencia de Puigdemont amenaza con volver a celebrar el referéndum, que no se sabe cuántos necesitan convocar antes de reunir el valor suficiente para proclamar la independencia de Cataluña, y la Guardia Civil hace una redada en Barcelona y arresta a un puñado de políticos corruptos del partido que fundara Jordi Pujol. Hay un pendrive en la Audiencia Nacional, entregado por la UDEF como prueba contra los Pujol, que quizá sea el fruto de un pirateo informático ilegal, con lo que las pruebas contra ellos serían anuladas. No sólo, sino que aparece un segundo pendrive que un policía dice haber encontrado haciendo limpieza en su despacho que no se sabe qué contiene. Hacen luego una entrevista a un policía jubilado y dice que hay informes muy interesantes, especialmente del 11-M. No cuenta lo que dicen porque no los ha leído. Y todo ello en medio de una gresca en la que están metidos varios policías, todos ellos con impagables servicios a la patria que no nos pueden detallar, entre los que se encuentra uno llamado Villarejo que, mientras los prestaba, se hizo millonario.

¿Qué está pasando? No es fácil saberlo, aunque pueden darse algunas cosas por seguras. La primera es que de la fortuna que los Pujol amasaron mientras el jefe del clan ocupaba la presidencia de la Generalidad no nos habríamos enterado si Convergencia se hubiera limitado a hacer lo que siempre hizo, pedir dinero por redondear las mayorías parlamentarias de PSOE y PP. La segunda es que, aunque se haya expuesto parte de la porquería que guardan en el trastero, los Pujol no pueden ir de ninguna manera a la cárcel porque entonces saldría la mucha que hay en otros ilustres desvanes, incluido el de nuestro rey emérito. La tercera es que, después de que se atrevieran a filtrar la grabación que al ministro del Interior le hicieron en su despacho, el PP está intentando limpiar la Policía. Con su acostumbrada torpeza, ha dado sin querer una patada al avispero, provocando una guerra sorda entre las facciones que se reparten el poder y de las que no se sabe si hay alguna de la que uno pueda fiarse. No sólo, sino que alguna de ellas, por evitar ser arrumbada, amenaza con sacar más estiércol del mucho que han generado quienes han gobernado España en estos últimos años. Lo más probable es que al final nadie pague por los muchos desmanes cometidos, las aguas negras se calmen y las cloacas del Estado dejen de emanar hedores. Lo cual no quiere decir que no vayan a seguir tan sucias como siempre.

Seguirán a lo suyo
Juan Pablo Polvorinos Libertad Digital 10 Febrero 2017

Hoy viernes terminará el juicio del 9-N, con el alegato final de Artur Mas, en el que intentará demostrar que se puede soplar y sorber al mismo tiempo y explicar al tribunal que no es incoherente ser independentista y al mismo tiempo estar a favor de este proceso diseñado al margen de la ley para vulnerar el Estado de Derecho.

El mismo día de la consulta, Artur Mas compareció ante los medios de comunicación para proclamar a los cuatro vientos que él era el único responsable. Y ahora resulta enternecedor verle escurriendo el bulto, intentando derivar responsabilidades en los voluntarios que trabajaron aquel día en los colegios electorales. Si, como el expresidente catalán viene diciendo, la república catalana está a la vuelta de la esquina; si el proceso es imparable; si Mas no tiene miedo de los jueces ni de los fiscales, y si tan convencido está de que su causa es justa y democrática, entonces ¿qué necesidad tiene de andar defendiéndose de la inhabilitación a la que se expone, si el día de mañana no tendrá efectos jurídicos en una Cataluña independiente?

Por otro lado, hoy se podría hacer a Mariano Rajoy una pregunta del mismo estilo que en los días previos al 9-N, cuando anduvo minusvalorando y menospreciando la consulta. Si, efectivamente, no iba a tener ningún efecto jurídico, y si incluso la referida consulta no se celebró, ¿qué necesidad había de recurrirla ante la Justicia? ¿Para qué aquel lío con la Fiscalía que terminó con la salida de Torres Dulce?

Al margen de las inhabilitaciones a las que se expongan los patrocinadores del 9-N, el independentismo es tan previsible que sabemos perfectamente lo que dirá una vez se dicte sentencia. Si la Justicia entiende que son culpables de desobediencia; es decir,si Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau son condenados, entonces hablarán del sometimiento del pueblo catalán por parte de un Estado que dirige la Justicia intentando erosionar los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Vamos, un escándalo que exige reaccionar y que les dará razones sobradas para hacer el referéndum y pedir con más fuerza la independencia.

Pero si, por el contrario, son declarados inocentes, entonces dirán que se ha hecho justicia, que el Gobierno central ha recibido un golpe durísimo y que sacar las urnas de cartón no suponía ningún delito. Repetirán que la democracia es imparable en Cataluña…lo que también les dará razones sobradas para hacer el referéndum.

Da lo mismo lo que salga: el independentismo encontrará motivos para seguir a lo suyo… Casi lo mismo que sucederá en Moncloa.

Iñaki Gabilondo, ¿y usted qué ha hecho?
Antonio Robles Libertad Digital 10 Febrero 2017

En plena euforia del proceso constituyente de Cataluña (o sea, del golpe de Estado institucional por fascículos) Iñaki Gabilondo se preguntaba alarmado con voz afectada y aires apocalípticos: Cataluña se va, ¿es que nadie se da cuenta? ¿nadie hace nada por evitarlo? Íbamos camino del mítico 2014.

Imprescindible para seguir leyendo este artículo escuchar los 4,44 m. del vídeo, Cataluña se va. Hay que estar ciego para no verlo.
https://www.youtube.com/watch?v=xmTIA0QzVJo

No se dejen impresionar. Esas evidencias que no supo, no quiso o no le interesó combatir en su momento siguen contaminadas de condescendencia con el nacionalismo, aunque parezcan que lo están combatiendo, pues pone la responsabilidad del apocalipsis que se avecina en quienes deberían haberlo impedido, y no en quienes lo han activado. O dicho de otro modo, en pleno éxtasis independentista, nos alerta de que la voluntad de Cataluña para irse de España es ya irreversible, es decir, subraya el poder desplegado por los nacionalistas y remarca la debilidad del Estado ante él.

Aunque su mayor contribución es tratar a las fuerzas nacionalistas como la voluntad de un pueblo incomprendido y no como un colosal lavado de cerebro dispuesto por una casta catalanista que detenta el poder económico, político y moral durante los dos últimos siglos, y cuya influencia le ha permitido neutralizar a la propia izquierda que en otros tiempos la combatió. Ni un reproche contra esa izquierda nacionalista y su traición a la emancipación. Ni una palabra contra la corrupción de esa casta, ni una crítica a la exclusión lingüística, ni reflexión alguna contra el adoctrinamiento escolar, el control de los medios de comunicación o la exclusión laboral y social de todo disidente a esa dictadura blanca de Pujol advertida a tiempo por Tarradellas pero desoída por todos.

No, Sr. Gabilondo, el problema no es que las víctimas de ETA descuidaran mirar debajo del coche, los culpables de la bomba lapa que les mató son quienes la pusieron. No nos asuste con el poder de ETA para advertirnos que hay que negociar con ellos como hizo en el pasado, para comprobar 30 años después que se había equivocado. ¿Ha reparado en la legitimidad que le otorgaba replicando su fuerza en sus micrófonos? ¿Repara ahora en la fuerza que le otorga a una minoría secesionista, una minoría muy grande, pero minoría, cada vez que remarca su fuerza? Sin siquiera advertirlo está engrasando con la más vieja propaganda de guerra al enemigo.

Afortunadamente, su perplejidad es la nuestra: "No consigo entender la despreocupación, la indiferencia de los que no paran de hablar de lo importante que es Cataluña para España" y no hacen nada para impedirlo. ¿Dónde están, tienen algún plan? ¿Es que nadie lo ve? ¿Es que nadie hace nada?

¿Lo vio usted alguna vez durante estos últimos 35 años? ¿Hizo algo en estos últimos 35 años para evitarlo? Tenía todo el poder mediático. Pero usted, como toda una generación de teóricos del apaciguamiento con el nacionalismo, prefirió mirar para otro lado, cuando no combatir a las pocas voces que denunciaron desde el principio esta dictadura blanca. De mil modos, la peor, censurando su voz, satanizando sus biografías, ocultando sus acciones.

"Ahora se habla de 300 años de expolio", dice con incredulidad. "¿Nadie ha preparado un plan para explicar 300 años de vida en común…?". Bienvenido al club. Aunque debo recordarle que "es más fácil engañar al pueblo, que convencerle de que le han engañado". Y buena culpa de eso la tiene usted y toda su generación de apaciguadores.

Aun así, es mejor tarde que nunca. Bienvenido.

11-M, caso sin resolver... hasta para la Policía
El rugido del león El Espanol 10 Febrero 2017

La información desvelada por Eugenio Pino, ex número dos de la Policía, de que un grupo de agentes hizo "un informe para aclarar las nebulosas del 11-M", es de una enorme trascendencia. Ese hecho confirma, de entrada, lo que cualquiera que haya estudiado el caso percibe con claridad: que hay muchas zonas oscuras e interrogantes que nunca se han resuelto de forma satisfactoria.

Pero ahora sabemos que las sospechas y los recelos existían dentro de la propia Policía. Además, circunstancias como que el informe se solicitase tras quedar cerrada la investigación judicial; que se encargara, significativamente, a la llamada Brigada de Análisis y Revisión de Casos, y que su contenido permaneciese secreto, arroja dudas acerca de que la sentencia acabara describiendo lo ocurrido realmente.

Según ha podido saber EL El EspanolAÑOL, las pesquisas realizadas se centraron en la polémica mochila de Vallecas. Esa mochila, que se dijo que fue encontrada sin estallar en la estación de El Pozo, es clave en el caso, pues en ella estaba el móvil con la tarjeta telefónica que permitió llegar en pocas horas hasta los supuestos autores de la masacre.

Zoido debe ir al Parlamento
Los indicios que conducen a pensar que esa mochila era una prueba falsa, prefabricada (entre otras cosas, el explosivo que contenía era distinto al que estalló en los trenes y el mecanismo no estaba preparado siquiera para activarse) han sido siempre un obstáculo para aceptar la versión oficial.

Dado que ahora conocemos la existencia de un documento policial que contiene información sobre el mayor atentado islamista cometido en Europa, atentado que sin duda ha marcado la historia reciente de España, el Gobierno debería hacerlo público. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene la obligación de sacarlo de la caja fuerte donde se guarda y comparecer ante el Parlamento para dar las explicaciones oportunas.

Ministerio del Interior
La orden por la que Interior abrió en 2015 "nuevas líneas de investigación" sobre el 11-M
El ex director adjunto Operativo de la Policía, el comisario Eugenio Pino, ha admitido en una entrevista que una brigada bajo su control revisó en secreto las pesquisas sobre el mayor atentado de la historia de España y sacó a la luz datos que ponían en cuestión "algunas cosas" de la sentencia. Un documento interno revela que en mayo de 2015 se creó un "protocolo de actuación" para dicho grupo policial en el que se que fijó entre sus objetivos buscar "nuevas líneas de investigación" incluso para casos ya juzgados.
Óscar López-Fonseca vozpopuli.es 10 Febrero 2017

Casi siete años después de que el Tribunal Supremo hiciera firme en mayo de 2008 la sentencia sobre los atentados del 11-M, el Ministerio del Interior que entonces encabezaba Jorge Fernández Díaz decidió dotar de un "protocolo de actuación" a un grupo especial de la Policía que se había creado solo unos años antes ya con Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa. El objetivo de dicho documento era permitir que esa unidad, denominada Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), pudiera realizar investigaciones "secretas" sobre "actuaciones policiales concluidas" e, incluso, con resolución judicial, pese a que cuando se creó formó grupo su objetivo era únicamente 'desatascar' pesquisas que no avanzaban o se habían dado por conclusas sin poderse resolver. Con aquel documento de 2015, la BARC amplió sus "funciones y objetivos generales", y le permitió ampliar las investigaciones sobre las que podrá intervenir. Entre ellas, según ha revelado este jueves en una entrevista en el diario El Mundo el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario Eugenio Pino, se incluyeron las pesquisas de la mayor masacre terrorista de nuestro país.

Este alto mando policial, ahora jubilado y salpicado en varios escándalos relacionados con la llamada 'guerra de comisarios', ha asegurado que fue él quien encargó a dicho grupo policial investigar aquellos trágicos sucesos de marzo de 2004 y que el resultado de dichas pesquisas, aunque no contradice la resolución judicial, "da por sentado [...] algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen. Se aclaran algunas cosas que estaban en una nebulosa" llegaba a afirmar. Vozpópuli ha tenido acceso a ese documento interno de la Policía en el que se detallaba el "protocolo de actuación" de esta Brigada. Esta, según destacó el comisario Pino en la entrevista, redactó voluminosos informes sobre otros casos célebres ya sentenciados, como el 'chivatazo' a ETA del Bar Faisán y el asesinato de la joven Marta del Castillo, cuyo contenido también permanece secreto.

De hecho, este último término era utilizado expresamente en dicho documento, de poco más de dos folios de extensión y fechado el 19 de mayo de 2015. En el mismo también se destacaba que su actividad estaría directamente bajo la "dirección, coordinación y supervisión" del director Adjunto Operativo, entonces el comisario Pino, y que estaría integrada orgánicamente en la Unidad de Asuntos Internos (UAI), dedicada a investigar la supuesta comisión de delitos por parte de policías pero que durante la presencia de Fernández Díaz al frente de Interior también ha participado en pesquisas sobre el independentismo en Cataluña o las andanzas del 'Pequeño Nicolás'. Cuando se emitió dicho documento, al frente de la UAI ya no estaba el también comisario Marcelino Martín-Blas, sino un experto en la lucha contra el narcotráfico, el comisario Francisco Migueláñez.

"Absoluta reserva"
El protocolo de actuación de la BARC fijaba en cinco apartados la "naturaleza y dependencia", las "funciones y objetivos generales", las "instrucciones", las "colaboraciones" y el "marco normativo" en el que desarrollaría su actividad la misma. Así, detallaba que la brigada actuaría "como unidad de inteligencia operativa especializada en la revisión o análisis de las actuaciones o investigaciones de las distintas unidades policiales". Todo ello, destacaba,"con imparcialidad y absoluta reserva". De hecho,sus actuaciones e investigaciones se catalogaron a partir de aquel momento "como secretas", al igual que todas las que realiza la Unidad de Asuntos Internos de la que pasaba a depender. El documento también detallaba que su actuación se centraría tanto en investigaciones en curso o "activas" como en aquellas ya concluidas, que denominaba "pasivas". En este último caso se inscribirían, precisamente, el 11-M, el 'caso Faisán' y la muerte de Marta del Castillo.

En el caso de estas investigaciones "pasivas", el documento destacaba que la actuación de la BARC podría ser "por propia iniciativa". En este caso se resaltaba que se producirá "como última ratio de investigación de casos sin resolver o policialmente concluidos". Entre los objetivos "generales" de dicha actuación, el protocolo especificaba que eran tres. En primer lugar, la "mejora de la eficacia policial". En segundo, el "retorno de conocimiento al sistema de formación del Cuerpo Nacional de Policía". Y en último lugar, la "búsqueda de nuevas líneas de investigación", en este caso con la aclaración de que esto sería así "cuando la naturaleza y las circunstancias del asunto revisado lo permitan".

"Obligación de colaboración"
El documento destacaba que en este caso sería, precisamente, el director Adjunto Operativo quien determinase las "directrices" que permitirían "garantizar la coordinación orgánica y operativa [de esta brigada] con las diferentes unidades". Así, en primer lugar fijaba la "obligación de colaboración" de los grupos policiales a los que se dirigiera la BARC. Para ello, establecía que dicha comunicación se realizaría por "conducto directo" una vez establecido el primer contacto "a través de la Unidad de Asuntos Internos". Las comunicaciones entre la brigada y la "unidad afectada" por la actuación de la primera sería tras ese primer contacto "sin comunicaciones a órganos intermediarios". Además, destacaba que los grupos deberían atender "todas las cuestiones planteadas" por los integrantes del la brigada, a la que debían aportan "la documentación necesaria".

El protocolo elaborado en 2015 también determinaba que "las actuaciones en curso de análisis por las BARC no podrán ser objeto de revisión por otras unidades" y, en el caso de que surgieran "nuevos indicios o noticias que pudieran afectar" al caso que estaba revisando la brigada, "los investigadores lo comunicarán inmediatamente de manera que quede constancia de ello y se estará a lo dispuesto por el DAO [director adjunto Operativo] a efectos de coordinación y desarrollo de esas nuevas diligencias de investigación". Además, el nuevo grupo podría "requerir [...] colaboraciones de miembros del CNP adscritos a otras plantillas". Todo ello, como se destacaba en las últimas líneas del documento, bajo "el seguimiento y control de los resultados" del director Adjunto Operativo, que cuando se analizó él 11-M era el comisario Pino.

Atentados 11-M
La Policía investigó el origen de la mochila de Vallecas después de la sentencia del 11-M
El exdirector adjunto operativo encargó a la Brigada de Revisión de Casos que investigara la causa después de que los jueces decidieran sobre ella.
Daniel Montero El Espanol 10 Febrero 2017

La Policía investigó el 11-M después de que los jueces dictaran sentencia firme sobre el caso. Y lo hizo bajo las órdenes del ex director adjunto operativo Eugenio Pino. El exnúmero dos de la Policía ordenó a una brigada incrustada en Asuntos Internos que revisara los atentados de Madrid en 2004 pese a que la investigación permanecía judicialmente cerrada. El resultado del informe secreto, guardado desde su creación en una caja fuerte de la dirección policial, cuestiona entre otras cosas la versión oficial sobre la el hallazgo de la mochila que no estalló en la estación de El Pozo, en Vallecas.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el informe secreto se encargó a la llamada Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), ligado a Asuntos Internos y que, al depender de este organismo, mantiene sus investigaciones al margen de los registros accesibles por cualquier agente. Según fuentes policiales, una docena de personas integró esta unidad, que se encargó durante el mandato de Pino de investigar otro caso también cerrado; el de la filtración policial en el Bar Faisán, considerado un lugar de cobro para la banda terrorista ETA.

El propio Pino ha reconocido públicamente la existencia de este informe, tal y como desvela en una entrevista concedida al diario El Mundo. En ella, el exnúmero dos de la Policía reconoce que encargó "un informe para aclarar las nebulosas del 11-M". "Ahí están y son cosa juzgada, por lo que deberían ser públicos", reconoce el alto mando. Lo que no explica Pino en sus declaraciones es que los casos tenían ya una decisión judicial en firme cuando los agentes, bajo el mandato operativo del comisario Marcelino Martín Blas, reciben el encargo de trabajar sobre ello.
 
La sombra de la mochila
En el caso del 11-M y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la revisión de la investigación se centró entre otras cosas en la llamada mochila de Vallecas, la bolsa localizada en la estación de El Pozo que nunca llegó a detonar. Esa que contenía la información clave para relacionar el peor atentado en la historia de España con el yihadismo, ya que en su interior se encontró la tarjeta telefónica que activaría el detonador,comprada a nombre de uno de los terroristas.

Esta mochila protagoniza uno de los puntos más controvertidos de la investigación, ya que no fue inventariada entre los objetos localizados en la estación vallecana el 11 de marzo de 2004 y varias de las defensas cuestionaron su cadena de custodia en el momento del juicio.

Se da la coincidencia de que, esta misma semana, la dirección policial del nuevo DAO, Florentino Villabona, comunicó su cese en el puesto al comisario de la UCAO Enrique García Castaño, encargado en aquellas fechas de comprobar la identidad del comprador de la tarjeta SIM, y una de las primeras personas en la investigación que apuntó con esos datos a la autoría yihadista. Castaño protagonizó también otro de los incidentes más recordados del juicio, cuando el entonces director del cuerpo, Agustín Díaz de Mera, mantuvo al Tribunal la existencia de un informe que ligaba los atentados con la banda terrorista ETA.

Tras intentar salvaguardar a su fuente y ser amonestado, Díaz de Mera envió una carta al juzgado días después donde apuntaba el nombre de García Castaño como fuente de su información. El comisario fue citado a declarar y negó en rotundo tanto la existencia de ese informe como las palabras de su antiguo superior.

Investigaciones a la carta
El caso del 11-M quedó juzgado y con sentencia firme el 31 de octubre de 2007. Pero ocho años después, fue Eugenio Pino quien intentó "relanzar" la Brigada de Revisión de Casos -ya existente- y dotarla de nuevos efectivos. Fue entonces cuando los agentes de las distintas unidades operativas recibieron una circular para que colaboraran con cualquier petición realizada por esta unidad, compuesta por una docena de personas y que -bajo las órdenes directas de Pino y el control de Marcelino Martín Blás- tenía potestad para revisar cualquier investigación policial, cerrada o no por el juzgado.

Ahora, es el propio Pino quien reconoce que la unidad bajo su mando realizó investigaciones a la carta, incluso después de que los casos estuvieran cerrados por orden judicial.

GEERT WILDERS
'Nada ni nadie va a frenar la revolución que amenaza a la Unión Europea'
Fátima G. Manzano gaceta.es 10 Febrero 2017

El candidato de la alt-right en Holanda, Geert Wilders, continúa imparable su campaña a las elecciones presidenciales que se celebrarán en marzo en Holanda. El líder del Partido por la Libertad ha centrado su discurso en dos de las claves de la derecha alternativa: el control fronterizo para reforzar la seguridad nacional y la defensa de la soberanía nacional frente a las injerencias de la Unión Europea y de la islamización de Europa.

Por ello, no duda en incidir en las medidas integradas en su programa electoral con respecto a estas materias. "Los días del gran y reciente Imperio Romano, -así se refiere a la Unión Europea-, han terminado", ha asegurado en una entrevista para la cadena Sky news.

"Tenemos que ser fuertes y tenemos que ser nosotros los que decidamos nuestro futuro", ha asegurado no sin antes insistir que uno de sus objetivos es que su país salga de la Unión Europea tal y como han asegurado otros representantes de la alt-right como Marine Le Pen o Matteo Salvini.

Geert Wilders parte como favorito según todas las encuestas. El candidato de la alt-right conseguiría un resultado histórico para su partido y ganaría las elecciones con el 19% de los apoyos y conseguiría 31 escaños de los 150 que existen en el total en el Parlamento. Por ello, de cumplirse estos pronósticos el líder de la alt-right tendría que buscar los apoyos suficientes para alcanzar un pacto de investidura.

"Yo quiero ser el primer ministro, la cosa está en si ellos quieren que lo sea" ha asegurado reconociendo que no todos los factores están a su favor pero que los partidos tendrán que aceptar al candidato que gane en la cita con las urnas.

No obstante, el líder del PVV lanza un mensaje a todos los detractores: "Pierda yo, pierda Le Pen o pierda que sea, el movimiento contra la UE seguirá adelante".

Los centros de exterminio de Bashar al Asad
Pablo Molina Libertad Digital 10 Febrero 2017

La guerra de Siria es escenario de sangrientas matanzas que en ocasiones son provocadas por la utilización de armamento prohibido, según denuncias de organizaciones de derechos humanos confirmadas posteriormente por informes de organismos internacionales. El Ejército de Bashar al Asad ha empleado gases venenosos en sus ataques a las zonas dominadas por los rebeldes; pero lo que viene ocurriendo a lo largo de estos seis años de conflicto en las zonas controladas por la dictadura baazista no difiere en exceso, en términos de crueldad, de lo que sucede en los campos de batalla.

En un informe de Amnistía Internacional (AI) hecho público esta semana se acusa al régimen de Asad de convertir las cárceles en verdaderos centros de exterminio, en los que se estaría ahorcando a miles de prisioneros sin la menor garantía legal. El documento, titulado "El matadero humano: ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión de Saydnaya", recoge datos y testimonios referidos precisamente a ese centro de internamiento, situado al norte de la capital siria, donde se habrían llevado a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales y se practicaría cotidianamente todo tipo de torturas, a cuál más inhumana.

La información recopilada por AI se basa en una investigación iniciada a finales de 2015, en el transcurso de la cual se ha entrevistado a 84 personas. Entre ellas había reclusos que consiguieron salir con vida de Saydnaya, pero también exguardias y funcionarios de la prisión, así como jueces y abogados, conocedores de primera mano de lo que ocurre en esa penitenciaría. Según los cálculos de AI, desde el inicio de la guerra y hasta 2015 se habrían producido 13.000 ejecuciones de opositores sólo en esa prisión. Las ejecuciones han venido siendo una práctica habitual en Saydnaya:

Todas las semanas –y a menudo dos veces a la semana– se ahorcaba a las víctimas en grupos de 50, de madrugada y en total secreto. Hay razones de peso para creer que esta rutina sigue produciéndose. Por otra parte, un gran número de reclusos ha muerto como consecuencia de las políticas de exterminio de las autoridades, que incluyen las torturas reiteradas y la privación sistemática de alimentos, agua, medicinas y atención médica. Además, los presos de Saydnaya deben obedecer una serie de normas sádicas y deshumanizadoras.

El único trámite judicial previo a la ejecución de los detenidos es, según el informe, una comparecencia de un par de minutos ante un oscuro Tribunal Militar de Campaña que se limita a ordenar la muerte del recluso sin atender a sus declaraciones y, por supuesto, sin que éste reciba asistencia jurídica para poder esbozar siquiera algo parecido a una defensa.

Antes de ser ahorcados, los prisioneros de Saydnaya son sometidos, según AI, a todo tipo de cruentas torturas:
Muchos de los presos declararon que habían sido violados y, en algunos casos, obligados a violar a otros reclusos. La tortura y las palizas se emplean habitualmente como forma de castigo y degradación, y a menudo causan lesiones permanentes, incapacidad e incluso la muerte. El suelo de las celdas está cubierto de sangre y pus de las heridas de los presos. Los guardias de la prisión recogen los cuerpos de los reclusos muertos cada mañana, hacia las 9.

Según Nader, ex preso de Saydnaya, son muchos los que mueren antes de que se dicte su orden de ejecución:
Todos los días había uno o dos muertos en nuestro pabellón (…) Recuerdo que el guardia nos preguntaba cuántos [muertos] teníamos. Decía: ‘Sala número 1, ¿cuántos? Sala número 2, ¿cuántos?’, y así sucesivamente (…) En una ocasión (…) llegaron los guardias, sala por sala, y nos pegaron en la cabeza, el pecho y el cuello. Ese día murieron 13 personas en nuestro pabellón.

Lynn Maaluf, directora adjunta del informe, cree que los hallazgos recogidos en este documento han de tener consecuencias en la manera de abordar el conflicto sirio por parte de las principales instituciones internacionales:
Las conversaciones de paz sobre Siria que se celebrarán próximamente en Ginebra no pueden ignorar estos hallazgos. Hay que incluir en el orden del día el que se acabe con estas atrocidades en las prisiones del Gobierno sirio. La ONU debe realizar inmediatamente una investigación independiente sobre los crímenes que se están cometiendo en Saydnaya y exigir el acceso de observadores independientes a todos los centros de reclusión.

© Revista El Medio


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Cataluña Sobre la independencia como salvoconducto hacia la impunidad
Agustín Valladolid vozpopuli.es 10 Febrero 2017

Cuando se pierde la perspectiva aumenta el riesgo de analizar los acontecimientos de forma parcial. A partir de ahí, el error de juicio es casi inevitable. En Cataluña, esto que digo hace tiempo que dejó de ser una apreciación más o menos fundada para convertirse en evidencia. Una evidencia disimulada, disminuida y hasta aplastada por los extraordinarios medios que el nacionalismo decidió activar en su día para tapar la verdad. Y fue tal su empeño y la imponencia del presupuesto público destinado a enterrar la descomposición, que el resultado fue magnífico, y los catalanes que compraron la tesis de que la culpa de todos sus males la tenía España, como siempre, inundaron las calles, y Jordi Pujol y sus hereus no se podían creer lo que veían, millones de personas paseando su buena fe y ocultando las alcantarillas de la ciudad, una impresionante masa humana que se interponía entre ellos y el fétido olor de las aguas fecales.

Fue entonces cuando ya no tuvieron la menor duda de lo que había de hacerse. La independencia se acababa de convertir en algo más que en la utopía de los jóvenes cachorros del pujolismo, en la más útil de las herramientas intimidatorias -y compensatorias- frente a “Madrid”. El clamor popular había producido el milagro de dotar a la independencia de otra cualidad de extraordinario valor en las atribuladas circunstancias judiciales por las que atravesaba el nacionalismo: la de salvoconducto hacia la impunidad o, cuando menos, eficacísimo contrapeso ante el inevitable deterioro de imagen y credibilidad que suele acompañar al relato detallado de episodios que vinculan a personajes públicos con actos de extorsión o directa distracción (sic) de fondos públicos.

Porque, a estas alturas del melodrama, si algo está claro es que la huida hacia adelante no fue una decisión solo política, sino también, y quizá en mayor grado, judicial; una estrategia, la de desobedecer, diseñada con el objetivo de que los procedimientos judiciales de orden “político” contrarresten los negativos efectos de los múltiples procesamientos de tipo penal; pensada para que el foco ciudadano se desplazara del creciente interés por la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al de las supuestas represalias del poder central contra las ansias de libertad catalanas; una estrategia que pretendía arrinconar, si no proscribir, el impacto de la corrupción en las portadas de los periódicos y las escaletas de los informativos de radio y televisión.

Banca Catalana, la madre de todas las corrupciones
En noviembre de 1982 el Banco de España tomó la decisión de intervenir Banca Catalana. Pasados cuatro años, solo ocho de los cuarenta y un magistrados que componían el pleno de la Audiencia de Barcelona votaron a favor del procesamiento de los directivos de la entidad, incluido Jordi Pujol. Y ello a pesar de los “contundentes informes del Banco de España que relatan el enriquecimiento de Pujol y sus familiares, en contra de la ruina que sufrieron miles de pequeños ahorradores y accionistas de la entidad”, según las crónicas de la época.

Hoy, no hay nadie medianamente bien informado en Cataluña que desconozca lo que ocurrió entre aquellas dos fechas, noviembre del 82 y noviembre del 86. El cobijo que proporcionaba el uso y abuso de la senyera, el apoyo de decenas de miles de ciudadanos bienintencionados y la red de protección que, por “razones de Estado”, pusieron a disposición del president los sucesivos gobiernos que coincidieron en el tiempo con el pujolismo hegemónico, todos esos factores, hicieron posible el siguiente paso: la compra selectiva de voluntades judiciales, vía directa o a través de familiar interpuesto. No hay otra explicación verosímil a aquel fallo vergonzoso, política y técnicamente hablando.

Más tarde, casi 20 años después, el entonces Molt Honorable Pasqual Maragall le espetó a Artur Mas en plena cara aquello de “su problema se llama 3 por ciento”. Pero el daño ya estaba hecho, y aún iría a más, porque lo que siguió a aquella solemne denuncia en sede parlamentaria fue una densa omertá, un silencio indecente respaldado por las urgencias del Estado. La antigua CiU siempre se mostró dispuesta a prestar su apoyo a los presupuestos y otras leyes de relevancia nacional. Ahora conocemos algo más del precio pagado.

La apisonadora de las mayorías resultantes gracias al nacionalismo catalán, y en menor medida el vasco, redujo a escombros los contrapesos que debieran haber accionado otros poderes del Estado, esencialmente el Judicial. Solo mucho más tarde, cuando los desagües ya no dieron abasto, se hizo imposible mirar para otro lado, y Cataluña, convertida por derecho propio en líder indiscutible de la corrupción política, según las estadísticas oficiales, estalló. Por este orden: primero corrupción y luego, más de treinta años después de que Pujol se envolviera en la bandera para ahuyentar a la Justicia, un espontáneo (sic) e imparable anhelo por la independencia.

En resumidas cuentas: el Estado es corresponsable de lo que nos pasa, pero el desgarro que sufre Cataluña no tiene explicación ni arreglo posibles si no se incluyen en el recuento de daños los efectos intolerables, en clave social, económica y política, de la corrupción organizada y sistemática practicada con probada eficacia por el pujolismo durante tres décadas. Y gracias, en buena medida, al visado de inmunidad que supuso para sus principales actores el “caso Banca Catalana”.

El día del juicio
Santiago González El Mundo 10 Febrero 2017

Publicado hoy, en mi columna de El Mundo

Pie de foto: Mas y sus minors eligieron un museo para posar. Junto a los procesados puede verse a un doliente Guiaré el pilós cuando acababa de pasar sus cuatro dedos empapados en la propia sangre por el escudo para diseñar la señera. Caben interpretaciones sobre con qué pintaría la estrella.

La vez anterior que unos nacionalistas intentaron un golpe de estado en Cataluña, fueron menos cautos. Lluís Companys ordenó al general Batet el 6 de octubre del 34 que se pusiera a sus órdenes. Batet le pidió dos horas para pensárselo y que le enviara la orden por escrito. Companys aceptó y el general aprovechó para emplazar dos cañones en la plaza de Sant Jaume, apuntando uno de ellos a la Generalidad y otro al Ayuntamiento. Diez horas duró el Estat Català.

Los golpistas de ahora mismo han escarmentado. Mienten, claro. La consejera Rigau mentía al negar presiones sobre los directores de los centros para que estos facilitaran las llaves y pudieran servir como colegios electorales, pero después de todo ella no es "una testiga de Jehová" como Chus Lampreave y su religión le permite mentir. Fue rebatida ayer por testigos de la fiscalía, como Dolores Agenjo, directora de un instituto de l'Hospitalet. Hasta cinco veces la llamó Montserrat Llobet, directora de los Servicios Territoriales el 7 de noviembre de 2014. Cuando Agenjo pidió la orden por escrito, preguntó Llobet: "¿Y a quién se la vas a enseñar?". "A la Alta Inspección de Educación y a la delegada del Gobierno", respondió, y santo remedio. Es verdad que la directora de un instituto de Badalona negó haber recibido presiones, pero en su caso no hacía falta porque era voluntaria.

La defensa trata de armar un constructo por el cual Mas asume toda la responsabilidad sobre los hechos, pero rechaza toda consecuencia derivada de los mismos, porque a partir del 4 de noviembre en que el Constitucional emite la orden, son los 42.000 voluntarios los que se encargan del tema. Quizá si Dolores Agenjo hubiera entregado las llaves la primera vez que se las pidieron, no habría necesitado coacciones. Se habría convertido en voluntaria, la 42.001. El problema es saber a quién representaban los 42.000 y por qué razón los directores de los centros públicos entregaron las llaves de los mismos a unos particulares. ¿Buenas, que venimos del prusés y queremos las llaves de su instituto? Un poco zafio. La empresa encargada por la Generalidad de instalar un centro de prensa en un pabellón de la Fira no interrumpió los trabajos a partir de la orden del T.C. del día 4. Duraron hasta el día 7. Hay ocho indicios más de que la Generalidad estuvo al frente hasta el 9-N y aun después y que Artur Menos y sus cheerleaders han mentido al tribunal. Podían haber optado por la asunción gallarda de la responsabilidad, no repartir esta entre los 42.000 voluntarios.

El único argumento que podría invocar la defensa de Mas es la incompetencia intelectual del procesado, que necesita explicaciones pormenorizadas de que un delito trae consecuencias y que el tribunal desobedecido no está obligado a detallárselas. Tampoco sabe el procesado que "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento". Lo dice el Código Civil en su artículo 6. Ni que es deber muy principal de todo gobernante el de guardar y hacer guardar la ley y no violarla.

Mas ya está absuelto e inhabilitado
Guillermo Dupuy Libertad Digital 10 Febrero 2017

Con independencia de cuál sea el fallo del TSJC en el juicio por el 9-N, lo cierto es que Artur Mas ya ha sido absuelto judicialmente de todo delito que le pueda llevar a la cárcel, sin olvidar que ya está inhabilitado políticamente por sus correligionarios separatistas para volver a presidir la Generalidad y liderar el procés.

Si la inhabilitación de Artur Mas a la que me refiero se la debemos a sus cuperos socios de gobierno, y nada tiene que ver con el procés separatista, sino con la corrupción del 3%, el hecho de que no vaya a ir a la cárcel, aun cuando resultara condenado por lo poco que se le acusa del 9-N, se lo debemos al Gobierno de Rajoy y a su obediente Fiscalía.

Recordemos que fue el Gobierno de Rajoy el que, a pesar de su holgadísima mayoría absoluta y de pedírselo también UPyD, se negó a tratar como delito específico y más severamente castigado la convocatoria ilegal de referéndums, tal y como sí había hecho Aznar para disuadir a Ibarretxe. También en esto, el felón de Rajoy prefirió ser continuador de Zapatero antes que de Aznar.

Con todo, la usurpación de atribuciones y la malversación de fondos públicos eran y siguen siendo delitos castigados con penas de prisión, razón por la que llegado el 9-N, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, las incluyó en su querella contra Mas, Ortega y Rigau.

El problema de dicha querella inicial del Ministerio Fiscal es que, si bien se ajustaba a Derecho y a la gravedad de los delitos perpetrados el 9-N, no encajaba con la edulcorada versión del 9-N ofrecida por Rajoy, en la que el presidente del Gobierno tuvo la desfachatez de pretender hacernos creer que la ley se había cumplido en Cataluña. Pero sobre todo dicha querella no era coherente con las ofertas de negociación y diálogo que el felón de Rajoy siguió haciendo a Artur Mas a pesar de que este ya habia sido acusado por el Ministerio Público.

Así las cosas, se entiende perfectamente por qué Torres Dulce, muy pocas semanas después de presentar la querella contra Mas, presentó su dimisión como fiscal general del Estado; tanto como se entiende el hecho de que desde entonces la Fiscalía haya ido rebajando paulatinamente las acusaciones hasta dejarlas en meros delitos de prevaricación y desobediencia, por los que ninguno de los acusados corre riesgo de ir a prisión, a diferencia de lo que le pasó a la abuela de Fuerteventura o de lo que le pasaría a cualquier otro mortal no nacionalista.

Ya sin poltrona que perder, y sin riesgo alguno de ir a prisión, Mas nada tiene que temer de la sentencia del 9-N. El fallo carecerá de todo efecto disuasorio ante una nueva consulta secesionista. Y es que mientras el Gobierno de España tenga más miedo a hacer cumplir la ley que el que tienen los secesionistas a violarla, olvídense de ver restablecido en Cataluña el ordenamiento constitucional.

Los héroes de pacotilla de la autodeterminación
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 10 Febrero 2017

El abogado Jacques Vergès, nacido de madre vietnamita en la francesa isla de Reunión, publicó en 1968 un libro -De la stratégie judiciaire- que pronto adquirió fama. Aunque fue Vergès un personaje tenebroso -tras esfumarse misteriosamente de la faz de la tierra entre 1970 y 1978 reapareció defendiendo a asesinos de la catadura de Klaus Barbie, Slobodan Milosevic o Carlos el Chacal-, su escalofriante trayectoria, que le valió ser calificado de abogado del diablo, no resta un ápice de interés a la tesis básica de su obra sobre la estrategia judicial: que en todos los procesos con alguna implicación política los acusados pueden elegir dos estrategias diferentes: bien de connivencia, cuando el procesado acepta las reglas de juego en búsqueda de un veredicto de inocencia, bien una estrategia de ruptura, cuando, despreciando ser absuelto, el juzgado acusa al tribunal y denuncia la injusticia a la que, según él, está siendo sometido. Para lo segundo es necesario, claro, la resolución de quien está dispuesto a sufrir las consecuencias de sus ideas y de los actos realizados en coherencia con las mismas.

Lo visto hasta el momento en el proceso que se sigue contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega como presuntos autores de los delitos de desobediencia y prevaricación por haber organizado un referendo que el Tribunal Constitucional había prohibido de forma taxativa, pone de relieve que los acusados carecen de ese coraje y que son en realidad unos héroes de pacotilla, unos caguetas, como escribió el martes aquí Gonzalo Bareño en un artículo excelente.

Mas se vale, aparentemente, de una estrategia de ruptura y echa pecho de valiente para decir que él fue el responsable político de la llamada consulta popular. Se presenta, así, ante la parroquia que lo apoya para coaccionar al Tribunal Superior de Cataluña, como un machote que desafió al Estado y a su Constitución. Pero, toda esa chulería patriótica se esfuma como el agua en un cedazo en cuanto el fiscal comienza a interrogarlo, momento en el cual el honorable ex president deja de ser lo primero para convertirse en un cobarde solo pendiente de salvar el pellejo y salir del juicio sin castigo. Y entonces la pretendida estrategia de ruptura se transforma en pura connivencia, mediante la cual Mas y sus compañeras de fatiga pretenden convencer al tribunal que los juzga de que ellos no sabían nada, que no habían entendido las órdenes del Constitucional y que nadie les había advertido de las consecuencias de no parar el referendo. Es decir, ninguno sabía lo que conocían sin la menor duda docenas de millones de españoles.

Y todo cuando ninguno de los procesados corre otro riesgo que el de una eventual inhabilitación. ¿Se imaginan su actitud si pudiesen perder la libertad? Con esta tropa están cientos de miles de catalanes dispuestos, al parecer, a jugarse su futuro. No les arriendo la ganancia.


 


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