AGLI Recortes de Prensa    Lunes 13  Febrero 2017

El proyecto “El valor económico del español” de Fundación Telefónica
NOTA DE PRENSA. Fundación Telefónica  13 Febrero 2017

El proyecto “El valor económico del español” de Fundación Telefónica cumple diez años (2006- 2016) de investigación sobre la aportación de nuestro idioma en la economía mundial y como lengua de comunicación internacional

• La promoción internacional del español como política de Estado, su potenciación en las relaciones internacionales, en la producción y el intercambio científico, así como en las TIC, principales retos de la lengua.

• Nuestro idioma es la segunda lengua materna del mundo con 550 millones de hablantes, tras el chino mandarín; segunda lengua de comunicación internacional, también en la Red, tras el inglés; segunda lengua adquirida en los países de lengua no inglesa; y segunda lengua de comunicación internacional en la Red, tanto por número de usuarios como por páginas web.

• La capacidad de compra de los hispanohablantes representa ya el 10% del valor económico del PIB mundial; asimismo, el español supone el 16% del PIB (164.000 millones de euros) y del empleo en España (3,5 millones de personas), según los datos del estudio.

• El llamado “factor ñ” de las industrias culturales (contenido en español), es ya casi el 2,9% del PIB de la economía española.

• Codirigido por los profesores José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez, el proyecto finaliza con 14 publicaciones y más de 3.500 páginas escritas; Estados Unidos, Alemania, Colombia y México son  algunos de los países donde ha sido presentado.

Madrid, 13 de febrero de 2017.- “Es nuestra obligación cuidar, defender y promover nuestra lengua”, ha dicho esta mañana el escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en el transcurso de la presentación de conclusiones de “El valor económico del español” de Fundación Telefónica, que ha cumplido diez años (2006-2016) tras la publicación de 14 títulos que han analizado la importancia de nuestro idioma.

El proyecto, el que han colaborado más de 200 autores, ha situado nuestra lengua en el mapa internacional a través de su cuantificación económica, con el fin de apoyar un diseño para una mejor política de proyección internacional de una lengua hablada hoy en día por más de 550 millones de personas en todo el mundo.

SS.MM los Reyes de España han presidido hoy el acto institucional que resume una década de investigaciones y que ha contado también, entre otras personalidades, con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo; el secretario para la Cooperación Iberoamericana, Salvador Arriola; el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete; el presidente de Fundación Telefónica, César Alierta; el director general de Fundación Telefónica, José María Sanz Magallón; el codirector del proyecto, el catedrático de Economía Aplicada José Luis García Delgado, y los profesores José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez, quienes también han codirigido el estudio.

Su Majestad Felipe VI ha destacado que el alcance del español supera las dimensiones de los países hispanohablantes: “567 millones de personas habla nuestra lengua en todo el mundo y se estima que en 2050 serán 2050 millones”. Este crecimiento se debe en opinión de Felipe VI a la fortaleza del español para superar desafíos como sobrevivir al paso del tiempo, rebasar las limitaciones geográficas y mantener intacta la unidad del idioma. “Nuestro idioma constituye una seña de identidad colectiva y una fuente de riqueza económica de primer orden”, ha concluido el jefe del Estado, motivo por el cual todos los españoles “somos responsables de seguir cuidándola”.

Por su parte, Vargas Llosa ha señalado que el español posee una actitud flexible para renovarse y adaptarse a las actitudes cambiantes de la vida. Tras nombrar la labor de difusión de la lengua española en América de la mano del Inca Garcilaso de la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz y la fuerza expansiva que posee en nuestros días, el Premio Nobel de Literatura ha lanzado una advertencia sobre nuestro idioma: “No nos durmamos sobre los laureles: lo que le debemos es impagable y hemos de cuidarla, promoverla y defenderla porque sin ella nuestra vida hubiese sido mucho más triste, más provinciana y más claustral”.

El presidente de Fundación Telefónica, César Alierta, ha dicho durante su intervención que España es el puente de unión entre China y Latinoamérica, una oportunidad que no debemos desaprovechar porque “los efectos reales económicos del español son inconmensurables y lo van a ser cada vez más”. Por su parte, el codirector del estudio, José Luis García Delgado, ha hecho hincapié en que el español, nuestro producto más internacional y más “internacionalizable”, tiene un problemático arraigo intergeneracional en los EE.UU.: “nuestra lengua se merece hoy una política de altura en la que intervengan incluso los ministerios de Economía y de Hacienda y Administraciones Públicas”, ha sugerido.

 “El valor económico del español”: conclusiones
Nuestro idioma es la segunda lengua materna del mundo, tras el chino mandarín; segunda  lengua de comunicación internacional, también en la Red, tras el inglés; y segunda lengua adquirida en los países de lengua no inglesa.

El estudio destaca que el español ha crecido en los últimos años apoyado tanto en la internacionalización de las empresas españolas como en la cohesión idiomática impulsada por la Asociación de las Academias de la Lengua Española. De hecho, el español ha esquivado la fragmentación porque sufre menos dialectalismo que el inglés, el francés, el chino y el hindi, presenta un alto grado de cohesión interna y plantea sus normas a través de un enfoque panhispánico y policéntrico, en un ejemplar modelo de cooperación de todas las Academias de la Lengua Española.

En América, la tradicional alta concentración de hispanohablantes en los países con mayor impronta española tiende a disminuir, dado el doble y simultáneo empuje del español hacia el norte, abriéndose paso como lengua materna (y extranjera) en Estados Unidos, y hacia el sur, al penetrar con firmeza en Brasil.

En Europa, lo novedoso es el gradual ascenso del español a la posición de segunda lengua de enseñanza, tras el inglés, desplazando al francés y al alemán en buena parte del continente.

Hacia una política de Estado de nuestra lengua
La potenciación del español en las relaciones internacionales, en la producción y el intercambio científico, así como en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), son los principales retos de nuestra lengua. El proyecto propone, en este sentido, diseñar una política de proyección internacional del español.

El reto perentorio es que el español constituya verdaderamente una de las seis lenguas consideradas como oficiales en Naciones Unidas, ya que en la práctica su utilización es muy reducida; incluso, en el seno de la Unión Europea, el español es una lengua subalterna, sin estatus real de lengua de trabajo, algo que sí tienen el inglés, el alemán y el francés.

La promoción del español debe concebirse como una política de Estado del conjunto de la comunidad hispanoamericana de naciones, considerando la lengua común como bien preferente, no para competir con el inglés, sino para mejorar el estatus del español como lengua internacional complementaria, como lengua diplomática internacional, como lengua de creación y comunicación científica y como lengua en la que se expresa una cultura vigorosa con relevancia en la Red y en los medios masivos de consulta digital.

La mejora del estatus internacional del español tiene que proyectarse en los foros mundiales y organismos multilaterales. A ello contribuiría el fortalecimiento del diálogo y las relaciones de cooperación entre las sociedades y los agentes de la comunidad hispanohablante en todo el mundo.

Es necesario, además, generar y estandarizar un paquete formativo que ofrezca las competencias mínimas para su uso práctico, es decir, un español compendiado que facilite enseñanza, aprendizaje y uso. La oferta formativa del español para extranjeros debe hacerse más amplia, accesible y atractiva.

El Instituto Cervantes ha de ser eje e instrumento fundamental de ese esfuerzo y la gran plataforma formativa internacional del español. A esa tarea deberían sumarse agentes públicos de otros países hispanohablantes y agentes privados que operan en el ámbito de la enseñanza.

También deberían promoverse vías informales que alimentan los intercambios culturales, como los productos culturales (especialmente audiovisuales) en versión original para extender el aprendizaje del español.

ANEXO
El español en cifras

• Más de 550 millones de hispanohablantes.
• La capacidad de compra de los hispanohablantes representa el 10% del PIB mundial.
• El español genera el 16% de valor económico del PIB (164.000 millones de euros) y del empleo en España (3,5 millones de personas), según los datos del estudio.
• El llamado “factor ñ” (contenido en español) de las industrias culturales, es ya casi el 3% del PIB de la economía española.
• El español ha multiplicado por 3 la atracción de emigrantes de América Latina hacia España en el decenio de 2000.
• El español supone una ‘prima salarial’ que alcanza hasta un 30% en España y una proporción también considerable en Estados Unidos (hasta un 10%).
• El español multiplica por 4 los intercambios comerciales entre los países hispanohablantes.
• El español es factor determinante para que cada curso académico decidan estudiar en España 35.000 alumnos universitarios Erasmus; España es el primer país de destino de este programa europeo, acogiendo al 17% de los alumnos de los 32 países que participan en este programa europeo.
• El español es la segunda lengua de comunicación internacional en la Red, tanto por número de usuarios como por páginas web.
• El español es un gran instrumento de internacionalización empresarial: compartir lengua (en una muestra con amplia presencia de países hispanohablantes) multiplica por 7 los flujos bilaterales de inversión directa exterior. Y cerca del 80% de las empresas españolas que operan en el exterior reconoce que el hecho de que se hable en español en el mercado de destino facilita su actividad internacional.

 

El gigantito con pies de barro y los alfeñiques
EDITORIAL Libertad Digital 13 Febrero 2017

Tanto el Congreso del Partido Popular como la Asamblea General de Podemos, celebrados ambos este fin de semana, han transcurrido como cabía esperar, no ha habido la menor sorpresa y todo ha salido a pedir de boca de los respectivos aparatos y de los caudillos que los manejan a su antojo, Mariano Rajoy y Pablo Iglesias.

El del Partido Popular ha sido el congreso de la inanidad, de la obsecuencia infinita al inverosímil líder indiscutido por tanto trepa y tanto pusilánime que sin embargo en los oscuros pasillos se las da de ogro insobornable. Un congreso anodino, sin perfiles, del partido de la inercia y de la nada ideológica, que exhibe una satisfacción estupefaciente cuando se repara en que ha perdido tres millones de votos en cinco años y semeja incapaz de volver a gobernar con mayoría absoluta ya no en España, sino en las comunidades y ayuntamientos más importantes.

Este Partido Popular no se parece en nada al Partido Popular de los años 90, dinámico, combativo, en no pocas ocasiones intelectualmente estimulante, cuyo influjo se hizo notar incluso en Europa. Un PP que quería decidir y dejar huella. Este PP no: este PP quiere, más que gobernar, estar en el poder, y confiar en que los demás no levanten cabeza para seguir ahí, desperdiciando ocasiones extraordinarias para acometer las empresas y reformas que necesita España. Y pretende encima que la sociedad y hasta la Historia se lo agradezcan...

Para satisfacción de Rajoy, en Podemos también se ha impuesto el aparato, en manos de los secuaces del untuoso Iglesias. Podemos sale de Vistalegre con la radicalidad subida, en manos de personajes que parecen diseñados por el inefable Pedro Arriola para mantener en la Moncloa a su espléndido –sobre todo en la remuneración– jefe, ese gigantito con pies de barro que tiene la tremenda suerte de medirse con auténticos alfeñiques.

Este fin de semana ha sido, en resumidas cuentas, un fiel reflejo del calamitoso estado de la política nacional, que apenas deja resquicio a todo lo que no sea indignación o desconsuelo.

¿Vieja, nueva? Sólo Política
F. JIMÉNEZ LOSANTOS EM 13 Febrero 2017

Los congresos de Vistalegre y Vistatriste, intercambiables en su desarrollo y previsibles consecuencias, con el triunfo de los que venían triunfados de casa -Rajoy, Iglesias- y la lista de colocaciones asegurada, debería tener al menos un efecto positivo: que se olvidara de una vez la monserga de la "vieja y nueva política". La política, que es la búsqueda, ejercicio y condiciones de acceso y conservación del Poder, es vieja como el mundo. Pero tiene la misma edad la idea ilusoria de "empezar de nuevo", "renovarlo todo", "por el cambio" y demás latiguillos con que las nuevas generaciones se sienten superiores a las antiguas, aun sin razón para ello.

En España, por primera vez, hay una generación entera, camino de dos, de jóvenes que no vivirán peor que sus padres, como suele decirse, porque sus padres y abuelos han creado una base económica y social de sustentación y seguridad sin precedentes en nuestra historia, pero sí que carecen de la esperanza y la fuerza de cuatro generaciones de españoles desde finales de los años 50. Lentamente, hasta el Plan de Estabilización y liberalización económica de 1959; aceleradísimamente hasta 2007, con dos épocas especialmente fecundas, el tardofranquismo y los años de Aznar, en España se ha mejorado en lo material como en pocos países del mundo. Sin embargo, la vitalidad social, desde la natalidad a la confianza en el futuro, es mucho menor que en los años del Desarrollo, de la Transición, del 1992 olímpico o de la plena inserción en Europa de 1996 a 2004.

Hace dos años, la crisis económica y la parálisis del PP de Rajoy alumbraron la idea de que España, según el siniestro designio de ZP, podía reinventar el pasado, deshacer la Transición y volver a 1931 y a las checas del 36. La Ley de Venganza Histórica es fruto de esa abominación totalitaria. Hoy, lo único que cabe esperar de Podemos es el crimen de lesa cursilería; el de Ciudadanos, el ensueño del Centro; del PP y del PSOE, nadie espera nada, salvo que sigan ahí... y siguen. Pero los problemas de España, especialmente dos: la politización o corrupción judicial-policial y la ausencia del Estado de Derecho ante el separatismo, siguen ahí. Limpiar y democratizar las instituciones es tarea tan poco brillante como limpiar la casa a diario, pero esencial. Lo único que dignifica a la política.

Podemos y la protesta de los privilegiados
Fernando Paz gaceta.es 13 Febrero 2017

Resulta sorprendente que haya aún quien se asombre de datos como el que revelaba el CIS recientemente en su barómetro de enero: la gran mayoría de quienes votan a Podemos en Cataluña está contra la autodeterminación, y menos de un 20% considera que la independencia es legítima.

La pregunte surge sola: y si esto es así, ¿por qué la dirección del partido apoya la autodeterminación, el llamado “derecho a decidir”?

La debilidad, también en este caso –como tantas veces en política- es la explicación. Pues no cabe duda de que lo hace, en primer lugar, por cálculo político; la causa nacional, la causa española, es débil, y resulta poco rentable desde el punto de vista político. Esa debilidad es la clave de todo lo que está pasando en Cataluña en los últimos años. En realidad, el discurso a favor de la autodeterminación es muy vulnerable desde la izquierda y la lucha contra los poderosos y la casta, pero lo cierto es que, hoy por hoy, no tiene alternativa. Y no la tiene porque Podemos ha renunciado a ser una izquierda nacional.

En términos objetivos –que diría un marxista-; ¿a quién beneficia la defensa del “derecho a decidir”?

Si recordamos que esta última trifulca en al que estaos comenzó con la pretensión nacionalista de negociar una situación tributaria como la del País Vasco y Navarra con el Estado –es decir, recaudar y gestionar sus propios impuestos- nos iremos haciendo una idea.

Cuando Podemos se manifiesta a favor del derecho a decidir, lo que hace es, esencialmente, defender las aspiraciones egoístas de la burguesía catalanista, defendiendo, so capa de una “aspiración democrática”, que los ricos puedan desentenderse de los necesitados. De la gente, vaya.

Las grandes fortunas catalanas son las beneficiarias de ese derecho a decidir, y esto lo saben las bases de Podemos, que entienden perfectamente que en Cataluña la cuestión social y la “nacional” son incompatibles; por el contrario, la pertenencia a España es un seguro para las clases asalariadas, trabajadora y media.

Los nacionalistas mienten cuando sugieren –sibilinamente- que hay una transferencia de rentas de unas comunidades autónomas a otras, cuando se dice que Cataluña contribuye más que los demás a la caja común.

Lo que sucede es que, en un sistema de progresividad fiscal y redistribución de rentas –que es lo que los grandes intereses quieren eliminar- como es el español, pagan más quienes más tienen, y en Cataluña hay un mayor número de personas y sociedades con rentas o beneficios altos que en otras muchas partes de España.

Pero los catalanes tributan directamente a la misma caja que los demás españoles; no como el régimen vasco-navarro, en el que existen una serie de privilegios que les permiten una gran autonomía en la gestión de sus propios impuestos, que es a lo que los independentistas aspiran.

Por eso, el reconocimiento de las pretensiones “nacionales” repercute negativamente en lo social pero no solo fuera de Cataluña, como quiere el nacionalismo burgués, sino también dentro de la comunidad catalana. De modo que esto es lo que la dirección de Podemos defiende: que las rentas altas radicadas en Cataluña puedan dejar de tributar a la caja común.

Por qué la dirección de Podemos, pese a esto, mantiene su postura a favor del “derecho a decidir” es, en parte, explicable por la razones políticas antes apuntadas; pero, sobre todo, porque entienden que la unidad de España no es, en absoluto, un valor a defender. Porque, aunque las conveniencias de todo tipo les empujan en sentido contrario, como el escorpión que no pudo evitar clavarle el aguijón a la rana pese a que con ello se ahogaba, el desprecio a la nación está en su naturaleza.

Defendiendo el “derecho a decidir”, Podemos hace suya la protesta contra la redistribución de rentas, contra la solidaridad y contra la justicia social. Defendiendo el “derecho a decidir”, Podemos respalda la protesta de los privilegiados.

Pero la buena noticia que nos ha traído este fin de semana en Vistalegre - el triunfo de la ambición sobre la inteligencia, de la radicalidad frente al realismo- es que las posibilidades de Podemos se desvanecen.

Su fracaso, déjenme creer que previsible, podría abrir las puertas a un partido auténticamente soberanista y social que terminase con la impostura podemita y que defendiera la soberanía del pueblo español tanto frente a los desafíos de quienes la niegan como base de la comunidad política, como frente a quienes la sacrifican al proyecto transnacional.

Porque, para ninguno de los dos supuestos, tiene Podemos respuesta.

Tres chirigotas y un coro para el carnaval español
Pedro de Tena Libertad Digital 13 Febrero 2017

Lo de este fin de semana ha sido el no va más de lo burlesco, que es toda una categoría dentro de la política nacional desde 1812. Ya por entonces, el liberal pacense Bartolomé José Gallardo, que perdió su biblioteca al tener que fugarse de Fernando VII por el Guadalquivir en 1823, distinguía entre aritmética decimal y aritmética política. Y recogió en su Diccionario crítico-burlesco: "Los principios, o elementos de la Aritmética-política, son del todo contrarios a los de la Aritmética vulgar; pues en esta 2 y 2 son 4, y en la política no". Pues bien, estos últimos días han sido toda una lección de cómo tres partidos políticos, de los cuales uno gobierna España y los otros dos podrían hacerlo, retuercen el pescuezo de la aritmética elemental y 2+2 es lo que sea, menos cuatro.

Parece claro que el PP ha optado por no renovar nada, salvo menudencias. El mismo presidente, que confesó deseos de eternidad, lo dejó sentado. No hay que cambiar lo que funciona (no se acordó de los escaños que tuvo en 2011 y los que tiene ahora). Pero es que poco después se proclamaba a pulmón quitado que el PP era un partido totalmente renovado. Ya lo ven, 2+2 no son cuatro sino lo que decida el ábaco político de Rajoy. "Esto sí que es/ una chirigota", como aclaman en Cádiz a los héroes del Falla.

Lo de Podemos en Vistalegre ha sido una chirigota por todo lo alto que, además de 2+2 suma lo que nos salga de los intimísimos, utiliza el cambia-colore, una especie de magia, prosigue tal Diccionario, que se usa para decir hoy lo contrario de lo que se dijo ayer. Había que ver al respetable de la plaza gritando "¡Unidad, Unidad!", mientras brillaban las tres facas principales del festejo: la de Iglesias, la de Errejón y oigan, no lo olviden, la de los anticapis, que bordaron un quite, unidad con descabello. "Esto sí que es, /otra chirigota".

Y luego la Pasmá de Triana, la flagelada por el carnaval de Cádiz de 2017 con letras sin compasión, representando su comedia cosmopolita. Según otro diccionario previo al citado, el Razonado manual, cosmopolita era el "el que sin ser moro ni cristiano, francés, ni español, es del que le paga". Pues en el acto municipalista de Madrid, los cosmopolitas fueron legión, autobuses de por medio. Y su mensaje básico, que ella está animada, que tiene fuerza, que lo que le gusta es ganar. O sea, que sí, que sí, que no, que no, que a la Susana le da canguelo. 2+2 son lo que ella quiera. "Esto sí que es, peaso de chirigota".

Y los demás, todos nosotros, coro de los grillos que, cantemos lo que cantemos, incluso las cuarenta o a la luna, no podemos ser sino grillos de la desesperanza nacional, entonamos "Dios me oiga, y el diablo sea sordo y aquí paz y después gloria. Amén".

Pensiones, reformas y excusas: el discurso más peligroso del año
Domingo Soriano Libertad Digital 13 Febrero 2017

El presidente de la AIReF estuvo este martes en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso y les dio a los diputados la coartada que estaban buscando.

José Luis Escrivá se cargó este miércoles, de un plumazo, cualquier posibilidad de reforma del sistema público de pensiones. Quizás, incluso de reformar la administración española en su conjunto. Sus palabras serán un lastre, uno más, que dificultará la tarea de aquellos que quieran acometer los cambios que necesita nuestra economía.

Tampoco crean que quien esto escribe tenía muchas esperanzas puestas en las famosas "reformas estructurales". Si no se han hecho entre 2010 y 2013, cuando el país estaba al borde de la quiebra y los gobiernos de PP y PSOE braceaban para sacar la cabeza del agua, no había demasiados motivos para pensar que se haría algo ahora. Como dice el gran John Müller en Leones contra Dioses, el único agente reformista de verdad que ha tenido España en los últimos 25 años ha sido la prima de riesgo.

Pues bien, Escrivá le dio esta semana el tiro de gracia al que se postulaba como posible nuevo regenerador de la economía española: el sistema público de pensiones. Y lo peor (o lo mejor) es que lo hizo con un discurso excelente. Lleno de sentido común y visión de futuro. El problema es que lo hizo en el lugar equivocado, ante los oyentes inadecuados y dando por supuesto lo que no debía. Una combinación explosiva.

El lugar era la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso. Allí, Escrivá ofreció una visión optimista del futuro. Este jueves resumimos en Libre Mercado su intervención:

Las previsiones sobre pensiones y población han fallado en los últimos años y podrían volver a fallar las que se hacen para 2040-50.

Si se mantienen las actuales tendencias en mercado laboral y demografía, el gasto en pensiones se disparará. En esta situación sólo quedarían tres alternativas: recortes muy importantes de las prestaciones, fuertes subidas de impuestos, recortes en otras partidas del presupuesto.

Pero hay otra opción, dijo Escrivá: no resignarse a la falta de crecimiento. No resignarse a ser Japón: un país con una población que decrece y cuya economía está estancada.

Si conseguimos disparar la población como ya hicimos en el pasado, si subimos el nivel de ocupación al de Alemania, Suecia u Holanda y si mejoramos nuestra productividad (y por lo tanto, salarios y cotizaciones)… entonces, quizás podríamos salvar el sistema y mantener el gasto en pensiones sobre el PIB alrededor del 11%.

Fue una intervención excelente. Llena de cifras y datos. Con un enfoque interesante, diferente, optimista, ambicioso. Incluso a los que, como este columnista, son más escépticos con el futuro del sistema de pensiones y creen (creemos) que sí es urgente comenzar la reforma cuanto antes, Escrivá les dio (nos dio) algo en lo que pensar. Sin estar de acuerdo en todas sus conclusiones, creo que es un punto de partida excelente para el análisis. Otra aportación valiosa para el debate público, como el documento que el Círculo de Empresarios publicaba hace unos días, que resume de forma muy clara los retos a los que nos enfrentamos y propone un modelo: la Suecia de los 90, con ese sistema de tres patas (pensión mínima universal – cuentas nocionales – capitalización individual) que tan bien le ha funcionado al país nórdico desde que se aprobó.

Hubo un punto oscuro en la presentación de Escrivá, un agujero negro que tiene que ver con la tasa de reemplazo (la relación entre el último salario y la primera pensión). Sobre este tema, el que realmente importa a los futuros pensionistas, no dijo ni pronosticó casi nada. Apenas un gráfico que marca una tendencia descendente desde ahora a 2030. Porque el gasto público en pensiones o el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión media tienen importancia, pero menos. Lo que se pregunta el actual cotizante es: "Mi padre cobra una pensión equivalente al 80% de su sueldo, ¿cuánto me quedará a mí?". A esa cuestión no dio respuesta. Pero incluso con este pequeño borrón, fue una estupenda ponencia.

Un discurso funesto
Lo que hizo que el discurso de Escrivá sea peligroso, dañino, funesto, no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. Y sobre todo, no ser consciente de a quién se lo estaba diciendo.

Porque lo que los diputados presentes quisieron escuchar fue: "El sistema de pensiones es sostenible. Lo dice la AIReF. Llegaremos a 2050 con un gasto/PIB similar al actual". Y la conclusión que sacaron fue: "No hay que hacer nada. No hagáis caso a esos agoreros que os dicen que la situación de las cuentas públicas españolas es preocupante. Las pensiones se arreglarán por sí solas".

El problema es que Escrivá estaba haciendo un discurso reformista ante un auditorio que está obsesionado con mantener el statu quo. Él hablaba de ambición, crecimiento y mejoría. De parecernos a Alemania. De no resignarnos. Los que le escuchaban pensaban en que por fin alguien les estaba dando lo que llevan años buscando: una excusa.

Quizás se percató de su error en el turno de réplica de los diputados (por cierto, todos ellos desconocidos, los partidos creen que esta Comisión para tratar el futuro de las pensiones, del que tanto hablan, no se merece la presencia de ninguna de sus estrellas, ni siquiera de sus numero dos o tres). No hubo ni una pregunta sobre la presentación. Ni un apunte sobre lo que acababan de escuchar. Ni un dato. Nadie inició un debate nuevo. Ni pidió una aclaración. No hubo ni un matiz. La nada.

Escrivá no les dijo que conseguir ese país diferente, pujante y ambicioso requerirá reformas. Que para atraer inmigrantes hay que ser un destino atractivo, mejor al menos que las demás alternativas que esos inmigrantes tienen ante sí. Que para ser Alemania hay que tener leyes parecidas a las alemanas, hay que trabajar como los alemanes, hay que tener un nivel de formación como los alemanes, hay que tener empresas como las alemanas, hay que tener políticos como los alemanes.

Tampoco les explicó que mantener el gasto público en pensiones en el 11% no quiere decir que el sistema público español pueda seguir siendo uno de los más generosos de la UE en términos de la relación pensión/salario. No aclaró que una cosa es que la Seguridad Social sea sostenible en términos de gasto y otra el nivel de las prestaciones, que dependerá en buena parte del número de pensionistas respecto al de trabajadores. Ni que una de las claves de su presentación es que confía en que las reformas del sistema de 2011 y 2013 contribuirán a contener el gasto a costa de las prestaciones. Y no hablamos de una cantidad menor: serán al menos 5 puntos del PIB en 2050. Vamos, que es incoherente querer cargarte esas dos reformas y al mismo tiempo usar los datos de la AIReF para defender la sostenibilidad del sistema.

No les dijo nada de esto. Probablemente pensó que no hacia falta. En realidad, estaba bastante claro en sus gráficos. Hay muchas alternativas para el futuro de la Seguridad Social, pero todas comienzan por la aceptación de la realidad y un mínimo dominio técnico de los fundamentos del sistema. En la Comisión del Pacto de Toledo no hay ni una cosa ni otra. Tampoco en el resto del Congreso. Ni entre los líderes de los grandes partidos. En la política española, sólo hay muchas ganas de no meterse en problemas. También la obsesión por culpar al de enfrente. Bastante demagogia. Y una sorprendente falta de conocimientos. La combinación es terrible.

Ahora, además, tienen una excusa.
Posdata: no puedo terminar esta columna sin un último apunte. Como periodista, acercarse al Congreso es cada día más triste. No es una cuestión ideológica. Mis opiniones siempre han estado en minoría en la sociedad española y eso se refleja en los programas de los partidos. Hace tiempo que no aspiro a que ninguna formación haga un planteamiento liberal coherente. En este punto, casi me conformo con que las cosas no empeoren. Pero no es eso lo que me preocupa. Lo llamativo es cómo ha descendido el nivel del diputado medio en los últimos años. La falta de preparación es alarmante.

El pasado miércoles, las intervenciones en la Comisión tuvieron un nivel ínfimo. Allí estaba invitado un experto que hizo una presentación excelente, ofreció decenas de nuevos temas para el debate y puso sobre la mesa un planteamiento novedoso. Pues bien, ni uno solo de los portavoces logró articular una respuesta mínimamente coherente. No hablo de un error puntual que cualquiera puede cometer (como si a mí se me cuela una falta de ortografía en un texto). No es eso. Es una mezcla de demagogia, ignorancia y falta de interés. Y estamos ante un tema clave: las pensiones públicas y el futuro de la Seguridad Social. Los periodistas económicos hablamos muchas veces de la necesidad de impulsar reformas estructurales: pero en estos momentos la primera debería ser una que incentive a los españoles talentosos a dedicarse a la política y a prosperar en ella. Una que cambie el sistema de selección dentro de los partidos. Dicen que los países tienen los líderes que se merecen. Quiero creer que en el caso de España esto no es así.

EL CONTROVERTIDO DISCURSO DEL GOBIERNO
La inmigración y el dudoso futuro de las pensiones
Fernando Paz gaceta.es 13 Febrero 2017

La comparecencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados estaba destinada a calmar los rumores acerca del dudoso futuro de las pensiones, pero si bien ha servido a ese efecto entre sus señorías –deseosas de tranquilizadoras palabras- parece haber desatado una cierta polémica fuera del ámbito político.

La trampa
Y es que el que vayamos a cobrar las pensiones de jubilación no está demasiado claro. El mensaje de los gobiernos, no importa el color, es que las pensiones están aseguradas. Pero parece que en el discurso gubernamental hay trampa.

El señor Escrivá asegura que se podrán pagar las pensiones, y además sin subir el porcentaje que se le dedica en el PIB (un 11%), es decir, que no solamente se podrán pagar, sino que no hará falta un esfuerzo especial por parte del contribuyente. Para sus cálculos se basa en que el crecimiento demográfico crecerá al ritmo del tramo 1980-2010, lo que nos daría 55 millones de habitantes en 2050. Y, además, presupone que la tasa de ocupación será del 76%, lo que es una estimación algo más que optimista (es la tasa de Alemania…)

Por otro lado, si se quiere evitar el incremento del gasto sobre el PIB, es más que probable que haya que recalcular las pensiones sobre el conjunto de la vida laboral y no solo sobre los últimos años; de hecho, para dentro de cinco años, 2022, el cálculo se hará sobre 25 años en lugar de sobre los 19 de ahora y los 16 de hace apenas tres años. Es decir, que las pensiones están disminuyendo de facto. Además, si se mantiene el porcentaje del PIB, y dado que aumenta el número de jubilados, el fondo a repartir será menor.

Fondo común
Porque el sistema de pensiones está basado justamente en eso. Las pensiones no son huchas en las que cada trabajador va ahorrando para él mismo el día de mañana, sino que son un fondo común a través del que quienes hoy cotizan sostienen a los que trabajaron ayer; y quienes hoy trabajan serán mantenidos por los que coticen mañana.

Y ahí radica el núcleo de la cuestión: los que van a pasar a la jubilación dentro de diez años y hasta dentro de veinte, pertenecen a la generación más numerosa de la historia de España; y quienes han de sostenerlos constituyen la generación de los nacidos, por el contrario, en los tiempos menos prolíficos.

Hace treinta años que todo esto se sabe, pero nadie ha hecho absolutamente nada para evitar la que se nos viene encima. Ningún político, ningún partido, quiere cargar con la responsabilidad de afrontar la realidad y decírselo a los españoles. En los novent, incluso, nos dijeron que los inmigrantes nos pagarían las pensiones. Iba a escribir que, por supuesto, nos engañaron, pero no creo que haga falta.

Las pretendidas soluciones de quienes defienden la privatización de las pensiones, no harían más que empeorar las cosas. Además de socavar peligrosamente la cohesión social, no parece la mejor receta que el gobierno entone un sálvese quien pueda individualista. De hecho, el sistema de pensiones que suele ser ejemplo de los de este tipo, el chileno, ha desatado hace apenas cuatro meses las protestas más masivas que se recuerdan en el país sudamericano.

55 millones de españoles
Como ha dicho el sr. Escrivá, para que pueda sostenerse el sistema es necesario que en el año 2050 seamos en España unos nueve millones de españoles más de los que hoy somos. Es decir, un total de 55 millones.

Dado que aún faltan treinta y tres años para la fecha propuesta, si para calcular la tasa de crecimiento demográfico tomáramos como referencia de treinta y tres años atrás hasta 2017, como hace Escrivá, alcanzaríamos los 55 millones; pero eso sería engañarnos. Porque, dados los enormes cambios que hemos experimentado en las últimas décadas, tratar como algo homogéneo el periodo 1980-2010 es perfectamente irreal. Y además, el aumento de población experimentado durante ese tiempo se debe, en no poca medida, a los seis millones de emigrantes que han entrado en nuestro país.

Por el contrario, la tendencia de los años más recientes nos muestra que España pierde población; cada día, el saldo poblacional nacional es negativo en 72 personas; cada mes, en 2.100. En el primer semestre de 2016 nacieron 195.000 niños, casi un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior, que a su vez descendió con respecto a 2014 en un 1.7%.

Hoy, el índice de fecundidad, en España, es de 1.33. Nuestra tasa de natalidad ocupa el lugar 181 entre 192 estados. Desolador.
Con tales antecedentes, se entiende mal el optimismo del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

¿10 millones de inmigrantes?
Aparentemente, dada la tasa de crecimiento demográfico de España, las previsiones del sr. Escrivá solo podrían mantenerse en caso de que se produjera una entrada de unos nueve o diez millones de inmigrantes en España antes de esa fecha.

Si a eso le añadimos que en este momento tenemos en España una cantidad difícil de estimar –por cuanto las cifras de ilegales son muy disputadas-, pero que un cálculo razonable puede situar cercana a los ocho millones (algo más de 6.5 millones de legales y un poco más del millón de ilegales, lo que hace casi un 18% de la población total) nos encontraríamos ante una verdadera política de sustitución de poblaciones; para 2050, de entre las personas residenciadas en España, la mitad procederían en primera o segunda generación del extranjero.

Una estafa “humanitaria”
La realidad es que España, en los últimos quince años, se ha convertido en el tercer país del mundo en acogida de inmigrantes, tras los EE.UU y los Emiratos Árabes; ¿ha resuelto eso algún problema?

Por lo general, los inmigrantes trabajan en sectores poco cualificados. Los salarios de esos escasamente cualificados trabajos deducen una cantidad menor para la Seguridad Social. Si contratase a españoles, el empresario tendría que pagar más y lo deducido sería también mayor; pero, contratando inmigrantes, el empresario se lo ahorra y somos el conjunto de los españoles los que pagamos la diferencia. Los salarios cobrados por los inmigrantes son un 35% más bajos que los nacionales. Una bonita manera de transferir riqueza desde los asalariados y la clase media hacia las grandes empresas.

Además, muchos de estos inmigrantes, después de haberse sacrificado malviviendo en España para enviar divisas a sus países de origen, regresan a estos sin haber dejado aquí apenas nada; en todo caso, mucho menos que quienes desarrollarían su proyecto vital en España durante toda una vida. En estos momentos, la población inmigrante en España está disminuyendo, dada la situación económica. Así, del total de inmigrantes en España, apenas medio millón ha nacido aquí. Sumémosle a todo esto que tenemos unos cien mil inmigrantes recibiendo pensiones no contributivas.

Lo sorprendente es que los sucesivos gobiernos, pese a una tasa de paro que ha alcanzado el 25% hace apenas dos años, han seguido promoviendo la inmigración, con evidente perjuicio de la población local. Por ejemplo, Zapatero, en sus ocho años de gobierno, otorgó 4.5 millones de permisos de trabajo a extranjeros, mientras el paro crecía desbocadamente en los últimos años (sólo en 2008, al comienzo de la crisis, 800.000 permisos).

Las condiciones impuestas por los gobiernos son tales que, pese a las tasas de paro que estamos sufriendo, un país como Rumanía –con un desempleo entre el 5% y el 7.5%- no ha dejado de emitir población hacia nuestro país de forma creciente hasta hace apenas dos años. Y es que, para una parte de la población procedente de ese país, es ventajoso vivir en España de las ayudas antes que del trabajo en su país.

Mientras, los españoles ven cómo disminuye el poder adquisitivo de sus salarios y cómo se ponen en peligro sus prestaciones sociales y sus pensiones. Una inmigración excesivamente numerosa, como sería la requerida, exacerbaría el panorama social hasta un límite que hoy nos resulta difícil calibrar.

¿Sin salida?
Los gobiernos españoles han promovido la inmigración porque lo que buscaban era, justamente, el control de los salarios (control traducido en descenso) necesario para seguir manteniendo el modelo productivo. Y el modelo productivo hay que mantenerlo al coste que sea, porque es condición imprescindible de nuestra pertenencia a la Unión Europea.

El problema es que en una economía en la que el turismo y la construcción –recuperándose a un ritmo superior al previsto- han sido los pilares de su sostenimiento, los vaivenes de la situación económica internacional se reflejan con sensibilidad de sismógrafo. Si añadimos algunos otros aspectos, como el infradesarrollo de I+D+I y la extrema dependencia energética, causada deliberadamente por los sucesivos gobiernos, convendremos en la extrema debilidad de nuestra economía.

Tal situación explica que España no termine de ser un país muy fiable en ningún ámbito y, excepto para los naturales de Hispanoamérica, no sea un destino especialmente envidiable en el conjunto de la UE. De modo que fiar el mantenimiento de las pensiones al crecimiento de la inmigración es algo que sólo puede sostenerse si se mejoran mucho las condiciones de entrada de los inmigrantes, lo que sólo cabe hacer a costa de los españoles. Pero ni aún así estaría asegurada esa entrada de población.

La llegada de inmigrantes procedentes de la América ibérica no ha resultado excesivamente problemática, pero una afluencia masiva de emigrantes procedentes de otras culturas (no digamos de la islámica) se antoja mucho más problemática.

Desde el modelo actual, la situación tiene mala solución, si es que tiene alguna. Entonces ¿tendremos que resignarnos a la quiebra del sistema de pensiones mientras el gobierno nos engaña?.

Un cambio de modelo
Si seguimos haciendo las mismas cosas, no podemos esperar resultados diferentes. La clave es afrontar el desafío –que lo es- de llegar a los 55 millones de habitantes en 2050 de modo que sea posible, aunque no sea fácil. Pero el objetivo merece el esfuerzo.

En primer lugar, consideremos que hoy España está perdiendo población, y que se está produciendo una emigración, de acuerdo a las cifras del primer semestre del 2015, de unas 51.000 personas. A esa tasa, si lográsemos evitar dicha emigración estaríamos hablando de más de 100.000 personas al año. O sea, casi tres millones y medio en esos 33 años que faltan para el 2050. Una parte, sustancial, del problema estaría resuelto solo con eso.

Además, el que los países a los que más se emigra en términos absolutos sean Argentina, EEUU, Reino Unido, Alemania y Francia sugiere que se trata de una emigración cualificada, lo que agrava el problema. No por casualidad, Madrid es la comunidad de la que emigran más personas de origen nacional.

También en este caso, la doctrina oficial es una media verdad. Es cierto que, tradicionalmente, España ha sido un país emisor de población. Pero si nos fijamos en la emigración de los últimos sesenta años, esta ha sido protagonizada por los sectores de la población que no se adaptaban a los procesos de modernización, lo que les convertía en los menos cualificados profesionalmente; lo de ahora es mucho peor, por cuanto son los sectores más cualificados de la población los que abandonan España. Muchos de ellos, acogidos en países desarrollados que les brindarán todo tipo de facilidades, jamás volverán.

Debemos, pues, evitar esa pérdida de población, lo que a su vez exige un cambio educativo urgente, que abarque los distintos ámbitos educativos. Las cifras de universitarios son, simplemente, absurdas, y hay que restringirlas mediante procesos de selección más estrictos. No podemos estar llamando “Selectividad” a un proceso que supera a la primera un 93% de los que se presentan.

El aumento de los requisitos para ser universitario y su posterior titulación, permitiría destinar una mayor cantidad de presupuesto a las becas (es exigencia inaplazable que ningún talento se pierda por falta de medios económicos); el balance entre la disminución del gasto en educación al descender el número de plazas y su aumento por las becas, sería claramente favorable al primero. La universidad debe recobrar, no diré que la excelencia perdida, pero sí el nivel que hasta no hace tanto exhibía.

No podemos resignarnos a que los trabajos en España sean cada vez menos cualificados y peor remunerados, porque lo único que se exige son camareros y teleoperadores. Esto, junto a la depreciación de la educación, ha conducido a que una carrera, su doctorado y un par de masters sean la tarjeta de presentación habitual de los candidatos a la cola del INEM.

Hay que reconsiderar las bases sobre las que descansa nuestra pertenencia a la UE, puesto que esta determina nuestro modelo económico, ese que lleva a renunciar a la economía real. Necesitamos recuperar nuestra industria, nuestra ganadería, nuestra pesca, nuestra agricultura; necesitamos recuperar nuestra soberanía para que los mejores de entre nosotros no tengan que marcharse. Si el proyecto en el que estamos embarcados requiere solo gente formada para trabajar en el sector servicios, la cualificación en muchas áreas estará de más; ya lo está.

Si a eso le sumáramos la eliminación de la plaga del aborto, entonces estaríamos hablando –teniendo solamente en cuenta los abortos quirúrgicos- de una cantidad semejante a esos 100.000 españoles que emigran cada año; si somos capaces de conseguirlo, sumaríamos entre una cosa y otra una cifra en torno a los siete millones, de los nueve requeridos, para sostener las pensiones.

No podemos obviar que todo esto no estaría exento de ciertos sacrificios personales. Nuestra generación tendría que trabajar hasta los setenta años, como poco, al menos en las profesiones que lo permitan porque no exijan un fuerte desempeño físico. En no pocas de ellas, a los setenta años muchos se encuentran en la cúspide de su creación intelectual. Lo ideal sería que se tratase de algo optativo, y que se ofrecieran los apropiados incentivos –también en el orden económico- que no solo liberase del pago de pensiones durante esos cinco años, sino que ese tiempo estuviera cotizado, aunque seguramente se podría estudiar cómo disminuir el porcentaje que esos trabajadores dedican a la SS. Muy probablemente no faltarían voluntarios.

Por otro lado, y viendo la botella medio llena, las cifras son tan bajas que difícilmente no se incrementarían si se estimulasen mediante una eficaz política de promoción de la natalidad.

Una política decidida de ayuda a la maternidad (desde la extensión de la baja por maternidad y el servicio de guardería hasta la promoción del teletrabajo, pasando por fuertes incentivos fiscales), a la conciliación laboral, y, sobre todo, de apoyo a las familias numerosas, sería decisiva. No es, ni mucho menos, una quimera, aunque exige cambios de profundidad en las mentalidades y hábitos, con implicaciones ideológicas. Con todo, bastaría con la voluntad política para ponerlo en marcha.

La sociedad es un barco en el que nos salvamos todos o nos hundimos todos; quizá los pasajeros de primera puedan acceder a los botes salvavidas que les permitan escapar del naufragio, pero la mayoría, la inmensa mayoría, se salvará o se hundirá con el buque.

Al fin y al cabo, el pago de las pensiones es sólo un síntoma –de considerable gravedad- de la verdadera cuestión que hay planteada, que es la viabilidad de nuestra sociedad.

El fénix estatista
Poco dura la alegría por el final del estatismo socialdemócrata, con su paternalismo asfixiante y su adicción a la deuda, porque ya se ciernen sobre nosotros los nubarrones de un estatismo todavía más duro y represivo.
Juan Pina vozpopuli.es   13 Febrero 2017

Asistimos a las convulsiones que marcan el final histórico de la socialdemocracia. Despertamos del sueño inducido de una prosperidad edulcorada y sospechosa, que en realidad no fue sino un inmenso artificio económico. Resultó ser un conjunto de malabarismos cada vez más temerarios con el endeudamiento y con la manipulación de moneda y crédito. Al enterrar el caduco corsé ideológico general de las últimas siete décadas, es inevitable una sensación de triunfo y de alivio. Pero pronto surge otra: la pesadumbre ante el nuevo paradigma que parece estar tomando forma.

Y entonces la gente de bien, la que defiende la Libertad propia y respeta la ajena, se echa las manos a la cabeza y denuncia con gesto grave que por ahí no era. Que la única alternativa a la socialdemocracia no puede ser un colectivismo todavía más duro. Que el hiperestado no puede resurgir de las cenizas socialdemócratas, como un Fénix aún más voraz y sangriento en su nueva encarnación. Que, si con tanta paciencia habíamos ido derruyendo el edificio estatista para afirmar al individuo, no podemos permitir que ahora tomen el solar unos nuevos estatistas todavía peores y se aprovechen de nuestro esfuerzo para construirnos un presidio.

Estamos en una encrucijada ideológica de máximos entre dos amenazas formidables: las dos expresiones renovadas del viejo totalitarismo que desangró a la humanidad hace casi un siglo. En el fondo, por supuesto, son una sola. De vez en cuando se les escapan a los líderes de ambas corrientes ciertas complicidades con sus téoricos archienemigos. Así, vemos a Marine Le Pen guiñar un ojo a Podemos, o a Pablo Iglesias sonreír taimado ante Trump. Es que Trump es Putin y Rusia es Irán —y Siria, su condominio—, e Irán fue uno de los sponsors de Pablo, y todo cuadra. Como cuadra cabalmente que personajes como Verstrynge o Ynestrillas hayan terminado seducidos por la renovación de la extrema izquierda, o que el Frente Nacional francés se haya nutrido en gran medida de ex militantes marxistas. Ya pasó hace un siglo con el crecimiento del fascismo y del nazismo a expensas de socialistas y comunistas. Ya hubo ejemplos de fusión entre los extremos de la falsa escala izquierda-derecha, desde nuestra Falange hasta el posterior peronismo argentino.

Que en un país predomine el populismo estatista con sabor “de izquierdas” y en el vecino lo haga el que desprende aroma “de derechas” es anecdótico. Apenas dependerá de la historia reciente de cada lugar y de los mitos que se hayan asentado mejor en su cultura popular. Y resulta completamente irrelevante. En ambos casos, tirando del hilo se suele llegar al ovillo ruso. La élite postsoviética teje desde hace un cuarto de siglo una sutil telaraña destinada a devolverle a Washington lo de Gorbachov y recuperar el papel perdido de superpotencia global. Para ello alimenta movimientos aparentemente incompatibles entre sí, y contribuye al definitivo entierro de la socialdemocracia —por eso algún ingenuo ve en Moscú la tabla de salvación—, pero induce a renglón seguido un autoritarismo rancio y difuso, como en su propia casa.

Si preocupante es el auge de la extrema izquierda en los últimos tiempos, con el apoyo del bloque liderado por Caracas (éste, a su vez, impulsado inicialmente por las FARC y los ayatolás); igual de preocupante es el rápido repunte de la extrema derecha. En las últimas semanas, está crecidísma por el efecto Trump, que ya veremos cómo va a afectar a las citas electorales de este año en Europa, incluyendo Holanda, Francia y Alemania. Igual que los movimientos como Podemos emergieron para presentar una alternativa contemporánea, fresca y viable al comunismo de siempre, en el campo de la extrema derecha se está dando un fenómeno parecido. El FN francés ha tenido que actualizarse enterrando la herencia de Jean-Marie para que Marine tenga opciones, mientras en otros países han sido formaciones nuevas, más modernas, las que les han comido la tostada a los neofascistas convencionales. Es el caso holandés, alemán o húngaro, aunque éste último desde el poder.

Personajes como Wilders, Orbán o Le Pen representan un estatismo aún peor que el socialdemócrata, pero adaptado al contexto de hoy. La nueva piel de la serpiente exhibe las escamas de la llamada “derecha alternativa” o Alt-Right y del movimiento neorreaccionario (NRx). Su factor de cohesión es el desprecio a la evolución cultural liberal o hasta libertaria de Occidente, al empoderamiento del individuo y a su emancipación —tecnológicamente impulsada— frente al obsoleto Estado-nación.

Los Alt-Right y los NRx buscan retornar a un mundo de compartimentos nacionales estancos, con fronteras definidas y soberanía colectiva bajo el imperio de una élite estatal con mano de hierro. Y con un fuerte control sobre las relaciones transfronterizas de todo tipo, incluidas las comerciales. Por eso desdeñan las TIC y la nueva economía en red, y apelan a estas alturas a la vieja macroempresa jerárquica, a las fábricas y a los blue collars sindicalizados —esa parte del discurso de investidura de Trump podría haberla escrito la FNT franquista—. Por eso les estorba el multilateralismo, que afloja el control de los Estados dejando las relaciones directamente en manos de las personas y de sus empresas. En su mitificación del orden tradicional —que desean imponer por decreto—, les estorba también la complejidad de nuestra civilización actual, y ello se traduce en role models toscos y zafios como Trump o, incluso peor, el filipino Duterte: personajes que excitan los instintos más primarios de las masas, como el orgullo gregario o el temor al enemigo exterior. Los neorreaccionarios hasta justifican los vínculos de Duterte con el comunismo chino, porque contra Washington vale todo. Argumentan algo así como que el PCCh, aunque esté ideológicamente equivocado, mantiene un sistema político y social “de orden”, con mucha jerarquía y sana disciplina, no como el anárquico caos del Occidente actual, ese sindiós de capitalismo desbocado y libertinaje moral. Eso es lo que les importa a estos nuevos tiranos, decididos a someternos a un Estado todavía más insidioso que el actual, que ya es decir.

Sobre héroes y miserables
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com  13 Febrero 2017

Dice el refranero español, que está cuajado de asertos basados en esa antropología cultural basada en las vivencias de lo cotidiano, que “Haga el hombre lo que debe, y venga lo que viniere”, para exhortar al cumplimiento del deber por encima de todo, pues como decía Quevedo “La última villanía del ánimo es temer su obligación”.

En momentos convulsos pocos son los que tienen la fortaleza moral y el espíritu suficiente para vencer la tendencia a doblegarse ante las fuerzas de un entorno que invita a ponerse de rodillas y someterse a actos tiránicos y ajenos a las normas de convivencia. Pocos son los elegidos a testimoniar, con su comportamiento leal a las leyes, el ejercicio de una ciudadanía responsable. Pocos son los que arriesgan su bienestar para salvar aspectos esenciales del funcionamiento de nuestras sociedades y dar continuidad a lo que da sentido a nuestra coexistencia en paz y libertad; a la defensa de la verdad, o al bien común. En definitiva, pocos hacen frente a la aberración, al chantaje, a la extorsión o al ilícito penal. Pocos se enfrentan a quienes hacen un claro abuso de su situación de prevalencia y limitan derechos a ciudadanos que ejercen su individualidad y criterio propio; para no ser colaboradores necesarios de atropellos al Estado de Derecho. Los vascos de la resistencia al totalitarismo amparado durante décadas por el nacionalismo sabemos mucho de lo que estoy diciendo, y hemos pagado caro nuestra posición de enfrentamiento a ETA. Al menos yo puedo contarlo. Otros ya no están para escribirlo.

En esta ocasión la héroe se llama Dolores Agenjo, directora de un Instituto de Hospitalet -actualmente jubilada- que se negó a ser cómplice de una actuación ilegítima y contraria a la Constitución Española y a la expresa suspensión por el Tribunal Constitucional de la bananera consulta con cajas de cartón que intentó Mas el 4 de noviembre de 2014.

Dolores Agenjo solicitó, como debe hacer un funcionario que no quiere ser cómplice de órdenes ilícitas, un escrito de su superiora jerárquica en el que se le ordenara, como se le había hecho de forma telefónica en cinco ocasiones, la entrega de las llaves de su centro para realizar una consulta ilegal, suspendida de forma expresa por quienes tienen la capacidad y competencia para ello. Con ello Dolores Agenjo ejercía su obligación de “desobediencia debida” para no participar como colaboradora activa de un delito de sus superiores. Y lo hizo, además, para tener la prueba documental que le permitiera acudir a los órganos adecuados que eran la Delegación del Gobierno en Cataluña y la Alta Inspección de Educación, a los efectos de la denuncia correspondiente. Y, además, fue leal con sus superiores, pues podía haberlo ocultado y haber actuado sin advertencia, pero se lo expresó debidamente, anunciando que iba a acudir a dichas instancias.

Independientemente de su carácter de funcionaria, y por ello subordinada de los órganos de dirección y gestión del Departamento de Educación catalán, ella estaba obligada al cumplimiento de las leyes, y lo que hizo no era un derecho, fue una obligación. Que no lo hicieran otros directores no le eximía a ella del cumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. Su actuación ha sido impecable, por tanto.

Dolores, igualmente, está ejerciendo una obligación de testificar los hechos para que los órganos jurisdicciones competentes en los ámbitos de la justicia cumplan su papel de juzgar si los hechos fueron constitutivos de algún delito, como parece, a la luz de la razón, que lo son. También es un deber cívico de los ciudadanos de bien, cumplidores de nuestra obligación de acatar las leyes y potenciar el funcionamiento democrático de nuestras sociedades. Ello implica ser respetuosos con el marco jurídico y no ser cómplices de quienes quieren transgredirlo; ser leales con el marco constitucional y evitar los atropellos a los derechos de las personas, entre otros los que tratan de impedir que el resto de los españoles seamos consultados sobre el futuro de España. La hipotética secesión de Cataluña afecta a todos los españoles, y por ello todos debemos ser partícipes de lo que suceda a nuestra nación común.

Sin embargo, Dolores Agenjo está siendo objeto de una avalancha de insultos e injurias, de todo punto inaceptables, en una campaña de acoso personal que no tiene razón de ser en una sociedad que se califique de democrática, donde se respeten el pluralismo social y los derechos individuales. Pero a estas alturas es de todo punto indubitable que en Cataluña se ha esquilmado todo atisbo de pluralismo y se ha convertido al nacionalismo en un Régimen. En el mismo el que se opone a los atropellos se convierte en un apestado. Sucede en todas las dictaduras, aunque sean de apariencia democrática.

Por eso Dolores es ya una referencia de bonhomía y de ciudadanía que ejerce sus obligaciones. Y para mí es una héroe pues no es fácil hacerlo sin pagar un alto precio en forma de exclusión y de agravios personales.

El Estado debería amparar a esta persona, no solamente por haber ejercido sus obligaciones como funcionaria del Estado, ya que por el hecho de serlo lo es también del Estado, ya que esa Comunidad es fragmento de Estado y sus gobernantes representantes ordinarios del mismo por ley, sino que, también, por haber defendido en su puesto de trabajo el Derecho Constitucional y haber sobrepuesto sus actuaciones a la ley y al Derecho Administrativo, habiendo solicitado que le cursaran la orden de forma conveniente y haberse negado a cumplir órdenes antijurídicas. Por otra parte, por las capacidades y responsabilidades atribuidas al cargo de directora por ser la máxima representante de la comunidad educativa de su Centro. Y, finalmente, como testigo, tiene derecho a la protección ya que es, por esa condición, colaboradora de la justicia, para que ésta cumpla su función, con total independencia de poderes ajenos y de presiones ilegítimas como la que sucedió el día del juicio a Mas con la movilización de miles de personas en un ejemplo deleznable de lo que no debe ser un Estado de Derecho, es decir, en un intento de coacción a la independencia de los jueces.

Pero tratar que el Gobierno de Rajoy ampare a los ciudadanos que dan ejemplo de comportamiento cívico es como exigir a un jilguero que rebuzne. Para Rajoy solamente tienen interlocución quienes tratan de vulnerar las normas. En lugar de perseguirles o de dar una respuesta proporcional a sus despropósitos les da dinero.

Ya es hora de que la Constitución prevalezca, y también es hora de acabar con los tiranos aunque éstos tengan tras de sí una masa social aborregada.

Por qué soy liberal
Roger DomingoLa Razon 13 Febrero 2017

El joven periodista económico Diego Sánchez de la Cruz publica estos días en Ediciones Deusto Por qué soy liberal, un manifiesto sin complejos y con profusión de datos a favor de las bondades de la economía de mercado.

Flanqueado por dos pesos pesados de la economía liberal como son Carlos Rodríguez Braun, autor del prólogo, y de Daniel Lacalle, autor del epílogo, Diego de la Cruz expone en su libro toda una catarata de argumentos para defender que las políticas económicas liberales, en contraposición a las socialdemócratas, mejoran el bienestar de la población, dado que permiten una mayor creación de empresas, un mayor crecimiento económico, una mayor tasa de empleo y, con ello, una mayor renta disponible de la población.

El texto de Sánchez de la Cruz se articula en tres grandes bloques, a saber: en el primero de ellos, que lleva por título “La revolución del bienestar”, explica el progreso que han conllevado las ideas liberales allí donde se han aplicado y aporta datos que refutan muchas de las críticas al capitalismo.

En el segundo, que lleva por título “La revolución del malestar”, aborda las grandes amenazas de nuestros días, tales como el populismo, el declinismo, el igualitarismo, el probismo y el anticapitalismo, al tiempo que denuncia las trampas argumentales de quienes se oponen al liberalismo.

Para finalizar, en un tercer bloque titulado “La respuesta liberal” analiza los grandes retos a los que nos enfrentamos y propone una serie de medidas y de reformas para incrementar la libertad económica y con ello mejorar y optimizar el funcionamiento y los resultados tanto del sector público como el privado.

Un libro, en definitiva, que cumple con creces con los tres objetivos que se propone: explicar por qué el autor es liberal, describir a otros jóvenes y a quien se acerque al texto qué propone el liberalismo en contraposición a otras ideologías y, por último, invitar al debate con la presentación de una batería de reformas destinadas a conseguir que España sea una de las economías más dinámicas del mundo y que todos los españoles nos beneficiemos de ello.

A continuación reproducimos el Prólogo de Carlos Rodríguez Braun, la Introducción de Diego Sánchez de la Cruz y el Epílogo de Daniel Lacalle.

Prólogo de Carlos Rodríguez Braun
Entre los liberales, resulta habitual quejarse del escaso eco que tienen nuestras ideas. Y, a primera vista, tales quejas parecen responder a la realidad, porque en general predomina el antiliberalismo; y predomina especialmente cuando estalla una crisis económica, situación en la que, como hemos visto en años recientes, los antiliberales de todos los partidos se reúnen y convocan con renovados ímpetus.

Así, desde escaños, pantallas, púlpitos, cátedras y tribunas sin fin hemos sido reiteradamente aleccionados sobre los inacabables males que una supuestamente excesiva libertad ha descargado sobre nosotros. La conclusión parece de sentido común: ante tantos sinsabores y contratiempos, saludemos a los profetas que auguran que nuestras aflicciones serán mitigadas mediante nuevos recortes de nuestras libertades y nuestros derechos.

Sin embargo, a pesar de todo, jamás he compartido los lamentos que el antiliberalismo prevaleciente suscita entre los amigos de la libertad. Y no porque sus quejas carezcan de fundamento, sino porque a menudo están desenfocadas. Para ponderar dichas quejas desde una perspectiva más ajustada, tal vez convenga leer este libro de Diego Sánchez de la Cruz, un joven y destacado periodista liberal español.

No mucho tiempo atrás, cualquier liberal habría dado un respingo al leer estas últimas palabras. Tras un sobresalto de asombro, habría preguntado: «¿Joven periodista liberal español? Pero ¿es que hay alguno?».

En efecto, hoy podrá haber pocos jóvenes periodistas liberales, pero puedo asegurar al lector que antes, cuando yo me acerqué a estas ideas por primera vez, a finales de la década de 1970, había menos, muchísimos menos. Por tanto, no corresponden protestas, sino plácemes.

En nuestro país, y también en el mundo, el liberalismo va bien, gracias. Dirá usted: es fácil que vaya relativamente bien con respecto a su propio pasado, porque hace cuatro décadas los liberales sumaban algo así como un análogo número de gatos. Es verdad, pero pretender que se imponga de forma súbita y aplastante un conjunto de nociones tan contradictorias con las ideas y los valores prevalecientes sería absurdo. No podemos olvidar que en todo el mundo estamos rodeados todo el tiempo de mensajes que socavan las instituciones de la libertad que defendemos los liberales, en particular las de la propiedad privada y los contratos voluntarios.

Así pues, y sobre todo desde la perspectiva de un viejo liberal, corresponde saludar a personas como Diego Sánchez de la Cruz, que con su esfuerzo constante han ido promoviendo el liberalismo en un contexto, como casi siempre, hostil. En su caso, Diego lo ha hecho ejerciendo su profesión de periodista, es decir, contando lo que pasa (o que acontece na rúa, como dicen sus paisanos gallegos). Y por eso este libro tiene muchos datos, empezando por un interesante repaso histórico sobre la espectacular mejoría que ha registrado el bienestar de la humanidad en los últimos doscientos años. Es una mejoría claramente vinculada con la economía de mercado: cuanto más la han respetado los países, más han prosperado; y cuanto menos, más han declinado.

A continuación, Diego presenta el contraste entre los datos y la reacción política contra el capitalismo y el mercado, y denuncia el falseamiento de la realidad que acometen quienes insisten en que vivimos en un infierno por culpa de la libertad, esos que alegan, por ejemplo, que la pobreza y la desigualdad han aumentado en el mundo o que en España cientos de miles de familias han sido expulsadas de sus hogares. Por cierto, en España tampoco es verdad que seamos muy desiguales, como lo prueba un estudio reciente del Instituto Juan de Mariana, entidad que, conviene recordarlo, constituye otra prueba de la lozanía del liberalismo en nuestro país.

Un dato tras otro avalan la solidez de las teorías liberales y la endeblez del pensamiento único intervencionista. Por ejemplo, se prueba que no es verdad que las empresas paguen pocos impuestos en España, y, en cambio, sí es verdad que esos impuestos que pagan recaen sobre los trabajadores en forma de salarios menores. Es verdad que se recauda más por el impuesto de sucesiones en la Comunidad de Madrid que en Andalucía, y eso que en la comunidad madrileña está bonificado al 99 por ciento. Es verdad que la Dirección General de Tráfico dedica menos del 1 por ciento de su abultado presupuesto a asistir a las víctimas. Y no es verdad que la persecución fiscal reduzca el consumo de tabaco y alcohol.

En este libro hay, finalmente, una tercera parte con propuestas liberales bastante moderadas, incluso demasiado moderadas, pero eso no importa, porque, moderadas o no, no serán aplicadas, salvo..., salvo ¿qué? Un futuro libro de Diego Sánchez de la Cruz podría abordar este interesante asunto, en dos etapas.

La primera sería analizar por qué, si la evidencia empírica y la solidez analítica parecen estar del lado de los liberales, resulta que muy pocos nos respaldan. Ahí los datos son concluyentes: ningún político de ningún partido de ningún país secunda nuestras propuestas, que tampoco apoyan los intelectuales, los artistas, los periodistas, los sindicalistas, los agricultores, los industriales, los banqueros, los burócratas, los religiosos... Casi nadie está con nosotros. Pueden apreciar algunas de nuestras ideas, como, por ejemplo, la bajada de impuestos, pero neutralizan este gesto con su oposición a otras ideas liberales, a menudo inseparables de las que aprecian, tales como la reducción del gasto público.

Sospecho que lo que le pasa al liberalismo es que ha dejado de estar en el centro de la matriz moral de la sociedad. Por eso hay tantas personas de bien que tienden a recelar éticamente del liberalismo, con lo cual los argumentos y las cifras tendrán en ellas un impacto menor que el que tendrían si no existiese esa predisposición moral antiliberal.

Si Diego consigue superar esta primera etapa sin deprimirse, podría abordar la segunda, cuya superación es la definitiva prueba de la humildad liberal y la certificación de que debemos estar más que satisfechos con el poco caso que nos hacen. La cuestión sería reconocer que, en muchos casos, probablemente en la mayoría, los avances que ha hecho el liberalismo en nuestro tiempo no se han debido al éxito de nuestra prédica, sino a un mero cálculo de costes y beneficios políticos emprendido por el propio Estado, ese extraño enemigo al que a menudo no acabamos de entender.

Introducción de Diego Sánchez de la Cruz
Desde el estallido de la Gran Recesión, en el año 2008, la mayoría de los debates y las discusiones públicas que han abordado el rumbo que lleva la economía han estado marcados por un tono pesimista, cuando no hostil, hacia el sistema capitalista.

El laissez faire ha terminado por convertirse en el chivo expiatorio al que acude la mayoría de los políticos y periodistas cada vez que tiene que explicar nuestros males. Lo vemos en las filas de la izquierda europea, cada vez más infectada por el virus del populismo marxista. Y lo empezamos a ver también en la derecha del Viejo Continente, en cuyo seno están creciendo pulsiones proteccionistas y antiliberales.

Si no alzamos la voz para denunciar esta preocupante deriva, corremos el riesgo de terminar consolidando una «dictadura» ideológica en la que todo lo que se sale de la corrección política debe ser silenciado y descartado. Por eso he escrito Por qué soy liberal, un manifiesto sin complejos a favor de la economía de mercado.

A mis veintiocho años de edad, tengo la suerte de haber pasado por grandes empresas en las que he crecido como persona y como profesional. Ahora, mi rol como analista económico en prensa, radio y televisión me permite llegar cada semana a millones de personas. Además, gracias a mi trabajo con el think tank Civismo, tengo la oportunidad de ayudar a promover reformas económicas de corte liberal, una batalla crucial para el futuro de España.

Soy consciente de que muchos jóvenes españoles tienen la opinión contraria y recelan de la economía de mercado... Pero también creo que sería injusto identificar a toda una generación con las ideas del populismo y del intervencionismo. Al fin y al cabo, también hay miles de jóvenes que rechazan el camino de servidumbre del estatismo y creen que el progreso llega cuando una economía funciona en libertad.

Este libro está dedicado a esos jóvenes y también a los no tan jóvenes que comparten esa ilusión por hacer de España una de las economías más dinámicas del mundo. El colapso del comunismo y el declive de la socialdemocracia nos recuerdan que la historia está de nuestro lado. Por eso hay que exponer y reivindicar las ideas liberales.

Y debemos hacerlo con orgullo y con claridad.
¿Por qué soy liberal? Esa es la pregunta que pretende responder este libro, centrado en asuntos económicos y articulado en tres grandes bloques, o partes:

• En el primero, llamado «La revolución del bienestar», analizo de forma exhaustiva el progreso que han traído las ideas liberales allí donde se han aplicado con un mínimo de coherencia y consistencia.

• En el segundo, que lleva por nombre «La rebelión del malestar», abordo las grandes amenazas de nuestro tiempo: el populismo, el declinismo, el igualitarismo, el pobrismo y el anticapitalismo.

• En el tercero, titulado «La respuesta liberal», ofrezco una amplia batería de propuestas de reforma que, de manera pragmática, plantea los grandes retos que enfrentan el sector público y el sector privado.

Recomiendo la lectura de cada bloque como si se tratase de tres ensayos que tienen entidad propia por separado. En «La revolución del bienestar» encontrarás una cascada de datos que refutan muchas de las críticas habituales al capitalismo; en «La rebelión del malestar» he incluido una breve colección de ensayos que denuncia las trampas argumentales de los enemigos de la libertad; por último, en «La respuesta liberal» presento un plan de acción que demuestra que el laissez faire no son sólo palabras o planteamientos maximalistas, sino también medidas concretas que se pueden (y deben) aplicar.

Espero, querido lector, que disfrutes leyendo Por qué soy liberal. Quizá mis datos te sorprendan, quizá mis ideas te entusiasmen, quizá mis argumentos te incomoden..., pero, ante todo, confío en que no te dejaré indiferente.

Epílogo de Daniel Lacalle
Vivimos una época apasionante en la que se está dando cada día un debate entre el intervencionismo, presentado como solución a todo, y el libre mercado. Es un debate difícil de ganar, porque enfrenta la fe y la creencia en la magia (que el poder político y administrativo va a encontrar mejores soluciones para el bienestar de todos) con la cordura (que nadie escoge mejor la solución más adecuada para todos que un mercado libre donde oferentes y demandantes decidan).

Lo curioso es que, por un lado, se glorifica la acción de los gobiernos como aceptable —aunque sea errónea—, porque se hace por «el bien común» y se demonizan los errores del libre mercado como una enmienda a la totalidad. Los errores de la intervención se solucionan con... ¡más intervención! Los del libre mercado se arreglan con... ¡menos libre mercado! Es magnífico.

Parte del problema del debate entre liberalismo e intervencionismo es la percepción de que el primero es algo parecido a la «ley del Oeste», que reniega de cualquier tipo de regulación, y que es un enemigo del Estado y de cualquier tipo de bienestar social. Y es exactamente lo contrario, como se demuestra en las páginas de Por qué soy liberal.

En realidad, el liberalismo es mucho más social que el intervencionismo porque facilita el crecimiento, la prosperidad y la creación de empresas, y, con ello, el empleo, la renta disponible y el bienestar de todos. Como decía Ronald Reagan «el estado del bienestar no se debe medir por cuánto se gasta, sino por el número de personas que no lo necesitan».

Y es que la mejor política social es crear empleo, disponer de muchas empresas que creen valor, bienestar y riqueza y defender la igualdad de oportunidades desde la meritocracia. No igualdad, prosperidad. Nadie ha muerto jamás de desigualdad, pero sí de pobreza. La igualdad no es una política, es una consecuencia de la prosperidad.

La envidia y el odio al éxito es una característica terrible de nuestra sociedad. Nos ha llevado a utilizar la desigualdad como indicador de pobreza y es un enorme error. Centrar la política económica en la redistribución y el asistencialismo en vez de en el crecimiento y las oportunidades conlleva que no se reduzca la desigualdad ni se mejore la pobreza a pesar de un enorme gasto en protección social.

En España, la desigualdad se disparó en términos absolutos y relativos —con respecto al resto de la Unión Europea— entre 2004 y 2011, precisamente cuando lanzábamos todo tipo de medidas intervencionistas y «sociales» sólo en el nombre.

El estudio de James Gwartney y Robert Lawson que comenta Diego Sánchez de la Cruz muestra que el 10 por ciento más pobre de la población de los países con más libertad económica tiene una renta per cápita casi diez veces superior a la de las naciones peor clasificadas. Las clases bajas y medias se benefician mucho más de la libertad económica que de los sistemas intervencionistas.

Por eso, una de las ironías de nuestro tiempo es que la mal llamada nueva política rescata del cajón de donde nunca debieron salir algunas de las ideas económicas más desastrosas. Se nos vende como gran idea, como novedad para mejorar el desempleo y la temporalidad, la glorificación de los regímenes comunistas y la economía planificada. Se le concede una cualidad mágica al intervencionismo más anquilosado de tal manera que nos ha llevado a llamar «socialdemócrata» a lo que no deja de ser el comunismo más retrogrado.

Al final, los efectos de la economía planificada son siempre los mismos. La mala asignación de capital se perpetúa por decisión de un comité. La productividad y los incentivos para mejorar e innovar se dilapidan. Y, lo que es más importante, los efectos negativos se mantienen durante décadas

Hace poco, The New York Times mostraba cómo, a pesar de haberse invertido más de un billón de euros en la reunificación alemana, y conseguir que el PIB per cápita de la antigua Alemania del Este se duplique en los últimos veinticinco años, persiste parte del retraso acumulado durante el régimen comunista, que hizo que el PIB per cápita alemán en el Este fuera tan solo un tercio del de la Alemania Occidental.

La economía de la Alemania del Este colapsó bajo el peso de su industria obsoleta, de la acumulación delirante de inventarios para «aumentar el PIB» aunque no se vendieran, y su régimen quebró ante el peso de una deuda impagable, contraída tanto con la URSS como con otros países.

En «The plans that failed», de G. Pritchard, se describe con todo rigor cómo el planificador estatal agrandaba el agujero ante la negativa a reconocer problemas evidentes de productividad y obsolescencia con el único objetivo de «producir», acudiendo a la represión cuando su «paraíso» generaba descontento generalizado.

Y esa es la preocupación por la que hoy en día es más necesario que nunca un libro como el que tenemos en nuestras manos. Porque los desequilibrios y retrasos creados durante el período de planificación intervencionista tardan décadas en solventarse.

Algunos nos repiten una y otra vez que el Estado debe gestionar la economía y no tener criterios «economicistas». En realidad, lo que termina ocurriendo cuando el sector estatal pierde los más elementales objetivos económicos es que el problema que crea se acumula y termina hundiendo el propio sistema.

Lo que no ha funcionado nunca —poner el control de la actividad económica en manos de políticos— no va a funcionar ahora. El capitalismo tiene muchos errores, pero una ventaja clara, se adapta a la realidad cambiante y los subsana para persistir.

Por lo tanto, en un debate como el actual es esencial contar con libros de divulgación como el de Diego Sánchez de la Cruz. Es un arma letal «anticuñados» y el perfecto antídoto para desmontar las mentiras de las soluciones mágicas.

Pero lo más importante es que el libro no ofrece soluciones utópicas ni ideas desconectadas de la realidad. Nos muestra, de una manera didáctica y entretenida, los ejemplos de países líderes del mundo. Es curioso, por ejemplo, que cuando los intervencionistas se lanzan a defender sus soluciones mágicas, acudan a mencionar el mantra de los países nórdicos. Es una manía tan repetida que el Institute of Economic Affairs tuvo que publicar un libro para refutarla: Scandinavian unexceptionalism, de Nima Sanandaji.

Y es que siempre olvidamos que esos países nórdicos son, a su vez, líderes en libertad económica y en facilidad para crear empresas; líderes en flexibilidad laboral; pero, sobre todo, líderes en responsabilidad social con respecto a la gestión y administración pública, así como defensores acérrimos de la meritocracia y la iniciativa individual.

Cuando nos planteamos un sistema económico y político realmente social, lo que buscamos es que se maximice el nivel de prosperidad, el acceso a educación de calidad y la generación de oportunidades para todos. Esas tres cualidades nunca se encuentran en sistemas intervencionistas. No es una casualidad que aquellos que proponen un modelo liberticida sean los mismos que, cuando deciden emigrar o buscar oportunidades, no viajan precisamente a Cuba o Venezuela, sino a EE. UU. o al Reino Unido.

Siempre encontraremos algún aprovechado que nos diga que la razón por la que los sistemas socialistas y comunistas no han funcionado jamás es porque: a) no eran «verdaderamente socialistas»; o b) «porque esta vez es diferente».

El debate vuelve a encauzarse cuando hablamos de países líderes en competitividad, tecnología y prosperidad. Ganamos el debate, porque tenemos razón, cuando olvidamos las utopías maximalistas y recordamos a los ciudadanos que existen mejores opciones y que, a la vez, las «nuevas» propuestas son viejísimas, caducas y fracasadas.

Pero la batalla de las ideas no se acaba porque la solidez de los argumentos en defensa de la libertad económica sea contundente e incuestionable. Porque luchamos contra «creer en los Reyes Magos». Y esa creencia es muy poderosa. Por eso es tan importante no cejar a la hora de comunicar y razonar, con datos, con la evidencia, que el capitalismo de libre mercado es la única manera eficaz de luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos. Porque los vendedores de pócimas mágicas de felicidad por decreto siempre van a contar con esa falsa superioridad moral del que se autoconcede el apelativo de «social», y porque cuando fracasan estrepitosamente, siempre acuden al enemigo externo. No les dejaron. Fueron los mercados, los yankees, los poderes ocultos. Cualquiera menos el desorientado que decidió destruir el tejido productivo o la moneda desde la intervención.

Tenemos que seguir defendiendo la libertad y repetir una y otra vez los argumentos que demuestran que es la mejor política social. No estamos equivocados, y este libro nos lo recuerda.

Hay 37 detenidos
Sigue la violencia contra la Policía en París al grito de 'Alá es grande'
La dirigente del Frente Nacional, Marion Le Pen, ha manifestado que "apoyan a los policías que se enfrentan a quienes escupen a Francia".
La Gaceta 13 Febrero 2017

Al menos 37 personas han sido detenidas en las últimas horas tras los disturbios y enfrentamientos en la localidad de Bobigny, al noreste de París, tras una manifestación contra la policía.

Unas 2.000 personas se reunieron este sábado ante el tribunal de Bobigny para apoyar a Théo, un joven supuestamente agredido con una porra extensible en el municipio de Aulnay-sous-Bois tras ser detenido en un control de drogas. La investigación que está llevando a cabo la policía gala ha descartado que el joven sufriera una violación -como denunció él- y ha señalado que sí hubo un "abuso de la autoridad". "No hay intención ni elementos constitutivos de un abuso sexual por parte de los agentes".

"De acuerdo con las investigaciones, las entrevistas mantenidas con la víctima y los funcionarios así como los testimonios y registros con las cámaras de vigilancia el fiscal se considera que no existen pruebas probatorias de que haya existido una violación deliberada", ha asegurado uno de los investigadores en una entrevista para el canal LCI para después aclarar: "Esto es grave, sin duda, pero no ha sido una violación".

La manifestación derivó en choques entre la policía y los manifestantes cuando grupo de jóvenes lanzó piedras y petardos a las fuerzas de seguridad, rompieron escaparates e incendiaron dos vehículos. Una niña de seis años estuvo a punto de morir al quedar atrapada en uno de esos vehículos incendiados.

En varios vídeos filtrados en las redes sociales se aprecia como la Policía huye de los manifestantes, que gritan "Alá es grande".

El presidente francés, François Hollande, visitó a Théo en el hospital, un hecho que fue criticado por la candidata del Frente Nacional y principal favorita para ganar la primera vuelta en las elecciones presidenciales, Marine Le Pen, que acusó al socialista de "olvidar a los policías" y censuró que "en un número importante de lugares en Francia los agentes de Policía sean considerados como leprosos".

Por otra parte, Marion Le Pen ha asegurado que el "respaldo a Theo es una excusa para ir contra la Polícia". "Apoyamos a los policías que se enfrentan quienes utilizan este accidente para escupir a Francia", ha dicho.

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Sofisma epidémico en Cataluña
Pablo Mosquera  latribunadelpaisvasco.com  13 Febrero 2017

Una mentira repetida mil veces puede convertirse en una verdad. Sobre todo cuando la capacidad de análisis, en las víctimas del engaño, está reducida, sea por miedo, indiferencia, bajo nivel cultural, emociones o publicidad engañosa.

Sofisma: argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Muy frecuente en política. Logra el éxito en la medida en que los "clientes" del engaño son incapaces de rebatirlo o la presión que se ejerce sobre ellos termina por encubrirlo como subcultura de uso habitual y políticamente correcto.

Epidémico. Una enfermedad, incluso social, que se extiende de forma exponencial entre los miembros de una comunidad.

Con estos tres instrumentos de análisis me centro en lo acontecido en el día en que un ex-presidente de la Generalitat se ha visto sentado en el banquillo de la sede judicial correspondiente a su categoría y lugar de los hechos imputados, haciendo uso de un discurso calculado, tanto para su defensa como para avivar el fuego del incendio independentista.

Es mentira que la soberanía de los ciudadanos catalanes resida en el Parlamento regional. Lo es por declaración expresa, para disipar cualquier duda, del Tribunal Constitucional. Es mentira que la democracia permita el incumplimiento de la Ley, por esa falsa colisión con un supuesto derecho a decidir. Es mentira que Cataluña sea una nación con derecho a constituirse en Estado. Es mentira que Cataluña tenga derechos históricos que pongan en entredicho su pertenencia a España por antecedentes como país independiente con instituciones de autogobierno, que logra gracias al Estado Constitucional de las Autonomías -Cataluña no es Navarra-. Es mentira que las exigencias del poder judicial a los altos cargos de la Generalitat constituyan un ataque a Cataluña, ya que la ley debe alcanzar a todos por igual, y resulta excesivo tratar de autoproclamarse institución cuando se ejerce un cargo público. Es mentira que los altos cargos de un gobierno sean la genuina representación de un pueblo.

El sofisma reside en explicar, publicitar e interpretar que Cataluña es una nación sin Estado, con la soberanía del pueblo catalán residente en el Parlamento de Cataluña, con derechos históricos para decidir o pactar con el Estado español, de igual a igual, procesos que desde el autogobierno conduzcan a la independencia y así constituir un Estado en la UE.

Es intolerable que hayan decidido desobedecer la Ley y las sentencias del más alto Tribunal de Justicia en el Estado español, del que son representantes legales, precisamente, los desobedientes. Es mentira que no supieran lo que estaban haciendo.

¿Cuáles son las razones para emprender un proceso hacia la independencia a sabiendas de estar haciéndose trampas en el solitario?. Los errores del tripartito. Los errores en la gestión de la reforma del Estatuto de Autonomía. La debilidad del Estado español, inmerso en una grave crisis económica, sospechosa de corrupción, mayoría absoluta cuyo uso ha desconectado a los poderes públicos del tejido social, dando lugar a la desvertebración social y a la indignación popular. Ha servido para tapar una deuda gigante, fruto de la gestión del tripartito. Ha servido para desviar la atención del régimen nacional-pujolista.

Dicho lo que antecede, el espectáculo ofrecido por los encausados -Mas y compañía- tuvo los tintes de parafernalia callejera, cobardía ante el Tribunal, soflamas a inventario de un guión, en el que la culpa terminará siendo de "los voluntarios del 9-N", o esos funcionarios amenazados, y que próximamente tendrán que responder del trasladado, a sedes partidarias, de información sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales, para uso en el proceso secesionista, que sólo con saberlo, ya ha creado una enorme intranquilidad en los españoles residentes en Cataluña.

Un dirigente socio político que se escuda en las declaraciones realizadas en sede judicial, como las efectuadas por el ex honorable Mas, le descalifican para ejercer cargos de responsabilidad, dada la idiocia con la que actuó.

Pero llega el momento de pedir cuentas. Los ciudadanos residentes en Cataluña se preguntan: ¿qué información están utilizando desde órganos pro independencia, que pertenece a sus derechos fundamentales?. ¿Qué pueden esperar de una situación dónde se manifiestan por activa y pasiva toda suerte de actos desobedientes con la ley? ¿Alguien puede estar convencido que el proceso se va a detener, cuando unos empujan a los demás, en una carrera hacia el abismo? ¿Son de fiar los miembros de las fuerzas de seguridad que operan en Cataluña bajo el mando de la Generalitat?

Por mucho menos, en Euskadi, los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco fueron inhabilitados. Por mucho menos, al ex Lehendakari Ibarretxe se le advirtió seriamente sobre la respuesta del Estado a sus pretensiones secesionistas.
La epidemia de la enfermedad social la conozco. La falta de seguridad se ha instalado desde hace tiempo en Cataluña. Se manifiesta, por la impunidad con la que actuan, esos cargos políticos, en las Instituciones públicas de Cataluña, provocando una corriente de contagio en pos del proceso, un síndrome de Estocolmo en muchos ciudadanos, una espiral de silencio en los que no están conformes, pero temen verse en medio de la refriega.

Si esto no se para ya, al menos personas comprometidas como yo mismo, que me jugué la vida en el País Vasco, por la recuperación de la democracia, por las libertades de los españoles con residencia en Euskadi, por las chulerías, acosos, desobediencias e incumplimiento de la Ley, me sentiré estafado, huérfano de la seguridad precisa para ejercer la ciudadanía en igualdad de condiciones, sea cual sea, el territorio de la nación.

¡Ah!. No confundan. Es verdad que en aquella Euskadi, ETA era la vanguardia del proceso. Pero en Cataluña, los españoles que no se suman a la "doctrina", corren el riesgo de ser "aislados" de sus derechos civiles. Y es que hay dos formas de eliminar al disidente. La criminal, y la civil. Las dos resultan intolerables, desde hace mucho tiempo...

Tras el informe de 'Catalunya Somos Todos'
Calvet pide a la UE que investigue las ilegalidades del 'procés'

 gaceta.es 13 Febrero 2017

El eurodiputado Enrique Calvet, perteneciente al Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales (ALDE) en el Parlamento Europeo, ha presentado una pregunta a la Comisión Europea en la que propone que se inicie un procedimiento de infracción contra España, en el caso de confirmarse la veracidad de los graves delitos que se están cometiendo en Cataluña denunciados por la asociación Catalunya somos Todos.

Esta asociación ha lanzado recientemente el informe Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista, en el que concluye que el plan secesionista dio a que en 2016 se cometieran en la comunidad catalana 178 vulneraciones de la ley, incluidos 21 incumplimientos de la Constitución.

Esta entidad sostiene que el Código Penal es la norma que se violó en Cataluña el año pasado, ya que se quebrantó en 76 ocasiones, seguido de la Constitución, con 21 vulneraciones, mientras que el propio Estatuto catalán no se respetó en 10 ocasiones.

El eurodiputado Enrique Calvet, consciente de la gravedad y las implicaciones que supondrían la veracidad de estos hechos que denuncia la Asociación Catalunya somos Todos, expone en esta pregunta presentada junto a su compañera Maite Pagazaurtundua, que “en Cataluña, en España, hay centenares de miles de ciudadanos europeos cuyos derechos y libertades son conculcados, personas que no pueden expresarse libremente, que son discriminadas, que sufren la prevaricación de sus autoridades, que son víctimas de injurias y amenazas. Acudir a los Tribunales no les garantiza protección alguna”.

El parlamentario, en su afán por salvaguardar los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, constata que en la Unión existe una gran preocupación por el respeto de los derechos y libertades de sus ciudadanos en los Estados miembros. Recuerda que en más de una ocasión el Parlamento Europeo ha invitado a la Comisión a emprender acciones contra aquellos Estados en los que estas vulneraciones son evidentes.

Ante la dramática circunstancia de que miles de ciudadanos hispano-catalanes son "víctimas del proceso separatista" que se está llevando a cabo en esta región española, Enrique Calvet plantea en su escrito dirigido a la Comisión: “¿Se podría iniciar una investigación a fin de contrastar la información facilitada? Si considerase que la vulneración es real, ¿cabría la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra España?”.
 
‘Catalunya Somos Todos’ analiza esta situación
Hasta 178 vulneraciones de la ley en el proceso separatista sólo en el 2016
La Gaceta 13 Febrero 2017

Los Mossos d’Esquadra excluyen el español de su página web; un ataque contra una sede de Ciudadanos en Hospitalet; Carles Puigdemont obvia al Rey y no jura ni promete la Constitución durante su toma de posesión; la Generalitat de Cataluña obliga a los médicos a hablar a los pacientes en catalán, una jueza sancionada por no entender el catalán… En total, se han registrado hasta 178 presuntas vulneraciones de la ley en Cataluña en nombre del procés a lo largo del 2016. Así se desprende del último análisis de Catalunya Somos Todos, una plataforma que lucha a favor de la unidad de España y pretende ser la voz de los catalanes que viven fuera de Cataluña y que sienten la necesidad de rebelarse “contra los intentos interesados de ruptura”. Su presidente es Jorge Amado.

El documento se titula Violencia e incumplimiento de la ley en el proceso separatista, ha sido realizado por juristas, y denuncia “la violencia, la manipulación, la falta de respeto a los símbolos y el ejercicio parcial de la autoridad”. Con el estudio esta plataforma pretende abrir ojos, ya que la Generalitat vende “un ‘procés’ pacífico, de inspiración casi gandhiana, una rebelión romántica en la que el pueblo es víctima de la represión por parte de una autoridad ilegítima, el Estado Español”. A raíz de este informe, el eurodiputado Enrique Calvet ha pedido a la UE que investigue las ilegalidades del 'procés'.

Catalunya Somos Todos destaca que “en demasiadas ocasiones la violencia pura y dura es la herramienta básica que el nacionalismo emplea para imponer sus postulados”, y exige medidas políticas y legales que permitan revertir esta terrible situación y “recomponer la democracia y las libertades, tan deterioradas” de un tiempo a esta parte.

Jorge Amado hace hincapié en que bajo la omnipresencia de un nacionalismo que quiere dar una imagen pacífica, tolerante y sobre todo victimista, existe una realidad diaria de exclusión social para todos aquellos que se atrevan a hacer pública su condición contraria al discurso único nacionalista, el único que parece ser políticamente correcto.

Denuncia la “limitación en el ejercicio de derechos tan básicos como el de la educación de los hijos en la lengua materna y oficial, la imposibilidad del uso del español como lengua vehicular en igualdad de condiciones que el catalán, la agresión o las amenazas físicas contra las personas y los símbolos y en general, la educación en el odio hacia todo lo que represente España, forman parte de la vida rutinaria de Cataluña, siempre con el acompañamiento o pasividad de algunos medios de comunicación influenciados por el régimen autonómico”.

Por último, Amado destaca que todo esto ocurre ante la “incomprensible falta de protección de quienes tienen la responsabilidad de amparar los derechos de todos y cuya inacción parece haber servido sólo para alentar al nacionalismo, instalado en las administraciones municipales e instituciones autonómicas, para ser ellos los primeros en el incumplimiento de la ley y la utilización del poder de manera sectaria, en favor de unos propósitos ideologizados y muy distantes del bien común”. Se refiere, por ejemplo, a que el ascenso al poder de los nacionalistas radicales y la radicalización de quienes antes se consideraban nacionalistas moderados que ya ejercían el poder en los ayuntamientos ha derivado en un fenómeno de “desobediencia desde arriba o desobediencia organizada”.
La vulneración de leyes cobra fuerza en octubre

Según este informe, a lo largo de 2016 se han recogido 59 casos -una media de 4,9 al mes- y un total de 178 vulneraciones de la ley. Entre ellos, figuran numerosas informaciones publicadas en La Gaceta, como el ataque al acto 'Nuestros Símbolos- Nuestros Derechos' de Societat Civil Catalana en Vilanova i la Geltru; el perpetrado a la casa de Albert Boadella en Jafre (Gerona); que los mossos impidieran el acto de presentación de un cómic no nacionalista; el boicot a un evento de Xavier García Albiol en Mataró; y el intento de militantes de la CUP de reventar un mitin de Ciudadanos.

Otras informaciones de este diario citadas son el ataque a Alicia Sánchez-Camacho en Vic el 'disparo' en la frente al Rey y a Mariano Rajoy juventudes de la CUP, y la llamada del 'ministro' de Exteriores Raül Romeva a acelerar el procés para desmilitalizar Cataluña.

Cabe destacar que este estudio refleja un descanso de incidentes en agosto y una mayor concentración de casos en octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional, y en diciembre, para recibir la llegada del nuevo Gobierno del PP. Además, indica que la provincia de Barcelona es el escenario favorito para la vulneración de la ley.

Catalunya Somos Todos también informa de que en la totalidad de estos 59 casos se ven afectadas hasta 21 normas del ordenamiento jurídico español. El Código Penal es el que se violó en más ocasiones (76) y en la que se ve afectado un mayor número de artículos (28). La segunda más violada es la Constitución Española, vulnerada en 21 ocasiones y con 11 artículos afectados, mientras que el tercer puesto lo ocupa la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Además, otras 9 leyes orgánicas, las destinadas a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, suman 25 artículos violados.

Según se desprende del análisis, el artículo 263 del Código Penal que hace referencia a los daños a la propiedad, es el más mencionado (16 veces). También el análisis de los distintos casos incluye la prevaricación un notable número de veces (7), el mismo de vulneraciones que sufrió el artículo referido al ultraje a España, a sus símbolos y a sus leyes. Además, por el número de vulneraciones cabe también destacar los delitos de injurias (5), amenazas (4), incumplimiento de resoluciones judiciales (4) y delitos contra la libertad de reunión (3).

De la Constitución Española indica que el artículo 20, que protege la libertad de expresión y todos los asuntos relacionados con ella, es el que sufrió más embates (5).
Significado político

El informe también señala que una media de 4,9 casos al mes indica que la primera conclusión es que en Cataluña, en nombre del nacionalismo, las normas que garantizan la convivencia, los derechos y las libertades se incumplen todas las semanas.

Para Catalunya Somos Todos, la “estacionalidad” de los casos demuestra que se trata de acciones perfectamente planificadas, no sólo en contenidos y objetivos, sino también por lo que respecta al momento en que deben ser ejecutadas.

Además, considera que las 14 violaciones del artículo 263 del Código Penal revelan una táctica organizada para infundir miedo y allanar así el camino hacia la secesión.

Respecto a que a lo largo del informe se encuentren hasta 7 referencias al artículo 404 del Código Penal, que define y establece las penas para los delitos de prevaricación, señala que “en efecto, la contribución de algunos cargos públicos al procés consiste en la toma de decisiones injustas a sabiendas para facilitar que las tesis separatistas se conviertan en una realidad de facto”.

También son 7 los casos en los que se cometieron ultrajes a España y a sus símbolos, y recuerda que quemar banderas de España o injuriar al Rey se ha convertido en un juego de niños.

Subraya que la impunidad ha envalentonado a los grupos radicales, les ha animado a divertirse ofendiendo el sentimiento nacional del resto de los españoles, y que la destrucción de España parece motivar más a estos grupos que la construcción de un nuevo Estado.

Asimismo, indica que el resto de vulneraciones del Código Penal sirve para seguir apuntalando el ‘procés’: injurias, amenazas, límites a la libertad de expresión, especialmente si es en español, y agresiones físicas pretenden, según esta plataforma, infundir el miedo y no sólo acallar cualquier atisbo de crítica, sino impedir a los ciudadanos que discrepan vivir del modo que ellos elijan”.

Refleja que la prevaricación, un delito que por definición sólo pueden cometer funcionarios y autoridades, se ha convertido también en una de las herramientas más utilizadas por los separatistas. Esta plataforma dice que Junto al incumplimiento de las resoluciones judiciales y la legislación sobre competencias que no son propias de la autonomía, sino del Estado, “este trío de artículos conforma la táctica de la desobediencia”.

Considera que la acumulación de delitos y casos recopilada en este informe permite ver de manera clara la estrategia del nacionalismo para conseguir su objetivo, que no es acudir a las urnas, sino utilizar éstas para legitimar la separación. “Así, nos encontramos con un pilar que podemos denominar institucional, que es el de la desobediencia a las leyes y a las decisiones judiciales, cuando no directamente la prevaricación en forma de incumplimiento o de permisividad ante éste”, apostilla.

Por otra parte, Catalunya Somos Todos destaca que se aprecia también un pilar que afecta al aspecto psicológico: las amenazas, los insultos o los ataques contra la libertad de expresión de quienes no profesan el separatismo. Apunta que el miedo es libre y que es muy legítimo que muchos de los que han sufrido estas presiones hayan preferido tirar la toalla, más aún cuando muchos en Cataluña se sienten abandonados por el resto de españoles, a los que precisamente dirige este informe "con el afán de apelar a su conciencia y recordar que no todos tenemos la misma suerte de gozar de la libertad de opinar en voz alta o ejercer ciertos derechos básicos, con independencia del lugar donde vivamos".

En el informe se habla también de un pilar que afecta a la seguridad personal: agresiones, daños contra la propiedad o de impedir violentamente la libertad de reunión. Pone como ejemplo los ataques contra las sedes de Ciudadanos y el PP y los boicots contra sus actos públicos, y recuerda que llevar una bandera de España o pedir que la Selección Española juegue en Barcelona ha dado lugar a “ataques de una violencia extrema contra quienes solo intentaban hacer uso de sus derechos”.

Asimismo, se refiere a un pilar simbólico. Critica que imponer la estelada sea tan importante como quemar la rojigualda, algo que se ha convertido en deporte. Lamenta que "como si se tratara de un sheriff del lejano oeste, algunos alcaldes han decidido imponer su ley en su territorio y han hecho que la bandera de España desaparezca de los balcones de los ayuntamientos".

Los pilares de la estrategia nacionalista
Esta entidad manifiesta que el nacionalismo catalán se presenta como Jano. Explica que una cara nos muestra el discurso oficial, el que formalmente consiste en exigir un referéndum, reclamar simplemente el derecho a votar sobre la separación, y que es el discurso institucional que el Gobierno catalán difunde en todos los medios y que ha llevado a la Unión Europea.

Desde el punto de vista formal dice que unas veces es victimista y otras es retador, y que se ofrece como una especie de apuesta que ignora todos los argumentos para dejar que el pueblo elija soberanamente, como si el mero hecho de pasar por las urnas convirtiera en buenas todas las decisiones.

La otra cara, la cara extraoficial y subterránea, es, según indica ‘Catalunya Somos Todos’, la de la imposición del miedo. Para esta asociación, atemorizando a quienes se oponen al procés, los nacionalistas catalanes pretenden acallar las voces críticas, desanimar a quienes se opongan a sus dictados. "Si en una cara el sujeto son principalmente las instituciones, en ésta lo son los militantes, ya que se trata de una presión social, si bien cuentan con el visto bueno de la parte institucional", añade. Pone como ejemplo un caso en el que los padres tienen que cambiar a sus hijos de colegio y mudar su residencia.

Esta entidad lamenta que el resultado de la combinación de ambas caras es la búsqueda de un “referéndum” en el que no puedan votar quienes han tenido que marcharse por la presión y en el que los opositores acudan a votar, si es que finalmente lo hacen, con miedo.

Este informe trata de demostrar que la violencia y la vulneración de las leyes en Cataluña no son una cuestión anecdótica. Es más, que forman parte inseparable del procés. Destaca que “como en la vieja teoría del árbol y las nueces, los estrategas del separatismo saben que imponer su voluntad resulta más difícil y más incómodo cuando los ciudadanos se ven amparados por los derechos". "Desde el secesionismo están convencidos de que reventar la Constitución y el resto de las normas acelerará el proceso de ruptura”, advierte también.
 


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