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Raíces del populismo y la demagogia
CARLOS DOMÍNGUEZ LUIS El Mundo 15 Febrero 2017
Hay quien dice que la historia es cíclica. El italiano Vico llegó a
crear una teoría, de corte idealista, basada en esta idea, según la
cual, en la historia de la sociedad se repiten sin fin unos mismos
estadios. Nietzsche y Spengler fueron más allá y defendieron la
tesis de la vuelta constante de la humanidad a su punto de partida.
Sin el glamour de los cimientos filosóficos, en el refranero español
-de sabiduría contrastada y reconocida- se encuentra un dicho
popular que también puede servir de punto de partida a estas líneas
y que reza así: "El hombre es el único animal que tropieza dos veces
en la misma piedra".
En los últimos días, y con ocasión de la llegada de Donald Trump a
la Casa Blanca, son muchos los analistas que han advertido de la
irrupción del populismo (o del nacional-populismo) en el trono del
poder civil por antonomasia a nivel mundial. Dentro de nuestras
fronteras, se ha subrayado, como elemento de desestabilización
política, la presencia de corrientes populistas en el Parlamento a
partir de las penúltimas elecciones generales.
Pero -conviene destacarlo- gran parte de los males que aquejan
actualmente a nuestro país no son nuevos. Ni patrimonio exclusivo de
estas tierras. Al revés, se trata de viejos problemas, padecidos,
con mayor o menor intensidad, por otras naciones y culturas en
diferentes momentos históricos. De hecho, hace muchísimos años,
estas mismas dolencias políticas que hoy detectamos ya ofrecían
manifestaciones evidentes en pueblos antiguos. Es inevitable, por
ello, que se aprecie con lógica decepción la incapacidad del ser
humano para evitar caer en errores idénticos o para articular
soluciones que tornen en inanes problemas similares y repetitivos.
La España actual transita por una innegable y jaleada recuperación
económica a la que algunos analistas y bancos de inversión ponen
fecha de caducidad. Sin embargo, ese tránsito se halla poblado de
fantasmas muy reales. Sin ir más lejos, una elevadísima deuda
pública -que hace tiempo superó el 100% del Producto Interior Bruto-
o un aumento constante de los impuestos, medida erigida en una
suerte de huida hacia delante que evita la pugna inminente con otras
realidades que, más pronto que tarde, llamarán a nuestra puerta: la
insostenibilidad de muchos servicios públicos y la imposibilidad de
mantener unas estructuras administrativas e institucionales que
siguen sin doblegarse frente a las recurrentes promesas de
adelgazamiento que hemos escuchado en los últimos años. Y ello sin
olvidar la persistencia de una clase política profesional, nutrida,
en gran medida, por efectivos de quienes se desconoce trayectoria
personal alternativa y preparación y cuya principal misión sigue
siendo permanecer bajo el paraguas de la res publica. Con estos
ingredientes, no es de extrañar que el plato del populismo esté
listo. Así ha sido siempre.
Echemos la vista atrás. Bastante. Hasta la época del imperio
ateniense. Un imperio esencialmente marítimo y conformado en torno a
las polis que necesitaban protección frente a la amenaza persa, las
cuales, a cambio precisamente de su seguridad, pagaban a Atenas
importantes contribuciones monetarias. Aunque parezca mentira, aquí
encontraremos la cuna del populismo y de su brazo dialéctico: la
demagogia.
Las arcas de ese imperio estuvieron rebosantes hasta la Guerra del
Peloponeso, con la que finalizará la hegemonía ateniense. Durante la
época de bonanza, las polis pagan con sus tributos la culminación de
la puesta en práctica de la democracia. ¿Cómo? Con la consagración
del primer ejemplo de profesionalización de la política.
En efecto, a partir de este momento, los ciudadanos pasarán a cobrar
un salario público por asistir a la asamblea o formar parte de los
tribunales, sin que tengan que preocuparse más por su profesión o
por procurarse medios de vida al margen de sus dedicaciones
oficiales. De este modo, el sostenimiento de la democracia ateniense
se hace tributario del mantenimiento de un imperio claramente
opresivo para quienes lo sufren y lo costean y del que sólo se
benefician, directamente, las clases dirigentes.
Sistemáticamente, los ciudadanos abandonan sus profesiones y se
entregan a la vida pública. Los esclavos son quienes les sustituyen
en las propiedades agrícolas, en los talleres artesanales, en las
actividades comerciales o en las obras públicas, supliendo, así, la
mano de obra libre que puede ahora ganar su salario, más
cómodamente, en labores oficiales. A la vez, la dependencia de
Atenas del alimento exterior crece de forma exponencial.
Ahora bien, de la gran masa ciudadana que se dedicaba a la cosa
pública, sólo un grupo muy pequeño contaba con la necesaria
información y preparación técnica necesarias para la dirección
política y económica de Atenas. Además, el voto de esta élite en la
asamblea resultaba irrelevante, dado que las leyes y las principales
decisiones requerían la aprobación de una multitud mal informada y
fácilmente influenciable. De ahí que cobre máxima relevancia la
retórica, es decir, la capacidad para convencer a un auditorio a la
hora de votar en un determinado sentido.
He aquí la gran contradicción de la democracia ateniense. Es verdad
que, a diferencia de otros pueblos, Atenas erradicó el poder
tiránico o individual y entregó éste al pueblo (al demos). Sin
embargo, la falta de preparación técnica de la masa convirtió la
democracia ateniense en caldo de cultivo de oradores hábiles y sin
escrúpulos. Nace, así, el demagogós, esto es, el que arrastra al
demos.
El demagogo no tenía en aquella época -ni tiene en la actual- más
objetivo que sacar adelante las propuestas que le interesan. Sus
técnicas de convencimiento se basaban en halagar al pueblo como
fuera, con tal de llevárselo a su terreno. No tardaron, empero, los
demagogos en convertirse en políticos corruptos, que cedían a los
sobornos y a las presiones. Consagraban su vida al juego político,
pero permanecían ajenos a la valoración de sus actuaciones en
términos éticos. Sólo les interesaba el poder y el mantenimiento de
su estatus.
Dentro de este contexto, triunfar en política exigía crearse una
imagen, cultivarla adecuadamente, preservarla de escándalos y
prodigarla en los espacios públicos, para poder utilizarla en la
asamblea como plataforma de particulares intereses. En la asamblea,
tras escuchar los distintos discursos, los ciudadanos se limitaban a
elegir entre las imágenes que se les presentaban, todas ricas en
promesas y garantías de porvenir y cada vez más refinadas en lo
atinente a los recursos empleados para lograr el objetivo del
convencimiento de la masa.
La política se transformó, de este manera, en una competición de
rivales en busca del poder y de la influencia. Una competición, la
mayor de las veces, vacía de contenido, virtual y que, desde luego,
no sirvió para cimentar de forma decisiva la democracia. Antes al
contrario, implicó el tránsito de la polypragmosyne o participación
intensa en la actividad política, a la apragmosyne, es decir, la
ausencia de participación o desencanto por la política. En suma, el
principio del fin.
Resulta llamativo que fenómenos acaecidos cuatro siglos antes de
Cristo suenen, sin embargo, tan actuales hoy. La demagogia y el
populismo que ahora se denuncia con tanta insistencia -no sólo en
nuestro país- nacen de los mismos manantiales que hace más de dos
mil años: la elevada tributación y la configuración de una clase
política profesional, que no reduce sus dimensiones, sostenida por
fondos públicos, cada vez más desconectada de la sociedad,
escasamente formada por lo general y en la que cuesta detectar una
preocupación prevalente por el interés general respecto del objetivo
básico de seguir ahí, aunque cambie la tarjeta de visita.
El problema es que, como el mal no es nuevo, ya sabemos hacia donde
nos conduce.
Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado (excedente) y socio de
Business & Law Abogados.
MAFO es culpable
José García Domínguez Libertad Digital 15 Febrero 2017
Apenas sesenta días después de que MAFO hubiese aterrizado en el
Banco de España (marzo de 2006), la asociación de inspectores de esa
institución envió una carta al entonces ministro Pedro Solbes
denunciando "la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del
Banco de España (...) ante el insostenible crecimiento del crédito
bancario en España durante los últimos años" y alertando de la
necesidad imperiosa de "evitar, en lo posible, que las consecuencias
de los errores cometidos por las entidades [crediticias] acaben
siendo transferidas, de una manera u otra, a la sociedad en su
conjunto". Huelga decir que ni Solbes ni MAFO les hicieron el menor
caso. Solo o en compañía de otros, la genuina misión de MAFO al
frente del instituto emisor fue endosar a los contribuyentes la
factura de las bancarrotas financieras en curso. Así, merced a su
impagable ojo clínico, lo dejó todo atado y bien atado para que,
pasase lo que pasase en el futuro inmediato, el peso de las quiebras
recayera sobre el pueblo soberano.
Si en algún momento se llegasen a nacionalizar las cajas, tal como
en efecto ocurrió, el Estado perdería; pero si se optara por no
nacionalizarlas, y ahí radicaba la gracia del asunto, el Estado
perdería igual. ¿Por qué no dejar caer a aquellos muertos vivientes
sin quebranto para el Estado?, se preguntaron algunos inocentes
liberales en su momento. Pues por la sencilla razón de que las
pérdidas ya le habían sido endosadas mucho antes gracias a la muy
generosa liberalidad de MAFO con el dinero del prójimo. Y es que,
ante la firme decisión de MAFO de regalar nuestro dinero a los
gestores de las cajas en bancarrota, de nada serviría aquella
cláusula del Real Decreto Ley 7/2008, de 13 de Octubre que de modo
expreso permitía excluir de sus beneficios a las entidades de
crédito que el regulador, o sea el gobernador del Banco de España, o
sea MAFO, estimara oportuno. Pero lo único que estimó oportuno MAFO
fue tirar el dinero de los contribuyentes a la basura. Los
ciudadanos, hubiera o no rescate, estábamos condenados a pagar el
estropicio de Bankia porque, solo o en compañía de otros, MAFO así
lo había decidido.
No se olvide que fue el Ejecutivo de Zapatero quien, a través del
decreto citado, ordenó socializar las pérdidas presentes y futuras
de la banca. Un asunto bien sencillo, por lo demás. El Estado, vía
esa norma, otorgaba su precioso aval para que las entidades de
crédito emitiesen títulos de deuda destinados a ser comercializados,
sobre todo, en los mercados internacionales. En consecuencia, si la
entidad en cuestión se iba a pique sería el Estado español quien
cargase con la obligación de devolver el dinero a sus acreedores.
Gracias a MAFO, pues, toda la porquería que figuraba oculta en el
balance de Bankia un segundo antes de la quiebra ya estaba
garantizada por el bolsillo de los contribuyentes. Tan tarde como en
2010, Bankia emitió deuda corporativa por un monto no grande, no
enorme, no extraordinario, no asombroso, sino simplemente sideral:
nada más y nada menos que 31.406.000.000 euros. MAFO, por supuesto,
pudo imponer todos los requisitos de solvencia que considerase
oportunos antes de prestar su aval a operación tan temeraria para la
sostenibilidad misma de las cuentas del Estado. Pero, ¡ay!, el
caballero no lo consideró oportuno. Sencillamente, no le dio la
gana. ¿Solo o en compañía de otros?
La izquierda tiene una deuda con MAFO
Pablo Molina Libertad Digital 15 Febrero 2017
El fuerte del, llamémosle, pensamiento izquierdista no es
precisamente la coherencia. De hecho, la falta de rigor es el
elemento fundamental para seguir enarbolando un discurso que, a
todas luces, está fuera de la realidad. Los hechos se sustituyen por
los dogmas y los datos por los prejuicios. Es la única manera de
combatir al capitalismo mientras se disfruta de sus bondades, o de
luchar contra la especulación inmobiliaria mientras se forra uno
vendiendo viviendas protegidas.
El caso de las cajas de ahorro es otro de esos ejemplos en que la
izquierda demuestra una incongruencia sideral y muy poca vergüenza,
dicho sea esto último en los dos sentidos de la expresión. Porque si
algo han defendido y defienden todos los izquierdistas es la
necesidad de una banca pública dirigida por políticos, para mantener
la función de las instituciones financieras al margen del lucro
capitalista. Pues bien, precisamente la persona que más ha hecho en
los últimos años por preservar a toda costa ese modelo de banca
pública es la que podemitas, comunistas y sociatas quieren ahora
arrastrar al cadalso como enemigo número uno de "los de abajo".
MAFO impidió la quiebra de las entidades públicas que estaban en
números rojos aun a costa de poner en peligro a otras más solventes.
Él fue el que trató de mantener a flote el modelo de las cajas de
ahorro a cualquier precio, evitando su privatización cuando aún
estaba a tiempo. Él fue, en fin, el que puso las bases para que el
Estado, y no los agentes privados, se hiciera cargo del mastodonte
financiero gestionado por los políticos (o sea, el pueblo).
El gobernador del Banco de España en los tiempos de ZP hizo todo lo
que la izquierda recomienda en situaciones de crisis económica:
aumentar el gasto público y evitar cualquier privatización. Los
podemitas deberían, por tanto, sacar su póster en el Parlamento en
lugar de reprobarlo como está haciendo estos días de manera harto
ruin. MAFO es de los suyos. Tanto como Alfon y Bódalo, otros dos
luchadores por la libertad.
De Gürtel a Pujol
La Justicia, entre el ensañamiento y la
impunidad
La Gaceta 15 Febrero 2017
El abogado Miguel Durán señala que la sentencia del TSJ de Valencia
evidencia una “lamentable quiebra del estado de Derecho”.
En 2009 era detenido Francisco Correa, presunto cabecilla de la
trama Gürtel, que fue enviado a prisión, donde pasó más de tres años
de forma preventiva hasta que, en 2012, salió bajó fianza de 200.000
euros. Este martes eran enviados a prisión los tres presuntos
cabecillas -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- después
de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia confirmara la
petición de la Fiscalía sin esperar a que el Supremo confirmara la
sentencia de más de 10 años de prisión. El caso que se juzgaba en
esta condena concreta supone cinco millones de euros defraudados.
Toda la trama Gürtel una cantidad defraudada de 120 millones.
En 2012 la Audiencia Nacional abría una investigación, la de la
familia Pujol, que, si bien al principio señalaba a Jordi Pujol
Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, se extendía después al
expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, su mujer y varios de
sus hijos. Era el inicio del caso Pujol, donde se investigan delitos
de carácter grave (blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública
y de falsedad en documento mercantil) relacionados con el ingente
patrimonio acumulado por la familia en Andorra. El dinero
presuntamente defraudado en el caso Pujol ascendería, según los
cálculos publicados en 2016, a más de 1.000 millones de euros que la
familia Pujol-Ferrusola tendría repartido en más de 20 paraísos
fiscales. Todos los miembros de la familia están imputados por
distintos delitos de corrupción pero ninguno ha pisado la cárcel.
Otros casos de corrupción, Malaya (2.400 millones), caso Edu
(2.000), caso EREs (1.200)… hacen inevitable la comparación. ¿Actúa
la Justicia con igual contundencia en todos los casos?
Veamos el análisis que hacía el abogado de Pablo Crespo, Miguel
Durán, de la decisión del Tribunal.
“Es una decisión que nos consta que ya estaba predeterminada, de
nada servían los argumentos sólidos que hemos presentado”.
¿Predeterminada? Sí, porque a juicio del abogado “los argumentos que
da el tribunal son tan endebles que se ve claramente que están
predeterminados. Es un seguidismo absoluto del Ministerio Fiscal”,
señala, que evidencia una “lamentable quiebra del estado de derecho
cuando un tribunal como éste adopta decisiones que están muy lejos
del mínimo sentido de la proporción”.
Y es que, a juicio de Durán, decretar esta medida de prisión
anticipada -un caso muy excepcional- aduciendo riesgo de fuga es
“absolutamente absurdo” teniendo en cuenta que Pablo Crespo,
defendido de Durán, lleva cinco años en libertad y ha estado siempre
a disposición judicial… “Nosotros hemos ofrecido unas medidas
alternativas como la localización permanente, que es mucho menos
gravosa para el acusado”, explica el abogado, que cifra ya sus
esperanzas para recurrir esta medida de prisión, no en el recurso de
súplica ante el propio tribunal - “sabemos que va a seguir en la
misma tesitura”- sino el recurso de amparo ante el Constitucional.
La pregunta es inevitable. ¿Es la Justicia igual para todos? ¿Qué
pasa si comparamos? "Las comparaciones son siempre odiosas, porque
sobre todo, le dan a uno la seguridad de que aquí no se utiliza el
mismo rasero para todo el mundo”. Así de rotundo.
Las ocho CCAA que incumplirán el objetivo
de déficit del 0,6% este año, según la AIReF
La AIReF ve "improbable" o "muy improbable" que ocho regiones
cumplan el objetivo de déficit del 0,6% del PIB fijado para este
año.
Lm/Agencias Libertad Digital 15 Febrero 2017
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve
"improbable" o "muy improbable" que ocho comunidades autónomas
cumplan el objetivo de déficit marcado para las regiones en el 0,6%
del PIB este año. En concreto, ve "improbable" el cumplimiento en
Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y
considera "muy improbable" que Aragón, Cantabria, Extremadura y
Murcia alcancen el objetivo.
Así figura en el Informe de Líneas Fundamentales de los Presupuestos
y Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2017:
comunidades autónomas, publicado por el organismo este martes, en el
que analiza un total de 15 regiones y considera que, a pesar de que
en ocho comunidades es improbable el cumplimiento, ve "factible" que
el conjunto del subsector alcance el objetivo de déficit del 0,6%.
En detalle, la AIReF considera "muy probable" el cumplimiento del
objetivo por parte de Canarias, y "probable" en el caso de las
comunidades de Andalucía, Islas Baleares y Galicia, en tanto que
considera "factible" que Asturias, la Comunidad de Madrid y La Rioja
sean el resto de regiones cumplidoras con la meta de estabilidad del
0,6% del PIB. Por el contrario, ve "improbable" el cumplimiento en
Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y
considera "muy improbable" que Aragón, Cantabria, Extremadura y
Murcia alcance el objetivo.
Con independencia de la valoración de alcanzar el objetivo fijado,
en tres comunidades prevé un déficit bastante inferior al del
objetivo del 0,6% del PIB marcado, como son Canarias (0,2%), La
Rioja (0,1%) y Navarra (0,4%). Sin embargo, la AIReF solo considera
"probable" que Canarias pueda alcanzar ese déficit y "muy
improbable" que lo alcancen tanto La Rioja como Navarra. Además, el
organismo constata una mayor vulnerabilidad macro-fiscal en
Cataluña, Cantabria y Extremadudra.
En su informe, la AIReF explica que la situación de un Gobierno
central en funciones en buena parte de 2016 alteró el calendario de
presentación de las comunidades autónomas ante la falta de
conocimiento del objetivo de estabilidad al que tenían que ajustar
sus cuentas y al no contar con la información sobre los recursos del
sistema de financiación de los que dispondrían para 2017.
De hecho, quedan pendientes de evaluación individual las comunidades
de Castilla y León y País Vasco, de las que el organismo todavía no
ha recibido información, si bien ha realizado una estimación de su
situación fiscal de cara a poder realizar una primera valoración del
conjunto del subsector. En esa valoración preliminar, País Vasco se
situaría en un escenario de "probable" cumplimiento, mientras que
para Castilla y León lo ve "factible".
Desviación de una décima
El escenario central de la AIReF sitúa el déficit una décima por
encima del objetivo fijado y descansa en la hipótesis de que se
produzca una actualización de los recursos del sistema de
financiación comunicados por el Ministerio de Hacienda en octubre en
un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE).
Fuentes de la AIReF explicaron que el escenario previsto para las
regiones es coincidente con el de la mayor parte de comunidades
autónomas, si bien matizaron que si el Ministerio de Hacienda no
actualiza las entregas a cuenta del sistema de financiación
autonómica y mantiene las comunicadas el pasado mes de octubre, la
valoración del organismo "empeoraría y pasaría de factible a
improbable". El impacto de la actualización de las entregas a cuenta
es de unas dos décimas, según el organismo.
En este sentido, la AIReF incide en la no utilización de las
"palancas" con las que cuenta Hacienda en el ámbito de la aplicación
del marco de disciplina fiscal y del diseño de las reglas fiscales.
"La fijación de objetivos de estabilidad diferenciados, la
aplicación rigurosa de la regla de gasto, sin consolidar hacia
delante los incumplimientos pasados, así como el diseño de un marco
de actuación plurianual en el que los Planes Económico-Financieros
(PEF) jueguen un papel sustantivo y no solo formal como hasta ahora,
permitirían aumentar la probabilidad de cumplimiento del objetivo
fijado", apunta el informe.
El empleo crecerá un 3%
Asimismo, la AIReF prevé un crecimiento superior al 4% de los
recursos del subsector respecto al nivel estimado para 2016,
manteniendo su peso en el PIB nacional, pero advierte de que, de no
actualizarse los recursos del sistema de financiación, reduciría en
dos décimas su peso sobre el PIB respecto al mantenido en 2016, con
un crecimiento ligeramente inferior al 3% respecto a 2016.
En cuanto al empleo, los puestos de trabajo del subsector podrían
crecer en torno a un 3% respecto al año pasado, reduciendo una
décima su peso sobre el PIB, con una evolución marcada por el
aumento previsto de los gastos corrientes, en torno a un 3% sobre el
nivel estimado para 2016, basado en la evolución del gasto sanitario
y educativo estimado por el organismo.
En relación a la regla de gasto, aprecia que la evolución esperada
del gasto, con un incremento de en torno al 3%, pudiera ser
compatible con una evolución del gasto computable del 2,1% fijado
como tasa de referencia para 2017. Sobre el límite de deuda, la
AIReF ve "riesgos altos" en Baleares y Extremadura y "muy altos" en
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, y
advierte de la "alta dependencia" de los mecanismos de financiación
públicos y riesgos significativos para atender las necesidades en su
ausencia.
Recomendaciones
Ante estas previsiones, la AIReF insiste en la necesidad de hacer
uso de los mecanismos preventivos de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), promoviendo la
implicación del interventor autonómico en el seguimiento de la
ejecución presupuestaria y agilizando la actuación de Hacienda en
caso de apreciarse riesgos claros de desviación. Concretamente, para
las cuatro CCAA en las que cree "muy improbable" alcanzar el
objetivo, desde la AIReF se insta a Hacienda a activar la
formulación de advertencia de riesgo de incumplimiento, en
aplicación del artículo 19 de la LOEPSF.
Asimismo, para las regiones que han presupuestado recursos del
sistema de financiación por encima de los importes comunicados en el
mes de octubre por Hacienda, en un contexto de prórroga
presupuestaria, recomienda una ejecución "prudente en tanto no se
conozca si estas cantidades van a ser objetivo de actualización,
reteniendo crédito por la diferencia entre las previsiones
presupuestarias y los recursos cuantificados en un contexto de
prórroga presupuestaria.
El organismo presidido por José Luis Escrivá insta a las CCAA a que
adopten retenciones de crédito para ajustar el gasto a los recursos
actualmente recibidos, de forma que de manera preventiva se tendrían
que retener créditos a todas las regiones, salvo a Canarias y
Baleares, al ser las regiones que han presupuestado una cantidad
mayor que los recursos que Hacienda indicó en octubre que se
recibiría.
En relación a la regla de gasto, la AIReF continúa observando
"problema de interpretación cálculo" por parte de las comunidades,
por lo que, sin perjuicio de que se haga una revisión de esta regla
en profundidad, insiste en que Hacienda realice el necesario
desarrollo reglamentario para solucionar los problemas concretos de
su aplicación.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Cataluña, bajo el imperio del golpismo
secesionista
EDITORIAL Libertad Digital 15 Febrero 2017
Una cosa no se puede negar a los golpistas catalanes, y es la
solemnidad y celeridad con la que desde 2012 muestran su nula
voluntad de acatamiento a cuantas resoluciones judiciales pretendan
ser obstáculo al proceso separatista. Así, sólo pocas horas después
de que el Tribunal Constitucional anulara este martes la ilegal
resolución aprobada en otoño por el Parlamento regional en la que se
planteaba la celebración de una nueva consulta secesionista en
Cataluña en 2017, la portavoz de la Generalidad –y consejera de
Presidencia–, Neus Munté, convocó una rueda de prensa para dejar
claro que la decisión del TC no alterará "en nada" la "voluntad
inequívoca" de la Generalidad de avanzar en el proceso secesionista,
que comprende la convocatoria de un nuevo referéndum en septiembre.
No sería de de extrañar que esta resolución del TC acabe también en
papel mojado, tal y como sucedió con las desobedecidas sentencias
que trataron de anular la inmersión lingüística, la celebración del
9-N, la declaración soberanista del 9 de noviembre de 2015, la
tramitación de las ilegales "leyes de desconexión de Cataluña con el
Estado español" o la que no menos vanamente trató de suspender la
Consejería de Exteriores de la Generalidad.
Lo cierto es que el orden constitucional sigue sin ser restablecido
en Cataluña, y nada parece que vaya a cambiar mientras el Gobierno
de España siga consintiendo que los golpistas detenten el poder en
el Principado y tapando financieramente los agujeros que deja el
procés a través del FLA. Más aun si en el ámbito judicial los
golpistas sólo se arriesgan a penas de inhabilitación para cargo
público, que, llegado el caso, aun estaría por ver que el Ejecutivo
de Rajoy se atreviera a ejecutar.
En este sentido, el acoso y los insultos que ha denunciado la fiscal
Magaldi no dejan de ser un episodio tristemente lógico en una región
donde desde hace tiempo no impera más ley que la que dictamina el
golpismo secesionista. Así las cosas, ¿a quiénes van a obedecer los
funcionarios en Cataluña?
Para acabar con esa involución, habría que forzar el cumplimiento de
las leyes y las sentencias, y dar la batalla de las ideas en contra
de un discurso nacionalista absolutamente dominante en Cataluña.
Lamentablemente, ese Gobierno de la Nación a la altura de sus
responsabilidades y contundente a la hora de restablecer el orden
constitucional ni está ni se le espera. Sobre todo, en Cataluña.
¿‘Déjà vu’? Catalunya versus Euskadi
Mikel Buesa Libertad Digital 15 Febrero 2017
Contemplar retrospectivamente la trayectoria independentista del
Partido Nacionalista Vasco en los albores del siglo XXI mientras se
observan los acontecimientos separatistas en Cataluña constituye un
ejercicio no exento de interés. Parece como si la historia se
estuviera repitiendo una vez más, tal vez como tragedia, tal vez
como farsa, a la manera que, en El 18 brumario de Luis Bonaparte,
Marx atribuyó a Hegel. En ambos procesos encontramos los mismos
elementos, aunque su orden cronológico los diferencia de forma
evidente. En Euskadi, Ibarretxe se adentró en la secesión para hacer
honor al Pacto de Lizarra que su partido había firmado con ETA, toda
vez que su predecesor en la presidencia del Gobierno vasco –José
Antonio Ardanza– había renunciado a hacerlo, y de paso a la
Lehendakaritza. Y para ello, una vez reelegido en los comicios de
2001, empleó toda una legislatura para dar forma al Estatuto
Político de la Comunidad de Euskadi, comúnmente denominado Plan
Ibarretxe, que el Parlamento vasco aprobó en su última sesión de
2004. Se trataba del texto jurídico que había de arbitrar la
separación de España para dar lugar a una nación independiente, y
que en febrero de 2005 sería abrumadoramente rechazado por el
Congreso de los Diputados. Nada parecido se encuentra en el procés
català, en cuyo arranque hay que anotar una confusa consulta
independentista municipal realizada en 2009 –el mismo año en el que
el nacionalismo vasco emprendió el camino de vuelta, una vez
derrotado y apartado del poder en la conducción del País Vasco–,
aunque el pistoletazo de salida se diera al año siguiente, cuando el
Tribunal Constitucional enmendó del estatuto de autonomía pergeñado
entre Pasqual Maragall, Artur Mas y José Luís Rodríguez Zapatero. El
procés se concibió fundamentalmente como una extensa campaña de
propaganda en la que los tópicos del nacionalismo, con su promesa de
enriquecimiento para los catalanes, toda vez que la independencia
habría de librar a Cataluña del expolio español, afloraron en un
sinnúmero de manifestaciones populares y declaraciones
institucionales. Una campaña que habría de culminar en un referéndum
de independencia para dar paso, una vez establecida ésta, a la
redacción de una Constitución republicana.
Por cierto, que, en el curso del Plan Ibarretxe, una vez expresado
el rechazo del Parlamento español, también se planteó un referéndum
–en el año 2008– que habría de realizarse de acuerdo con una norma
aprobada al efecto por la Cámara de Vitoria. El caso es que esa Ley
de Consultas fue declarada inconstitucional por el Tribunal
Constitucional, y ello impidió la convocatoria correspondiente, toda
vez que Ibarretxe no se atrevió a contravenir su sentencia. Digamos
también que el lehendakari tampoco fue capaz de arriesgarse a ir a
la independencia por la vía de los hechos, para lo que le hubiese
bastado publicar su Estatuto Político en el boletín oficial de la
comunidad autónoma, tal como estaba previsto en la propia norma.
Pero en Cataluña el referéndum sí se realizó –ilegal, camuflado y
sin la menor garantía democrática– el 9 de noviembre de 2014. Es
cierto que ello no satisfizo las necesidades de legitimación del
secesionismo catalán y que, por tal motivo, sus promotores tuvieron
que improvisar una realimentación del proceso convocando las que se
pretendieron como unas "elecciones plebiscitarias", cuya celebración
tuvo lugar casi un año más tarde.
Las elecciones plebiscitarias también estuvieron presentes en el
caso de Euskadi, pues cuando Ibarretxe, en aquella soledad casi
radical con la que se enfrentó a la votación del Congreso de los
Diputados, vio cómo se rechazaba su Estatuto, decidió convocarlas
para el 17 de abril de 2005. Esta fecha marcó un hito muy relevante
para el partido sabiniano, pues el retroceso experimentado por el
PNV –que se presentó coaligado con Eusko Alkartasuna– resultó ser el
comienzo del camino hacia la pérdida del poder, lo que ocurriría
cuatro años más tarde, y también de la hegemonía del nacionalismo,
pues no le quedó otra posibilidad que depender del apoyo parcial de
los epígonos de ETA, entonces representados por el Partido Comunista
de las Tierras Vascas. El paralelismo con el caso catalán es obvio,
pues en las elecciones de 2015 –de cuyo carácter plebiscitario
parece haberse olvidado su promotor– el partido de Artur Mas resultó
arrasado y su poder minorado, quedando en manos de una coalición
precaria cuya capacidad de sacar adelante la acción legislativa está
siempre pendiente de la Candidatura de Unidad Popular –una especie
de Batasuna a la catalana–.
En Euskadi, el momento decisivo para la independencia llegó, como he
señalado, en 2008. El PNV no se atrevió a llevar adelante la ruptura
y emprendió la ruta de retorno, en la que se pasó cuatro años
apartado del poder y cuatro más contestado en su hegemonía por el
partido de ETA –EH Bildu–, principalmente en Guipúzcoa, de manera
que sólo en 2016, tras las elecciones autonómicas, vio restaurada su
posición tradicional. Para ese momento había repudiado la
independencia y renovado su discurso reclamando para el País Vasco
la condición de "nación foral" –o sea, de territorio privilegiado
dentro de España, pues la foralidad sólo es posible si la nación se
subsume como grupo diferenciado en la estatalidad española, como
marca la tradición de las Leyes Viejas–, aclarando para su parroquia
que dentro de la Unión Europea no es posible arbitrar secesión
alguna y que a lo que cabe aspirar es a renovar, con progresos en el
autogobierno, el Estatuto de Gernika dentro del marco de la
Constitución española.
En Catalunya ese instante rotundo parece que vaya a llegar en los
próximos meses. ¿Será entonces un déjà vu de lo acontecido hace casi
una década en el País Vasco? ¿Se verá cómo los nacionalistas se
encogen ante el insondable abismo que se abre ante ellos? Son muchos
los que apuestan a que así ocurrirá, y entre ellos no faltan quienes
gobiernan España. Pero sería preferible atenerse a los precedentes,
y éstos no son los de la caballerosa retirada de los vascongados
sino los de la vociferante turba de los separatistas conversos que
han tomado como por asalto las instituciones del Principado.
Lo que busca el 'procés': un acto de fuerza
del Estado
Ignacio Varela elconfidencial.com 15 Febrero 2017
Hace unos días, Lluís Bassets publicó en 'El País' un artículo
valiente con un gran título: “Si no es legal, no es democrático”. Es
difícil meter tanto contenido en solo siete palabras.
Pueden existir leyes sin democracia, pero no existe democracia donde
la ley no se respeta. Esa afirmación toca directamente el núcleo del
conflicto político que hoy atraviesa el mundo: la batalla entre la
democracia representativa y las distintas modalidades de
nacional-populismo que se introducen en ella para reventarla desde
dentro.
¿En qué se parecen Donald Trump, Cristina Kirchner, Nicolás Maduro,
Vladímir Putin y Artur Mas? En casi nada, dirán ustedes: personas
diferentes en diferentes contextos. Sin embargo, todos ellos
encarnan variantes de gobiernos nacional-populistas. Y la
experiencia demuestra que el nacional-populismo en el poder presenta
en cualquier lugar tres rasgos comunes:
Primero, construye regímenes contaminados por la corrupción.
Segundo, pretende imponer su voluntad política (esgrimida como la
voluntad del pueblo) por encima del principio de legalidad.
Tercero, ambos propósitos conducen a un choque frontal con aquel
otro poder cuya función es precisamente garantizar la aplicación de
las leyes: el poder judicial.
Todos los gobiernos nacional-populists sin excepción terminan
enfrentándose a la Justicia y tratando de someterla. El resultado de
ese combate marca el destino de la democracia.
El primer obstáculo serio que Trump ha encontrado en su proyecto
autocrático son los jueces, resueltos a cumplir la tarea de
preservar la Constitución. Ellos serán, ya lo verán, el bastión más
firme de la resistencia en aquel país. Cristina Kirchner empezó a
perder cuando se lanzó a copar el poder judicial (un recuerdo para
el fiscal Nisman, por favor) en busca de impunidad para ella y sus
secuaces. En Venezuela y en Rusia, por el contrario, el poder
político ha logrado someter a la Justicia; y por ello en esos dos
países la democracia está herida de muerte.
El problema nuclear del 'procés' catalán no es que la aspiración
independentista sea más o menos justa y razonable, eso forma parte
del debate político. Pero hay una cuestión previa: que tal como lo
plantea el Gobierno de Cataluña, es manifiestamente ilegal. Y por
tanto, no democrático. Hablan mucho de los casos de Escocia y de
Quebec, pero siempre olvidan que esos dos referendos fueron posibles
porque encajaron en el marco constitucional. De lo contrario, ni el
Gobierno británico ni el canadiense los habrían consentido. Entre
otras razones, porque no lo habrían permitido los jueces.
Desde el instante en que se declaran dispuestos a imponer su
voluntad desbordando los límites de la ley, el Gobierno y la mayoría
parlamentaria de Cataluña se meten y nos meten en un callejón sin
salida. Si de verdad quisieran hacer viable su aspiración, aunque
fuera a largo plazo, estarían trabajando por una reforma
constitucional que habilitara un camino hacia ella. Al despreciar
esa vía y tomar la de los hechos consumados, saben de antemano que
tendrán enfrente a un Gobierno de España imposibilitado de negociar
en esos términos y a un poder judicial obligado a frenarlos.
El espectáculo de unos energúmenos insultando a la fiscal de
Barcelona por el mero hecho de hacer su trabajo (“fascista, eres una
mierda, vete de Cataluña”), bajo la complaciente protección del
Govern de Cataluña, se parece demasiado al de los mafiosos de La
Cámpora kirchnerista amenazando en la calle a los jueces que
investigaban los múltiples delitos de la presidenta y su 'familia'.
O a los intimidatorios tuits de Donald Trump que ponen en riesgo la
integridad física de los jueces que paralizan sus
anticonstitucionales decretos contra los inmigrantes.
Los gobernantes de Cataluña ponen al Estado español (al Gobierno, a
la Justicia y al Parlamento) ante la opción infranqueable de ignorar
la ley o recurrir a la fuerza para hacerla cumplir. Reflexionando
sobre ello, he llegado a la conclusión de que lo que buscan es
precisamente esto último. Han decidido llevar el conflicto al punto
de obligar al Estado a realizar una acción de fuerza que haga saltar
el 'statu quo' y legitime una respuesta insurreccional.
El problema político de fondo es el empate insoluble en la sociedad
catalana entre los que quieren separarse de España y los que quieren
seguir formado parte de ella. Pueden ponerse las urnas mil veces: de
una u otra forma, siempre se reproducirá la misma situación. No es
un conflicto entre España y Cataluña, sino esencialmente un problema
entre catalanes a ambos de la zanja con la que sus insensatos
gobernantes han dividido a esa sociedad.
¿Cómo se rompe el empate? Puesto que el independentismo catalán
carece de la fuerza física para imponer su solución, trata de
extremar la provocación hasta crear una situación de hecho que
induzca al Estado a ser él quien emplee la fuerza. Ello dispararía
una espiral de victimismo —el motor histórico del nacionalismo— que
probablemente desequilibraría la balanza en la sociedad catalana y
justificaría una ruptura unilateral “en legítima defensa”.
Imaginen —les aseguro que esto se está estudiando— que Puigdemont
decide convocar simultáneamente el referéndum sobre la independencia
y las elecciones (formalmente autonómicas, pretendidamente
constituyentes). Estaríamos ante un dilema endiablado: unas
elecciones legales y un referéndum ilegal en la misma jornada, con
los mismos colegios electorales y dos urnas en cada mesa.
Lógicamente, el Tribunal Constitucional ordenaría al Gobierno de
España que impidiera el referéndum sin obstaculizar las elecciones.
Pero ¿cómo se hace eso? ¿Se consiente el desafuero? ¿Se envía a la
Guardia Civil a los colegios electorales para que retiren una de las
dos urnas? Se diría, con razón, que se había violentado la jornada
electoral. ¿Qué deberían hacer los ciudadanos que reconocieran la
legitimidad de las elecciones pero no la del referéndum? ¿Cómo se
interpretarían los resultados de esas dos votaciones enredadas?
En todo caso, una acción coercitiva del Estado tendría un efecto
irreversible: cualquiera que fuera la salida a corto plazo, España
habría perdido afectivamente a Cataluña para siempre. La
desconexión, en su vertiente emocional, estaría consumada.
Ya que yo no puedo pegar, voy a obligarlos a que me peguen. Están en
eso, de otra forma no se entiende su comportamiento. Más vale que
cuando llegue el día, la respuesta en defensa de la ley esté
meditada, calibrada y, a ser posible, acordada.
Inaceptable acoso a la justicia
EditorialLa Razon 15 Febrero 2017
Que la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, haya tenido que
explicar en una comparecencia pública el acoso al que fue sometida
tras una de las sesiones del juicio por el 9-N, explica por sí solo
el desprecio que el independentismo está mostrando hacia la
Justicia.
Los manifestantes que acompañaron y aclamaron a Artur Mas hasta el
Palacio de Justicia el pasado día 6 gritaban «fuera, fuera, fuera,
la justicia española», que no es el mejor ejemplo que puede dar un
ex presidente de la Generaliverque –por lo menos por vivir de una
pensión pública y otras prestaciones del Estado– debería dar ejemplo
de que sin defensa de la legalidad no hay democracia, ni española,
ni catalana, ni de ningún otro lugar.
No es extraño, pues, que exaltados, incluso pacíficos
independentistas imbuidos de la religión nacionalista más
intolerante, actúen contra un principio tan elemental como cumplir
la Ley, lo único que nos hace iguales a todos los ciudadanos, sean
de la condición que sean y hayan nacido donde hayan nacido. Y que lo
hagan, además, con absoluta impunidad, como una demostración de que
cuentan con el apoyo de la Generalitat y la comprensión del conjunto
de la sociedad, aunque luego no se corresponda con la realidad.
Sólo desde esta posición privilegiada puede entenderse que alguien
se acerque a la fiscal jefe de Barcelona, la reconozca –«tú eres la
Fiscalía, tú nos condenas por poner las urnas»– y la insulte: «Me
llamaron mierda, fascista, eres una mierda vete de Cataluña, fuera»,
declaró en su comparecencia. La declaración de la fiscal Magaldi no
debe echarse en saco roto y entrar a formar parte del capítulo de
las denuncias olvidadas porque en ellas quieren verse los intereses
oscuros del «españolismo», que es con lo que el nacionalismo y sus
terminales zanjan cualquier ataque a las libertades públicas.
No sólo la Generalitat no ha salido a condenar este incidente –que
también obligó a que la Fiscalía General del Estado emitiese un
comunicado–, sino que ha actuado con el silencio cómplice con el que
se envía al ostracismo a los que osan denunciar los excesos del
nacionalismo. Pero Magaldi no es político, como ella mismo recordó
ayer, sino una representante de la Justicia, cuya misión, en contra
del martirologio independentista, no es condenar, sino acusar. «Los
que condenan o absuelven son los tribunales y los jueces», añadió.
La Generalitat ha optado por la estrategia de la desobediencia, lo
que le ofrece un rédito propagandístico muy vistoso, pero cuyas
consecuencias pueden ser nefastas en un futuro. No existen leyes
excepcionales para momentos excepcionales, que es a lo que aspiran
las llamadas «leyes de desconexión», según han sido diseñadas por el
cerebro jurídico del futuro Estado catalán, sino negación del Estado
de Derecho. Y como esta es la base en la que se sustenta cualquier
sistema de libertades, deben saber que el ataque permanente a la
estabilidad democrática sólo puede tener consecuencias nefastas para
las aspiraciones independentistas.
El Tribunal Constitucional anuló ayer la resolución del Parlament
del pasado 6 de octubre por la que se aprobaba un referéndum por la
independencia de Cataluña a celebrar en 2017. Como era de esperar,
la portavoz de la Generalitat ha anunciado que no tendrán en cuenta
dicha anulación y que se mantiene el referéndum y la hoja de ruta
independentista. De esta manera, vuelve a repetirse la misma
dinámica abierta con la consulta del 9-N y se abre un futuro
incierto para el independentismo, que sólo puede ofrecer el espacio
de la ilegalidad. No deberían olvidar sus dirigentes que, a
diferencia de las personas, los poderes públicos sólo pueden actuar
si una ley se lo permite.
Acoso intolerable del secesionismo a la
Justicia
EDITORIAL El Mundo 15 Febrero 2017
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró hace una
semana en el Parlament que "la democracia española está enferma". Lo
dijo en medio del juicio a Artur Mas por la consulta ilegal del 9-N.
Hay que estar muy alejado de la realidad o ser un completo
irresponsable, o ambas cosas, para poner en tela de juicio las bases
del sistema democrático en España, justo cuando el propio Puigdemont
y sus socios agitan un proyecto político que vulnera la ley y la
soberanía nacional. Y lo hacen, además, desde las instituciones que
controlan y que emanan del ordenamiento jurídico español. Sus
palabras no sólo responden al inflamante discurso soberanista, sino
que forma parte de una estrategia de desobediencia que arranca en
los despachos oficiales y tiene un reflejo directo en la calle.
Prueba de ello es el testimonio de Ana Magaldi. La fiscal jefe de
Barcelona fue objeto de graves insultos por parte de un grupo de
radicales que, el pasado viernes, permanecían concentrados a las
puertas del Palacio de Justicia para apoyar a Artur Mas, Joana
Ortega e Irene Rigau. Le gritaron "fascista", "eres una mierda" o
"fuera la Justicia española", e incluso llegó a temer por su
integridad física después de que uno de los presentes se saltara el
cordón de seguridad. "En mis 64 años de vida, jamás había visto
reflejado en una mirada el odio que vi en esta persona", confesó
Magaldi. Pero si ya es sumamente preocupante que la violencia y el
insulto eclosionen en las calles de Cataluña, aún lo es más que
encuentren amparo en la clase política. La portavoz del Govern lo
enmarcó en un contexto de ejercicio de la libertad de expresión. Y
Artur Mas no tuvo empacho en afirmar que el Estado "intenta cambiar
el marco mental" del soberanismo catalán y presentarlo como un
movimiento "intolerante y violento". Con esta impresentable y
gravísima declaración del ex president, el independentismo se ha
saltado una nueva línea roja. A su habitual disposición a quebrar la
ley, ahora se suma el coqueteo cuando no la justificación abierta de
actos que no tienen cabida en un Estado democrático.
Denigrar la figura que representa a la Fiscalía General del Estado
constituye una coacción inadmisible a la labor de la Justicia. Pero
hay que subrayar que las amenazas a la fiscal se produjeron la misma
semana en que, aprovechando el inicio del juicio por el 9-N, el
separatismo orquestó una marcha en la que miles de personas
acompañaron a los tres imputados al Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Las presiones a los jueces son consecuencia de la deriva
de la política catalana. Tanto el PDeCAT como ERC, chantajeados por
la CUP, llevan mucho tiempo prestándose a secundar la táctica
frentista y rupturista de las organizaciones sociales
independentistas. Este desvarío es el que ha conducido al
cuestionamiento del Estado de Derecho, algo impensable en cualquier
otro país de nuestro entorno.
En todo caso, por mucho que se empeñe Puigdemont, la democracia
española no sólo no está enferma sino que responde al desafío
separatista con un respeto escrupuloso a la legalidad. Esta es la
razón por la que Mas se ha visto obligado a sentarse en el banquillo
-no por poner urnas, sino por hacerlo saltándose el mandato del
Tribunal Constitucional-. Y es también la razón por la que el TC
anuló ayer la resolución aprobada por el Parlament para promover un
nuevo referéndum, así como las leyes de desconexión contempladas en
el denominado "proceso constituyente".
"Han perdido ya a la mitad de los catalanes", afirmó Mas el domingo
en TV3, durante un programa especial sobre el 9-N, en referencia al
apoyo que concita la independencia en Cataluña. Esta fijación en
dividir a los ciudadanos certifica la huida hacia adelante de una
formación política gangrenada por la corrupción, tal como EL MUNDO
volvió a poner de manifiesto ayer, a raíz de las revelaciones que
muestran cómo CDC se financiaba ilegalmente con empresas implicadas
en el caso 3% a cambio de adjudicaciones públicas.
Ésta es la razón de fondo que anida en la porfía de Mas y Puigdemont
en socavar la Justicia. El independentismo catalán, al socaire del
declive de la vieja Convergència y el auge de sus corrientes más
extremistas, transita sin freno hacia el precipicio.
el constitucional anula el referéndum
El Gobierno se vuelve a esconder tras el TC
para no enfrentarse al separatismo
La Gaceta 15 Febrero 2017
El Alto Tribunal denunciará ante el fiscal a Forcadell, y a los
miembros separatistas de la Mesa por haberle desobedecido al adoptar
la resolución de promoverlo.
El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes por
unanimidad anular la convocatoria del referéndum secesionista en
Cataluña y denunciar ante el fiscal a la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, y a los miembros separatistas de la Mesa por
haberle desobedecido al adoptar la resolución de promoverlo.
El Constitucional ha aceptado el incidente de ejecución que le
planteó el Gobierno contra la resolución del Parlament que convocaba
la consulta. Aunque no entra a decir si existe o no delito, el
fiscal presentará una querella, en los próximos días, con toda
probabilidad, contra Forcadell y contra los miembros de la Mesa
afectados: Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona
Barrufet.
Será la segunda denuncia penal por parte del TC contra Forcadell y
también la segunda querella del fiscal contra ella, a la que ya
acusó de desobediencia al TC y prevaricación al permitir votar la
hoja de ruta independentista.
El TC, además, ha apercibido a los ya citados, pero también al
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de
su Gobierno, de que, si convocan un referéndum incumpliendo su
resolución, incurrirán en posibles responsabilidades penales. En
concreto, el pleno ha acordado "deducir testimonio de particulares a
fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la
responsabilidad penal que pudiera corresponder" a los ya citados.
El Govern desafía al TC
Por su parte, el Govern ha reaccionado al fallo del Alto Tribunal
con un nuevo desafío. "Esta decisión no altera en nada la voluntad
inequívoca del Govern de convocarlo", ha advertido la consellera de
Presidencia de la Generalitat, Neus Munté.
Además, ha dicho que esta voluntad viene "reforzada por una mayoría
parlamentaria en el Parlament y de una mayoría social en favor de un
referéndum".
Para la consellera, "no es ninguna sorpresa" esta decisión del TC ni
la "celeridad extraordinaria" con la que la ha tomado, justo después
de "una semana tan intensa como la pasada", en la que tuvo lugar el
juicio por la consulta ilegal del 9N de 2014.
También se ha pronunciado al respecto el expresident catalán Artur
Mas, que ha acogido el fallo del Alto Tribunal sin sorpresas, y ha
tirado de victimismo. "Sigue la línea de eliminar del mapa y
destruir la credibilidad de determinados liderazgos" del
separatismo, ha manifestado.
"Al Estado se le ve el plumero de la guerra sucia; han actuado así
en los últimos tres o cuatro años de forma muy evidente", ha
sentenciado
Catalá: Rajoy sigue tendiendo la mano a Puigdemont
Pese a que el separatismo sigue tensando la cuerda de este desafío,
el Gobierno sigue con "la mano tendida al Govern".
A principios de este mes, el secretario de Estado para las
Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha
anunciado que el Ejecutivo no descarta medidas coercitivas para
impedir el referéndum. También el ministro de Justicia, Rafael
Catalá, ha dicho que la aplicación del artículo 155 de la
Constitución española, que prevé la suspensión de la autonomía, "es
una opción" ante una hipotética convocatoria. Sin embargo, acto
seguido Catalá ha dicho que en este tema lo que más le preocupa al
Ejecutivo es "mantener un vínculo permanente con los ciudadanos y
las relaciones con las instituciones" y ha recordado que el Gobierno
de España sigue tendiendo la mano a Puigdemont.
También el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado que a
su formación no le "temblará la mano a la hora de recomendar" al
Gobierno que, si se llega a una situación "absolutamente límite",
aplique el 155, pero ha añadido que no les gustaría que se tuviera
que emplear ese instrumento contemplado para "casos de necesidad".
Aplicación del 155
Plataformas civiles contrarias a la secesión, como Convivencia
Cívica Catalana, Somatemps, Espanya i Catalans, y Resistencia Civil
Catalana, llevan tiempo reivindicando la aplicación del 155, como
también exige VOX.
El líder de esta formación, Santiago Abascal, viene mostrando su
“profunda preocupación por la falta de una respuesta proporcional y,
por tanto, contundente, ante el desafío separatista. Advierte de que
"no ganaremos esta guerra haciéndonos los despitados".
Solicita al Ejecutivo la aplicación de tres medidas claras contra la
sublevación separatista. Son la suspensión de la autonomía de
Cataluña; la detención y el procesamiento de todos los sublevados y
la disolución de las "organizaciones ilegales que planean la ruptura
de España, como Junts pel Sí y la CUP".
Precisamente, el partido de Abascal acaba de "dinamitar" a las
plataformas Òmnium y la ANC, "tentáculos de la Generalidad en sus
fines secesionistas". Estas entidades, organizadoras del aquelarre
separatista del 11-S, se han visto obligadas a pagar una cuantiosa
multa de más de 440.000 euros a raíz de una denuncia suya.
Santiago Abascal destaca que el hecho de que una formación como VOX,
con tan pocos medios, haya logrado esto "hundir" a Òmnium y a la
ANC, "demuestra lo que lograría el Estado si de verdad empleara
todos sus medios legítimos". Y añade que "el separatismo sería una
broma en un santiamén, si se detuviese, procesase e inhabilitase a
todos los sediciosos".
El PSOE vetó una ley de lenguas de ERC como
la que ahora defiende
En las comunidades sin lengua cooficial, "el castellano es el idioma
oficial y único", decía en 2006 el PSOE.
Daniel Basteiro El Espanol 15 Febrero 2017
"¿Es que tenemos que obligar a toda la Administración pública del
Estado, en cualquier lugar de España, a tramitar en catalán,
valenciano, vasco o gallego los expedientes de los ciudadanos, con
independencia del lugar de su residencia? ¿Es que hay que obligar a
todos los servicios de juzgados de España a traducciones de todos
esos idiomas?" Estas dos preguntas quedaron inmortalizadas en el
diario de sesiones del Congreso de los Diputados.
Era marzo de 2006 y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en España
cuando el grupo de Esquerra Republicana presentó una proposición de
ley (aquí en pdf) que pedía declarar cooficiales al catalán, euskera
y gallego en el ámbito de la administración central, en las
comunidades donde se hablan esas lenguas y también en las demás. El
objetivo de ERC era que un ciudadano pudiese dirigirse a las
instituciones en una de las lenguas cooficiales distintas del
español, que se tradujeran los principales documentos del Estado y
que se promoviese su uso en las instituciones españolas y europeas.
Las preguntas las lanzaba al aire el entonces diputado en el
Congreso Ramón Jáuregui, hoy portavoz en la Eurocámara, antes de que
el PSOE, junto con el PP y Coalición Canaria, tumbaran una
iniciativa.
En la propuesta presentada esta semana, los socialistas reclaman que
se pueda obtener el DNI, pasaporte o permiso de conducir bilingüe en
cualquier comunidad autónoma y la posibilidad de dirigirse a
organismos como la Casa del Rey o el Tribunal Constitucional en una
lengua cooficial, además de ser aceptados en los juzgados los
documentos en lengua distinta del español. Todas esas medidas están
contempladas en la iniciativa que hace 11 años presentó ERC, así
como la información del Estado en lenguas cooficiales (a través de
rótulos o publicaciones como páginas web), la traducción del
software que utilicen los funcionarios o la creación de un organismo
que velase por el cumplimiento de la ley.
"El castellano es el idioma oficial y único"
La propuesta del PSOE, una iniciativa que concita tanto el apoyo de
la Gestora como del PSC, cuyas relaciones han sufrido una convulsión
en los últimos meses, coincide en su mayoría con las
reivindicaciones de los nacionalistas. Pero entonces, el PSOE se
opuso.
"El texto constitucional ya ha sido desarrollado y lo ha sido con
arreglo a la cooficialidad de ambos idiomas en las comunidades
bilingües. No se hace imponiendo, pues, el multilingüismo en la
España que habla castellano", dijo entonces Jáuregui, que
argumentaba que ampliar la cooficialidad "no encaja en la
Constitución" porque además se trata de "un derecho que tiene un
contenido estrictamente territorial". Es decir, que legislando al
respecto, el Congreso podría incumplir tanto la Constitución como
invadir competencias autonómicas. "En el resto del país donde no hay
más que una sola lengua el castellano es el idioma oficial y único",
zanjó entonces Jáuregui.
"El PSOE tiene poca memoria", ironizó este martes Joan Tardá, que en
2006 defendió la iniciativa. "Una vez más el PSOE, cuando no
gobierna, presenta iniciativas para que luego se conviertan en humo
el día que gobiernan", lamentó.
Momentos políticos complejos
Además de las similitudes entre ambas proposiciones, que sí tienen
matices en cuanto a las definiciones jurídicas y el alcance de
algunas medidas, llama la atención el momento político. En 2006, el
PSOE acababa de negociar la tramitación del estatuto de autonomía de
Cataluña, cuyas partes más polémicas fueron anuladas años después
por el Tribunal Constitucional.
Ahora, en la dirección interina del PSOE pesan mucho las comunidades
más centralistas, que han incluso revisado el protocolo de relación
con el PSC para influir más en sus decisiones, algo que nunca hecho
desde que se suscribiese el acuerdo entre ambos partidos, en 1978.
En el seno del grupo parlamentario, la iniciativa ha pasado sin pena
ni gloria.
Todavía tendrá que tramitarse, pero ahora los socialistas andan
envueltos en otras cuestiones orgánicas, como la lucha por el
liderazgo o salvar la relación entre el PSOE y el PSC. En este
último aspecto se inscribe la iniciativa, vista dentro del grupo
como un gesto hacia el partido hermano catalán.
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