AGLI Recortes de Prensa    Miércoles 15  Febrero 2017

Raíces del populismo y la demagogia
CARLOS DOMÍNGUEZ LUIS El Mundo 15 Febrero 2017

Hay quien dice que la historia es cíclica. El italiano Vico llegó a crear una teoría, de corte idealista, basada en esta idea, según la cual, en la historia de la sociedad se repiten sin fin unos mismos estadios. Nietzsche y Spengler fueron más allá y defendieron la tesis de la vuelta constante de la humanidad a su punto de partida. Sin el glamour de los cimientos filosóficos, en el refranero español -de sabiduría contrastada y reconocida- se encuentra un dicho popular que también puede servir de punto de partida a estas líneas y que reza así: "El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra".

En los últimos días, y con ocasión de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, son muchos los analistas que han advertido de la irrupción del populismo (o del nacional-populismo) en el trono del poder civil por antonomasia a nivel mundial. Dentro de nuestras fronteras, se ha subrayado, como elemento de desestabilización política, la presencia de corrientes populistas en el Parlamento a partir de las penúltimas elecciones generales.

Pero -conviene destacarlo- gran parte de los males que aquejan actualmente a nuestro país no son nuevos. Ni patrimonio exclusivo de estas tierras. Al revés, se trata de viejos problemas, padecidos, con mayor o menor intensidad, por otras naciones y culturas en diferentes momentos históricos. De hecho, hace muchísimos años, estas mismas dolencias políticas que hoy detectamos ya ofrecían manifestaciones evidentes en pueblos antiguos. Es inevitable, por ello, que se aprecie con lógica decepción la incapacidad del ser humano para evitar caer en errores idénticos o para articular soluciones que tornen en inanes problemas similares y repetitivos.

La España actual transita por una innegable y jaleada recuperación económica a la que algunos analistas y bancos de inversión ponen fecha de caducidad. Sin embargo, ese tránsito se halla poblado de fantasmas muy reales. Sin ir más lejos, una elevadísima deuda pública -que hace tiempo superó el 100% del Producto Interior Bruto- o un aumento constante de los impuestos, medida erigida en una suerte de huida hacia delante que evita la pugna inminente con otras realidades que, más pronto que tarde, llamarán a nuestra puerta: la insostenibilidad de muchos servicios públicos y la imposibilidad de mantener unas estructuras administrativas e institucionales que siguen sin doblegarse frente a las recurrentes promesas de adelgazamiento que hemos escuchado en los últimos años. Y ello sin olvidar la persistencia de una clase política profesional, nutrida, en gran medida, por efectivos de quienes se desconoce trayectoria personal alternativa y preparación y cuya principal misión sigue siendo permanecer bajo el paraguas de la res publica. Con estos ingredientes, no es de extrañar que el plato del populismo esté listo. Así ha sido siempre.

Echemos la vista atrás. Bastante. Hasta la época del imperio ateniense. Un imperio esencialmente marítimo y conformado en torno a las polis que necesitaban protección frente a la amenaza persa, las cuales, a cambio precisamente de su seguridad, pagaban a Atenas importantes contribuciones monetarias. Aunque parezca mentira, aquí encontraremos la cuna del populismo y de su brazo dialéctico: la demagogia.

Las arcas de ese imperio estuvieron rebosantes hasta la Guerra del Peloponeso, con la que finalizará la hegemonía ateniense. Durante la época de bonanza, las polis pagan con sus tributos la culminación de la puesta en práctica de la democracia. ¿Cómo? Con la consagración del primer ejemplo de profesionalización de la política.

En efecto, a partir de este momento, los ciudadanos pasarán a cobrar un salario público por asistir a la asamblea o formar parte de los tribunales, sin que tengan que preocuparse más por su profesión o por procurarse medios de vida al margen de sus dedicaciones oficiales. De este modo, el sostenimiento de la democracia ateniense se hace tributario del mantenimiento de un imperio claramente opresivo para quienes lo sufren y lo costean y del que sólo se benefician, directamente, las clases dirigentes.

Sistemáticamente, los ciudadanos abandonan sus profesiones y se entregan a la vida pública. Los esclavos son quienes les sustituyen en las propiedades agrícolas, en los talleres artesanales, en las actividades comerciales o en las obras públicas, supliendo, así, la mano de obra libre que puede ahora ganar su salario, más cómodamente, en labores oficiales. A la vez, la dependencia de Atenas del alimento exterior crece de forma exponencial.

Ahora bien, de la gran masa ciudadana que se dedicaba a la cosa pública, sólo un grupo muy pequeño contaba con la necesaria información y preparación técnica necesarias para la dirección política y económica de Atenas. Además, el voto de esta élite en la asamblea resultaba irrelevante, dado que las leyes y las principales decisiones requerían la aprobación de una multitud mal informada y fácilmente influenciable. De ahí que cobre máxima relevancia la retórica, es decir, la capacidad para convencer a un auditorio a la hora de votar en un determinado sentido.

He aquí la gran contradicción de la democracia ateniense. Es verdad que, a diferencia de otros pueblos, Atenas erradicó el poder tiránico o individual y entregó éste al pueblo (al demos). Sin embargo, la falta de preparación técnica de la masa convirtió la democracia ateniense en caldo de cultivo de oradores hábiles y sin escrúpulos. Nace, así, el demagogós, esto es, el que arrastra al demos.

El demagogo no tenía en aquella época -ni tiene en la actual- más objetivo que sacar adelante las propuestas que le interesan. Sus técnicas de convencimiento se basaban en halagar al pueblo como fuera, con tal de llevárselo a su terreno. No tardaron, empero, los demagogos en convertirse en políticos corruptos, que cedían a los sobornos y a las presiones. Consagraban su vida al juego político, pero permanecían ajenos a la valoración de sus actuaciones en términos éticos. Sólo les interesaba el poder y el mantenimiento de su estatus.

Dentro de este contexto, triunfar en política exigía crearse una imagen, cultivarla adecuadamente, preservarla de escándalos y prodigarla en los espacios públicos, para poder utilizarla en la asamblea como plataforma de particulares intereses. En la asamblea, tras escuchar los distintos discursos, los ciudadanos se limitaban a elegir entre las imágenes que se les presentaban, todas ricas en promesas y garantías de porvenir y cada vez más refinadas en lo atinente a los recursos empleados para lograr el objetivo del convencimiento de la masa.

La política se transformó, de este manera, en una competición de rivales en busca del poder y de la influencia. Una competición, la mayor de las veces, vacía de contenido, virtual y que, desde luego, no sirvió para cimentar de forma decisiva la democracia. Antes al contrario, implicó el tránsito de la polypragmosyne o participación intensa en la actividad política, a la apragmosyne, es decir, la ausencia de participación o desencanto por la política. En suma, el principio del fin.

Resulta llamativo que fenómenos acaecidos cuatro siglos antes de Cristo suenen, sin embargo, tan actuales hoy. La demagogia y el populismo que ahora se denuncia con tanta insistencia -no sólo en nuestro país- nacen de los mismos manantiales que hace más de dos mil años: la elevada tributación y la configuración de una clase política profesional, que no reduce sus dimensiones, sostenida por fondos públicos, cada vez más desconectada de la sociedad, escasamente formada por lo general y en la que cuesta detectar una preocupación prevalente por el interés general respecto del objetivo básico de seguir ahí, aunque cambie la tarjeta de visita.

El problema es que, como el mal no es nuevo, ya sabemos hacia donde nos conduce.

Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado (excedente) y socio de Business & Law Abogados.

MAFO es culpable
José García Domínguez Libertad Digital 15 Febrero 2017

Apenas sesenta días después de que MAFO hubiese aterrizado en el Banco de España (marzo de 2006), la asociación de inspectores de esa institución envió una carta al entonces ministro Pedro Solbes denunciando "la pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España (...) ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los últimos años" y alertando de la necesidad imperiosa de "evitar, en lo posible, que las consecuencias de los errores cometidos por las entidades [crediticias] acaben siendo transferidas, de una manera u otra, a la sociedad en su conjunto". Huelga decir que ni Solbes ni MAFO les hicieron el menor caso. Solo o en compañía de otros, la genuina misión de MAFO al frente del instituto emisor fue endosar a los contribuyentes la factura de las bancarrotas financieras en curso. Así, merced a su impagable ojo clínico, lo dejó todo atado y bien atado para que, pasase lo que pasase en el futuro inmediato, el peso de las quiebras recayera sobre el pueblo soberano.

Si en algún momento se llegasen a nacionalizar las cajas, tal como en efecto ocurrió, el Estado perdería; pero si se optara por no nacionalizarlas, y ahí radicaba la gracia del asunto, el Estado perdería igual. ¿Por qué no dejar caer a aquellos muertos vivientes sin quebranto para el Estado?, se preguntaron algunos inocentes liberales en su momento. Pues por la sencilla razón de que las pérdidas ya le habían sido endosadas mucho antes gracias a la muy generosa liberalidad de MAFO con el dinero del prójimo. Y es que, ante la firme decisión de MAFO de regalar nuestro dinero a los gestores de las cajas en bancarrota, de nada serviría aquella cláusula del Real Decreto Ley 7/2008, de 13 de Octubre que de modo expreso permitía excluir de sus beneficios a las entidades de crédito que el regulador, o sea el gobernador del Banco de España, o sea MAFO, estimara oportuno. Pero lo único que estimó oportuno MAFO fue tirar el dinero de los contribuyentes a la basura. Los ciudadanos, hubiera o no rescate, estábamos condenados a pagar el estropicio de Bankia porque, solo o en compañía de otros, MAFO así lo había decidido.

No se olvide que fue el Ejecutivo de Zapatero quien, a través del decreto citado, ordenó socializar las pérdidas presentes y futuras de la banca. Un asunto bien sencillo, por lo demás. El Estado, vía esa norma, otorgaba su precioso aval para que las entidades de crédito emitiesen títulos de deuda destinados a ser comercializados, sobre todo, en los mercados internacionales. En consecuencia, si la entidad en cuestión se iba a pique sería el Estado español quien cargase con la obligación de devolver el dinero a sus acreedores. Gracias a MAFO, pues, toda la porquería que figuraba oculta en el balance de Bankia un segundo antes de la quiebra ya estaba garantizada por el bolsillo de los contribuyentes. Tan tarde como en 2010, Bankia emitió deuda corporativa por un monto no grande, no enorme, no extraordinario, no asombroso, sino simplemente sideral: nada más y nada menos que 31.406.000.000 euros. MAFO, por supuesto, pudo imponer todos los requisitos de solvencia que considerase oportunos antes de prestar su aval a operación tan temeraria para la sostenibilidad misma de las cuentas del Estado. Pero, ¡ay!, el caballero no lo consideró oportuno. Sencillamente, no le dio la gana. ¿Solo o en compañía de otros?

La izquierda tiene una deuda con MAFO
Pablo Molina Libertad Digital 15 Febrero 2017

El fuerte del, llamémosle, pensamiento izquierdista no es precisamente la coherencia. De hecho, la falta de rigor es el elemento fundamental para seguir enarbolando un discurso que, a todas luces, está fuera de la realidad. Los hechos se sustituyen por los dogmas y los datos por los prejuicios. Es la única manera de combatir al capitalismo mientras se disfruta de sus bondades, o de luchar contra la especulación inmobiliaria mientras se forra uno vendiendo viviendas protegidas.

El caso de las cajas de ahorro es otro de esos ejemplos en que la izquierda demuestra una incongruencia sideral y muy poca vergüenza, dicho sea esto último en los dos sentidos de la expresión. Porque si algo han defendido y defienden todos los izquierdistas es la necesidad de una banca pública dirigida por políticos, para mantener la función de las instituciones financieras al margen del lucro capitalista. Pues bien, precisamente la persona que más ha hecho en los últimos años por preservar a toda costa ese modelo de banca pública es la que podemitas, comunistas y sociatas quieren ahora arrastrar al cadalso como enemigo número uno de "los de abajo".

MAFO impidió la quiebra de las entidades públicas que estaban en números rojos aun a costa de poner en peligro a otras más solventes. Él fue el que trató de mantener a flote el modelo de las cajas de ahorro a cualquier precio, evitando su privatización cuando aún estaba a tiempo. Él fue, en fin, el que puso las bases para que el Estado, y no los agentes privados, se hiciera cargo del mastodonte financiero gestionado por los políticos (o sea, el pueblo).

El gobernador del Banco de España en los tiempos de ZP hizo todo lo que la izquierda recomienda en situaciones de crisis económica: aumentar el gasto público y evitar cualquier privatización. Los podemitas deberían, por tanto, sacar su póster en el Parlamento en lugar de reprobarlo como está haciendo estos días de manera harto ruin. MAFO es de los suyos. Tanto como Alfon y Bódalo, otros dos luchadores por la libertad.

De Gürtel a Pujol
La Justicia, entre el ensañamiento y la impunidad
La Gaceta 15 Febrero 2017

El abogado Miguel Durán señala que la sentencia del TSJ de Valencia evidencia una “lamentable quiebra del estado de Derecho”.

En 2009 era detenido Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel, que fue enviado a prisión, donde pasó más de tres años de forma preventiva hasta que, en 2012, salió bajó fianza de 200.000 euros. Este martes eran enviados a prisión los tres presuntos cabecillas -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia confirmara la petición de la Fiscalía sin esperar a que el Supremo confirmara la sentencia de más de 10 años de prisión. El caso que se juzgaba en esta condena concreta supone cinco millones de euros defraudados. Toda la trama Gürtel una cantidad defraudada de 120 millones.

En 2012 la Audiencia Nacional abría una investigación, la de la familia Pujol, que, si bien al principio señalaba a Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, se extendía después al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, su mujer y varios de sus hijos. Era el inicio del caso Pujol, donde se investigan delitos de carácter grave (blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil) relacionados con el ingente patrimonio acumulado por la familia en Andorra. El dinero presuntamente defraudado en el caso Pujol ascendería, según los cálculos publicados en 2016, a más de 1.000 millones de euros que la familia Pujol-Ferrusola tendría repartido en más de 20 paraísos fiscales. Todos los miembros de la familia están imputados por distintos delitos de corrupción pero ninguno ha pisado la cárcel.

Otros casos de corrupción, Malaya (2.400 millones), caso Edu (2.000), caso EREs (1.200)… hacen inevitable la comparación. ¿Actúa la Justicia con igual contundencia en todos los casos?

Veamos el análisis que hacía el abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán, de la decisión del Tribunal.
“Es una decisión que nos consta que ya estaba predeterminada, de nada servían los argumentos sólidos que hemos presentado”. ¿Predeterminada? Sí, porque a juicio del abogado “los argumentos que da el tribunal son tan endebles que se ve claramente que están predeterminados. Es un seguidismo absoluto del Ministerio Fiscal”, señala, que evidencia una “lamentable quiebra del estado de derecho cuando un tribunal como éste adopta decisiones que están muy lejos del mínimo sentido de la proporción”.

Y es que, a juicio de Durán, decretar esta medida de prisión anticipada -un caso muy excepcional- aduciendo riesgo de fuga es “absolutamente absurdo” teniendo en cuenta que Pablo Crespo, defendido de Durán, lleva cinco años en libertad y ha estado siempre a disposición judicial… “Nosotros hemos ofrecido unas medidas alternativas como la localización permanente, que es mucho menos gravosa para el acusado”, explica el abogado, que cifra ya sus esperanzas para recurrir esta medida de prisión, no en el recurso de súplica ante el propio tribunal - “sabemos que va a seguir en la misma tesitura”- sino el recurso de amparo ante el Constitucional.

La pregunta es inevitable. ¿Es la Justicia igual para todos? ¿Qué pasa si comparamos? "Las comparaciones son siempre odiosas, porque sobre todo, le dan a uno la seguridad de que aquí no se utiliza el mismo rasero para todo el mundo”. Así de rotundo.

Las ocho CCAA que incumplirán el objetivo de déficit del 0,6% este año, según la AIReF
La AIReF ve "improbable" o "muy improbable" que ocho regiones cumplan el objetivo de déficit del 0,6% del PIB fijado para este año.
Lm/Agencias Libertad Digital 15 Febrero 2017

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve "improbable" o "muy improbable" que ocho comunidades autónomas cumplan el objetivo de déficit marcado para las regiones en el 0,6% del PIB este año. En concreto, ve "improbable" el cumplimiento en Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y considera "muy improbable" que Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia alcancen el objetivo.

Así figura en el Informe de Líneas Fundamentales de los Presupuestos y Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2017: comunidades autónomas, publicado por el organismo este martes, en el que analiza un total de 15 regiones y considera que, a pesar de que en ocho comunidades es improbable el cumplimiento, ve "factible" que el conjunto del subsector alcance el objetivo de déficit del 0,6%.

En detalle, la AIReF considera "muy probable" el cumplimiento del objetivo por parte de Canarias, y "probable" en el caso de las comunidades de Andalucía, Islas Baleares y Galicia, en tanto que considera "factible" que Asturias, la Comunidad de Madrid y La Rioja sean el resto de regiones cumplidoras con la meta de estabilidad del 0,6% del PIB. Por el contrario, ve "improbable" el cumplimiento en Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y considera "muy improbable" que Aragón, Cantabria, Extremadura y Murcia alcance el objetivo.

Con independencia de la valoración de alcanzar el objetivo fijado, en tres comunidades prevé un déficit bastante inferior al del objetivo del 0,6% del PIB marcado, como son Canarias (0,2%), La Rioja (0,1%) y Navarra (0,4%). Sin embargo, la AIReF solo considera "probable" que Canarias pueda alcanzar ese déficit y "muy improbable" que lo alcancen tanto La Rioja como Navarra. Además, el organismo constata una mayor vulnerabilidad macro-fiscal en Cataluña, Cantabria y Extremadudra.

En su informe, la AIReF explica que la situación de un Gobierno central en funciones en buena parte de 2016 alteró el calendario de presentación de las comunidades autónomas ante la falta de conocimiento del objetivo de estabilidad al que tenían que ajustar sus cuentas y al no contar con la información sobre los recursos del sistema de financiación de los que dispondrían para 2017.

De hecho, quedan pendientes de evaluación individual las comunidades de Castilla y León y País Vasco, de las que el organismo todavía no ha recibido información, si bien ha realizado una estimación de su situación fiscal de cara a poder realizar una primera valoración del conjunto del subsector. En esa valoración preliminar, País Vasco se situaría en un escenario de "probable" cumplimiento, mientras que para Castilla y León lo ve "factible".
Desviación de una décima

El escenario central de la AIReF sitúa el déficit una décima por encima del objetivo fijado y descansa en la hipótesis de que se produzca una actualización de los recursos del sistema de financiación comunicados por el Ministerio de Hacienda en octubre en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Fuentes de la AIReF explicaron que el escenario previsto para las regiones es coincidente con el de la mayor parte de comunidades autónomas, si bien matizaron que si el Ministerio de Hacienda no actualiza las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y mantiene las comunicadas el pasado mes de octubre, la valoración del organismo "empeoraría y pasaría de factible a improbable". El impacto de la actualización de las entregas a cuenta es de unas dos décimas, según el organismo.

En este sentido, la AIReF incide en la no utilización de las "palancas" con las que cuenta Hacienda en el ámbito de la aplicación del marco de disciplina fiscal y del diseño de las reglas fiscales. "La fijación de objetivos de estabilidad diferenciados, la aplicación rigurosa de la regla de gasto, sin consolidar hacia delante los incumplimientos pasados, así como el diseño de un marco de actuación plurianual en el que los Planes Económico-Financieros (PEF) jueguen un papel sustantivo y no solo formal como hasta ahora, permitirían aumentar la probabilidad de cumplimiento del objetivo fijado", apunta el informe.
El empleo crecerá un 3%

Asimismo, la AIReF prevé un crecimiento superior al 4% de los recursos del subsector respecto al nivel estimado para 2016, manteniendo su peso en el PIB nacional, pero advierte de que, de no actualizarse los recursos del sistema de financiación, reduciría en dos décimas su peso sobre el PIB respecto al mantenido en 2016, con un crecimiento ligeramente inferior al 3% respecto a 2016.

En cuanto al empleo, los puestos de trabajo del subsector podrían crecer en torno a un 3% respecto al año pasado, reduciendo una décima su peso sobre el PIB, con una evolución marcada por el aumento previsto de los gastos corrientes, en torno a un 3% sobre el nivel estimado para 2016, basado en la evolución del gasto sanitario y educativo estimado por el organismo.

En relación a la regla de gasto, aprecia que la evolución esperada del gasto, con un incremento de en torno al 3%, pudiera ser compatible con una evolución del gasto computable del 2,1% fijado como tasa de referencia para 2017. Sobre el límite de deuda, la AIReF ve "riesgos altos" en Baleares y Extremadura y "muy altos" en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia, y advierte de la "alta dependencia" de los mecanismos de financiación públicos y riesgos significativos para atender las necesidades en su ausencia.
Recomendaciones

Ante estas previsiones, la AIReF insiste en la necesidad de hacer uso de los mecanismos preventivos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), promoviendo la implicación del interventor autonómico en el seguimiento de la ejecución presupuestaria y agilizando la actuación de Hacienda en caso de apreciarse riesgos claros de desviación. Concretamente, para las cuatro CCAA en las que cree "muy improbable" alcanzar el objetivo, desde la AIReF se insta a Hacienda a activar la formulación de advertencia de riesgo de incumplimiento, en aplicación del artículo 19 de la LOEPSF.

Asimismo, para las regiones que han presupuestado recursos del sistema de financiación por encima de los importes comunicados en el mes de octubre por Hacienda, en un contexto de prórroga presupuestaria, recomienda una ejecución "prudente en tanto no se conozca si estas cantidades van a ser objetivo de actualización, reteniendo crédito por la diferencia entre las previsiones presupuestarias y los recursos cuantificados en un contexto de prórroga presupuestaria.

El organismo presidido por José Luis Escrivá insta a las CCAA a que adopten retenciones de crédito para ajustar el gasto a los recursos actualmente recibidos, de forma que de manera preventiva se tendrían que retener créditos a todas las regiones, salvo a Canarias y Baleares, al ser las regiones que han presupuestado una cantidad mayor que los recursos que Hacienda indicó en octubre que se recibiría.

En relación a la regla de gasto, la AIReF continúa observando "problema de interpretación cálculo" por parte de las comunidades, por lo que, sin perjuicio de que se haga una revisión de esta regla en profundidad, insiste en que Hacienda realice el necesario desarrollo reglamentario para solucionar los problemas concretos de su aplicación.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Cataluña, bajo el imperio del golpismo secesionista
EDITORIAL Libertad Digital 15 Febrero 2017

Una cosa no se puede negar a los golpistas catalanes, y es la solemnidad y celeridad con la que desde 2012 muestran su nula voluntad de acatamiento a cuantas resoluciones judiciales pretendan ser obstáculo al proceso separatista. Así, sólo pocas horas después de que el Tribunal Constitucional anulara este martes la ilegal resolución aprobada en otoño por el Parlamento regional en la que se planteaba la celebración de una nueva consulta secesionista en Cataluña en 2017, la portavoz de la Generalidad –y consejera de Presidencia–, Neus Munté, convocó una rueda de prensa para dejar claro que la decisión del TC no alterará "en nada" la "voluntad inequívoca" de la Generalidad de avanzar en el proceso secesionista, que comprende la convocatoria de un nuevo referéndum en septiembre.

No sería de de extrañar que esta resolución del TC acabe también en papel mojado, tal y como sucedió con las desobedecidas sentencias que trataron de anular la inmersión lingüística, la celebración del 9-N, la declaración soberanista del 9 de noviembre de 2015, la tramitación de las ilegales "leyes de desconexión de Cataluña con el Estado español" o la que no menos vanamente trató de suspender la Consejería de Exteriores de la Generalidad.

Lo cierto es que el orden constitucional sigue sin ser restablecido en Cataluña, y nada parece que vaya a cambiar mientras el Gobierno de España siga consintiendo que los golpistas detenten el poder en el Principado y tapando financieramente los agujeros que deja el procés a través del FLA. Más aun si en el ámbito judicial los golpistas sólo se arriesgan a penas de inhabilitación para cargo público, que, llegado el caso, aun estaría por ver que el Ejecutivo de Rajoy se atreviera a ejecutar.

En este sentido, el acoso y los insultos que ha denunciado la fiscal Magaldi no dejan de ser un episodio tristemente lógico en una región donde desde hace tiempo no impera más ley que la que dictamina el golpismo secesionista. Así las cosas, ¿a quiénes van a obedecer los funcionarios en Cataluña?

Para acabar con esa involución, habría que forzar el cumplimiento de las leyes y las sentencias, y dar la batalla de las ideas en contra de un discurso nacionalista absolutamente dominante en Cataluña. Lamentablemente, ese Gobierno de la Nación a la altura de sus responsabilidades y contundente a la hora de restablecer el orden constitucional ni está ni se le espera. Sobre todo, en Cataluña.

¿‘Déjà vu’? Catalunya versus Euskadi
Mikel Buesa Libertad Digital 15 Febrero 2017

Contemplar retrospectivamente la trayectoria independentista del Partido Nacionalista Vasco en los albores del siglo XXI mientras se observan los acontecimientos separatistas en Cataluña constituye un ejercicio no exento de interés. Parece como si la historia se estuviera repitiendo una vez más, tal vez como tragedia, tal vez como farsa, a la manera que, en El 18 brumario de Luis Bonaparte, Marx atribuyó a Hegel. En ambos procesos encontramos los mismos elementos, aunque su orden cronológico los diferencia de forma evidente. En Euskadi, Ibarretxe se adentró en la secesión para hacer honor al Pacto de Lizarra que su partido había firmado con ETA, toda vez que su predecesor en la presidencia del Gobierno vasco –José Antonio Ardanza– había renunciado a hacerlo, y de paso a la Lehendakaritza. Y para ello, una vez reelegido en los comicios de 2001, empleó toda una legislatura para dar forma al Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, comúnmente denominado Plan Ibarretxe, que el Parlamento vasco aprobó en su última sesión de 2004. Se trataba del texto jurídico que había de arbitrar la separación de España para dar lugar a una nación independiente, y que en febrero de 2005 sería abrumadoramente rechazado por el Congreso de los Diputados. Nada parecido se encuentra en el procés català, en cuyo arranque hay que anotar una confusa consulta independentista municipal realizada en 2009 –el mismo año en el que el nacionalismo vasco emprendió el camino de vuelta, una vez derrotado y apartado del poder en la conducción del País Vasco–, aunque el pistoletazo de salida se diera al año siguiente, cuando el Tribunal Constitucional enmendó del estatuto de autonomía pergeñado entre Pasqual Maragall, Artur Mas y José Luís Rodríguez Zapatero. El procés se concibió fundamentalmente como una extensa campaña de propaganda en la que los tópicos del nacionalismo, con su promesa de enriquecimiento para los catalanes, toda vez que la independencia habría de librar a Cataluña del expolio español, afloraron en un sinnúmero de manifestaciones populares y declaraciones institucionales. Una campaña que habría de culminar en un referéndum de independencia para dar paso, una vez establecida ésta, a la redacción de una Constitución republicana.

Por cierto, que, en el curso del Plan Ibarretxe, una vez expresado el rechazo del Parlamento español, también se planteó un referéndum –en el año 2008– que habría de realizarse de acuerdo con una norma aprobada al efecto por la Cámara de Vitoria. El caso es que esa Ley de Consultas fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y ello impidió la convocatoria correspondiente, toda vez que Ibarretxe no se atrevió a contravenir su sentencia. Digamos también que el lehendakari tampoco fue capaz de arriesgarse a ir a la independencia por la vía de los hechos, para lo que le hubiese bastado publicar su Estatuto Político en el boletín oficial de la comunidad autónoma, tal como estaba previsto en la propia norma. Pero en Cataluña el referéndum sí se realizó –ilegal, camuflado y sin la menor garantía democrática– el 9 de noviembre de 2014. Es cierto que ello no satisfizo las necesidades de legitimación del secesionismo catalán y que, por tal motivo, sus promotores tuvieron que improvisar una realimentación del proceso convocando las que se pretendieron como unas "elecciones plebiscitarias", cuya celebración tuvo lugar casi un año más tarde.

Las elecciones plebiscitarias también estuvieron presentes en el caso de Euskadi, pues cuando Ibarretxe, en aquella soledad casi radical con la que se enfrentó a la votación del Congreso de los Diputados, vio cómo se rechazaba su Estatuto, decidió convocarlas para el 17 de abril de 2005. Esta fecha marcó un hito muy relevante para el partido sabiniano, pues el retroceso experimentado por el PNV –que se presentó coaligado con Eusko Alkartasuna– resultó ser el comienzo del camino hacia la pérdida del poder, lo que ocurriría cuatro años más tarde, y también de la hegemonía del nacionalismo, pues no le quedó otra posibilidad que depender del apoyo parcial de los epígonos de ETA, entonces representados por el Partido Comunista de las Tierras Vascas. El paralelismo con el caso catalán es obvio, pues en las elecciones de 2015 –de cuyo carácter plebiscitario parece haberse olvidado su promotor– el partido de Artur Mas resultó arrasado y su poder minorado, quedando en manos de una coalición precaria cuya capacidad de sacar adelante la acción legislativa está siempre pendiente de la Candidatura de Unidad Popular –una especie de Batasuna a la catalana–.

En Euskadi, el momento decisivo para la independencia llegó, como he señalado, en 2008. El PNV no se atrevió a llevar adelante la ruptura y emprendió la ruta de retorno, en la que se pasó cuatro años apartado del poder y cuatro más contestado en su hegemonía por el partido de ETA –EH Bildu–, principalmente en Guipúzcoa, de manera que sólo en 2016, tras las elecciones autonómicas, vio restaurada su posición tradicional. Para ese momento había repudiado la independencia y renovado su discurso reclamando para el País Vasco la condición de "nación foral" –o sea, de territorio privilegiado dentro de España, pues la foralidad sólo es posible si la nación se subsume como grupo diferenciado en la estatalidad española, como marca la tradición de las Leyes Viejas–, aclarando para su parroquia que dentro de la Unión Europea no es posible arbitrar secesión alguna y que a lo que cabe aspirar es a renovar, con progresos en el autogobierno, el Estatuto de Gernika dentro del marco de la Constitución española.

En Catalunya ese instante rotundo parece que vaya a llegar en los próximos meses. ¿Será entonces un déjà vu de lo acontecido hace casi una década en el País Vasco? ¿Se verá cómo los nacionalistas se encogen ante el insondable abismo que se abre ante ellos? Son muchos los que apuestan a que así ocurrirá, y entre ellos no faltan quienes gobiernan España. Pero sería preferible atenerse a los precedentes, y éstos no son los de la caballerosa retirada de los vascongados sino los de la vociferante turba de los separatistas conversos que han tomado como por asalto las instituciones del Principado.

Lo que busca el 'procés': un acto de fuerza del Estado
Ignacio Varela elconfidencial.com 15 Febrero 2017

Hace unos días, Lluís Bassets publicó en 'El País' un artículo valiente con un gran título: “Si no es legal, no es democrático”. Es difícil meter tanto contenido en solo siete palabras.

Pueden existir leyes sin democracia, pero no existe democracia donde la ley no se respeta. Esa afirmación toca directamente el núcleo del conflicto político que hoy atraviesa el mundo: la batalla entre la democracia representativa y las distintas modalidades de nacional-populismo que se introducen en ella para reventarla desde dentro.

¿En qué se parecen Donald Trump, Cristina Kirchner, Nicolás Maduro, Vladímir Putin y Artur Mas? En casi nada, dirán ustedes: personas diferentes en diferentes contextos. Sin embargo, todos ellos encarnan variantes de gobiernos nacional-populistas. Y la experiencia demuestra que el nacional-populismo en el poder presenta en cualquier lugar tres rasgos comunes:

Primero, construye regímenes contaminados por la corrupción.

Segundo, pretende imponer su voluntad política (esgrimida como la voluntad del pueblo) por encima del principio de legalidad.

Tercero, ambos propósitos conducen a un choque frontal con aquel otro poder cuya función es precisamente garantizar la aplicación de las leyes: el poder judicial.

Todos los gobiernos nacional-populists sin excepción terminan enfrentándose a la Justicia y tratando de someterla. El resultado de ese combate marca el destino de la democracia.

El primer obstáculo serio que Trump ha encontrado en su proyecto autocrático son los jueces, resueltos a cumplir la tarea de preservar la Constitución. Ellos serán, ya lo verán, el bastión más firme de la resistencia en aquel país. Cristina Kirchner empezó a perder cuando se lanzó a copar el poder judicial (un recuerdo para el fiscal Nisman, por favor) en busca de impunidad para ella y sus secuaces. En Venezuela y en Rusia, por el contrario, el poder político ha logrado someter a la Justicia; y por ello en esos dos países la democracia está herida de muerte.

El problema nuclear del 'procés' catalán no es que la aspiración independentista sea más o menos justa y razonable, eso forma parte del debate político. Pero hay una cuestión previa: que tal como lo plantea el Gobierno de Cataluña, es manifiestamente ilegal. Y por tanto, no democrático. Hablan mucho de los casos de Escocia y de Quebec, pero siempre olvidan que esos dos referendos fueron posibles porque encajaron en el marco constitucional. De lo contrario, ni el Gobierno británico ni el canadiense los habrían consentido. Entre otras razones, porque no lo habrían permitido los jueces.

Desde el instante en que se declaran dispuestos a imponer su voluntad desbordando los límites de la ley, el Gobierno y la mayoría parlamentaria de Cataluña se meten y nos meten en un callejón sin salida. Si de verdad quisieran hacer viable su aspiración, aunque fuera a largo plazo, estarían trabajando por una reforma constitucional que habilitara un camino hacia ella. Al despreciar esa vía y tomar la de los hechos consumados, saben de antemano que tendrán enfrente a un Gobierno de España imposibilitado de negociar en esos términos y a un poder judicial obligado a frenarlos.

El espectáculo de unos energúmenos insultando a la fiscal de Barcelona por el mero hecho de hacer su trabajo (“fascista, eres una mierda, vete de Cataluña”), bajo la complaciente protección del Govern de Cataluña, se parece demasiado al de los mafiosos de La Cámpora kirchnerista amenazando en la calle a los jueces que investigaban los múltiples delitos de la presidenta y su 'familia'. O a los intimidatorios tuits de Donald Trump que ponen en riesgo la integridad física de los jueces que paralizan sus anticonstitucionales decretos contra los inmigrantes.

Los gobernantes de Cataluña ponen al Estado español (al Gobierno, a la Justicia y al Parlamento) ante la opción infranqueable de ignorar la ley o recurrir a la fuerza para hacerla cumplir. Reflexionando sobre ello, he llegado a la conclusión de que lo que buscan es precisamente esto último. Han decidido llevar el conflicto al punto de obligar al Estado a realizar una acción de fuerza que haga saltar el 'statu quo' y legitime una respuesta insurreccional.

El problema político de fondo es el empate insoluble en la sociedad catalana entre los que quieren separarse de España y los que quieren seguir formado parte de ella. Pueden ponerse las urnas mil veces: de una u otra forma, siempre se reproducirá la misma situación. No es un conflicto entre España y Cataluña, sino esencialmente un problema entre catalanes a ambos de la zanja con la que sus insensatos gobernantes han dividido a esa sociedad.

¿Cómo se rompe el empate? Puesto que el independentismo catalán carece de la fuerza física para imponer su solución, trata de extremar la provocación hasta crear una situación de hecho que induzca al Estado a ser él quien emplee la fuerza. Ello dispararía una espiral de victimismo —el motor histórico del nacionalismo— que probablemente desequilibraría la balanza en la sociedad catalana y justificaría una ruptura unilateral “en legítima defensa”.

Imaginen —les aseguro que esto se está estudiando— que Puigdemont decide convocar simultáneamente el referéndum sobre la independencia y las elecciones (formalmente autonómicas, pretendidamente constituyentes). Estaríamos ante un dilema endiablado: unas elecciones legales y un referéndum ilegal en la misma jornada, con los mismos colegios electorales y dos urnas en cada mesa. Lógicamente, el Tribunal Constitucional ordenaría al Gobierno de España que impidiera el referéndum sin obstaculizar las elecciones.

Pero ¿cómo se hace eso? ¿Se consiente el desafuero? ¿Se envía a la Guardia Civil a los colegios electorales para que retiren una de las dos urnas? Se diría, con razón, que se había violentado la jornada electoral. ¿Qué deberían hacer los ciudadanos que reconocieran la legitimidad de las elecciones pero no la del referéndum? ¿Cómo se interpretarían los resultados de esas dos votaciones enredadas?

En todo caso, una acción coercitiva del Estado tendría un efecto irreversible: cualquiera que fuera la salida a corto plazo, España habría perdido afectivamente a Cataluña para siempre. La desconexión, en su vertiente emocional, estaría consumada.

Ya que yo no puedo pegar, voy a obligarlos a que me peguen. Están en eso, de otra forma no se entiende su comportamiento. Más vale que cuando llegue el día, la respuesta en defensa de la ley esté meditada, calibrada y, a ser posible, acordada.

Inaceptable acoso a la justicia
EditorialLa Razon 15 Febrero 2017

Que la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, haya tenido que explicar en una comparecencia pública el acoso al que fue sometida tras una de las sesiones del juicio por el 9-N, explica por sí solo el desprecio que el independentismo está mostrando hacia la Justicia.

Los manifestantes que acompañaron y aclamaron a Artur Mas hasta el Palacio de Justicia el pasado día 6 gritaban «fuera, fuera, fuera, la justicia española», que no es el mejor ejemplo que puede dar un ex presidente de la Generaliverque –por lo menos por vivir de una pensión pública y otras prestaciones del Estado– debería dar ejemplo de que sin defensa de la legalidad no hay democracia, ni española, ni catalana, ni de ningún otro lugar.

No es extraño, pues, que exaltados, incluso pacíficos independentistas imbuidos de la religión nacionalista más intolerante, actúen contra un principio tan elemental como cumplir la Ley, lo único que nos hace iguales a todos los ciudadanos, sean de la condición que sean y hayan nacido donde hayan nacido. Y que lo hagan, además, con absoluta impunidad, como una demostración de que cuentan con el apoyo de la Generalitat y la comprensión del conjunto de la sociedad, aunque luego no se corresponda con la realidad.

Sólo desde esta posición privilegiada puede entenderse que alguien se acerque a la fiscal jefe de Barcelona, la reconozca –«tú eres la Fiscalía, tú nos condenas por poner las urnas»– y la insulte: «Me llamaron mierda, fascista, eres una mierda vete de Cataluña, fuera», declaró en su comparecencia. La declaración de la fiscal Magaldi no debe echarse en saco roto y entrar a formar parte del capítulo de las denuncias olvidadas porque en ellas quieren verse los intereses oscuros del «españolismo», que es con lo que el nacionalismo y sus terminales zanjan cualquier ataque a las libertades públicas.

No sólo la Generalitat no ha salido a condenar este incidente –que también obligó a que la Fiscalía General del Estado emitiese un comunicado–, sino que ha actuado con el silencio cómplice con el que se envía al ostracismo a los que osan denunciar los excesos del nacionalismo. Pero Magaldi no es político, como ella mismo recordó ayer, sino una representante de la Justicia, cuya misión, en contra del martirologio independentista, no es condenar, sino acusar. «Los que condenan o absuelven son los tribunales y los jueces», añadió.

La Generalitat ha optado por la estrategia de la desobediencia, lo que le ofrece un rédito propagandístico muy vistoso, pero cuyas consecuencias pueden ser nefastas en un futuro. No existen leyes excepcionales para momentos excepcionales, que es a lo que aspiran las llamadas «leyes de desconexión», según han sido diseñadas por el cerebro jurídico del futuro Estado catalán, sino negación del Estado de Derecho. Y como esta es la base en la que se sustenta cualquier sistema de libertades, deben saber que el ataque permanente a la estabilidad democrática sólo puede tener consecuencias nefastas para las aspiraciones independentistas.

El Tribunal Constitucional anuló ayer la resolución del Parlament del pasado 6 de octubre por la que se aprobaba un referéndum por la independencia de Cataluña a celebrar en 2017. Como era de esperar, la portavoz de la Generalitat ha anunciado que no tendrán en cuenta dicha anulación y que se mantiene el referéndum y la hoja de ruta independentista. De esta manera, vuelve a repetirse la misma dinámica abierta con la consulta del 9-N y se abre un futuro incierto para el independentismo, que sólo puede ofrecer el espacio de la ilegalidad. No deberían olvidar sus dirigentes que, a diferencia de las personas, los poderes públicos sólo pueden actuar si una ley se lo permite.

Acoso intolerable del secesionismo a la Justicia
EDITORIAL El Mundo 15 Febrero 2017

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró hace una semana en el Parlament que "la democracia española está enferma". Lo dijo en medio del juicio a Artur Mas por la consulta ilegal del 9-N. Hay que estar muy alejado de la realidad o ser un completo irresponsable, o ambas cosas, para poner en tela de juicio las bases del sistema democrático en España, justo cuando el propio Puigdemont y sus socios agitan un proyecto político que vulnera la ley y la soberanía nacional. Y lo hacen, además, desde las instituciones que controlan y que emanan del ordenamiento jurídico español. Sus palabras no sólo responden al inflamante discurso soberanista, sino que forma parte de una estrategia de desobediencia que arranca en los despachos oficiales y tiene un reflejo directo en la calle.

Prueba de ello es el testimonio de Ana Magaldi. La fiscal jefe de Barcelona fue objeto de graves insultos por parte de un grupo de radicales que, el pasado viernes, permanecían concentrados a las puertas del Palacio de Justicia para apoyar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Le gritaron "fascista", "eres una mierda" o "fuera la Justicia española", e incluso llegó a temer por su integridad física después de que uno de los presentes se saltara el cordón de seguridad. "En mis 64 años de vida, jamás había visto reflejado en una mirada el odio que vi en esta persona", confesó Magaldi. Pero si ya es sumamente preocupante que la violencia y el insulto eclosionen en las calles de Cataluña, aún lo es más que encuentren amparo en la clase política. La portavoz del Govern lo enmarcó en un contexto de ejercicio de la libertad de expresión. Y Artur Mas no tuvo empacho en afirmar que el Estado "intenta cambiar el marco mental" del soberanismo catalán y presentarlo como un movimiento "intolerante y violento". Con esta impresentable y gravísima declaración del ex president, el independentismo se ha saltado una nueva línea roja. A su habitual disposición a quebrar la ley, ahora se suma el coqueteo cuando no la justificación abierta de actos que no tienen cabida en un Estado democrático.

Denigrar la figura que representa a la Fiscalía General del Estado constituye una coacción inadmisible a la labor de la Justicia. Pero hay que subrayar que las amenazas a la fiscal se produjeron la misma semana en que, aprovechando el inicio del juicio por el 9-N, el separatismo orquestó una marcha en la que miles de personas acompañaron a los tres imputados al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Las presiones a los jueces son consecuencia de la deriva de la política catalana. Tanto el PDeCAT como ERC, chantajeados por la CUP, llevan mucho tiempo prestándose a secundar la táctica frentista y rupturista de las organizaciones sociales independentistas. Este desvarío es el que ha conducido al cuestionamiento del Estado de Derecho, algo impensable en cualquier otro país de nuestro entorno.

En todo caso, por mucho que se empeñe Puigdemont, la democracia española no sólo no está enferma sino que responde al desafío separatista con un respeto escrupuloso a la legalidad. Esta es la razón por la que Mas se ha visto obligado a sentarse en el banquillo -no por poner urnas, sino por hacerlo saltándose el mandato del Tribunal Constitucional-. Y es también la razón por la que el TC anuló ayer la resolución aprobada por el Parlament para promover un nuevo referéndum, así como las leyes de desconexión contempladas en el denominado "proceso constituyente".

"Han perdido ya a la mitad de los catalanes", afirmó Mas el domingo en TV3, durante un programa especial sobre el 9-N, en referencia al apoyo que concita la independencia en Cataluña. Esta fijación en dividir a los ciudadanos certifica la huida hacia adelante de una formación política gangrenada por la corrupción, tal como EL MUNDO volvió a poner de manifiesto ayer, a raíz de las revelaciones que muestran cómo CDC se financiaba ilegalmente con empresas implicadas en el caso 3% a cambio de adjudicaciones públicas.

Ésta es la razón de fondo que anida en la porfía de Mas y Puigdemont en socavar la Justicia. El independentismo catalán, al socaire del declive de la vieja Convergència y el auge de sus corrientes más extremistas, transita sin freno hacia el precipicio.

el constitucional anula el referéndum
El Gobierno se vuelve a esconder tras el TC para no enfrentarse al separatismo
La Gaceta 15 Febrero 2017

El Alto Tribunal denunciará ante el fiscal a Forcadell, y a los miembros separatistas de la Mesa por haberle desobedecido al adoptar la resolución de promoverlo.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes por unanimidad anular la convocatoria del referéndum secesionista en Cataluña y denunciar ante el fiscal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros separatistas de la Mesa por haberle desobedecido al adoptar la resolución de promoverlo.

El Constitucional ha aceptado el incidente de ejecución que le planteó el Gobierno contra la resolución del Parlament que convocaba la consulta. Aunque no entra a decir si existe o no delito, el fiscal presentará una querella, en los próximos días, con toda probabilidad, contra Forcadell y contra los miembros de la Mesa afectados: Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet.

Será la segunda denuncia penal por parte del TC contra Forcadell y también la segunda querella del fiscal contra ella, a la que ya acusó de desobediencia al TC y prevaricación al permitir votar la hoja de ruta independentista.

El TC, además, ha apercibido a los ya citados, pero también al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno, de que, si convocan un referéndum incumpliendo su resolución, incurrirán en posibles responsabilidades penales. En concreto, el pleno ha acordado "deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder" a los ya citados.

El Govern desafía al TC
Por su parte, el Govern ha reaccionado al fallo del Alto Tribunal con un nuevo desafío. "Esta decisión no altera en nada la voluntad inequívoca del Govern de convocarlo", ha advertido la consellera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté.

Además, ha dicho que esta voluntad viene "reforzada por una mayoría parlamentaria en el Parlament y de una mayoría social en favor de un referéndum".

Para la consellera, "no es ninguna sorpresa" esta decisión del TC ni la "celeridad extraordinaria" con la que la ha tomado, justo después de "una semana tan intensa como la pasada", en la que tuvo lugar el juicio por la consulta ilegal del 9N de 2014.

También se ha pronunciado al respecto el expresident catalán Artur Mas, que ha acogido el fallo del Alto Tribunal sin sorpresas, y ha tirado de victimismo. "Sigue la línea de eliminar del mapa y destruir la credibilidad de determinados liderazgos" del separatismo, ha manifestado.

"Al Estado se le ve el plumero de la guerra sucia; han actuado así en los últimos tres o cuatro años de forma muy evidente", ha sentenciado
Catalá: Rajoy sigue tendiendo la mano a Puigdemont

Pese a que el separatismo sigue tensando la cuerda de este desafío, el Gobierno sigue con "la mano tendida al Govern".

A principios de este mes, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado que el Ejecutivo no descarta medidas coercitivas para impedir el referéndum. También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión de la autonomía, "es una opción" ante una hipotética convocatoria. Sin embargo, acto seguido Catalá ha dicho que en este tema lo que más le preocupa al Ejecutivo es "mantener un vínculo permanente con los ciudadanos y las relaciones con las instituciones" y ha recordado que el Gobierno de España sigue tendiendo la mano a Puigdemont.

También el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado que a su formación no le "temblará la mano a la hora de recomendar" al Gobierno que, si se llega a una situación "absolutamente límite", aplique el 155, pero ha añadido que no les gustaría que se tuviera que emplear ese instrumento contemplado para "casos de necesidad".

Aplicación del 155
Plataformas civiles contrarias a la secesión, como Convivencia Cívica Catalana, Somatemps, Espanya i Catalans, y Resistencia Civil Catalana, llevan tiempo reivindicando la aplicación del 155, como también exige VOX.

El líder de esta formación, Santiago Abascal, viene mostrando su “profunda preocupación por la falta de una respuesta proporcional y, por tanto, contundente, ante el desafío separatista. Advierte de que "no ganaremos esta guerra haciéndonos los despitados".

Solicita al Ejecutivo la aplicación de tres medidas claras contra la sublevación separatista. Son la suspensión de la autonomía de Cataluña; la detención y el procesamiento de todos los sublevados y la disolución de las "organizaciones ilegales que planean la ruptura de España, como Junts pel Sí y la CUP".

Precisamente, el partido de Abascal acaba de "dinamitar" a las plataformas Òmnium y la ANC, "tentáculos de la Generalidad en sus fines secesionistas". Estas entidades, organizadoras del aquelarre separatista del 11-S, se han visto obligadas a pagar una cuantiosa multa de más de 440.000 euros a raíz de una denuncia suya.

Santiago Abascal destaca que el hecho de que una formación como VOX, con tan pocos medios, haya logrado esto "hundir" a Òmnium y a la ANC, "demuestra lo que lograría el Estado si de verdad empleara todos sus medios legítimos". Y añade que "el separatismo sería una broma en un santiamén, si se detuviese, procesase e inhabilitase a todos los sediciosos".

El PSOE vetó una ley de lenguas de ERC como la que ahora defiende
En las comunidades sin lengua cooficial, "el castellano es el idioma oficial y único", decía en 2006 el PSOE.
Daniel Basteiro El Espanol 15 Febrero 2017

"¿Es que tenemos que obligar a toda la Administración pública del Estado, en cualquier lugar de España, a tramitar en catalán, valenciano, vasco o gallego los expedientes de los ciudadanos, con independencia del lugar de su residencia? ¿Es que hay que obligar a todos los servicios de juzgados de España a traducciones de todos esos idiomas?" Estas dos preguntas quedaron inmortalizadas en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados.

Era marzo de 2006 y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en España cuando el grupo de Esquerra Republicana presentó una proposición de ley (aquí en pdf) que pedía declarar cooficiales al catalán, euskera y gallego en el ámbito de la administración central, en las comunidades donde se hablan esas lenguas y también en las demás. El objetivo de ERC era que un ciudadano pudiese dirigirse a las instituciones en una de las lenguas cooficiales distintas del español, que se tradujeran los principales documentos del Estado y que se promoviese su uso en las instituciones españolas y europeas.

Las preguntas las lanzaba al aire el entonces diputado en el Congreso Ramón Jáuregui, hoy portavoz en la Eurocámara, antes de que el PSOE, junto con el PP y Coalición Canaria, tumbaran una iniciativa.

En la propuesta presentada esta semana, los socialistas reclaman que se pueda obtener el DNI, pasaporte o permiso de conducir bilingüe en cualquier comunidad autónoma y la posibilidad de dirigirse a organismos como la Casa del Rey o el Tribunal Constitucional en una lengua cooficial, además de ser aceptados en los juzgados los documentos en lengua distinta del español. Todas esas medidas están contempladas en la iniciativa que hace 11 años presentó ERC, así como la información del Estado en lenguas cooficiales (a través de rótulos o publicaciones como páginas web), la traducción del software que utilicen los funcionarios o la creación de un organismo que velase por el cumplimiento de la ley.

"El castellano es el idioma oficial y único"
La propuesta del PSOE, una iniciativa que concita tanto el apoyo de la Gestora como del PSC, cuyas relaciones han sufrido una convulsión en los últimos meses, coincide en su mayoría con las reivindicaciones de los nacionalistas. Pero entonces, el PSOE se opuso.

"El texto constitucional ya ha sido desarrollado y lo ha sido con arreglo a la cooficialidad de ambos idiomas en las comunidades bilingües. No se hace imponiendo, pues, el multilingüismo en la España que habla castellano", dijo entonces Jáuregui, que argumentaba que ampliar la cooficialidad "no encaja en la Constitución" porque además se trata de "un derecho que tiene un contenido estrictamente territorial". Es decir, que legislando al respecto, el Congreso podría incumplir tanto la Constitución como invadir competencias autonómicas. "En el resto del país donde no hay más que una sola lengua el castellano es el idioma oficial y único", zanjó entonces Jáuregui.
"El PSOE tiene poca memoria", ironizó este martes Joan Tardá, que en 2006 defendió la iniciativa. "Una vez más el PSOE, cuando no gobierna, presenta iniciativas para que luego se conviertan en humo el día que gobiernan", lamentó.

Momentos políticos complejos
Además de las similitudes entre ambas proposiciones, que sí tienen matices en cuanto a las definiciones jurídicas y el alcance de algunas medidas, llama la atención el momento político. En 2006, el PSOE acababa de negociar la tramitación del estatuto de autonomía de Cataluña, cuyas partes más polémicas fueron anuladas años después por el Tribunal Constitucional.

Ahora, en la dirección interina del PSOE pesan mucho las comunidades más centralistas, que han incluso revisado el protocolo de relación con el PSC para influir más en sus decisiones, algo que nunca hecho desde que se suscribiese el acuerdo entre ambos partidos, en 1978. En el seno del grupo parlamentario, la iniciativa ha pasado sin pena ni gloria.

Todavía tendrá que tramitarse, pero ahora los socialistas andan envueltos en otras cuestiones orgánicas, como la lucha por el liderazgo o salvar la relación entre el PSOE y el PSC. En este último aspecto se inscribe la iniciativa, vista dentro del grupo como un gesto hacia el partido hermano catalán.

 


Recortes de Prensa   Página Inicial