AGLI Recortes de Prensa    Miércoles 22  Febrero 2017

Pedro Sánchez y la 'plurinacionalidad' de España
EDITORIAL Libertad Digital 22 Febrero 2017

El proyecto político presentado por Pedro Sánchez este lunes en el Circulo de Bellas Artes de Madrid confirma la determinación del ex secretario general del PSOE de volver a liderar el partido, y de hacerlo mediante la radicalización y aproximación a Podemos y a los nacionalistas, con el objetivo de hacer posible ese frente popular que ahora él califica de "coalición progresista".

Ya resulta bochornoso que quien en su día aspiró a representar a una formación socialdemócrata moderada y equiparable a las que hay en el resto de Europa, y que se mostró dispuesto a gobernar en alianza con una formación centrista como Ciudadanos, pretenda ahora "no entrar en colisiones frontales y sistémicas con otras formaciones de izquierda", incluida Podemos, a la que en su día acusó acertadamente de ser una excrecencia bolivariana. Otro tanto se puede decir de sus guiños a otra formación progresista como ERC, abiertamente separatista.

Pero si grave es que la única línea roja que marca el documento de Sánchez sean "las políticas neoliberales y austericidas" que, según él, aplica el PP, más preocupante es que proponga la reforma de un artículo intocable hasta ahora para los socialistas, el 2 de la Constitución, que alude a la "indisoluble unidad de la Nación española", para así reconocer "el carácter plurinacional del Estado".

¿Cómo es posible que quien aspira a volver a ser candidato a la presidencia del Gobierno haga suyo el disparate de negar el carácter de nación a España para otorgárselo a las regiones que la componen? Pues, entre otras razones, porque las formaciones constitucionalistas casi nunca se han molestado en refutar y ridiculizar tan antihistórica e inconstitucional insensatez, acuñada en su día por quienes trataban vanamente de contentar a los nacionalistas.

Un claro ejemplo de esa pasividad a la hora de rebatir los delirios identitarios de los nacionalistas lo tuvimos en el debate entre los candidatos a la presidencia del Gobierno y Soraya Sáenz de Santamaría en el que nadie rebatió la aseveración de Pablo Iglesias de que España es una "realidad plurinacional", pretensión que ahora Pedro Sánchez también hace suya. Hubiera bastado, sin embargo, pedir a Iglesias que dijera públicamente el nombre y el número de las supuestas naciones que, según él, conforman España para arrastrar al líder de Podemos a un ridículo aun mayor que cuando trató de pronunciar el nombre de una célebre consultora.

Hay majaderías, como ésta de considerar a España un "Estado plurinacional", que, si no se combaten, arraigan. Grave es que las formaciones constitucionalistas no se atrevan a hacer cumplir la ley a los nacionalistas que la vulneran; pero peor aún es que se muestren dispuestas a modificarla contra la Historia, contra la lógica y contra la propia soberanía nacional, que está en la base de todo el edificio constitucional y del régimen de libertades.

¿Ganar el pasado o el futuro?
ELISA DE LA NUEZ El Mundo 22 Febrero 2017

Las democracias occidentales de corte liberal viven a ambos lados del Atlántico un momento crítico. Han sido, indudablemente, unos instrumentos inmejorables para la creación de riqueza y bienestar en el mundo occidental y han conseguido exportar con enorme éxito el modelo económico de sociedades abiertas y competitivas. Pero su tiempo se está acabando y deben reinventarse. No podemos cerrar los ojos ante la creciente fuerza de los movimientos populistas/antisistema, nacidos de la preocupación por la sostenibilidad de nuestro modelo económico y nuestra forma de vida, de la desafección hacia las instituciones y la desconfianza frente a "las élites" y, en definitiva, de la preocupación por el futuro: nuestros hijos tienen la convicción -probablemente por primera vez en décadas- de que van a vivir peor que la generación de sus padres. La extensión del nuevo precariado (una clase social con contratos temporales y escasamente retribuidos, tan identificable como antes lo fue la del proletariado), sobre todo, entre los más jóvenes es una prueba evidente de que esta convicción es muy fundada.

Mientras tanto, nuestro país sigue ensimismado en problemas domésticos y en tacticismos de corto alcance. Recientemente se han celebrado los congresos de dos importantes partidos españoles, uno de toda la vida y el otro nuevo. Lo más significativo son sus similitudes y no las diferencias, lo que no deja de ser interesante teniendo en cuenta que ambos están muy separados ideológicamente. Como es sabido, los congresos -tormentoso el de Podemos, plácido y bajo control el del PP- han terminado con la pronosticada victoria de los jefes, más ajustada en el caso de Pablo Iglesias (lo que no le ha impedido laminar a los críticos y sustituir a Íñigo Errejón como portavoz por su pareja, Irene Montero) y absolutamente contundente, por falta de oposición interna, en el caso del PP.

Es fácil destacar las obvias dificultades que nuestros partidos políticos tienen con la noción de democracia interna -suponiendo que lo consideren algo deseable, lo que no siempre ocurre- dado que se entiende no como posibilidad de ideas y propuestas distintas sino en términos personales, de adhesión o traición al líder o al aspirante a sustituirlo. Tanto las discusiones un tanto infantiles protagonizadas en las redes sociales por Iglesias y Errejón como la adulación practicada por figuras tan relevantes del partido como Dolores de Cospedal con respecto a Mariano Rajoy (por no hablar de otros protagonistas secundarios) son manifestaciones del mismo fenómeno. Y es lógico, porque todos los incentivos del sistema político español, empezando por el sistema electoral y terminando por el reparto de cargos públicos a la clientela a costa de las instituciones apuntan en la misma dirección: lo importante es llevarse bien con el que te puede poner en las listas y colocar en un cargo apetecible. A partir de ahí, lo lógico es repetir consignas y tirar de argumentario.

Las controversias ideológicas o, más modestamente, el libre contraste de pareceres están fuera de lugar en un contexto donde hay que alinearse con quien te puede permitir hacer carrera política o sencillamente tener un trabajo con cargo al erario público. La cúpula del partido ejerce un férreo control sobre el aparato, incluso en aquéllos en los que se llama a la militancia -o a los simpatizantes- a participar de forma más o menos testimonial o más o menos efectiva. Los complejos sistemas de elección de representantes en los órganos de dirección favorecen inevitablemente a los que los diseñan. Y los checks and balances internos (como comités de disciplina o de garantías) no existen, entre otras cosas, porque requerirían la presencia de personas neutrales e independientes que, por definición, no son fáciles de encontrar dentro de las filas de un partido.

Pero quizás el mayor problema es que en un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas no hay ninguna posibilidad real de que la opinión de los ciudadanos sobre las cualidades y capacidades de los posibles candidatos en liza tengan algún peso en las decisiones de los partidos. Tampoco facilita que la selección del equipo del líder de turno esté compuesto por personas con perfil propio y con capacidad crítica. A nuestros emperadores partitocráticos no les gusta que les susurren aquello de "recuerda que eres mortal" no ya por un modesto servidor, sino por un fiel compañero de filas. De manera que tienden a preferir a los corifeos que se limitan a seguir instrucciones, a cantar las virtudes del jefe y a denostar los defectos de los adversarios. Con honrosas excepciones, nadie quiere rodearse de personas con más capacidad que la propia, lo que tiende inevitablemente a condenar al ostracismo a los mejores y a promocionar a los mediocres y, sobre todo, a los serviles. Pero no nos engañemos: una persona con criterio y talento, pero que antepone el servilismo a otras consideraciones no puede llegar a ser un gran político aunque pueda acumular mucho poder. Y es que la supresión de las facultades críticas y del libre pensamiento tienen un coste intelectual y moral enorme. A la vista está.

Algo similar sucede respecto a las opciones ideológicas o las políticas concretas que se ofrecen por un sector del partido frente a otro, dada la escasa información que sobre este tipo de cuestiones se ofrece a la opinión pública. Los grandes números de participación de la militancia que se ofrecen en partidos como Podemos ocultan esa realidad; ni ciudadanos ni afiliados tienen posibilidades reales de ejercer no ya un mínimo control sino una mínima influencia sobre las diferentes opciones de políticas públicas sobre las que, teóricamente, resulta posible elegir en el seno de un mismo partido.

En conclusión, resulta muy llamativo que en un momento de crisis general de la democracia representativa liberal, construida a lo largo del último siglo y medio sobre un modelo económico y productivo que está desapareciendo a ojos vistas, nuestros partidos políticos sigan a lo suyo, a la lucha por el poder interno o externo no se sabe muy bien para hacer qué, ante unos ciudadanos que empezamos a cansarnos de un espectáculo que siempre es el mismo aunque en los nuevos, al menos, nos cambien de vez en cuando a los actores.

Conquistar el poder político es el fin último de cualquier partido político. Pero sería interesante saber qué es lo que se quiere hacer una vez que se conquiste, además de repartir prebendas y beneficios a los más fieles y condenar a las tinieblas exteriores a los traidores. Para saberlo ya no son suficientes las grandes palabras; más trabajo, más igualdad, más justicia, menos corrupción, etc. Necesitamos más detalles e incluso alguna evidencia empírica que fundamente la toma de decisiones. Tampoco nos vendría mal que las propuestas de reformas vengan avaladas, dentro de lo posible, por el éxito que hayan tenido en otros países o que, por lo menos, no importemos medidas que hayan fracasado.

Estos son los grandes retos que tenemos a la vuelta de la esquina. Por eso resulta tan sorprendente que nuestros grandes partidos, viejos o nuevos, no traten ni de refilón ninguna de las cuestiones que van a marcar las próximas décadas. Hablamos de la precarización general del empleo (en parte consecuencia de la decreciente relevancia del factor trabajo en los procesos productivos, puesto que el aumento de la productividad se debe sobre todo a la automatización de muchos procesos), de demografía, de las consecuencias sociales y políticas de la globalización, de la creciente desigualdad, de la pérdida de confianza en unas élites percibidas como lejanas y egoístas, o de tantos y tantos problemas que están minando la confianza en nuestras democracias occidentales. Mientras tanto, nuestros partidos políticos siguen empeñados en ganar un juego cuyas piezas están a punto de ser retiradas por obsoletas. Porque, les guste o no, el futuro no se va a ganar ni con llamadas a la movilización en la calle ni con blindajes del statu quo. Necesitamos con urgencia un nuevo contrato económico, social y político como el que ha permitido el gran desarrollo de nuestras sociedades occidentales durante muchas décadas, y, sobre todo, necesitamos líderes políticos capaces de entenderlo.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora del blog ¿Hay Derecho? y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Justicia herida de muerte
Isabel San Sebastián ABC 22 Febrero 2017

A mi modesto entender, la herida más profunda que deja el caso Nóos no es a la Corona, pese a la actitud indigna de una Infanta que ha puesto sus sentimientos e intereses por delante del deber inherente a su condición, sino a la Justicia en sí. A un sistema judicial gravemente erosionado en su credibilidad, cuestionado en voz baja incluso por quienes no se atreven a hacerlo de manera abierta y necesitado de una reforma a conciencia si es que aspira a seguir imponiendo sus decisiones por la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza.

No he leído la sentencia y en consecuencia no voy a comentarla. Tengo oídos, no obstante, para escuchar lo que dicen en la calle gentes de a pie, de las que trabajan, cumplen religiosamente con la Agencia Tributaria para sostener el tinglado estatal, sin ni siquiera el desahogo de expresarse en una tertulia, se informan, charlan con sus vecinos, y contrastan, antes de formarse una opinión. La sensación generalizadada oscila entre la incomprensión y el desconcierto. Muchas decidieron hace tiempo «pasar», desvincularse de este tipo de noticias con el fin de no hacerse mala sangre. Las más se formulan preguntas carentes, hasta ahora, de respuesta. Por ejemplo: ¿cómo es posible que un proceso de tanta trascendencia pública tarde más de once años en resolverse en primera instancia? ¿Y que el juez instructor discrepe de un modo tan frontal con las magistradas de la sala que ha fallado? ¿Exageraba el fiscal al pedir penas tan elevadas para Iñaki Urdangarín y su socio, Diego Torres, o se han quedado deliberadamente cortas sus señorías al imponer las más bajas previstas por el Código Penal en todos y cada uno de los delitos considerados probados? ¿Por qué, ante una misma conducta que, sintetizando, podríamos llamar «enchufe» o tráfico de influencias a cargo del contribuyente, los políticos baleares son condenados mientras que valencianos y madrileños salen absueltos? ¿Le ha perjudicado a Jaume Matas ser el único «matao» que cantó la gallina y contó lo que realmente había tras las explicaciones oficiales, cuando ante estas situaciones resulta siempre más conveniente ceñirse a la «omertá»? Hay muchas más cuestiones en el aire, pero estas se repiten de boca a oreja con idéntica perplejidad.

Seguramente sea culpa nuestra, de los perversos medios de comunicación y periodistas, obstinadamente empeñados en buscar tres pies al gato con nuestras críticas en lugar de someternos al contro del poder político, como le gustaría a Donald Trump. Sin embargo, tal vez los representantes del poder judicial debieran reflexionar sobre el modo en que la sociedad recibe últimamente sus decisiones y los porqués de ese escepticismo. Tal vez el legislativo y el ejecutivo, tan ávidos de invadir el espacio de los togados certificando una y otra vez el asesinato de Montesquieu, podrían tomar medidas destinadas a devolver a los jueces el prestigio que les sustrajeron sometiéndolos a su tutela. Podrían y deberían, pero no quieren.

Sale tocada de muerte en el caso Nóos una Justicia cuya lentitud es propia del siglo XIX y no del XXI. Una Justicia carente de medios materiales suficientes para funcionar. Una Justicia compuesta por profesionales cuyas carreras dependen de un órgano absolutamente politizado, como es el CJPJ, y que pueden ir y venir de la política sin más restricción que unos pocos años de «descompresión». Una Justicia en la que el Ministerio Fiscal, supuesto representante del pueblo, está sujeto a dependencia jerárquica de un superior nombrado y depuesto por el Gobierno. O sea, una Justicia que se proclama independiente pero dista mucho de parecerlo.

¿Una prueba falsa? ¡Menuda novedad!
Emilio Campmany Libertad Digital 22 Febrero 2017

Un jefazo de la Policía llamado Eugenio Pino, recientemente purgado con ocasión de su jubilación, concede una entrevista a El Mundo. Allí amenaza con desvelar tres informes elaborados por una brigada de revisión de casos creada por él. Uno de ellos tiene por objeto el 11-M. El nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras proponerse limpiar aquella casa, que está peor que los establos de Augías, dice que ha pedido el informe y que nadie lo encuentra. Cuando todo apuntaba a que sólo existía en la imaginación de Pino, el informe aparece. Toda la expectación creada queda en nada a pesar de ser mucho lo que el informe dice. Dice mucho porque concluye, aunque lo diga con otras palabras, que la prueba de la mochila de Vallecas podría ser falsa porque no hay ninguna garantía de que hubiera estado en los trenes. Pero dice poco porque eso ya se sabía y a casi nadie le importó. Cuando el informe llegó a la Audiencia Nacional, fue a parar a las manos del fiscal jefe, don Javier Zaragoza, Mr. Versión Oficial, puesto allí por Zapatero para apuntalarla y mantenido por el PP para lo mismo. Y, como era de esperar, concluyó que el informe no justifica la apertura de ninguna nueva diligencia porque, añado yo, ya se sabía que la mochila podía muy bien ser falsa.

Habrá quien crea que bueno, que podría ser falsa, pero que también podría no serlo. Ya. El problema es que durante la investigación se intentó colar una prueba que se ha demostrado falsa, el Skoda Fabia, que incriminaba a la célula de Leganés como autora del atentado. Si alguien se preocupó de colocar una prueba falsa con el objetivo de culpar a esa célula, ¿no es posible que otras que apuntaban en la misma dirección también lo fueran? Mucho más cuando existen dudas vehementísimas sobre su autenticidad. Encima, el único que está en prisión por estar en los trenes colocando bombas es el que suministró la tarjeta telefónica que apareció en la famosa mochila. Y eso a pesar de no tener ninguna relación con la célula de Leganés. En cambio, el único miembro de la citada célula que sobrevivió y fue detenido fue absuelto del delito de asesinato. No sólo, sino que los análisis de lo que explotó arrojaron elementos que no están presentes en la Goma 2 ECO, que es lo que supuestamente estalló. La Policía argumentó, y el juez y el fiscal se lo tragaron, que las pruebas se habían contaminado. Y si tan fácil era la contaminación, ¿no podían haber sido los elementos de la Goma 2 ECO fruto de una contaminación y ser los otros los del explosivo realmente utilizado?

El 11-M está lleno de falsedades. Y todos, empezando por el juez Bermúdez y acabando por el fiscal Zaragoza, lo saben. Entonces, ¿cómo iba a ser relevante un informe que se limita a apuntar la posibilidad, más bien la probabilidad, de que la mochila de Vallecas era una prueba falsa? ¡Menuda novedad!

¿Por qué soy amigo de Israel?
Carmelo Jordá Libertad Digital 22 Febrero 2017

Este lunes se reunían en Madrid tres asociaciones españolas de amigos de Israel. El acto, que llenó el salón del Centro Sefarad-Israel, podía servir para muchas cosas: para encontrarte con algunos camaradas, para comprobar que no eres el único que siente algo por ese pequeño país al otro lado del mar… Pero sobre todo a mí me ha servido para que, un día después, me haya dado por reflexionar sobre qué me hace involucrarme con una asociación que quiere defender en España una causa tan poco popular; por qué me siento en la obligación de pelear –argumentalmente, por supuesto– por un lugar que en principio me queda tan lejos; por qué, en suma, soy o me considero amigo de Israel.

Y lo cierto es que hay muchas razones, alguna completamente banal: por ejemplo, tengo que reconocerles que empecé a interesarme por ese país lejano siguiendo lo que podríamos llamar una brújula moral inversa: si cierto tipo de gente critica tanto un lugar, algo bueno debe de tener.

Es un método con el que puedes equivocarte a veces, pero en este caso resultó infalible: efectivamente, Israel tiene mucho de bueno, y precisamente por eso es tan odiado por algunos, mientras que a otros nos da por amarlo.

Porque Israel nos gusta –casi diría que nos enamora– a los que amamos la libertad; a los que apreciamos la diversidad cuando se une alrededor de unos valores comunes; a los que preferimos las democracias a las dictaduras; a los que admiramos la producción artística y tecnológica; a los que valoramos lo que se consigue con esfuerzo cuando todo está en contra y la tarea parece imposible…

También será un país importante, por supuesto, para aquellos que consideramos el Holocausto como la página más negra de la historia de la Humanidad; para los que pensamos que hay que estar con los que han sido –y aún son, si nos descuidamos– injustamente maltratados y perseguidos; y, cómo no, para los que nos negamos a que ideologías fanáticas y despreciables nos impongan retroceder a la Edad Media y renunciar a nuestros valores, esos valores que, casualmente, son también los de Israel.

Y por último, pero no menos importante, soy amigo de Israel porque siento que es un país amigo, en el que estoy seguro de que, si tienen la suerte de viajar allí, se sentirán en casa, como me ocurre a mí; un país que comparte como pocos nuestro espíritu mediterráneo, nuestro amor por la vida, la comida, los amigos, la noche…

Rodeado de peligros y –en según qué dirección– de horror y oscuridad, también soy amigo de Israel –y les animo a ustedes a que lo sean y a que participen de alguna de estas asociaciones– porque quizá en ningún otro lugar del mundo se aprecia tanto todo lo bueno que nos han traído el progreso y la civilización… y lo fácil que sería perderlo: bastaría con ser indiferentes ante el bien y el mal.

La incoherencia de Ciudadanos
Editorial La Razon 22 Febrero 2017

El Congreso ha tomado en consideración la iniciativa legal presentada por Ciudadanos de la «Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de denunciantes», que, entre otras cuestiones, establece que deberán renunciar a sus cargos públicos quienes sean procesados por delitos de corrupción o, en su caso, se les haya señalado la apertura de juicio oral.

Más allá de las consideraciones jurídicas y políticas que cabría hacer a una legislación que anula de hecho unos de los derechos individuales consagrados en la Constitución –como es el de la presunción de inocencia, que sólo se enerva ante el caso juzgado y sentenciado–, la propuesta defendida en la Cámara por el líder del partido naranja, Albert Rivera, demuestra, cuando menos, la incoherencia de Ciudadanos a la hora de abordar el problema en cuestión. Vaya por delante que, puestos a elegir el mal menor, nos parece mucho más adecuado que un representante político no se vea abocado a renunciar a su cargo, más si ha sido elegido en las urnas, hasta que se haya formalizado en su contra un procesamiento judicial que, en la mayoría de los casos, desemboca en acusación y vista oral.

Se entiende, pues, que el auto de procesamiento responde a la existencia de indicios delictivos lo suficientemente sólidos como para forzar la renuncia del acusado, a quien se le exige, por su calidad de representante público, una mayor ejemplaridad que al resto de los ciudadanos. Por otra parte, se trata de aplicar el principio elemental de precaución ante el hecho patente de que muchas denuncias de corrupción contra cargos públicos responden a intereses espurios dentro de la mera pugna partidista. La experiencia nos dicta que la posterior decisión judicial, por muy favorable que sea al político denunciado, ni sirve para restituirle en su cargo ni restaura el prestigio manchado.

Desde esta perspectiva, la iniciativa legal de Ciudadanos nos parece un avance en la buena dirección, que, sin duda, colaborará en la restauración de la imagen de los políticos españoles ante el conjunto de la sociedad y desalentará el recurso fácil a los titulares judiciales para atacar al adversario político. No se trata, por supuesto, de amparar lo más mínimo la corrupción, lacra indeseable que llega a afectar a la propia confianza en el sistema democrático, sino de procurar que las aguas vuelvan a su cauce y se dejen de emplear las acusaciones cruzadas de corrupción como arma arrojadiza en la vida pública.

 Pero si Ciudadanos quiere ser creíble, debe actuar en consecuencia con sus propias propuestas y, sobre todo, evitar el doble rasero a la hora de exigir responsabilidades. Lo que vale para el caso del alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, investigado por un juez de Sevilla por un presunto delito de corrupción, debe valer para el presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que se encuentra en la misma situación procesal. Es decir, si Ciudadanos mantiene su apoyo al primer edil granadino, debe hacer lo mismo con el presidente murciano, aunque sólo sea porque ninguno de los dos representantes públicos se encuentra formalmente procesado ni, mucho menos, se le ha señalado vista oral, que son las condiciones que, según la iniciativa legal presentada por Albert Rivera al Congreso, obligaría a ambos políticos a presentar su renuncia, aunque no hayan sido, insistimos, juzgados ni condenados. Nuestro ordenamiento jurídico estableció la figura del «imputado» –ahora «investigado» tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– como una medida de protección del derecho a la defensa de los encausados. El hecho de que su finalidad haya sido pervertida obliga a restaurar esa garantía individual.

Experimentos criminales
Hermann Tertsch ABC 22 Febrero 2017

Felipe González y José María Aznar son dos expresidentes del gobierno español cuyas biografías han estado en violenta colisión durante muchos años. Que se han dicho cosas irreparables en la relación humana. Y que no se aprecian nada. Pero ayer hicieron una rarísima aparición pública juntos que les honra más por lo mucho, como todos saben, que a ambos les cuesta. Comparecieron ante los medios para hacer una dura denuncia coincidente con el tercer aniversario del encarcelamiento del dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Pero no se trata solo de denunciar una condena grotesca a 14 años por unos crímenes que cometió la propia dictadura. Y recordar a los más de cien presos políticos que sobreviven a las torturas y al aislamiento en sótanos y mazmorras de la policía política. El régimen chavista ha destruido Venezuela. Y la está matando. Son 30.000 los asesinatos el año pasado. En España no llegan a 400. Los efectos letales y devastadores del experimento social iniciado en 1999 por Hugo Chávez son comparables a los de una larga y cruenta guerra en la que la población está en primera línea de fuego, mientras el enemigo gobernante saquea, trafica y roba.

La tragedia de Venezuela no es una catástrofe natural. El hambre de los niños que se pelean por comer restos de basura, los viejos y enfermos que mueren por falta de medicamentos, los cadáveres baleados hacinados en las morgues tienen un origen y culpables. El causante es el experimento social llamado "socialismo del siglo XXI" auspiciado por los Castro y liderado por Chávez. Gracias al inmenso caudal de dinero del crudo venezolano, triunfante a principios del milenio como nueva versión del proyecto comunista quebrado en Europa y Rusia en 1989. Hoy sus puntales son La Habana, Caracas y las FARC colombianas. Una Colombia de las FARC es necesaria. Venezuela colapsa y el petróleo ya no es la materia prima que nutre el proyecto. Ahora es la cocaína.

El proyecto criminal se enfrenta también a Donald Trump que parece dispuesto a combatirlo como no hizo su antecesor. Hace aguas, pero su daño ha sido infinito. El experimento chavista ha sido tan criminal como el más cruel experimento médico con seres humanos. Y nos atañe especialmente porque tiene además culpables españoles. Son el grupo de comunistas que fue a ayudar a Chávez a convertir su administración en un aparato de poder comunista y a cambio recibió dinero para una franquicia del experimento en España. Con un aliado de Chávez muy hostil a Occidente que es Irán.

El proyecto común de Irán y Venezuela en España ha tenido éxito: 67 diputados a la primera. Pero no el éxito total con que soñaba su jefe para después de las elecciones de junio del 2016. Creía que iba a gobernar. No lo harán de momento. Al menos mientras no colapse la ficción de estabilidad que genera la parálisis política bajo Mariano Rajoy. Pero lo cierto es que, protegida y mimada por el gobierno del PP que la usa para dividir a la oposición y amedrentar a los españoles, la franquicia comunista tienen cinco millones de votos de españoles a los que no molesta su vínculo con la tortura, la detención de opositores y el experimento social que llevó a la catástrofe de hambre y muerte. Aznar y González llamaron ayer a la liberación de los presos y de toda Venezuela de las garras de aquel proyecto ideológico criminal y fallido. Pero implícitamente también denunciaban la miseria moral que supone el apoyo político a quienes, si pudieran, condenarían a sus enemigos a la suerte de Leopoldo López o a la de los cadáveres anónimos en la morgue de Caracas.

La inexcusable comparecencia del ministro por el 11-M
El rugido del león El Espanol 22 Febrero 2017

Tal y como hoy informa EL ESPAÑOL, el informe que el número dos de la Policía encargó sobre el 11-M a la Brigada de Análisis y Revisión de casos, buscaba confirmar si en los vídeos grabados por las cámaras de seguridad aparecían los condenados por la Audiencia Nacional e incluso si se podía identificar a nuevos sospechosos. Los visionados fueron, en ese sentido, inútiles.

Pero sólo el hecho de que los agentes revisaran minuciosamente todas las imágenes indica que la Policía era la primera que tenía serias dudas sobre la versión oficial de los atentados que consagró la sentencia. Por otra parte, resulta muy llamativo que ni el principal condenado, Jamal Zougam, ni uno solo de los siete islamistas que se suicidaron en el piso de Leganés, quedaran registrados en las cámaras.

Nuevas diligencias
De la misma forma que esa prueba de los vídeos no descubre otros implicados ni terroristas, a contrario sensu podría servir de argumento a Zougam para pedir nuevas diligencias. De la misma forma, por más que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya estimado que "no es útil ni pertinente la práctica de nuevas diligencias", la Asociación de Víctimas del 11-M debería poder plantear una reapertura del caso si del contenido del informe pudieran extraerse datos suficientes para ello.

Las "nebulosas del 11-M" de las que habló el comisario Eugenio Pino para justificar el encargo de revisar unos hechos ya juzgados podrían acabar conformando nubarrones si no se arroja luz sobre ellas. Es imprescindible que el ministro del Interior informe en el Parlamento tanto acerca de qué motivó la solicitud de un informe precisamente del 11-M, qué tipo de pesquisas se hicieron y con qué resultados.

En demasiadas ocasiones se ha acusado de frivolizar con los atentados y con las víctimas a los pocos medios de comunicación que han intentado esclarecer las zonas oscuras del 11-M, pero precisamente porque no se puede tomar a la ligera el mayor atentado de la historia de España, las autoridades deben informar con rigor de cualquier novedad que se produzca. Y la prensa, exigírselo.

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¿Cuántas naciones, Snchz?
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 22 Febrero 2017

'Pdr Snchz' aspira a volver a ser Secretario General del PSOE después de haber dimitido de su cargo y aspira también a volver a ser candidato a la Presidencia del Gobierno gracias a Podemos, después de que Podemos impidiera que llegara a serlo con Ciudadanos. Cuando Snchz intentó la investidura tras negarse ante el Rey por dos veces a intentarlo Rajoy (su venganza contra Felipe VI es esa sentencia que absuelve a la Infantonta y compromete a su hermano, que la apartó de la Familia) decía que Iglesias pretende imponer en España una dictadura comunista como la venezolana que sólo produce represión y hambre. Iglesias contestó que el PSOE es el partido de la cal viva de los GAL y prefirió darle la Presidencia a Rajoy y aliarse con los comunistas de IU que, en contra de lo que hizo el PCE en la Transición, están a diez minutos de reivindicar la masacre de Paracuellos y, como Podemos, apoya en la calle la suelta de asesinos etarras.

Snchz no quiere recordar el "no es no" de Iglesias, y hasta ahora sólo tenía un argumento ideológico: el "no es no" a Rajoy. Anteayer añadió otro que le permitiría encabezar la estrategia podemita de apoyar y apoyarse en el separatismo catalán para llegar al poder y desde ahí dinamitar el orden constitucional desde su base: la soberanía nacional del pueblo español. Aquel Snchz del mitin en Barcelona con la gogó del Llobregat y una gigantesca bandera española quiere abolir el artículo 2 de la Constitución, que proclama la "indisoluble unidad de la nación española", base de esa soberanía popular "de la que emanan todos los poderes del Estado". ¡Desde 1812!

¿A cambio de qué? De "reconocer el carácter plurinacional de nuestro Estado", porque "sólo la estructura federal puede dar cabida a la pluralidad española, conferir acomodo (sic) a los diversos sentimientos de identidad de todos los españoles (...) y estabilizar la descentralización política que nos hemos dado". Ni Hispania ni España han tenido "estructura federal", salvo unos meses de la I República, que acabaron en la guerra cantonal de Murcia contra Totana, Cieza y Cartagena. Tenemos esa "estructura descentralizada". ¿Por qué abolir la soberanía popular, la legitimidad de la nación como base del Estado? Y ya que Snchz está en el secreto de la "plurinacionalidad", ¿puede decirnos cuántas y qué naciones somos?

Rajoy: línea roja... y líneas amarillas
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 22 Febrero 2017

Si es que aún existe tal posibilidad, el Gobierno tiene no solo el derecho, sino también la obligación de intentar negociar una salida al gravísimo conflicto provocado por la sublevación institucional del secesionismo catalán, único culpable de una crisis que solo puede acabar de dos maneras: o con un acuerdo entre el Estado y la Generalitat, previa renuncia de la segunda al referendo que hoy proclama innegociable; o con un enfrentamiento abierto entre el Estado y los secesionistas sublevados, del que los segundos saldrán no solo derrotados, sino responsables exclusivos de la ruptura de la convivencia interna en Cataluña y la paz territorial entre esa parte de España y el resto del país.

Salvo los secesionistas más cerriles, instalados en un delirio permanente, los españoles estamos seguros de que no habrá referendo, pues esa es la línea roja del Gobierno para cualquier negociación. Aunque nos tranquiliza, claro está, saber que la desmembración de España no está en juego, la posición del Gobierno («todo, salvo el referendo, puede hablarse») es inquietante, pues una negociación sin más límites que la autodeterminación podría conducir a resultados igualmente destructivos para la cohesión política y económica de España. Por eso conviene dejar claras otras dos líneas, amarillas, pues ese color forma con el rojo las banderas nacional y catalana.

La primera es evidente: no puede acordarse un modelo de financiación que haga inviable el funcionamiento del Estado. El nacionalismo catalán ha exigido de forma reiterada un sistema cuyos resultados sean para Cataluña equivalentes a los del cupo vasco, lo que, de ser aceptado, generaría de inmediato reclamaciones equivalentes de Madrid y otras comunidades que contribuyen a la solidaridad tanto o más que Cataluña, lo que haría saltar por los aires las finanzas del Estado. El privilegio fiscal vasco y navarro es injustificado pero económicamente soportable. Su extensión a otros territorios muy poblados acabaría con nuestro Estado social tal y como lo hemos construido en beneficio de la solidaridad entre quienes tienen más y tienen menos.

Igual de clara es la segunda de las líneas amarillas: no hay ya margen para conceder a Cataluña más poder y competencias que, como la reciente historia de España nos enseña, se trasladarían también más pronto que tarde a todas las demás comunidades. España está ya tan descentralizada que un nuevo adelgazamiento sustancial del Estado abriría un camino sin retorno hacia su desaparición, aunque durante un breve tiempo siguiera manteniéndose la ficción de un país único y unido.

Todo esto es lo que está en juego y no solo la autodeterminación con la que deliran los fanáticos. Tenerlo claro es indispensable para evitar lo que sería un error histórico de proporciones formidables: tratar de salvar la unidad de España sentando las bases para su futura destrucción.

El 'Mister X' de Bankia
José García Domínguez Libertad Digital 22 Febrero 2017

Apenas diez días después del hundimiento súbito de Lehman Brothers en Wall Street, allá por septiembre de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero, a la sazón presidente del Gobierno de España, compareció ante un muy selecto grupo de financieros de Nueva York para vanagloriarse de la solvencia, a su juicio sobresaliente, de los bancos y cajas de ahorros españoles. Solo tres años más tarde, en julio de 2011, el mismo José Luis Rodríguez Zapatero instó, huelga decir que con el poder de convicción que siempre es capaz de generar quien redacta cada mañana el BOE, a las principales compañías del Ibex 35 para que participasen en la salida a bolsa de Bankia, el monstruo sistémico resultante de la fusión precipitada de siete cajas provinciales al borde mismo de la quiebra.

Un secreto a voces, por cierto, del que no se enteró solo quien no quiso enterarse. Ahora, seis años después de los hechos, el partido del expresidente Zapatero y el del por aquel entonces jefe de la leal oposición, Mariano Rajoy, han concedido que se promueva una comisión de investigación en el Parlamento que, por supuesto, nada va a investigar. Primero, porque resulta harto improbable que alguno de los diputados que vayan a formar parte de esa comisión sepa leer un balance financiero. Segundo, porque, aunque dispusiesen de conocimientos sobre materia tan compleja, carecerían de los mínimos medios materiales y humanos necesarios para poder llevar a cabo una investigación de verdad. Y, tercero, porque tanto el partido del expresidente como el partido del exjefe de la oposición almacenan tales arsenales de armas de destrucción masiva en sus fondos de armario que el mutis por el foro se convertirá, a no dudarlo, en la estrategia más sensata a seguir por ambos. He ahí, sin ir más lejos, el precedente de la comisión promovida en el Parlament de Cataluña sobre idéntica materia, la extinción de las cajas catalanas, un vistoso carrusel de discursos indignados para la galería televisiva que quedó en nada de nada. Y ahora volverá a ocurrir lo mismo.

A la gente de la calle se le ha explicado que tenía que pagar 75.000 millones de euros de su bolsillo para rescatar al sistema financiero porque los bancos no son como las fábricas de chocolate o las cadenas de ferreterías. Cuando una ferretería quiebra, se les ilustró, los antiguos clientes se van a hacer sus compras en alguna otra de la competencia y ahí acaba el asunto. Cuando quiebra un banco, en cambio, no solo sus depositantes corren alarmados a retirar su dinero de la entidad en cuestión, sino que los clientes de los demás bancos, víctimas súbitas del llamado pánico financiero, los imitan. Es así como un banco capitalizado, solvente y bien gestionado puede irse a la ruina sin haber incurrido en ninguna práctica irregular ni sufrir problema ninguno un segundo antes, solo por efecto del pánico colectivo. Pero ese argumento, sin embargo, es algo mucho peor que una mentira: es una verdad a medias. Porque Caja Ávila, Caja Rioja, Caja Canarias o Caixa Laietana, cuatro de los enanitos que confluyeron en el gigante Bankia, no eran Lehman Brothers. El sistema capitalista español no habría entrado en barrena si Caja Rioja hubiese sido declarada en bancarrota por un juzgado local. Y si se hubiera producido algún brote de retirada de depósitos en otras entidades, el BCE hubiese resuelto el asunto en poco días, ofreciendo liquidez sin restricciones a los bancos sanos. No habría ocurrido nada. Igual que Banca Catalana y el Banco de los Pirineos fueron liquidados en su día asumiendo sus accionistas y acreedores de bonos y obligaciones el grueso del quebranto consiguiente, ahora se podría haber procedido igual. Los acreedores habrían dispuesto, pues, de dos opciones a su alcance: o convertir la deuda en capital de la entidad o ponerse a la cola para tratar de recuperar parte de su dinero en el proceso concursal oportuno.

¿Por qué razón entonces ni el presidente del Gobierno ni el jefe de la oposición consideraron siquiera la posibilidad de recurrir a esa vía, lo que hubiera evitado que los contribuyentes arrostrasen con todas las consecuencias del derrumbe? Tal vez la explicación a ese misterio se pueda encontrar en una de las escenas más célebres de la historia del cine: el impactante plano final de El planeta de los simios, cuando el protagonista descubre con horror lo ocurrido tras atisbar los restos de la Estatua de la Libertad en una playa desierta. El rescate de las cajas de ahorros españolas fue como un juego de matrioskas. Primero estaba la pequeña e incompetente matrioska de los gestores. Después, un poquito más grande, la matrioska de las comunidades autónomas llamadas por ley a tutelarlos. Por encima de ella irrumpían, una tras otra, la ya voluminosas matrioskas de los reguladores, que eran dos gemelas, la matrioska de la CNMV y la matrioska del Banco de España. Luego, enorme, aparecía la matrioska de todas las matrioskas, el Poder con mayúsculas, con su matrioska presidenta del Gobierno y su matrioska jefa de la leal oposición asintiendo, vía silencio administrativo, a cuanto la primera tuviese a bien decidir. ¿Y había alguna matrioska más grande aún cubriéndolas a todas ellas? ¿Existió en la historia del rescate de las cajas de ahorros españolas un Mister X de las matrioskas? Quizá. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué no se permitió la liquidación ordenada de las cajas? ¿Quizá porque los grandes tenedores de unos títulos de deuda llamados cédulas hipotecarias, títulos que fueron el origen de casi todo el dinero que destinaron las cajas a financiar la burbuja inmobiliaria, resultaban ser los bancos alemanes? ¿Quizá porque, en ese caso, las pérdidas del negocio habrían recaído en los acreedores de Alemania y no en los contribuyentes españoles? ¿Quizá porque alguien desde fuera, la matrioska Mister (o Lady) X, impuso que no se hiciera? Quizá.

 


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