AGLI Recortes de Prensa    Viernes 10 Marzo 2017

11-M: la piedra de toque de una España enferma
Hay momentos en la historia en que una nación se enfrenta a acontecimientos que la ponen a prueba. El 11-M ha sido uno de ellos, y España no ha estado a la altura.
Editorial Libertad Digital 10 Marzo 2017

Trece años después, sí sabemos algo sobre el 11-M que no supimos en los días y semanas posteriores al atentado, ni siquiera durante la larga instrucción judicial que culminó con unas sentencias ridículas, cuando no vergonzosas, que dejaron abiertos todos los interrogantes sobre la autoría.

Porque, efectivamente, aún desconocemos quiénes pusieron las bombas y quién ideó y ordenó el mayor atentado de nuestra historia, pero sí sabemos que España no ha querido saber, parafraseando el eslogan que en aquellos días se arrojó al rostro de un Gobierno noqueado.

Ha sido, sin duda, un proceso impulsado desde las élites políticas y mediáticas –valga la redundancia–, que no sólo se han negado a investigar lo realmente ocurrido y han publicitado una intragable versión oficial, sino que además han presionado hasta lo indecible a todo aquel que se atreviese a cuestionarla.

No es necesario detallar aquí la persecución que han sufrido los medios, los periodistas e incluso las asociaciones de víctimas que se han negado a tratar el 11-M como un asunto a olvidar. Una cacería en la que han participado todos los poderes del Estado y a la que no ha sido ajeno ningún partido político: ni el PSOE, que manipuló la masacre; ni el PP, cuya nefasta gestión de las cloacas de interior quedó al descubierto, ni los nuevos partidos, que en esto, como en tantas otras cosas, se han limitado a imitar lo peor de los viejos.

Un acoso al que tampoco han sido ajenos la gran mayoría de los periodistas y grupos mediáticos de este país, que no sólo han renunciando al más básico papel de la prensa, saber la verdad y contarla, sino que han atacado ferozmente a los que la buscaban.

El reciente estreno del documental sobre el atentado dirigido por el francés Cyrille Martin ha sido la última demostración de esa voluntad expresa de cerrar los ojos de todo el establishmenta cualquier posible información que ilumine un episodio que, no lo olvidemos, incluso desde el punto de vista de la versión oficial tiene aún muchos puntos oscuros.

Ningún político ha mostrado el más mínimo interés y sólo dos medios digitales –Libertad Digital y El Español- y una cadena de emisoras –esRadio– han prestado algo de atención a un hecho tan noticioso como que un documentalista de otro país estudie de forma independiente el mayor atentado de nuestra historia. Y eso ocurre en una España que, para casi cualquier tema, da a lo que se dice más allá de nuestras fronteras una importancia y una credibilidad en muchos casos injustificadas.

La más triste verdad, no obstante, es que ese silencio oficial y mediático habría sido imposible sin una sociedad totalmente predispuesta a pasar página, una España cobarde que lo único que ha querido es sentirse segura, exorcizar sus propios miedos y no tener de qué preocuparse.

Al igual que con las de ETA, la mayoría de los españoles ha decidido que las víctimas del 11-M no se merecían ni saber la verdad ni una verdadera reparación, ni siquiera un espacio en la memoria colectiva. Bien al contrario, unos y otros han sido apartados bajo la alfombra como temas incómodos, capaces de romper la placidez de unas versiones oficiales –ETA está derrotada, el 11-M fue un atentado islamista ejecutado por media docena de delincuentes de medio pelo– con las que es más fácil vivir.

Trece años después, lo que sí sabemos es que el 11-M fue un atentado hecho para cambiar la historia de España y no sólo consiguió su propósito, sino que desveló que bajo la capa de éxito de ese país entonces pujante se escondía una sociedad débil y enferma, dispuesta a cualquier renuncia con tal de garantizarse una tranquilidad que, lamentablemente, suele ser incompatible con la responsabilidad y la libertad.

Hay momentos en la historia en la que una nación se enfrenta a un proceso o un acontecimiento que la ponen a prueba. El 11-M ha sido uno de ellos, y España entera, desde sus más altas instituciones hasta sus ciudadanos, salvo honrosas excepciones, no ha estado a la altura.

Ley del silencio sobre el 11-M en los cuatro grandes partidos
En el aniversario de la masacre, los partidos callan ante el documental sobre el 11-M, un manto de silencio que nadie quiere quebrantar.
P.M | M.M. | M.A | K.G. Libertad Digital 10 Marzo 2017

Cuando se cumplen 13 años de los atentados, Libertad Digital ha preguntado a los cuatro grandes partidos nacionales con representación parlamentaria sobre el 11-M y, en especial, sobre el documental estrenado hace solo unas semanas del cineasta francés, Cyrille Martin, que pone en solfa la versión oficial sobre la masacre.

Oficialmente, el PP poco dice sobre el 11-M más allá de su respeto a las resoluciones judiciales y su apoyo a las víctimas de la masacre. Nada que afirmar sobre el documental, salvo algún comentario a título personal. Este sábado, Cristina Cifuentes rendirá homenaje a las víctimas en los diferentes actos que se celebrarán en la región por el aniversario del brutal atentado. No está previsto que asista Mariano Rajoy, aunque el Ejecutivo y el partido que lo sustenta estarán "como siempre" representados.

En el aniversario de 2014, a Rajoy se le interrogó por la cuestión. Se fijó como prioridad que las víctimas "se sientan reconfortadas" y que "no se vuelva a producir nunca más" un atentado como el vivido en la capital. Entonces, los periodistas le preguntaron si, en su opinión, se sabe toda la verdad sobre lo ocurrido, pero el presidente optó por no hacer más comentarios. Antes, María Dolores de Cospedal defendió "más luz" sobre el 11-M. "No creo que haya que cerrar la puerta nunca a nada aunque haya habido una sentencia", dijo la secretaria general, aunque su postura no significó movimiento alguno del PP en ese sentido.

Así las cosas, uno de los pocos cargos del PP que, públicamente, siempre se ha revuelto contra el silencio imperante sobre el 11-M es Luis Peral, quien fuera portavoz de Interior en el Senado. "Sigo pensando lo mismo de siempre. Se debería de haber investigado más. El Gobierno socialista no facilitó la investigación del tema y hay que seguir investigándolo para que se sepa toda la verdad. No puede haber carpetazo", se reafirmó el hoy afiliado raso, este jueves, en conversación con este diario. "Lo más importante de todo es la verdad, la verdad tiene que saberse", reclamó en 2015 Esperanza Aguirre.

En cuanto al documental de Cyrille Martin, la mayoría de cargos consultados por este diario reconoció que no lo había visto, aunque en privado son más los que admiten sus dudas sobre lo ocurrido el 11-M. "El documental es muy interesante, ya sabes lo que pienso…", deslizó un veterano parlamentario, en charla informal con este diario.

En Podemos dicen que no han visto el documental
Desde Podemos aseguran que este año volverán a "mostrar su apoyo a las víctimas del 11-M" y miembros del partido como el ex-JEMAD José Julio Rodríguez y Rafael Mayoral acudirán el sábado al acto en su memoria que se celebrará en Atocha.

El año pasado, Pablo Iglesias participó en esa concentración y allí aseguró que "utilizar a las víctimas políticamente para atacar al adversario es algo que se debería desterrar de las prácticas políticas". Declaraciones que pronunció después de que el líder del partido morado presumiese meses antes de que el mensaje del 'Pásalo' del 13-M de 2004 se gestó en su entorno. "Se gestó en mi facultad con un grupo de gente pensando la manera en la que había que ponerlo para que cupiera en los caracteres y generara ese efecto de flashmob", aseguró durante una entrevista que realizó en La Tuerka al periodista Iñaki Gabilondo.

Cuando les preguntan por el documental del cineasta francés Cyrille Martin sobre el 11-M, en Podemos aseguran que "no pueden valorarlo" ya que aún no lo han visto.
Ciudadanos y PSOE no hacen comentarios

En Ciudadanos evitan comentar el documental de Cyrille Martin y aseguran que no se pronunciarán "al margen" de la sentencia judicial sobre la masacre terrorista. El partido naranja manifiesta su apoyo y solidaridad con todas las víctimas.

Desde el PSOE se han limitado a decir que el 11-M "es cosa juzgada" y que no comentan vídeos de ningún tipo.

CONFERENCIA 'EL FUTURO DE ESPAÑA'
Ortega Lara: 'La cobardía del PP le ha regalado la supremacía moral a la izquierda'
La Gaceta 10 Marzo 2017

Sevilla ha acogido este jueves la conferencia 'El futuro de España', impartida por José Antonio Ortega Lara, fundador de VOX, y Santiago Abascal, presidente de la formación, en el Centro Cívico Torre del Agua.

José Antonio Ortega Lara, que, tras darse de baja en el PP fundó VOX en 2014, afirmó durante el acto: “Son más necesarias que nunca las propuestas de VOX” para “superar la crisis moral y económica de España”. España, añadió Ortega Lara, “necesita a VOX para que salgan adelante propuestas que millones de españoles defienden, como recuperar la libertad para educar a nuestros hijos, la consideración de la vida como principal valor de la persona, promocionar el reconocimiento y la memoria de cuantos dieron su vida por los demás, inculcar a nuestras generaciones el espíritu de emprendedor, preservar la unidad de la Nación, promulgar una justicia independiente, implantar un nuevo modelo electoral y eliminar los privilegios y subvenciones a partidos, sindicatos y a organizaciones empresariales. Y añadió: “En VOX no queremos destruir todo lo hecho hasta ahora, no somos revolucionarios, sino cambiar lo que funciona mal por estar viciado y pervertido, en beneficio de las generaciones futuras y de la supervivencia de España como nación”.

José Antonio también realizó un análisis de la política actual, centrándose en la deriva del PP al claudicar en la defensa de las ideas del centro-derecha y continuar con las políticas de Zapatero: “Se ha aceptado pasivamente el adoctrinamiento de nuestros hijos por parte de la izquierda, postura que unida a la actitud patológicamente cobarde del PP, al abandonar sus postulados ideológicos al debate de las ideas, ha terminado por regalarle a la izquierda una supuesta supremacía moral e intelectual que ni le corresponde ni merece. Se desdeña a los que se sacrifican diariamente por nosotros, como las Fuerzas Armadas, los policías, los guardias civiles… y en cambio se idolatra a personajes televisivos zafios y soeces”.
'Lucharemos por conservar nuestro modelo de vida'

Ante la amenaza islamista que sufre Europa, Ortega Lara afirmó que “es hora de plantar cara, dejemos bien claro que vamos a luchar por conservar nuestro país y nuestro modelo de vida”.

Ortega Lara concluyó su intervención afirmando que “los grandes poderes políticos, económicos y mediáticos sólo quieren cambiar lo superficial, no buscan un cambio real, por eso nos descalifican e incluso nos llaman populistas. Nuestro trabajo en VOX es ir sumando poco a poco a gente a nuestra causa para ser relevante en el panorama político nacional”.
'Rajoy sólo ofrece pasividad ante los problemas'

Santiago Abascal, presidente de VOX, comenzó su intervención en una sala con más de 200 asistentes, señalando que “Mariano Rajoy no ofrece ninguna respuesta a los grandes problemas de España, sólo pasividad. En estos momentos no ofrece una solución a la crisis estructural económica, ni a la crisis institucional, ni a la crisis del separatismo”.

Santiago Abascal dedicó buena parte de su intervención a analizar la actualidad política internacional: “A nivel internacional estamos en un momento muy interesante, todo lo imposible pasa. Resulta que los ciudadanos no están haciendo caso a lo que se les dice desde las élites. En EEUU las oligarquías han insultado a la gente, les decían que no podían votar a Trump y la gente que se sentía representada con lo que él decía lo votó”. Y ha recalcado: “Los estigmas han terminado en Estados Unidos, están terminado en Europa y pronto acabarán en España”.

El presidente de VOX, al ser preguntado por el espacio electoral de VOX, ha señalado que en “VOX nos dirigimos a todos los españoles, no hacemos distinciones entre los votantes de cualquier signo político", y ha criticado duramente los elevados impuestos que se hacen pagar a los andaluces, en especial los de sucesiones: “Vivimos en una dictadura fiscal. En Andalucía la sufrís en especial con el injusto impuesto de sucesiones”.

Esta conferencia se enmarca dentro de un ciclo de actos que están realizando José Antonio Ortega Lara y Santiago Abascal por las principales capitales de provincia para analizar el futuro de España y explicar el proyecto de VOX que tiene como fin que “grandeza” sea la palabra que defina “el porvenir de nuestra Nación”.

El futuro de la Unión Europea
Emilio Campmany Libertad Digital 10 Marzo 2017

Cada vez se trata la Unión Europea de forma más banal. Basten como ejemplo las declaraciones de Rajoy y los posteriores comentarios de la prensa a la reciente incorporación de España, junto con Italia, al eje París-Berlín. Y, sin embargo, la situación es grave. Los funcionarios de Bruselas han elaborado un libro blanco sobre el futuro de la UE en el que han dibujado cinco posibles escenarios, que van desde devolver competencias transferidas hasta una máxima integración. Rajoy apuesta por una mayor integración, sin decir qué competencias quiere transferir.

Pero el problema no es el grado de integración. No se trata de transferir más o menos competencias. El problema es la democratización. Los británicos se quieren ir porque no quieren depender de lo que digan los burócratas de Bruselas. Pero todos, especialmente los ingleses, hemos querido transferir competencias sin transferir soberanía. El resultado es que el Parlamento Europeo, que es elegido democráticamente, no decide casi nada y todo lo hace la Comisión, previo, y aquí está la clave, pasteleo en el Consejo. A través de éste, los Gobiernos de los Estados miembros negocian y acuerdan lo que sea y luego los funcionarios le dan forma. Así, son los Gobiernos de los Estados miembros los que deciden, no sus Parlamentos. De esta manera, cada cual prescinde del Poder Legislativo de sus respectivos países. Así que claro que hay déficit democrático; pero porque los Gobiernos lo quieren, no porque Bruselas lo imponga.

No tiene sentido caminar en pos de la unidad europea por este camino que conduce, no a una dictadura de los burócratas, como nos venden, sino a una dictadura conjunta de los Gobiernos tras librarse del control parlamentario. Cada uno en su respectivo país se vanagloria de haber conseguido imponer su punto de vista, en beneficio del propio interés, o se lamenta de no haberlo podido hacer por imposición de los demás, pero, en cualquier caso, al respectivo Parlamento no le queda más que decir amén.

Si queremos de verdad la unión política, habría que transferir competencias del Consejo al Parlamento europeo. Y que de esta forma el Parlamento impusiera a los Gobiernos la legislación reguladora de materias transferidas. Y no lo que se hace ahora, que es la Comisión la que impone esa legislación en base a lo que previamente acuerdan los Gobiernos en el Consejo. Si no es para hacerlo así, para que sea el Parlamento el que decida, no tiene sentido seguir integrándonos, porque profundizar en la integración, tal y como hoy es entendida, es decir, transfiriendo competencias sin la soberanía para ejercerlas, no significa más que sustraerlas de nuestros propios Parlamentos para entregárselas al Consejo.

¿Todo va bien menos la corrupción?
Guillermo Dupuy Libertad Digital 10 Marzo 2017

No se qué me resulta más lamentable: que Rajoy y Rivera coincidan en que todo –excepto la corrupción– va bien o que sus desencuentros en materia de lucha contra la corrupción – corrupción que hunde sus raíces en cosas tales como la falta de leal competencia y de transparencia en la adjudicación de obras y servicios, en la falta de división de poderes o en un colosal intervencionismo que aboca al mandatario a un sinfín de tentaciones– se limite, sin embargo, a cuestiones menores, como la limitación de los mandatos, la erradicación de los aforados, la comisión de investigación de la financiación del PP o la continuidad de Pedro Antonio Sánchez en la presidencia del Gobierno de Murcia.

Que conste que no me parece mal que se limiten los mandatos, como tampoco me lo parece la supresión del aforamiento, siempre y cuando conseguir que alguien sea investigado por cualquier instancia judicial no implique –siempre de manera automática y sin excepción– que ese alguien tenga que abandonar su cargo público. Más surrealista me parece, sin embargo, que Ciudadanos, PSOE y Podemos pidan una comisión de investigación de la financiación del PP pero se nieguen –tal y como reclama este último partido– a que la investigación se amplíe a la financiación de todos; tan surrealista como que Ciudadanos censure que el PP espere a pedir el cese del presidente de Murcia a que éste sea encausado, tal y como hace Ciudadanos con el también investigado alcalde de Granada y tal y como Rajoy y Rivera pactaron en el acuerdo de investidura del primero.

Con todo, la cuestión de la limitación de los mandatos, de los aforados, de las circenses comisiones parlamentarias de investigación o del momento procesal de cuándo deben exigirse responsabilidades políticas una vez desaparecida la figura del imputado me parece, en el mejor de los casos, un ejercicio de regeneración meramente cosmético.

Y aunque no lo fuera, la corrupción, por grave que sea, no puede ocultar las muchas cosas que van mal o rematadamente mal en España, como son nuestro insostenible y disfuncional modelo autonómico, nuestro sistemático incumplimiento del tope de déficit, nuestro histórico endeudamiento público, nuestra voraz y contraproducente presión fiscal, el galopante desafío secesionista en Cataluña, la lentitud –además de la ya citada politización– de la Justicia, la persistente debilidad de derechos fundamentales como los derechos a la propiedad, a la libertad y, en el caso del aborto, a la vida; o la persistente escisión de la España seca de la España húmeda.

Tal vez estas cosas, y muchas otras de gran importancia, como el derecho de todo español a la enseñanza en castellano, ya no les preocupen al PP y a Ciudadanos, tal y como sucede con el resto de formaciones parlamentarias y, por extensión, los medios de comunicación, cada vez en mayor medida. Pero si preocupante me resulta ver en qué cosas discrepan PP y Ciudadanos en torno a la lucha contra la corrupción, más me preocupa las coincidencia de ambos en todo lo demás.

Me imagino que algo parecido les pasará a todos los partidarios de una política auténticamente liberal y reformista, comprometida con la nación como ámbito jurídico y similar a la que en su día permitió a José María Aznar decir, con mucha mayor justificación con la que Rajoy podría decirlo ahora, aquello de: "España va bien".

Antiespañoles e incultos
OKDIARIO 10 Marzo 2017

Ada Colau está mutando de alcaldesa a personaje. Su incultura y antiespañolismo culminan constantemente en nuevas ocurrencias. La protectora de los okupas, fomentadora del caos cívico en el centro de Barcelona, censora del español y activista radical camuflada de primera edil de la ciudad, ahora la ha tomado con el día de la Fiesta Nacional. A pesar de su asiento constitucional, Colau se niega a celebrar el 12 de octubre alegando que es una fecha de “rapiña y genocidio”. Su revisionismo histórico resulta pueril. Mantener más de cinco siglos después que esa efeméride es una “expresión militarizada y conquistadora” define a la alcaldesa. El mundo ha cambiado tanto durante los últimos 500 años que extrapolar un hecho de entonces a la realidad de ahora es un anacronismo que sólo se puede tomar a broma. Argentinos, mexicanos, peruanos… se refieren a España como “la madre patria”, sin atisbo del rencor recurrente y oportunista que enarbola Colau.

¿Imaginan ustedes que la alcaldesa de París o el alcalde de Lyon se negaran a celebrar el Día Nacional galo alegando que exalta la violencia de la Revolución Francesa? Un disparate. La presencia de Ada Colau en el Ayuntamiento es una tragedia para Barcelona, segunda ciudad de España y referencia indiscutible en la cuenca mediterránea. No obstante, es innegable que encaja a la perfección en el clima de disloque que domina la política en Cataluña. Un contexto donde se amontonan los esperpentos: convergentes con su corrupción a cuestas, los Pujol sin entrar en la cárcel y Carles Puigdemont eliminando el español de las campañas de donación de sangre. Cataluña, para desgracia de sus ciudadanos, es hoy una región sumida en el caos donde conviven los mensajes populistas, el independentismo golpista y aquellos políticos que sólo utilizan la senyera como cortina de humo tras la que ocultar una corrupción insondable. Con semejante panorama, no descarten que Ada Colau proponga un día de estos quitar la estatua de Cristóbal Colón acusándolo de genocida. Puro despropósito.

Bruselas señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España
El Índice de Competitividad Regional de la UE sitúa a Andalucía y La Rioja como las CCAA con mayor y menor corrupción del país.
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 10 Marzo 2017

La Comisión Europea publica cada tres años su Índice de Competitividad Regional, un informe en el que se evalúan tres grandes categorías que determinan el dinamismo económico y la calidad institucional de las divisiones territoriales de los 28 países miembros de la UE.

El Índice incluye diversos subíndices. Quizá el de mayor interés de todos es el dedicado a la corrupción. Al fin y al cabo, las encuestas llevan años confirmando que este asunto es uno de los que más preocupa a los españoles, solo por detrás del problema del paro. El indicador dedicado a la corrupción evalúa su incidencia en el ámbito de los servicios públicos y combina datos de dos proyectos de investigación: Quality of Government, un informe elaborado por la Universidad de Gotemburgo, y Worldwide Governance Indicators, una iniciativa ligada al Banco Mundial.

Según el documento de la Comisión Europea, la comunidad autónoma con menos corrupción es La Rioja, que recibe una nota de 0,13 y, por tanto, se sitúa por encima del promedio comunitario. El top cinco lo completan Cantabria, Extremadura, Murcia y País Vasco, seguidas de cerca por Madrid, Navarra, Castilla y León y Asturias.

En el extremo opuesto nos topamos con las comunidades en las que la incidencia de la corrupción es más grande. La peor nota se la lleva Andalucía, seguida de Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. También destaca para mal la calificación que reciben Cataluña, Baleares y Asturias.

Las comunidades han multiplicado por 12 el número de funcionarios en 30 años
Hoy en día las CC.AA. y los ayuntamientos son responsables del 80% del empleo público del país, lo que convierte a España en uno de los países más descentralizados en este sentido, al nivel de otros como Suecia o Alemania.
Teresa Lázarowww.vozpopuli.com 10 Marzo 2017

El Gobierno se ha comprometido a presentar en 2017 la mayor oferta de empleo público desde antes de la crisis. La tasa de reposición, que tanto ha limitado la expansión de este tipo de empleo en los últimos años, superará el 100% en algunos sectores clave como la Educación, la Sanidad y la Justicia. Tras esta afirmación, merece la pena detenerse un rato a analizar lo que ha ocurrido con el empleo público en los últimos años y es lo que han hecho el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y Esade, que han elaborado un profundo informe titulado 'El empleo público en España: desafíos para un estado democrático eficaz'.

El informe es muy completo e incluye multitud de datos. Uno de los que se puede desprender es que las comunidades autónomas han multiplicado por 12 el número de empleados públicos en los últimos treinta años, al pasar de los 107.000 que había en el año 1983 a los 1,28 millones de 2015. El informe recoge las cifras del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En cambio, el número de empleados públicos de la Administración General del Estado ha caído casi un 60% al pasar de 1,35 millones a 577.000 empleos en ese mismo periodo.

Así, el Estado ha pasado de ser el responsable del 80% del empleo público hace 30 años a quedarse con el 22,3% del total. El resto, el 80% del empleo, está en manos de las comunidades y los ayuntamientos. Esto convierte a España en uno de los países más descentralizados en empleo público, al nivel de otros como Suecia, Suiza, Canadá, Bélgica y Alemania. Si atendemos solo a lo ocurrido desde el inicio del nuevo milenio (2001), la pérdida de empleo del Gobierno central ha sido de 20 puntos.

Otro de los datos que recoge el informe es que las comunidades han sido las que menos han ajustado el empleo público a lo largo de la crisis. Mientras que el Estado ha recortado sus plantillas un 4,46% y los Ayuntamientos un 7,39%, las regiones solo lo han hecho en un 1,24%. En cualquier caso, lo cierto es que ninguna administración redujo el empleo público bien entrada la crisis. Durante los primeros años, se siguieron creando puestos para funcionarios.

Tanto es así que el empleo público en España alcanzó un máximo histórico en el año 2011, tras haber aumentado en unas 300.000 personas entre 2007 y ese año. En el último año de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las cosas cambiaron. Y el ejecutivo que llegó después a La Moncloa, el Mariano Rajoy, mantuvo la tendencia. Entre 2011 y 2014 se destruyeron casi 350.000 empleos públicos. Hoy en día el empleo público está en el mismo nivel que había antes de la crisis.

En cualquier caso, el informe asegura que el porcentaje de empleados públicos sobre el total de empleados en España está ligeramente por debajo de la media de la OCDE, que es del 21%. En cambio, la remuneración de este tipo de empleo sobre el PIB se sitúa en el 11%, una cifra muy similar a la media. La explicación más probable, según el informe, no es que los funcionarios cobren más en España, sino que en otros países existen muchos empleos a tiempo parcial, lo que reduce las remuneraciones.

El ajuste del empleo en el sector privado ha doblado al del empleo público

Una de las cosas que diferencia a España de otros países, es la comparación del comportamiento del empleo público y privado durante la crisis. En este sentido, el informe coge solo el periodo comprendido entre 2009 y 2014 y sostiene que el empleo privado cayó estos años el doble de lo que cayó el público. En cambio, en Reino Unido, cayó el empleo público y se mantuvo el privado.

Lo que tienen en común casi todos los países son los ajustes a los que han recurrido para ajustas las partidas destinadas a financiar el empleo público: la congelación salarial, la medida más común entre los países de la OCDE, la reducción o eliminación de las pagas extra y la no reposición de las vacantes que se iban creando con el paso del tiempo. Ésta última medida ha sido sin duda, la más efectiva, aunque el informe reconoce que pone en riesgo la calidad y la eficacia de los servicios públicos.

Propuestas
En este contexto, el informe recoge también una serie de propuestas para mejorar la administración. Entre ellas destacan dos: aplicar con más normalidad el despido por motivos disciplinarios o evaluaciones continuas de signo negativo y reformar el sistema de retribuciones, vinculándolo más a la economía real y, en especial, al sector privado, aunque mantuviera alguna de sus características actuales.

También sugiere que los sueldos de los empleados públicos empiecen en un nivel más bajo que el actual y que puedan crecer más en los niveles superiores, así como mantener un nivel de competitividad salarial más ajustado a la media del mercado laboral general, introducir más componentes variables ligados a los resultados y a los comportamientos, crear incentivos grupales y aumentar la percepción de equidad interna.

Nacionalismo
Si quiere instalar semáforos en Palma, es obligatorio hablar catalán
El Ayuntamiento, con alcalde del PSOE, lo exige a todas las empresas que opten a un concurso público.
Daniel Ramírez El Espanol  10 Marzo 2017

En Palma de Mallorca el catalán es obligatorio si se trata de hacer negocios con el Ayuntamiento. Ni siquiera existen en castellano las instrucciones que lo exigen. "Es una trampa", critica la oposición. "Es normalización lingüística", responde el Gobierno municipal, posible gracias a un tripartito que engrosan PSOE, Podemos y los nacionalistas.

En octubre del pasado año, la alcaldía anunció las nuevas "cláusulas sociales" que enmarcarían los contratos públicos ofrecidos por el Consistorio. Se pide al interesado que documente, rotule y actúe "al menos en catalán". "Se permite el castellano, claro, pero el requisito indispensable es el catalán", critica un concejal opositor. La medida sulfuró a PP, Ciudadanos y varias asociaciones constitucionalistas, que brincan cada vez que la Junta de Gobierno ofrece un nuevo contrato. El último, el de los semáforos. Cualquier empresa que quiera salir victoriosa, deberá mostrar su dominio del catalán.

"¡Es una locura! Más y cuando se trata de este tipo de cosas, como los semáforos. La mayoría de las empresas que pueden prestar este servicio son nacionales o internacionales, ¿cómo se les va a pedir catalán?", critica la portavoz del PP en Palma, Marga Durán.

Patricia Conrado, de Ciudadanos, sitúa en la gestión del Turismo uno de los próximos frentes: "Dentro de poco habrá que hacer cambios en la señalética. ¿También se pondrá todo en catalán? ¿Para los alemanes? Habrá que ver si se atreven".

En las cláusulas lingüísticas estrenadas por el Ejecutivo del PSOE, se especifica que la exigencia del catalán afectará a la licitación de "todos los contratos" que salgan a concurso. Las empresas, además, han de presentar una declaración jurada de adhesión a estos principios. En caso de incumplimiento, el Gobierno municipal podría rescindir el acuerdo e inhabilitar durante dos años a la compañía.

Indignados, pero no sorprendidos
La documentación, las publicaciones, los avisos, los rótulos, la megafonía, las facturas, el embalaje... Todo deberá estar en "al menos" catalán. Incluso la empresa debe garantizar que el personal de cara al público sea capaz de desempeñar su trabajo en catalán.

PP y Ciudadanos se declaran indignados, pero no sorprendidos. Arguyen que el actual Gobierno abolió la posibilidad de que el ciudadano se comunique con el Ayuntamiento en castellano. "De verdad, escribes en español y te contestan en catalán", coinciden las ediles previamente mencionadas. El actual alcalde estrenó una regiduría tras su victoria electoral, la de normalización lingüística.

EL ESPAÑOL ha tratado de preguntar al Ejecutivo tripartito acerca de estas cuestiones, pero no ha obtenido respuesta.

Tanto PP como Ciudadanos coinciden en resaltar lo "absurdo" de estas cláusulas con un ejemplo: las hamacas. Según cuentan, se sacó a concurso la gestión de cuatro playas, incluidos los chiringuitos y el resto de infraestructura que suele rodear este tipo de lugares. "¡Si consiste en atender turistas! ¿Para qué van a tener que saber catalán esos trabajadores?".

La oposición recrimina al tripartito haber "encubierto" esta medida "ideológica" en un conjunto de cláusulas sociales y medioambientales. En el resto de este manual se incluyen facilidades para el discapacitado y apuestas por la sostenibilidad, entre otras cosas, pero un tercer apartado recoge exclusivamente obligaciones de catalán.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Odio
Iñaki Arteta Libertad Digital 10 Marzo 2017

A menudo nos preguntamos si aún existe odio hacia lo español en la sociedad vasca. Se habla tanto de reconciliación, paz, perdón y de cosas así, que parece más bien una sociedad camino de la beatificación. Pero todas esas palabras ya no significan nada dichas aquí. Más bien hay que introducirlas en un proceso de traducción: Paz fue la voluntad unilateral de ETA de dejar las armas, Autocrítica es destacar los casos puntuales de arrepentimiento para propiciar un estado de opinión que entienda como lógico que los presos deban salir de las cárceles, Reconciliación es olvidar asumiendo que tuvieron razones para "hacer" lo que hicieron, Perdonar es lo que tienen que hacer las víctimas en vez de fomentar la venganza, Convivencia es asumir que los nacionalistas, ultras o no, son los que ponen las condiciones para todo lo anterior porque son ellos los que, de manera natural, van a dirigir nuestro futuro.

Es llamativo que la palabra paz esté en boca de tantos, sobre todo entre los que apoyaron el asesinato sistemático.

Ellos no olvidan. Ni perdonan. Odian. ¿Es exagerado decir que una parcela de la sociedad vasca ejercita el odio? Está claro que no, pero sería exagerado, por inexacto, pensar que ese odio les quita el sueño. No, es un odio, como tantas cosas en esta tierra, llevadero, regulable a conveniencia. Demos por bueno que el ecosistema natural del nacionalismo son las aguas de la permanente contradicción. No pasa nada por odiar España y coger el coche cada fin de semana para ir a la casa de la Rioja o Cantabria. Es parte de un juego asumido.

Claro que el odio varía en su radicalidad en el espectro de la sociología nacionalista vasca, pero no se confundan, es odio. No pregunten por qué, ni desde cuando, que la gente no sabe, o mejor dicho, que cada uno le dará una "gran" razón. La España imperial, la bandera, los políticos, la guerra civil, Franco,..o todo a la vez.

Es llamativo que la palabra paz esté en boca de tantos, sobre todo entre los que apoyaron el asesinato sistemático. Es guay hablar de reconciliación mientras se sigue odiando. Maravilloso oir hablar de perdón, con cara de buenos, a gentes que llevan de militantes abertzales treinta años o reclamar convivencia permitiendo a la vez manifestaciones de odio racista y sabiniano en la televisión pública. Libertad de expresión, humor.

El ecosistema natural del nacionalismo son las aguas de la permanente contradicción. No pasa nada por odiar España y coger el coche cada fin de semana para ir a la casa de la Rioja o Cantabria.

Enorgullece odiar lo español, nosotros somos diferentes, es decir, superiores, sin ninguna duda. Se puede decir en público o no, pero es así. Uno puede hasta disculparse si le pillan y eso le crea problemas (laborables, por ejemplo) pero no dejará de pensarlo, créanme.

Hay momentos estelares de expresión de este odio que aún hoy en día, los tolerantes con lo nacionalista consideran anecdóticos. Actores de segunda B, personas de tercera, nos han dado la medida del asunto. Se ríen de sus propias gracias en una televisión que les ha propuesto algo superdivertido.

Viéndoles queda claro que no interpretan, dicen lo que piensan, es lo bonito del programa: la transparencia. Puede parecer gracioso, pero no es broma lo que dicen, lo dicen en serio, se trata de un discurso larvado en otros ámbitos mucho más serios.

Sería muy clarificador que en el resto de España se viera, como un canal más, la EiTB para cerciorarse de que es un contenedor de mensajes radicales, casi siempre mucho más sutiles que estas entrevistas polémicas, pero en un proceso de imparable goteo. Los noticiarios, los programas de debate, de entretenimiento o culturales discurren embadurnaditos de ideología sectaria. La crisis y la corrupción son cosas de españoles, así como tener gobierno de derechas.

Uno quita el vídeo en vez de al director de la cadena, el lendakari compungido dice que fatal, el senador sacando pecho e insinuando que los españoles que no tienen humor. ¿Contradicción o estrategia?

Pero resulta que en la actualidad hay más preocupación por el asunto presos vascos que por la reivindicación de la independencia, de mandar a paseo a España. Creo que ni se tiene envidia del procés catalán. Está asumido que ya estamos desconectados hace tiempo. Bien mirado, ¿para que tomarse más trabajo? A España se va sólo a por dinero y como nos lo dan… Hace ya tiempo que saber en qué reside la diferencia entre el nivel de la autonomía que gozamos y ser independientes es cuestión de muy especialistas en la materia.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka se conforma con decir que no volverán a dar más el vídeo del polémico programa ("Euskalduna naiz, eta Zu") en vez de pedir responsabilidades a los que aprueban su contenido y permiten su emisión. El lendakari hace como que está apesadumbrado dando una regañina a la cadena ("hay que hacer programas constructivos") y el senador de su partido (en España) Jokin Bildarratz dice que "parece que si no te portas bien entra la Brunete mediática a castigarte y juzgarte. Ya está bien. Es un programa de humor". Uno quita el vídeo en vez de al director de la cadena, el lendakari compungido dice que fatal, el senador sacando pecho e insinuando que los españoles que no tienen humor. ¿Contradicción o estrategia?

Es más que desprecio pero no es incitación al odio, es odio: sentimiento de profunda antipatía, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo.

Se puede hacer desaparecer el vídeo pero no ese odio racista, coloquial, cachondo, aprendido y compartido por no pocos, que combinado con un par de líneas de relatos historicistas hasta animó a muchos en el pasado a empuñar armas y matar. Pero no hables de eso que son cosas del pasado.

Ojo, que estamos otros muchos vascos que también odiamos. Odiamos la intransigencia, el sectarismo, la indiferencia con el terrorismo, la hipocresía.

Barça, 1714 - Millet, 0
Antonio Robles Libertad Digital 10 Marzo 2017

Ayer en Barcelona Fèlix Milletnos dejó claro ante el juez del caso Palau que la Cataluña de Pujol es la mafia. Unas horas después, en el Camp Nou, el Barça remontaba un 4-0 ante el PSG. Dos terremotos emocionales.

Ante el primero, el presidente de la Generalidad huyó como alma que lleva al diablo en la sesión de control parlamentaria; ante el segundo, le faltó tiempo para subirse a la ola del entusiasmo colectivo con el siguiente tuit:

No hay nada imposible. El Barça lo acaba de demostrar jugando al fútbol. Cataluña lo demostrará decidiendo su futuro.

Puede parecer una frivolidad relacionar el triunfo de un encuentro con la consecución de la independencia como atajo para tapar la pestilencia pujolista de 30 años de corrupción generalizada, pero delata un profundo calado en la formación emocional del catalanismo independentista. Lo han demostrado los medios públicos de comunicación esta mañana: el triunfo del Barça tapó por completo la cloaca del 3% de toda una época, suplantando la confesión de Fèlix Millet por un delirio colectivo inducido por la épica del Barça. Jordi Basté, de RAC-1, lo hizo monopolizando los informativos de las 9 de la mañana con narraciones en directo de los últimos 7 minutos del partido con enlaces mil, incluso de una emisora árabe. Después de 45 minutos cambié de emisora sin haber sentido palabra alguna del ladrón del Palau. La presentadora de Els Matins de TV3 se permitió incluso pasar del juicio: "Y lo de Montull, ¡qué más da!".

No es extravagante relacionar los triunfos históricos del mejor Barça de la historia con la autosuficiencia supremacista de una sociedad catalanista sugestionada por la sensación de poder que le daba la superioridad del Barça, la verdadera selección de Cataluña para los nacionalistas.

No todos los forofos del Barça son independentistas, pero todos los independentistas son del Barça. Ayer, una derrota vergonzosa ante el PSG hubiera sido letal para los farsantes del 3%. La frustración se hubiera canalizado contra los políticos corruptos de una época de ladrones. El triunfo, el éxtasis de un triunfo épico, se los han hecho olvidar. Son de los nuestros. Puigdemont conoce esa psicología, forma parte de ella y la explota.

De fondo, dos ancianos, uno en silla de ruedas y el otro arrastrando su senectud apesadumbrado en defensa de sus hijos mientras llega su propia comparecencia ante los tribunales. La tentación del oasis de presentarlos como dos ancianos sin dentadura para conmovernos a la piedad es la última engañifa. El primero, en su casa, a pesar de la confesión en 2009. Aún no ha pisado la cárcel. El segundo, desde la suya, paseándose por Cataluña como un señor. Mostrar piedad por ellos puede ser cristiano, pero también una grave irresponsabilidad democrática. Necesitamos justicia y ejemplaridad. Pujol no es un cualquiera, es el arquitecto de esta cloaca en que se ha convertido la sociedad catalana. Él solito ha logrado infectar las almas y las carteras de millones de catalanes, sobre todo las almas. Heredó una Cataluña ejemplar, harta de dictadura y comprensiva con todo lo mejor de la democracia; los nouvinguts y los residentes se conjuraron para respetar la cultura y la lengua catalanas, lucharon juntos por recuperar la tolerancia y la democracia. No se hablaba de cohesión social, porque la había. Y él solito, en tres décadas, se la ha cargado. Ha excluido, ha robado, ha infectado los corazones y las consciencias, y ha dividido a los ciudadanos entre buenos y malos catalanes. O aún peor, entre catalanes y odiosos colonos españoles. Aunque sólo sea por una cuestión ejemplarizante, debe pasar a la historia como lo que es: un canalla que debe dar asco a cualquier persona de bien. No debe ser referencia de nada, y nunca, nadie, ha de caer en la tentación de convertirlo en el peor de los monumentos, el que anida en el alma de los pueblos como un mal necesario.

ALCANZÓ A 10.000 VÍCTIMAS
La izquierda abertzale, 'cómplice' de ETA en la extorsión a empresarios
La Gaceta 10 Marzo 2017

La extorsión de ETA a los empresarios alcanzó a 10.000 víctimas y se llevó a cabo con la "complicidad" de la izquierda abertzale, que debe hacer un "reconocimiento público explícito del daño causado" -según los autores de un informe sobre aspectos éticos y políticos de esta práctica de la banda terrorista de ultraizquierda-.

El libro, presentado este jueves y titulado Misivas del terror, ha sido elaborado por investigadores del Centro de Ética Aplicada (CEA) de la Universidad de Deusto con el objetivo de contribuir a la "rehabilitación moral" de las víctimas del chantaje de ETA a los empresarios.

Víctimas que llegaron a 'salir de la oficina por el tejado'
El informe, que recoge los testimonios de 66 víctimas de la extorsión, plasma situaciones que se vivieron como las de empresarios que fueron chantajeados durante 30 años, extorsiones que se "heredaron" y "pasaron de padres a hijos", hijos menores de empresarios que recibieron cartas, o incluso quien -adoptando medidas de seguridad para no pagar- cambiaba de hábitos y llegaba a "salir de la oficina por el tejado".

La socióloga Izaskun Sáez de la Fuente, que ha presentado el libro en una conferencia de prensa, ha explicado que se trata de un estudio "en profundidad de una de las vertientes de la violencia de ETA que ha quedado más oscura y que servía para el mantenimiento de la propia actividad terrorista".

La actitud de la sociedad vasca, 'indiferente y distante'
Ha señalado que el estudio pone de manifiesto que la sociedad vasca mantuvo en general una actitud "indiferente y públicamente distante" hacia las víctimas de la extorsión, y que no reaccionó hasta la década de los años 90, con las concentraciones de Gesto por la Paz e iniciativas como el lazo azul contra los secuestros.

Sin embargo, según Sáez de la Fuente, "no toda la sociedad fue igualmente culpable de lo sucedido". "El entorno de la izquierda abertzale -ha destacado- y su vanguardia juvenil jaleó a los victimarios y legitimó y contribuyó a que la dinámica de la extorsión se extendiese en los barrios y pueblos del País Vasco como una realidad autoevidente que no se podía cuestionar".

Ha señalado que "ese sector que ha sido cómplice activo de la victimización de miles de personas tiene una especial responsabilidad a la que debe enfrentarse si verdaderamente quiere favorecer la restitución de la identidad cívica y la regeneración de la democracia".

'Perversión del lenguaje'
La investigadora ha explicado que la extorsión de ETA, desde que a mediados de los años 70 se acuñó el término "impuesto revolucionario", se prolongó durante tanto tiempo porque hubo un "caldo de cultivo" para su "justificación social".

El trabajo alude a una "perversión del lenguaje" en el que ETA y "su amplia red de informadores, delatores y colaboradores" decidían "qué palabras utilizar y qué sentido debían revestir para legitimar la extorsión".

"De ahí su insistencia en que ETA no secuestraba sino que 'recluía a los enemigos en la cárcel del pueblo', no asesinaba sino que 'ejecutaba una condena', y no extorsionaba, solo 'exigía el impuesto revolucionario para contribuir a la liberación de Euskal Herria'", ha añadido.

El fenómeno también se prolongó en el tiempo, a juicio de los investigadores, porque hubo una "estrategia de privatización del chantaje", a la que contribuían tanto la organización terrorista como los propios empresarios extorsionados.

Los empresarios, en silencio por miedo
La mayoría de los empresarios mantuvieron el asunto en privado, por miedo y para no preocupar a sus familias, aunque, cuando llegaba la segunda o tercera carta de ETA, o incluso cuando la misiva se enviaba a "hijos menores", ya "no había más bemoles" que contarlo a los más allegados.

El estudio refleja que los "tentáculos del terror" alcanzaban a grandes empresas, pymes y a "pequeños negocios instalados en aquellos municipios dominados por el control del entorno radical y sus prácticas de microextorsión mafiosa, en un mal llamado terrorismo de baja intensidad".

Al hablar de las consecuencias de la extorsión, el trabajo expone que "algunas víctimas y sus familiares más próximos sufrieron trastornos psicológicos temporales o incluso crónicos" y la mayoría padeció "fuertes tendencias hacia el retraimiento social" y una "limitación severa de su libertad".


Recortes de Prensa   Página Inicial