AGLI Recortes de Prensa    Martes 14  Marzo 2017

Una pena injusta que ni castiga ni disuade
EDITORIAL Libertad Digital 14 Marzo 2017

Tras la bochornosa sentencia del TSJC que absuelve a Artur Mas del delito de prevaricación y sólo le condena a dos años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de desobediencia, no es de extrañar que el condenado a tan ridícula pena por la ilegal consulta secesionista del 9-N haya comparecido raudo y triunfante ante los medios de comunicación en la sede de su partido bajo un cartel con la elocuente proclama de: "Lo volvería a hacer". Tampoco es de extrañar que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, haya comparecido igualmente para reiterar su compromiso con la celebración de una nueva y no menos ilegal consulta secesionista este mismo año.

Desde que Eduardo Torres Dulce presentara su dimisión como fiscal general del Estado tras instar, a iniciativa propia, las actuaciones contra Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por los delitos de usurpación de funciones, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, la politizada administración de justicia, con el concurso de la Fiscalía y en concordancia con el pusilánime Gobierno de Rajoy, partidario de restablecer el orden constitucional en Cataluña por la vía del "diálogo", fue paulatinamente reduciendo los cargos contra los acusados hasta reducirlos únicamente a los de desobediencia y prevaricación, lo que significaba que no tendría que ingresar en prisión ninguno de ellos, para los que la Fiscalía ya sólo pedía diez años de inhabilitación para el desempeño de cargo público.

La sentencia de este lunes del TSJC absuelve a los tres acusados del delito de prevaricación con una argumentación jurídica no menos peregrina que aquella con la que en su día decidió retirar la acusación de malversación de fondos públicos. Si entonces la Fiscalía lo hizo alegando el engañoso e irrelevante hecho de que los gastos de la Generalidad destinados al 9-N habían sido acordados antes de que el Constitucional suspendiera la consulta, el TSJC absuelve ahora a los acusados del delito de prevaricación diciendo que en sus actuaciones no hubo más prevaricación que la inherente al delito de desobediencia.

Con semejante interpretación, el TSJC oculta el hecho de que los acusados no se limitaron a desobedecer sin más la suspensión de la consulta ordenada por el TC, sino que idearon y ejecutaron arteros cambios en la convocatoria y la denominación de la misma –"proceso participativo" en lugar de "consulta" o, anteriormente, "referéndum"– a sabiendas de que tampoco se ajustaban a Derecho y con la única finalidad de dar apariencia de legalidad a lo que a todas luces era un delito de desobediencia. Así pues, condenarlos por los dos delitos no hubiera sido en ningún caso, tal y como da a entender la sentencia, desatender el conocido principio de non bis in idem, que proscribe castigar dos veces un mismo delito, sino el reconocimiento de algo tan evidente como que la celebración del 9-N supuso la comisión de más de un delito.

El caso es que esta vergonzosa sentencia sólo castiga tan grave desafío al Estado de Derecho con una ridícula pena de dos años de inhabilitación para cargo público y una multa diaria de cien euros durante doce meses. Dado que Mas ya estaba inhabilitado políticamente por sus socios de la CUP a cuenta de la corrupción de su partido, y que la multa la podría incluso recolectar entre los ciudadanos partidarios de la independencia, se entiende que el expresidente regional se jacte de que volvería a hacer lo mismo y que Puigdemont pretenda tomarle el testigo.

Por desobediencias incomparablemente menos graves que las perpetradas por Mas, Ortega y Rigau han ingresado en prisión numerosos ciudadanos españoles, empezando por aquella anciana que se negó a derribar parte de la casa en la que vivía con cinco personas a su cargo. No faltarán, sin embargo, partidarios de la pusilanimidad judicial y política frente al nacionalismo a los que la ominosa lenidad de esta sentencia les parezca bien, como lamentablemente se lo ha parecido a PP y a Ciudadanos, con el argumento de que no conviene excitar el "victimismo" de los secesionistas; argumento tan recurrente como absurdo, por cuanto las sentencias a lo que se tienen que ajustar es a Derecho, no a pretensión política alguna; y por cuanto la desfachatez y el victimismo de los nacionalistas siempre hay que darlos por descontados, tal y como evidencian sus propias reacciones a esta sentencia o la decisión de Mas de recurrirla ante el TC.

Lamentablemente, este fallo es acorde con la no menos vergonzosa y edulcorada versión de la consulta del 9-N que dio Rajoy tres días después de que los acusados la perpetraran, con la absurda pretensión de que había cumplido su deber de hacer cumplir la ley en Cataluña. Dada la cuasi impunidad que este fallo judicial les otorga, es lógico que los condenados golpistas lo tomen como un espaldarazo al proceso separatista. Por desgracia, y por mucho que no sea ese el deseo del tribunal sentenciador, no otra cosa es.

La amenaza lógica
Si el Estado de Derecho se desmorona es menos por la calidad de agresores que de defensores
Hermann Tertsch ABC 14 Marzo 2017

Muchos en esta profesión quedaron sorprendidos cuando la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) emitió su comunicado denunciado presiones y amenazas de Podemos a periodistas. Porque saben que desde hace décadas, y sin importar quién la presida, la Asociación ha ejercido como un grupo de presión izquierdista. Sorprendió por tanto por su decisión y por su valor al denunciar a la organización comunista. Todos los implicados saben que hacer frente a este tipo de organizaciones tiene un precio y un riesgo. Lo que no podía sorprender es que Podemos amenace, coaccione o intimide a periodistas. La amenaza es lógica en quien cree en fuerza y miedo para imponerse.

Pablo Iglesias nunca ocultó su intención de controlar los medios como principal instrumento para la soñada toma del poder. Durante estos años no los ha controlado, pero los ha disfrutado casi como si así fuera. Se debe en parte a las simpatías que Podemos despierta en una masa de periodistas jóvenes adoctrinados en el izquierdismo. La complicidad del periodismo con Podemos y la obsequiosidad hacia sus líderes han ofrecido imágenes grotescas. Pero lo que hizo de Podemos el partido mediático total y explica su éxito electoral ha sido la acción del Gobierno del PP por voluntad de dividir a la izquierda y de tener un instrumento para asustar al electorado. Nada más práctico para un partido que ha renunciado a todo contenido de su programa de hace cinco años y no tiene otro objetivo que la subsistencia, que tener enfrente a un partido totalitario como amenaza permanente y advertencia a todo votante dubitativo. Los cálculos salieron bien a Rajoy y a la campeona de su política mediática, la vicepresidenta. De momento, al menos. Aunque nadie debe olvidar que se asumieron unos riesgos temerarios. Y que solo la estulticia de Sánchez y la soberbia e impericia de Iglesias evitaron a España un gobierno catastrófico de un Frente Popular.

Se jugó con fuego. Ese riesgo existió por una anomalía absolutamente inaudita en un país occidental: que el duopolio televisivo, creado irregular cuando no ilegalmente por este Gobierno, mantenga dos cadenas dedicadas a la promoción de Podemos, a la propaganda de extrema izquierda y a la agresión a la Constitución, a las instituciones y a aquellos que las defienden. De ellas ha partido la descalificación y deslegitimación sistemática de todas las posiciones políticas que no cumplieran uno de los dos requisitos oficialistas, el izquierdismo que asuste o la lealtad al Gobierno para explicar con benevolencia todo lo que haga y lo que pase. Tiene razón Podemos cuando dice que este Gobierno también presiona y manipula a periodistas. Y de forma masiva y obscena. Lo que no dice Podemos es que lo hace para beneficiarle. La pretendida superioridad moral de la izquierda ha logrado así acabar con la presunción de inocencia, con la igualdad ante la ley, con el derecho a réplica y con la defensa de los puntos principales del antiguo programa del partido que sigue en el Gobierno pero está a otra cosa. Se desmantelan piezas esenciales del Estado de Derecho.

Claro que Podemos amenaza a los periodistas. Hasta a los suyos, que son los que han denunciado, por luchas internas. Por lógica. Pero los más amenazados y agredidos por ellos, aquellos a los que si pudiera Podemos encarcelaría al estilo venezolano o cubano, esos no denuncian ya lo obvio, el odio de los comunistas a la libertad de prensa. Esos saben que la responsabilidad principal de que el Estado de Derecho se desmorone no está en esos agresores totalitarios, separatistas o comunistas, sino en unos defensores que no ejercen como tales.

Un ‘urdanga’ para Artur
 OKDIARIO 14 Marzo 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña manda un aviso a los golpistas: las instituciones del Estado no aceptarán el chantaje de aquéllos que quieren romper la unidad de España. No obstante, es un aviso demasiado benévolo después de haber rebajado la petición de la Fiscalía de 10 a tan solo 2 años de inhabilitación. Un urdanga en toda regla que deja la sensación de que Artur Mas ha salido demasiado bien parado. Sin embargo, su caída es también la caída de una parte fundamental de ese Camelot utópico que la minoría radical secesionista había creado en torno a su ambición, con la independencia de Cataluña como mera excusa propiciatoria. A pesar de que lo han absuelto del delito de prevaricación, esta sentencia es un toque de atención: nadie está por encima de la Constitución y de los principios democráticos que rigen nuestro país desde 1978. Y el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 fue un ataque directo a nuestra Carta Magna.

Por mucho que Mas aparezca en rueda de prensa y diga que fue “por la gente” —excusa cobarde, tramposa y falaz que ha utilizado desde su primera comparecencia ante el juez— la única verdad es que, desde el principio, la aspiración real era, y aún es, subvertir el orden constitucional y tratar de poner en jaque al Gobierno. Mariano Rajoy y su Ejecutivo han respondido a las constantes provocaciones lanzadas desde el otro lado del Ebro con una loable predisposición al diálogo. Sin embargo, a pesar de los innumerables intentos para acercar posturas, lejos de llegar a un acuerdo por el bien de Cataluña y de los catalanes —necesitan 7.392 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica en 2017— los antiguos convergentes han seguido tensando la cuerda. Tanto es así que, a pesar de la condena, Mas sigue diciendo que “no se arrepiente de nada” y que “lo volvería a hacer”, además de anunciar que recurrirá a “las últimas instancias europeas”.

La antigua Convergencia es rehén de su historia —los casos de corrupción salen a borbotones— con la sombra del clan Pujol cercenando cualquier legitimidad en las proclamas, de por sí disparatadas, de sus líderes actuales. Rehenes también de las veleidades antisistema de la CUP, que los han llevado a perseverar en un camino a ninguna parte a cambio de aprobarles los Presupuestos de la región. A pesar de todo ello, la condena de este lunes a Artur Mas es sólo el primer capítulo. Francesc Homs conocerá el fallo del Tribunal Supremo por los mismos hechos consultivos que han desactivado al ex presidente catalán. De imponerse la lógica, el entonces consejero de Presidencia, y actual portavoz del PDECat en el Congreso, también será inhabilitado. Se paralizará así la práctica totalidad de un ‘procés’ que siempre ha huido de la ley para encontrar en la amenaza su único argumento.

UN GOLPE DE ESTADO ELECTORAL
La confirmación del fraude electoral del 36 deslegitima por completo la memoria histórica
La polémica ley fundamenta gran parte de su exposición de motivos en que el pronunciamiento militar de 1936 fue un ataque contra la legitimidad institucional anterior. Ésta queda ahora desmentida documentalmente.
Juan E. Pflüger Gaceta.es 14 Marzo 2017

La publicación de las actas del recuento de las elecciones de febrero de 1936, en las que se impuso en España un Gobierno revolucionario integrado por los partidos aliados en la coalición conocida como Frente Popular, deja clara la manipulación electoral con la que se asentaron en el poder. La publicación del libro “1936, fraude y violencia”, muestra ahora los resultados alterados para dar el triunfo a la izquierda al cambiar los votos para trasferir cincuenta escaños al Frente Popular y quitárselos al centro derecha y la derecha.

La información no es nueva, pero sí la documentación que aporta el libro que demostraría lo que varios autores llevaban publicando desde los años setenta.

El estudio, realizado por los historiadores Manuel Álvarez y Roberto Villa, saca a la luz numerosas actas manipuladas, con raspaduras y cambios siempre a favor del Frente Popular. El objetivo está claro: conseguir los 240 diputados que les permitiría gobernar en solitario. Los escaños que consiguieron realmente fueron muchos menos y rondarían los 215, una cifra que habría posibilitado un Gobierno del centro derecha o que habría obligado al Frente Popular a un pacto con los partidos de centro.

Además, el libro explica la importancia que tuvo el cambio de Gobierno el día 19 de febrero, de manera subrepticia, y que llevó a Manuel Azaña -uno de los máximos responsables de la candidatura del Frente Popular- a sustituir a Manuel Portela Valladares al frente del Ejecutivo. Además, la violencia política de la izquierda, que había causado 41 muertos y más de ochenta heridos desde principios de febrero, condicionó en gran medida las garantías con las que se desarrollaron los comicios.

Desmontando la Ley de Memoria Histórica
La polémica Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007 durante el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pierde con esta publicación la poca legitimación que pudiera quedarle. En la exposición de motivos que antecede al articulado del texto legal se definía a la República como el culmen de los valores democráticos y se justificaba la necesidad de la ley para reivindicar la democracia. Así lo dejan claro algunos pasajes de ese texto que pide reconocimiento para “quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos”. También dice que “la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conociemiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”. Y, a la hora de repartir dinero público, esta norma ideológica lo justifica diciendo que “se prevé el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia”.

A la vista de la publicación de las actas que demuestran la falta de respeto a la más elemental norma democrática, ¿que legitimación le queda a la norma aprobada por Rodríguez Zapatero?

Documentos robados por los frentepopulistas
Las actas de las elecciones de febrero de 1936 llevan desaparecidas desde las horas posteriores a que se cometiera el fraude electoral. Acabaron en posesión del entonces presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, que las guardó poco después de su destitución y sustitución como presidente -primero por Diego Martínez Barrio y finalmente por Manuel Azaña- en abril de 1936. Las actas, junto a documentos privados y el manuscrito de sus memorias se encontraban en una caja de seguridad en el Credit Lyonnais. Pero el banco fue asaltado durante la guerra por milicianos comunistas y anarquistas y todas las propiedades del expresidente desaparecieron.

El propio Alcalá-Zamora acusaba a Santiago Carrillo de haberse quedado con la documentación que permaneció perdida hasta el año 2008 cuando una operación de la Guardia Civil que recuperó 12.000 documentos históricos se hizo con ellos.

Los documentos, que fueron solicitados por los herederos de Alcalá-Zamora, pasaron a ser depositados en el Ministerio de Cultura, donde quedaron bajo la custodia de la Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas, a cuyo frente estaba entonces Rogelio Blanco Martínez, que se negó a entregarlos a los herederos del político, como publicó La Gaceta en junio de 2010.

Los descendientes del expresidente de la República comenzaron entonces un procedimiento judicial para recuperar los documentos que consideraban debían permanecer, por voluntad de Alcalá-Zamora, en los archivos de la fundación que lleva su nombre.

Ahora, tras estas peripecias, los documentos ven por fin la luz y desmontan uno de los mitos perpetuados dede febrero de 1936 por la historiografía y los políticos de izquierda -y gran parte de la derecha-. La Ley de Memoria Histórica queda deslegitimada totalmente ¿habrá movimientos desde el actual Gobierno?

Entrevista a los historiadores
“Las Elecciones de 1936 no fueron un pucherazo, sino un fraude localizado”

Los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa encuentran actas manipuladas que determinaron el número de escaños en los comicios ganados por el Frente Popular. Reconocen que el número de votos fueron pocos, pero determinantes.

Aquel 16 de febrero se prolongó durante cuatro días. Los españoles consideraron las Elecciones Generales que determinaron la victoria del Frente Popular como unos comicios a vida o muerte. A los pocos meses, las dos Españas que se habían enfrentado en las urnas, lo hicieron en las trincheras. El Golpe de Estado de Franco acabó con la legitimidad de las urnas, que no es cuestionada por la investigación de los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, titulada 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa).

El propio Manuel Álvarez Tardío explica a EL ESPAÑOL que no pretenden discutir sobre la legitimidad de lo que pasa después de las Elecciones, ni del Golpe de Estado posterior. “Sólo queríamos contar lo que no se había contado, no vamos más allá del momento que estudiamos. No podemos viciar el análisis de lo que pasa en las Elecciones: incluso con todo lo que nosotros contamos, no significa que eso fuera a cambiar los acontecimientos. Podíamos haber optado por la militancia basada en la especulación, pero no especulamos”. Dicen que uno de los méritos de su trabajo es la reconstrucción, “minuto a minuto”, de lo que pasó aquellos cuatro días, entre la votación y el recuento. Ambos responden al cuestionario sobre su investigación:

Son unos acontecimientos que deciden la historia moderna de este país, ¿cómo influye el impacto en su trabajo?
Nosotros trabajamos con la misma dinámica académica de siempre. Pero el pasado como elemento de identidad ideológica tiene más presencia de lo que pensábamos. Aparentemente, de las Elecciones de 1936 hay mucha bibliografía, pero te sorprende que haya tantos autores que repitan fuentes secundarias con hechos no contrastados.

¿Qué aporta su estudio al de Javier Tusell (a finales de los sesenta)?
Tussell estuvo muy condicionado por su contexto, por las limitaciones de consulta. Nosotros hemos tenido acceso a datos digitalizados. Explotaron las hemerotecas, pero les faltaron fuentes. No tuvieron acceso al archivo del Congreso, ni al archivo de la Fundación Pablo Iglesias, ni al Archivo de Salamanca. Lo hicieron con prensa y el diario de sesiones de las Cortes. El nuestro es más rico.

¿A qué conclusiones llegan?
Reflejamos el clima de radicalización política durante la campaña, los diferentes tipos de discursos de campaña y cómo las candidaturas acaban formándose (incluimos las negociaciones internas). Abordamos las antiguas encuestas de una manera más precisa y, sobre todo, reconstruimos la votación y el escrutinio. El dietario de Alcalá Zamora también es importante, así como el de Portela. Hemos reconstruido de una forma más precisa aquel periodo. Javier Tusell reconoce que sus recuentos son incompletos, pero con el Archivo del Congreso los reconstruimos al completo. Los resultados oficiales a nivel nacional no se conocían hasta ahora.

¿Por qué se decidieron a investigar el desarrollo de las Elecciones?
Cuando se publicó el dietario de Alcalá Zamora hace unos años leímos la parte del fraude. El propio presidente de la República es el que habla de fraude. Sin ese diatario no nos habríamos metido en la investigación. Antes yo era muy escéptico, siempre he dicho que ganaban las izquierdas. Hasta que encontramos las pruebas y documentos cotejados. Veíamos claro el fraude en A Coruña y Cáceres, pero sólo con estos votos la mayoría no cambiaba. Y aparecieron los casos de Tenerife, Las Palmas, Lugo, Pontevedra, Valencia, Jaén, Murcia y hasta Málaga (donde ganan indudablemente las izquierdas, pero el escaño de las minorías debería haber pertenecido a la CEDA y no al PSOE).

¿Prefieren hablar de fraude que de pucherazo?
Sí, el pucherazo se dejó de hacer en los años treinta. En este caso hablamos de una falsificación postelectoral, sobre la documentación hecha sobre las mesas. Hay una falsificación electoral urdida la noche anterior a la reunión de la Junta Provincial en algunas provincias. Un fraude localizado.

¿Son capaces de determinar el número de votos fraudulentos?
No a nivel nacional. Pero sí a nivel provincial en Valencia, Jaén y Las Palmas. En cuatro provincias la madrugada del 19 se arrebatan cuatro provincias a las derechas (A Coruña, Lugo, Tenerife y Cáceres). Y lo importante no es el número de votos, sino el reparto de escaños. No podemos saber cuántos votos fueron fraudulentos, quizá más de 150.000 votos sobre 8.000.000 de votos. Los que fueran bastaron para determinar el reparto, porque el resultado estaba muy apretado. El fraude en Cáceres fue de 10.000 votos. En Jaén, si ganabas te llevabas 10 y si perdías, 3. Se jugaban la mayoría.

¿Fue un movimiento orquestado o espontáneo?
Está orquestado desde las provincias. Es una dinámica que se repitió en muchos sitios: empezaron celebrando y acabaron asaltando gobernación civil. Son las 36 primeras horas de Azaña antes de la reunión de la Junta del Censo. En Madrid hay pasividad y connivencia. El propio Azaña se refiere a los resultados de A Coruña y en Cáceres como la “resurrección de candidatos”. La iniciativa la llevan las autoridades provinciales. El día 19, cuando Manuel Azaña accede al poder, el Frente Popular y las derechas no tienen mayoría parlamentaria, la cosa está muy abierta. Si el Frente Popular consigue la mayoría final fue gracias a la manipulación.

¿Qué importancia tuvo la dimisión del presidente del Consejo de Ministrios Manuel Portela, líder liberal?
Absoluta. Portela se marcha durante el proceso de recuento por la fuerte movilización en la calle. Portela se va porque está muy tocado moralmente, sus candidatos no parece que estén obteniendo los resultados que esperaban y se marcha sin saber cómo queda. Además, la violencia en la calle le asusta. Manuel Azaña preside el final del recuento y no aplaza los ánimos de la movilización instrumentada por los sectores extremistas, con los que luego tendría que negociar para gobernar. La última fase del recuento es muy importante.

¿Qué ocurre en la segunda vuelta?
La segunda vuelta está muy condicionado por la falta de seguridad jurídica, pero ahí no hemos hecho especulaciones. No fue un fraude total, pero sí introduce elementos de fraude en algunas provincias. Son pequeñas diferencias de votos que afectaban al recuento de escaños. Es un fraude en determinados lugares que han hecho bailar escaños. Cuando Azaña acude a la sede de Gobernación se desespera al ver que los gobernadores han huido y están en manos de los poderes locales, que intimidaron. Hay sitios en los que la intimidación y la coacción fue muy potente. La calle interpreta la salida de Portela como una victoria y van a impedir una victoria por fraude de los conservadores.

¿No hubo intimidación por parte de los conservadores?
No hay rastro de una ocupación del poder ni de los conservadores, ni de los portelistas. La CEDA no hizo llamamiento a la violencia para hacerse con el recuento.

En el libro insisten en que las marchas de aquellos días no eran festivas, sino intimidatorias.
La documentación y las fuentes demuestran que la avalancha hacia los centros de poder no fueron celebratorias, ni festivas, sino para hacerse con el control.

Pero, ¿hay documentación de las protestas?
Las protestas que hubo en estas provincias fueron tumultuarias. El Frente Popular no estaba dispuesto a dejar perder ni una sola provincia. Tal y como aparece en el archivo de Pablo Iglesias, Prieto dice de las actas de A Coruña que son “indefendibles”. Cuestionó anular Granada [resultado a favor de la derecha, con denuncia de la izquierda], si no se hacía antes con A Coruña y Cáceres.

¿Cuestionan el papel de Azaña?
No hay orden de Azaña para alterar el recuento. Demostramos un fraude local. Tachones, raspados, manipulaciones. La campaña no fue sucia, ni siquiera el día de las Elecciones. De hecho, hubo un gran despliegue de fuerzas del orden para evitar problemas. Sin embargo, Portela no pudo declarar el Estado de Guerra durante el recuento, porque Alcalá Zamora no le deja, pero Azaña sí lo hace en algunas partes.

En Granada se denunció que miembros de la Guardia Civil y guardas impedían el voto en pueblos. Ganó la derecha, pero se anuló. ¿En Granada, quién hizo más trampas?
En Granada, el Frente Popular protestó un fraude de 8.000 votos pero no aportaron datos, a pesar de que la diferencia con las derechas era de 50.000. No era un fraude acreditado.

El precio español del Brexit se debe llamar Gibraltar
Mariano Rajoy se preocupa por el precio del Brexit para España. Por el contrario, debería ser la oportunidad de mejorar nuestra posición y cobrar viejas deudas. Empezando por Gibraltar.
Pascual Tamburri Gaceta.es 14 Marzo 2017

Alfonso María Dastis es ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación desde hace unos meses. Es seguramente uno de ministros menos conocidos hoy, y uno de los ministros de Exteriores menos conocidos de la historia de España. Tiene sin embargo importantes retos ante sí, en los que dependemos de su habilidad. O al menos de su capacidad de elegir colaboradores con habilidad y patriotismo.

La primera ministra británica, Theresa May, va a activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa -que inicia el "Brexit", la salida de la Unión Europea- con el visto bueno de la Cámara de los Comunes. Y eso le da miedo a Mariano Rajoy, que anuncia grandes problemas para España. Económicos, claro, porque en resto no parece interesarle ni en lo malo ni en lo bueno.

Se da la circunstancia para ellos favorable de que haga lo que haga serán comparados con García Margallo. Y la desfavorable de que el ministro portavoz y de Educación es Íñigo Méndez de Vigo, que fue Secretario de Estado para la Unión Europea, y que no ha dejado de estar interesado en los complejos asuntos bruselenses. Sobran miedos y falta orden, sobra anglofilia y falta patriotismo, digámoslo de un modo prudente.

No son ninguno de ellos, desde luego, ni el conde Romanones ni donClaudio Sánchez Albornoz, ni Ramón Serrano Súñer ni Fernando María Castiella, y ni siquiera Marcelino Oreja. Pero en fin, Dastis es un profesional y un experto también en Europa, y a él le toca la gestión de la cosa:¿lloramos por el Brexit o intentamos convertir el problema en oportunidad y la situación de una mejor para España?

Tan ministro y tan funcionario como él, y seguramente con más visión patriótica y a largo plazo de los intereses nacionales fue Fernando María Castiella. Un soñador y un realista a la vez, nunca se traicionó ni a sí mismo ni al país. En cada momento intentó conseguir lo máximo para España, desde las Reivindicaciones del 40, con Areilza y Valdecasas de la mano de Cianoy Ribbentrop y, en el contexto más opuesto a aquel, la amistad de la Comunidad Europea de la mano de Maurice Couve de Murville. De cada momento hay que sacar lo mejor, o intentarlo. Un ministro, y menos aún su jefe político, no puede limitarse a lamentar tiempos pasados u ocasiones perdidas.

Precisamente Castiella fue conocido por su lucha para conseguir que la plaza de Gibraltar volviera a ser española. O mejor dicho, que dejase de ser colonia británica, puesto que España nunca ha dejado de ser. En 1940, el camino era la derrota británica. En 1966 el camino eran la ONU, la descolonización y, como presión, la valla cerrada en 1969. ¿Y en 2017?

El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vitali Churkin, se lo ha puesto muy fácil a Dastis y a Rajoy, dirigiéndose a algunos británicos: “Devuelvan las islas Malvinas, devuelvan Gibraltar, devuelvan la parte anexionada de Chipre, devuelvan el archipiélago de Chagos en el océano Índico, que convirtieron en una enorme base militar. Solo entonces su conciencia, tal vez, esté un poco más limpia y puedan empezar a juzgar otros temas (como el de Crimea)”.

Así son las cosas. Con el Brexit, la posición internacional británica cambiará, quizá con buenos amigos en Ultramar pero no a este lado del Océano. ¿Nos conformamos con lamentar su marcha? No deberíamos. En Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia no va a dejar de defender que Crimea era y es rusa. Lo que hasta ahora May no ha querido darnos y Estados Unidos ha ayudado a conservar a los británicos nos lo pueden ayudar a conseguir los rusos, los franceses y, sorprendentemente, los gibraltareños -no los nativos, sino los que ahora habitan la colonia llevados allí por Londres.Dastis tiene que pedir consejo al ministro ruso, Serguéi Lavrov. Quizá así podamos hasta celebrar las consecuencias del Brexit.

Una condena benévola que aparta a Mas
Editorial La Razon 14 Marzo 2017

A la espera de que la Fiscalía decida o no apelar la benévola interpretación del TSJC sobre el delito de prevaricación –ejemplo canónico del «in dubio pro reo»–, hay que reconocer la fuerte carga simbólica de las condenas recibidas por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas; su ex vicepresidenta, Joana Ortega, y su ex consejera de Educación, Irene Rigau. Sin duda, la opinión pública percibirá como escasos los dos años de inhabilitación para ejercer cargo público al que ha sido sentenciado Mas –un político que no sólo cometió un delito de desobediencia a una resolución judicial cuando ejercía como representante ordinario del Estado en Cataluña, sino que ha impulsado un proceso que constituye un ataque frontal a la Constitución y al principio de la soberanía nacional–, pero, en cualquier caso, se trata de la demostración palpable de que en España la Justicia funciona para todos y de que las resoluciones judiciales están hechas para cumplirse.

Como no podía ser de otra forma, la sentencia no entra en consideraciones políticas, que sólo atañen al Tribunal a efectos de refutación de la estrategia de defensa, para tipificar la conducta de los condenados en un ilícito penal que no admite excusas. Así, los jueces establecen que la resolución del Tribunal Constitucional que ordenaba la suspensión cautelar de los preparativos del llamado «proceso participativo» del 9 de noviembre de 2014, era «directa, meridiana y explícita», y suponía un mandato «claro, expreso, concreto y terminante» de que se pusiera fin a cualquier actividad administrativa encaminada a organizar el simulacro de referéndum, lo que no fue atendido por los tres condenados.

Como hemos señalado al principio, los jueces no aprecian el delito de prevaricación, porque no encuentran en las actuaciones de la Generalitat la arbitrariedad que requiere el tipo penal, ni siquiera el dolo eventual, con lo que reducen sensiblemente la gravedad de las penas. Artur Mas ya ha anunciado que piensa recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo e, incluso, ante Estrasburgo, acción no exenta de riesgos para sus intereses. Mejor haría en aguardar a que se haga pública la sentencia del Alto Tribunal sobre el diputado Francesc Homs, acusado de los mismos delitos, por si su criterio fuera menos benevolente que el del TSJC. Por otra parte, y aunque las reacciones del mundo separatista catalán a las condenas han sido las esperables, parece que comienza a abrirse camino entre la opinión pública española, incluida la catalana, el que la lógica de los acontecimientos no admite otra salida que el reproche penal para quienes tratan de conculcar las leyes.

Sin forzar la mano políticamente, desde el estricto respeto a los derechos ciudadanos y con el único recurso a nuestro ordenamiento jurídico, el Gobierno de Mariano Rajoy está demostrando la fortaleza del Estado frente al desafío separatista. Unos resultados que deberían hacer reflexionar a quienes exigen una contundencia administrativa de problemáticos efectos. Sin duda, el futuro político de Artur Mas no era ya nada esperanzador, pero parece llegado el momento de que asuma sus fracasos y se retire definitivamente de la política, aunque sólo sea para no perjudicar aún más las exiguas expectativas de la antigua CDC. Porque, sin entrar en las eventuales consecuencias legales que puedan acarrear al ex presidente catalán los procesos en curso sobre la corrupción del «3 por ciento», la condena supone su inhabilitación para integrar cualquier candidatura electoral, lo que le descarta en el previsible adelanto de las autonómicas catalanas el próximo mes de septiembre. Por lo menos, Más debería dar tiempo a su partido para refundarse.

Mas: ¡seguimos para bingo!
Pablo Planas Libertad Digital 14 Marzo 2017

Si de la lectura de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pudiera caber alguna duda de que Mas y sus cooperadoras necesarias son culpables de desobediencia pero el tribunal hace la vista gorda y les aplica la pena mínima, no hay más que ver los rostros de alivio y alegría de los condenados ante un fallo que habilita la celebración de un nuevo referéndum en Cataluña antes o después del verano. Comoquiera que Puigdemont ya ha anunciado que no se presentará como candidato a la Generalidad, la convocatoria le saldrá tan barata, dada la jurisprudencia, que podrá darse el gusto de montar otra consulta por chicuelinas a cambio de dos años de inhabilitación y cien euros al día durante doce meses. Minucias.

Es cierto que los tres jueces del TSJC que firman la sentencia, don Jesús María Barrientos Pacho, don Carlos Ramos Rubio y don Eduardo Rodríguez Laplaza, le han alterado la agenda electoral a Mas al menos por dos años, si es que el Supremo o el Constitucional, al que se desobedeció con diurnidad y cachondeo, no acaban por darle la razón, le declaran impune y le otorgan la Gran Cruz de Isabel la Católica. Cierto es también que el precedente avala la estrategia de la desobediencia y ratifica la extensión de la operación Diálogo a los tribunales.

Tampoco es desdeñable el efecto que han podido tener en el ánimo de los jueces de Mas las recientes sentencias evacuadas en relación con asuntos de interés general como el caso Nóos o el de las tarjetas black, y que prefiguran un ambiente judicial propenso a juegos malabares tales como el de considerar que pudo haber desobediencia sin prevaricación, hallazgo que podría habilitar a los magistrados en cuestión para ocupar plaza en la asesoría jurídica de la Generalidad o, en su defecto, en la sectorial de juristas tribales de la CUP.

Dadas las actuales circunstancias, los abogados de Fèlix Millet y los Montull deberían reconsiderar seriamente el acuerdo al que han llegado con la Fiscalía, porque les podría salir el tiro por la culata ante la osadía de acusar a los intocables de Convergencia de haber participado en la rapiña del Palau de la Música. Gran día para el Astuto, al que sólo le ha faltado mostrar los cuatro dedos del 4% y anunciar ufano: "¡Seguimos para bingo!".

ABASCAL: 'SIEMPRE NOS DEFENDEREMOS'
El Supremo da la razón a VOX en el caso de los sobres secuestrados
La Gaceta 14 Marzo 2017

Durante la campaña electoral del 20D, la Junta Electoral Central (JEC) y Correos se negaron al reparto de los sobres con propaganda electoral de VOX, una decisión ilegal y arbitraria, insólita desde que se aprobó la Constitución; tal y como ha confirmado el Tribunal Supremo en su Sentencia recién notificada al citado partido recurrente.

El Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha emitido Sentencia que estima la tutela reclamada por VOX y confirma la vulneración de los derechos Fundamentales a la libertad de participación política (art. 23 CE) y de libertad ideológica y de expresión (art. 20 CE), a raíz del secuestro de sus sobres de propaganda electoral con la imagen de la bandera de España, en las pasadas Elecciones Generales del 20 de diciembre de 2015, vulneración cometida por Correos amparado por la resolución de la Junta Electoral Central, presidida por el Magistrado del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado, Carlos Granados Pérez.

La Sentencia lograda por VOX, que supone un "hito jurídico y político sin parangón en nuestra democracia", estima que la conducta de los responsables de Correos y de la Junta Electoral Central vulneraron los derechos fundamentales que amparan los citados artículos 23 y 20 de la Constitución Española, al considerar que los sobres de propaganda electoral con la representación de la bandera de España, sin incluir encima símbolo partidista alguno, no constituye una infracción de la Ley de Banderas, ni de la Ley Electoral (LOREG), tal y como argumento la JEC y secundaron diversos medios de comunicación y portavoces de otros partidos.

"Con esta Sentencia — afirma, vicesecretario jurídico de VOX— queda definitivamente aclarado que VOX actuó en todo momento con respeto a la Ley y a la Constitución, y que la conducta de los responsables de Correos y de la Junta Electoral Central fue contraria a los principios y valores democráticos", a su vez, el Presidente de VOX Santiago Abascal, tras conocer el fallo de la Sentencia ha manifestado “Por esta vez se ha hecho Justicia y el permanente y sectario acoso contra VOX, para intentar silenciarnos ha fracasado. Nos defenderemos siempre frente a los que utilizan arbitrariamente las Instituciones, Administración y la Ley, vulnerando el Estado de Derecho y prostituyendo la democracia, porque la bandera de España nos representa a todos y por eso reivindicamos que su utilización sea siempre respetuosa, normalizada y libre como en cualquier país del mundo, haciendo que lo que hoy es extraordinario, el necesario patriotismo, vuelva a ser normal en España”.

TRAS EL INSTITUTO CERVANTES
Rocío Rojas, la peruana que mantiene viva la llama del español en Damasco
La Gaceta  14 Marzo 2017

La peruana Rocío Rojas ha mantenido encendida la antorcha de la lengua española en Siria en medio de la guerra, pese a que el Instituto Cervantes de Damasco cerró hace ahora cinco años.

Rocío es un torrente de energía que parece inagotable. Trabaja seis días a la semana impartiendo clases de español en un colegio privado por las mañanas; en un instituto francés, a mediodía; y por las tardes, en el modesto "Centro Hispánico", que fundó hace un lustro con la intención de continuar con la enseñanza de la lengua de Cervantes.

"El próximo 29 de marzo, cumplimos cinco años y pienso hacer una fiesta", cuenta Rocío a Efe en una concurrida cafetería del céntrico barrio de Abu Rumane de Damasco, donde explica que en la actualidad unos 50 alumnos acuden a las clases, impartidas por ella y dos profesores venezolanos.

El 7 de marzo de 2012, el entonces ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo anunciaba el cierre del Instituto Cervantes en Damasco y la evacuación de su personal de plantilla, pero los trabajadores no de plantilla que daban clase en la institución decidieron quedarse.

"Los profesores colaboradores teníamos que seguir con algo y les dijimos a los alumnos: si quieren continuar, vénganse con nosotros", relata Rocío, antes de explicar que a las pocas semanas de la clausura del Cervantes, encontraron un espacio en un colegio privado del barrio de Afif, donde les alquilaron varias aulas.

"Miramos en muchos sitios pero todo era muy caro, además había que pagar uno o dos años por adelantado", dice para justificar su andadura por hasta cinto centros, en los que les fueron alquilando espacios donde poder enseñar.

Pero siempre en zonas céntricas como Abu Rumane, Al Malki, o Afif, adonde ha vuelto tras cinco años, con el objetivo de que pudieran asistir alumnos de los distintos puntos de la ciudad y siempre ubicados en pisos bajos o zonas protegidas, por razones de seguridad.

Confiesa que otra de las razones por las que nunca ha adquirido un espacio propio, además del dinero y los papeleos administrativos, es que durante los primeros años del conflicto la idea de abandonar el país, donde vive con su marido sirio y sus tres hijos, siempre estuvo presente.

El peor momento que vivió, confiesa, fue en septiembre de 2013, cuando Estado Unidos amenazó con lanzar una ofensiva militar en Siria.

Por el camino, se fueron quedando los primeros ocho fundadores, entre los que había españoles, un argentino, un venezolano y una chilena, que abandonaron el proyecto por distintas razones, aunque principalmente por el miedo a la guerra.

Un conflicto que ha causado miles de muertos y provocado la huida de millones de sirios dentro y fuera del país; además del encarecimiento de los precios, la depreciación de la moneda, cortes de luz y de agua, y la escasez de combustible.

Rojas cuenta como en uno de los centros en el que dieron clase, ubicado en el acomodado barrio de Al Malki, un proyectil de mortero impactó en la puerta del edificio, justo en un cambio de hora, con la fortuna de que nadie resultó herido.

También han tenido que impartir clase en pleno invierno sin calefacción o con la imposibilidad de usar los servicios, por falta de agua, lo que en alguna ocasión -explica- les ha obligado a cerrar, aunque: "Siempre he mantenido al menos un curso para no perder la costumbre".

Apenas ha tenido ayudas, destaca, aunque varias editoriales españolas le han enviado libros de texto y lecturas graduadas para los alumnos -que la Embajada española le ha hecho llegar a través del encargado de negocios- y diplomáticos de España, Venezuela, Chile y Cuba le han mostrado su apoyo y la han visitado en el centro.

En este momento, tiene tres grupos de unas diez personas cada uno y sus dos colegas venezolanos imparten español a otras dos clases.

Ofrecen cursos de 30 horas, por los que cobran 18.000 liras sirias (unos 35 dólares). "Vas trabajando por amor al arte, hay estudiantes que no pueden pagar y el alquiler es alto", declara sin perder la sonrisa y tras tomar un trago de zumo.

Como ahora en todo Damasco, las alumnas son mayoría en las aulas, porque los jóvenes de entre 18 y 42 años están llamados a filas. La mayoría de los inscritos, comenta, estudia para irse, sobre todo a países de Latinoamérica como Argentina, Chile o Perú.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Una condena testimonial por un grave desafío al Estado

EDITORIAL El Mundo 14 Marzo 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha sentado un peligroso precedente con su sentencia sobre la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Los jueces sólo han condenado a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega a penas de inhabilitación por el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, pero consideran que en las actuaciones del ex president de la Generalitat y de las ex consejeras no hubo delito de prevaricación, por el que también estaban acusados por la Fiscalía y por la acusación popular.

Así, algo que tan grave como la celebración de un referéndum de autodeterminación contraviniendo la legislación española y desobedeciendo flagrantemente al Tribunal Constitucional se ha saldado con penas traducidas de dos años de inhabilitación para Mas, de un año y nueve meses para Ortega y de un año y seis meses para Rigau. Consideramos que se trata de una sentencia muy generosa para con los acusados teniendo en cuenta la gravedad de los hechos probados en la propia sentencia.

Como curándose en salud, el Tribunal recuerda que "la acusación no se proyecta sobre la convocatoria del 14 de octubre, ni tampoco sobre la colocación de urnas como interesadamente se ha querido hacer ver". Sólo "se juzga la desobediencia de una orden del Tribunal Constitucional", añaden los jueces: es decir, sólo enjuician si los acusados hicieron caso o no a una resolución del Constitucional y no valoran la legalidad -o legitimidad- de la propia consulta.

La sentencia afirma que los tres acusados "no sólo no dictaron ningún tipo de resolución ni efectuaron anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto para el día 9 de noviembre, sino que observaron un catálogo de conductas demostrativas todas de su determinación firme de contravenir la providencia del Tribunal Constitucional". Y señala como indicios de desobediencia las conductas "relativas al mantenimiento de la página web participa2014.cat; el mantenimiento de la campaña de publicidad institucional; el mantenimiento del reparto de correspondencia oficial; la aportación y suministro del material de la votación (urnas, sobres y papeletas); la elaboración e instalación de programas informáticos y suministro del material tecnológico y apoyo técnico; la contratación de un seguro de responsabilidad civil de cobertura para los voluntarios; la utilización de centros públicos como sedes de votación y la instalación de un centro de prensa".

Sorprende que todas estas actuaciones, ordenadas por Mas, Rigau y Ortega, y sin las cuales no se habría podido celebrar la consulta, no sean constitutivas de un delito de prevaricación -por el que la Fiscalía y las acusaciones pedían 10 años de inhabilitación a Mas y nueve a las ex consejeras-. La sentencia dice que "es patente que en la conducta de los acusados no podemos afirmar una arbitrariedad que desborde la inherente al hecho desobediente". Es llamativo que los jueces reconozcan esa "arbitrariedad" en las acciones de los condenados en el ejercicio de sus funciones, pero no califiquen la arbitrariedad de "prevaricación" y reduzcan la pena a un nivel casi testimonial.

La consecuencia inmediata de la sentencia es que Artur Mas no podrá presentarse a unas elecciones hasta pasados dos años -recurra o no al Supremo-. Por tanto, si no hay adelanto electoral en Cataluña, podría optar ser elegido diputado autonómico en 2019. En la práctica, pues, es como si no hubiera sido condenado. Como decimos, saltarse la ley en algo tan trascendental como la soberanía nacional proponiendo el desmembramiento del Estado sale demasiado barato para sus promotores. Un muy mal precedente cuando la Generalitat quiere convocar una segunda consulta independentista.

Fiel a su discurso delirante, Artur Mas manifestó ayer que la sentencia "demuestra que los españoles no son iguales ante la ley" y en otra de sus ensoñaciones dijo que ha sido "condenado por sus ideas", como si de un perseguido político se tratara. Puigdemont invocó al pueblo catalán, que "indultará votando" lo que la Justicia española acaba de condenar. Mas afirmó que recurrirá al Tribunal Supremo la decisión del TSJC.

No tendrá que esperar al recurso porque el Supremo se pronunciará antes sobre la situación de Francesc Homs, procesado en ese Tribunal por el mismo motivo que el ex president: la organización de la consulta del 9-N. Veremos si el Alto Tribunal enjuicia esos hechos de la misma forma.

¿Artur Mas o el juez Serrano?
CARLOS CUESTA El Mundo 14 Marzo 2017

¿A quién impondría usted una pena mayor? ¿A Artur Mas, condenado por la votación separatista del 9-N, o al juez Serrano por modificar el turno de custodia de un menor para que pudiera salir en una cofradía de la Semana Santa sevillana? Piense bien la respuesta. Porque nuestro engranaje penal acaba de adjudicarles la misma inhabilitación: dos años.

Según el PP, se trata de un golpe "muy duro" para los separatistas. Según ERC, de un fallo "indigno y antidemocrático". Cada cual que ponga los calificativos que quiera. Pero los hechos son evidentes: desobedecer al TC, poniendo urnas para retar al Estado, su Constitución y la unidad de España cuesta, exclusivamente, dos años de inhabilitación para cargo público -de una persona que ya había dejado la Generalitat- y 36.000 euros. Porque esa ha sido la condena a Mas por el 9-N. Y los 36.000 euros los pagará a plazos: 100 euros al día durante 12 meses. Para Joana Ortega la inhabilitación es aún menor -año y nueve meses-, y multa de 100 euros diarios durante 10 meses. Y aún más suave para Irene Rigau, inhabilitación de año y medio y multa de cien euros diarios durante ocho meses. Condenas que poco tienen que ver con la petición del fiscal: de entre nueve y diez años de inhabilitación.

En resumen: en dos años podrán tener cargo público, tras pagar un importe global en multas de 90.500 euros: 64 veces menos de lo que incluyó inicialmente la Generalitat en sus presupuestos para el nuevo referéndum separatista.

Y ello, pese a que los tres afirmaron en el juicio que no dudarían en repetir sus actos; que Mas, en el día de autos, retó públicamente a la Fiscalía a actuar contra él; que plantaron durante más de media hora al tribunal para manifestarse ante sus puertas arropados por miles de personas movilizadas por el Ejecutivo autonómico y partidos separatistas; y que ni siquiera han acudido a la lectura del fallo, tras ser advertidos de su obligación de asistir.

Todo ello, sin contar con que, desde el inicio, la Fiscalía descartó pedir penas de prisión por malversación porque, debió considerar, que las urnas, organización, papeletas, recuento o publicidad eran gratis. Todo a coste cero o pagado por seres altruistas. ¿A alguien le extraña que los partidos secesionistas no desistan del nuevo referéndum?

Por cierto, en el caso del juez Serrano, la Comisión Permanente del CGPJ acaba de considerar que su condena -la de dos años de inhabilitación- es suficiente para expulsarle definitivamente de la carrera judicial. Mas y compañía no tendrán ese trato.

Pamplona: vuelve la kale borroka.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 14 Marzo 2017

Los sucesos de este fin de semana en Pamplona solo pueden calificarse de extremadamente graves, tanto por la violencia exhibida con quema de contenedores, destrozo de cajeros, lanzamiento de piedras a las FFyCCSE, como por la intencionalidad política que nos recuerda desgraciadamente a otros tiempos que creíamos superados. Una renacida “kale borroka” (guerrilla urbana) protagonizada por grupos independentistas pro etarras que han tomado a Navarra como su principal pieza a cobrar, ahora que tienen garantizados la impunidad y el poder en El País Vasco gracias a la legalización de sus formaciones políticas y la radicalización de un PNV que mantiene un discurso moderado, mientras con los hechos se posiciona del lado de los secesionistas. Navarra está fracturada en lo social y en lo político, también gracias al auge de las fuerzas independentistas. Hoy en Navarra gobierna un cuatripartito conformado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

El que una activista independentista como Uxue Barcos, partidaria de la anexión de Navarra por el País Vasco esté presidiendo la Diputación Foral, da una idea de hacia dónde ha derivado la vida política en esa Comunidad histórica, parte esencial en la construcción de España como nación. Un hecho que lo confirma es la incorporación de las cadenas de su escudo en el de la bandera de España. Una comunidad de una riqueza indudable que se encuentra entre las primeras de la UE en desarrollo y, sobre todo, en calidad de vida de sus ciudadanos. Y esa comunidad, ahora en manos de los secesionistas radicales pro etarras apoyados por la ultra izquierda de PODEMOS e I-E, está sufriendo el acoso de hordas de violentos como medio de presión para justificar, - mejor decir obligar-, a que se plantee un referéndum sobre la integración con El País Vasco en el primer cimiento de la nueva Euskal Herria.

Y es que, en esta comunidad, al igual que ha sucedido en la de Cataluña, los diferentes Gobiernos de España han permitido de forma negligente, no exenta de cobardía, que esas formaciones pro etarras queden legalizadas y hayan conseguido implantar su ideología y odio hacia lo español usando las ikastolas y el euskera como medio de euskaldinización (perdonen este palabro) de las nuevas generaciones. Lo que era en los años setenta del siglo pasado una minoría ruidosa y violenta sin implantación social, se ha convertido en una fuerza considerable, igual o más violenta, cobijada por unos partidos políticos que solo pretenden forzar la integración de Navarra con El País Vasco.

Pamplona siempre ha sido objetivo prioritario de los de la kale borroka. Lo que comenzó como respuesta a la dictadura y represión posterior durante los años de plomo de ETA, se ha convertido en un movimiento secesionista que ha pasado por diversas fases de implantación social. Cada Aberri Eguna (día de la Patria Vasca) que se celebra el Domingo de Resurrección, Pamplona ha sido elegida por formaciones etarras como HERRI BATASUNA, con sus diferentes apellidos hasta su ilegalización, y las nuevas formaciones pro etarras como SORTU, BILDU, EUSKADIKO ESKERRA, etc. como base de sus operaciones reivindicativas de independencia. Líderes históricos de la Mesa Nacional como Jon Idigoras, Tasio Erkizia y más actuales como Arnaldo Otegi, se han paseado portando pancartas, carteles a favor de ETA e ikurriñas encabezando manifestaciones hasta el monumento de los Fueros en pleno corazón de Pamplona. Unas calles que han visto y soportado durante años las mismas imágenes de violencia que nos han mostrado este fin de semana.

No basta con condenar estos actos vandálicos y hacer declaraciones sobre “búsqueda de espacios de convivencia”. Hay que erradicar a estos violentos sin contemplaciones y condenar a aquellos que defienden la violencia como medio legítimo de reivindicación. Cualquier tipo de coacción es violencia. Deja mucho que desear la actitud de la Presidenta de la Comunidad al recriminar a las víctimas de ETA que no acudiesen a los actos de condena por los atentados terroristas, mientras no recrimina nada a EH-BILDU por no condenar los atentados terroristas de ETA. Una hipocresía que delata el sectarismo ideológico de esta dirigente abertzale.

He de reconocer que esas imágenes del sábado en Pamplona me trajeron recuerdos y vivencias de una etapa que creía erróneamente superada, pero que puede ser solo un avance de lo que está por llegar en esa mi muy querida Navarra.

¡Que pasen un buen día!

Marta Etura no se lo merece: sobre el vídeo nacionalista
Javier Orrico Periodista Digital 14 Marzo 2017

Un bochornoso programa racista de la ETB1, la televisión autonómica vasca que usa exclusivamente el vascuence como lengua (hay otro canal en español), ha levantado la indignación de casi todos los ciudadanos que han tenido acceso a un vídeo que vuela por internet. En el ‘divertido’ programa, de título “Euskalduna naiz, eta Zu” (Soy vasco, ¿y usted?), se pregunta por lo que sienten los vascos cuando escuchan la palabra España (Espainia) o piensan en los españoles (espaniarrak). El propio programa, antes de dar la palabra a sus invitados, establece, como rasgos generales, que los españoles somos “fachas, chonis, progres nostálgicos del 68 o paletos que viven en pueblos llamados Villafranca de”, y esas son las matizadas categorías que revelan el sofisticado pensamiento del nacionalismo vasco sobre nosotros.

Y luego llegan los invitados: todos clase dominante (artistas, actores, cantatutores, presentadores, feministas destacadas, activistas –esa profesión enigmática tan frecuente en Podemos-, y hasta algunos que se consideran intelectuales), no chavales de caserío ni obreros industriales del otro lado de la Ría. Desde que les dan “ganas de vomitar cuando oyen el himno español”, hasta los señoritos andaluces, los toros, los piropos, la Guardia Civil, o, lo más grande, el chiste de Joseba Apaolaza, actor, que dice que España se llama así porque el nombre de Mongolia ya estaba ocupado. Así cree que insulta a los españoles y a los niños down. La vileza y la miseria moral del señor Apaolaza quedan ahí resumidas.

Pero entre los intervinientes, destaca la actriz Miren Gaztañaga, una de las intérpretes de “El guardián invisible”, la cual ve a los españoles como un pueblo “culturalmente atrasado, me viene la imagen de un cateto”. Tampoco le compraría jamás a su hijo una camiseta de la selección española. Todo con muchas risas. Y ha sido tan inteligente intervención la que ha llevado a que se lance una campaña de boicot contra el film.

Más allá de que Gaztañaga se merece no volver a trabajar nunca en ningún producto dirigido a los “catetos, culturalmente atrasados” del resto de España, nada de esto es nuevo: el racismo y la xenofobia son la sustancia misma del nacionalismo vasco. Así lo estableció su fundador, el absoluto nazi ‘avant la lettre’ (en cuanto a racismo) Sabino Arana, que sigue teniendo plazas y monumentos en el País Vasco, y a cuyas teorías y palabras no ha renunciado nunca el PNV, su partido, y del que son igualmente hijos todos los llamados ‘abertzales’ de esa izquierda que, durante muchos años, dio sostén teórico y calorcito a una banda de asesinos que aún andan sueltos.

El racismo vasco está tan asentado que, aun cuando han tenido que esconderlo formalmente, porque ya no se puede ir por el mundo hablando de purezas raciales, ha sido transferido al dominio de la lengua vasca, convertida en el verdadero filtro que establece las castas étnicas, cada una con su nombre diferenciado en una clasificación que nos recuerda a los medidores de cráneos.

En el propio vídeo aparece muy claro que los que hablan son euskaldunes, la casta primera: los vascohablantes maternos. Después vienen los euskaldumberris (hablantes nuevos), gente sin pedigrí. Más abajo, los erdaldunes: vascos que no hablan vascuence. Y, por fin, en los últimos escalones de la impureza, maketos y españoles. Todo un sistema de sangres desplazado hacia la lengua como filtro selectivo.

Por eso, como ponía de relieve un estudio del exrector de la UPV, Manu Montero, el 20,4% de los vascos con dos apellidos de ese origen ocupan la mayor parte de los puestos de la Administración, y 32 de los 48 escaños en el Parlamento. Los euskaldunes, los que han hecho y ven el vídeo, son la verdadera casta y la vergüenza de la democracia española, que allí no ha entrado aún.

Pero de eso no tienen la culpa ni Marta Etura, la protagonista de la película, tan vasca como Gaztañaga, pero infinitamente más guapa y mejor actriz, ni todos los vascos extraordinarios que han sufrido persecución por declararse españoles; o, simplemente, por ser demócratas. Marta se atrevió, y eso es muy arriesgado en una sociedad como aquella, que viene de ser dominada por una dictadura del terror, a afirmar que Otegui, el héroe de nuestra siniestra sinistra, no debía, por haber apoyado a ETA, ser candidato a presidente vasco.

Y no tenemos más que recordar a Maite Pagaza, Fernando Savater, María San Gil, Ernesto Ladrón de Guevara, Iñaki Ezquerra, Rosa Díez, Gotzone Mora, Consuelo Ordóñez y la gente de COVITE, y tantos miles más. Por no mencionar a todos los que cayeron bajo las balas de la ETA. Vascos y catalanes no nacionalistas han sido lo mejor de esta democracia cobarde que tantas veces los ha dejado solos y que sigue ausente de ambos territorios.

No caigan ustedes en el mismo error sectario de quienes intervienen en ese vídeo. Nosotros somos mejores. Hemos sido capaces juntos de crear una civilización universal, y nuestra lengua es estudiada en todo el mundo. Muy al contrario, los nacionalistas viven anclados en su micromundo, su sociedad racista y cerril, sus creencias prediluvianas, que, en el resto de España, lo más cretino de nuestra sociedad, el progresismo reaccionario que sufrimos, encima quiere convertir en modelo 'plurinacional' de una España de nacioncitas étnicas. No hagan boicot. Marta Etura no se lo merece.

Hipersensibilidad
Iñaki Arteta Libertad Digital 14 Marzo 2017

Hipersensibilidad, sensibilidad excesiva a ciertas cuestiones. La serie protagonizada por la figura de Suñer el cuñado de Franco excitó a los nacionalistas (Aitor Esteban, PNV, la llevó al Congreso por incumplir la Ley de Memoria Histórica el 21 diciembre de 2016). Tremendo. Mientras, el mismo día en un debate de la ETB una mayoría de tertulianos defendía la inocencia de los chicos envueltos en la paliza a los guardias civiles de Alsasua. "Hay que ponerse en el asunto", decía el ex diputado general de Gipuzkoa Martín Garitano (en el programa Minuto a Minuto), "unos chicos salen a tomar algo tranquilamente en su pueblo, nadie sale pensando en meterse en peleas, pero se encuentran en una situación con unos policías que…".

Sin embargo, hace muy poco, el polémico programa sobre los españoles dejaba frío al universo nacionalista, hasta que semanas después salió del ámbito cerrado de la ETB1 y traspasó las fronteras. Para su incomodidad, se han tenido que molestar en pedir disculpas.

Días atrás, los partidos políticos de todas las sensibilidades (que se dice por aquí cuando se incluye al mundo proetarra) se reunían en Vitoria para homenajear a las víctimas del terrorismo. A lo mejor fue un gran día por eso. Pero ¿hay que creerse que haya tenido que dejar de matar ETA para que sectores proabertzales, proetarras o mitad y mitad se hayan reunido en un homenaje así? O, pensando mal, ¿no es más cómodo ese postureo que un sentimiento sincero de culpabilidad? O, pensando peor, ¿una actitud alivia a la otra? Sin duda es lo que conviene en estos tiempos. ¿Por qué no se propició algo así hace tan solo 10 años, por ejemplo? ¿Por qué era tan insignificante y estaba tan sola esa parte de la sociedad que se manifestaba públicamente contra el asesinato? ¿A que resulta más fácil estar ahora reunidos junto a las víctimas (de manera abstracta y sólo un día al año) y los partidos a los que agredieron, que renunciar a las motivaciones políticas que compartieron con sus compañeros asesinos? ¿Alguien, además de Joseba Arregi y quienes le seguimos, va a declarar que aquellos mataron por un proyecto político, por una ideología que aún nos gobierna en numerosos ámbitos de la vida política y civil?

¿Por qué ahora hay que alabar esta unidad en ese día de las víctimas del terrorismo en el que no se menciona (ni se invita) a los que fuera de los partidos lucharon en primera fila manifestándose públicamente mediante su presencia o en su obra artística, literaria o periodística? ¿Por qué en ese acto de (aparente) reconciliación no sólo no se incluye la presencia física de los fundadores del Foro Ermua, de la Fundación para la Libertad o de Basta Ya (entre otros), sino que se ningunea su existencia? ¿Estaré pensando mal imaginando que los presentes ayer ante ese pebetero saldrían corriendo con la sola presencia de un miembro destacado de cualquiera de esos colectivos? ¿De verdad es más fácil fotografiarse con dirigentes de Bildu que con cualquiera de aquellas personas? ¿De ese relato forzado por las conveniencias nacionalistas o filoetarras desaparecerán de manera obligada los civiles que, jugándose algo más que su tranquilidad, demostrando un ejemplo cívico insuperable, no estaban alineados (o no lo están ahora) con ningún partido?

Cuando se dice que la sociedad vasca derrotó al terrorismo, pienso que es una expresión exagerada por poco cierta. La sociedad mayoritariamente miraba para otro lado, ya está muy dicho, pero es que la parte de la sociedad que tuvo que pensarse muy mucho en el salón de su casa si no era demasiado temerario bajar a la calle aquella tarde de jueves para ponerse tras una pancarta condenando un asesinato (y poco después otro) tenía hijos, compañeros de trabajo, jefes, cuadrilla, alumnos…, problemas a la vista. Y me da la impresión de que esa parte de la ciudadanía que se opuso por puro coraje y sin protección a los totalitarios está siendo enterrada, trae malos y molestos recuerdos porquefueron radicales y beligerantes contra esos con los que ahora hay que pactar asuntos ciudadanos de todo tipo, incluso el de la memoria. El signo de los tiempos.

No se puede negar que es tremendamente presentable esa imagen de unidad en torno a un homenaje a las víctimas, pero, concretamente, ¿en base a qué?

En el año 2000, el PNV aupó con sus votos a Josu Ternera a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, era "un parlamentario más". Íñigo Urkullu, preguntado al respecto dijo: "Es un dato esperanzador que quien en el pasado se ha relacionado con los derechos humanos en negativo pueda participar y aceptar el juego de las mayorías". Pues eso, adiós a lo negativo.

Mientras los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián se empeñan en quitar rápidamente las placas de Covite recordando a los asesinados por ETA en los lugares en que lo fueron, en el muelle de Plentzia brilla desde hace varios años con letras enormes una pintada a favor de los presos etarras. Hay muchos pueblos con ejemplos así, no merece la pena ni repasarlos, es la prueba del algodón de en qué entorno vivimos. Uno entra a Bilbao por la calle Sabino Arana y siguiendo por la Gran Vía no tarda en llegar a un flamante parque con una estatua de Sabino Arana de buen tamaño, cerca de la sede del PNV pero en un lugar público, para que uno también relacione las cosas rápidamente: la estatua y el parque son suyos, como la ciudad, como el relato de quién es quién y quién hizo qué.

Puigdemont también quita el español en la información a los ciudadanos de sus Presupuestos
Borja Jiménez okdiario 14 Marzo 2017

Cualquier ciudadano que quiera acceder a los datos que proporciona la página web de la Generalitat de Cataluña sobre sus Presupuestos, se topará con una información a la que sólo se puede acceder en catalán y en inglés, pero no en español; pese a que el Gobierno Central también hace uso de esta documentación.

Jesús Sanz, de Convivencia Cívica, explica que “el Gobierno catalán, en la web del departamento de economía, únicamente publica la información en catalán y en inglés. Algo que nos parece muy sorprendente, no sólo porque la lengua oficial sea el español, sino que es que además estos Presupuestos también son utilizados por el Gobierno Central, con lo cual nos sorprende mucho que, no sólo no esté en español, sino que encima sí esté en inglés. No nos parece que tenga ningún sentido”.

Y es que resulta bastante llamativo que en la información que proporciona la Generalitat de Cataluña tan sólo aparezca la pestaña “EN” (english), a través de la cual se puede consultar la documentación en inglés; pero, insistimos, no aparece la pestaña que debería aparecer: “ES” (español).

“Ahora han remodelado la web de la Generalitat en su conjunto, y han hecho caso omiso a gran parte de la sociedad catalana castellanoparlante, que exigía poder tener acceso a ese tipo de datos que, en principio, debería ser para todos los españoles”, explican desde Convivencia Cívica.

Sigue la campaña anti-castellano
La Generalitat de Cataluña también eliminó recientemente la información en español de sus campañas de donación de sangre, para sorpresa de todos los andaluces, vascos, madrileños y demás residentes castellanoparlantes en la región, que no entienden por qué se les discrimina de este modo.

Y es que la Generalitat de Cataluña se encuentra inmersa en una campaña de donación de sangre para intentar alcanzar las 1.000 donaciones diarias, que es lo que se estima necesario para cubrir las necesidades de los hospitales. Sin embargo, quizás no sea lo más apropiado quitar el castellano de los folletos que se entregan por la calle y que llegan a los domicilios en forma de publicidad para incrementar el número de donantes.

Aunque la página Web oficial de donación de sangre de la Generalitat (http://www.donarsang.gencat.cat/) sí ofrece la posibilidad de obtener información en la lengua oficial de nuestro país, han sido bastante las quejas de diferentes usuarios que, lamentablemente, no podían entender los requisitos o las condiciones para ser donante en las informaciones y folletos que se recogen por la calle.

Los incidentes de Pamplona aumentan la división abertzale
El juez acusa a los detenidos de un delito de terrorismo y los envía a la cárcel
Pablo Ojer Pamplona ABC 14 Marzo 2017

El modus operandi seguido por los autores de los graves incidentes que se produjeron el pasado sábado en Pamplona supuso un paso más en la escalada de violencia que están llevando a cabo elementos contrarios a la dinámica política de la izquierda abertzale oficial, que representa Sortu dentro de la coalición EH Bildu.

Los violentos actuaron de forma coordinada, buscaron el enfrentamiento directo con la Policía y para ello prepararon y utilizaron artefactos explosivos como bengalas y cohetes, y cantos rodados, piedras que no se encuentran en las ciudades. Se trató, según los informes policiales, de «una actuación organizada y planificada con el resultado de una alteración grave y prolongada de la paz pública en el momento en que había multitud de ciudadanos por la zona».

Esta planificación llevó al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona a acusar a tres de los cuatro detenidos en los incidentes de un delito de terrorismo, además de otro de desórdenes públicos. Un cuarto detenido fue puesto en libertad al ser menor de edad, aunque deberá comparecer ante el Juzgado de Menores. Se trata de la primera vez desde los tiempos de la kale borroka en que se acusa de terrorismo a los participantes en unos enfrentamientos con la Policía.


Al haber una acusación de terrorismo, el juez remitió el caso a la Audiencia Nacional, que ahora deberá admitirlo, y ordenó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos por la «extrema gravedad de los hechos», por «las elevadas posibilidades de eludir la acción de la Justicia ante la gravedad de las penas que en su día pudieran imponerse», y por «la probabilidad de reiteración delictiva a la vista de la propia mecánica de los hechos, cometidos en grupo y de forma organizada y planificada».

Esta escalada violenta llevó a Bildu a «rechazar contundentemente» los sucesos de Pamplona. El mismo alcalde de la ciudad, Joseba Asirón, mostró su «máxima preocupación» por los hechos y acusó a los violentos de «entorpecer el camino elegido por la mayoría de la sociedad para avanzar hacia un escenario de paz, de convivencia y de normalización».

Estas palabras de un alcalde de Bildu no sentaron bien a los críticos de la izquierda abertzale y el exetarra Jon Iurrebaso, uno de los más críticos con la formación política y que participó en las negociaciones entre los terroristas y el Gobierno de Zapatero, aseguró en un artículo recogido por Ep que las palabras de Asirón se parecían a las que habría pronunciado «un alcalde franquista». También el movimiento por la Amnistía y contra la Represión, ATA, que participó en los disturbios del sábado advirtió a Bildu de que «seguiremos por el mismo camino que hasta ahora».

 


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