AGLI Recortes de Prensa    Viernes 17  Marzo 2017

La corrupción de la política
José Luis González Quirós www.vozpopuli.com 17 Marzo 2017

Las profecías optimistas sobre el final de la historia y el triunfo de la democracia nos parecen hoy muy lejanas, porque es verdad que, a gran escala, las democracias han triunfado sobre formas claramente peores, pero nadie podría negar que ese triunfo, como quería Fukuyama, “con el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas”, y que convertiría a la economía en el píe de rey de cualquier política, se ha visto acompañado de un profundo descrédito de la política, y, al tiempo, del desmentido más chabacano del valor moral que debiera ser exigible a las instituciones electorales. Por todas partes se extiende el pesimismo, y las políticas que apenas merecen ese nombre a la búsqueda de supuestos paraísos sepultados por cambios seguramente irreprimibles.

En cualquier caso, cada vez son más los ciudadanos que se sienten ante un callejón sin salida mientras los partidos, incapaces de reconocer sus fallos, se limitan a hacer lo que sea con tal de mantener unas posiciones de poder que cada vez tienen menos justificación positiva. La política del pensamiento único puede ser criticada, en la teoría, pero, al convertirse, de hecho, en la principal guía de supervivencia de los grandes partidos, reduce la política a dos caricaturas, a la gestión de los intereses de carteles poderosos, sean financieros, funcionariales o sindicales, y a la exacerbación de un maniqueísmo político fingido, cuyo único valor consiste en mantener el escaso fervor residual de los electores más fieles, y cuyo defecto principal es el aborto de cualquier posibilidad de iniciativa política de cierto fuste. En esas estamos, en España y en toda Europa.

El gobierno de los peores
La vieja conseja ignaciana aconsejaba no hacer mudanzas en tiempos de tribulación, pero eso era razonable hace unos cuantos siglos, porque ahora las mudanzas se hacen solas y la tribulación es incesante. Claro es que el carácter tumultuoso del presente favorece de hecho a los especialistas en no mojarse ni debajo de la ducha, pero esa no es una política sostenible, si es que una palabra tan gastada puede decir algo. El caso es que nos encontramos ante resultados electorales que no parecen merecer ninguna clase de aplauso, que apenas expresan la frustración y la desesperanza de quienes ven que el mundo se mueve, y nadie hace nada por que lo haga hacia lo mejor, que los políticos nos pretenden tranquilizar con extrañas dosis de sentido común, paciencia y acomodación a lo inevitable. Cabe pensar que los resultados arrojen lo peor porque nadie se atreve a prometer algo que realmente merezca la pena, porque la política se ha convertido en una esclava de la resignación, al tiempo que sus titulares se dedican a cantar alabanzas de las consecuencias de su nula ambición.

A veces, a base de repetir tonterías vacías, los políticos logran convencernos de que somos tan tontos como ellos lo estiman, y es posible que esa sea la amarga verdad en muchos casos, que unos electorados embrutecidos produzcan cada vez peores especímenes electos, que el efecto supuestamente sanador de las elecciones, la destituibilidad pacífica de quien lo haya hecho mal, se esté empezando a convertir en un auténtico foco de perpetuación de lo menos sano y admirable de nuestras sociedades.

La complejidad sojuzgada
Frente a este tipo de fenómenos es normal que aparezcan quienes se presentan como renovadores, como adalides de una nueva política, pero no es necesario ser una eminencia para ver que, más allá de las proclamaciones enfáticas, las nuevas políticas apenas ofrecen otra cosa que viejas fórmulas fracasadas en todas partes, engastadas, eso sí, en ardorosas promesas de regeneración, en ingenuos adanismos. Eso explica, precisamente, que las viejas formas de inepcia política tiendan a sobrevivir, pese a sus mil trapisondas e inconsecuencias, porque los electores eligen lo malo conocido frente a los bálsamos de Fierabrás.

La peor consecuencia de esta parálisis política es que en lugar de discutir sobre alternativas verosímiles se sigue perorando sobre viejas consejas sin significado alguno, que, en lugar de abordar la complejidad de los problemas, se insiste en promover las versiones archisimplificadas de promesas que tal vez tuvieron sentido hace muchas décadas, pero son estrictamente inaplicables ahora mismo. La verdad no parece importar a nadie, porque se ha perdido casi por completo la voluntad de comprender, porque el nivel crítico de los ciudadanos está pavorosamente bajo, consecuencia, entre otras cosas, de décadas de políticas educativas condescendientes con la ignorancia, y del halago sistemático de lo más vulgar que se ejerce por la presión conjunta de la mayoría de las fuerzas políticas y los efectos embriagadores de las tecnologías que prometen poner cualquier clase de paraíso al alcance de la mano.

Los ciudadanos avalan con su liviandad la ignorancia de los datos más esenciales porque el reino de los datos resulta ser extremadamente débil frente a cualquier consigna viral. Si alguna vez la política fue sofisticada, ahora no lo es, de ninguna manera, y basta una consigna en autobús, o una llamada literalmente tribal a la identidad, para encender una polémica insuficiente, para ocultar cualquiera de las complejas cuestiones en las que deberíamos interesarnos y sobre las que tendríamos que discutir libre y civilizadamente, pero tienden a imponerse los elementos más chatos y primitivos, las modas intelectuales más necias y apabullantes.

Los partidos refugio
En España hemos experimentado con una democracia que se ofrecía como solución pero que, muy prontamente, ha entrado por la vía en que se olvidan los valores en que habría de sustentarse, valores, por otra parte, de escaso arraigo en nuestra cultura política, para reducirse a ser una fórmula de legitimación de los poderes electos que entienden, por ello mismo, estar colocados más allá de cualquier objeción y habilitados para saltarse cualquier clase de normas, y, de ahí, la corrupción como hábito. La presión social ha favorecido, además, la adopción de normas ingenuas, inspiradas en nobilísimos principios, pero perfectamente capaces de subvertir su sentido con prácticas que ingenuamente se han dado por inimaginables: ¿cómo no ver en una ley del suelo que supuestamente protege el entorno natural y reprime los abusos urbanísticos de los propietarios el instrumento ideal para sacar partido del inaudito poder que se concede a quien puede multiplicar por mil el valor de un terreno cualquiera modificando un pequeño detalle supuestamente técnico?

Los partidos han dejado de ser cauces de participación, lo fueron con cierta generosidad en los momentos iniciales, para convertirse en refugio de desaprensivos, que lo mismo violentan al Tribunal Constitucional que ejercen favores millonarios a constructores y comunicadores afines. Fuera de la ley, pues nadie puede controlarlos, se han convertido en espacios exentos de democracia y cualquier libertad, y han hecho de su peculiar ordeno y mando la esencia de la política ordinaria. Estamos al cabo de la calle de sus abusos, pero nadie sino ellos mismo podría ponerles fin y, francamente, no parecen demasiado dispuestos.

Así las cosas, recae sobre los ciudadanos una tarea realmente titánica, como es la de remover los edificios institucionales desde los cimientos, y será algo que llevará muchos años, y de resultado incierto. La nota positiva es que crece el nivel de exigencia en minorías cada vez más extensas, aunque tal vez acobardadas por la magnitud de la tarea y por la escasísima propensión de los partidos, de todos sin excepción, a modificar su forma de hacer las cosas, su bussines as usual.

El que no se consuela es porque no quiere
No querría terminar sin una nota de ácido optimismo: en apenas pocos días hemos sabido que el PP, en Madrid, de momento, está dispuesto a depurar sus listas de militantes fallecidos, que deben ser legión, y que la señora Cospedal ha ganado por goleada a su perseverante rival manchego, mostrando una voluntad, tan férrea como ejemplar, de acaparar cargos, ministra, secretaria general y presidenta del PP en su predio, de que, como debe ser, los mejores obtengan cumplida recompensa a sus desvelos, Eppur si muove!

La casta política española bloquea la liberalización de la estiba
Juan Ramón Rallo El Confidencial 17 Marzo 2017

La frustrada liberalización de la estiba es la clara ilustración de uno de los grandes problemas de este país: la existencia de una casta política que instrumentaliza groseramente las instituciones estatales en su privativo beneficio y en contra del bienestar de los ciudadanos. Nuestros gobernantes, en contra de lo que hipócritamente gustan de repetir, no son “servidores públicos” preocupados por impulsar una agenda reformista compatible con su concepción sincera del bien común: son máquinas de poder que trafican torticeramente con las libertades y las haciendas de los españoles con el único propósito de consolidar y ampliar las prebendas de las que disfrutan.

En este sentido, el comportamiento de los cuatro partidos mayoritarios a propósito de la fallida liberalización de la estiba pone perfectamente de manifiesto cómo incluso aquellas reformas tan de sentido común como para que incluso vengan apremiadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el mismo que el de las cláusulas suelo, no lo olvidemos) se vean frenadas por los sectarios intereses de las distintas formaciones políticas.

Empecemos por el Partido Popular: en teoría el partido 'responsable' que, en este caso, está tratando de acabar con los injustificadísimos privilegios legales de los estibadores y, en consecuencia, acatar la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Ha obrado bien el PP? En absoluto: la filosofía rajoyana de los populares siempre ha sido la de “no querer líos”, de ahí que declinaran liberalizar la estiba 'motu proprio' cuando tenían todo el poder de hacerlo, esto es, en cualquier momento entre 2012 y 2015 merced a su holgadísima mayoría absoluta. No fue hasta que Bruselas instó al Gobierno del PP a liberalizar la estiba cuando los populares, a regañadientes y tratando de retrasar todo lo posible la medida, dieron su brazo a torcer.

Si, según nos vende ahora el Gobierno, liberalizar la estiba es una medida positiva y justa para la economía española —y lo es—, ¿por qué esperaron a que Bruselas exigiera aplicarla? ¿Por qué no eliminaron los privilegios de los estibadores desde el primer momento en que tuvieron la oportunidad? Pues porque el PP buscaba, antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2014, una coartada para justificar una liberalización que por fuerza daría pie a cierta contestación social entre los grupos de presión de los estibadores; a su vez, a partir de 2014 y ya con esa coartada externa entre las manos, los populares optaron por esperar a que se celebraran las elecciones antes de adoptar medidas que pudieran costarles votos. El fracaso del PP de ayer no es más que la consecuencia de su irresponsable negativa a liberalizar la estiba cuando contaba con la mayoría parlamentaria suficiente para lograrlo: entonces antepuso sus intereses a los del resto de ciudadanos y hoy somos rehenes de sus negligencias pasadas.

Sigamos con el PSOE: los socialistas saben que la liberalización de la estiba es necesaria e inaplazable, pues integran las mismas instituciones europeas que el PP y conocen de primera mano qué nos están reclamando las mismas. Sin embargo, ahora mismo los socialistas están inmersos en una lucha interna de poder, donde una de las candidatas —Susana Díaz— necesita conseguir un apoyo abrumador en Andalucía para poseer verdaderas opciones de alcanzar la secretaría general. De ahí que no pueda permitirse fisuras dentro del socialismo andaluz: y una de esas fisuras, claramente, sería la de los sindicatos de estibadores (un tercio de todos los estibadores trabaja en puertos andaluces). Al final, pues, el PSOE ha sacrificado la liberalización de la estiba para maximizar las aspiraciones electorales de una (pre)candidata a la secretaría general: ni siquiera ha antepuesto el bien del partido al interés general, sino el bien de una persona concreta del partido (y de las élites que pululan a su alrededor) sobre el interés general.

Vayamos con Ciudadanos, la formación política que, sobre todo a partir de su reciente refundación congresual, dice querer representar los ideales del liberalismo dentro de la política española. Ciudadanos se ha abstenido en la votación sobre liberalizar la estiba no porque el decreto fuera insuficientemente aperturista, sino porque —aseguran— no era el momento adecuado para aprobarlo. ¿Cómo que no era el momento adecuado? El momento adecuado para liberalizar y para acabar con privilegios injustificados siempre es lo antes posible. Y, en este caso, todavía más: pues ya llevamos varios años de retraso incluso desde la óptica europea. A diferencia de lo que sostiene la formación naranja, no es necesario retrasar ni un minuto más la liberalización, dado que no hay nada que negociar con los estibadores: ni son acreedores de subvenciones públicas ni de regulaciones a medida del sector; al contrario, los estibadores han sido durante décadas los beneficiarios directos de un oligopolio legal que debe terminar lo antes posible. Y Ciudadanos lo sabe.

En realidad, el motivo de su abstención ha sido bastante más banal; la formación naranja lleva varios meses sintiéndose desplazada e ignorada por los populares, dado que estos no cumplen con sus compromisos y hacen caso omiso de sus amenazas. La abstención de los de Rivera ha sido una forma de revancha para recordarle al PP su fragilidad parlamentaria, revalorizando así sus escasos escaños. O dicho de otra manera: el conflicto matrimonial entre PP y Ciudadanos (en última instancia, la guerra civil dentro de la 'derecha española') nos ha costado a todos no liberalizar la estiba. Los liberales de Ciudadanos bloqueando una liberalización como forma de acaparar mayor poder político propio: su interés como partido por encima del interés general.

Exabrupto antiliberal.
Y terminemos con Podemos: la formación morada ha perseverado en su archiconocida estrategia de alimentar cualquier conflictividad social para así capitanear la oposición al Gobierno, aun abrazando formas de organización social que, desde sus propios planteamientos socialistas o socialdemócratas, deberían considerar del todo indeseables. Tomemos el caso de los estibadores: las altas rentas de este grupo de trabajadores derivan de una organización puramente gremial que les permite ejercer un control oligopolístico sobre los puertos españoles. Los gremios casan fatal con el socialismo igualitarista: son estructuras de poder privadas que segmentan estamentariamente a los trabajadores por sectores y que escapan a un control democrático de carácter universal (cada gremio planifica 'sus' asuntos). De hecho, tradicionalmente los gremios han sido una pieza básica del corporativismo de corte fascista (no en vano, el actual modelo de la estiba es de origen franquista): cuerpos intermedios autoorganizados e interpuestos entre la sociedad civil y el Estado.

Desde una perspectiva socialista o socialdemócrata, sería mucho más lógico que Podemos reclamara una nacionalización de la profesión de la estiba, convirtiendo a los estibadores en funcionarios a través de una oposición abierta y objetiva que midiera sin discriminación su mérito y capacidad: pero no, Podemos no reclama nada de esto, sino continuar otorgando el control de los puertos a un gremio cerrado y endogámico a costa del resto de trabajadores españoles. ¿Por qué razón? Simple y llanamente porque ahora les conviene instrumentalizar a los estibadores como arietes en su oposición permanente a cualquier medida del Gobierno: de nuevo, su ambición de poder por encima de su propia concepción del interés general.

En definitiva, todos los grandes partidos políticos españoles han hecho gala de una extrema irresponsabilidad en el asunto de la liberalización de la estiba. Todos ellos han priorizado sus intereses facciosos por encima del bienestar del conjunto de los ciudadanos: todos ellos conforman una genuina oligarquía que trata a los españoles como meros peones en su partida de ajedrez por el poder. Desazonador observar cómo incluso el sentido común más elemental sucumbe con luz y taquígrafos a sus cuitas internas de la casta gobernante. Por desgracia, el escándalo de la frustrada liberalización de la estiba es solo la punta del iceberg de una inercia institucional mucho más deshonesta y corruptora: la permanente parálisis de cualquier reforma de calado que no redunde en mayores votos o ingresos para nuestras formaciones políticas. La inmolación de los más elementales principios morales en el altar de su desbocada ambición de poder.

La estiba como síntoma
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 17 Marzo 2017

EL CONFLICTO de la estiba en los puertos españoles no es fruto de una directiva de Bruselas que, por cierto, el Gobierno de Rajoy, con mayoría absoluta y con Pastor y Catalá en Fomento, dejó sin aplicar cuando ya había directiva y sentencia de Estrasburgo, y hasta llegó a presentar como suya la postura del monopolio. Es el resultado de la protección política a un gremio privilegiado que encarece tanto la carga y descarga de barcos que, si no se ajusta a los precios de mercado, arruinará los puertos de Algeciras, Valencia o Málaga. Desde ayer es, además, un conflicto entre Rajoy y la tentación de las urnas, porque con la birria de 137 diputados no es capaz de nada por sí mismo, con razón o sin ella. Nunca se ha visto con tanta claridad lo ridículo de tanta fatuidad.

Íñigo de la Serna -secundado por De Guindos, que ha colocado su Mare Nostrum, donde fue nada menos que jefe de auditoría, al cobijo de Bankia, exactamente lo mismo que hizo MAFO con Bancaja y otras ruinas en Cajamadrid-, cifró ayer en 134.000 euros diarios lo que cuesta la multa por no votar la directiva. Lo que no dijo la oposición, en la que no queda un liberal ni como especie protegida, es que lo que ofrecía el Gobierno era una jubilación de oro que mantenía los disparatados privilegios del gremio y que les cuesta a todos los españoles prácticamente lo mismo que la multa.

A comprar con dinero público cambios laborales -ERE, jubilaciones de platino, subvenciones de oro- en sectores con capacidad de chantaje, le llaman «encontrar soluciones políticas». En realidad, es el coste de que los políticos, Gobierno y oposición, queden bien en los telediarios, como amigos del diálogo social y otras estafas. Eso no arregla definitivamente sectores inviables -desde RTVE a la minería antigua- ni es justo cargarlo sobre las espaldas, ya breadas a impuestos, de unos ciudadanos que no pueden chantajear a Montoro.

La forma de acabar con una situación inviable es, sencillamente, acabando con ella, ley en mano y sin maquillar como modernización su onerosa supervivencia. Pero el de la estiba es síntoma de una enfermedad más grave, que ha impedido las reformas que al estallar la crisis necesitaba España y no ha hecho: la compra de la tranquilidad de la casta política de todos los partidos, que nos han convertido en estibadores de su estiba.

Estiba: gana la mafia, pierden los españoles
EDITORIAL Libertad Digital 17 Marzo 2017

El Congreso de los Diputados, como legítimo depositario de la soberanía nacional, representa a todos los españoles y, por tanto, su principal tarea debería ser la defensa del interés general; pero este noble y digno principio ha quedado supeditado, una vez más, a la protección de un pequeño grupo bien organizado, en este caso el sindicato de la estiba, tras haber logrado su principal objetivo con la inestimable ayuda de sus señorías. El Parlamento ha tumbado este jueves la reforma de la estiba que presentó el Gobierno, ya que éste sólo ha recabado el apoyo de PP y PNV. Incluso Ciudadanos se arrugó en el último momento, optando por la abstención, pese a comprometer su apoyo inicial a la reforma.

La anulación de la reforma constituye una pésima noticia desde el punto de vista jurídico y económico, pero, sobre todo, desde el punto de vista moral, y refleja la grave irresponsabilidad, el oportunismo y la demagogia de la clase política nacional. De nada sirvió el hecho de que la necesaria liberalización del sector no partiera de una decisión gubernamental, sino de una sentencia de obligado cumplimiento decretada a finales de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el mismo que tanto defienden numerosos grupos parlamentarios cuando dictamina sobre la anulación de cláusulas suelo u otras materias que les interesan.

Tampoco les valió a los diputados que la estiba española sea hoy un anacronismo incomprensible e indefendible. Los estibadores son un gremio sindical de 6.150 individuos que operan en régimen de monopolio, puesto que los operadores portuarios no pueden contratar libremente a los empleados que quieran. Dicha situación ha permitido que gocen de una serie de privilegios y sueldos absolutamente desproporcionados, a costa, eso sí, de impedir la entrada de nuevos trabajadores y de lastrar la competitividad de los puertos. No existe ningún otro sector en el que se viole la libertad de contratación como en el de la estiba, y por eso su régimen es contrario a la legislación comunitaria.

Asimismo, no ha importado que el retraso en el cumplimiento de la sentencia conlleve el pago de una multa millonaria, cuyo coste recaerá sobre el bolsillo de los contribuyentes, y aún menos que la citada liberalización supusiera la creación de miles de nuevos puestos de trabajo y un crecimiento del PIB de unos 2.400 millones de euros al año gracias al incremento de las exportaciones. Por supuesto, de poco ha valido que los estibadores, en su objetivo de tumbar la reforma, hayan amenazado con paralizar la actividad portuaria, empleando como rehenes a las empresas y consumidores españoles, con tal de mantener su particular statu quo. Ninguno de estos sólidos e irrefutables argumentos han servido de nada para convencer a los grupos que han votado en contra del decreto, empezando por el PSOE, cuyo apoyo era crucial para que la norma saliera adelante.

Lo peor, sin embargo, es que todos los partidos, en mayor o menor medida, se han terminado bajando los pantalones ante un gremio que, además de ser absolutamente minoritario, disfruta de unas prebendas absurdas y bochornosas gracias, única y exclusivamente, a la existencia de una regulación injusta y perniciosa. En este sentido, cabe recordar que los estibadores no ganan mucho dinero porque sean insustituibles o aporten un gran valor añadido, sino porque están blindados por ley, ya que las empresas no pueden contratar a nadie más. Y si bien los grupos de la oposición han cedido al chantaje de la estiba por pura estrategia electoralista, no deja de ser igualmente vergonzoso que el Gobierno del PP esté dispuesto a comprar con una lluvia de millones a este gremio con tal de sacar adelante su decreto, aprovechándose de que, al fin y al cabo, pagan los contribuyentes.

El caso de la estiba deja, por tanto, una triste y amarga lección acerca de la política nacional: el Gobierno y los representantes de la soberanía nacional están dispuestos a premiar, de una u otra forma, a quienes no dudan en emplear la violencia, la amenaza o el chantaje para lograr sus objetivos, por mucho dinero que ello pueda costar a los contribuyentes o dañe el interés general. Hoy ha ganado la mafia sindical, sí, pero han perdido todos los españoles.

La estiba y el interés general
Emilio Campmany Libertad Digital 17 Marzo 2017

En este asunto de la estiba, nadie es inocente. Para empezar, no lo son los trabajadores, que disfrazan de conflicto laboral lo que no es otra cosa que el intento de preservar una situación de privilegio. De todas formas, son los que menos culpa tienen porque a nadie puede extrañar que defiendan sus intereses lo mejor que sepan y puedan. Otra cosa es lo que hayan pensado los españoles sin trabajo cuando les hayan visto levantar el puño izquierdo en las tribunas del Congreso para celebrar que los parados sigan sin poder aspirar a ser estibadores.

Pero además son culpables todos los políticos sin excepción. Lo son desde luego los que han votado en contra de un decreto que España está obligada a dictar. No me refiero tanto a independentistas y podemitas porque, para quienes quieren acabar con España, hacernos perder la cara ante la Unión Europea no pasa de ser un pecado venial. Me refiero al PSOE, que se supone sigue siendo un partido de Gobierno. Exigir que se negocie con los trabajadores es absurdo porque lo único que puede satisfacerles es quedarse como están. Corresponde a la Administración imponer un nuevo régimen que sea conforme con las normas comunitarias, con la anuencia de los trabajadores, si es posible conseguirla, o sin ella. Dado que el contribuyente español está pagando una multa diaria de 27.500 euros, que llevamos acumulados 23 millones de sanción y que actualmente otros trabajadores tienen vedado el acceso a la estiba, lo que está haciendo el PSOE es llanamente defender intereses particulares en perjuicio del interés general.

Albert Rivera y su partido tampoco están libres de culpa. Están lanzando constantes diatribas contra el populismo. Se quejan de los muy populistas mensajes de los demás. Se arrogan el mérito de obrar con responsabilidad, aunque se vean perjudicados electoralmente. Y cuando la ocasión exige altura de miras prefieren traicionar al Gobierno y abstenerse para no ser contemplados como perdedores y de paso vengarse de los incumplimientos de Rajoy. No era el momento de hacer tal cosa. España está en un brete ante sus socios comunitarios y Ciudadanos ha perdido la ocasión de demostrar que es partido de Gobierno y no de plató televisivo.

Pero el más culpable de todos es el PP de Rajoy. Esto de la estiba se sabe desde 2014, cuando el Gobierno disfrutaba de mayoría absoluta y podía haber impuesto el decreto que se hubiera creído más conveniente para España. Pero como estaban próximas las elecciones generales, Rajoy y su gente no quisieron tener que hacer frente a la segura huelga y al conflicto que la nueva regulación habría provocado. Así que, como la reforma había que hacerla en todo caso por exigirlo Europa, prefirieron esperar y obligar a otros a tener que compartir la responsabilidad. Pero resulta que los demás son de la misma calaña y no quieren participar de lo que tendría que haber asumido el PP a solas, por mucho que perjudique a España. La consecuencia es la de siempre, que tendremos que seguir pagando ese taxímetro de veintitantos mil euros al día y los políticos y los estibadores seguirán disfrutando de sus privilegios.

El ‘todo vale’ o cómo el Congreso trocó en causa justa una inmoralidad
Agustín Valladolid www.vozpopuli.com 17 Marzo 2017

Ayer no daba crédito a lo que estaba viendo y oyendo: diputados y diputadas de todos los colores defendiendo a una minoría de privilegiados que han hecho de la estiba un cortijo al que nadie que no esté relacionado con el clan tiene acceso; diputadas teóricamente feministas cogiendo el avión a primera hora de la mañana para apoyar con su voto el mantenimiento de un reducto machista en el que las mujeres nunca han sido bien recibidas, cuando no abiertamente rechazadas, caso del puerto de Algeciras; políticos de izquierda hablando de la necesidad de perpetuar el “trabajo digno” de afortunados que cobran hasta más de 100.000 euros anuales, gracias al monopolio encubierto que tienen montado, mientras cientos de miles de jóvenes no pueden acceder al mercado laboral.

Sentí vergüenza al escuchar por boca de algunos representantes de la llamada “nueva política” argumentos que reforzaban a una élite cimentada en la época de la España más negra y se referían a la transposición de una sentencia de los tribunales europeos como “decreto salvaje”. Sentí pena al constatar cómo una diputada, por un puñado de votos, y a sabiendas de la manipulación en la que incurría, culpaba al Gobierno de que no se hubiera llegado a un acuerdo con los estibadores, cuando sabía que era más bien al revés, que han sido estos los que, reforzados por el apoyo que tenían previsto recibir en el Parlamento, se han cerrado en banda, rechazando condiciones de trabajo y jubilación ofensivas para la generalidad de los trabajadores españoles.

"No son trabajadores privilegiados. Su sueldo lo pagan las multinacionales". He aquí un elocuente ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos de insulto a la inteligencia; o de cómo confundir, bien es cierto que a conciencia, la velocidad con el tocino. Nada o muy poco tienen que ver los privilegios con el pagador de la nómina. Un dato: el peso de la mano de obra en los costes de manipulación de mercancías es del 51% en los puertos españoles frente al 25% en Reino Unido, el 37% en Alemania o el 38,8% de la media europea.

Pero esto no va solo de sueldos, señora Oramas. Va de coherencia, porque no se puede presumir de europeos, reclamar puntualmente las ayudas correspondientes a la UE y al tiempo rechazar sus normas; va de consecuentes, porque no es compatible lamentarse del alto paro juvenil en las islas y en todo el Estado y hacer causa común con una casta que concibe los puestos de trabajo no como un derecho, sino como una propiedad privada; va del país que queremos construir: abierto, competitivo, en el que la igualdad de oportunidades sea una realidad, salvo que nos conformemos con lo que tenemos: un paro estructural insoportable, una juventud sin apenas expectativas, una clase política que sigue confundiendo lo urgente con lo importante.

Y es que, en este caso concreto, lo urgente es respetar los compromisos adquiridos con nuestros socios de la UE y evitar que el incumplimiento de la sentencia europea que ordena la liberalización de la estiba nos cueste 134.000 euros diarios de multa. Pero lo importante no es eso; lo importante es eliminar los islotes monopolísticos que aún quedan, expulsar del sistema de relaciones laborales los privilegios, abrir las puertas y las compuertas para que corra el aire y sea posible la transparencia en un sector convertido en un corralito de opacidad y malas prácticas de las que son partícipes las comunidades autónomas, que son a las que compete designar los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias.

Denuncias por sobrecostes (en los puertos de Gijón, Pasajes, Cartagena, Algeciras, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña, San Roque, Ferrol), por fraude (Valencia), por prevaricación y cohecho entre otros presuntos delitos (Baleares), por estafa y falsedad (Barcelona); pérdida de 11 millones de fondos comunitarios destinados a la modernización del puerto de Las Palmas por irregularidades detectadas en las obras de La Esfinge y el dique sur... Un amplio catálogo de anomalías que pone de manifiesto el porqué de tanta resistencia a que se suban las persianas y se haga la luz.

Lo ocurrido ayer en el Congreso revela la subsistencia de una España contradictoria, oscura, endogámica, lastrada todavía por una genética franquista y vertical de la que ni siquiera la izquierda parece haberse desprendido. Una España en la que predomina el cortoplacismo y en la que todo vale para que el adversario político muerda el polvo, incluso trocar en causa justa la pervivencia de una inmoralidad.

¿Este es el liberalismo de C,s?
Guillermo Dupuy Libertad Digital 17 Marzo 2017

El partido naranja ha dejado nuevamente de manifiesto que el suyo es un liberalismo de pacotilla

Está visto que la falta de representación parlamentaria que sufren los liberales españoles no la va a cubrir, ni siquiera mínimamente, Ciudadanos por el mero hecho de haber borrado de sus estatutos la socialdemocracia como seña de identidad, y menos aun por etiquetar su supuesto liberalismo de "centro" y "progresista". Cualquier formación auténticamente liberal y reformista hubiera acabado, hace años y por iniciativa propia, con ese privilegiado monopolio que constituye el llamado registro de estibadores, al que deben acudir obligatoriamente las empresas portuarias para llevar a cabo las labores de estiba.

Si el PP de Rajoy se ha animado, por fin, a acabar con esta clamorosa y empobrecedora violación de la libre competencia y de la libre contratación se debe únicamente al hecho de que este privilegiado monopolio de los estibadores constituye también una violación del articulo 49 de la Unión Europea, por la que los contribuyentes españoles nos asomamos al pago de una multa de 23 millones de euros más otra de carácter coercitivo de 134.000 euros diarios a partir de que se dicte la segunda sentencia del tribunal de justicia europeo, que está a punto de producirse.

Ciudadanos, sin embargo, se han abstenido, dejando de manifiesto, una vez más, que el suyo es un vergonzoso liberalismo de pacotilla. Pero déjenme que les de algunos otros ejemplos:

Para reivindicar a los liberales de Cádiz, hay que ver la inquina que los socialdemócratas de Ciudadanos tienen a las diputaciones provinciales y, en general, a toda descentralización administrativa que no sea en beneficio de nuestras sobredimensionadas, centralistas y voraces Administraciones regionales, a las que el partido de Rivera también quiere dotar de mayor financiación a pesar de ser, en términos comparativos, las mejor dotadas de toda la OCDE.

¿Y cómo tomar por liberal a un partido político que no plantea una drástica reducción de la presión fiscal a la que nos ha llevado el PP de Rajoy? ¿Qué liberalismo es ese que, en lugar de abogar abiertamente por reducir drásticamente el gasto público, pide todavía mayor "flexibilidad" en el cumplimiento de los siempre incumplidos topes de déficit, a pesar de haber alcanzado España el mayor nivel de endeudamiento público de su historia? ¿Y dónde está la alternativa liberal de Ciudadanos al consenso conservador y socialdemócrata en torno al sistema de pensiones heredado de Franco? ¿Dónde está su crítica a esa estafa piramidal que constituye el sistema público de reparto, sostenible únicamente mediante el paulatino perjuicio de sus supuestos beneficiarios? ¿Y dónde defiende ya Ciudadanos la libertad de elección de los padres a la hora de escoger centro o lengua de enseñanza para sus hijos?

¿Va Ciudadanos a pasar a defender la competencia fiscal entre autonomías? Y en el terreno energético, ¿va Ciudadanos, parafraseando a los liberales doceañistas, a "promover y fomentar toda especie de industrias y remover los obstáculos que la entorpezcan"? Lo digo porque la formación naranja pasó de reivindicar hace unos años la energía nuclear a votar ahora, junto al PP y al PSOE, en contra de la ampliación de la vida de las centrales.

Lo peor, sin embargo, no es que el liberalismo de Ciudadanos no aparezca por ninguna parte, sino que haya desaparecido su otrora compromiso de ser alternativa a la pusilánime condescendencia de los dos grandes partidos supuestamente nacionales ante el persistente desafío de los separatistas a nuestra nación y nuestro Estado de Derecho. También en esto Ciudadanos se parece cada vez más al PP y al PSOE.

Plataforma Ahora
Exdirigentes de UPyD y de Cs lanzan una plataforma contra los nacionalismos
Se presentan como una "alternativa política nacional, progresista, laica y regeneradora, ubicada en el centro izquierda, socialdemócrata y europeísta"
EP La voz libre 17 Marzo 2017

Madrid.- Exdirigentes de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) como su exportavoz nacional Gorka Maneiro, junto a varios de los fundadores de Ciudadanos, han lanzando la Plataforma Ahora, promovida como una "alternativa política nacional, progresista, laica y regeneradora, ubicada en el centro izquierda, socialdemócrata y europeísta" que defiende la unidad de España y rechaza los nacionalismos.

El manifiesto, que se puede firmar a través de la página web de la plataforma, apuestan por "la unidad de España, más bienestar para todos y la igualdad de los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia, lengua, creencias religiosas, ideas políticas, orientación sexual o lugar de nacimiento".

Los firmantes abrazan "el republicanismo cívico, el liberalismo político y el ideal de ciudadanía" y reivindican una política que defienda los mismos principios e ideas en todo el territorio nacional y que atienda "el bien común frente a las pulsiones localistas, regionalistas y nacionalistas que abogan por la disgregación, el fetiche de la diferencia a ultranza y las identidades colectivas".

ANTEPONER LA IGUALDAD A LA IDENTIDAD
"Una política que anteponga la igualdad a la identidad", resumen, rechazando los nacionalismos que "pretenden seguir obteniendo ventajas políticas y privilegios económicos a costa de la mayoría de los españoles".

Además, advierten de que "el gran problema no es tanto el nacionalismo de los nacionalistas como el de quienes, sin supuestamente serlo, se comportan como si lo fueran". También lamentan que "quienes ciertamente no lo son hayan renunciado a plantar cara" a los nacionalistas.

En definitiva, los adheridos a la Plataforma Ahora quieren "una España plural de ciudadanos libres e iguales", un Estado "unitario" donde no haya "privilegios ni asimetrías territoriales".

OCHO PRIORIDADES
El manifiesto concluye enumerando ocho prioridades. Entre ellas, reformar la Constitución para "racionalizar" el Estado autonómico, cerrar el modelo competencial y eliminar las duplicidades; "mejorar la calidad de la democracia", combatir la corrupción, la mala gestión y el sectarismo político y promover la democracia interna de los partidos.

Los firmantes también proponen despolitizar la Justicia, reformar las leyes electorales para garantizar la igualdad del voto, las listas abiertas, la limitación de mandatos y las primarias; defender la libertad lingüística y el derecho a la escolarización en lengua común; y avanzar en la consecución de "un Estado verdaderamente laico, tanto desde un punto de vista religioso como desde un punto de vista identitario".

Por último, quieren fortalecer el Estado del bienestar, luchar contra el desempleo, la precariedad y las desigualdades sociales, proteger a los más desfavorecidos, garantizar una fiscalidad justa y progresiva y acabar con el fraude fiscal, así como favorecer la integración, política, económica y fiscal de la Unión Europea.

FERNANDO SAVATER Y FÉLIX OVEJERO ENTRE LOS FIRMANTES
En la web de la Plataforma Ahora aparecen los perfiles de los siete primeros firmantes del manifiesto, entre ellos, además de Maneiro, aparecen los exportavoces de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis De Velasco, y en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, así como el filósofo Fernando Savater, uno de los impulsores de ese partido y candidato al Senado.

También el escritor y profesor de la Universidad de Barcelona Félix Ovejero y el catedrático José Vicente Rodríguez Mora, ambos cofundadores de Ciudadanos.

Asimismo, forma parte de la plataforma Dolores Agenjo, conocida por ser la directora del instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a abrir el centro el 9 de noviembre de 2014 para evitar que se colocaran allí las urnas de la consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña. Agenjo se presentó a las elecciones autonómicas catalanas de 2015 en las listas de Ciudadanos, aunque como independiente.

Las víctimas del 11-M ya tienen un gran poeta: Juan Carlos Torres-Ochoa
Felicísimo Valbuena La voz libre 17 Marzo 2017

Consultor y Periodista

El pasado viernes, día 10 de Marzo, asistí a un acto muy importante: un homenaje a las víctimas del 11-M en un local del Centro de Arte Moderno, una librería de la calle Galileo 52.
Al día siguiente, hubo diversos actos de los políticos para conmemorar el decimotercer aniversario del atentado terrorista que segó la vida a 192 personas y dejó 2.000 cuerpos heridos para siempre.

Me alegró mucho vivir el acto de la Calle Galileo. Se distinguió claramente de todos los demás, porque ni políticos ni los responsables de diversas ONGs han alcanzado la altura del homenaje de los bajos de una librería repletos de un público con pasión intelectual, no sólo con emociones. Voy a explicar por qué.

Juan Carlos Torres Ochoa, un jienense que nació en Sabiote, en 1967, ofrece un aspecto renacentista. Se mueve entre la música, el teatro y la poesía. Y en estos tres campos ha logrado destacar. Por mi parte, añado que también sabe filosofía y política.

Su “Marzo Súbito. Poemas del 11-M” tiene como características: Pocas palabas, llenas de fuerza, que apelan a todos los sentidos y que hablan volúmenes.

LAS EMOCIONES NO BASTAN. HACEN FALTA LOS CONCEPTOS, LAS IDEAS
Ahora están de moda las emociones. Sólo hay que ver los informativos de televisión o leer las entrevistas de los periódicos. Un ejemplo: Cuando salen de ver al Rey, los políticos declaran que le han visto “preocupado”, “esperanzado”, etc., pero no dicen de qué planes y programas han hablado. ¿Y qué es la política sin planes y programas?

En el poema IV, el autor hace constar las nacionalidades y localidades de las víctimas de los atentados. Es como si lanzase una piedra en un lago y viera extenderse las ondas hasta llegar a cada uno de los puntos cardinales. Un mensaje de hermandad entre españoles de distintas regiones y ciudadanos de muchos países.

El autor de los poemas del 11 M no se limita a las emociones. Habla también de conceptos, de ideas. Incluso, ofrece un plan para convertir a las víctimas en personas concretas. En el poema V, afirma: “El aire de la Península es una inmensa biblioteca. Y cada nombre pronunciado tiene su libro”. De esta manera indica cómo emprender una obra muy importante. En 2010, Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García publicaron “Vidas rotas”, una obra muy importante, pues ofrecieron una biografía breve sobre cada víctima. Es un trabajo que necesitamos hacer sobre cada asesinado/a del 11 M.

EL POETA QUE PLANTEA PREGUNTAS QUE TODAVÍA NO HAN TENIDO RESPUESTAS
Juan Carlos Torres Ochoa dedica un poema, que sitúa el 11 M de 2005 a los minutos de silencio.

Por qué minutos y silencios
y no años de coros tremolando.
Por qué solemnidad de cloroformo
si la fiebre está viviendo.
Por qué círculos de hojas muertas,
por qué minúsculas velas,
por qué no malezas y hogueras gigantes.

Estas repeticiones de “Por qué”s continúan en el poema siguiente, pero seguidos de “Quién”, que el autor expresa así:
¿Por qué
ciento noventa y dos
asesinatos?
¿Por qué
dos mil cuerpos
heridos para siempre?
¿Por qué
esa masacre a traición
sobre un pueblo al descubierto?
¿Por qué
ese espanto
y esa humillación
y esa impunidad
sobre vidas inocentes?
¿Por qué España?
¿Por qué Madrid?
¿Por qué aquel Marzo?
¿Quién
requería el crimen?
¿Quién
lo concibió y lo ordenó
y compró a los sicarios
que posaron en el fallido juicio?
¿Quién
se embolsaba la innombrable,
la sangrienta recompensa?
¿Quién
fue la exacta entraña
emisora de la muerte?

El autor sitúa este poema en 2034, con lo que abre el interrogante sobre la autoría de este atentado. Hay quien dirá que este poema se inscribe en la teoría de la conspiración sobre el atentado. A mi entender, no es así.

Gustavo Bueno considera que una de las notas del acto terrorista es “la firma”. Una organización terrorista declara que un atentado ha sido obra suya. En el atentado del 11 M, por más que algunos digan que los yihadistas habían amenazado a España por su intervención en la guerra de Irak, falta la firma.

Los atentados son repetitivos, aunque no respondiendo siempre a una regularidad, porque lo que los terroristas pretenden es que la parte aterrorizada se conforme, asimile y coopere con los fines que ellos tienen.

ESTOS POEMAS TIENEN UNA HISTORIA PERSONAL
El homenaje al que asistí el otro día continúa la historia de una parte muy importante de quienes ahora conforman “Recortes Cero”. En mi columna anterior, destaqué cómo irradiaba cultura con la organización de múltiples actos. Un Centro cultural no es lo mismo que un Centro de pensamiento o, como dicen los norteamericanos, un “think-tank”, un tanque de pensamiento. Quienes editan 'De Vedad' y las revistas 'Foros21' y 'Chispas' conforman, junto con la Fundación Gustavo Bueno, los Centros de pensamiento más fértiles que conozco en España. Estos dos Centros siempre se han pronunciado sobre y contra el terrorismo. Sólo hay que repasar las dos revistas citadas más “El Basilisco” y “El Catoblepas” para ver el gran mérito de esos dos Centros.

Por eso, el librito de poemas de Torres Ochoa se inscribe en la tradición de lo que ahora conocemos por Recortes Cero. A mi entender, su posición ante y contra el terrorismo ha sido la más profunda y activa de toda la izquierda.

El sentido que tienen actos como el del otro día, que el autor va a repetir en otras partes de España, es proclamar que no nos resignamos a la estrategia terrorista y que, por tanto, vamos a seguir combatiendo a quienes nos quieren sorprender, derrotar y hacernos cómplices.

Animo a Juan Carlos Torres Ochoa a que continúe su carrera de compositor y, también, de poeta. Y por supuesto, que siga impulsando las carreras de los estudiantes que asisten a sus clases de Armonía y Fundamentos de Composición. Actualmente, es profesor titular en el Conservatorio Profesional de Música “Federico Moreno Torroba”, de Madrid.

Y también, que vaya ampliando su horizonte de inquietudes, ahora que es joven. Los directores de cine español no han logrado buenas películas sobre el terrorismo de eta. La última miniserie de televisión ha sido una pena, una auténtica pena. Algún día saldrá a la luz qué directores se negaron a dirigir películas sobre el terrorismo de eta cuando se lo pidieron. Los italianos sí han logrado excelentes películas sobre la mafia. Pues ya saben Juan Carlos y quienes lean esta columna. Les deseo que se entusiasmen para escribir buenos guiones sobre el terrorismo. El pueblo español lo está deseando. Sólo hay que comprobar cómo Fernando Aramburu lleva semanas en el número 1 de ventas con su novela 'Patria'.

Informe de Convicencia Cívica Catalana
Un diputado catalán cuesta al contribuyente el doble que uno del Congreso
El Parlamento autonómico de Cataluña es el más caro de todas las comunidades autónomas, con un presupuesto de 51.9 millones de euros
Redacción La voz libre 17 Marzo 2017

Madrid.- Los parlamentos autonómicos costaron 336 millones de euros a los contribuyentes en 2016, según un informe de Convicencia Cívica Catalana. El Parlamento autonómico de Cataluña es el más caro de todas las comunidades autónomas, con un presupuesto que asciende a 51.9 millones de euros, seguido por el de Andalucía (39.9 millones) y el País Vasco (33.1 millones).

Entre las partidas de gastos de las cámaras autonómicas la más cuantiosa es la que hace referencia a gastos de personal. Entre los diecisiete parlamentos autonómicos asciende a 187 millones de euros, más de la mitad del coste total.

Existen notables diferencias en el coste de los parlamentarios autonómicos, destacando por su cuantía el de los diputados catalanes. El coste medio por parlamentario en la cámara catalana -resultado de dividir el coste de personal por el número de parlamentarios- asciende a 188.000 euros anuales. Una cifra que resulta un 82% más elevada que el coste por parlamentario del Congreso de los Diputados (103.090 euros) y más del doble que el del Senado (87.170 euros).

En otras palabras, a nivel de gastos de personal, un parlamentario de la cámara catalana cuesta casi lo mismo que la suma de un parlamentario del Congreso y otro del Senado. A este respecto, llama la atención que una cámara autonómica salga más cara a los contribuyentes que una cámara estatal, cuyo ámbito de gestión y responsabilidad es evidentemente más amplio.

SUBVENCIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS

Uno de los aspectos más polémicos en el coste de los parlamentos autonómicos en España es el de las subvenciones a los grupos políticos, es decir, las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos políticos que la integran y que están sujetas a la discrecionalidad de cada parlamento.

En este sentido, destaca también el parlamento catalán por sus elevadas aportaciones: la cámara catalana paga a los grupos políticos 117.320 euros por cada parlamentario, casi el triple que el resto de parlamentos autonómicos (46.950 euros).

De hecho, se da la circunstancia que la cámara autonómica catalana ha repartido en 2016 entre los grupos parlamentarios 15.8 millones de euros, casi tanto como el Congreso de los Diputados (9.3 millones) y el Senado (6.8 millones) juntos

En concreto, el grupo de 62 diputados de Junts Pel Sí ha recibido en 2016 una subvención superior a 7 millones de euros del parlamento catalán. Se trata de una subvención más elevada, por ejemplo, que las recibidas por los 285 diputados de PP, PSOE y Podemos, conjuntamente, del Congreso de los Diputados.

¿ASFIXIA FINANCIERA?

Sin duda, llaman la atención estas elevadas cantidades que se ‘auto-asignan’ los políticos catalanes en beneficio de sus formaciones políticas en la cámara autonómica. Podría considerarse que tras estas cifras tan ‘generosas’ de transferencias de la cámara catalana a los partidos políticos catalanes, muy superiores a las del resto de parlamentos autonómicos e incluso de las cámaras parlamentarias nacionales, existe una financiación encubierta de los partidos políticos catalanes y, en particular, de los nacionalistas, aquellos que gracias a una ley electoral beneficiosa para sus intereses, son mayoritarios desde el inicio de la democracia en la cámara autonómica.

Cantidades tan importantes parecen indicar, en definitiva, que no se destinan solo a actividades parlamentarias sino a otros fines.

No deja de ser sorprendente que quienes se lamentan de carecer de recursos económicos y padecer "asfixia financiera" sí dispongan de dinero para que sus partidos políticos sean con diferencia los mejor pagados de España en una sede parlamentaria.

NECESARIAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD

Convivencia Cívica Catalana considera necesario introducir racionalidad, transparencia y control en el coste de las cámaras autonómicas. "No parece razonable que parlamentos autonómicos gasten por diputado más que un parlamento estatal, cuyo ámbito de gestión y responsabilidad es notoriamente más amplio o que las retribuciones de diputados autonómicos sean significativamente más elevadas que las de sus homólogos a nivel nacional", explica.

Respecto a las polémicas subvenciones a los grupos parlamentarios de las cámaras autonómicas, la entidad propone la adopción de tres medidas:

1.- Limitar su cuantía de tal forma que no superen las del Parlamento Nacional.

2.- Fiscalizarlas de tal forma que se asegure que van destinadas efectivamente al desarrollo de la actividad parlamentaria y no a otros fines.

3.- Establecer una normativa reguladora de alcance nacional que unifique los criterios de su concesión y permita su examen contable por parte del Tribunal de Cuentas.


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No es país para leyes
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 17 Marzo 2017

ARTUR MAS, tras conocer la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC), ha afirmado con toda rotundidad que "la ley no es igual para todos". Y tiene toda la razón. La ley no es igual para todos, especialmente en Cataluña, donde su clase gobernante piensa que la obligatoriedad de las normas, incluso las que aprueba el propio Parlament, no les concierne. Por lo tanto, para los independentistas catalanes, hoy desgraciadamente en el Govern, la única legitimidad a la que dicen someterse es la que emana del territorio catalán, según el número de votos que ellos decidan como válido. Cataluña no es país para leyes.

Tan es así que hace unos días un grupo de juristas demócratas catalanes presentaron un manifiesto titulado El Derecho, al servicio de las libertades, preocupados por el cariz que está adquiriendo la vida pública en Cataluña. En él se afirma, entre otras cosas, que "no hay auténtica democracia fuera del Estado de Derecho y del imperio de la ley", que "cuestionar los fundamentos del Estado de Derecho, menospreciando a los órganos encargados de aplicar las leyes, sea mediante sus resoluciones de carácter jurisdiccional, como a través de aquellas emanadas del máximo intérprete de la Constitución, no es nunca una opción lícita ni legítima" y finalizan diciendo: "En consecuencia, debemos exigir que el debate público recupere, en primer lugar, el rigor jurídico perdido, y, en segundo lugar, que se desarrolle en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales encargados de hacerlas cumplir, garantes de nuestra convivencia pacífica y de los derechos y libertades de todos". Este grupo de firmantes del manifiesto está compuesto por catedráticos, abogados o juristas en general entre los que sobresale Eugeni Gay, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, siendo así coherente con su pasado.

De ahí, por el contrario, que llame la atención que el cerebro de la orgía jurídico-política denominada procés sea otro jurista catalán, Carles Viver, que también fue vicepresidente del Constitucional, pero que ha evolucionado tanto que ni cree en la institución en la que sirvió nueve años, ni tampoco respeta la Constitución española de la que él fue guardián. No merece la pena recordar lo que decía en algunas de las sentencias en que fue ponente, pero sí puede ser útil, para conocer al personaje, lo que escribía en sus artículos mientras era magistrado del Constitucional. Decía, por ejemplo, en un trabajo de 1993: "Tanto la argumentación doctrinal mayoritaria, como la del Tribunal Constitucional que le sirve de base, se construyen a partir de la proclamación de la soberanía de los órganos centrales o generales del Estado, derivada de su condición de garantes de un interés general superior al de las Comunidades Autónomas. Éstas, en consecuencia, no serían titulares de la soberanía, sino de una autonomía política que sólo hallaría sentido en el marco de la unidad estatal". El profesor Viver, ex presidente del llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional, es decir, el que dirige el proceso para la independencia de Cataluña, ha debido de sufrir un desarrollo parcial de la enfermedad de Alzheimer que le ha afectado a la memoria.

El hecho es, por tanto, como denuncia el citado manifiesto de juristas, que en Cataluña no se cumple la Constitución, no se cumplen las decisiones del Tribunal Constitucional o de otros tribunales y no se cumplen las leyes con frecuencia. Pero naturalmente sí se cumplen, y se obliga a cumplir, las leyes o normas de carácter totalitario que obligan, verbigracia, a rotular en castellano, como ocurría en los inicios de la España de Franco, cuando se prohibió rotular en idiomas extranjeros y hubo que españolizar comercios o salas de cine.

Ahora bien, esta situación de arbitrariedad jurídica en Cataluña, concepto que conduce al totalitarismo y a la dictadura, es uno de los principios en que se basa nuestra Constitución cuando señala en su artículo 9 "la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Sea como sea, el hecho es que por fin el TSJC ha hecho pública su sentencia sobre el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Con su celebración tenemos un ejemplo perfecto de la arbitrariedad que reina en Cataluña en los últimos 10 años, incluso antes, según expuse en un artículo con el título expresivo de Golpe de Estado permanente. Como es sabido, el artículo 149.1.32 de la CE indica que se necesita autorización del Estado para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. En este caso ni siquiera era posible la autorización del Estado porque la materia de ese referéndum violaba claramente el artículo 2, que establece que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española». Por tanto, cuando Artur Mas convocó dicho referéndum sobre la independencia de Cataluña obró arbitraria e inconstitucionalmente. Pero le daba igual. El Gobierno de Madrid no tuvo más remedio que recurrir ante el TC la Ley del Parlamento de Cataluña de 26 de septiembre de 2014 sobre consultas populares, por considerar que los artículos 3 a 39 eran inconstitucionales y, por tanto, no podían regir esa consulta, que fue prohibida por providencia del TC de 29 de septiembre de 2014. Pero es más: el artículo 161.2 de la Constitución señala de forma general, que si el Gobierno impugna ante el TC una disposición o resolución de una comunidad, ésta queda en suspenso provisionalmente. Por consiguiente, dicha consulta no se podía celebrar por este doble motivo.

Sin embargo, Artur Mas desconociendo algo tan evidente, anunció que el referéndum se celebraría el 9 de noviembre, llevándose a cabo todos los preparativos. En vista de lo cual, el Gobierno vuelve a recurrir ante el TC y éste dicta una segunda Providencia de 4 de noviembre en la que reitera la prohibición de la celebración de la consulta y la envía directamente, junto con una carta del Presidente del TC, al presidente de la Generalitat, lo que le entró por un oído y le salió por otro.

El 9-N, en consecuencia, se lleva a cabo la consulta de manera no sólo ilegal, sino también alegal, pues no había ningunas normas que la regulasen. Los políticos nacionalistas catalanes, que tienen tanta prisa para lograr la independencia, no han sido capaces de aprobar una propia ley electoral como sucede en otras CCAA. Eso significa que la LOREG es la que debe regir en cualquier consulta electoral. Sin embargo, se hizo según las normas que les vino en gana. Así, hubo cosas tan grotescas como que el propio Oriol Junqueras presidiese una de las mesas del pueblo del que era alcalde; no había un censo electoral fiable; no hubo sorteo para la composición de las mesas; no hubo interventores, sino que se utilizaron 45.000 voluntarios todos independentistas; las preguntas no eran correctas; las papeletas no eran oficiales; podían votar los residentes en Cataluña, fueran o no españoles; se permitió votar a menores de 16 a 18 años, etc. Todo eso se pudo hacer porque no había Junta Electoral ni Juntas de zona. Se pueden deducir dos consecuencias. La primera, es que a pesar de todas las ilegalidades y triquiñuelas, cabe pensar que un 40% de los residentes en Cataluña parecía que desea las independencia. Y la segunda, que este grupo aproximativo está dispuesto a infringir las leyes para lograr su objetivo. En cualquier caso, no hacen más que seguir las directrices de los dirigentes nacionalistas que subordinan la legalidad constitucional a la pseudolegitimidad democrática, lo que es una enorme falacia.

Pues bien, ante esta descripción dantesca del 9-N, se suponía que habría una sentencia ejemplar. Pero no ha sido así. La sentencia curiosamente detalla con todo rigor los detalles de organización de una consulta tan compleja, y lo primero que salta a la vista es que tal zapatiesta debió costar una fortuna. A la vista de la sentencia, no habría más remedio que definir ese despilfarro inútil como malversación de caudales públicos. Pero de esto el Tribunal se llama andana.

El segundo delito que se achacaba a Mas y a dos de sus colaboradoras era el de la desobediencia a las resoluciones del Constitucional y, sobre todo, a lo establecido en el artículo 161.2 CE. En este caso, se podría perfilar más la pena, pero es aceptable la que ha establecido el Tribunal, porque habla de un dolo desobediente.

El gran escándalo de la sentencia es que no se impute a Mas, como pedía la acusación, de un delito de prevaricación, pues la argumentación que expone para rechazarlo es confusa, profusa y difusa. Alega, entre otras cosas, el principio de non bis in ídem, es decir, no castigar dos veces por lo mismo. Pero el Tribunal se equivoca, porque en este caso hay un concurso ideal de delitos, desobediencia y prevaricación, y en supuestos semejantes se impone ciertamente el delito más grave, en su mitad superior. Artur Mas tenía razón: en España la ley no es igual para todos.

Por lo demás, insisto en que la situación de arbitrariedad jurídica que reina hoy en Cataluña no puede continuar. El Gobierno sabrá -esperemos- lo que tiene que hacer. Pero, por el momento, siguen sin cumplirse las normas democráticas y, así, utilizan el Parlament para reformar su Reglamento, a efectos de permitir a los independentistas que voten la ruptura con España sin debate previo y en pocas horas. Algo propio de los países totalitarios. Y, para acabar, otra prueba más de que en Cataluña no se cumplen las leyes: la diputada Irene Rigau, aunque es condenada a 1 año y 9 meses de inhabilitación, ha dicho que piensa seguir en su puesto. En cualquier caso, hay que esperar también a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de Francesc Homs, que se enfrenta a 9 años de inhabilitación por haber mantenido los preparativos de la consulta del 9-N, pese a haber sido suspendida por el TC. Sin el cumplimiento de las leyes, especialmente en Cataluña, no hay democracia posible, ni independencia que valga.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

¡Paremos la infección!
Antonio Robles Libertad Digital 17 Marzo 2017

El próximo domingo, 19 de marzo, a las 12 de la mañana saldrá de la Plaza Urquinaona (Barcelona) una manifestación impulsada por SCC para mostrar el rechazo de los ciudadanos al golpe de Estado institucional que nos están retransmitiendo en directo las 24 horas del día, día sí y día también, desde TV3, desde el Parlamento y el Gobierno, y niegan después ante los tribunales. Bajo el lema Aturem el cop separatista!

¿Por qué habríamos de sumarnos a esa manifestación cuando tenemos un Gobierno legítimo que tiene todos los instrumentos de un Estado de Derecho para impedirlo? La pregunta es evidente por paradójica: porque el Poder Judicial y el Ejecutivo hacen política, y el Legislativo es incapaz de distinguir entre la autoridad y el autoritarismo. Nadie hace lo que debe.

Vuelvo a formularla: ¿por qué habríamos de sumarnos?

Seguramente hay mil motivos: porque el Gobierno de la Generalidad y la mayoría del Parlamento autonómico incumplen la ley y se mofan del Constitucional enmascarados en valores democráticos. Por su cinismo, su hipocresía, su valentía ante los medios y su cobardía ante los jueces. Por su abuso de poder, por su flagrante contradicción en la exigencia del derecho a decidir la independencia mientras niegan el derecho a decidir el derecho a estudiar en la lengua española. Por la división provocada en Cataluña entre catalanes de verdad y colonos españoles, entre catalanes de primera y de segunda en nombre de la identidad y la mentira. Por la falsa defensa de la cohesión social, cuando hacen lo imposible por quebrarla. Por el insoportable supremacismo, insolidaridad, egoísmo de todo el proceso. Por la violación de la soberanía del resto de españoles, por el anacronismo de fronteras en una Europa que nació para borrarlas. Por el derecho a resistirnos a una versión regional de la guerra civil…

Cada uno tiene sus motivos. Yo me sumaré por el asco insoportable que me provoca la intoxicación de la mente y el corazón de la sociedad catalana llevada a cabo por madrazas disfrazadas de organizaciones cívicas, mediante técnicas intelectuales y emocionales propias de los peores sistemas goebbelsianos. Pondré dos ejemplos:

El primero, del dibujante, escritor y activista lingüístico Enric Larreula. Pertenece a esa generación de apóstoles de la lengua catalana que inundaron las escuelas de la inmersión y que, parapetados en la normalización inicialmente justificada, ejercieron de catalibanes obsesionados por construir una nación étnica basada en la lengua propia. En ello siguen. Pues bien, en una viñeta de este pájaro, una señora le dice a otra: "¿Cómo eres independentista si no has nacido aquí?". Y le contesta la otra: "Por dos razones: la primera, que los catalanes siempre me han tratado como si fuera catalana y eso me ha convencido. La segunda es porque el Estado siempre me ha maltratado como si fuera catalana, y esto me ha decidido".

Cometería un abuso pretender desvelar (como si fuera difícil verlo) todo el veneno pestilente que destila esta miserable viñeta; pero lo cierto es que hoy, en Cataluña, esta perniciosa mentalidad inspirada en la pedagogía del odio está digerida por una parte de la sociedad con pasmosa naturalidad. Y de esta materia ponzoñosa está hecha la indignación independentista, de la que sale su superioridad moral inducida. De esta, y de miles de intenciones y acciones a las que hemos estamos sometidos en Cataluña desde que Jordi Pujol llegó a la presidencia de la Generalidad.

El segundo lo trae a colación Dolça Catalunya con un título revelador a imagen y semejanza de la pesadilla nazi: ya está aquí la estrella de David para locales castellanoparlantes, versión virtual siglo XXI. Entren y lean. Lo que ya está bien descrito, cualquier pincelada de más lo emborrona.

Lo que debemos a Fernando Altuna
Asís Tímermans Libertad Digital 17 Marzo 2017

Fernando Aluna, en el centro, en una concentración antiterrorista en Alsasua | EFE

Las redes sociales permiten aunar fuerzas con quienes defienden lo que creen justo y necesario. Así conocimos muchos a Fernando Altuna Urcelay. Su objetivo fundamental era uno de los míos: combatir la impunidad del terrorismo, que seguimos sufriendo, que remata sin cesar a sus víctimas al negarles hasta el derecho a conocer el nombre de los asesinos.

Era su caso. El capitán Basilio Altuna fue asesinado en 1980 en su tierra, mientras disfrutaba de las fiestas con su familia y amigos. El tiro en la nuca fue solo el inicio de un crimen que se prolonga hasta hoy: justificación, ataque a la memoria del asesinado, acoso a su familia, reproche ante su mera presencia, tan dañina para lo que algunos llaman "paz"…. Y una orgullosa impunidad que exige la reconciliación de la nuca con la bala que la destrozó.

Contra esta persistencia del terror se rebelaron muchas víctimas: Francisco José, Consuelo, Maite, Fernando y tantos otros. En grupo o en solitario. Como supieron o pudieron. Lejos de llorar o exhibir su carácter de víctimas, pretendían superar tal condición. Un Estado de Derecho no puede reparar el asesinato, sino hacer justicia. En España, nacionalismo, política, conveniencia y desdén obligaron a muchas víctimas a adoptar un papel que a otros correspondía.

Al hacerlo, no solo ayudaban a que otros conservásemos vida y libertad y a que el terrorismo no alcanzase sus fines: ayudaban a que muchos encontrásemos la forma de luchar por nuestras ideas y el futuro de nuestros hijos.

Cuánto siento no haber tomado con Fernando ese café en el Comercial, cuyo cierre tanto sintió. Pero cuando le conocí, en un acto de Covite, junto a la maravillosa Ana, intenté transmitirle lo que a tantas otras víctimas: que su empeño en conseguir justicia era un regalo a los demás. Por eso, cuando me regaló la enseña de Covite que llevo en mi solapa, le corregí ese educado error que tienen todos estos héroes cuando te dan las gracias. No, Fernando: soy yo el que estoy agradecido. Siempre.

Fernando ha muerto sintiéndose derrotado. Pero nunca se rindió: vean su cuenta de Twitter, para saber que hasta el último momento luchó por la justicia. Que etarras como Otegui puedan caminar sonrientes por la calle sin abjurar de sus crímenes ni ayudar a esclarecer los más de trescientos asesinatos aún impunes no es una derrota de Fernando, sino una perversión de nuestra sociedad, miserable y cobarde, que prefiere no saber y cree que no le conviene recordar.

Pero no estaremos derrotados mientras apoyemos la verdad. Mientras Consuelo Ordóñez, Maite Pagaza y tantos otros héroes iluminen la tierra española que otros ensucian. Por favor: elijan su manera. Ayuden a Covite. O a otros grupos de víctimas que defienden la justicia. Pero no dejen que Fernando sea derrotado.

Seguiré disfrutando de la tierra vasca, aunque su enfermedad tan española impregne el paisaje de dolor, pena y vergüenza. Y si un día tropiezo con Otegui, o con sus cómplices, podré mostrarles orgulloso que la tierra que pisamos es más mía que suya. Porque ellos la siguen manchando con sangre, dolor y opresión. Yo, sin embargo, siento aún el apretón de manos y de sonrisa de Fernando Altuna Urcelay, cien apellidos vascos y españoles.

defender a españa en la cataluña de puigdemont. ‘En clase nos insultan, escupen y dan codazos’
 Gaceta.es 17 Marzo 2017

Josep Lago, coordinador de Jóvenes de la entidad, que, además, es estudiante de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha relatado este jueves que los ataques que sufrideron el martes a manosde un grupo de radicales separatistas es “sólo una parte del acoso que recibimos”. “Cuando entramos en clase nos escupen, recibimos codazos e insultos”, ha relatado Lago. Además, ha lamentado que la rectoría de la UAB no haya condenado todos estos hechos. “Nos sentimos desamparados”, ha asegurado.

El joven también ha criticado el papel de los Mossos d’Esquadra éste martes. Lago ha contado que todavía no comprende por qué no quisieron entrar al campus para protegerles. El cuerpo policial sostiene que fue porque la rectoría no les dejaba, sin embargo ha dejado claro que “no hay ninguna normativa que exprese que no podían entrar sin este permiso”, razón por la que “pediremos responsabilidades”.

Societat Civil Catalana ha anunciado este jueves que denunciará ante la fiscalía unas nuevas agresiones sufridas a miembros de esa entidad en una carpa situada en la Universitat Autònoma de Barcelona, cuando "radicales" han "destrozado" el expositor y quemado una bandera española, según SCC.

La plataforma también se ha pronunciado sobre el fallo del 9N. El vocal de la Junta Directiva, Rafael Arenas, ha manifestado que “la sentencia del 9N da la razón a Societat Civil Catalana” porque en su momento, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, pidió que no se celebrara la consulta porque era “delito”.

En este sentido, ha querido destacar que el dictamen de la Comisión de Venecia señala que “las sentencias del Constitucional tienen que ser obedecidas y acatadas y quien no lo haga tiene que ser forzado a cumplirlas”.

Además, ha recordado que, antes de que se publicara el texto, este órgano fue “alabado por la Generalitat y todo el bloque independentista”. Por este motivo, ha señalado que este hecho demuestra no sólo que la Comisión de Venecia no está en sintonía con lo que defienden los secesionistas, sino que “en Cataluña no se cumplen las sentencias”, por lo que “hay que manifestarse el próximo día 19 para reclamar que esto cambie”.

TRES ATAQUES CONSECUTIVOS
La kale borroca vuelve a la universidad vasca
Tres ataques de proetarras en tres días consecutivos contra las instalaciones de la Universidad del País Vasco. La Ertzantza ha mostrado su preocupación pero las autoridades académicas no solicitan planes para impedir nuevos atentados.
Juan E. Pflüger Gaceta.es 17 Marzo 2017

El pasado martes un grupo de radicales proetarras atacaba el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco en Leioa (Vizcaya). El miércoles los ataques se producían en la Facultad de Letras de la misma universidad, pero en el campus de la ciudad de Álava. Finalmente, en la mañana del jueves los grupos violentos batasunos volvía a atacar las dependencias universitarias en la capital de Vitoria.

Entre gritos y pintadas a favor de los presos etarras y dianas en paredes y cristales, grupos de jóvenes han causado destrozos y han agredido a estudiantes y personal docente y de administración dentro de las instalaciones donde los servicios de seguridad se han tenido que limitar a comunicar los hechoa a la policía autonómica vasca que ha llegado en los tres casos después de la huída de los violentos.

La intensidad de las agresiones ha sido muy diferente. En el primero de los casos, los radicales lanzaron un artefacto incendiario dentro de las oficinas del decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información. Además de los daños materiales causados por el fuego, una de las funcionarias que se encontraba trabajando sufrió daños en el tímpano como consecuencia de la explosión.

En los dos otros casos, los ataques han consistido en realizar pintadas a favor de los presos de la banda terrorista de ultaizquierda ETA, rotura de cristaleras y ralización de pintadas, algunas a favor de la libertad de los presos, otras con dianas dibujadas a modo de amenaza.

Tras los incidentes se han desarrollado actos de repulsa por parte de las autoridades académicas y de los alumnos. Se han limitado a concentraciones en silencio, después de las cuales ha hablado la rectora de la Universidad del País Vasco, Nekane Balluerka. Ésta ha criticado lo que considera una vulneración “de los derechos de los trabajadores y trabajadoras” que ha puesto “en peligro, incluso, su integridad física” y ha señalado que en la universidad “todas las personas tienen la posibilidad de plantear reivindicaciones y debatir toda clase de propuestas”.

Unas palabras más que significativas ya que lejos de condenar el objeto del hecho delictivo que se ha vivido en las instalaciones que dependen de ella, anima a que se defienda de otros modos menos violentos. Y es que la señora Balluerka oculta que las reivindicaciones por presos y los lemas proetarras no pretenden atacar “los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, como ella señala; sino que lo que pretende es plantear por la violencia las exigencias de la banda terrorista ETA y de sus socios políticos.

De momento, la policía autonómica se ha tenido que limitar a mantener su presencia en los campus universitarios. Las fuentes policiales consultadas por La Gaceta aseguran que en ningún momento se ha puesto en contacto con las autoridades de Interior del Gobierno autónomico vasco para coordinar actuaciones y evitar que estos ataques de los separatistas vuelvan a repetirse.
 


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