AGLI Recortes de Prensa    Miércoles 29  Marzo 2017

El presupuesto
Ignacio Ruiz Quintano ABC 29 Marzo 2017

El Presupuesto es como la lista de la compra de una Nación, aunque aquí, la Nación, al no tener representación política, pinte poco. Hasta el Boletín Oficial es del Estado, cuando se supone que las leyes las hace la Nación, no Mariano.

Mariano es uno de esos estadistas sin alma que pueden hablar de las dificultades de un presupuesto sin derramar lágrimas. Cuando arrancó la Santa Transición, la deuda española era del 7 por ciento del PIB. Hoy andamos por el 100, lo que supone que hemos fundido la visa. ¿En qué? Según Jeromín, el holandés que preside el Eurogrupo, «en copas y mujeres», sin lo cual no hay niños, y sin niños, tampoco hay pensiones. Además, el tontín de Jeromín no sabe que el gasto, según los antropólogos, libera soberanía: gastando, uno deja de ser esclavo y accede, en lo que dura el crédito, a la posición de señor. Como María Cospedal en el Pentágono, ofreciendo a Mattis subir los gastos de Defensa hasta el 2 por ciento comprometido. Quienes no tenemos soldados, ponemos leuros. Lo bueno de estar en la Otan es esta «redención en metálico». Francia no está y Macron promete la vuelta al servicio militar obligatorio. ¡De De Gaulle a Macron! Del militar nacionalista al maniquí socialdemócrata. «No soy ni de derechas ni de izquierdas», dice Macron. O sea, el «establishment», que, como su propio nombre indica, siempre es de derechas. «El chico de Rothschild», dice Marine Le Pen a Macron, como aquí Rosa Díez dice «El chico del Ibex» a Rivera. ¡De Franco a Rivera! A Rivera, otro maniquí, para ser Macron, sólo le faltó casarse con la señora Díez, generación y media mayor que él, como madame Trogneux.

Y mañana los ingleses, que eran contribuyentes netos, solicitarán la baja en ese Casino Alemán que es la UE dirigido por frau Merkel, pronto asistida por madame Trogneux. En resumen: más impuestos, pero a varias velocidades, con Donald Tusk de hombre del frac. El «síndrome del Mezzogiorno», lo llama la Friedrich Ebert.

Montoro quiere mutualizar la irresponsabilidad autonómica
Juan Ramón Rallo elconfidencial 29 Marzo 2017

A finales de 2016, la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 99% del PIB. Sin embargo, esa distribución no era uniforme en el territorio español: y es que 22 de esos 99 puntos son imputables a la deuda autonómica y, por consiguiente, varían según la región en que residan los ciudadanos. O dicho de otro modo, existe un tramo de deuda pública que es común a todos los españoles y otro que depende de la autonomía específica en la que se habite.

Así las cosas, si repartimos proporcionalmente la deuda pública no autonómica entre la totalidad de los españoles (esto es, si consideramos que la deuda pública estatal, municipal y de la Seguridad Social es común), obtendremos que el tramo de pasivos estatales compartidos es del 75,5% del PIB. Las restantes obligaciones financieras ya dependen de cada autonomía: algunas de ellas están muy endeudadas (la Comunidad Valenciana carga con una deuda pública del 41,5% de su PIB y Castilla-La Mancha, con una del 36,5%), mientras que otras están relativamente poco endeudadas (País Vasco arrastra un 15% de deuda sobre el PIB y Madrid, una deuda del 14,2%). Agregando el tramo estatal y el tramo autonómico, comprobaremos que a finales de 2016 la deuda pública dentro de España oscilaba entre el 117% del PIB, en la Comunidad Valenciana, y el 90% de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, como es bien sabido, desde finales de 2012 una parte creciente de la deuda autonómica se halla en manos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), es decir, de la Administración central del Estado, lo que significa que el riesgo de impago sobre esa porción de la deuda autonómica es, en realidad, compartido por todos los españoles. El porcentaje de pasivos regionales adquiridos por el FLA depende de la negociación mantenida entre el Gobierno central y cada uno de los distintos ejecutivos autonómicos: mientras que el 73% de la deuda de la Comunidad Valenciana y de Murcia ha sido adquirido por el FLA, solo el 6% de la de Madrid lo ha sido.

Esta mutualización de los riesgos —y de los costes financieros, pues el FLA no exige intereses a las autonomías y, en cambio, sí abona intereses a los tenedores de su propia deuda— ya sería de por sí bastante grave como para criticar el irresponsable comportamiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y como para exigir una inmediata suspensión de toda socialización adicional de riesgos. A la postre, no es admisible que los ciudadanos residentes en aquellas autonomías más rigurosas desde un punto de vista presupuestario (como la Comunidad de Madrid) digieran el riesgo fiscal de los gobiernos regionales más manirrotos e imprudentes como el de la Comunidad Valenciana.

Pero, por desgracia, la desvergüenza socializadora del ministro de Hacienda no ha concluido aquí. Según acaba de anunciar Cristóbal Montoro, el Gobierno está barajando aplicar quitas a la deuda autonómica adquirida por el FLA: es decir, condonar parte de su deuda a las autonomías más manirrotas y cargarle el agujero a los ciudadanos de las autonomías más ortodoxas fiscalmente.

Las consecuencias redistributivas de semejante operación política serían enormes: la Comunidad Valenciana —la región más endeudada de España y con mayor volumen de sus pasivos en manos del FLA— obtendría una gigantesca subvención neta de otras autonomías menos endeudadas, como Madrid, Navarra o el País Vasco. En el siguiente gráfico, representamos cómo quedaría la deuda pública por autonomía si el FLA condonara el 100% de la deuda regional adquirida y, por tanto, su importe tuviera que ser sufragado solidariamente por el conjunto de los españoles.

Es fácil observar la fortísima transferencia de renta que tiene lugar entre autonomías: mientras que la Comunidad Valenciana vería rebajar su deuda pública desde el 117% del PIB al 99%, a Madrid o el País Vasco les sería incrementada desde el 90% a más del 100%. En el siguiente gráfico resumimos las variaciones de endeudamiento público por autonomía en caso de que se mutualice la deuda del FLA:

Las autonomías ganadoras serían la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Baleares, Cantabria y Andalucía, mientras que las perdedoras serían todas las restantes, pero muy especialmente País Vasco, Navarra y Madrid. Traducido en euros contantes y sonantes: cada murciano recibiría una transferencia de 5.500 euros del resto de españoles, cada valenciano una de 3.700, cada catalán una de 2.700, cada castellano-manchego una de 2.100 y cada balear una de 1.800; como contrapartida, cada vasco tendría que aportar 3.900 euros para cubrir el sobreendeudamiento del resto de autonomías, y cada madrileño y navarro, 3.700.

Acaso algunas de estas transferencias entre autonomías podrían resultar justificables (en esencia, las que van a parar a Cataluña y Baleares, autonomías radicalmente maltratadas y golpeadas por nuestro confiscador sistema de financiación autonómico), pero otras a buen seguro no (Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha ya son beneficiarias netas del sistema de financiación autonómico y no hay razón para transferirles todavía más recursos del resto de españoles). A su vez, puede que los ciudadanos de algunas autonomías merezcan soportar los costes de esa socialización de deuda (Asturias o Extremadura reciben cada año enormes transferencias del resto de España), pero otras decididamente no (Madrid ya es expoliada por el sistema de financiación autonómico y no hay motivo para que sus ciudadanos paguen todavía más).

En todo caso, esta infame redistribución de deudas entre españoles solo ilustra hasta qué punto de disfuncionalidad ha llegado nuestro Estado de las autonomías: la descentralización administrativa es una magnífica idea para racionalizar el uso de los recursos públicos y para facilitar su fiscalización por parte del ciudadano (tanto mejor si la descentralización fuera provincial o local que autonómica). Pero para que la descentralización sea eficaz, resulta imprescindible que exista corresponsabilidad tanto en la obtención de los ingresos fiscales como en la asunción de los costes de su deuda. En España no existe ninguna de ambas condiciones: la mayor parte de los ingresos autonómicos se socializan y redistribuyen a través del sistema de financiación autonómico y ahora, para más inri, el Ministerio de Hacienda pretende mutualizar la mayor parte de las deudas regionales.

Cada Gobierno autonómico gasta cuanto desea trasladando la factura a los ciudadanos del resto de autonomías: un homenaje al riesgo moral que solo redunda en más gasto, más deuda y más impuestos para todos. Es hora de descentralizar verdaderamente el Estado español: que cada autonomía recaude sus propios ingresos y se haga cargo de sus propias deudas. La última astracanada de Montoro debería terminar de convencernos de ello.

Multiculturales a la fuerza
Liberal Enfurruñada okdiario 29 Marzo 2017

A estos terroristas que atacan con coches, camiones y cuchillos les estamos llamando “lobos solitarios” pero el término está mal elegido porque en la inmensa mayoría de los casos terminamos comprobando que de solitarios tenían bien poco. Pertenecen a grupos de musulmanes radicalizados y muchas veces actúan siguiendo órdenes, por lo que sería mejor llamarlos terroristas “low cost”, término que define mejor estos ataques para los que lo único imprescindible es un musulmán dispuesto a suicidarse llevándose por delante a cuantos más “infieles” mejor. Y me temo que de este tipo de musulmanes tenemos ya en Europa muchos más de los que nuestras policías están en condiciones de controlar, lo cual debemos agradecérselo a los burócratas que diseñan la nueva Europa.

Para construir nuestra querida UE la burocracia europeísta entendió que necesitaba vencer resistencias nacionales, diluyendo las diferentes identidades nacionales, y eso precisaba del manejo de técnicas de ingeniería social que hace tiempo empezaron a darles resultados. Esta nueva sociedad europea la hicieron multicultural, feminista y ecologista, o sea, sin identidad propia y abierta a todos. En pocos años se construyó una nueva “verdad oficial” de la que nadie se atreve a salirse para no ser tachado de racista, xenófobo, machista y, cómo no, fascista. La llegada masiva de inmigrantes musulmanes aportaba juventud a nuestro envejecido continente, mano de obra barata que exigiría mayores servicios sociales y más seguridad, o sea, más Estado y más presupuesto y poder para los burócratas. Y para esta transformación social nuestros políticos cuentan con la inestimable ayuda del marxismo cultural que, tras la caída del Muro de Berlín y el desvanecimiento del sistema soviético, encontró en el Islam a ese enemigo común de occidente. Burócratas y marxistas, unidos, fomentan nuestro sentimiento de culpa para hacernos aceptar la penitencia con la que nos castiga el yihadismo, inventándose excusas como la pobreza, la desigualdad o el libre comercio, para justificar el terrorismo. Para conseguir su integración los enemigos a abatir fueron el patriotismo y nuestras raíces morales y culturales judeocristianas, base de la democracia liberal. Cristianos y patriotas son ya hoy considerados “la caverna”, retrógrados asociales que deben ocultar sus convicciones ante el consenso progre.

Pero toda esta estrategia peligra por dos factores incontrolados, en primer lugar nuestras ciudades se han llenado de candidatos a terrorista “low cost”: violentos, inadaptados y machistas, lo que a su vez ha facilitado el auge de nuevos partidos antieuropeos. Los burócratas creen, ingenuamente, que podrán controlar a los primeros inyectándoles en vena subvenciones y estado del bienestar y aderezándolo todo con alcohol y con todos los vicios occidentales que piensan, erróneamente, que les alejarán del Islam. Y a los segundos mediante la demonización social que ellos piensan que terminará por arrastrar a los abismos a todos los que se apartan de la verdad oficial. Y la segunda consecuencia ha sido una terrible sensación de derrota y desánimo que poco a poco va creciendo entre los ciudadanos que antes apoyaban, con más o menos entusiasmo, el proceso de integración europea.

Pero no debemos preocuparnos, porque nuestros líderes, socialdemócratas de todos los partidos, tienen soluciones bien consensuadas para todo esto: lo principal es que debemos estar muy unidos y manifestarnos pacíficamente para mostrar nuestro apoyo a los inmigrantes, llenar nuestras fachadas de pancartas con el eslogan ‘Welcome Refugees‘ escrito en los colores de la bandera del arcoíris LGTB y encender velas en nuestras plazas, mientras todos juntos cantamos el Imagine de John Lennon. Debemos adaptarnos a los violentos y machistas inmigrantes, ser aún más moderados, multiculturales, ecologistas y feministas; menos patriotas y, por supuesto, nada cristianos. ¿Qué puede salir mal?

Hayek o la humildad del maestro
Asís Tímermans Libertad Digital  29 Marzo 2017

La conciencia de la propia ignorancia –"solo sé que no sé nada"– es una valiosa idea que recibimos desde niños, aunque la educación parezca empeñada en ocultarla. Quizá por eso, cuando descubrí a Friedrich von Hayek lo sentí como una de esas revelaciones que tanto se asemejan a recuperar un recuerdo.

Porque la obra del pensador vienés, empeñado en descubrir y transmitir las razones de nuestra prosperidad, tiene mucho que ver con el conocimiento y sus límites, y con la misma forma de conocer. Creo que la esencia de su vida fue la constancia y humildad de un hombre que supo entender a la vez la limitación del conocimiento humano y su carácter ilimitado, merced a las formas en las que hacemos uso de un conocimiento disperso y cambiante.

No me sorprendió que, hace algún tiempo, un presunto profesor de Ciencias Políticas y líder neocomunista atribuyese a Hayek un eventual alborozo con las instituciones monetarias contra las que, precisamente, escribió en 1976 un libro titulado La desnacionalización del dinero. La completa ignorancia sobre el pensamiento de un gran hombre no retrae a los soberbios ignorantes de citarlo, porque lo saben un símbolo a destruir. Lo sufrió en vida, y siempre de mentes más valiosas.

Tuvo la vocación de servir a la humanidad promoviendo las doctrinas que, intuitivamente, más parecen procurar el bien común. Por eso fue, en su primera juventud, un socialista fabiano. Y por los mismos motivos –la búsqueda del progreso humano y el bienestar de todos, en particular los menos favorecidos– las enseñanzas del maestro Ludwig von Mises le llevaron a profundizar en las ideas de libertad que más habían contribuido a la prosperidad. Hayek, sí, fue gran discípulo de Mises y figura clave de la Escuela Austriaca, aunque para muchos con una personalidad tan marcada que simboliza una forma brillante e irrepetible de entender la libertad y el orden espontáneo como claves de la prosperidad.

La defensa de la libertad granjeó a ambos intelectuales el odio del nacionalsocialismo –Mises tuvo que abandonar precipitadamente Viena tras el Anchluss– tanto como el desprecio de la emergente socialdemocracia occidental, la incomprensión de la derecha conservadora y, por supuesto, la inquina del comunismo, cuyas miserias doctrinales contribuyó a evidenciar antes y de forma más profunda que otros la Escuela Austriaca.

Ya en los albores de la Gran Depresión había previsto junto a Mises que el desastre se estaba gestando en el previo periodo de auge económico. El patrón oro, que tanto había ayudado a la estabilidad y el crecimiento económico prolongado, había saltado por los aires como consecuencia de las Gran Guerra. La expansión artificial de la moneda y el crédito en la década de los 20 daría lugar antes o después a un colapso. Lo advertía el propio Hayek en un informe del Instituto Austriaco de Investigación Económica en 1929.

La idea de Mises de la imposibilidad del cálculo económico bajo el sistema socialista, que tan indiscutible parece pasados los años, llevó a Hayek a profundizar en la naturaleza y función de los precios, insustituible fuente de información que no solo no debía ser eliminada, sino que su distorsión de múltiples formas era causa de la mayoría de los problemas que sufrían las economías supuestamente libres.

Su crítica, en 1930, al Tratado sobre el dinero de Lord Keynes no solo dio comienzo a una áspera polémica entre ambos: simbolizó el incierto devenir del mundo libre en el siglo XX, entre la entrega a formas de gobierno más planificadas y menos libres y la confianza en un sistema que respetase el orden espontáneo y el marco institucional que preservase la libertad individual.

Su emblemático libro Camino de Servidumbre, publicado en 1944, fue más una desesperada advertencia que una predicción. Hayek, ciudadano británico desde 1938, se haría antipático para una nación que tomaba, desde una economía de guerra, un sendero de regulaciones, nacionalizaciones y socialismo que le llevaría a un lento declive. Explicar el mecanismo por el que los males causados por el intervencionismo dan lugar a más y peor intervención, y el peligro de que esa senda desembocase en el mismo totalitarismo que los británicos habían combatido valientemente, no le dio popularidad ni en Gran Bretaña ni en el mundo académico. Sin importarle el descrédito que sufrió por su honradez intelectual, creó la Sociedad Mont Pelerin y animó la creación de think tanks que profundizaran y difundieran el pensamiento que sabía esencial para dar una oportunidad al progreso.
Su emblemático libro 'Camino de Servidumbre', publicado en 1944, fue más una desesperada advertencia que una predicción. Hayek, ciudadano británico desde 1938, se haría antipático para una nación que tomaba un sendero de regulaciones, nacionalizaciones y socialismo que le llevaría a un lento declive.

Si en algo se equivocó fue en los tiempos. No combatió la tan dañina Teoría general de Keynes de 1936 creyendo que sus evidentes inconsistencias la derrumbarían en pocos años. Y erró en la capacidad de huida hacia delante de un mundo que, en los años 70, no pudo ya explicar la persistencia y virulencia de un estancamiento, paro e inflación que amenazaba la estabilidad del mundo libre. Los ojos se volvieron hacia quienes habían advertido de lo que ocurriría. Inspiró el resurgir de Gran Bretaña y recibió el tardío reconocimiento con un premio del que recelaba. En un gesto poco comprendido, dedicó su discurso como Nobel de Economía (1974) a la pretensión del conocimiento, una magistral y práctica lección sobre la necesaria humildad de la que carece la ciencia económica.

En el camino había escrito La contrarrevolución de la ciencia y El orden sensorial, en el demostrado convencimiento de que el economista que solo sabe economía sabe muy poco. Entender la acción humana, y por tanto la persona, como base de la economía lleva a tener en cuenta laimprevisibilidadde su naturaleza frente al materialismo determinista, y los daños del constructivismo y la ingeniería social en la vana pretensión de manejar como piezas de un puzle a seres humanos.

Los fundamentos de la libertad, publicado en 1960, es considerado por muchos la mejor actualización del pensamiento liberal. Sin embargo, mi obra preferida –quizá porque me mostró la esencia profunda y humilde del pensamiento del maestro– es Derecho, legislación y libertad, monumental esfuerzo de un hombre que se atrevió en la vejez a profundizar en las consecuencias de su propio pensamiento.

Algunas de sus ideas más complejas se expresaron bajo brillantes títulos. Fue el caso del citado La desnacionalización del dinero, en el que un Hayek de 77 años dio un impulso fresco y pionero al estudio de los daños que el monopolio público de la emisión de moneda causaba a la estabilidad económica, y a la necesidad de libertad en ese campo. También de La fatal arrogancia, en el que de forma tan sutil y elegante evidencia el error de pretender planificar lo que es, por esencia, imposible conocer.

La fatal arrogancia: pocas frases, quizá, tan repetidas en el mundo liberal. Pero pocas tan acertadas y definitorias de los políticos y la política que condicionan la libertad y prosperidad en este siglo. Los socialistas de todos los partidos, y los lectores de todos los gustos, tienen en Hayek un ejemplo cuya comprensión y difusión es más necesaria que nunca.

El Sr. Tímermans del Olmo es profesor de Historia de las Instituciones Financieras de la Universidad Rey Juan Carlos. Comentarista político del programa Sin Complejos, de esRadio. Miembro del panel de Opinion de Libertad Digital. Sígalo en Twitter: @AsisTimermans

(Más) millones para Cataluña. La 'operación Diálogo' es inmoral y muy estúpida.
Carmelo Jordá Libertad Digital 29 Marzo 2017

Pues resulta que la operación Diálogo era eso: sumar a la millonada que entregamos cada año a los separatistas catalanes –y a fondo perdido, oiga, ya es que ni créditos blandos– una nueva talegada de millones para infraestructuras.

En el colmo del ridículo, al cortejo sólo ha acudido el pretendiente: mientras Rajoy ofrecía nuestros millones como un ramo de rosas, los cortejados –es decir, el Gobierno y los partidos golpistas catalanes– no hacían acto de presencia. Imagínense a Don Juan diciéndole a Doña Inés lo clara que la luna brilla y la otra en Washington o asaltando sedes del PP.

La operación es inmoral por varias razones: primero, porque se rehúye una batalla ideológica esencial y que se podría ganar; segundo, porque premia no ya el chantaje sino el golpismo –incluso en el caso de que esas inversiones sean imprescindibles y prioritarias, ya están contaminadas por ese origen espurio–; y tercero, porque mientras el Estado sigue acarreando millones y más millones a Cataluña, allí éstos se siguen desperdiciando en televisiones de propaganda, en viajes para hacer el ridículo y explicar el prucés y, sobre todo, en seguir inyectando el virus del odio en una sociedad que ya está muy dividida y que pronto puede estar enfrentada. Una sociedad y una región en las que el propio presidente del Gobierno reconoce que "se está liquidando el Estado de Derecho"; y lo único que hace para evitarlo es dotar de presupuesto a la liquidación...

Pero, sobre todo, la operación de Rajoy y Soraya es estúpida, porque se vuelve al mismo método que todos los Gobiernos españoles llevan practicando desde antes del 78, y desde antes del 36 si me apuran: concesiones económicas; y cuando éstas no son suficientes, políticas; y cuando éstas no son suficientes, económicas, y cuando éstas no son suficientes, políticas… Y así en un ciclo sin final.

Todos lo han intentado y todos estaban convencidos de que ellos eran más listos que los anteriores y sólo hacía falta ceder un poquito más o dar unos millones más. Y todos se equivocaban, claro; con la diferencia de que cada tenía más culpa que el anterior, porque estaba más avisado.

Y mientras tanto los radicales de la CUP asaltan sedes de partidos políticos, las leyes de desconexión se aprobarán en diez minutos en el Parlamento regional, los Pujol siguen tan campantes en la calle y ni los niños aprenden español ni los tenderos rotulan en el idioma que les da la gana.

Sí, la operación Diálogo va viento en popa.

De mal en peor. El fiasco político español
“Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones fuertes son las más seguras” Tito Livio
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 29 Marzo 2017

Cuando los que mandan, aquellos a los que les confiamos, como mal menor, el gobierno de la nación, empiezan a caer en contradicciones, amagan pero no culminan aquellas acciones que debieran realizar; persisten en mantener una situación que no predice más que problemas futuros; insisten en utilizar caminos que ya se han recorrido, anteriormente, infructuosamente, e intentan aplacar la bestia que les enseña los dientes amenazadoramente con ofrecimientos a destiempo y promesas que pueden comprometer la estabilidad del resto de España; es que, señores, nos encontramos en un momento crítico de la historia de esta vieja nación, a la que todos conocemos y amamos, como España.

Sin duda, hemos llegado a un momento en el que, para una parte importante de los políticos españoles, el dejar de cumplir las leyes, el desentenderse de los deberes constitucionales o el ignorar las sentencias de los tribunales de Justicia, se ha convertido en algo que se podría considerar como normal, en parte, debido a la escasa reacción que provocan en los encargados de aplicar las leyes, determinadas actuaciones ilegales, cuando éstas quedan subsumidas bajo el paraguas de la justificación separatista o el amparo de los que se autoproclaman como defensores de las clases necesitadas y adversarios acérrimos del capitalismo, al que atribuyen ser el pensamiento político culpable de todo lo malo que ocurre en el mundo. Se olvidan de que, dónde hay los mayores focos de miseria, la mayor mortandad infantil, el mayor desprecio por las mujeres y las mayores hambrunas, es en aquellos países, como es el caso de Venezuela, en los que existen regímenes comunistas bajo la opresión de dictadores totalitarios, como es el caso del señor Maduro.

Estos días estamos asistiendo a situaciones inexplicables, que nos recuerdan otras épocas de nuestra historia en las que, como parece que ya está sucediendo en España, los españoles empezaron a odiarse entre sí y a solventar sus diferencias con pistolas y fusiles; lo que fueron los preámbulos del ocaso de la II República. Unos incontrolados de la CUP asaltando la sede del PP en Barcelona, apoyados por miembros de Parlamento catalán; el señor Pablo Iglesias, de Podemos, pidiendo que se anule el artículo del CP en el que se pena el enaltecimiento del terrorismo; el señor Montoro dispuesto a perdonar a las comunidades parte o la totalidad de la deuda que tienen contraída con el Estado ( ya se les perdonaron, en su día, los intereses de los préstamos del FLA, que se calcula que, hasta este momento, suponen unos 180.000 millones) de las que, Cataluña, ha recibido la parte del león, unos 70.000 millones de euros, incluido este 2017; el señor Rajoy dispuesto a “untar” a los catalanes con 1.882 millones de euros por ferrocarriles de Rodalíes, dentro de esta legislatura y, el resto, hasta 3.900 millones, distribuidos en un plan que se desarrollará hasta el 2025.

Si España estuviera, como hace unos años estuvo, en una situación de normalidad, el resto de autonomías tuvieran derecho a recibir la parte proporcional de lo que se le ofrece a Cataluña, esta autonomía no se hubiera rebelado en contra del resto de la nación española y hubiera destinado todo el dinero recibido a costa del resto del Estado, para cubrir sus necesidades sanitarias, del pago de pensiones o medicamentos, en lugar de destinar una parte a los gastos de preparar un gobierno en la sombra, para cuando se independicen; puede que se pudiera admitir una ayuda adicional, pero, señores, aquí estamos ante un chantaje monumental, que los separatistas están practicando con el Gobierno del país, amenazando con dictar, unilateralmente, la separación de Cataluña de España y, el Gobierno, en lugar de ponerles las peras a cuarto, utilizar la Constitución para aplicar la ley en Cataluña y poner a buen recaudo a los causantes de que se haya producido una situación semejante, se limita a presentarse, en un gesto servil, ante las fuerzas económicas autonómicas para contarles un cuento de La Lechera en el que, los paganos, van a ser todos los españoles del resto de autonomías, algunas de las cuales, las que mejor han cumplido con los topes de déficit que estableció el Gobierno, se verán perjudicadas por el interés del gobierno de Rajoy de evitar, a toda costa, el tener que aplicar el artº 155 de la Constitución, algo verdaderamente problemático, en estos momentos en los que los separatistas ya no pueden hacer marcha atrás, porque los ciudadanos a los que les vendieron el cuento de la separación de España, ya se lo creyeron y, ahora, no permitirían que los que los animaron a apoyar la separación sean los que claudiquen ante el Estado español.

Al señor Rajoy no le salen las cosas bien y se ve precisado a tener que sonreír, bien que la sonrisa, en este caso, en más un rictus de dolor que una mueca de alegría, para intentar disimular la serie de contratiempos que le vienen del Parlamento, donde parece que los augurios que algunos hicimos se están revelando como ciertos. Veremos la cara que se le queda si, como no sería raro que sucediera, los dirigentes del separatismo catalán imponen su criterio, desautorizan esta reunión empresarial y se reafirman en que, para el mes de septiembre, se convoque una consulta popular para someter al pueblo catalán si quiere o no seguir perteneciendo a España.

Y que no confíe en que, amenazando con convocar unas elecciones anticipadas, va a tener la seguridad ( que sí tuvo cuando lo supeditó todo a su investidura) de conseguir unos mejores resultados que en las últimas legislativa; entre otras razones porque, el PSOE, ya va encarrilando el relevo de la Comisión Gestora y, mucho nos tememos que, salga elegido quien sea de los tres candidatos, ninguno le va a facilitar al gobierno del PP un gobierno tranquilo hasta el final de legislatura, si es que consiguen llegar a ella. Claro que, si quien fuera el elegido se tratara de P. Sánchez, entonces puede que nuestra nación ya no tuviera salvación.

Y cuando, el señor Montoro, el monstruo de la campaña de Hacienda para acabar de esquilmar a los españoles con sus impuestos y la cadena de inspecciones que está desarrollando en todo el país; para ir rebañando de quienes, la mayoría de las veces por ignorancia o por no saber manejar adecuadamente estos instrumentos diabólicos basados en la obligatoria utilización de técnicas digitalizadas de los documentos fiscales que, para muchos ciudadanos, puede que no esté a su alcance el utilizarlos ( hablamos de personas mayores)debidamente; en un gesto inaudito de magnanimidad, se ofrece a rebajarles o perdonarles la totalidad de la deuda a quienes, autonomías, no pensaban pagarla; es evidente que tiene un comportamiento discriminatorio con el resto de españoles que, por cualquier nimiedad o error involuntario, se les obliga a pagar con recargo, pagando una multa y sin posibilidades de exponer sus razones ( en ningún caso son aceptadas) aunque no se encuentren en condiciones económicas para hacerlo.

Millones para Cataluña, millones para “compensar” a aquellas autonomías que no cumplieron con los límites de gasto establecidos; dinero para evitar insurrecciones y millones para pagar corrupciones de los políticos, que han sido causa de quiebra de empresas, bancos y cajas, que han obligado al Estado a tener que pedir 40.000 millones de euros a Europa para sanear a las cajas, cuyos directores, una colección de sinvergüenzas ladrones, se han ido de rositas y con unas jubilaciones que, en ninguna otra parte, se pueden conseguir. Creo, señores, que los españoles ya estamos hasta la narices de toda esta escoria política que, tanto por las izquierdas como por las derechas, intentan colarnos, una vez más, el cuento de que a costa de nuestros impuestos tenemos que subvencionar, por una parte a una panda de vagos que intentan vendernos que sin trabajar y a base de subvenciones podemos vivir divinamente y que Europa se va a conformar en tener un país, que implanta el comunismo bolivariano, que viva del maná que cae del cielo y, por otra, que tengamos que pagar a los catalanes separatistas sus deudas y, además, que se vayan riéndose de lo tontos que hemos sido todos aquellos que hemos contribuido a que puedan hacerlo.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos sentimos defraudados y engañados por toda esta casta política que, gracias a todos y a la falta de autoridad que parece que existe en nuestra nación, nos están entregando en manos de una serie de grupos de personajes estrafalarios y de advenedizos que, lo único que tienen en mente, es sacar el máximo de beneficio a costa de nuestras exhaustas haciendas. Luego que nos vengan a pedir sacrificios, que nos pidan que los votemos o tengan la cara dura de apelar a la solidaridad que debemos tener con el resto si, quienes tienen el deber de cumplir con sus obligaciones y mantener la equidad en todas sus actuaciones, son los primeros que se saltan las reglas y, encima, nos joroban. Y, ustedes perdonen.

El que no llora no mama
Marcello Republica 29 Marzo 2017

Iba Puigdemont por Harvard en una conferencia semiclandestina, hablando mal de España y comparándola con Turquía, mientras la CUP se adentraba por senderos de la violencia que tanto le gustan cuando de pronto Mariano Rajoy se destapó con lo que Pepe Oneto llama ‘el ofertón’. Que son cuatro mil millones de euros en infraestructuras para Cataluña en los próximos cuatro años.

Y a más de uno, entre los poderes políticos y económicos de Cataluña, se les hace la boca agua con los negocios en ciernes y las comisiones del 3 % o del 4 % al alcance, como ha sido habitual en esos lares en ese tipo de obras.

El ofertón de Rajoy puede ser una muy hábil jugada ante la opinión pública catalana porque sabido es que los nacionalistas lo único que ponen por delante de la patria es el dinero. Ahora bien, y entendiendo la maniobra de Rajoy para ahogar el llanto victimista de los independentisas, tenemos que preguntar al presidente por el monto de lo que piensa invertir el Gobierno en ese mismo periodo de tiempo en otras Comunidades Autónomas.

No vaya a ser que don Mariano (de momento arropado por un llamativo silencio inicial) haga bueno el refrán de ‘el que no llora no mama’. Porque son otras las Comunidades Autónomas como Extremadura, que es una isla perdida y lejos del resto de España, que necesitan infraestructuras porque Cataluña ya tiene demasiadas en comparación con otras regiones.

A ver si el ‘bellotari’ Guillermo Fernández Vara va a tener que convocar en Extremadura un referéndum de autodeterminación para que a su tierra le pongan un AVE como los que ya circulan por toda España, y autopistas al menos entre Cáceres y Badajoz (de solo ¡80 kilómetros!) Y quien habla de Extremadura otro tanto podría decir de Canarias, las dos Castillas, Murcia, parte de Andalucía, Galicia, Asturias y Cantabria -el corredor del Cantábrico- que por ahí siguen sentadas en la estación a ver si les llega el tren.

Mariano maneja con soltura la espada de la Justicia y la zanahoria del euro a fin de desarmar parte del andamiaje de mentiras del nacionalismo catalán. Pero el dinero es de todos y maldita gracia sería que Puigdemont que va despotricando de España en el extranjero -y también aquí- se llevará la parte del león después de su ausencia en la Conferencia de Presidentes. En fin, cosas que pasan en este asombroso país.

¿Quién paga la promoción exterior del separatismo catalanista?
José Javaloyes Republica 29 Marzo 2017

Que la Universidad de Harvard reserve audiencia para el actual titular de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña es algo que cabría entender como muestra de liberalidad y cortesía, si fuera otro el contexto en que se produce, distinto el temario por el que discurre y diferente la hipótesis de trabajo al que la intervención se aplica.

Pero que Carles Puigdemont diserte, ante tan docto auditorio, para equiparar la democracia española con el régimen constituyente turco, porque Recep Tayyip Erdogan “autoriza al Ejército actuar contra sus propios ciudadanos”, supone un fraude frente a la buena fe del auditorio que escucha al conferenciante.

Aunque la cosa no acaba ahí. Añade el tribuno del frondoso tupé que “los expertos afirman que España sigue modelos como los de Albania, Armenia, Moldavia y Ucrania, y no cumple con la Carta Europea de los Derechos Humanos…” Y concluye así: “es difícil formar parte de un Estado español que permanentemente ignora las leyes europeas”.

Melonadas tan aparatosas, mendacidades tan truculentas, sólo son posibles por la desinformación y/o la ingenuidad de las autoridades académicas de esa Universidad, pero también por el concurso de una financiación puntual para tal campaña, con aportaciones privadas – que tendrían menor alcance y relieve -, o mediante la detracción de recursos públicos, que sí supondría una grave irregularidad. Porque esos dineros proceden de los impuestos que pagamos todos los españoles. O sea de cuantos habríamos de votar en cualquier caso para modificar o no la ley constitucional que preserva la integridad de la nación española.

El silencio de la Sociedad Civil
Vicente Benedito Francés vozpopuli.es 29 Marzo 2017

Compartía con Vds., la semana pasada en este mismo blog, mi preocupación por la interpretación sectarista de la “memoria histórica” en nuestro país. Concluía, entonces, mi reflexión haciendo valer el deber del olvido sobre el derecho a saber, si con ello se consolida la reconciliación entre los ciudadanos, se abandonan los viejos revanchismos y se elimina la posibilidad de quienes no teniendo legitimidad alguna, ni moral, ni política, pretenden reescribir la historia ofreciendo una realidad bien distinta de aquello que sucedió.

Al hilo de aquello, quizá queriendo, intencionadamente, argumentarme a mí mismo, me vienen a la cabeza dos problemas hoy de actualidad en España, siempre no bien interpretados y, desde luego, quizá por esto, nunca resueltos del todo. Me refiero a la “cuestión catalana” y al “anticlericalismo de la izquierda”.

Es obvio, que nada tienen que ver entre sí, uno y otro asunto. Faltaría más. Sin embargo el nexo de unión entre ellos, y que me permite enunciarlos conjuntamente en esta disquisición, no es otro que la observación que de ellos hace el ciudadano que vive, cree él, alejado de sus efectos en la sociedad de la que forma parte.

Con enorme cansancio, día a día, amanecemos con la sempiterna noticia de la reivindicación de la clase política catalana, que no de la mayoría del pueblo catalán, de la soberanía y la independencia. De la creación de la República Catalana. De la desconexión de la España que “les roba”. De la aspiración a ser un Estado independiente que forme parte de la Unión Europea, sin tener que arrastrar la mochila de los españoles vagos e incapaces de crecer y prosperar.

De igual forma, y es una constante recurrente fruto de lo anterior, a diario nos encontramos con la reclamación de diálogo para resolver, de una vez por todas, el problema. El refranero castellano, sabio donde los haya, ya lo dice con claridad: “dos no dialogan, si uno de los dos no quiere”. El dialogo siempre es necesario, pero para que pueda darse hay que consensuar los términos y el marco sobre el que el mismo ha de desarrollarse. Y si en eso las partes no se ponen de acuerdo, difícilmente podrán adentrarse en el mismo.

Cada vez son más las voces que lo piden. Que exigen a unos y otros la generosidad que el acercamiento de posturas reclama para, sin “corsés”, poder centrar un debate realista que posibilitando dar respuesta, seguramente no la que algunos persiguen, aventure el final de una situación, y un problema, que tiene mucho de artificial en sus postulados más irracionalmente reivindicadores.

Cataluña es España, pero no porque lo quiere el resto de la nación. Lo es por enormes páginas de la historia vivida en conjunto. Sin duda, la historia de España no es interpretable sin la contribución de siglos de Cataluña a su éxito y esplendor. No es esa la cuestión. Reescribir la historia alejándonos de la realidad de la misma, tampoco es la solución. Cataluña se merece, por méritos propios y no por condescendencia, el reconocimiento propio del conjunto de los españoles. Y el resto de España, ha de recibir del pueblo catalán, el justo reconocimiento a la contribución del resto de los españoles al esplendor y desarrollo de Cataluña como parte muy importante del Estado. Quizá, si no se alimentara artificial, y peligrosamente, por una mediocre clase política, ese desencuentro entre unos y otros, el problema sería menos grave y la solución, más fácil de alcanzar. Y es aquí a dónde quería llegar. Ni el pueblo catalán, ni el resto de los españoles, hemos sabido desenmascarar a esa clase política que saca provecho, en beneficio propio, y nunca mejor dicho, de los sentimientos nobles que pudiendo ser legítimos, han sido manipulados para un fin distinto y con un insaciable objetivo de desmembración del Estado.

La Sociedad Civil catalana, tarde y muy tímidamente, empieza a dejarse notar en las calles de sus grandes ciudades. El soberanismo irracional es siempre un enemigo peligroso. Tergiversa la realidad. Utiliza, en su beneficio, armas de irreversibles efectos y consecuencias, como la educación desde los muy pocos años, el control de los medios de comunicación para el adoctrinamiento de la población., los presupuestos, etc. El “caldo de cultivo”, en definitiva, está servido. Por eso cuesta tanto la movilización de la Sociedad Civil. Sin embargo, afortunadamente, los ciudadanos, poco a poco, van desperezándose. Aceptando que el silencio puede hacerles cómplices de una situación que no desean ni comparten. La mayoría del pueblo catalán no es independentista ni quiere romper, y mal, con España. Por ello, han de ser los primeros en salir a la calle y manifestarlo públicamente. Hacer ver a sus gobernantes que quieren permanecer en una España que reconoce sus características y singularidades. Que respeta su historia y sus símbolos. Sin soflamas ni reivindicaciones fuera de lugar. Cataluña cuenta con cotas de autogobierno inimaginables en muchos estados federales modernos. Pero el deseo irrefrenable de la torpe ambición política hace imposible el dialogo si para sentarse en la mesa que lo favorezca, antes, no se renuncia a posicionamientos de todo punto imposibles en un Estado de Derecho.

De igual forma, la Sociedad Civil española en su conjunto, ha de movilizarse, pacífica y respetuosamente, a favor de la continuidad de Cataluña en España, desde el profundo respeto a esas mismas singularidades que nos hacen, a todos, plurales y titulares de unas raíces culturales, y de todo tipo, excepcionales en la Europa a la que pertenecemos y a la que ninguno queremos renunciar.
El anticlericalismo radical

En ese mismo contexto de movilización de la Sociedad Civil, se enmarca el segundo de los problemas con los que construía mi reflexión. En las últimas semanas, hemos vivido un frívolo debate sobre la conveniencia, exigencia para Pablo Iglesias y Podemos, de que la televisión pública estatal eliminara de su programación de los domingos la retransmisión de la Misa. Ello aderezado con “memes” virales en las redes sociales de enorme zafiedad estética e intelectual. Desde esas mismas posiciones ideologizadas, sin, también, ningún rigor argumental sólido, hemos podido leer o escuchar, reivindicaciones de todo tipo para acabar con la recaudación de la Iglesia Católica, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esa suerte, para quienes ello reclaman, de injustificables privilegios de la Iglesia.

Determinadas formaciones de la izquierda más radicalizada, y algunos líderes de esa misma ideología de otros partidos, están abanderando ese movimiento anticlerical, rememorando etapas superadas de nuestra historia, que sólo contribuyen, y probablemente pretendan, la división entre ciudadanos. El mensaje, torticero e intencionado, de los supuestos privilegios de la Iglesia, está construido desde la mayor de las ignorancias. No hace mucho, hemos podido escuchar de líderes de Podemos, o al mismísimo Pedro Sánchez, reclamar acabar con el “Concordato” con la Santa Sede. Aquél Concordato de Franco, fue derogado en su día y sustituido por un Acuerdo Internacional aprobado por Las Cortes Españolas muy similar a los que otros países de nuestro entorno tienen suscrito con El Vaticano. La falacia se impone y el fin justifica los medios. La contribución de la Iglesia Católica española a la obra social de todo tipo es incuestionable. Una labor muy difícil de ser sustituida por las propias Administraciones Públicas. Hablamos de asistencia social, educación, ayuda a los más necesitados, etc. Son siglos de colaboración generosa y eficiente.

Y en ese contexto, ¿qué hace la Sociedad Civil española? ¿Por qué no hace notar su voz dejando claro a quienes ponen en riesgo esa contribución, que pudiendo ser España un Estado aconfesional, no puede renunciar a sus profundas raíces cristianas, como también lo son las de la Europa de la que formamos parte. Que ha de respetarse el derecho a la libre opción religiosa.

Volvemos al “revisionismo” que les comentaba la semana pasada. En esta ocasión, a través de un nuevo arma política: “el anticlericalismo radical”, imperante en la España del XIX. Tiempos que creíamos superados.

La Sociedad Civil, tiene la última palabra.

Ciudadanos extravía el rumbo político
OKDIARIO 29 Marzo 2017

La brújula política de Ciudadanos ha perdido el rumbo. El partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas se convirtió en la gran esperanza constitucionalista de Cataluña tras conquistar 25 escaños en las últimas elecciones autonómicas de 2015. Ahora, sin embargo, parecen empeñados en dilapidar la confianza de los casi 735.000 catalanes que vieron en ellos una alternativa real para acabar con el pensamiento único de los partidos secesionistas. Hasta tal punto llega el desvarío que incluso le bailan el agua a los golpistas de ERC y compran las iniciativas sobre las que cimientan su discurso independentista. La última prueba la encontramos en Badalona, donde han votado a favor de una moción que reconoce “la cultura de los Países Catalanes”. Con este voto a favor, Ciudadanos apoya al mismo equipo de Gobierno —liderado por una coalición de Podemos y la CUP— que el pasado 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, abrió las puertas del Consistorio desafiando así al Estado y alentando el odio a España.

De seguir así, Albert Rivera corre el riesgo de convertirse en la estrella fugaz de la política española y pasar de ser el candidato más prometedor de los últimos años a desaparecer diluido, víctima de un bandazo político tras otro, entre la falta de rumbo e ideario político. Tras el exitoso congreso del pasado mes de febrero, los naranjas parecen haber olvidado todo lo que proclamaron en él. No hay visos de ese viraje al liberalismo progresista que enarbolaron como nueva identidad política. Tan sólo un intenso instinto electoralista que a la larga les dará nulo resultado. Cuando parecía que el coqueteo de Inés Arrimadas con la posibilidad de celebrar un referéndum independentista había quedado atrás, el partido se descuelga con este apoyo incomprensible a ERC.

Al final, va a resultar que Ciudadanos era mucho más español cuando su nombre estaba escrito en catalán que ahora que cuentan con 32 diputados en el Congreso. La trayectoria de las últimas semanas es desconcertante. Primero se sumaron a Podemos para solicitar un referéndum si había reforma constitucional. Después, se abstuvieron en la reforma de la estiba a pesar de la cuantiosa multa que tendrán que pagar todos los españoles. Una senda incomprensible que debe hacer reflexionar a Albert Rivera. De seguir así, su caída será aún más rápida que su fulgurante ascenso. Defender España y su Constitución debe ser primordial e inexcusable para cualquier político —y formación— que aspire a la Presidencia del Ejecutivo. No se puede decir una cosa en cada sitio con tal de conseguir votos en todas partes. Hay principios, como el sentido de Estado, que están muy por encima de los intereses electorales. Sobre todo si te autodenominas “regenerador”.

La tremenda incoherencia de Ciudadanos
Gonzalo Heredero Libertad Digital 29 Marzo 2017

Al margen de lo que cada cual piense sobre la moción de censura que apoya se lleve a cabo Ciudadanos en Murcia, resulta sensato que el partido de Albert Rivera quiera que esa moción contra el PP sirva para que se convoquen nuevas elecciones y sean los murcianos los que elijan el partido que quieren que les gobierne los próximos años. Pero esa sensatez en el planteamiento político de Ciudadanos en Murcia se torna absoluta incoherencia en Madrid. Su portavoz en la comunidad madrileña, Ignacio Aguado, propone llevar a cabo otra moción de censura contra el alcalde de Alcorcón, David Pérez, del PP, con quien alcanzaron un acuerdo de investidura ante la insuficiente mayoría lograda por los populares en esta localidad en las últimas elecciones municipales.

El tremendo delito cometido por David Pérez, y que le ha llevado a estar en la cuerda floja, es que se le ocurrió criticar un día al feminismo radical, motivo por el cual todos los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, cargaron contra él exigiéndole la dimisión. El todavía alcalde de Alcorcón pidió disculpas, pero tampoco eso ha servido para mitigar las ansias de sus rivales políticos por apartarle de una Alcaldía que ganó legítimamente.

Y aquí viene la prueba de la incoherencia de los naranjas que denunciamos líneas arriba. Para solucionar la crisis abierta en el consistorio alcorconero, donde se ha reprobado al regidor hasta en cuatro ocasiones, el líder regional de Ciudadanos, el señor Aguado, pone como condición que sean ellos los que se hagan con la Alcaldía, cuando sólo tienen cuatro concejales y son la cuarta fuerza política, por detrás de PP, PSOE y la marca local de Podemos, Ganar Alcorcón.

Una postura que choca frontalmente con la que los de Albert Rivera están manteniendo en Murcia, donde no quieren que la caída del presidente del PP sirva para que llegue al poder otro partido que no haya obtenido el apoyo de los ciudadanos. Entonces, ¿lo que sirve para Murcia no sirve para Alcorcón? ¿O es que los alcorconeros valen menos y se tienen que conformar con que les gobierne la cuarta fuerza en su municipio?

Incoherente es la más suave forma de calificar esta forma de actuar de Ciudadanos.

ETA quiere pasar su página negra sin hincar la rodilla
Javier Ybarra vozpopuli.es 29 Marzo 2017

Al otear los horizontes de los años de plomo, Mariano Rajoy e Íñigo Urkullu habrán comprobado que, tras el aterrador espectáculo dejado por E.T.A., los casi mil asesinados por la banda y el sufrimiento que hemos padecido las víctimas, no han servido para nada; para absolutamente nada.

E.T.A. ha dejado constancia de la conocida vocación de los vascos a martirizarse entre sí y del etéreo comportamiento del PNV y de la propia sociedad vasca durante más de medio siglo, ejemplo de sociedad que, mayoritariamente, vivió y vive, como la catalana, en su propio microcosmos, pensando auténticamente como contrasociedad.

¿Cómo pasamos ahora esa página negra? ¿A la ligera, con dignidad, perdonando, exigiendo más justicia, mirando a las familias de los presos de E.T.A., mirándonos sólo a nosotros, las víctimas, o a todos a la vez? ¿Lo arreglamos entre nosotros los vascos o dejamos que lo arreglen Mariano, Soraya y Urkullu, al fin y al cabo nuestros empleados públicos, como se les llamaba a los políticos en el País Vasco durante el siglo XIX?

De la Europa desarmada y descompuesta de 1919 surgió la necesidad de buscar al hombre nuevo capaz de reconstruir sobre el odio. Pero quienes podían prestarse a aquella ardua tarea eran aún hombres antiguos, implicados en la Gran Guerra, manchados con el barro de las trincheras. La sociedad europea no se hallaba en condiciones de cicatrizar las heridas ni de buscar al hombre nuevo, capaz de reconciliarla con ella misma. Algo parecido ocurre hoy con nuestros dirigentes politicos en el País Vasco. Casi todos ellos, con mayor o menor responsabilidad, están manchados con el barro de las viejas trincheras.

Cuando todo esté clarificado, cuando sepamos quienes asesinaron a nuestros muertos –hay más de trescientos casos sin resolver, entre ellos el de nuestro padre–, entonces podremos decir como Morrie a Mitch en "Martes con mi viejo profesor": "No tiene sentido guardarse la venganza ni el odio. Está bien. Hemos vivido esa [terrible] emoción. Reconozco esa emoción. Ahora necesito desligarme de esa emoción por un momento”.

Antes de que el Estado se precipite a proclamar que su fortaleza le permite hacer uso de la generosidad, pediríamos a Iñigo Urkullu que, cuando el 8 de abril, día del desarme de E.T.A,. hable con los antiguos asesinos, les pregunte por el reloj de nuestro padre.

Cuando nos devolvieron su cadáver introducido en un saco de plástico para protegerlo de las intensas lluvias de aquellos días, devolvieron el rosario, pero se quedaron con su reloj. Era un reloj que todos mirábamos con admiración. Había sido el regalo de nuestro abuelo por terminar, con buenas notas, la carrera de Derecho.

Ojalá que Urkullu, que apadrina el desarme de E.T.A., acierte en sus decisiones. Ha demostrado ser un hombre prudente y realista. Únicamente le diría que es preferible guiarse por la inteligencia que por los ideales.

(*) Javier Ybarra Ybarra es autor de “Nosotros los Ybarra”

Nota. La fotografía que aparece en el espacio destinado al autor no es de quien firma este artículo sino de su padre, Javier Ybarra Bergé, secuestrado y asesinado por ETA el 18 de junio de 1977.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Madrid sí paga traidores
F. JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 29 Marzo 2017

Este domingo, Rajoy dijo en Hospitalet que "el Estado de Derecho se ha reducido al mínimo", que las autoridades catalanas "se saltan la ley a la torera", que "eso es antidemocrático" y que "no permitirá que se celebre el referéndum" separatista. Sería el segundo, pero aseguró: "Es ilegal".

Cualquiera diría que el orador que apoyaba unos minutos al presidente del PP en Cataluña, García Albiol, pertenece a Sociedad Civil Catalana, agrupación que representa a toda la Cataluña no separatista y que por no serlo, ve amenazadas sus libertades por la Generalidad, sufre el acoso de los partidos que vienen perpetrando lo que Albiol llamó "Golpe de Estado a cámara lenta", debe soportar que jaleen a sus agresores los medios públicos y privados subvencionados (TV3, Grupo Godó) y se siente absolutamente abandonada por el Estado. ¿Cómo pensar que ese señor que insiste en que "el orden legal en Cataluña está reducido al mínimo" es el jefe del Ejecutivo, cuya misión es utilizar toda la fuerza coercitiva del Estado y asegurar que el Estado de Derecho funcione al máximo?

El lunes por la mañana, la jefa y el ex jefe del grupo parlamentario de la CUP, base del Gobierno de Junts x Sí (CIU+ERC) coalición creada por Godó e impulsora del prusés para destruir el Estado español, asaltaron la sede del PP en Barcelona. Por la tarde, Jonqueras, interlocutor favorito del Gobierno (hemos visto licuarse a Soraya al sentir sus manazas en la viceclavícula), precisó: "Yo estoy aquí para traer la República". Dos éxitos de la Operación Diálogo.

Ayer martes, Rajoy llegó a Barcelona con 15.000 millones de euros para impulsar las infraestructuras catalanas, las peores de España, y que, salvo el AVE y las autopistas, desmerecen al lado de las de Extremadura, las dos Castillas o Andalucía. La Vanguardia -ayer Española, hoy del prusés- se volcó: portada con foto de jubileta benidormí; entrevista en la que Rajoy se niega a hablar del artículo 155 de la Constitución que obliga al Gobierno a intervenir ayuntamientos y autonomías que vulneren la ley; y anuncio azul a toda página de Soraya Sáenz del Diálogo, entre Rajoy y Cuní. La Generalidad separatista no mandó a nadie a recibirlo, pero no devolverá el dinero. Tampoco el jefe del Ejecutivo (más bien, el Ejecutado) cambiará su política. Roma no pagaba traidores. Madrid, sí.

Infraestructuras y 'construcción nacional' en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 29 Marzo 2017

Naturalmente que el Gobierno de España y la Administración central del Estado tienen el derecho y el deber de invertir en infraestructuras en cualquier parte del territorio nacional, incluida Cataluña. El problema se plantea si el Ejecutivo de Rajoy ejercita ese derecho y ese deber como una forma de eludir un derecho y un deber no por más engorrosos menos inexcusables: hacer cumplir la ley en dicha comunidad autónoma y evitar que sus sediciosos gobernantes desvíen sus fondos propios a un ilegal y oneroso proceso de construcción nacional cuyos costes van mucho más allá que los que acarrean sus inconstitucionales consultas secesionistas.

Este es el contexto en el que conviene analizar el anuncio hecho este martes por Mariano Rajoy en Barcelona, según el cual el Gobierno central pretende destinar esta legislatura 4.200 millones de euros a infraestructuras en Cataluña; básicamente a la red de Cercanías y al Corredor Mediterráneo, pero también a carreteras, puertos y aeropuertos.

Ciertamente, estas infraestructuras atañen mucho más a las necesidades reales de los ciudadanos catalanes que las onerosas redes clientelares, las ilegales estructuras de Estado y los delirios identitarios con que sus gobernantes regionales desafían al Estado de Derecho. Algunas de esas infraestructuras, como las relativas al Corredor Mediterráneo, son demandadas por el sector empresarial no sólo de Cataluña sino de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, y por todas las formaciones constitucionalistas, empezando por Ciudadanos.

Sin embargo, cabe plantearse si la Administración central no habrá llevado su frenesí inversor demasiado lejos en Cataluña, a tenor de la muy inferior inversión destinada a las otras comunidades –a excepción la andaluza– y de que la deuda pública sigue aumentando.

Téngase en cuenta, además, que los 4.200 millones de euros anunciados este martes por Rajoy se suman a los cerca de 11.200 que el Ministerio de Fomento ya ha invertido en dicha región desde que sus gobernantes plantearan su desafío separatista en 2012. Este hecho, y las propias palabras de Rajoy, en las que ha enmarcado estas inversiones en "el tiempo de sellar grietas, reconstruir puentes y mirar hacia delante", alimenta la sospecha de que el presidente del Gobierno ha vuelto a incurrir en el contraproducente error de intentar contentar al que no se va contentar. Y no hay mejor prueba de que no se van a contentar el plantón que han dado las autoridades regionales a Rajoy.

En cualquier caso, salvo que el propio presidente del Gobierno haya hecho suya la cantinela del "Espanya ens roba", con la que los nacionalistas vienen quejándose de que la Administración regional no haga uso y disfrute del 100% de los impuestos que pagan los catalanes, esta inversión en infraestructuras a cargo de la Administración central no debe tener más finalidad que la de mejorar la comunicación de los ciudadanos por tierra, mar y aire, y no la de comprar voluntades de unos golpistas que sólo merecen la critica política y que les caiga, como a cualquier otro ciudadano, el peso de la ley cada vez que la violen. La inversión en Cataluña, en definitiva, nunca debe ser óbice para intervenir y suspender una Administración regional que no parece tener más propósito que el de atentar gravemente contra los intereses generales de España.

Soluciones extremas
Aleix Vidal-Quadras gaceta.es 29 Marzo 2017

En su reciente visita a Barcelona para anunciar grandes planes de inversión en infraestructuras en Cataluña, el Presidente del Gobierno ha concedido una larga entrevista al rotativo de mayor circulación y de línea editorial más fluctuante de esa Comunidad. Las preguntas del director del medio, hombre ponderado y bastante de vuelta de todo, se sitúan en el terreno de la estricta neutralidad, de tal forma que ni pone en apuros a su entrevistado ni tampoco corre riesgos en relación a los partidos separatistas. Aunque trata temas erizados de aristas políticas, lo hace con el tono distante y cortés del que sostiene una conversación sobre el tiempo o sobre las últimas tendencias de la pintura abstracta. Dado que su interlocutor nunca se ha distinguido por poner demasiada pasión en sus cometidos, el resultado adquiere tintes de una inquietante irrealidad.

De la lista de respuestas de Rajoy a Màrius Carol se desprenden, sin embargo, algunas conclusiones interesantes. La primera es que el sucesor designado de José María Aznar no considera relevante preguntarse por el origen del actual conflicto entre la Generalitat y el Estado. Dicho de otra forma, al inquilino de la Moncloa las causas de los fenómenos, sean éstos naturales, sociales o económicos, le parecen un asunto que no merece mayor atención. Se trata, según afirma, de afrontarlos tal como vienen e intentar comprender el proceso de su gestación con tal de sacar lecciones provechosas de los errores cometidos o de los aciertos alcanzados se le asemeja un ejercicio estéril.

Esta es una actitud mental peligrosa porque si hubiera sido sistemáticamente aplicada desde la prehistoria hasta hoy seguiríamos recolectando bayas y cazando antílopes a pedradas a la vez que nos comunicábamos mediante onomatopeyas guturales. Quizá si se decidiese a reflexionar siquiera mínimamente por las razones por las que una mayoría parlamentaria en una Autonomía que representa el 16% de la población y el 19% del PIB españoles se ha alzado en rebeldía contra la Constitución y el Estado de Derecho y se dispone a intentar liquidar la unidad nacional, descubriría que el diseño territorial e institucional que surgió de la Transición no fue el más acertado posible y que el haber suministrado durante décadas a los secesionistas las herramientas financieras, educativas, simbólicas y culturales para llevar adelante sin trabas su proyecto disgregador no se puede describir como una estrategia inteligente.

Otra cosa que podría entender si se entregase durante unos minutos a la reflexión retrospectiva es que el cambio de orientación del PP de Cataluña en 1996 renunciando por completo a la batalla de las ideas para transformarse en una organización de convicciones desdibujadas entregada al seguimiento sumiso del marco conceptual nacionalista fue un error monumental de efectos desastrosos a largo plazo. Y si continuara examinando con mirada crítica la actuación de su formación en Cataluña durante las últimas tres décadas, a lo mejor le parecería que el dilatado silencio cómplice sobre los latrocinios de la familia Pujol con el fin de garantizar su colaboración para acabar sacando toda la porquería a la luz de manera abrupta cuando el mal ya estaba hecho, le ha restado credibilidad a la maniobra.

La segunda conclusión es que Rajoy no es partidario de la acción para resolver los problemas. A la pasividad como método la llama “prudencia, proporcionalidad, mesura y equilibrio”, lo cual no deja de ser curioso. Es como si ante un tigre hambriento que se precipita sobre uno para devorarle, aconsejase disimular silbando alegres aires de moda. Sin negar la posibilidad de que la fiera quedase desconcertada durante unos segundos, el desenlace del ataque sería fatal. Interrogado sobre el uso del artículo 155 de la Constitución para detener de una vez el desafío constante a la legalidad de los separatistas comunica que no le gustan las “soluciones extremas”.

En realidad, a nadie salvo a los locos les complacen las medidas traumáticas, pero si autoridades del Estado encargadas de velar por el cumplimiento de la ley se la saltan a la torera ante los ojos de todo el país y manifiestan pública y reiteradamente que piensan seguir saltándosela, además de anunciar la fecha en la que tienen planeada la liquidación de España como Nación, no parece descabellado recurrir a las herramientas legales y democráticas de las que se dispone para poner las cosas en su sitio. La CUP ya ha mandado un aviso con su asalto vandálico a la sede del PP catalán contemplado con seráfica beatitud por la policía autonómica. Si perciben debilidad e irresolución en el Gobierno central, sacarán sus hordas a la calle en el momento en que que se proceda a impedir la colocación de las urnas el día de autos.

Cuando lo que se prepara con publicidad y desprecio total a la legalidad es un golpe de Estado como la copa de un pino, quizá una ración más abundante de firmeza, fuerza legítima y coraje, tendría un efecto más disuasorio que la exhibición titubeante de prudencia, mesura y proporcionalidad acompañada de créditos abundantes a interés cero. La alusión a otras maneras de hacer respetar la ley, a la vista del caso que los separatistas hacen a las sentencias de los Tribunales, suena bastante irrisoria.

El choque de trenes se acerca inexorable y si una de las dos máquinas circula a toda velocidad armada de un afilado espolón y la otra se mueve cachazuda con un parachoques de suaves togas y empuñadura bordadas, está claro cual saldrá despedido de la vía. A no ser, naturalmente, que Puigdemont, Mas, Junqueras, Gabriel y compañía jueguen de farol. ¿Es sensato esperar al último minuto para comprobarlo? Si atendiésemos a eso que Rajoy no quiere ver, el origen del desastre que ahora padecemos, sabríamos que hay ocasiones extremas en las que las únicas soluciones también lo son

Los proetarras entrenaron a la CUP en la «presión ciudadana»
Las juventudes catalanas de Arran, que asaltaron la sede del PP, se reúnen frecuentemente con las vascas de Ernai
J.M.Zuloaga. La Razon 29 Marzo 2017

Arran, las juventudes de la CUP, han mantenido contactos con movimientos similares, juveniles y de «solidaridad», del independentismo vasco, con los que han compartido las estrategias de presión sobre los grupos que se oponen a sus fines secesionistas, según han informado a LA RAZÓN expertos antiterroristas.

La mayor o menor frecuencia de esas reuniones ha dependido de acontecimientos que iban a tener lugar en el País Vasco y Cataluña, como el referéndum del 9-N y en otros momentos.

Las juventudes independentistas catalanas mantienen relaciones con Ernai, las juventudes de la Izquierda Abertzale y, antes de su práctica de desaparición, con Askapena, el movimiento de solidaridad internacionalista del entorno proetarra.

Los grupos juveniles son piezas fundamentales dentro de la estrategia de desestabilización y hostigamiento a los que no piensan como ellos, a los que tratan de coaccionar de forma abierta para hacerles «la vida imposible», según las citadas fuentes.

Este tipo de movimientos, que se autodefinen como «revolucionarios» intentan que la única voz que se oiga en la calle sea la suya. Y adoptan las iniciativas necesarias para ello, como ocurrió esta semana con Arran, con el acto de presión sobre una sede de los «fascistas» del Partido Popular.

Los contactos entre el denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), del que forma parte Ernai; y el independentismo catalán, que incluye a Arran, han sido en los últimos años, en especial con motivo de la celebración de algún acontecimiento, «frecuentes, constantes y regulares».

Entre los asuntos «comunes» que abordaban en sus reuniones figuraba el de la desobediencia contra las instituciones.

De hecho, varias de estas organizaciones, entre ellas Arran y Ernai, llegaron a suscribir en su día un comunicado en el que, entre otras cosas, se decía «tenemos que ser conscientes de que ningún proceso de ruptura con el régimen del 78 será posible sin desobedecer. La desobediencia al orden constitucional es la única vía posible para conseguir nuestra libertad. Asimismo conviene insistir en el hecho de que nuestras élites políticas y económicas autonomistas y capitalistas, ni pueden ni tienen ninguna intención de desobedecer a España para materializar la independencia». «Mientras no nos dejen soñar, seremos su peor pesadilla».

En los contactos entre radicales vascos y catalanes, que vienen de lejos, son ahora estos últimos los que llevan la voz cantante y el espejo en el que se miran los primeros. En la actualidad, Cataluña aparece como un referente para el soberanismo vasco en general, y por lo que respecta a la llamada Izquierda Abertzale, la posición que los independentistas adoptan es objeto de un constante seguimiento.

A las reuniones de este tipo de grupos suelen asistir representaciones de Azarug, de Canarias; Jaleo, de Andalucía; Yesca, de Castilla; Purna, de Aragón; Darreu, de Asturias; Ernai, del País Vasco etcétera. Aprovechan para realizar intercambios y establecer canales mutuos de solidaridad.

SIN CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE PENAS
485 excarcelaciones, ETA ya ha ganado la batalla de los presos
La declaración de "cese de la lucha armada" y la derogación de la "doctrina Parot" solamente han sido excusas. Desde 2008, los gobiernos españoles han liberado continuamente a presos sirviéndose de beneficios penitenciarios para ello.
Juan E. Pflüger gaceta.es 29 Marzo 2017

El desarme parcial anunciado para el próximo ocho de abril llega en un momento en el que pocos presos de la banda terrorista de ultraizquierda quedan en las cárceles. En el año 2008 había 762 etarras condenados por sus atentados. De ellos, 157 cumplían sus condenas en Francia y el resto en España. La segunda legislatura socialista presidida por José Luis Rodríguez Zapatero acabó en 2011 -año en el que los terroristas hacían pública su declaración definitva de cese de la “lucha armada”-.

Tras eso, el año 2012 empezaba la primera legislatura de Mariano Rajoy con 607 presos en las cárceles, de los que un centenar cumplía sus condenas en Francia y el resto en las prisiones españolas.

Desde entonces el número no ha hecho más que bajar. Las políticas penitenciarias del Ejecutivo de Rajoy permitían que, sin cumplir la promesa del PP del cumplimiento íntegro de las penas, se abrieran las puertas a centenares de presos terroristas. Todos ellos pasaban rápidamente de grado penitenciario y obtenían la libertad condicional.

A finales de 2013, antes de la derogación de la “doctrina Parot” y la política de puertas abiertas para los terroristas, había todavía 527 presos que, año y medio después y gracias a que el Gobierno decidió no estudiar uno a uno los recursos de los presos afectados por la “doctrina Parot”, el número de etarras en las cárceles se había reducido hasta los 427. En 2016 ya eran menos de 350 y actualmente son 277 presos terroristas en nuestras cárceles.

Está claro que el sometimiento del Estado ha permitido que la histórica reivindicación del entorno de la banda terrorista y de sus franquicias políticas sea una realidad y los presos han quedado reducidos a una tercera parte en nueve años.

La mayoría de estas excarcelaciones se han producido sin que la causa de la libertad sea el final de la condena. Los beneficios penitenciarios han permitido que las víctimas del terrorismo hayan visto a los asesinos de sus familiares salir por la puerta grande de las cárceles y llegar a sus municipios natales y de residencia -donde muchos de ellos cometieron parte de sus crímenes- y se les reciba con los ya habituales ongi etorri. Unas celebraciones que han sido denunciadas por asociaciones de víctimas sin que las autoridades locales y nacionales hayan hecho nada por impedir su celebración.

¿Otro desarme trampa?
Ahora se produce un anuncio de un nuevo desarme en el que los “observadores internacionales” y miembros de la sociedad civil y cargos electos franceses vigilarán la supuesta normalidad del procedimiento. El compromiso de ETA es la entrega total de su arsenal, repartido en zulos y domicilios particulares, pero no ha entregado un inventario previo para que pueda ser controlado por el Ministerio del Interior y que permita la comprobación del desarme real. Es por tanto otra entrega trampa como la que tuvo lugar en 2014.

Pero además, gran parte de las armas está en manos de los pistoleros de la banda que siguen huídos de la acción de la Justicia. La mayoría de ellos se encuentran escondidos en Francia, donde no tienen una financiación regular y sobreviven, en muchos de los casos, vendiendo sus armas y dedicados al narcotráfico.

Es más, el planteamiento de los términos del desarme es en sí otra trampa clara por varias razones, como ha señalado el digital benemeritaaldía.org en un reciente artículo “Las nueve mentiras del anuncio de desarme de ETA”. En primer lugar porque lo que está intentando es que los gobiernos español y francés den carta de legalidad a un desarme que no podrá comprobarse. En segundo lugar, porque ha pedido que no interfieran en este proceso los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que serían los únicos agentes autorizados para llevar a cabo un desarme de la banda terrorista. Y lo tendrían que hacer, no por la recepción de las armas sino por la acción contundente contra ETA. Y en tercer lugar, porque con este dersarme se podrían destruir las prubas que podrían contribuir al esclarecimiento de los más de trecientos asesinatos que continúan sin resolver y que permitirían la detención y las condenas de los miembros de la banda que no han pagado por sus crímenes.

Antes estos datos no es de extrañar que el Gobierno del PP haya eliminado el acercamiento de presos como línea roja y que este se produzca cuando la banda anuncie su disolución. ¿Será el siguiente paso de la banda terrorista de ultraizquierda?
 


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