AGLI Recortes de Prensa    Viernes 31  Marzo 2017

Montoro y su fraudulento cumplimiento del déficit
EDITORIAL Libertad Digital  31 Marzo 2017

El Partido Popular de Mariano Rajoy llegó al poder a finales de 2011 firmemente comprometido con unos topes de déficit fijados por Bruselas, según los cuales el desfase entre gastos e ingresos del Reino de España no podría exceder del 4,4% del PIB en 2012, del 3 en 2013, del 2,2 en 2014 y del 1,1 en 2015, para a partir de 2016 mantener el equilibrio presupuestario.

Así lo reflejaba la propia Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2012-2015, publicada por el propio Gobierno a inicios de 2012, donde la única modificación respecto del compromiso electoral del PP era la referida al ejercicio de 2012, donde el déficit pasaría del 4,4 al 5,3%.

Hoy se ha sabido que el ejercicio de 2016 se cerró sin que el Ejecutivo siquiera lograra respetar el tope de déficit del 4,4% que el PP se comprometió a no sobrepasar en 2012. No obstante, el hecho de que el desequilibrio del año pasado fuera del 4,54% no ha sido obstáculo para que el ministro Montoro haya vuelto a sacar pecho, tal y como hizo en todos los años anteriores, a pesar de que el déficit en 2012 fue del 10,47%, del 7,01 en 2013, del 6 en 2014 y del 5,13 en 2015.

La estrategia de Montoro para hacer pasar por éxitos tan clamorosos fracasos a la hora de ajustar los gastos a los ingresos ha sido siempre la misma: excluir el dinero público entregado al sector bancario y, sobre todo, renegociar al alza con Bruselas los topes de déficit a mitad de cada ejercicio, una vez se constataba que los objetivos iniciales no se iban a cumplir. Así, tras múltiples renegociaciones, el Gobierno inició 2016 con el compromiso de que el déficit no pasara del 2,8%. A mediados de ejercicio, sin embargo, renegoció al alza ese tope hasta el 4,6%, lo que le ha permitido ahora presentar un déficit del 4,54 como un exitoso "aprobado".

Está visto que para Montoro no hace falta mejorar la nota cuando se puede modificar el umbral donde comienza el aprobado. Esta reiterada argucia, sin embargo, no va a evitar a los contribuyentes españoles el pago de casi 100 millones de euros diarios sólo para atender los intereses de una deuda pública que ya supera el 100% del PIB.

Sin duda, hace falta mucha desfachatez para sacar pecho en el control de las cuentas públicas cuando se ha presidido el mayor aumento de la deuda en los últimos cien años y a pesar de haberse incrementado como nunca la presión fiscal. Sin embargo, para que esto pueda ocurrir no sólo hace falta tener la inmensa caradura de Montoro: hace falta también una oposición tan sumamente desnortada y despreocupada por el histórico endeudamiento público que lo único que reprocha al Gobierno es su inexistente política de austeridad.

Y ese es el drama, que no hay nadie en el Congreso de los Diputados que suscriba lo que en su día dijo Soraya Sáenz de Santamaría: "No se debe gastar más de lo que se ingresa, y sobre el que gaste más caerá el peso de la ley, porque la primera obligación de un responsable político es saber gestionar con lo que tiene y no comprometer el futuro con lo que no tiene".

El timo de la independencia a la carta
Gonzalo Bareño La Voz 31 Marzo 2017

Sostiene el ex viceprimer ministro británico Michael Heseltine que el brexit es «el mayor error histórico desde la Segunda Guerra Mundial». Un criterio que comparto plenamente y que me da pie para afirmar que la independencia de Cataluña y su separación de España constituirían sin duda el mayor error histórico cometido en nuestro país desde la guerra civil. La atinada sentencia de lord Heseltine permite establecer un paralelismo entre el desastre provocado en Gran Bretaña y en la UE por la xenofobia del más rancio conservadurismo británico, -unida a la torpeza de su ex primer ministro David Cameron-, y el que generarían en Cataluña y en España la prepotencia y la incompetencia de los independentistas en caso de que se consumaran sus planes.

Hasta los más conspicuos defensores del brexit admiten que tendrá un altísimo coste. Y, por ello, en una estrategia que demuestra la locura del proceso en el que se han embarcado, tratan ahora de presionar para que esa salida les permita conservar la mayoría de los privilegios que otorga la pertenencia al club europeo, pero sin asumir la pérdida de soberanía que esta implica. Algo así como el timo de la estampita.

Esa misma estafa es la que pretenden perpetrar los independentistas catalanes. Es obvio que ni España ni Cataluña saldrían beneficiadas de una separación. Pero también que, de llegarse a ese extremo, Cataluña correría la peor suerte. Por más alto que griten, los independentistas saben que es absolutamente imposible que se divorcien de España de manera unilateral porque, entre otras muchas cosas, ello implicaría que dejaran de ser miembros de la Unión Europea; que perderían por tanto cientos de millones de euros en ayudas europeas cada año; que se quedarían sin el paraguas europeo y español para financiarse en los mercados, que es lo único que les permite acceder al crédito actualmente; que, aunque conservaran el euro como moneda, no tendrían ningún control sobre él; que perderían el acceso al mercado único comunitario; que perderían la libertad para circular y trabajar en Europa, y que deberían asumir el coste, inasumible, de garantizar su seguridad con sus propias fuerzas armadas.

Por eso, a lo que aspiran los soberanistas no es en ningún caso a independizarse unilateralmente, sino a conseguir, mediante el chantaje, su salida de España conservando derechos y privilegios, pero sin asumir costes. Algo que se ejemplifica groseramente en la astracanada de que pretendan ser independientes pero jugar en la Liga de fútbol española. Por más pecho que saque, Cataluña es débil frente a una España unida, como lo es Gran Bretaña respecto a la Unión Europea. Y, por ello, ni la UE debe negociar nunca un brexit a la carta, ni España debe acceder jamás a una independencia negociada de Cataluña.

Una comisión que coloca al PP frente a su pasado
EDITORIAL Libertad Digital 31 Marzo 2017

Solamente el paro se sitúa por delante de la corrupción en el ránking de preocupaciones de los españoles, tal como constatan los sondeos del CIS. No es para menos, porque se suceden sin fin escándalos de fraude, financiación ilegal o enriquecimiento espurio que afectan a la práctica totalidad de partidos políticos en nuestro país, y que han carcomido muy seriamente la credibilidad del sistema. Así las cosas, cabe felicitarse porque ayer, hecho inédito, todos los grupos del Congreso aprobaran crear una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP.

Como decimos, esta lacra salpica a otras formaciones. Y ahí están, sin ir más lejos, los casos que han afectado al PSOE en Andalucía. Pero el PP es hoy el partido en el Gobierno de la Nación, y está en el ojo del huracán por varios escándalos y muchos indicios que apuntan a su financiación irregular en las últimas décadas. De modo que, por higiene democrática, bueno es que, al margen de las vías judiciales en curso, el Congreso pueda tratar de arrojar luz sobre hechos tan poco ejemplares. Y los populares debieran ser los primeros interesados en que todo se esclarezca y puedan pasar página definitiva sobre un episodio que les ha hecho perder tanto apoyo ciudadano en las últimas elecciones, por más que el PP se mantenga como la primera fuerza política de este país. Así, pues, aunque su respaldo a esta comisión de investigación haya venido forzado para no quedarse totalmente aislado ante el acuerdo alcanzado por el resto de partidos, bienvenido sea. Y hay que valorarlo como algo positivo. Máxime porque los populares no hacen sino cumplir así con uno de los acuerdos alcanzados con Ciudadanos en su pacto global de investidura.

Las cosas serían muy distintas si los dirigentes del PP hubieran reconocido casos de financiación ilegal sobre los que hay más que sobradas evidencias. Se debieron depurar unas responsabilidades políticas que, nunca nos cansaremos de repetirlo, son de naturaleza bien distinta a las responsabilidades penales. Pero, en líneas generales, el PP, como suelen hacer todos los partidos con sus respectivos casos de corrupción, ha seguido la estrategia del avestruz, la de esconder la cabeza. Aún más. En plena tormenta por el caso Bárcenas, en 2013, Rajoy repitió sin cesar que "no se podrá demostrar nunca la financiación ilegal del PP, ya que nunca la ha habido".

Pues bien, desde entonces, los tribunales ya se han encargado de enmendar al presidente con sentencias como la primera del caso Gürtel, que evidencia la malversación en el PP valenciano. Y, sin ir más lejos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, acaba de reactivar la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño, en el marco de la trama Púnica. En un auto, el magistrado dejó clara la existencia de "potentes indicios y datos objetivos".

Nuestro diario ha revelado la existencia de un plan perfectamente diseñado, auspiciado por quienes fueran los tesoreros del PP nacional, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Y, como adelantamos ayer, la Confederación Empresarial Madrileña financió la campaña local del Partido Popular de Madrid en 2007. Así se desprende de la documentación incautada por la Guardia Civil al ex gerente de la formación que presidía Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, a la que ha tenido acceso EL MUNDO. La CEIM ordenó ayer mismo la apertura de una investigación interna.

Hacen falta muchas explicaciones y, desde luego, la Justicia se encargará de establecer las responsabilidades. Pero lo peor que podría hacer el PP es mirar hacia otro lado cuando se ve afectado por casos de corrupción así. Mientras no asuma y reconozca ciertos hechos, tendrá un problema. Aunque, para ser justos, también es obligado reconocer que el Gobierno de Rajoy impulsó la reforma del Código Penal que, por primera vez en democracia, permite la imputación de responsabilidad penal a las formaciones políticas, y que contempla la sanción de financiación ilegal con fuertes multas. Precisamente esa reforma posibilitó que el PP se convirtiera en el primer partido, como tal, imputado, en la causa por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas.

Cabe ahora esperar que la Comisión del Congreso realice una investigación rigurosa. Al PP hay que pedirle que no la obstruya. Y al resto de partidos, que actúen con seriedad y no conviertan este foro en un aquelarre destinado en exclusiva a linchar y desgastar a un rival político.

El PSOE, por ejemplo
José Luis González Quirós vozpopuli.es 31 Marzo 2017

Durante muchos años ha sido frecuente que algunos dirigentes socialistas afirmasen que el PSOE era el partido que más se parecía a España, y puede que tuvieran razón, especialmente cuando el PSOE ganaba las elecciones por amplia mayoría. La división que ahora es más que evidente en ese partido refleja bien el estado de malestar de una parte muy significativa de la izquierda española.

Los partidos son instrumentos de representación, y aunque haya mucho de teoría idealizada en esa idea, mal que bien han cumplido con esa función, pero tienen que ser algo más, se les exige que sean órganos de participación y que contribuyan a construir la política que mejor sirva a los intereses más básicos y comunes de una sociedad que no es uniforme y que no puede sino ser conflictiva. Algo marcha mal, por tanto, cuando los partidos mismos se convierten en un problema, y esa es la perspectiva en la que hay que entender tanto la crisis del PSOE como la situación de anormalidad disimulada por el éxito aparente en que vive el PP. Los datos electorales y las encuestas indican que el conjunto de esos dos partidos ha perdido en la última década un porcentaje muy alto de su aprecio, habiéndose roto el fulcro político que convertía las pérdidas de uno en alzas del otro, y, de ahí, la emergencia de nuevas formaciones que no llegan a alcanzar el número de diputados necesario como para jubilarlos, pero que los dejan lejos de la mayoría suficiente para gobernar. Es en este contexto en el que los militantes socialistas van a decidir entre dos proyectos de apariencia muy distinta para el futuro del PSOE.

Los diferentes públicos de la derecha y la izquierda
Los electores del arco de la derecha sienten una fuerte tendencia a conformarse con lo que les ofrece elPP, especialmente porque el miedo les hace creer que cualquier otra cosa resultaría peor, y es parte esencial de la visión conservadora del mundo una persistente increencia en las virtudes del cambio; el público de la izquierda, además de ser más plural, está más ideologizado y es más propenso al debate y, por tanto, a la división, de forma que sus querellas internas contribuyen de manera decisiva a que engorde el resultado rival. Desde esta perspectiva fue en verdad extraordinario que el PSOE haya conseguido mantener un predominio político indiscutible entre 1982 y 1996, una buena quincena de años. Naturalmente, el precio pagado para sostener ese dominio no ha sido pequeño, y lo que hay que resaltar es que desde que Aznar consiguió derrotar a Felipe González en 1996, el PSOE parece haber perdido esa capacidad de concentración de poder. El que ahora haya quienes defienden un proyecto para el PSOE que sea idéntico al de Felipe González solo ilustra sobre la inmensa capacidad de no enterarse de lo que pasa con la que algunos políticos pretenden seguir ejerciendo su función.

Un Zapatero de quita y pon
El caso Zapatero podría invocarse como una excepción a este argumento respecto a la perdida de funcionalidad política del PSOE, pero eso sería al precio de ignorar hasta qué punto su gestión, además de bastante funesta en términos generales, fue catastrófica para su partido. Zapatero hizo de la izquierda una caricatura ridícula al dedicar su política a causas marginales confundiendo estrepitosamente los valores sociológicos de la izquierda: a él se debe de manera inequívoca una postración electoral que solo con muy mala fe puede atribuirse al atribulado paso de Pedro Sánchez por la secretaría general. Por eso resulta curioso que sea ahora Zapatero uno de los endosadores, junto con las más viejas guardias, de la candidatura de Susana Díaz: además de la recuperación imposible de un pasado mitificado se pretende reciclar como un sólido valor político al artífice de la desnaturalización de la izquierda socialista y, para más inri, se sugiere que eso se hace para evitar el alza de los separatismos y de las nuevas izquierdas que son los auténticos beneficiados del mandato zapateril.

Lo que esto pone de manifiesto es que en el PSOE, pero también en el PP, hay una auténtica bunkerización de los aparatos que pretenden gobernar ese partido al margen de la voluntad política de los ciudadanos y, por supuesto, de los militantes, sin caer en la cuenta de que ha sido precisamente esa privatización del partido, la causa del progresivo desafecto de sus electores. Se trata de dinámicas de apropiación muy fuertes que se dan en todas partes, pero que, si no se saben combatir y minimizar, acaban destrozando el significado político de los partidos.

Sánchez, el malo de la película
Si los militantes socialistas hacen caso a Marhuenda o al ABC, que son fuentes autorizadas, y por citar solo algunas, harán líder del PSOE a Díaz para evitar, se supone que definitivamente, la amenaza del pérfido Sánchez, pero acaso suceda que no todos los socialistas dispuestos a votar sean sensibles a semejantes consejas.

Sánchez ha sido objeto de la conjura más chapucera y cínica que se ha visto en las últimas décadas, y lo ha sido por varias razones, pero entre otras porque se negó a admitir los mandatos e intereses de quienes lo ayudaron a llegar a Ferraz, es decir, porque se tomó en serio la idea de que él era el líder del PSOE, un partido en el que el liderazgo no ha tenido nunca una función meramente administrativa. Le tocó moverse en un escenario casi imposible y eligió un enfrentamiento desabrido y a cara de perro con Rajoy del que no obtuvo los frutos esperados, pero ha hecho varias cosas tan insólitas como saludables en un líder político, irse al paro, o renunciar al escaño por coherencia, aun sabiendo que quienes se lo recomendaban querían tenderle una trampa, y ese es uno de los varios motivos por las que muchos militantes socialistas pueden ver en él una posibilidad razonable de resurrección.

Veremos qué deciden, pero sería muy lamentable que lo que queda de aparato del PSOE siga jugando al vudú con el aspirante sin que nadie proteste porque, por ejemplo, el portavoz de la Gestora sea, al tiempo, la mano derecha de la candidata andaluza. Con esa forma de ganar elecciones se puede mantener el control de un chiringuito tendente a la inanidad, pero no se puede ganar la confianza de casi nadie con un mínimo de independencia de criterio.

Algo más que un milagro
Suponer que una victoria de Sánchez arreglaría algo importante en el PSOE es una ingenuidad, porque el PSOE va a salir dolorosamente dividido de este trance, pero es posible que sea el único modo de iniciar una significativa recuperación política de ese partido y, con ello, la recreación del espacio necesario para un bipartidismo funcional. Un nuevo PSOE forzaría al PP a su propia catarsis, mientras que más de lo mismo dejaría razonablemente expedito el camino a Rajoy para intentar pulverizar records de permanencia. Las victorias frente a los aparatos pertenecen al reino de la fantasía en el universo de los partidos, pero es en las situaciones de agotamiento cuando pueden ser mínimamente verosímiles y es evidente que el PSOE está a un palmo de ese trance.

No bastará, sin embargo, el siempre improbable milagro de una victoria del apaleado Quijote socialista para lograr que el PSOE pueda volver a ser uno de los pilares de un sistema funcional, pero me temo que, sin ser suficiente, pueda ser absolutamente necesaria, del mismo modo que la liquidación política del rajoyismo es una condición imprescindible para que vuelva a existir algo a lo que se pueda considerar una fuerza liberal-conservadora razonable y a la altura de los tiempos.

La amenaza fantoche de Podemos ha sido el ariete que le ha permitido a Rajoy evitar que su evidente desgaste se tradujese en derrota, aunque apenas se pueda llamar victoria a lo que ha conseguido, y será curioso ver cómo esa misma cautela pueda servir para que el sector más temeroso de perder sus prebendas en la tarta socialista siga haciéndose con el control del partido para evitar, supuestamente, que caiga en manos pecadoras. Sorpresas te da la vida.

Las democracias se forjan, y se deshacen, más con costumbres y tradiciones que con meras leyes, que lo mismo amparan al truhan que desconciertan al decente. Que la gestora del PSOE haya pedido el auxilio del Tribunal de Cuentas, que es como una especie de hogar del jubilado de los grandes partidos, es una muestra de que el aparato está dispuesto a lo que sea con tal de mantener el control, de modo que, aunque a veces no lo parezca, en esta escaramuza socialista se está jugando también parte del honor no demasiado intacto de la forma de democracia de que ahora mismo disfrutamos.

Montoro incumple: así se salta sus compromisos de déficit con Bruselas
España se comprometió a reducir el déficit al 2,8% del PIB en 2016, pero ha cerrado en el 4,5%, un desvío del 61%. Sucede lo mismo desde 2012.
| Libertad Digital 31 Marzo 2017

"El objetivo inicial de déficit no existe". El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconoció este jueves que las promesas y compromisos del PP en materia presupuestaria no tienen demasiado valor. Al menos mientras exista la posibilidad de implorar en Bruselas para que los suban una vez más.

Montoro presenta este viernes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y, como todos los años, el ministro se encargará de cuadrar las cuentas sobre el papel para decir alto y claro que España cumplirá el objetivo de déficit acordado con Bruselas, del 3,1% del PIB a cierre del presente ejercicio. Sin embargo, a la vista de los datos que se expondrán a continuación, tal afirmación carece de credibilidad alguna.

Como admite el propio Montoro, "el objetivo inicial no existe". No sólo eso, en otro momento de la rueda de prensa, ni siquiera quiso responder cuando le preguntaron si era cierto que 2016 era el primer año en el que su Gobierno había cumplido con alguno de los objetivos de déficit pactados. Esto fue lo que dijo: "No es así para nada [que sea la primera vez que se cumple un objetivo]. Pero no vamos a destruir todas las leyendas urbanas. Lo importante es el cuadro que hemos dado. ¿Hemos bajado el déficit a menos de la mitad? ¿España está creciendo y creando empleo? Sí. Eso es lo importante. Si hacemos la historia de cada año y de las revisiones de cada año… Pero hace mucho que no me peleo con eso titulares". Es decir, que no quiso admitir lo evidente: en ninguno de los últimos cinco ejercicios el déficit han estado por debajo de la cifra que el Gobierno manejaba al comienzo del año. Y sólo en 2016 se ha logrado bajar de la cifra renegociada a mitad del año con Bruselas.

En este sentido, la estrategia fiscal que ha seguido el PP desde que llegó al poder a finales de 2011 ha sido siempre la misma: prometer a las autoridades comunitarias que es un Gobierno responsable y, por tanto, cumplirá los objetivos cuando presenta los Presupuestos; posteriormente, una vez aprobados y conforme la ejecución presupuestaria se desvía de la tendencia marcada, empieza a presionar a Bruselas para renegociar al alza los objetivos previstos, minimizando así la necesidad de ajustes; y no sólo una vez, sino las que sean necesarias hasta que el objetivo se aproxime al déficit real del Estado. De esta forma, cuando acaba el ejercicio y Montoro presenta los datos de déficit, puede vanagloriarse de que el Ejecutivo ha cumplido -o casi, porque en realidad ni siquiera esos nuevos límites pactados se han alcanzado-.

Ésta y no otra es la tónica que ha seguido el PP durante sus años en el Gobierno. Los datos no mienten. Una cosa son los objetivos iniciales que marca la UE y otra muy distinta el déficit real que acaba registrando el Estado. ¿Qué pasará en 2017? Ahora mismo, la cifra oficial es del 3,1% y Montoro asegura que servirá para que España salga del procedimiento de déficit excesivo. Sería la primera vez desde que es ministro de Hacienda que consigue alcanzar el dato al que se comprometió al comenzar el año.

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Evolución del saldo de las AAPP 2011-2016

- 2011: las cuentas públicas arrojaron un agujero del 9,5% del PIB frente al 6% que había acordado el anterior gobierno socialista de Zapatero con la UE y que Elena Salgado defendió que se cumpliría hasta el último momento. Los populares se agarraron a ese desvío para justificar los recortes de gasto y, sobre todo, el sablazo fiscal que impuso el nuevo Gobierno a empresas y familias, saltándose por completo el programa electoral y el discurso de investidura de Mariano Rajoy. En aquel momento, la excusa fue que se trataba de un agujero inesperado, aunque meses antes de que el PP ganara las elecciones ya parecía muy complicado que España cumpliera el umbral marcado por Bruselas.

- 2012: sea como fuere, durante sus primeros meses en La Moncloa, Rajoy mantuvo los objetivos iniciales de consolidación, afirmando que reduciría el déficit hasta el 4,4% en 2012 y hasta el 3% en 2013. Pero poco duró la apuesta. En la primavera de 2012, el Gobierno elevó de forma unilateral el objetivo de déficit al 5,8% en 2012, aunque mantenía la meta inicial del 3% para 2013.

Posteriormente, tras presionar y renegociar con Bruselas, el PP logró al final acordar con la Comisión Europea un objetivo del 5,3% para 2012 (desde el 4,4% inicial) y del 3% para 2013. Al mismo tiempo, preveía un agujero del 2,2% en 2014 y del 1,1% en 2015, tal y como refleja el Programa de Estabilidad 2012-2015, el primero elaborado por Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.

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Pocos meses después, y a la vista de que España tampoco cumpliría esos objetivos, el PP volvió a renegociar las condiciones pactadas con Bruselas, elevando, por segunda vez, los objetivos de déficit al 6,3% en 2012 (frente al 5,3% comprometido anteriormente), al 4,5% en 2013 (frente al 3% anunciado) y al 2,8% en 2014 (frente al 2,2% inicial).

Al final, el déficit de 2012 ascendió al 6,79% del PIB sin contar las ayudas al sector financiero y al 10,47% si se incluyen estas ayudas. Hay que recordar que el objetivo inicial era del 4,4% y el final del 6,3%. Ninguno de los dos se alcanzó.

- 2013: este año la dinámica volvió a ser la misma. Un objetivo inicial que desde muy pronto parece claro que no se cumplirá. Sucesivas rondas de renegociación con Bruselas. Un objetivo final más acorde a las cifras que se iban conociendo mes a mes... Y el incumplimiento tanto de la cifra inicial como de la final.

En aquel año, Rajoy anunció muy pronto que España cerraría ese ejercicio con un déficit del 6% frente al 4,5% fijado por Bruselas. Tras negociar otra vez con la Comisión, la UE acuerda en mayo de ese año elevar una vez más los límites fijados para España, situándolos finalmente en el 6,5% del PIB en 2013.

Pues bien, el déficit público cerró 2013 en el 6,68% del PIB sin contar las ayudas a la banca y en el 7,00% si se incluyen. El Gobierno ni siquiera fue capaz de alcanzar el 6,5% renegociado con la UE y que era muy superior a la cifra inicial prometida, que era del 4,5% del PIB.

- 2014: hay que recordar que en 2012 la primera cifra de déficit que el Gobierno ofreció para 2014 fue el 2,2% del PIB. Luego, según se fueron incumpliendo los datos de 2012 y 2013, ese nivel fue subiendo, hacia un límite más acorde con el grado de cumplimiento presupuestario de que hacía gala el Gobierno.

Tras el cierre de 2013 y ese 6,68% de déficit, la UE nos dio mucho más margen para el siguiente año. En 2014, el objetivo oficial seguía siendo el 5,5% (ver el siguiente cuadro del Programa de Estabilidad 2014-2017). Tras pedir más margen en Bruselas, se subió esa cifra al 5,8% del PIB. La cifra final fue del 5,86% sin contar las ayudas a la banca y del 5,99% si se suman estas ayudas. Tampoco cumplimos, aunque éste es el año en el que más cerca estuvo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

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Programa Estabilidad 2014-2017

- 2015: éste fue el ejercicio en el que las palabras y promesas del Gobierno más lejos estuvieron de las cifras finales. España comenzó el año con un objetivo de déficit de 4,2% del PIB (cogemos esa cifra aunque era superior a la primera que el Gobierno ofreció en el Programa de Estabilidad 2012-15).

En abril de 2015, todavía se mantenía ese objetivo, como puede verse en la siguiente tabla. Pues bien, incluso aunque fue un ejercicio de fuerte crecimiento del PIB, por encima del 3%, la cifra final de déficit se disparó hasta el 5,08% casi un punto por encima de lo acordado con Bruselas. Este nuevo incumplimiento no gustó nada en la UE y a punto estuvo de acarrear e España una multa por saltarse de forma reiterada los objetivos de déficit.

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Programa de Estabilidad 2015-2017

- 2016: el pasado año, el Gobierno lo comenzó con un objetivo de déficit del 2,8%. No sólo ésa era la cifra incluida en los PGE-2016, sino que en marzo, cuando Montoro presentó el cierre del ejercicio presupuestario de 2015, mantuvo esa cifra del 2,8%. Sólo a partir de abril, en el Programa de Estabilidad 2016-2019 (ver siguiente cuadro) el Gobierno cambió esa cifra y empezó a hablar del 3,6%.

En verano se llegó a un último acuerdo con Bruselas para elevar el objetivo hasta el 4,6%. Por eso, este jueves, el ministro de Hacienda celebraba que se había logrado la meta: el déficit fue del 4,33% del PIB (o del 4,54% con ayudas a la banca). Por fin, cinco años después, y tras innumerables subidas en el objetivo inicial pactado, España está por debajo de la cifra de déficit que Bruselas le exige... aunque el 4,33% sigue estando un punto y medio del PIB por encima del nivel del que el propio Montoro hablaba hace un año y siete décimas por encima de lo prometido en abril. Y eso en un ejercicio en el que se mantuvo el fuerte ritmo de crecimiento económico y creación de empleo.

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Programa de Estabilidad 2016-2019

Como vemos en los diferentes cuadros, las cifras finales de déficit están muy lejos de las que el Gobierno prometió que conseguiría. Además, no sólo hablamos de los primeros años de la legislatura, marcados por la crisis y en los que se puede alegar que la herencia recibida supuso una carga excesiva para el nuevo Gobierno. Los tres cuadros que mostramos pertenecen a los Programas de Estabilidad de 2014, 2015 y 2016, cuando el Gobierno llevaba ya al menos dos años de legislatura y había vuelto el crecimiento.

Es la información que el Gobierno manda a Bruselas en abril de cada año, con el ejercicio ya comenzado y una vez que conoce los primeros datos de recaudación y gasto. Además, hablamos de tres años en los que el crecimiento económico y la creación de empleo estuvieron por encima de lo previsto. Pues bien, incluso así, los incumplimientos han sido reiterados: cuatro décimas en 2014, nueve décimas en 2015 y siete décimas en 2016 de desviación. No respecto a la primera promesa, sino respecto a lo planteado en abril (y no hemos tenido en cuenta en ninguno de estos cálculos las ayudas a las cajas de ahorros).


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Blanqueamiento de ETA: en mi nombre, NO
Francisco José Alcaraz Libertad Digital  31 Marzo 2017

ETA prepara un acto de blanqueamiento para el 8 de abril. Un acto de blanqueamiento de sus zulos con armas oxidadas y controlados por cuerpos policiales.

Este anuncio de ETA ha tenido una respuesta coherente de quienes no nos dejamos engañar ni nos hemos sumado al proceso de su blanqueamiento. Que ETA pretenda blanquearse es algo esperado y que forma parte de lo pactado en el proceso de rendición del Estado de Derecho. Aunque duele que este proceso avance, por conllevar una tremenda impunidad y una gran recompensa por dejar de cometer crímenes terroristas, lo que realmente me indigna es la actitud de los políticos que pretenden blanquear su traición.

Dice el PP Vasco que realizará "un acto alternativo" al desarme de ETA en el que estarán el Gobierno, víctimas y los que fueron a las manifestaciones y portaron el lazo azul. Creía que la hipocresía de los líderes del PP había tocado fondo; me equivoqué. Vuelven a utilizar a víctimas que se dejan para intentar darles la autoridad moral que perdieron.

Si realmente quieren contrarrestar la campaña de ETA, lo tienen fácil: cumplan todas y cada una de las exigencias que se hacían a Zapatero en las manifestaciones de la Rebelión Cívica, a las que muchos de ellos iban enfadados por no estar en la primera pancarta.

Si quieren dar respuesta a ETA y homenajear a las víctimas con la justicia y la verdad, además de cumplir con su compromisos electorales pueden hacer lo siguiente:

1) Hacer públicas las actas de la negociación con ETA, que con tanta insistencia exigían al PSOE.

2) Derogar el permiso parlamentario vigente para negociar con ETA. Una exigencia en la modificación de Ley de Víctimas que propusimos para que nunca se negociara con terroristas y que se negaron a apoyar.

3) Eliminar la vía Nanclares, creada por Rubalcaba y que tiene como finalidad el acercamiento y las excarcelaciones de terroristas. La vía Nanclares que fue criticada por el PP, que pidió derogarla, y que Rajoy ha suavizado en favor de los etarras.

4) Detener a Josu Ternera y a todos los terroristas que se pasean por distintos países con total impunidad. Ternera está controlado por fuerzas policiales que tienen órdenes de no detenerlo.

5) Aplicar la Ley de Partidos y expulsar de las instituciones al partido de los proetarras. Las centenares de pruebas sobrevenidas en estos cinco años son más que suficientes para ello.

6) Permitir que se sepa toda la verdad del proceso, como se exigió a Zapatero.

El séptimo punto sería un cúmulo de compromisos incumplidos por Rajoy en política antiterrorista que no olvidara los hechos consumados en la traición, con más de un centenar de etarras, violadores y pederastas excarcelados bajo un pretexto alegal e inmoral.

Los hechos demuestran que Rajoy utilizó y utiliza a las víctimas del terrorismo con fines partidistas, las utiliza para blanquear su traición. Ante este blanqueamiento, donde se encuentran políticos, medios de comunicación e incluso responsables de asociaciones o fundaciones de víctimas, tengo que seguir gritando alto y claro: EN MI NOMBRE, NO.

Camisas pardas catalanas
Isabel San Sebastián ABC 31 Marzo 2017

EL nacional-socialismo alemán del siglo pasado contó para su ascenso al poder con una tropa de asalto posteriormente disuelta llamada Sturmabteilung, cuyos integrantes han pasado a la historia con el apelativo despreciable de «camisas pardas». El nacionalismo vasco dispuso, hasta bien entrado el XXI, de una banda armada conocida por sus siglas, ETA, experta en sacudir el árbol del terror para que el PNV se hartara de recoger nueces. El nacionalismo catalán embarcado en el actual «prusés» tiene a las CUP. Los métodos de estas fuerzas de ataque varían, pero todas ellas comparten un mismo afán intimidatorio. Una función idéntica, consistente en someter por el miedo a quien no se deja adoctrinar mediante la propaganda o el soborno. Igual ausencia de escrúpulos a la hora de ejercer su rufianesca tarea. Y lo peor es que tienen éxito. Consiguen lo que se proponen. Allá donde asientan sus reales logran subyugar o callar a una parte mayoritaria de la sociedad asediada, que prefiere mimetizarse con el paisaje, emigrar o simplemente inhibirse antes que enfrentarse a esa horda.

Los «camisas pardas» catalanes, buenos amigos de Batasuna, han asaltado la sede del PP en Barcelona en lo que, en su opinión, constituye una «acción política de calle» perfectamente respetable y en absoluto violenta. No ha corrido la sangre, argumentan, luego su conducta encaja en los cánones que rigen su concepto de la democracia, que ampara pedir públicamente tiros en la nuca para el Rey como algo de lo más normal. Les sorprende por ello que alguien pueda condenar su acción. En particular, que lo hagan los portavoces de ERC y PDECat (la antigua CiU) en el Parlament. Y en este punto, confieso, debo darles la razón. Resulta bastante hipócrita verter lágrimas de cocodrilo sobre algo que estás alentando con un victimismo infame. Condenar con la boca chica unos hechos comprensibles y hasta susceptibles de ser secundados si hubiera algo de cierto en el escenario de opresión que fue a dibujar Puigdemont en un sótano del campus de Harvard, comparándose con Luther King. Renegar, de cara a la galería, de la «vanguardia» que te abre camino.

Los «chicos de la gasolina» del separatismo catalán han irrumpido por la fuerza en los locales del PP la víspera de que Rajoy llegara a la Ciudad Condal en funciones de Melchor, Gaspar y Baltasar, con más de 4.000 millones de euros en las alforjas. Euros salidos de nuestros bolsillos, los de todos los españoles, generosamente prodigados a modo de tributo por ver si de esa forma se convencen los más díscolos de lo bueno que es permanecer juntos. Euros que confirman a Cataluña como la comunidad mejor tratada en los últimos diez años de cuantas componen el mapa autonómico, con casi un 20 por ciento de las inversiones en infraestructuras. Euros a los que pronto se sumará una quita de la deuda, nos anuncia el ministro Montoro, para dejar bien claro que atenerse al presupuesto disponible a costa de grandes sacrificios, como hace Madrid, es propio de imbéciles, porque lo inteligente es gastar lo que no se tiene en «construcción nacional» y otros caprichos, entramparse hasta las cejas, y luego llorar bien alto para que papá Estado, al que acusas de estar robándote, se haga cargo de la cuenta.

La «operación diálogo» del Gobierno en Cataluña se ha saldado, hasta la fecha, con una sucesión ininterrumpida de humillaciones por parte de los supuestos interlocutores locales, pero siempre hay hueco para una más cuando la capacidad de aguante es ilimitada. La suya, claro. La de otros muchos lleva ya tiempo colmada.

La UE pone fin al delirio separatista
EDITORIAL El Mundo 31 Marzo 2017

Los líderes europeos echaron ayer un jarro de agua fría a los independentistas catalanes y otros separatistas que aspiran a aprovechar el descontento escocés con el Brexit para que la Unión Europea revise sus fronteras. Por primera vez, Angela Merkel se comprometió en público y en presencia de Mariano Rajoy a no reconocer ninguna secesión que se produzca en territorio europeo. Las palabras de la canciller se vieron reforzadas por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que afirmó que lo verdaderamente patriótico es ser miembro de la UE y defender desde la unidad la soberanía nacional.

Este discurso representa la toma de postura más categórica de la UE contra el separatismo. En su artículo 2, el Tratado de Lisboa hace referencia a que la UE se fundamenta en el respeto al Estado de Derecho y el pasado fin de semana, en el marco de las celebraciones del 60 aniversario del Tratado de Roma, los líderes se reafirmaron en esa idea. Sin embargo, el mensaje lanzado este jueves desde La Valeta (Malta) -un día después de activarse al Brexit- va más allá. La UE se posiciona ya sin tapujos, con voz clara y alta, contra el independentismo europeo.

La declaración de la canciller alemana supone un importante espaldarazo al Gobierno español en su estrategia por detener a los secesionistas de Cataluña. Es cierto que hubiera sido deseable que Merkel y Tusk se hubiesen pronunciado antes en favor de preservar la integridad territorial de los Estados europeos. Pero en cualquier caso, ha sido muy oportuna. Entre otros motivos porque con este rotundo discurso, la UE pone una cómica guinda a la rocambolesca ofensiva internacional lanzada por la Generalitat estos días.

En su viaje a ninguna parte, el presidente catalán, Carles Puigdemont, se ha ido a EEUU para explicar "lo que está pasando en Cataluña". Allí no sólo no ha logrado cerrar ningún encuentro de alto nivel político. Tampoco ha conseguido que le reciban en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Quizás esto haya sido lo más esperpéntico de su periplo, ya que la Generalitat llegó a difundir una nota de prensa que afirmaba que Puigdemont iba a visitar las instalaciones de esta prestigiosa universidad cuando lo que hizo fue visitar el edificio de oficinas de un proveedor.

En su obsesión por construir su posverdad, la Generalitat también ha protagonizado un escabroso episodio en Londres al falsear el cargo de Raül Romeva para que The Guardian le firmase un artículo sobre el Brexit como ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña.

Pese a los continuos intentos de manipulación y a la cada vez mayor asignación económica que el separatismo está dedicando a su causa, los apoyos a la secesión de Cataluña son cada vez menores. El barómetro presentado ayer por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat revela que los catalanes contrarios a la independencia superan en cuatro puntos a los partidarios. Es un dato relevante. Primero porque la brecha entre ambos ha aumentado desde diciembre en favor de quienes quieren permanecer en España. Y también porque muestra un cambio de tendencia en la opinión pública que en los últimos años había derivado hacia posturas secesionistas. La realidad es tozuda y hoy parece más cercano el momento en el que se va a imponer en Cataluña.

Europa contra el separatismo
Editorial La Razon 31 Marzo 2017

No es la primera vez que Europa expresa de manera nítida y resuelta su posición frente a la amenaza de los movimientos de carácter separatista que anidan en su seno. Ayer, durante su intervención en el congreso del Partido Popular Europeo, la canciller alemana, Angela Merkel, dio un paso más al dictaminar que nadie va a poner a prueba el principio de integridad territorial de los estados miembros de la Europa comunitaria, afirmación respaldada inmediatamente por el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, que alertó, además, contra los nacionalismos y separatismos que no sólo tratan de debilitar a la Unión Europea, sino que, en palabras textuales, «amenazan a sus propias comunidades y debilitan su propia soberanía». Por supuesto, no hubo referencia expresa al proceso separatista en Cataluña, tratado siempre con exquisito respeto por los dirigentes comunitarios, por tratarse de un problema interno de un país miembro, pero no hacía falta. De hecho, la canciller alemana acababa de mantener, fuera de agenda, un encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que ambos mandatarios trataron la prioridad de que Europa se mantenga unida y firme en las negociaciones del Brexit para no dar ningún aliento al fantasma del nacionalismo. En definitiva, un cierre de filas con la democracia española y su ordenamiento constitucional, que refleja, asimismo, la voluntad europea de mantener su unidad frente a quienes tratan de romperla.

Como señalábamos al principio, aunque desde todas las instituciones de la UE se ha venido reiterando el mismo mensaje de rechazo al separatismo catalán –como a otros movimientos secesionistas–, el Gobierno de la Generalitat todavía trata de mantener la ficción de que una Cataluña separada contaría, si no con el apoyo, al menos con la neutralidad del resto de los países comunitarios. Nada más incierto. Ya, ni siquiera el gigantesco esfuerzo de propaganda exterior e interior desplegado por el Ejecutivo catalán –con el uso a discreción del dinero público–consigue calar en la opinión pública catalana, que siempre ha sido el último destinatario de las campañas publicitarias.

Los recientes esfuerzos separatistas, como los viajes al extranjero del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se cuentan por fracasos, cuando no rayan directamente en el ridículo de quien, fugado de la realidad, se atreve a compararse con Martín Luther King o Nelson Mandela. Las viejas naciones democráticas del mundo conocen perfectamente lo que son y han representando los nacionalismos como para «comprar» la mercancía averiada de Puigdemont. Pero a medida que la realidad va desmontando una a una las medias verdades, cuando no flagrantes mentiras, de los separatistas, la sociedad catalana va cambiando una percepción que, no hay que olvidarlo, vino en buena parte inducida por unos políticos oportunistas que se aprovecharon del desconcierto social provocado por la grave crisis económica que sufrió España.

Así, ayer, el CIS catalán hacía públicos los resultados de su último sondeo, que reflejan ese cambio de percepción de los ciudadanos catalanes al que antes nos referíamos. No sólo se incrementa notablemente la ventaja de quienes rechazan la hipotética independencia de Cataluña –el 48,5 por ciento de los consultados se oponen a la separación, frente al 44,3 por ciento que la apoyarían–, sino que los partidos soberanistas, Junts pel Si y las CUP, perderían su actual mayoría absoluta en el Parlamento catalán de celebrarse hoy las elecciones autonómicas. La mentira comienza a pasar factura a los independentistas.

Merkel dice no a la secesión en la UE
Pablo Sebastián Republica 31 Marzo 2017

‘No hay que tocar la integridad territorial de los Estados’ de la UE. Así de claro ha dejado la canciller Angela Merkel la posición de su país y en suma de la UE sobre la pretensión de independencia y del posterior ingreso en la UE de territorios como Escocia, Cataluña, Padania o incluso Baviera en los que con mayor o menor intensidad se registran movimientos secesionistas.

Se acabaron pues las mentiras continuadas por parte de quienes desde el Gobierno catalán pretenden engañar a sus ciudadanos diciendo que romper con España es muy fácil y que una vez fuera podrá ingresar en la UE.

Una patraña más de las muchas que se han utilizado en los últimos años para movilizar a los catalanes contra España. Pero el juego y el proceso se empiezan a desinflar. Ayer mismo una encuesta de la Generalitat reconocía que el ‘no a la de independencia’ había subido en los últimos meses y ahora se situaba en 4,2 puntos por encima del ‘sí’.

Y esa diferencia volverá a crecer porque está claro que Europa será, ahora más que nunca, implacable contra los secesionistas. No en vano bastante tenemos con el Brexit y los disparates de Trump como para meternos en unos procesos rompedores de los Estados que pondrían punto final a la gran aventura europea.

La advertencia de Merkel afecta a Cataluña pero también a Escocia incluso si su independencia se produce después de la salida del Reino Unido de la UE. De manera que si los escoceses se independizan de Gran Bretaña no serán admitidos en la UE, y además España no lo consentirá. De ahí que si la permanencia en la UE es el argumento de Escocia para romper su relación con el Reino Unido se van a equivocar porque la UE no jugará a eso porque sería tanto como crear un precedente que no podemos aceptar.

Otro capítulo que está haciendo mella en el secesionismo catalán, además de la corrupción del 3 % de los gobiernos de Mas y Pujol, está en la continua fuga de empresas e inversores del territorio catalán. Una grave situación a la que acaba de responder Rajoy con el anuncio de una importante inversión de 4.000 millones en infraestructuras catalanas.

Y ¿a pesar de todo esto y de los últimos escarceos violentos de la CUP pretenden Puigdemont y Junqueras convocar un referéndum ilegal de autodeterminación? De entrada vamos a ver lo que dura esa coalición de ‘Juntos por el sí’, porque todo apunta a elecciones anticipadas catalanas donde ERC y el PD irán por separado y con tendencia a caer en votos y en escaños ante el fracaso de un proceso hacia ninguna parte, como lo acaba de subrayar Merkel por enésima vez.

El Gobierno frenará en los tribunales las últimas leyes del tripartito valenciano
El Ejecutivo recurrirá el decreto que relega el castellano y la norma antidesahucios
Rosana B. Crespo ABC 31 Marzo 2017

Las últimas políticas puestas en marcha por el Gobierno valenciano dirigido por PSPV-PSOE y Compromís han provocado una «batalla» con el Ejecutivo central, que ha decidido actuar bajo la amenaza de llevarlas a los tribunales. Durante los dos últimos días ha ocurrido con el decreto de plurilingüismo y con la ley de función social de la vivienda, en ambos casos de reciente aprobación.

La primera intervención ya se produjo el pasado octubre con la norma de la nueva Radiotelevisión valenciana. Antes de llegar al recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno decidía convocar una comisión bilateral cuyo plazo acaba el próximo abril con el objetivo de tratar «discrepancias» sobre dos artículos referidos a que para formar la nueva plantilla se valorará como mérito diferenciado el haber trabajado en la anterior RTVV.

Esta semana las advertencias del Ejecutivo central también llegaban por el nuevo decreto que regula el modelo lingüístico en la enseñanza, con el cual sólo los alumnos que cursen la mayoría de materias en valenciano obtendrán automáticamente las certificaciones de inglés al acabar el Bachiller, algo que no ocurre con el castellano.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, explicó el miércoles que el pasado 10 de marzo envió una «carta de colaboración» a la Conselleria para que «rectificara» ese decreto al entender que existe diferencia de trato entre los estudiantes según la lengua que elijan. Si la Generalitat no lo hace dentro del plazo establecido, advirtió, se le enviará un requerimiento que, de no ser atendido, acabará en un recurso contencioso administrativo.

Desafío de Puig
El jefe del Consell, Ximo Puig, defendió ayer su legalidad desde la tribuna de las Cortes y respondió al ministro: «Si está preocupado por la discriminación lingüística bienvenido. Aquí el valenciano ha sido la lengua minorizada y merece el apoyo del Gobierno». Ahora, y tras las aclaraciones que envíe el Ejecutivo autonómico, el central deberá decidir los siguientes pasos.

Una situación similar se produce con la ley de función social de la vivienda -la primera que el Gobierno valenciano sacaba por iniciativa propia durante la actual legislatura-, que fue aprobada el pasado enero en las Cortes con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra del PP. La norma incluye la expropiación forzosa del usufructo de la vivienda por parte del Gobierno en caso de que se produzca un desahucio, afectando especialmente a los bancos, aunque también a fondos buitre o grandes tenedores.

Esta competencia ha sido regulada por otras autonomías, donde el Ejecutivo central ya lo ha recurrido al Tribunal Constitucional. Además, el Consell Jurídic Consultiu emitió en su momento un informe en el que veía inconstitucional los puntos que afectan al sentido de la propiedad, adviertiendo de que no se puede forzar al banco a alquilar un piso a una persona desahuciada aunque el impago se produzca por circunstancias de emergencia social.

La advertencia ya ha sido verbalizada y ayer la titular autonómica de Vivienda, María José Salvador, anunciaba que el Gobierno ha propuesto la creación de una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre la norma antes de interponer el recurso. El Consell aceptará la oferta pero defenderá la legalidad de la ley.

a favor: Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E
Derogada la ley que prohibía la ikurriña en los ayuntamientos de Navarra
 gaceta.es 31 Marzo 2017

El pleno del Parlamento foral ha derogado este jueves la Ley de Símbolos de Navarra, lo que supone eliminar la actual prohibición de que la ikurriña vasca ondee en los ayuntamientos de Navarra.

El debate para derogar la ley de 2003, que ha contado con los votos a favor de los partidos que sustentan al Gobierno foral (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E) y en contra de PSN-PSOE, UPN y PP, ha comenzado con tensión por la exhibición de varias banderas en la bancada.

Los parlamentarios de UPN y PPN han exhibido banderas de Navarra, contestadas por la republicana desde I-E, lo que los primeros han tildado de "inconstitucional".

La presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznarez (Podemos), ha instado a la retirada de las enseñas, petición no atendida por los parlamentarios, lo que ha llevado a la suspensión temporal de la sesión. Finalmente el pleno ha continuado con todas las banderas sobre los escaños.

El debate de la derogación en el Parlamento se ha celebrado la misma semana en que el Consejo de Navarra ha emitido un informe en el que se señala que, "desde el plano constitucional, nada impide la derogación de la ley", aunque se advierte que con su aprobación se puede crear una situación de "incertidumbre jurídica".

La presidenta navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), a su llegada al Parlamento, ha declarado a los periodistas que el citado informe del Consejo "habrá de tenerse en cuenta" a partir de ahora ante el posible vacío legal.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, por su parte, señaló hace unos días en una entrevista con EFE que, tras la derogación, no habrá "vacío legal" para el resto de símbolos, porque seguirá vigente lo dispuesto en la Constitución, la ley de 1981 sobre el uso de banderas oficiales y el Amejoramiento del Fuero.

La ley foral de derogación de la norma actual aprobada esta mañana mantiene como himno de Navarra el denominado Himno de las Cortes, "en tanto y cuanto no se apruebe una nueva Ley Foral de Símbolos", precisa el texto.

En la exposición de motivos se arguye que el "camino de la exclusión y la prohibición" emprendido al amparo de la Ley Foral 24/2003 (la que ha quedado derogada) ha conducido a una "espiral de enfrentamiento y restricción en el empleo de símbolos mayoritariamente aceptados por distintas entidades locales".

Se recuerda también que dicha norma, concebida para "predicar la nulidad de pleno derecho de otras banderas", no ha servido para resolver el problema de fondo, más allá de la acumulación de demandas por infracción generada a lo largo de más de una década.

En este sentido cabe recordar que el TSJN sentenció el pasado verano que, para la colocación de la ikurriña durante las fiestas locales en los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla, Berriozar, Estella, Lakuntza, Etxarri Aranatz y Leitza, los consistorios incurrieron en "fraude de ley" y "desviación de poder".

En la defensa de la derogación este jueves de la actual norma, Adolfo Araiz (EH Bildu) ha incidido en que la ley de 2003 "no reflejaba la Navarra plural" y ha asegurado que las consecuencias de su eliminación "no serán el salto al vacío".

Koldo Martinez (Geroa Bai) y Mikel Buil (Podemos) han coincidido en pedir "tranquilidad" porque con la derogación de esta "ley excluyente" Navarra no pierde sus símbolos. José Miguel Nuin (I-E) ha subrayado el deseo de acoger la "pluralidad".

En el turno en contra, Javier Esparza (UPN) ha alertado de que el hecho de que Araiz haya usado el turno de defensa de la iniciativa en la Cámara demuestra "quién manda en esta Comunidad", donde hoy se da "un paso más en el proyecto político, nacionalista y partidista" en favor de la Euskal Herria "inventada", ha dicho. "Hoy es un día triste para miles de navarros", ha incidido.

María Chivite (PSN-PSOE) ha afirmado que este asunto "no es prioritario para la ciudadanía navarra, pero sí es importante y prioritario para el proyecto nacionalista vasco", al tiempo que Ana Beltrán (PPN) ha acusado al cuatripartito de "dejar huérfana de identidad a Navarra" y ha augurado que este asunto "va a provocar altercados".

Punset y Maneiro lanzan 'Ahora' para combatir el nacionalismo sin titubeos
La eurodiputada de Ciudadanos arropa al exportavoz de UPyD en la presentación de esta plataforma de ideas. Afirma que el giro liberal de Rivera dejar "huérfanos" a antiguos votantes de C's en Cataluña.
Segundo Sanz vozpopuli.es 31 Marzo 2017

El exportavoz nacional de UPyD Gorka Maneiro, todavía militante del partido, y la eurodiputada de Ciudadanos, Carolina Punset, exintegrante de la Ejecutiva naranja, han lanzado este jueves en Madrid la plataforma 'Ahora'. Acompañados de Dolores Agenjo, la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a ceder su centro para la consulta independentista el 9-N, y del abogado Guillermo del Valle, han presentado las líneas maestras de esta iniciativa, que parte como un "grupo de encuentro donde podamos trabajar conjuntamente personas que pensamos de forma muy parecida", han explicado.

Si bien los promotores de esta plataforma no han entrado en la posibilidad de que derive en una nueva formación política, Maneiroo sí ha señalado que "es cierto que nadie puede negar que en España hace falta un partido de izquierda o de centro-izquierda que apuesta por una izquierda cívica, que defiende cada vez más la igualdad y se enfrente contundentemente a los nacionalistas que quieren romper España".

Sobre este último punto, Punset, que se ha demarcado del giro liberal de Ciudadanos tras su último congreso y ha seguido apostando por los valores iniciales, ha cuestionado que su partido, bajo la dirección de Albert Rivera, se haya "autoexcluido unilateralmente del espacio de la socialdemocracia, sustituyéndolo por otro ideario que en el mejor de los casos nos sitúa en el centro político, pero no en el centro izquierda". Y partir de aquí, ha enfatizado que, aunque considera que "Ciudadanos es y seguirá siendo un instrumento utilísimo en la lucha contra el nacionalismo", las consecuencias de este cambio de ideario son "graves" en Cataluña. Fundamentalmente, ha indicado, porque C's había calado en el cinturón rojo del "votante decepcionado con el PSC". En cambio, ahora, ha subrayado, hay "votantes que pueden quedar huérfanos porque no sientan tan identificados con Ciudadanos como antes". "Y si nos siguen votando, es porque no tengan alternativa", ha apostillado.

En su intervención, Punset ha destacado que "no existe nacionalismo moderado" y ha valorado que la iniciativa 'Ahora' irrumpa en el espacio de "centro-izquierda", porque "es ahí donde está el hueco", ha recalcado. En este contexto, ha criticado que fuerzas de izquierda como Podemos "sea simpatizante de Otegui y sus secuaces, y esté colonizado por partidos y movimientos nacionalistas en las comunidades autónomas", como el PSOE, que "aunque diga que no se aclara, se aclara perfectamente: dijeron que la nación es una cuestión discutida y discutible y ahora quieren revivir un Estatut que el TC ha declarado inconstitucional o promover una reforma federal. Y esto no lo dice Pedro Sánchez sino la supuestamente más españolista Susana Díaz", ha declarado.

También ha criticado las últimas concesiones del Gobierno del PP a la Generalitat, porque lanzan el mensaje de que "quien monte bronca, van a tener inversiones". "Me parece una respuesta vergonzosa combatir el nacionalismo con una financiación diferente en función del lugar en que se haya nacido", ha lamentado Punset.

Por su parte, Dolores Agenjo ha calificado de "desgracia que en este país toda nuestra izquierda se posicione a favor de algo como el nacionalismo, que es todo lo contrario a los valores de la izquierda. No hay nacionalismo democrático, porque por su propia esencia es lo contrario de la democracia", ha afirmado. Además, ha advertido de que "se está fraguando la Cataluña de las listas y los ficheros" y ha hecho hincapié en que "aquí no vale moderación y hay que ser radicales en la defensa de los ciudadanos en toda España".

Respecto a la plataforma, Mainero ha avanzado que se centrará a partir de este momento en organizar eventos, actos públicos, mesas redondas, charlas y debates con el propósito de "acumular fuerzas para trasladar argumentos".

"Transpartidaria"
La iniciativa, que nace bajo los principios de "igualdad, socialdemocracia, ciudadanía, unidad, justicia social, regeneración, reformas, laicismo y europeísmo" se define como una "plataforma transpartidaria" y hace un llamamiento a que se sumen aquellas personas que compartan sus principios, "independientemente de que pertenezcan a algún partido político o a ninguno".

La plataforma arranca con la convicción firme de ser un "instrumento para aportar a la política española aquello que no aportan los principales partidos políticos, en demasiadas ocasiones ensimismados en lo suyo y más dispuestos a defender sus intereses antes que los intereses de los ciudadanos", sostiene Maneiro.

Los objetivos de la plataforma, que dice ubicarse en la "izquierda cívica", pasan por "reclamar una izquierda que defienda la igualdad en el España, adoptar medidas de regeneración democrática o impulsar reformas pendientes, como la del Estado autonómico, justicia independiente, ley electoral, lucha contra la corrupción y defensa del Estado del bienestar frente a los recortes sociales".

Entre los firmantes del manifiesto fundacional hay tres impulsores de Ciudadanos, que son Félix Ovejero, José Vicente Rodríguez Mora y Félix de Azúa. También figura el filósofo Fernando Savater, uno de los cofundadores de UPyD. El grueso de los componentes de esta iniciativa lo conforman excargos de ambos de partidos.


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