AGLI Recortes de Prensa    Viernes 7 Abril 2017
Impagable deuda española
José María Gay de Liébana okdiario 7 Abril 2017

El déficit público es la mecha que provoca el fuego de nuestra imparable e impagable deuda pública. ¿Cuánto deben las administraciones públicas de España al acabar 2016? En principio, 1.549.454 millones de euros, lo que representa el 139,1% del producto interior bruto de 2016. Somos uno de los países más endeudados de Europa y del mundo. Entre 2011 y 2016, los pasivos en circulación de las administraciones públicas han aumentado en casi 600.000 millones euros. De mal en peor. Súmese a ese más de billón y medio de euros la deuda de las empresas públicas —44.000 millones— y nos vamos a una deuda global de 1,6 billones de euros: 143% de nuestro PIB. Eso quiere decir que por cada 100 euros que España produce debemos 143 euros. Cifras desequilibradas que indican lo que será mínimamente la obtención de ingresos para las arcas públicas cuya concreción más realista son los tributos.

El futuro uno desconoce cómo será, pero como reza el dicho solo tenemos asegurados los impuestos y la muerte. Sin embargo, uno tiene la convicción de que el pueblo llano, ese profanum vulgus, multitud común que al cabo somos todos nosotros, no tenemos una idea clara acerca de los males del endeudamiento y de las nefastas consecuencias que acarrea asumir tan altos volúmenes de deuda. Antaño, siglos atrás, cuando un señor feudal no era capaz de liquidar sus deudas, sus tierras, sus siervos, su patrimonio pasaban a ser propiedad de los acreedores. Y remontándonos en la historia de los tiempos los pueblos dominados y cuyos ciudadanos eran libres se convertían en esclavos propiedad de los acreedores. Por suerte, hoy se contemplan y más o menos se respetan los derechos humanos y eso nos tiene que dar una pizca de tranquilidad en tanto en cuanto se disponga del actual statu quo en el orden internacional y europeo.

Objetivo imposible
La pregunta, a la vista de esos números escandalosos, y un tanto a bocajarro es ésta: ¿España podrá pagar esa cantidad de deuda? La respuesta sincera es no. España nunca podrá pagar ese volumen de deuda. Sólo hay un camino para pagar la deuda: generar superávit en las cuentas públicas, cosa que hoy por hoy, a corto, medio y largo plazo es más que improbable. Mientras Mario Draghi nos siga bendiciendo con su santa protección, tenemos un escudo. Después, Dios proveerá. Lo duro será cuando se vaya produciendo el tapering. Es decir, la retirada de estímulos monetarios, alias la expansión cuantitativa, y el Banco Central Europeo deje de comprar deuda soberana y bonos.

En ese momento, los mercados se envalentonarán, exigirán más garantías por prestar sus dineros, impondrán tasas de interés más altas y aquella prima de riesgo que fue nuestra pesadilla entre 2011, 2012 y 2013 hasta que el BCE tomó la iniciativa y estableció unas medidas poco convencionales de política monetaria, vaya, como tantos bancos centrales, de nuevo se disparará. La vulnerabilidad financiera de España inquieta, al margen de la factura de unos intereses que irán a más.

Es de esperar que las empresas públicas, tanto estatales como autonómicas, generen fondos monetarios suficientes como para poder liquidar sus compromisos de pago. Así que mejor pensemos en esa variante de cosmética contable que es la deuda neteada o, en términos más ortodoxos, según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo. En este caso, la deuda pública española asciende a 1.106.952 millones de euros al acabar 2016. En enero de 2017 alcanzaba 1.114.840 millones de euros. A 31 de diciembre pasado, la deuda pública equivalía al 99,38% de nuestro PIB, o sea, rozando el larguero…

¿A cuánto asciende la deuda de las comunidades autónomas? Al concluir 2016 sumaba 276.899 millones de euros. Para que nos hagamos una rápida idea de lo marchosa que resulta la deuda autonómica, digamos que en el año 2000 se debía por parte de todas nuestras autonomías 39.474 millones de euros. En 2010 y animada por el empuje de la deuda catalana, valenciana y madrileña, se empezaba a disparar situándose en 124.239 millones de euros. A partir de ese momento, la deuda de las autonomías inicia su vibrante escalada: en 2011 era de 145.879 millones de euros, acabó 2014 con casi 238.000 millones y en 2016 es de casi 277.000 millones. Ritmo galopante y desenfrenado el de la deuda de nuestras queridas comunidades autónomas en un país donde todo el mundo anda con una pesada mochila de deuda. Del saldo de la deuda autonómica al finalizar 2016 sobresale la de la alegre Andalucía con más de 33.000 millones, la de mi querida Cataluña con 75.000 millones, la de la entrañable Comunidad Valenciana con cerca de 45.000 millones, la de la gran y respetada Madrid por encima de los 30.000 millones… Éstas son las deudas más elevadas del mapa autonómico.

El mejor episodio de este concierto de deuda corre a cargo de nuestros ayuntamientos. Así la deuda total de los ayuntamientos con más de 300.000 habitantes que al despedir el año 2013 sumaba 12.315 millones de euros, gradualmente se ha ido reduciendo y si al terminar 2014 se cifraba en 10.830 millones de euros, en 2015 caía a 9.412 millones y en 2013 se contrae a 8.350 millones.

Bravo, pues, por nuestros flamantes ayuntamientos españoles que marcan el camino a seguir, primero, generando superávit en sus finanzas y erradicando el déficit y, segundo, escribiendo una magnífica prosa financiera que cristaliza en la aminoración de deuda. Aquí sí conviene citar al de Alicante, que solo debe 92 millones de euros; al de Barcelona, con un pasivo de 840 millones; al de Bilbao reducida su deuda a solo un millón de euros; al de Córdoba que a trancas y barrancas recorta deuda a 222 millones; al de Madrid que sitúa sus pasivos en 3.868 millones de euros cuando en 2013 superaba los 7.000 millones; al de Málaga, con 542 millones; al de Palma que la ha frenado a 318 millones; al de Las Palmas, dejándola en 49 millones; al de Sevilla con un saldo de 347 millones; al de Valencia luchando por contraerla a 656 millones; al de Valladolid que la constriñe a 108 millones y al de Zaragoza que la deja al cierre de 2016 en 990 millones de euros.

Así que expectantes andamos con ese comportamiento de nuestra deuda pública que, de manera sosegada y con la mente fría, hemos de concluir que, bromas aparte, está adquiriendo una dimensión estratosférica para nuestras posibilidades. A buen seguro, quienes hoy llevan las riendas de la nación deben pensar en su fuero interno que ya solventarán la papeleta los que después ocupen sus cargos. La falta de seriedad, de rigor económico, de diligencia financiera que lleva a refinanciar los vencimientos de deuda con más deuda van agrandando la bola de la deuda que en definitiva y sin necesidad de que nos rasguemos las vestiduras, será impagable. La incógnita entonces es muy elemental: ¿Qué acontecerá el día de mañana?

La amenaza y la reacción
Enrique Domínguez Martínez Campos Gaceta.es 7 Abril 2017

¿Tenemos los españoles un mínimo de dignidad? ¿Sabemos lo que es la dignidad? ¿Inspiramos algún respeto? ¿Lo inspira el gobierno de España? ¿Cualquier gobierno desde 1982?

Una nación inspira respeto a los demás cuando demuestra tener dignidad. ¿Qué dignidad ha demostrado el gobierno español tras lo declarado por un individuo de la Cámara de los Lores amenazando a nuestro país con una invasión similar a la que perpetró Gran Bretaña en las Malvinas para demostrar su fuerza frente a Argentina? A pesar del BREXIT ¿siguen estos individuos de la época victoriana creyéndose los amos del mundo?

No voy a hacer aquí ninguna narración de lo que fue una usurpación de Gibraltar –un trozo de suelo español- por un país de filibusteros como Gran Bretaña que, en nombre de los aspirantes al trono de nuestro país, ocupó aquella plaza para quedarse con ella como una colonia británica, la única que hoy existe en Europa y, posiblemente, en el mundo.

Desde aquellos lejanos tiempos y el Tratado de Utrecht (1713) un trozo del suelo de España está siendo ocupado por una potencia extranjera que, además de convertirlo en un estercolero de la mafia y la evasión fiscal, se permite hoy chulearse de los españoles, de su gobierno y, sobre todo, de la indiferencia de unos y otros. Chulearse, ridiculizarnos y humillarnos.

¿Nos importa a los españoles que los jerarcas británicos se cisquen en nuestra dignidad, sometiendo a nuestro país a una humillación que se prolonga ya por más de 300 años? Por desgracia estoy seguro de que no le importa a casi nadie, de que “eso ni me importa ni me interesa”, de que “después de tanto tiempo, eso no tiene solución”, de que “hay que aguantar lo que sea porque Gibraltar da de comer a muchos de La Línea”, etc. Parece que, en efecto, en España la partitocracia que dice gobernarnos le ha dado la vuelta como a un calcetín.

A los mayores, porque no quieren más preocupaciones de las que ya tienen. Y a los jóvenes, porque ni conocen nuestra Historia y a lo que realmente están es a sus diversiones, a sus conciertos multitudinarios, a sus divertidas y estimulantes becas “Erasmus”, a sus botellones con mezcla de drogas y sexo. Y todos, en general, porque la famosa España de las Autonomías ha logrado que el sentimiento de la unidad nacional, de nuestra soberanía como pueblo y de nuestra dignidad como nación cuando resulta pateada y burlada, humillada y ridiculizada por los jerarcas británicos o los negros del Congo, nos da igual, nos resbala y no nos sintamos ni heridos ni concernidos. ¡Eso no va conmigo!

Por desgracia, va con todos. Porque a todos nos catalogan por igual. Al gobierno, a ti, a mí y al de enfrente. Y, en este caso concreto, tú, yo y aquél somos el hazmerreir de esos jerarcas de la Gran Bretaña. Así de sencillo y así de triste.

Como persona y como español con muchos años en las alforjas, yo tuve la suerte y la oportunidad de vivir otra época, aquella en que, diga lo que diga la propaganda izquierdista, España era respetada. Quizás no tanto por el régimen autoritario que gobernaba en nuestro país sino por el mantenimiento de una unidad nacional que era claramente percibida en el exterior; por nuestro desarrollo económico acelerado; por nuestra situación geoestratégica privilegiada (que lo sigue siendo hoy); y, muy especialmente porque, cuando el gobierno español tomaba una decisión, ésta era asumida hasta las últimas consecuencias. Todo esto y algo más era lo que respaldaba nuestra dignidad como nación.

Cuando Franco nombró como ministro de Asuntos Exteriores a un catedrático de Derecho Internacional, don Fernando María Castiella, éste se propuso, entre otras cosas, dar la batalla frente a Gran Bretaña por Gibraltar. Por ese trozo de España que ocuparon unos filibusteros. Primero se ganó, a base de tesón y del apoyo de otras naciones que nos respetaban, que la importante y antidemocrática ONU obligara al gobierno de Su Graciosa Majestad a entablar negociaciones con España para descolonizar Gibraltar. El gobierno español desarrolló toda la paciencia que demandaba este espinoso asunto.

En 1966 la idea de Castiella era la de demostrar a Gran Bretaña que nuestra tenacidad y resistencia frente a la ocupación colonial de Gibraltar era, como mínimo, igual a la de los británicos. “Hay que luchar fastidiando todo lo posible… porque el honor de España está en Gibraltar”, escribió el corresponsal del diario “Pueblo” en Londres, Felipe Mellizo. Castiella llegó a ofrecer a Gran Bretaña la soberanía compartida sobre el Peñón.

Frente al malabarismo dialéctico y a la negativa británica a iniciar esas negociaciones con España, en la primavera de 1967 Castiella propuso al gobierno instalar en la zona de Gibraltar una barrera de globos cautivos para impedir que los aviones británicos volaran el espacio aéreo español para aterrizar en la Roca. Franco se opuso a esta iniciativa. Poco después, la ONU volvió a dar la razón a nuestro país al negar la validez de un referéndum realizado en Gibraltar: “la integridad territorial de España estaba por encima de la autodeterminación de la colonia”. Fue la resolución 2353 de la ONU. Como vemos, España quedaba muy lejos de ser un país aislado.

Ante la negativa británica para ponerse de acuerdo con el gobierno español tras las resoluciones favorables a España de la ONU, el 7 de julio de 1969, tras acuerdo del Consejo de Ministros, el ministro Castiella lograba cerrar a cal y canto la frontera con Gibraltar. Era la respuesta lógica a la cerrazón británica y la decisión se ceñía escrupulosamente a lo establecido literalmente en el Tratado de Utrecht. Era preciso demostrar a los británicos que los españoles eran tan tenaces y pacientes, como mínimo, como ellos. Y para que no cupiera duda alguna de que España iba en serio, en el mes de octubre de aquel año nuestra nación cortó las líneas telefónicas y telegráficas con la colonia para que su aislamiento fuera completo. A largo plazo sería la población gibraltareña la más perjudicada y la economía británica.

Desde 1969 la verja y las comunicaciones permanecieron cerradas. También durante la Transición. Era cuestión de aguantar y tener paciencia. Incluso por lustros. Al llegar el PSOE al poder esa constancia y resistencia frente a Gran Bretaña se vino abajo y, de nuevo, se abrió la verja. Quien esto escribe pudo cerciorarse en la propia ciudad de Gibraltar, en 1993, de que, según testimonios de algunos “llanitos”, la salida de decenas de familias de Gibraltar con destino a Gran Bretaña –mientras la verja estuvo cerrada- fue debido a que no era soportable el enclaustramiento a que estuvieron sometidos. Incluso algunos se atrevieron a pronosticar que, si el cierre se hubiera prolongado por más tiempo, hubiera sido muy posible que Gran Bretaña hubiera tenido que negociar con España.

Después de los estúpidos desplantes, amenazas y el “nunca, nunca, nunca Gran Bretaña discutirá con España sobre la soberanía de Gibraltar”, dicho por el fofo ministro de Exteriores británico, ¿creen ustedes, alguno de ustedes, que nuestro débil y asustadizo gobierno respondería con contundencia a esta nueva y deliberada humillación a nuestro país?

Para empezar el cierre de la verja es un derecho inalienable que le corresponde a España desde el punto de vista jurídico y legal. Para empezar, yo hubiera respondido con esa medida de forma inmediata a la amenaza de guerra de los necios victorianos. Después, ya empezaríamos a hablar para distender las relaciones con el gobierno británico.

Pero eso sólo lo puede hacer un gobierno que no permita que se humille a España, con un gobierno fuerte que se sienta respaldado por la inmensa mayoría de los españoles; y con un gobierno que no tema quedar aislado en el ámbito internacional, como no lo temía España en 1969.

¿Ha sido aquélla la reacción del gobierno español? En absoluto. Fue balbuceante en algún caso y de templar gaitas siempre, pidiendo a los filibusteros que no se pongan nerviosos. Todo un ejemplo de firmeza y de dignidad. Así nos va. ¡Qué desgracia!

Enrique DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ CAMPOS
Coronel de Infantería DEM (R)

La generalización del particularismo
José Luis González Quirós www.vozpopuli.com 7 Abril 2017

Ortega y Gasset presentó el particularismo como uno de los males más característicos de la sociedad española, nada menos que hace más de noventa años. Para el filósofo madrileño, el particularismo consistía en la tendencia a olvidar el todo del que se forma parte, y, según él, esa inclinación propiciaba la “acción directa”, el tomarse a justicia por propia cuenta, y el olvido de cualquier clase de afecto hacia lo común, hacia los principios de la representación, la participación y el respeto. Esa fue la tesis de su “España invertebrada”, que seguramente puede verse como un caso especialmente singular, podríamos decir, del fenómeno más general que describió como “rebelión de las masas” una década después.

El particularismo desbordado
Ortega acertó a interpretar la tendencia del poder político a constituirse en una fuente más de particularización, y lo describió como la creencia de que los españoles suelen verse reducidos a la condición de mera oportunidad para que los políticos se puedan dar el gusto de existir, lo que, evidentemente, es una forma de poner el carro antes de los bueyes. De premisas similares Ortega extrajo una interpretación melancólica, pesimista, la idea de que España se reducía a ser, más que un pueblo, la polvareda que queda de su paso por la historia. Esta clase de meditaciones resultan harto discutibles como visión esencialista sobre el ser de España, pero puede seguir conservando un cierto valor como aproximación analítica a los problemas de una España felizmente bastante distinta a la de hace casi un siglo.

Es razonable apostar por que, ya en la segunda década del siglo XXI, los españoles seamos capaces de discutir razonablemente sobre lo que nos pasa, entre otras cosas porque ya no resulta sostenible la afirmación orteguiana de que no sabemos lo que nos pasa y que eso sea, precisamente, lo que nos pase. Muy por el contrario, nuestros problemas están sobradamente diagnosticados y lo que se echa en falta es la suficiente determinación para abordarlos, lo que no es sino una muestra obvia de que existen amplios e influyentes sectores de la sociedad española que viven muy cómodamente con una serie de dolencias perfectamente conocidas. Pero diversas formas de activo “particularismo” lo impiden con notoria eficacia.

El paradigma Ortega-Cambó, por ejemplo
En un reciente, y brillantísimo, artículo en el diario El País, Juan Claudio de Ramón Jacob-Ernst, un joven ensayista y diplomático, ha mostrado que el modo orteguiano de explicarse el problema catalán y su recomendación de “conllevanza”, está inspirado en el mismo esencialismo histórico que llevó a Ortega a ese pesimismo melancólico al que nos acabamos de referir. Lo que afirma Juan Claudio de Ramón constituye un luminoso ejemplo de esa falta de aplicación de remedios a dolencias claramente diagnosticadas. En efecto, el llamado “encaje” del catalanismo será por completo imposible mientras el nacionalismo sea la forma exclusiva de hacer política en Cataluña, y mientras el resto de partidos renuncie a hacer una política distinta, y se refugie, por ejemplo, en la mera ley. Abandonar ese esencialismo exige creer sinceramente en la posibilidad de ser catalán y español sin traumas ni “conllevanzas”, como una mayoría de ciudadanos actualmente sojuzgada en aquella parte de España espera pacientemente que se haga.

El particularismo de los partidos
Mientras los partidos políticos persistan en ir a lo suyo, en lugar de entregarse, de verdad, a tratar de superar los problemas que a todos nos afligen, seguiremos padeciendo las carencias que nos agobian. Los dos grandes partidos han sufrido castigos históricos por su comportamiento ensimismado y egoísta, pero no dan señas suficientes de ser capaces de hacerse cargo de lo que se espera de ellos. El PP, en particular, constituye un caso notable de calma chicha en momentos en que el partido se encuentra en un auténtico callejón político sin salida. Lo único que parece preocuparles es la eventualidad de “perder Murcia” y aflicciones similares, mientras continúan empeñados en vender un doble engaño, que estamos saliendo de la crisis y que eso se debe a los méritos de Rajoy, Soraya y Montoro.

Su insensibilidad hacia el fenómeno de la corrupción está alcanzando cotas legendarias, lo tratan como si fuera un fenómeno natural, una serie desafortunada de tormentas de verano, y esperan que no se les culpe por la lluvia inclemente, pero es que los partidos que han surgido al socaire de la crisis de los dos grandes pronto han aprendido a comportarse como sus mayores, a posponer las intenciones de quienes les votaron

Es absurdo pretender que no nos afectan las graves cuestiones que están en el aire en el mundo entero, extender la mentalidad de Ínsula Barataria, para seguir presentando la vida política como una trama compuesta de episodios como el murciano, querellas que a nadie importan en la forma en que se tramitan, y que transmiten la impresión de que la corrupción se ha convertido en un elemento más en el sainete partidista para decidir quién se sienta en la silla. Y mientras tanto, la Justicia, la universidad, la educación, las pensiones, el empleo, las expectativas de los jóvenes, y en especial de los que se dedican, heroicamente, a investigar, la revisión de los planes ferroviarios, o el necesario debate sobre los problemas demográficos quedan en la reserva, como si careciesen de cualquier interés para ocuparse de ellos.

Todo ocurre como si España entera estuviese encantada de conocerse, pero no es el caso, aunque la acción política se ha estructurado de tal manera que todo parece consistir en una especia de lucha de todos contra todos para repartirse un presupuesto siempre creciente, a costa de una deuda insoportable, y basado en una previsión de ingresos difícil de creer, especialmente por cuanto no se hace nada distinto a esperar que aumente de manera casi milagrosa, sin actuar ni ligeramente sobre enormes renglones de gasto que, de ser conocidos con cierta precisión por los españoles del común, podrían hacer que se desbordase la famosa cólera del español sentado.

El particularismo elevado a método
El sistema vigente para discutir la adjudicación territorial de los caudales públicos constituye todo un homenaje al éxito de la acción directa, como lo muestra el que sean, inequívocamente, las regiones más belicosas las que consiguen arrancar la parte más mollar de los caudales públicos, encabezados, naturalmente, por los secesionistas que han hecho del desafío abierto a la Constitución la verdadera regla de oro para llevarse la mejor parte. Si esto no es un disparate que sería del interés común corregir, para que podamos tener una auténtica política nacional y territorial que venga Dios y lo vea.

Tras los años de la transición, que ahora se pretende describir como años de falsía y de engaño, en los que primó un razonable interés por el bien de los españoles, hemos llegado a un escenario político en el que se prima esencialmente la deslealtad, el particularismo, la demanda, en el que nadie tiene nada que ofrecer y todos se afanan en exigir al común unas demandas sin mayor fundamento. Que esto se haya hecho, en buena medida, al abrigo de cierta forma de entender la izquierda, resulta uno de esos incomprensibles enigmas de la política. Que ese particularismo destructivo pueda ser sometido a la razón y al interés común es solo una esperanza, pero debería ser un objetivo principal de cualquier política decente, algo de lo que, en verdad, no hay ahora mismo excesivas muestras.

La nueva inquisición.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 7 Abril 2017

Las Comisiones políticas parlamentarias cumplen efectivamente el dicho de que “si quieres que algo no prospere ni se resuelva, crea una Comisión”. Sin embargo, en los últimos tiempos se han transformado en verdaderos tribunales inquisidores contra el enemigo político, que no adversario como suelen decir. Son escenarios donde no se intenta esclarecer nada, sino acosar al enemigo político hasta límites que muchas veces sobrepasan lo que cualquiera puede permitir. Se insulta, se inquiere incorporando la respuesta que quieren oír, se actúa con prejuicios y se sentencia de antemano, se aprovecha el escenario como un estudio de televisión donde ir desgastando y difamando al enemigo como si fuera la Sala de un Juzgado sin las mínimas garantías de imparcialidad.

Lo que protagonizó ayer el representante de ERC, Gabriel Rufián, en la Comisión sobre las escuchas ilegales al exministro de Interior del anterior Gobierno en funciones del PP, fue un espectáculo circense cuya zafiedad traspasó todos los límites de la decencia política. Tras una intervención plagada de insultos, de acusaciones infundadas y actitudes de auténtico matonismo, su cierre de discurso fue esperpéntico con un toque melodramático al decir:” Hasta luego, gánster, nos veremos en el infierno”. Una frase sacada de una mala película B que recuerda a la del Terminator con su “hasta luego, amigo” en la Versión original, transformado en un “sayonara, Baby” en la versión doblada al español.

Creo que las Comisiones parlamentarias sobre temas que están judicializados deberían desaparecer o bien cambiar su formato y establecer unas reglas de juego para que no se conviertan en el circo mediático que pretenden los que las lideran. Deben suprimirse y condenar actitudes y comportamientos como el de este Diputado de ERC que, desde luego, hace honor a su apellido siendo un verdadero rufián inquisidor cuando ERC tiene mucho por lo que callar dados sus antecedentes no precisamente democráticos y sí violentos. Simplemente, lo de ayer fue una vergüenza que deslegitima cualquier propósito de establecer las posibles implicaciones y responsabilidades políticas, si las hubiera, que es el verdadero objetivo que se persigue al crear este tipo de Comisiones.

Parece evidente que los partidos políticos, sobre todo los de izquierda, usan y abusan de estas Comisiones para el exclusivo desprestigio del oponente político. Y esto me recuerda a otra comisión parlamentaria liderada por el PSOE recién estrenado en el Gobierno tras los atentados terroristas del 11M. Aquello fue una desvergüenza, una utilización torticera y perversa de quien solo buscaba el oportunismo político para el desprestigio del PP. Porque si en los primeros momentos hubo graves irregularidades y comportamientos tendenciosos, se vio agravado por la Instrucción y la cerrazón del juez y de la Fiscal a ir más allá de una línea exclusiva de investigación, la oficialista del PSOE y la responsabilidad del terrorismo islamista.

Y como se ha visto en Murcia con Pedro Antonio Sánchez, el PSOE ha estado detrás de todas las acusaciones que propiciaron las imputaciones con el objetivo exclusivo de conseguir mediante el acoso y la difamación lo que las urnas se han negado repetidamente a darles. Hablan del Gobierno del cambio, pero lo quisieron obtener con una moción de censura y aliándose con los anti sistema radicales de izquierda de PODEMOS. No se pretendía el bienestar de los murcianos, sino solo obtener el poder y permanecer en él. No importaba si finalmente el juez sobreseía la enésima imputación, sino forzar a ese cambio aludiendo como sospecha lo que ellos habían sembrado de forma consciente y mezquina. Una estrategia que solo ha sido neutralizada por una retirada de CIUDADANOS en el escape que el PP le ha dado a su callejón sin salida donde iba a tirar a la cloaca su ya escasa credibilidad al permitir una alternancia de gobierno con el apoyo de PODEMOS.

Creo necesario que el Congreso de los Diputados y el Senado reformen sus Reglamentos para redefinir las funciones y desarrollo de las Comisiones políticas y así evitar actitudes y comportamientos inadmisibles como los de este Rufián o los que se producen en el hemiciclo, que asemeja más a un gallinero o tasca tabernaria que a un lugar de debate de leyes, programas de gobierno y demás actividades propias del parlamentarismo. Por una vez, sería bueno para la imagen de España el que Su Señorías mantuvieran un mínimo de respeto, no ya por sus oponentes, que también, sino por todos los españoles, les hayan votado o no.

¡Que pasen un buen día!

Pulseritas con la bandera
Cristina Losada Libertad Digital 7 Abril 2017

Hay un malentendido muy común en torno al Partido Popular. Déjenme que lo cuente con un caso de hace poco: el Congreso del PP de Baleares, donde ganó el candidato Biel Company, frente a su rival, José Ramón Bauzá. La cuestión lingüística, particularmente en la enseñanza, era uno de los asuntos que separaban a ambos candidatos. Company estaba más próximo a las posiciones nacionalistas habituales, mientras que Bauzá, que en su día puso en marcha un modelo trilingüe que levantó protestas en el sector, se acercaba más a los que reclaman libertad de elección de lengua.

Esperanza Aguirre, preguntada sobre la victoria de Company, dijo que se sentía "muy triste" y lamentó: "Los nuevos dirigentes del PP de Baleares quieren catalanizar las islas y no quieren que se enseñe el español". Hay que decir que esos nuevos dirigentes contaron con el respaldo de la dirección nacional: representaban al sector oficialista. Tenían la bendición de la calle Génova. La tenían también, obviamente, para esas posiciones que criticaba Aguirre. Y hay que decir que el caso balear no es una excepción.

Si alguien cree que el PP balear se ha salido de la norma y que su nueva dirección tiene un sesgo del todo excepcional, se equivoca. Con algún que otro matiz, ocurre justamente lo contrario. No hay nada de excepcional en que el Partido Popular, en comunidades donde hay dos lenguas y un nacionalismo que reclama la erradicación del español, adopte parte –o buena parte– de la política lingüística que preconizan los nacionalistas.

Para muchos, esa actitud del PP es una deriva incomprensible. Lo identifican con una defensa a ultranza de España y una oposición acérrima a los nacionalismos periféricos que pretenden romperla. ¿No son los que llevan pulseritas con la bandera de España y repiten cada día que España es una gran nación? Los perplejos por estas contradicciones piensan que en los lugares donde cede a la presión nacionalista en la cuestión lingüística lo hace por debilidad, por cobardía o por ese típico complejo de la derecha española, siempre insegura de sí misma. Ese es el malentendido. No lo hace por nada de todo eso.

No es una deriva: es una política. Tampoco se trata únicamente de la política lingüística; ésta es un elemento importante, pero forma parte de una apuesta general. La apuesta por lo identitario. Porque lo identitario funciona. No sólo funciona electoralmente. Sirve para definir y fortalecer el poder autonómico. El nacionalismo no dispone del monopolio de la exaltación de las diferencias. Cierto, los nacionalistas lo llevan hasta sus consecuencias últimas, y suelen tener la convicción. Otros lo hacen de manera instrumental, convencidos de que el discurso de tintes nacionalistas es la vía más fácil y rentable para aparecer como los mejores defensores de los intereses de un territorio. Es un malentendido creer que se contagian del nacionalismo por error. Se contagian porque quieren. Por interés.

Petróleo y hambre en Venezuela
Emilio Campmany Libertad Digital 7 Abril 2017

Caracas sigue sumida en desórdenes que son más el resultado de la carestía que del activismo de la oposición. La clave de la situación se halla en que el 95% de las exportaciones venezolanas son petróleo. Cuando el barril estaba a 100 dólares, había dinero suficiente para financiar los avances del socialismo bolivariano. Ahora que ha bajado a 50, no hay ni para comida. El problema, por lo demás, no es sólo lo bajo que está el precio del petróleo. Lo peor es el coste de extracción, que en Venezuela es de aproximadamente 40 dólares barril, mientras que en Arabia Saudí ronda los 10. Donde antes Maduro ganaba 60, ahora sólo saca 10. Es una tragedia.

Es cierto que Arabia Saudí, que había intentado cargarse el fracking aumentando la producción hasta que el petróleo se abaratara tanto que ya no mereciera la pena generarlo con la novedosa técnica, ha abandonado esta táctica por ineficaz. Ahora está tratando de poner a todos de acuerdo para reducir la producción y conseguir que el petróleo suba. Lo está consiguiendo sólo a medias, entre otras cosas porque a Irán, en consideración al mucho tiempo que estuvo sancionado, se le permite producir cuanto pueda y porque Rusia no está siendo muy disciplinada. El caso es que el petróleo está subiendo un poquito. Pero no tanto como Maduro necesita.

Una de las claves del golpe de Estado con freno y marcha atrás dado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela fue que los contratos petrolíferos con compañías extranjeras necesitan para su validez el voto de la Asamblea Nacional. Maduro está tratando de vender a compañías norteamericanas parte del negocio petrolífero del país para poder pagar la deuda. A corto plazo, el problema sólo puede resolverse con nuevos préstamos. Ahora, a la larga, la solución de Maduro es vender la única riqueza del país, su petróleo, pero no el crudo extraído, sino el derecho a explotar sus reservas. Por eso, cuando el Tribunal Supremo dio marcha atrás, añadió la autorización al presidente para que pudiera celebrar contratos petrolíferos sin necesidad de la aprobación de la Asamblea, que fue por lo que principalmente fue disuelta. Claro que, en el improbable caso de que Maduro consiguiera que alguna compañía norteamericana se fiara de él y Trump mirara hacia otro lado, la solución no sería más que pan para hoy y hambre, en sentido literal, para mañana.

Parece que la oposición no tiene la fuerza para derrocar a un régimen que no abandonará el poder por malas que sean las condiciones a las que sus políticas reduzcan a los venezolanos. La única esperanza es el Ejército, que Maduro vigila estrechamente (este jueves ha corrido la noticia, sin confirmar, de que el director de la contrainteligencia militar, Miguel Rodríguez Torres, ha sido detenido acusado de conspirar contra el Gobierno). Pero cuanto más tarden las Fuerzas Armadas en reaccionar, más peligroso será que lo hagan. De hecho, Maduro está formando su propia milicia. Qué negros son los nubarrones que se ciñen sobre nuestros hermanos.

Así son los enemigos de Israel
EDITORIAL Libertad Digital 7 Abril 2017

Israel es una asediada excepción en el concierto internacional. Es el único Estado al que muchos de sus iguales no sólo lo consideran un enemigo –por cuestiones territoriales o de otro tipo–, sino que incluso le niegan lo más elemental: su derecho a existir.

Además, no es sólo una nación que vive sometida a una agresión prácticamente continua, sino que sufre el más severo escrutinio en instituciones internacionales como la ONU y por parte de una parte nada despreciable de los medios de comunicación mundiales; y, por supuesto, de miles de asociaciones y organismos que viven de vender el odio a la única democracia de Oriente Medio.

Bastan dos noticias de este mismo jueves para constatar una vez más la catadura moral de los enemigos de Israel, esos mismos a los que nadie exige cuentas de ningún tipo y que en no pocas y ominosas ocasiones reciben el apoyo de innumerables políticos, periodistas e intelectuales de Occidente.

Así, cabe preguntarse cuándo partirá la próxima flotilla a Gaza de los que dicen defender al pueblo palestino pero cierran los ojos ante los que verdaderamente están machacando a los gazatíes, bien indirectamente, cuando los usan como escudos humanos o los lanzan como carne de cañón a muertes seguras de las que luego sacarán rédito político; bien directamente, cuando los ahorcan por colaboracionistas en simulacros de procesos legales que incumplen hasta las propias leyes palestinas. Aún llaman más la atención los políticos, periodistas y activistas del más variado pelaje siempre prestos a señalar –y condenar– a Israel cuando lucha contra el terrorismo pero que no tienen ningún problema con regímenes criminales como el sirio, que gasean a sus propios súbditos, incluyendo mujeres y niños.

Así son los enemigos de Israel: criminales sin ningún tipo de escrúpulo a los que con frecuencia sólo cabe poner freno por medio de la fuerza, esa fuerza que para tantos sólo resulta repudiable si quien la ejerce es el Estado judío.

La tolerancia en la sociedad democrática y Giovanni Sartori
Pedro de Tena Libertad Digital 5 Abril 2017

En estos momentos de la historia de España, la reflexión del lamentablemente fallecido Sartori tiene gran interés y proyección de futuro.

Que cualquier cosa es susceptible de manipulación es algo profusamente demostrado. Una de las pruebas más lacerantes fue la superchería del "talante" lanzada "al viento" por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Con ella se pretendía eludir el concepto democrático de tolerancia para encubrir cesiones al totalitarismo de todo punto inadmisibles en una democracia pluralista que se respete a sí misma. Recuerden el gigantesco fraude del 11-M, las concesiones a ETA o, últimamente y para abreviar, la resistencia del personaje a admitir la ejecución de un golpe de Estado en Venezuela o el carácter de preso político de Leopoldo López.

La demagogia del "talante", que parecía dirigida propagandísticamente contra el Partido Popular de José María Aznar, al que se atribuía algo parecido a la intransigencia y a la rigidez, era, en realidad, un eficaz ataque contra la solidez y la necesidad de la tolerancia en las sociedades abiertas y democráticas, una tolerancia que nada tiene que ver con el chiste simplificador y manipulador del "talante".

Giovanni Sartori ha sido uno de los pensadores que más hincapié ha hecho en el concepto de tolerancia y quizá quien lo ha precisado con mayor claridad. Julián Marías, asimismo, de siempre preocupado por la convivencia, sobre todo por la que llamó "convivencia sin acuerdo", distinguió con claridad entre coexistencia y convivencia. Lo hizo así:

El acuerdo no es necesario, se puede diferir, discrepar en muchas cosas; se puede ver la realidad con diversas interpretaciones. Los proyectos pueden y deben ser plurales. Pero nada de eso es posible sin concordia, sin la profunda, radical decisión de convivir, de vivir juntos, no meramente coexistir. Convivencia es una espléndida palabra española. La mera coexistencia –de cosas o de personas con cosas– no basta. Pienso a veces que esa palabra, convivir, ha sido la clave de casi todo lo bueno realizado por españoles, y el ejemplo máximo ha sido América.

Sartori, más ceñido a la política como experiencia y como ciencia, ha desentrañado el carácter trágico y amargo del pluralismo, hijo histórico y legal del valor de la tolerancia. La aceptación del pluralismo –que no tiene nada que ver con el supuesto multiculturalismo coexistente y no conviviente– hunde sus raíces en las feroces guerras de religión que asolaron a Europa en el siglo XVII como consecuencia de la escisión de cristianismo entre protestantismo y catolicismo. "Aquel baño de sangre entre católicos y protestantes fue terrible, y Europa, que quedó extenuada, demandó e impuso la tolerancia", el valor que exige el pluralismo, el reconocimiento del otro como diferente en un marco común acordado donde la convivencia es posible.

Hay quien admite que la tolerancia es indiferencia respecto al otro, lo que conduce al relativismo. Todo vale y todo vale lo mismo. Sartori rechaza esta concepción. Ni la tolerancia es indiferencia en el sentido de que lo de los otros no nos interesa, ni es relativismo porque ni todo vale ni todo vale lo mismo. Tolerancia es disposición a convivir con quien tiene creencias equivocadas, según nuestro juicio. Tolerar es "reconocer el derecho que otros tienen de creer algo diferente a lo que nosotros creemos". Quien tolera, escribió Sartori, tiene creencias y principios y los considera verdaderos. Es más, es que el hecho mismo de tolerar ya es disponer de un arsenal de creencias no relativistas sobre la esencia de la convivencia.

Por ello, una convivencia digna de tal nombre exige que todos en una sociedad o una nación puedan realizar sus proyectos, naturalmente y cómo no, el nuestro también. Pero la tolerancia no es ilimitada y tiene tres condiciones sin las cuales no puede inspirar y preservar una convivencia digna y equilibrada.

Un texto del italiano, que sigue esencialmente a Popper, expresa estas condiciones con sencillez y claridad:

Primero: rechazo de todo tipo de dogma y de toda verdad única. Yo estoy siempre obligado a argumentar, a dar razones para sostener lo que sostengo. Segundo: respeto al denominado harm principle. Harm significa "hacerme daño", "perjudicarme". El principio es, por tanto, que la tolerancia no comporta ni debe aceptar que otro me perjudique. Y viceversa, por supuesto. Tercero: el criterio de la reciprocidad. Si yo te concedo a ti, tú tienes que concederme a mí: do ut des. Si no hay reciprocidad, entonces la relación no es de tolerancia.

La primera de estas condiciones es la racionalidad. Ha costado mucho a la civilización occidental a la que pertenecemos situar a la razón como terreno de juego del entendimiento por encima de las creencias irracionales e incluso de la fe religiosa. Precisamente, para posibilitar la convivencia de diferentes opciones cristianas se apeló a la razón frente al fundamentalismo. La experiencia, las pruebas, los resultados y las consecuencias son elementos decisivos del comportamiento racional frente al misterio, la arbitrariedad, y la superstición.

Dicho de otro modo, lo que no puede ser razonado o no quiere ser razonado no puede ser tolerado. Esto es, el fanatismo en cualquiera de sus formas no puede ser tolerado en una sociedad abierta y democrática. Lo que se dice o afirma tiene que poder ser verificado, analizado, estudiado y razonado. Si no estamos de acuerdo con algo, tenemos que poder explicar por qué, y eso es sólo posible cuando media una explicación racional de la propuesta que rechazamos o, en su caso, admitimos.

La segunda de estas condiciones es la exclusión de la convivencia de aquellas personas o grupos que causan dolor a otros. Con quien nos daña no podemos ser tolerantes porque, entre otras cosas, se lograría que el hacer daño fuese considerado algo rentable y beneficioso para el grupo o las personas que lo ocasionan. Naturalmente, sigue Sartori, todos tenemos que corregir nuestras actitudes si se demuestra que infligen daño a otros, pero no aceptar que los proyectos de otros perjudiquen el nuestro propio. Eso no sería convivir sino retroceder en la convivencia.

La sociedad abierta y democrática tolera la presencia de opciones políticas diferentes porque acepta que es posible formular el interés general de formas distintas. Pero no puede tolerar a quienes pretenden imponer sus preferencias políticas por la vía del terror o de la negación del derecho de los demás.

La tercera de las condiciones que limitan la tolerancia en una sociedad pluralista es la reciprocidad. No se puede tolerar a quien no está dispuesto a tolerarnos a nosotros. Naturalmente, o hay relaciones recíprocas de respeto y aceptación o no hay tolerancia posible. Por ello, una sociedad abierta tiene que tener un exquisito cuidado en no facilitar avances de quienes no desean convivir, sino imponer sus creencias o ideas.

Puede creerse que una sociedad abierta y pluralista es una sociedad débil, desguarnecida ante los ataques de la intransigencia y asediada por los resucitadores de la irracionalidad y el dolor. Pero Sartori cree lo contrario. La sociedad pluralista y tolerante es un paso adelante en la convivencia posible, y sólo en lo que llamamos Occidente o sociedades occidentales se ha efectuado este extraordinario experimento político o social que ha logrado las más altas cotas de libertad y prosperidad, de manera simultánea, que se conocen en la Historia.

En su libro La sociedad multiétnica, donde trata más concienzudamente estos conceptos de pluralismo y tolerancia, expone:
Que la variedad y no la uniformidad, el discrepar y no la unanimidad, el cambiar y no el inmovilismo, sean cosas buenas, éstas son las creencias de valor que emergen con la tolerancia, que se adscriben al contexto cultural del pluralismo y que tiene que expresar una cultura pluralista que haga honor a su nombre.

En estos momentos de la historia de España, la reflexión del lamentablemente fallecido Sartori tiene gran interés y proyección de futuro. Ciertamente, la tolerancia admite una cierta elasticidad, pero dentro de unos límites, precisamente aquellos que la preservan de quienes pretenden destruirla. Convendría tenerlo muy presente.

No, Rajoy, el modelo productivo no ha cambiado
A pesar de lo que dicen el Gobierno y analistas y medios afines, ningún indicador apunta hacia un cambio en el modelo productivo
El Confidencial
7 Abril 2017

Continuamos en un voluntarismo Walt Disney en que la órbita del PP, con el silencio cómplice del resto de partidos dinásticos, se empeñan en intentar hacernos comulgar con ruedas de molino. Esta vez, con el asunto de un supuesto cambio de modelo productivo que se habría producido en la economía española y que nos estaría haciendo entrar en un círculo virtuoso. Por suerte, a muchos nos pillan ya más que escarmentados, después de negar la burbuja inmobiliaria, negar la crisis, negar el rescate y ahora negar que seguimos estando sumergidos en un pozo negro de deuda y crisis social y que lo único que ha ocurrido es que en lugar de encontrarnos sumergidos hasta la altura de las fosas nasales ahora lo estamos hasta el cuello. Unos más que otros, desde luego. Sobre todo si miramos hacia los que cortan el bacalao en el Ibex 35.

Pero vayamos por partes. ¿Qué debe ocurrir en una economía para que podamos hablar de cambio en el modelo productivo? Nos podemos fijar en dos parámetros básicos que nunca pueden faltar. El primero es un fuerte aumento en la inversión en equipo, que es lo que vemos a continuación, en el gráfico de disponibilidades interiores desde 2005. Como se ve, estamos nada menos que un 30% por debajo de los máximos precrisis, y aproximadamente a los niveles de 2009-2011, justo antes del inicio del segundo desplome de la crisis.

Ha habido una cierta recuperación desde los patéticos mínimos de 2013, pero esta ha sido muy insuficiente y, lo peor, da indicios claros de agotamiento en los últimos meses. Luego del primer factor, nada de nada.

El segundo factor que tampoco puede faltar nunca es un incremento en el gasto en I+D, que es lo que vemos en los dos siguientes gráficos. Primero observamos la situación en 2007, en que España era un país con una muy insuficiente inversión en I+D, aunque estábamos más o menos a la altura de Italia. Como se ve, nuestra inversión era entre la mitad y la cuarta parte por habitante de lo que se veía en la Europa rica.

¿Y dónde estamos en 2015 (último año publicado)? Esto es lo que vemos ahora. Nuestra inversión en I+D no solo no ha aumentado sino que ha disminuido, mientras que en casi todo el resto de países ha aumentado de forma notable. De hecho, se nos han colado por delante la República Checa y Eslovenia, y nuestra inversión ahora es entre la tercera y la quinta parte de la de la Europa rica.

No hay, pues, cambio alguno en el modelo productivo hacia una economía de mayor valor añadido. Sí que hay cambio, a la vista de los números, hacia una economía más miserable basada en la explotación de una fuerza de trabajo abundante y doblegada por unas altísimas y persistentes tasas de paro y un Estado social rudimentario, por decirlo suavemente. Los patronos del Ibex, los que de verdad administran el país y cuyos capataces del PPSOE no son sino fieles empleados, no hacen más que mantener a la población lo más sometida posible por el terror a la pobreza extrema, mientras que su mentalidad caciquil los hace rehuir de cualquier sector productivo que implique conocimiento y competencia en pie de igualdad. Lo suyo son las influencias y los privilegios. No son más que máquinas de producir miseria.

¿Y saben de dónde proviene esta pequeña bonanza que vivimos? Pues la respuesta es bien sencilla, de la rotativa que mantiene el señor Draghi en el 20 de Sonnemannstraße, en Fráncfort. Aquí tienen un gráfico para asustar al miedo, en que España e Italia viajan de cabeza al abismo de la deuda con el eurosistema. Porque realmente ahora los eurócratas no pueden hacer otra cosa si no quieren que se les hunda el chiringuito y el euro estalle por las costuras de la rebelión ciudadana. Hasta que a un neoyorquino con flequillo rubio, presionado por todos lados por la siguiente crisis financiera, se le hinchen las narices y dé el puñetazo en la mesa. Y si no es él, será el siguiente que venga. Y en ese momento, la inmensa mentira en la que vivimos estallará en nuestra cara.

 


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Otegui debe disolver ETA y el PSOE rectificar
Pablo Sebastián Republica 7 Abril 2017

Resulta lamentable que PSOE y Podemos aparezcan en una foto y un manifiesto, que sin pudor calificaron de ‘hito histórico’ con Arnaldo Otegui, para pedir a ETA que acelere la entrega de las armas y que la banda se disuelva.

Es Otegui, la cabeza política del entorno de ETA y ex miembro de la banda, quien tiene que dar a sus compañeros la orden de disolución, de la entrega de todas las armas y de solicitud de perdón a las víctimas de los crímenes de esta macabra organización.

Todo lo demás es un intento imposible de blanquear la historia de ETA, y de simular un ‘pacto’ en la rendición definitiva de la banda terrorista.

En cuanto al desarme, que se anuncia para el sábado, con entrega de los datos de los zulos en Francia, carece de las garantías decisivas porque está claro que no van a entregar todas las armas, y menos aún las que están relacionadas con los crímenes sometidos a pesquisas policiales y procesos judiciales.

Además, en caso de entrega de algunos arsenales de ETA, nada impide que cuando lo deseen se puedan rearmar con suma facilidad. De hecho para matar, como lo ha hecho ETA en muchas ocasiones, solo basta una pistola.

¿Por qué el PSOE (Podemos no tiene arreglo) se presta a semejante espectáculo? Pues porque en las últimas elecciones vascas el PSOE sufrió una derrota espectacular, y su candidata a lehendakari, Idoia Mendía, ni siquiera se dignó a presentar la dimisión como era su obligación, y para colmo se dedicó a enfrentarse a la actual dirección del PSOE.

Y ahora Mendía se ha integrado en la foto con Otegui -lo que puede que afecte a Patxi López en su campaña de las primarias del PSOE-, porque creerán en el PSE que con esa foto van a recuperar votos en Euskadi y a competir con Podemos. Los que a su vez coquetean con Otegui y el entorno de ETA para disputar votos a Bildu, de la misma manera que en Cataluña se acercan al independentismo y la autodeterminación en busca de votos fronterizos con los secesionistas.
Pero Podemos es como es y eso les impedirá ganar unas elecciones en España. Ahora bien el PSE vasco, como le ocurrió al PSC en Cataluña tras aliarse con ERC en el gobierno catalán, lleva camino de quedarse reducido a un partido minoritario o marginal.

Y eso después que los socialistas gobernarán en Cataluña y hace poco en el País Vasco, precisamente con Patxi López de Lehendakari, quien después y por algún tiempo asumió la Presidencia del Congreso de los Diputados. Algo que el PSE-PSOE debería recordar evitando las fotos y manifiestos con Otegui mientras ETA siga existiendo.

Y si el PSE y el PSC continúan por esos caminos de la ambigüedad mal calculada puede que algún día el PSOE nacional se decida presentar sus siglas en Cataluña y País Vasco -lo advirtió Miguel Ángel Heredia en sus polémicas declaraciones contra los ‘sanchistas’- rompiendo así una dinámica que daña la credibilidad de su proyecto nacional.

En cuanto a los presos de ETA, hay que recordar que permanece abierta la vía del arrepentimiento y la reinserción, y que cualquier otra medida como el acercamiento de presos etarras al País Vasco, no depende del Gobierno sino de ETA, si es que finalmente anuncia su disolución. El que entreguen las armas, o parte de ellas, está muy bien y puede ser un primer paso positivo, pero falta la disolución final.

Aula borroka

OKDIARIO 7 Abril 2017

España degenera a golpe de radicalismo, una lacra que no respeta ni la universidad. Fray Luis de León, uno de los docentes más célebres de nuestra historia, escribió que “para hacer mal cualquiera es poderoso”. En efecto, un cualquiera es Fernando Harto de Vera. Definición indulgente para un individuo que, con trazas de bolchevique renegado, hace de la violencia su forma de ejercer el vicedecanato de Estudiantes y Participación de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense. Este cualquiera, que ha echado a la calle a un trabajador de OKDIARIO por el mero hecho de tomarse un café en un lugar público, simboliza la peligrosa deriva hacia la dialéctica de los puños —aquella que enarbolaban Primo de Rivera y Girón de Velasco— que los grupúsculos de Podemos tratan de imponer en los centros universitarios. Con especial presencia y actividad en Madrid, los cachorros del populismo radical enarbolan ese principio tan nuevo y democrático de “estás conmigo o estás contra mí”. Un mensaje que, como en los peores años de la kale borroka —”lucha callejera” en vasco— cuaja entre los más jóvenes e influenciables hasta convertirlos en matones de aula y cafetería.

Estudiantes que, entre libro y libro con las páginas intactas —si leyeran más parecerían menos acémilas— aún no han aprendido que la libertad va más allá de las opiniones e ideas personales y se fundamenta en el respeto a los demás. Un principio que debe ser inviolable en democracia y que sirve, entre otras cosas, para que uno pueda tomar un café donde crea oportuno, especialmente si —repetimos— es un lugar público. Libertad para poder estar en cualquier sitio sin tener que padecer una insoportable presión física y psicológica: “Acompañadlos, si van a mear, a mear, si van… no os separéis”. Más aún si ese lugar es la universidad, otrora foro de tolerancia y pensamiento.

Desgraciadamente, la facultad de Políticas de la Complutense cayó en desgracia cuando ínclitos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón o Carolina Bescansa la convirtieron en el laboratorio de Podemos. Tras ver las imágenes, da la sensación de que hubieran agredido físicamente al periodista Cake Minuesa de haber permanecido cinco minutos más allí. El rector de esta Universidad, Carlos Andradas, debe tomar medidas antes de que la dictadura del aula borroka carcoma toda la esencia de un centro histórico. Mientras tanto, la mayoría de estudiantes que acuden día a día a las clases pensando exclusivamente en su futuro tendrán que seguir soportando en silencio, por miedo a represalias, la visceralidad de macarras trasnochados como Harto de Vera.

Payasada de ETA y terror en Suecia
Marcello Republica 7 Abril 2017

La pretensión de ETA de convertir la presunta entrega de sus armas -les basta quedarse una pistola para volver a matar- en una fiesta política en Bayona no pasa de ser una payasada con aires de apología del terror. El anunciado desarme carece de valor mientras ETA no se disuelva y pida perdón a sus más de 800 víctimas, familiares y amigos.

Semejante espectáculo, al que no debe de acudir ningún demócrata, lo único que pretende es buscar algún tipo d reconocimiento de Francia y España y eso los etarras y su aparato de propaganda que dirige Otegui tampoco lo van a lograr.

ETA está en el pasado y cuando antes se disuelvan y se arrepientan de sus crímenes pidiendo perdón a las víctimas mejor para todos y ahí también incluidos sus presos que no van a recibir compensación alguna por este espectáculo lamentable que en realidad es una simple pantomima.

Afortunadamente esta lacra de española se está diluyendo mientras crece el terror yihadista en toda Europa. Hace poco en Londres y ahora en Suecia con el sistema del camión que ya arrasó a otros inocentes en Niza y Berlín y que permite a lobos solitarios del ISIS atacar cualquier ciudad con facilidad y a traición.

Y siguiendo las órdenes de los jefes del terror yihadista que sigue teniendo sus bases en Siria e Irak ante la asombrosa paciencia e impotencia de las primeras potencias de Occidente y del mundo árabe que permanecen al margen y sin reaccionar.

Y que lamentablemente se muestran impotentes ante un ataque sorpresa de un camión lanzado contra una multitud por un criminal que, como ha ocurrido en Estocolmo, se puede dar a la fuga con facilidad y dentro de la confusión que él mismo generó.

No está pues el mundo ni Europa en particular para bromas y menos aún para soportar la payasada de la banda terrorista ETA que sigue existiendo por más que digan que entregan las armas, lo que tampoco no es verdad.

Entregan armas para sacar presos
Guillermo Dupuy Libertad Digital 7 Abril 2017

Nada que objetar a que la Audiencia Nacional se disponga a analizar las armas que los terroristas de ETA tengan a bien entregar mañana en Bayona si es únicamente con la finalidad –tal y como se dice– de verificar si dichas armas pueden contener pruebas o evidencias que ayuden a esclarecer multitud de asesinatos que siguen impunes y a detener a los terroristas que siguen en libertad.

Si, por el contrario, la investigación tiene por objeto algo tan necio como ver el buen o mal estado de las armas, o si estas pueden corresponden a la totalidad o sólo una parte del arsenal de la organización terrorista, la Fiscalía y la Audiencia Nacional no van a hacer más que poner en valor un numerito propagandístico, que nunca dejará de serlo por la cantidad o calidad del armamento entregado por quienes huyen de la Justicia.

Bien es cierto que los primeros en poner en valor la entrega de las armas, así como el no menos circense anuncio por parte de la propia organización terrorista de su propia disolución, han sido y, en parte siguen siendo, los políticos y los medios de nuestro país, siempre dispuestos a conceder a los terroristas beneficios penitenciarios –incluso la impunidad– a cambio de que dejen definitivamente de matar.

Lo que un Gobierno, en cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre, debe hacer es desarticular las organizaciones terroristas, deteniendo a los que siguen prófugos de la Justicia y, si se da el caso, requisando unas armas que nunca se disparan solas. Por ello siempre me ha resultado surrealista ver cómo nuestros gobernantes pasan la responsabilidad a los terroristas pidiéndoles que sean ellos los que entreguen las armas y que sean ellos los que anuncien su propia disolución.

En ningún ordenamiento jurídico del mundo se exige a los gobernantes que pidan a las organizaciones delictivas que se disuelvan o que entreguen las armas que puedan tener en su poder. Lo que sí se tipifica como delito –al menos en nuestro supuestamente vigente artículo 408 de nuestro Código Penal– es "la omisión del deber de perseguir delitos y a sus responsables", omisión del deber en el que han incurrido nuestros gobernantes, como mínimo, cada vez que dialogaban con terroristas prófugos de la Justicia con la excusa de constatar su supuesto deseo de dejar, temporal o definitivamente, su criminal y mal llamada "lucha armada".

Visto lo visto, nada me resulta, por tanto, más oportuno que el manifiesto Por un fin de ETA sin impunidad, suscrito, entre otros, por mi casi siempre admirado Fernando Savater. Recuerdo perfectamente que hace 12 años este gran filósofo se opuso a una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra la negociación con ETA, convocada pocos días después de una infame resolución del Congreso favorable al diálogo con la banda. Savater trató de justificar su oposición a esta encomiable manifestación por una conversación mantenida con el entonces presidente del Gobierno, Zapatero, en la que este le había asegurado haber recibido una oferta de ETA para dejar las armas "sin letra pequeña y sin contrapartidas políticas, con la única condición de que se dé salida a los terroristas presos".

Poco puedo añadir al editorial que este periódico le dedicó entonces a Savater. Lo único que me toca decir es que este sabio, que ya lo era cuando cometió aquel lamentable error, ha sabido corregirlo, tal y como ha hecho con muchos otros cometidos a lo largo de su larga y fructífera trayectoria intelectual.

Con todo, no sé si Savater considerará "concesiones políticas" a ETA hechos que se han producido desde entonces, como la neutralización de la Ley de Partidos y de la sentencia de ilegalización de Bildu, o la derogación, a instancias de ETA, de la Doctrina Parot, facilitada en Estrasburgo por negociadores de Zapatero como los que, a su vez, habían negociado con la banda terrorista.

Lo que es seguro, visto el encomiable manifiesto que ahora él ha firmado, es que Savater ya considera una concesión política inaceptable estar dispuesto a que un Estado de Derecho ofrezca impunidad a unos presos a cambio de lo que hagan, o dejen de hacer, los terroristas que siguen en libertad.

Un fin de eta justo y sin impunidad
Editorial La Razon 7 Abril 2017

El terrorismo de ETA contó siempre con un apoyo político que se encargó de construir una trama de organizaciones con las que impusieron, ya no sólo un sistema de terror, sino de exclusión cultural y social propio del más xenófobo de los nacionalismos.

La complicidad del mundo abertzale, incluso de sectores moderados del nacionalismo vasco, permitió que ETA impusiera el relato de que luchaba y mataba para liberar a Euskal Herria de la opresión de los estados español y francés. Ahora, cuando se repasa la herencia dejada por el terrorismo etarra, cuesta imaginar cómo pudo perpetuarse en plena democracia una organización cuyo objetivo era precisamente liquidar el sistema de libertades. Y cuesta creer la complacencia con la que contaron los terroristas dentro de sectores de una sociedad próspera como la vasca, con una amplia autonomía –la más desarrollada de Europa– y con un régimen fiscal propio –y muy beneficioso–, a pesar de que la aspiración de ETA era, en el método y en los objetivos, puro totalitarismo.

Tras asesinar a 829 personas, dejar centenares de mutilados y de haber destrozado a familias enteras, ETA fue derrotada. La democracia ganó porque el duelo era entre una banda de terroristas y el Estado de Derecho. Ahora, los restos de esta organización, su brazo político, EH Bildu, y las piadosas organizaciones –¡pacifistas!– afines buscan contar aquella historia como el enfrentamiento entre dos legitimidades y que, por lo tanto, la equidistancia es posible, como es posible ocultar la naturaleza antidemocrática del terrorismo vasco. Es decir, en nada que cambie que ETA pase de ser una «organización armada» a «organización desarmada», según sus dirigentes todavía en ejercicio, si no han reconocido sus crímenes y la persecución a la que sometieron a una parte del pueblo vasco.

Mañana se escenifica una entrega de armas propiciada por los así llamados «artesanos de la paz», una operación propagandística de su «buena voluntad» para alcanzar la paz y no obstruir las ambiciones electorales de su marca blanca representada por Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a banda armada y que hasta la fecha no ha renunciado del pasado sanguinario de su organización.

«Es propaganda y autoblanqueo», dicen en un manifiesto un grupo de intelectuales y víctimas que reclaman el «fin de ETA sin impunidad». «Un final basado en la dignidad de los acosados y asesinados es aquel que se construye sobre la verdad, la memoria, la justicia y la reparación», añaden. Concluye el manifiesto remarcando la necesidad de «deslegitimar el lenguaje de ETA», que permite esa equidistancia que muy cómodamente quiere situarse en un punto intermedio: ni con ETA ni con el Estado español. Este hecho es fundamental, dicen los firmantes, para tratar un tema pendiente: «El miedo y el desistimiento de una parte de la sociedad durante los años de terror».

El Parlamento vasco aprobó ayer un texto de apoyo al desarme de ETA con el voto de PNV, EH Bildu, Podemos y PSE. El PP lo ha calificado de «disparate humillante» porque «camufla la rendición» de la banda. A los socialistas vascos, por su compromiso con la lucha antiterrorista y las víctimas, se le exige una posición más consecuente. No basta decir que «no esperen un aplauso el sábado»: hay que estar con los que sufrieron. A la cabeza de la derrota de ETA estuvo una minoría de la sociedad vasca –firmantes en su mayoría del manifiesto– y no el brazo político de la banda.

Decir que mañana ETA va a entregar las armas es una broma de mal gusto, porque ni se sabe dónde, cuándo, ni dónde –se facilitarán las coordenadas– cuando el único lugar donde deben estar es la Audiencia Nacional, que debe seguir investigando. Nunca hay que olvidar que más de trescientos asesinatos están todavía sin resolver y 134 de ellos ya han prescrito.

224 ATENTADOS DE LA BANDA TERRORISTA SIN ESCLARECER
La Policía, contra el 'desarme' de ETA: 'No ayudará a resolver los crímenes'
La Gaceta 7 Abril 2017

Las Fuerzas de Seguridad tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas por ETA sirvan para arrojar luz sobre los 224 atentados de la banda terrorista de ultraizquierda sin resolver, ya que seguramente estarán "limpias" de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los "mediadores".

Fuentes de la lucha antiterrorista han explicado que no creen que ETA entregue estas armas y, en cualquier caso, hay muchas que están metidas en zulos cuya ubicación ni siquiera conocen los dirigentes de la banda ni los propios etarras que los hicieron en su día.

Los encargados de luchar contra ETA han comprobado en muchos casos cómo los terroristas han sido incapaces de localizar los zulos al estar en sitios "inhóspitos" y, en caso de que efectivamente entreguen armas usadas en crímenes, esperan que estén desprovistas de huellas dactilares y restos de ADN.
300 asesinatos de ETA sin resolver

Y es que el "desarme" de ETA deja tras de sí una gran incógnita: la de las familias de casi 300 víctimas de la banda que aún no saben quiénes fueron los asesinos de sus seres queridos a pesar de los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad españolas, que han reabierto una veintena de causas para intentar resolverlas.

Según los últimos datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional del pasado enero, actualmente hay 224 atentados sin alguno de sus autores conocidos, más de la mitad (128) perpetrados entre 1978 y 1982, que dejaron 297 fallecidos.

Son un tercio (el 34,6 %) de las 858 personas que mató ETA en 51 años y en los últimos años la justicia ha reabierto 21 de esos atentados en una lucha contra la prescripción, el olvido y la impunidad que las víctimas ven con esperanza.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional revisa desde 2011 y a petición de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) y de otras asociaciones la situación de las causas penales sobre víctimas de la banda, aunque, según las propias víctimas, a estas alturas la única forma de resolverlas es que los terroristas colaboren y destapen a los autores.

No todos estos 224 atentados han quedado totalmente impunes, indica la Fiscalía, sino que en muchos casos no han sido aún condenados todos los etarras que participaron en ellos, sea como autores materiales o colaboradores.
21 sumarios abiertos tras el hallazgo de pruebas

El hallazgo de pruebas e indicios ha permitido reabrir 21 sumarios, el último el atentado perpetrado por la banda en 1979 en Villafranca (Guipúzcoa) en el que fueron asesinados un guardia civil y su novia.

Esta perseverancia ha permitido, por ejemplo, la reapertura en 2012 de varios atentados que estaban a punto de prescribir (hay un plazo de 20 años), como el asesinato en Madrid del coronel retirado del Ejército del Aire Aquilino Vasco Álvarez, de los guardias civiles en Oyarzun (Guipúzcoa) José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez o del policía nacional en San Sebastián Ricardo González Colino.

Hace dos años, la Audiencia también revisó el asesinato con bomba lapa del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, cometido el 22 de diciembre de 1995 en León y las nuevas pruebas llevaron a procesar a los etarras Soledad Iparragirre, "Anboto", y Sergio Polo Escobes, "Lur", como sus autores.

En estos últimos seis años se ha conseguido asimismo determinar que fue el exjefe de aparato militar de ETA Mikel Carrera Sarobe "Ata", el que asesinó en 2001 al presidente del PP en Aragón Manuel Jiménez Abad.

A la lista de 21 sumarios reabiertos se unen los del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, los asesinatos de militante socialista Fernando Múgica o los de los concejales del PP Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez.
 


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