AGLI Recortes de Prensa    Domingo 16 Abril 2017

Tolerancia cero
Vicente Baquero Gaceta.es 16 Abril 2017

Es de todos conocidos, por simple experiencia, que muchas veces la avería grave de un aparato tiene su origen en fallos o carencias en los elementos más insignificantes de la maquinaria o instrumento en cuestión. Si bien con harta frecuencia no es tanto el defecto que aparece en el pequeño componente, ya que este no suele aparecer súbitamente, suele dar avisos previos, sino la desidia en solucionarlo antes lo que acaba por convertirlo en letal.

Lo mismo ocurre con determinadas conductas en el orden social, se empieza por tolerar pequeñas transgresiones de la ley y a medida que estas se van generalizando y agravando de una manera cada vez más agresiva, va resultando cada vez más difícil atajar ese comportamiento, el cual se vuelve imparable si no se aplica una medida de fuerza extrema.

Una reacción, que en un principio hubiera resultado de todo punto excesiva, se impone como necesaria por haber descuidado una sanción en su momento: igual que en el caso de la maquinaria, no es tanto la falta en origen, sino la pasividad por haberla tolerado, lo que convierte el problema en muy grave. Cuando las faltas, las infracciones administrativas, declaraciones verbales extemporáneas, o la manifestación de opiniones contrarias al orden constitucional resultan gratuitas, cuando no se reacciona ante expresiones que entrañan una evidente insubordinación a las leyes de la nación se está invitando a la escalada de la provocación.

Cuando a tales posturas se les ha dado carta de naturaleza al ignorarlas, no ejerciendo la autoridad que las propias leyes nos conceden, alegando que los desafíos no son significativos y que lo más conveniente es pasar de ellos para no crear mayor animadversión, lo que único que se consigue es alicientar dichas actitudes. Es un juego de fuerzas en las que una parte va presionando para desarmar e inutilizar los recursos y argumentos del contrario, y este se pliega por inercia, pasividad o simple incapacidad de actuar al negarse a la desagradable opción de tener que hacer cumplir las leyes.

La primera vez que se permitió que en un ayuntamiento del País Vasco o Cataluña no ondeara la bandera de España, que se hicieran declaraciones subversivas e inconstitucionales, animando a la rebelión, a la desobediencia civil, se escucharon autoridades públicas manifestando su apoyo a grupos o personas evidentemente delincuentes, sin que ello conllevara la imposición de la legalidad y el castigo correspondiente a los autores de dichos delitos, se perdió la ocasión de resolver un problema, que si algún día se llega a una solución, va a ser en todo caso muy lesiva para todas las partes y letal para España y para todos los españoles.

Ahora no debe sorprendernos que auténticos asesinos se paseen por la calle y estén sus cómplices instalados en instituciones oficiales del estado, o que un parlamento declare la independencia de su región, desafiando las leyes de la nación o se prohíba impartir la enseñanza en la lengua oficial del estado con manifiesto perjuicio de todos los que no hablan la lengua local.

El hecho es que en este momento ya poco sentido tiene el ponerse a echar las culpas a unos u otros, responsables, por esta falta de autoridad o pasividad colectiva, como Fuenteovejuna… Quizá la tranquilidad y el bienestar, la sensación de que nunca pasa nada, que adormece a las mayorías ciudadanas, el exceso de confianza o la simple indiferencia de una sociedad muy desestructurada, en un contexto territorial demencial de reinos de taifas, nos ha hecho devotos de la contemplación de nuestros ombligos tribales, lo que ha permitido que unas minorías decididas y organizadas hayan conseguido llevar adelante sus teorías e imponérselas al conjunto del país, aprovechando la descomposición política y ciudadana.

¿Quién pondrá fin a este despropósito? Que una nación de las más antiguas del mundo, cuya lengua es hablada por 500 millones de personas, de una cultura antigua, pujante, expandida para bien o para mal, desde Tierra de fuego a California, una nación que paso del subdesarrollo del siglo XIX a ser uno de los miembros más significativos de la UE, vaya a descomponerse en una pléyade de clanes, es una pregunta en estos momentos sin una respuesta en el horizonte inmediato. El mal está hecho y si se tardaron treinta años en desmantelar el concepto nacional en la mente de los ciudadanos “autonómicos” hasta convertirlos en “independentistas”, se pueden tardar otros tantos en recuperar el terreno, pues la clave, como en tantas otras cuestiones, está en la educación y en la competencia de aquellos que presumen de impartirla.

Desgraciadamente a estas alturas la única forma de que dicha tendencia aberrante sea invertida va a requerir unas medidas que no van a gustar a aquellos que consideran que con “el dialogo” la situación puede corregirse; ignoro en este momento exactamente lo qué tendrá que ocurrir, pero estas situaciones o emociones contrarias al sentido común, basadas en ficciones, a la larga siempre acaban por reventar y con consecuencias negativas para todas las partes.

Hay algunos ilusos que piensan que Europa nos lo va a solucionar, como si les importase que hubiera tres naciones más o menos al sur, cuando han aceptado enclaves como Malta, Chipre o las repúblicas bálticas como si fueran naciones en pie de igualdad, por no mencionar la aberración de reconocer a Kosovo; mientras puedan controlar sus intereses y no les perjudique concretamente, postura por otra parte si se piensa fríamente totalmente lógica: cada uno vela por lo suyo, lo cual no será muy “solidario” pero la postura es muy real. ¡Hay que ser ingenuo! ¿Desde cuándo los problemas o necesidades propias las han resuelto los extraños…? Más bien siempre ha sido lo contrario.El problema territorial de España fue cultivado a conciencia por nosotros mismos a lo largo de muchos años, el resto de Europa no tiene la culpa ni nos puede dar la solución.

Pero de lo que no cabe duda es que este sistema de autonomías es insostenible, ahora que está tan de moda dicha cualidad, no se puede mantener un estado tan complejo y variopinto, disperso y oneroso, con nuestro nivel de ingresos, sin machacar a los ciudadanos productivos, habrá que reducir los gastos de este gargantÍa, es algo de lo que todos son conscientes y que ninguno se atreve a proclamar abiertamente, solo se comenta “en la intimidad”.

Ni fue Santo, ni fue Rojo, pero fue Sábado
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 16 Abril 2017

Para los universitarios antifranquistas, que, casi en su totalidad, nos movíamos en la órbita del Partido -el Comunista; frente al Partido único legal, el Movimiento Nacional, no había otro mínimamente organizado- la legalización del PCE y, enseguida, la del PSUC, fue una sorpresa casi tan grande como para los franquistas que, dos años después de la muerte del dictador, sólo ganaban las batallas que llevaban inevitablemente, aunque en una atmósfera de incertidumbre, al desmantelamiento del Régimen.

La más importante había sido el Referéndum para la Ley de Reforma Política que defendió Fernando Suárez contra Blas Piñar y fue votada en las Cortes el 18 de noviembre de 1976 -faltaban dos días para el primer aniversario de la muerte de Franco-, para ser refrendada casi de inmediato en referéndum nacional el 15 de diciembre, con una participación del 77% del censo y el 94´17 % de votos a favor. Eso significaba que, quitando la abstención técnica, toda la oposición, unánime en el rechazo al referéndum, no logró que ni siquiera el 20% del cuerpo electoral se abstuviera. Y también que el bunker franquista carecía de apoyo popular en la antigua España Nacional.

"Reconciliación nacional" y oscuro panorama internacional
En aquellos turbios días que hoy queremos recordar luminosos, en la semiclandestinidad recelosa de la Oposición -que solía recibir respiración asistida y respiraba de vez en cuando en los periódicos-, la actividad esencial era el análisis de la relación de fuerzas, que por un absurdo latiguillo, dio en llamarse "correlación de fuerzas". Y para ello, el gran banco de datos, el primero políticamente importante tras la guerra Civil –el primero, de orden sociológico fue el informe FOESSA de Amando de Miguel, que apuntaba ya una predisposición popular favorable a la Transición a la democracia si era pacífica y no nos devolvía a la República y la Guerra Civil, refrendando la política de "reconciliación nacional" del PCE- era el de esos datos -sorprendentes para casi todos- del Referéndum de Diciembre de 1976.

Y lo que reflejaban era que, a efectos de una movilización electoral, la Oposición sólo existía en la Prensa, era irrelevante en la radio -desde 1972, gracias a la Ley Fraga, además del Parte de Radio Nacional, sólo cabía oír a las 11 Hora 25 de Martín Ferrand, luego de Miguel Ángel Gozalo, en la SER, "con las noticias que nos brinda Radio Nacional", después José María García y al final unos comentarios con más intención-, y rigurosamente inexistente en TVE, de la que, para más inri, había sido director general el propio Adolfo Suárez.

Esto quería decir que la sartén, el mango, el fuego y la cocina de cualquier cambio político estaban en manos de los franquistas "reformistas", que iban transitando un camino hasta entonces inimaginable. El nuevo PSOE de Willy Brandt y un tal Felipe González estaba dispuesto a ir a elecciones sin el PCE, fórmula que también favorecían los USA tras el susto de la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974, que, amén de entregar a la URSS sus colonias africanas -Angola, Mozambique, Guinea- estuvo muy cerca de convertirse en una dictadura comunista bajo el gobierno de Vasco Gonçalves, con el respaldo militar del almirante rojo Rosa Coutinho y el autor técnico del golpe, Otelo Saraiva de Carvalho, -el político, pronto sacrificado, fue Spínola- y, detrás, el PC de Alvaro Cunhal, un estalinista irredento parecido a La Pasionaria pero en hirsuto portugués.

En el Partido, absolutamente despistado tras el Referéndum, se creía que, si el Ejército permitía elecciones, sólo podrían presentarse el PSOE y otros socialistas (PSP de Tierno), los reformistas Fraga y Suárez, el bunker (Girón y Blas Piñar), los carlistas, que se llevaban a tiros, y los cristianos, que además de los democristianos incluían a los nacionalistas vascos y catalanes, muy protegidos por la Iglesia. O sea, todos menos el PCE.

El PCE del Interior y el de Rumanía
La cuestión más importante que se derivaba de este análisis era si, en caso de legalización, la dirección histórica del Partido –La Pasionaria y Carrillo- iba a poder presentarse a las elecciones y si al Partido le convenía que lo hiciera. Había dos líderes, Ramón Tamames, joven economista del Plan de Desarrollo franquista, y Nicolás Sartorius, abogado de Comisiones Obreras pero aristócrata descendiente del Conde de San Luis -ambos muy apuestos y elocuentes, en especial Tamames- que parecían más indicados que dos líderes de la Guerra Civil para representar en las urnas –si las había- el mensaje del Eurocomunismo, que sólo un mes antes, en Marzo, habían presentado en Madrid Carrillo, el italiano Berlinguer y el francés Marchais, para presionar en favor de esa legalización del PCE y como un anuncio de programa electoral que quitara el miedo a votar comunista.

El proceso lógico y deseable desde el punto de vista interno era éste: 1/ legalización; 2/congreso extraordinario; y 3/ nueva dirección del Interior, tal y como había hecho el PSOE en Suresnes dos años antes, relevando a los viejos masones de Toulouse dirigidos por Rodolfo Llopis, cuyo sucesor por el Pacto del Betis -agrupaciones de Sevilla y Bilbao- debía ser Redondo Urbieta, líder de UGT, que cedió el liderazgo a un tal "Isidoro" -Felipe González- por considerarlo más adecuado para la futura liza electoral. Bien es cierto que el PSOE había contado en Suresnes -ida y vuelta- con la protección de los servicios de inteligencia franquistas (SECED), con la CIA y el SPD detrás, como cuenta en sus Memorias el coronel San Martín. De Carrillo, financiado en el exterior por Ceaucescu y Kim Il Sung y dentro de España por Teodulfo Lagunero, nadie se fiaba demasiado. Pero del PCE sí.

La clave de la legalización, según contó luego el propio Suárez, fue comprobar en muy trágicas circunstancias la disciplina interna del partido sólo dos meses antes. En un último intento para intentar que descarrilara la Reforma Política promovida por Suárez y respaldada por el Rey, un grupo de ultraderechistas había asesinado a cinco abogados laboralistas del PCE en su despacho de la calle de Atocha. Era una copia de la "estrategia de la tensión" de la extrema derecha italiana que llevó a masacres como la de Piazza Navona y al golpe fallido del neofascista Giorgio Almirante, que ante una posible victoria electoral - "il sorpasso" del PCI- creía contar con apoyo militar y de los servicios secretos, italianos y la CIA.

A la hora de la verdad, los golpistas italianos no tuvieron a nadie detrás. Y ello porque, tras el golpe de Chile y el susto de Portugal, el PCI de Berlinguer vio claro que ni los USA ni Europa admitirían jamás un país prosoviético en Europa. Así que, llevando mucho más allá de Toglatti en 1956 la doctrina del "policentrismo" comunista, aseguró que su Gobierno seguiría dentro de la OTAN, frente al Pacto de Varsovia, verdugo de Praga, y que sus reformas "socializantes" se harían dentro del Mercado Común Europeo. Esa evolución del PCI hacia Occidente y la economía de mercado es la que en las áreas ilustradas del PCE y el PSUC se veía como la más favorable para que los comunistas se insertaran en una democratización completa de España. La primera vez que yo oí defender a la OTAN como la garantía última de un socialismo democrático fue a gente del PSUC.

En el verano de 1976, al volver de China, estuve con los pintores de TRAMA en la Bienal de Venecia, junto a Tápies y otras patums del PSUC y el discurso dominante podía resumirse en "No a Moscú". Al mes siguiente, en Roma, tuvo lugar el Congreso del PCE, con La Pasionaria de estantigua, Carrillo mandando y Tamames brillando. Era lógico pensar que la deseada legalización del Partido supondría un cambio generacional en la dirección.

Carrillo se legaliza a sí mismo
Pero ahí es donde dos pícaros de la política, uno por lo civil y otro por lo criminal, se encontraron. Lo ha contado Luis Herrero, con Suárez como fuente. El Presidente está dispuesto a legalizar el PCE no a Carrillo. Y éste se niega. Los términos son no sólo verdaderos sino verosímiles.

- Si yo no me presento, las elecciones carecerán de legitimidad y su reforma hacia la democracia no será creíble.

- Y si yo no le legalizo, no tendrá presencia en las instituciones y no podrá influir en el proceso constituyente.
- Si no nos legaliza desacreditaremos las elecciones, aunque sea colocando urnas de cartón con nuestras candidaturas en los colegios electorales. Movilizaremos a todos nuestros apoyos para hacer fracasar el cambio.

- ¿Y aceptaría usted presentarse como independiente? Esa fórmula nos ahorraría muchos problemas a corto plazo.
- ¿Presentarme como independiente? Ni así, ni vestido de lagarterana. Aquí hemos venido a hablar de política con pe mayúscula.

- ¿Aceptarán la bandera nacional, la monarquía y la unidad de España?
- Nosotros somos republicanos, pero aceptaremos la monarquía siempre y cuando ésta apueste por la democracia. Lo importante ahora no es el debate entre monarquía o república, sino la elección entre dictadura o democracia, y nosotros estamos claramente con la segunda. Si el rey asume la monarquía parlamentaria y constitucional, nosotros le apoyaremos. Me consta que él ya lo sabe.

No sabemos lo que Juan Carlos, a través de Nicolás Franco-Pascual de Pobill o Manuel Prado (que se vieron con él en Rumanía) había hablado con Carrillo. Pero él no dice "si el Partido no se presenta" sino "si yo no me presento", ni como independiente "ni de lagarterana". Es que entonces el candidato se habría llamado Tamames. Y Carrillo, Santi Paracuellos. Pero Suárez tenía prisa y eso a Carillo le vino al pelo. Para el PCE fue letal.

Para mí, lo importante de la legalización del PCE era que podía ya declararme anticomunista, cosa que moralmente me vetaba la existencia de cientos de militantes en la cárcel a algunos de los cuales había conocido y apreciado. Por eso –no fui el único- acepté el carné del PSUC meses antes y lo devolví al día siguiente de su legalización. También por la convicción de que los comunistas y anticomunistas del Partido estaban más preparados que cualesquiera otros para ayudar a implantar la democracia en España.

El País, con la legalización y contra el comunismo
Al día siguiente de la legalización. El País publicó un editorial que resumía muy bien mi pensamiento de entonces, no en balde estaba escrito por el ex-comunista Javier Pradera. Era un apoyo crítico a la legalización y también una profesión de fe nítidamente anticomunista. Empezaba así:

El Partido Comunista Español es legal desde ayer tarde. Esta es una buena noticia, sobre todo para los no comunistas…

Aparentemente, el diario creado por Fraga, que luego respaldó a Areilza y entonces oscilaba entre Suárez y el PSOE, siempre dentro de una línea liberal y nacional, exageraba en exceso. Los 338 militantes del PCE que salieron de la cárcel tras la legalización eran más que los militantes de todos los partidos antifranquistas juntos en la clandestinidad. Y el alarde de organización tras la matanza de Atocha había convencido a la propia Policía de que el PCE era un partido capaz de autocontrol y disciplina. Sin embargo, Pradera decía en su editorial algo rigurosamente cierto:

La situación de ilegalidad del PCE, además de una injusticia, era una torpeza bien aprovechada por el propio partido, que supo sacar de ella una rentabilidad adicional. Desde ahora va a terminar la tregua tácita que grupos de la derecha democrática y del socialismo le habían concedido, en virtud de su especial situación.

Y a continuación abordaba el problema de fondo: ¿era creíble la aceptación de la democracia por el PCE y el eurocomunismo en general?:

¿Es la postura democrática de los comunistas meramente táctica, o realmente sentida? ¿0 es simplemente una imperiosa y forzada necesidad, asumida ante la imposibilidad práctica de convencer en las pugnas electorales a los europeos a que renuncien a una tradición liberal de casi dos siglos, jalonados de luchas y esfuerzos que dejaron huella indeleble?" (…) la libertad es un bien colectivo demasiado importante como para permitir su destrucción o su cercenamiento en un futuro democrático que parece estar a la vuelta de la esquina. La experiencia histórica resulta desfavorable para los comunistas. Allí donde detentan el poder, la libertad, entendida al modo occidental, no existe. (…) Por el contrario, han establecido sistemas totalitarios de Gobierno, que, más o menos suavizados, representan la única práctica comunista conocida experimentalmente. Europa occidental es, ciertamente, un ámbito muy diferente del Oriente Extremo. Y ello, en el análisis marxista, es o debe ser determinante a la hora de adoptar una estrategia política. De ahí, quizá, cabe deducir que en los países europeos los partidos comunistas habrán de comportarse democráticamente (…).

Sin embargo, una cosa era reconocer la necesidad de que el PCE fuera legalmente a las elecciones, que compartían casi todos los partidos –PRISA no ponía entonces en duda la voluntad democrática de la AP de Fraga y los 7 Magníficos ni del PP pre-democrático de Pío Cabanillas, que desembocó en UCD- y otra muy distinta legalizar el PCE de Carrillo y La Pasionaria:

También deben tener presente que son una de las muy pocas formaciones políticas que acuden a las urnas con líderes y cuadros protagonistas en la guerra civil, y que ello supone un rechazo adicional en algunos sectores de la población.

Y lo que empezaba como aprobación terminaba en censura:
Pero si esta deducción (la aceptación de la democracia en el PCE) es lícita, también lo es la duda de aquellos sectores de la población que no tienen que acudir al recuerdo de la guerra civil, pues les basta la experiencia del comportamiento reciente de los comunistas portugueses -por ejemplo- para alimentarla. Corresponde precisamente a los propios comunistas tratar de despejar esta duda sin dejar sombras de sospecha.

Cuarenta años después, este editorial parece absurdo de puro contradictorio. Pero así es muchas veces la realidad: tan contradictoria y enrevesada que parece absurda. Entre dos ilegitimidades podía alumbrarse una nueva legalidad que no rompiera pero cambiara la anterior. Y se hizo. El PCE prometió asumir públicamente la bandera nacional. Y lo cumplió. Había anticomunistas, sobre todo los ex-comunistas, que queríamos su legalización por una lealtad biográfica pero también porque lo creíamos más fiable democráticamente que los socialistas y nacionalistas. Si el PCE se arrepentía del eurocomunismo, sería más fácil combatirlo legalmente. Y hasta que el PSOE de Zapatero dinamitó la Transición en 2004, así fue.

En resumen, que aquel día que a todos nos cogió con el pie cambiado, ni fue todo lo santo que hubiera querido la Derecha, ni todo lo rojo que hubiera querido la Izquierda, pero fue Sábado. Y la historia de España, algo sobresaltada, continuó.


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Que ETA entregue las almas
Pedro J. Ramírez El Espanol 16 Abril 2017

A las víctimas de la banda terrorista no les supone alivio alguno que ETA haya entregado las armas. Ni Gregorio Ordóñez va a poder terminar de girar la cabeza al oír el clic siniestro a sus espaldas; ni Fernando Buesa va a reanudar su trayecto bajo la balconada de Ajuria Enea; ni los Jiménez Becerril llegarán jamás por la noche a casa; ni José Luis López de Lacalle podrá leer los periódicos opuestos que había en aquella bolsa de plástico; ni los niños de la casa cuartel de Zaragoza saldrán de sus ataúdes blancos; ni Irene Villa recuperará esas piernas de gacela con las que se fotografió junto a su padre el último verano antes del atentado; ni Ortega Lara podrá olvidar la angustia insoportable de aquellos 536 días cuando llegó a intentar arrebatar al Dios de sus rezos la piltrafa que quedaba de su vida; ni Miguel Angel Blanco verá apartarse de su oreja derecha el cañón tonante de la Beretta de Txapote; ni a Paqui Hernández le servirá el geolocalizador ese para apagar la hoguera en la que vio como ardía, entre “chillidos y chillidos”, su marido Eduardo Puelles, hasta quedar calcinado por la Inquisición que le declaró hereje.

Ni los muertos recobrarán la vida, ni los mutilados los miembros amputados, ni los secuestrados los días de cautiverio, ni los extorsionados el dinero que les robaron, ni los amenazados el sosiego de los años en vilo, ni los padres a los hijos que perdieron, ni los hijos a los padres cuyos besos les hurtaron. Peor aún: a la mayor parte de los supervivientes, con secuelas indelebles de la furia tan inexplicable e injustamente padecida, la escenificación de la rendición de Bayona, cual si de una entrega honorable de la espada se tratara, les ha aportado las nuevas dosis de sufrimiento de aquel a quien frotan con sal y vinagre sus heridas.

Puedo imaginarlo a través del elocuente testimonio que publicó en forma de libro Salvador Ulayar, el adulto que brotó de aquel niño de orejas grandes y ojos melancólicos que presenció el asesinato de su padre a los trece años. “He llegado a la hora de la derrota”, escribió treinta y cinco años después en el epílogo de Morir para contarlo, al comprobar cómo la renuncia de ETA a la “lucha armada” arrastraba contrapartidas como la legalización de Sortu y Bildu, la excarcelación humanitaria del abyecto Bolinaga y, sobre todo, la derogación en Estrasburgo de la doctrina Parot, que dio paso a la puesta en libertad anticipada de decenas de asesinos múltiples irredentos, con la complicidad -al menos pasiva- del gobierno de España.

Ulayar se declaraba “traicionado” y “derrotado a manos de los míos”. Un sentimiento representativo de la frustración de quienes perciben que su sangre o su dolor se han vertido en vano. “El asunto es cruel: gracias a mis gobiernos, los hijos de las tinieblas danzan y yo lloro… Escribo con infinita tristeza que el tiempo no pone inexorablemente a cada uno en su sitio”.

¡Poner “a cada uno en su sitio”! Esa es la esencia a la vez de la justicia, de la dignidad y de la memoria que reclaman las víctimas. Eso es lo que no está sucediendo ni en el plano institucional, es decir en el ámbito público, ni en el social o privado, si exceptuamos algunos libros, películas o actos cívicos. Eso es lo que humildemente traté de hacer la semana pasada en mi querida Pamplona, durante una conferencia organizada por una asociación entusiasta y admirable como Sociedad Civil Navarra.

Tenía como percha el primero de mis recuerdos en el que aparece ETA. El de aquel año 72 cuando pocas semanas después de que la familia Huarte sufragara, con espíritu de mecenazgo y sensibilidad vanguardista insólitos, los míticos Encuentros que convirtieron a la capital navarra en meca del experimentalismo artístico, la banda secuestró a uno de sus miembros más destacados y “mandó parar”. El conflicto entre modernidad y barbarie salió insoslayable a mi encuentro: Felipe Huarte estaba casado con la tía de una buena amiga y un compañero de curso, al que escuchaba fascinado cantar melancólicas canciones en euskera, fue detenido por ayudar al comando terrorista a preparar el secuestro.

En aquella encrucijada se resume todo. Los españoles, incluidos una gran mayoría de los vascos y navarros, queríamos escapar del cubo de la basura de la historia, al que nos había condenado la dictadura franquista; anhelábamos salir al aire, compartir experiencias culturales cosmopolitas, sentirnos al fin demócratas, europeos, occidentales… y ETA trataba de volver a jodernos la vida, sustituyendo unos mitos por otros, una escafandra por otra.

Porque, a ver, yo me preguntaba entonces y sigo haciéndolo ahora, yo les pregunto a los sabinianos y a los puchdemones, qué circunstancia explica que Dios nuestro Señor, el Big Bang o la evolución de las especies se comportaran de forma diferente dentro y fuera de lo que llaman Euskalherría, dentro y fuera de lo que llaman Cataluña. Claro que lo mismo podría decirse del conjunto del territorio que ocupa España; y por eso yo no defiendo su unidad ontológica, sino el valor instrumental, la utilidad jurídica de la decantación milenaria que ha terminado en el reparto de las fichas de los Estados-Nación integrados en la Unión Europea, como garantes de los derechos individuales de sus ciudadanos.

Para alterar ese status de soberanías compartidas e interdependencias en la globalización, para resituar rayas y fronteras, para imponer idiomas y banderas, ETA ha desnucado, destripado, reventado, tronchado, descoyuntado, eviscerado, mutilado, aplastado, torturado, perforado, taladrado, descuartizado, emasculado, desangrado, quemado y carbonizado a casi un millar de seres humanos durante medio siglo. Hombres, mujeres y niños. Uniformados o paisanos. Figuras señaladas o meros transeúntes. Personas que dejaron de reír y llorar, de jugar al futbol y tocar el piano, de leer y pintar, de hacer el amor, de engendrar descendientes, de acariciar ancianos, de subir las montañas y bucear los mares o de mirar la lluvia tras los cristales porque “la organización” decidió su muerte.

Eso es todo. El mal existe como expresión supina de la estupidez humana. De ahí que resulte tan banal. De ahí que nos obligue a “poner a cada uno en su sitio”. Ni los asnos más asnos entre los asnos cocearían con tanta falta de motivo como exceso de saña. Ni en las peores pesadillas del Planeta de los Simios encontraríamos rebaños tribales dispuestos a celebrar tan cerrilmente la violencia étnica como lo han hecho una parte de los autodenominados abertzales. Sólo en la Alemania nazi hay precedentes de que cientos de miles de personas se encogieran de hombros sabiendo lo que estaba en marcha y, sin tan siquiera mirar para otro lado, continuaran con sus rutinas gastronómicas, deportivas y fiesteras, con tal de que no les cayera ningún trozo de cadáver en la porrusalda o la koskera.

ETA comenzó a matar en los sesenta y ha dejado de hacerlo durante la presente década. Pero en medio han ocurrido cosas terribles que no pueden quedar amortizadas a beneficio del inventario estadístico de un sedicente proceso de paz. Empezando por ese tercio de asesinatos que aún continúan impunes. Sólo en la medida en que sirvieran para contribuir a esclarecerlos, y juzgar y castigar a sus autores, tendrían valor esas armas que ahora dicen que se entregan.

Y es evidente que mucho más importantes que los hierros serían, a esos efectos, el impulso político exigible al Gobierno y la consecuente dotación de medios a la Oficina de Ayuda a las Víctimas y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para que esos miles de legajos desperdigados que aún contienen la memoria de lo sucedido puedan ser puestos en orden de combate jurídico. No me cabe duda de que quien tiene ese poder será algún día interpelado en la sesión de control de la posteridad: ¿cuántos asesinatos de ETA se esclarecieron durante su mandato, señor Rajoy?

Pero ni siquiera esto es lo decisivo. Podemos resignarnos –qué remedio- a que no se salden todas las cuentas legales, pero no podemos conformarnos con que no se salden las grandes cuentas morales. Lo que ETA tiene que entregarnos no son las armas sino las almas de todos sus integrantes, colaboradores y parroquianos mediante un reconocimiento de culpa humanizado, mediante una admisión detallada de los delirios etnocentristas que les empujaron por la senda de la abyección, mediante un repudio expreso, que sirva de vacuna a las nuevas generaciones, no sólo de los repugnantes medios empleados, sino de la toxicidad de unos fines que derivaron en coartada del horror. Tan culpables como los sayones son sus ideólogos, tan manchadas de sangre como sus capuchas están las togas de sus mandatarios y las sotanas de sus capellanes.

Exigimos un mea culpa, un mea máxima culpa, un confiteor completo, individual y colectivo, con sayal de penitente y ceniza sobre el occipital, en hora de máxima audiencia. Una petición a la sociedad no de perdón –que ese bálsamo lo administramos de uno en uno- sino de clemencia cívica, a cambio del compromiso de dedicar vidas y haciendas a la reparación antropológica del daño causado.

Y si no, pues al juicio de Osiris. Si ETA y sus protectores no entregan las almas entre golpes de pecho y redobles de conciencia, tanto la sociedad como el Estado deberían convertir en su gran prioridad la tarea de pesárselas. Y hacerlo a bombo y platillo, tal y como ocurría en la tradición funeraria egipcia. Cada difunto acudía a ese juicio de las almas o psicostasis con la obligación de contestar a las preguntas de los dioses y el corazón en la mano. Anubis, el chacal carroñero de piel tiznada, lo pesaba en la balanza y si las malas acciones superaban a las buenas, lo arrojaba a las fauces de Ammyt La Devoradora, una criatura monstruosa con cabeza de cocodrilo, mirada de salamandra, brazos de león y piernas de hipopótamo. Era la segunda muerte en la que el finado dejaba para siempre de existir, corroído en el oprobio, de la forma más ignominiosa posible.

Escribamos esa crónica tantas veces como haga falta. ¿A ver, tú a cuántos has matado? ¿Y a cuántos aplaudiste que mataran? ¿Qué te habían hecho? ¿Qué calcetines llevabas puestos ese día? ¿Se lo contaste alguna vez a tu aitá o a tu amatxo? ¿Quiénes marcaron los goles de la Real y del Athletic aquel domingo? ¿Cuántos potes y pintxos engulliste aquella tarde? ¿Cómo se dice canalla en euskera? ¿Y cómo se dice canalla en inglés, en francés, en alemán, en polaco, en suahili…? Ah, que en suahili no lo sabes… Pues venga, más carroña a la caldera, más carbón para el pestilente vientre de la fiera. Los Txapote, De Juana, Troitiño, Kubati, Inés del Río, Iñaki Bilbao, Iñaki de Rentería, Mercedes Galdós, Zabarte, Ternera, Otegi, Araiz y demás sicarios o palmeros del horror volverían así a las negras entrañas de las que brotaron y todo iría quedando, buche a buche, soplo a soplo, concluido, explicado y anotado.

Internacionalización del “procés”
Alejo Vidal-Quadraswww.vozpopuli.com 16 Abril 2017

El “proceso” puesto en marcha por los separatistas catalanes, término de reveladoras resonancias kafkianas, necesita para su éxito de apoyo exterior. Dado que un nuevo Estado independiente desgajado de España en la esquina nororiental de la Península Ibérica nacería fuera de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la OTAN, de la OSCE, del Consejo de Europa, de la OMC y de todos aquellos foros económicos y políticos del planeta que hacen que los países que en ellos figuran cuenten para algo, sea mucho o poco, su primera tarea sería conseguir reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Tras su secesión unilateral, inconstitucional e ilegal de la Nación soberana a la que lleva perteneciendo cinco siglos, la República Catalana dirigida por un extraño grupo de corruptos, indocumentados y okupas tendría que hacer frente a dos problemas graves y acuciantes: su insolvencia financiera y su condición de paria sin techo a la luz del Derecho que rige las relaciones entre Estados. Conscientes de ese segundo obstáculo a su soñada independencia, los jerarcas de la Generalitat andan por el mundo buscando desesperadamente quién les haga caso y les preste un mínimo de legitimidad. En cuanto al primero, lo superan con la inteligente táctica del avestruz negando su existencia.

Sus esfuerzos por obtener algún tipo de respaldo fuera de nuestras fronteras han oscilado hasta ahora entre lo patético y lo grotesco. Por supuesto, Puigdemont, Junqueras y Romeva han olvidado la sabia recomendación de Tarradellas de que lo único que no se debe hacer en política es el ridículo. La andrajosa cúpula de la CUP no lo ha olvidado porque probablemente no saben quién fue el primer Presidente de la Generalitat restaurada y, de saberlo, les parecería un reaccionario insufrible. Aparte de antiguos terroristas reciclados, congresistas ansiosos de gozar de los placeres del turismo, algún oscuro departamento universitario de estudios étnicos y un candidato presidencial francés en shock traumático y por tanto con sus facultades mentales comprensiblemente alteradas, nadie, absolutamente nadie con cara y ojos, ha pronunciado una sola palabra que se pueda interpretar como de ánimo o al menos simpatía por la delirante aventura de los herederos políticos del mayor ladrón que ha dado Cataluña desde que Serrallonga desapareció de sus caminos. Cada viaje al extranjero para explicar su disparatado proyecto, sea público o clandestino, pagado siempre, eso sí, con dinero del contribuyente español, ha desembocado en un sonoro fracaso.

De entrada, es bastante difícil hacer entender a gente sensata de otras latitudes que creen en el imperio de la ley, en la estabilidad política y en las reglas elementales de la aritmética, que romper a las bravas en dos pedazos un sujeto constituyente consolidado para que una vez realizado el estropicio los dos entes resultantes estén peor que antes, sea un asunto que merezca interés. En una época abundante en conflictos sangrientos, amenazas imprevisibles y turbulencias de todo orden, ir por ahí ofreciendo la creación de otro foco de tensión no parece el empeño más atractivo. No hay país occidental que esté dispuesto, por razones obvias, y no digamos si es un Miembro de la Unión Europea, a prestar su concurso a la fragmentación de uno de sus socios más relevantes por su demografía, su posición geoestratégica y su PIB. Y en los páramos movedizos de regiones menos desarrolladas o en vías de desarrollo, no es aconsejable frecuentar determinadas amistades, salvo que se quiera añadir a la ruina económica y a la marginación internacional el oprobio irreversible. Bien es verdad que potencias interesadas en debilitar al orbe democrático y a las sociedades abiertas podrían ver una oportunidad en la instrumentalización al servicio de sus oscuros fines del neurótico objetivo de los preclaros cerebros que pilotan el malhadado “procés”, pero si el equipo conductor de tal desastre cayera en esa trampa sería su muerte definitiva tanto en el plano ideológico como en el de la decencia.

Por consiguiente, la empresa de transformar una Comunidad Autónoma de un Estado democrático y de Derecho en una entidad separada e independiente de aquél y llevarlo a cabo, a mayor abundamiento, de manera inconstitucional y antijurídica, es claramente una mala idea, sobre todo porque es imposible, y cuando uno se pone tozudo en contra de la realidad, la realidad se venga con castigos dolorosos. Es obvio a estas alturas de la película que los que han puesto en marcha este tren hacia el abismo no saben ya como pararlo y que a todos los demás, dentro y fuera de España, que contemplamos su enloquecida carrera con asombro y una cierta lástima, sólo nos queda esperar al trágico final para recoger los despojos y llevarlos a la sala de autopsias.
 


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