AGLI Recortes de Prensa   Viernes 28 Abril 2017

Del malestar en política
José Luis González Quirós vozpopuli.es  28 Abril 2017

Si miramos a lo que está sucediendo en Venezuela es fácil entender la razón que asiste a José Jiménez Lozano cuando proclama que es siempre una delgada y frágil película la que nos separa del regreso a la barbarie. Podemos caer en el error de pensar que esa capa, ya casi completamente rota, en el país hermano, es aquí poderosa y como eterna, pero eso sería un error. Uno de los nombres que recibe esa capa protectora es el de “política”, pues política es, en efecto, lo que se hace por mantener en píe una convivencia pacífica que permita el progreso y que, y eso es la democracia, haga posible, con la frecuencia necesaria, el cambio en la titularidad del poder ejecutivo.

La política está rota en Venezuela y son las calles revueltas y los hombres armados quienes están cada día más cerca de adueñarse por completo de la situación, de llamar a la guerra fratricida y brutal, a la muerte. Aquí, pese a los titánicos esfuerzos de Podemos, no estamos todavía en una situación similar, pero nuestra política está dominada por un profundo malestar que, piense lo que quiera Rajoy, no se resolverá con el mero paso del tiempo.

La solución francesa no cabe en España
Nuestros problemas son muy similares a los de los países de nuestro entorno, pero las herramientas políticas de que disponemos no son las mismas. En Francia, el alejamiento general de los dos grandes partidos de derecha e izquierda, puede, si no resolverse, atenuarse grandemente en una elección presidencial en la que es posible que gane alguien enteramente al margen de las fuerzas en clásico predominio y, en la actualidad, en muy fuerte decadencia. En Estados Unidos ha ocurrido algo muy similar y se ha alzado con la victoria en las presidenciales alguien que ha enarbolado, ya se verá con qué resultados, el desdén hacia las formas insolentes, insensibles y corruptas de Washington.

Aquí no tenemos ese tipo de solución, no somos una República, sino una Monarquía parlamentaria, como en Inglaterra, por ejemplo, y tenemos un sistema que ha mostrado ya, con cuarenta años de experiencia, insuficiencias notables y grietas amenazantes. En resumidas cuentas, nuestro problema consiste en que solo quienes causan el malestar (los partidos) pueden remediarlo, y eso les ha parecido, hasta ahora, enteramente contrario a sus intereses.

Hay corrupción en todas partes, pero la corrupción que mancilla al PP es especialmente grave porque ha venido siendo, en la práctica, el único partido al que pude votar una buena mitad de la sociedad española y porque, al no corregir las causas que han traído la peste de la corrupción puede dejar a sus electores abandonados a elegir entre la desesperación y el cinismo.

Dos soluciones para el PP
Respecto a la tolerancia, por decirlo de la manera más suave posible, del PP con la corrupción de un porcentaje muy alto de sus líderes no caben más que dos soluciones, una mala, otra muy difícil. La mala sería que los jueces acaben por dinamitar el partido con algunas de sus resoluciones, por disolverlo, incluso. No es demasiado probable que algo así suceda con una Justicia tan pierniquebrada como la que tenemos, pero sí puede pasar, es lo que de hecho ha venido sucediendo, que un número creciente de sus electores decidan dejar de votarles hasta que no aprecien un cambio que haga imposible la sucesión de latrocinios que avergüenzan a la mayoría de los ciudadanos. Por esta vía, la agonía del PP será larga, humillante y triste, por muchos Marhuendas que se le echen al caso.

La otra salida depende de los restos de dignidad que les puedan quedar a los militantes que realmente se crean esa cantinela de que a quien más perjudican los corruptos es al propio PP, es decir los que apuestan por que quepa una diferenciación entre corrupción y política en el futuro de ese partido. Es lógico que la izquierda impute la rapiña de los corruptos a la ideología que dicen defender, y que realmente desprecian, pero quienes crean mínimamente en los valores que el PP debería defender, y no defiende, tendrían que hacer posible con urgencia, y eso no se podrá hacer nunca mansueta y disciplinadamente, que el partido deje de ser una organización absolutamente opaca, sin el menor atisbo de respeto a la ley común y a su misión constitucional, para convertirse en una organización política capaz de exigir honradez y ejemplaridad, incluso, a sus dirigentes.

El caso Aguirre
Que Esperanza Aguirre haya tenido que salir por la puerta de atrás, sin dar otras explicaciones de sus turbias compañías que meras frases sentimentales, indica muy a las claras que, en realidad, no existe algo como un PP en Madrid, que hay otra cosa, antes controlada por la lideresa, ahora a los pies de Rajoy y de su pareja política de hecho en la Comunidad. Pero en toda esta triste peripecia no se ha visto nada que suponga que un órgano del partido debata sobre su responsabilidad, que efectivamente existe, por haber consentido convertir al gobierno de la Comunidad y del partido en guarida de malhechores. Es de aurora boreal que los de más arriba se defiendan diciendo, a la manera de Javier Marías, que “No he querido saber, pero he sabido”, justificarse con apartar a González de las listas, como si el único mal que pudiera haber en sus acciones, por supuestas que sean, es el que podrían causar al partido, sin que importe mucho el robo sistemático.

El PP no es ya un partido político sino muy otra cosa porque no existe en él nada que pueda infundir confianza, esperanza o afecto. No existe la menor seguridad jurídica interna porque cualquier remedo de votación (en las que nunca se conoce el censo ni se puede controlar el recuento) puede ser sustituido sin el menor rebozo por un resultado distinto en el improbable caso de que no coincida con lo que los de arriba esperan. Es la democracia la revés, un imposible. En estas condiciones, que nadie que sepa lo mínimo de cómo es ese partido, se atreverá a negar, lo extraordinario no es que haya corrupción, sino que todavía subsistan personas honradas, porque todo invita exactamente a lo contrario, a la mentira, a la manipulación y a dedicarse no a la política, que está severamente prohibida, sino al enriquecimiento personal, en la seguridad de que, si resultase pillado en el empeño, dispondrá de falanges de testigos dispuestos a negarlo todo.
 
La única solución posible
Hemos creado unos partidos que sirven para formar Gobiernos, pero que funcionan de tal manera que pueden aprovecharse mucho mejor para otras actividades menos altruistas, como lo muestran los casos de los nacionalistas catalanes, del PSOE de Filesa y de las decenas de concejales venales, de los ERES andaluces y del PP por todas partes, desde Génova hasta abajo.

Hasta ahora el PP se ha defendido proclamando su inocencia, y atribuyendo el latrocinio a cuatro manzanas podridas, pero qué casualidad que esas manzanas estuviesen tan estratégicamente cercanas a los mayores responsables mientras estos continúan proclamando su derecho a la inocencia con ayuda de periodistas aguerridos capaces de amenazar a los más tibios con las penas del infierno: luego ya se le explica al juez bien dispuesto a conformarse que son formas de hablar, que todo el mundo lo hace, que no eran ataques sino defensas de amigos, pura decencia.

Mientras en el PP no se levante la voz capaz de acabar con tal estado de cosas, y lo haga en nombre de las ideas que el PP nominalmente defiende, no habrá remedio, y tal vez eso solo pueda llegar cuando el PP muerda el polvo, con gran probabilidad para desintegrase definitivamente. Y a la corrupción económica se añadirá la corrupción moral que supondrá tener que defender que a Bárcenas se le llame ladrón, pero sin que se explique a quién ha robado exactamente, que González era un buen gestor del que era inverosímil cualquier sospecha, y que, por supuesto, Rajoy, el único factótum, no sabía nada de nada, como sin duda le explicará al juez, porque él está dedicado a menesteres más sublimes, inescrutables para los simples mortales.

Mientras tanto, el malestar en la política y con la política continuará creciendo y esa es una atmósfera moral deletérea para el destino de una nación, para cualquier concebible progreso económico y social. La corrupción no causa mal al partido, nos maltrata y agrede a todos.

¡Todo se derrumba!
Vicente A. C. M. Periodista Digital  28 Abril 2017

Creo que Jordi Pujol i Soley debería estar acostumbrado a la presencia de la policía en su casa. La primera fue cuando fueron a buscar a su hijo primogénito para llevarlo como testigo del registro de su casa y de sus oficinas hace ya año y medio. En aquella ocasión se limitaron a la inspección de la habitación donde dormía. Ahora, le ha tocado un verdadero registro y estar presente en su “sancta sanctorum”, mejor decir en una de las más queridas y múltiples propiedades adquiridas durante toda una vida. Así que no es de extrañar que en esos momentos de bajo estado anímico y de estupor, se sincerase diciendo frases lapidarias como “todo se derrumba” y “siento mucho todo esto que está pasando”. Solo le faltó decir aquello de “¡Padre!, ¿por qué me has abandonado?” y ya tendríamos a punto el calvario que sabe que va a tener que padecer, no solo él sino todo su clan familiar al que el juez de la Mata ya califica como organización criminal.

Pero hay que ser muy ingenuo para pensar que después de cinco años de destapar la nada sorprendente trama familiar de propiedades, inversiones y cuentas ocultas en diferentes paraísos fiscales calculada en unos 3.000 millones de euros (500.000 millones de las antiguas pesetas), sea precisamente en el domicilio familiar donde se guarden documentos y datos comprometedores y no en cajas de seguridad de entidades bancarias o bajo custodia de diferentes bufetes de abogados de absoluta discrecionalidad y confianza para el clan. Y la verdad es que se me ocurren ahora varios nombres. De hecho, el hasta ahora supuesto “conseguidor y coordinador” Jordi Pujol Ferrusola ha tenido, gracias al juez instructor, plena libertad para seguir administrando la fortuna familiar y terminar de mover con total libertad lo que para ellos sería simple “calderilla” de Caja para gastos imprevistos.

Es evidente que finalmente esta situación escandalosa de libertad sin fianza ni medidas cautelares eficientes como la retirada del pasaporte y prohibir la salida del territorio nacional, no han sido para nada eficaces y no han impedido ni que se destruyan pruebas o pistas, ni que se movieran capitales. Parece que el cambio de actitud, la detención, nuevos registros y el ingreso en prisión sin fianza, vienen motivados por el temor a que de persistir en esa situación, el juez instructor quedase en evidencia y se pudiese plantear un supuesto trato de favor injustificable cuando en otros casos los jueces instructores no han dudado en tomar desde el primer momentos las medidas cautelares más severas y el ingreso en prisión de los investigados.

El Auto del juez de la Mata dice ahora:
“Así, existen indicios consistentes que revelan pautas comunes de actuación; coordinación de actividades; asignación de roles; distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos ellos en función de los ingresos que se recibían en las cuentas bancarias ocultas que mantenían en jurisdicciones extranjeras; y un particular sistema de rendición de cuentas existente para controlar esos repartos de fondos.”

Para concluir que : “ha continuado realizando toda clase de actividades contables, bancarias, contractuales y societarias, reconversión de operaciones, contratos de préstamo y reconocimientos de deuda, que se proyectan incluso a los próximos años, mediante la utilización de socios, amigos y testaferros, para ocultarlos y ponerlos fuera del alcance de los tribunales”; “continúa manteniendo contactos con distintas personas, amigos o miembros de su familia, para orquestar versiones, armar coartadas y conseguir evitar la aportación de medios de prueba a la causa “; “mantiene la disponibilidad de esquemas societarios nacionales e internacionales diseñados con la específica finalidad de situar capitales fuera del alcance de la jurisdicción española, así como la de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos.”; “ continúa manteniendo relaciones directas y continuas con distintos testaferros y/o fiduciarios en otros países (México, Estados Unidos, Argentina y otros). Todo ello pone de manifiesto que el investigado continúa su estrategia de ocultación de fuentes de prueba y evidencias, dificultando aún más la investigación.”

Resulta curioso que todos estos “nuevos indicios” incluyan lo de “mantiene” y “continua, evidenciando que este comportamiento ya se había detectado y no se llegaron a tomar las medidas cautelares que ahora sí ve el juez de la Mata como apropiadas para decretar la prisión sin fianza. Si esas suposiciones son ciertas, los registros actuales no parece que vayan a tener mucha eficacia que demostraría una enorme torpeza y estupidez por parte de alguien que ha sabido aprovechar la oportunidad de libertad y tiempo concedidos por sus investigadores para poner a buen recaudo el patrimonio familiar. Pensar lo contrario sí que sería realmente de estúpidos.

Aunque siempre se dice que “más vale tarde que nunca”, en este caso lo de tarde puede dar al traste con años de investigación y que todo al final quede en una mera falta administrativa y eludan todos la prisión. No sería la primera vez.

Igual al que tenemos diciendo esas rotundas frases sea pronto a Mariano Rajoy que ya no puede eludir su responsabilidad ni quedarse impasible ante los escándalos de corrupción que amenazan con afectar a una gran parte de cargos del PP, ni ante el ya imparable desafío secesionista con la amenaza de la vía libre para la aprobación exprés (en menos de una hora) de las leyes que legitimarían la declaración unilateral de independencia por el Parlamento de Cataluña.

¡Que pasen un buen día!

Podemos apunta al PP para disparar al PSOE
EDITORIAL Libertad Digital  28 Abril 2017

Hace ya año y medio que Podemos tiene un nutrido grupo parlamentario en el Congreso, y desde hace media legislatura ocupa también escaños en prácticamente todas las Asambleas regionales y no pocos Ayuntamientos, incluso controla algunos tan importantes como el de la capital.

Pero en todo este tiempo no parece que los de Iglesias hayan aprendido mucho sobre los usos parlamentarios ni sobre cómo mejorar la vida de los españoles con toda esa influencia política. ¿Qué proyectos de ley ha presentado Podemos? ¿A qué consensos se han sumado los diputados morados? ¿Qué mejoras han introducido en las leyes aprobadas durante este tiempo?

La respuesta a estas tres preguntas es la misma: Podemos no está en las instituciones sirviendo a los ciudadanos, sino que se sirve de ellas para sus propias batallas políticas. Guerras en ocasiones internas y habitualmente contra sus verdaderos enemigos, que no están –por mucho que ellos digan– en el PP sino en el PSOE, el partido al que saben que deben fagocitar si quieren llegar al poder.

Porque esta esperpéntica ocurrencia de la moción de censura contra Rajoy no pretende, por supuesto, arrebatar a éste la Presidencia del Gobierno, algo que saben que no va a ocurrir; ni siquiera da la sensación, por el momento elegido y la forma de plantear la iniciativa, de que quieran desgastar a los populares tras los escándalos de corrupción. Lo único que pretende Iglesias con su extemporáneo gesto es intervenir en las primarias socialistas y favorecer a uno de los candidatos, Pedro Sánchez, que es el que parece asegurar la inmediata destrucción del PSOE.

Y es que si Iglesias quisiese hacer política en lugar de propaganda antisocialista podría presentar esta moción, sí, pero después de haberla negociado con otros grupos y de tener un programa y un candidato, es decir, una alternativa real al actual Gobierno.

Cuando no es eso lo que hace Iglesias, resulta inevitable pensar que, detrás de tantas palabras altisonantes y acusaciones hueras, de las caceroladas y de los tramabuses, lo que marca la agenda sigue siendo una pinza entre PP y Podemos que retroalimenta a ambos partidos y vicia completamente la vida política nacional.

La histórica estupidez de Pablo Iglesias
Guillermo Dupuy Libertad Digital  28 Abril 2017

El problema para Podemos no es que su moción de censura contra Rajoy esté condenada al fracaso. El problema es que esta circense y delirante maniobra, a la que algunos tratan de dar algo de sentido al presentarla como una forma de presionar al PSOE en favor de Pedro Sánchez, va a tener de máximo beneficiario a la candidatura de Susana Díaz, sólo superado por el beneficio que del numerito circense podemita podría extraer el partido de Rajoy.

Si hay algo que ha salvado al PP de Rajoy de su insuperable corrupción ideológica –mucho mayor que aquella que copa la atención de los medios de comunicación como si fuera muy diferente a la que afecta a muchas otras formaciones políticas de dentro y fuera de nuestro país– es el hecho de ser percibido como la única alternativa al populismo comunistoide que representa Pablo Iglesias. Y si hay algo que ha molestado a la militancia del PSOE en el común deseo de desbancar a Rajoy del Gobierno es el confeso deseo de Iglesias de liderar la izquierda en nuestro país y su aun más descarado intento de ocupar las instancias clave del poder, como el CIS, el CNI y el BOE. Si buena parte de la militancia del PSOE entendió perfectamente los riesgos que entrañaba para el propio partido socialista la alianza con los nuevos comunistas y los separatistas para investir a Pedro Sánchez, ahora serían legión los militantes socialistas que se opondrían a esta alianza para investir presidente a Pablo Iglesias.

La más leve muestra de simpatía de Pedro Sánchez a este intento de Iglesias de dar el sorpasso al PSOE sin pasar por las urnas significaría entregar en bandeja el liderazgo del PSOE a la política andaluza.

No creo que Sánchez cometa el disparate de alentar esta moción de censura que va a brindar a Rajoy –mucho más que a Iglesias– una impagable ocasión de lucirse. De hecho, todavía me cuesta creer hasta que el líder podemita –totalitario de pocas lecturas, pero no de pocas luces– vaya a presentarla. Tal vez lo haga, pero seguramente será la decisión más estúpida de cuantas haya tomado en toda su carrera política. Pero, en fin, Pablo. Ánimo y al toro.

Esto se acaba
Isabel San Sebastián. ABC  28 Abril 2017

La democracia occidental, tal como la conocemos los de mi generación, está llegando a su fin. Los partidos tradicionales sucumben en las urnas ante el avance del extremismo y la aparición de fuerzas "renovadoras" cuyo máximo capital político, por el momento, es la virginidad derivada de la ausencia de oportunidad para robar al contribuyente o traicionar lo prometido, toda vez que su gestión está aún por contrastar. Europa amenaza ruina como proyecto común compartido y muestra una primera amputación dolorosa con la salida del Reino Unido, cuyo repliegue en sí mismo es un fracaso colectivo; de quienes se marchan, sin duda, pero también de una Unión cada vez menos atractiva a fuer de burocratizada. La corrupción, especialmente obscena en los países ribereños del Mediterráneo como el nuestro, causa estragos en la confianza de los electores, que castigan a sus responsables echándose a menudo en brazos del populismo suicida. La amenaza yihadista, unida a las dificultades económicas y a una inmigración descontrolada de difícil o imposible integración, enciende por doquier hogueras ultranacionalistas que proponen levantar fronteras y volver a un proteccionismo estéril, incompatible con el progreso. Estamos viviendo un final de época extraordinariamente inquietante si pensamos en nuestros hijos. El paso del mundo conocido, seguro, nacido a escala global de la Segunda Guerra Mundial y en la España de la Transición, a una nueva realidad cuyos perfiles se nos escapan. Las invasiones bárbaras en versión tercer milenio.

Ante la magnitud de semejante desafío, nuestras miserias locales podrían merecer poco más que notas a pie de página si no fuera porque responden a un mismo problema de fondo. Una grave enfermedad individual y social diagnosticada con precisión de cirujano por Jaime Mayor Oreja, el martes, en el ciclo de conferencias que organizan las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad en torno al necesario fortalecimiento de España: Un mal llamado mentira, que infecta la vida pública hasta lo más hondo del descrédito e impregna la "verdad" publicada con resultados parecidos.

El ex ministro popular, hoy alejado de cualquier militancia por decisión propia, desgranó un decálogo de falsedades comúnmente aceptadas en el marco de esta crisis de valores caracterizada por la entronización del dinero como único referente claro y el simultáneo abandono de cualquier principio duradero, empezando por la verdad, "incluso como aspiración". Falsedades referidas, por ejemplo, a la presunta derrota de ETA, hoy legitimada como alternativa al PNV merced a una negociación entablada ente el Estado y los terroristas con los asesinatos como moneda de cambio, o a la versión oficial del 11-M, considerado un atentado islamista más, cuando en realidad fue meticulosamente planificado y ejecutado con el objetivo, ampliamente cumplido, de cambiar el rumbo de la política española. Falsedades como que la crisis que nos aflige es de naturaleza económica, cuando en realidad se trata de algo mucho más profundo, más letal, arraigado en el corazón de todos y cada uno.

"Estamos en el descanso del partido que enfrenta al extremismo con el relativismo" –apuntó Mayor Oreja– y ningún resultado es bueno, apostillo yo. Me sumo a su llamamiento a comparecer en la batalla por la defensa de nuestros principios, por la recuperación de alguna idea más sólida que la destacada en la última encuesta de intención de voto, aún sabiendo que esa lucha conduce a la soledad, el sufrimiento y las represalias de quienes, en ambos bandos, abominan de la verdad y solo buscan palmeros dispuestos a jalearles.

Esto se acaba para todos, aunque algunos tarden en enterarse. Ahora toca decidir si queremos acabar en pie, o de forma vergonzante.

Con nocturnidad y alevosía
Antonio Robles Libertad Digital  28 Abril 2017

Choque de legitimidades, ley de transitoriedad jurídica, proceso de desconexión. Nunca un golpe de Estado institucional se había servido de tanta casquería lingüística para lograr sus fines con apariencia de legalidad.

Ayer la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña se otorgó el derecho a pisotear la democracia en nombre de la democracia. Una falange de camisas negras puede ser menos educada, pero no más cínica y fascista. Porque estos cantamañanas del derecho a decidir por encima del derecho del resto de españoles sólo son eso, delincuentes crecidos con una alta autoestima.

Con estos abusos parlamentarios pretenden sacar adelante leyes de desconexión sin garantías jurídicas ni parlamentarias, llevadas en secreto y por el procedimiento de urgencia para que no puedan ser recurridas y debatidas por el resto de los grupos parlamentarios, que tienen derecho a ello según las normas del propio Parlamento. Pretenden ampararse en la astucia de la raposa para impedir la acción constitucional del Estado de Derecho al que deben su existencia. Todo es muy sucio y sin maldita gracia.

Ya está bien de respetar las formas que nunca respetan ellos. ¿Qué diferencia hay entre el filibusterismo parlamentario que están desplegando estos libertadores de salón ylas tretas de Erdogan o de Maduro para poner las constituciones de sus países al servicio de sus ideologías e intereses? ¿Qué diferencia hay entre estas artimañas para impedir que se debatan leyes en el Parlamento y la Ley Habilitante de 1933 que concedía al canciller Adolf Hitler y a su gabinete el derecho a aprobar leyes sin la participación del Parlamento? Entonces, en nombre de los peligros que acechaban al Pueblo y al Estado; ahora, en nombre del derecho del Pueblo de Cataluña a decidir su independencia del Estado opresor español. En ambos casos, pisoteando las reglas del propio Estado democrático que les daba a los nacionalsocialistas entonces y da a los nacionalcatalanistas ahora su propia legalidad.

Nuestros representantes políticos, se preguntaba la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, "¿van a continuar aceptando la ignominia consistente en que una mayoría parlamentaria legisle saltándose las propias normas?", para pasar a recordarles que la Ley 19/2014 de transparencia aprobada por el propio Parlamento catalán establecía la obligación de dar a conocer las actuaciones y decisiones de relevancia jurídica, los procedimientos normativos en curso de elaboración y tramitación, las memorias y los documentos justificativos de su tramitación, el tiempo para presentar enmiendas, información y participación ciudadana, etc. ¿Las leyes elaboradas por ellos mismos también deben saltárselas en nombre de la independencia?

Bien está comparar para apreciar la impostura, pero mejor analizar la propia impostura. ¿Qué melonada jurídica es esa de choque de legitimidades o de ley de transitoriedad jurídica? Aquí no hay choque de legitimidad alguno, como no lo hay entre un delincuente y la ley que le prohíbe violar; aquí no hay transitoriedad jurídica alguna, como no la hay entre pagar los impuestos debidos y negarse a hacerlo en nombre de la religión que profesas. La ley es una, y todo lo que se le opone o pretende suplantarla ni siquiera es ley, solo es una forma sofisticada de delinquir. Son nuestros representantes elegidos democráticamente los que hacen, modifican o sustituyen leyes, y ninguna institución que no esté facultada para ello puede arrogarse tal facultad. El Parlamento de Cataluña tiene limitadas sus facultades legislativas a las recogidas en su Estatuto de 2006 y garantizadas por la Constitución de 1978. Nunca puede haber, si no es violentando las competencias del Estatuto y la Constitución, doble legalidad ni transitoriedad alguna. Quien se otorga desde el Parlamento de Cataluña atribuciones que no tiene no es mejor que Maduro, Erdogan o el propio Hitler. Al menos en las formas. Suena fuerte, por eso habrá que írselo recordando para que vayan asumiendo de una vez que su comportamiento no es muy diferente a los de estos otros nacionalistas. Sobre todo, nacionalistas de lo suyo.

¿Han pensado estos pirómanos de salón las consecuencias inquietantes que están provocando en la sociedad catalana? ¿Han sopesado el odio creciente que se huele ya en miradas y comentarios de tertulianos afines, tuits de internautas, o discusiones entre nacionalistas y el resto? ¿Se harán responsables de sus consecuencias? ¿O alguien cree a estas alturas que esto acabará bien?

'es un ataque a la libertad de expresión'
Condenado un alcalde francés por criticar la inmigración masiva
Un alcalde francés ha sido multado por un ‘delito de odio’ tras mencionar que los niños galos están siendo ‘desplazados’ en los colegios de su localidad.
La Gaceta  28 Abril 2017

Robert Ménard, que ejerce como regidor en Béziers, ha sido condenado a pagar una multa de 2.000 euros por los comentarios que hizo en Twitter en septiembre de 2016, tal y como recoge Breitbart.

El alcalde, de un partido independiente que gobierna gracias al Frente Nacional, explicó pocos días después su mensaje en la televisión LCI: ‘’En un clase de una escuela de mi ciudad, el 91% de los alumnos son musulmanes. Obviamente esto es un problema. La tolerancia tiene límites’’.

Ménard explicó entonces que se refería a ‘'El Gran reemplazo’’, un término empleado por la derecha alternativa en el país y acuñado por el autor Renaud Camus.

Según la teoría de este escritor, Francia y los países occidentales de Europa están sufriendo un ‘’reemplazo’’ cultural y demográfico a causa de la inmigración masiva. Defiende que la última vez que el viejo continente sufrió una situación similar fue durante las invasiones bárbaras, periodo en el que el Imperio Romano sufrió un colapso.

'Un ataque a la libertad de expresión'
El juez le ha impuesto mil euros de multa por ‘discurso de odio’ y otros mil en costas. El regidor fue denunciado por siete organizaciones antiracistas, entre las que se encuentran la Liga por los Derechos Humanos y SOS Racismo. ¿Quién es el gran mecenas de estos organismos? Efectivamente, la Sociedad Abierta de Soros.

El fiscal ha cargado contra los comentarios de Ménard asegurando que ‘’reduce a los niños a su religión, independientemente de si tienen nacionalidad francesa o no practican el islam’’.

La defensa del regidor ha tildado la sentencia de ataque a la libertad de expresión: ‘’Si la verdad -lo que podemos ver- se convierte en una ofensa, no podremos decir nada nunca más’’.

Ménard ha subrayado que sólo ‘’he descrito una situación, he dicho todo los que los cargos electos no se atreven a decir’’.

AMENAZAS OBLIGARON A CAMBIAR EL LUGAR DEL ACTO
Radicales intentan boicotear un acto de Vox en Barcelona
S.T. gaceta.es  28 Abril 2017

“A pesar de los intentos de boicot, aquí estamos”. Así daba comienzo Santiago Abascal, líder de Vox, a la conferencia que ha ofrecido este jueves en Barcelona con motivo de la iniciativa ‘Cañas por España’. La lucha por la libertad de Vox ha triunfado finalmente en la Ciudad Condal, a pesar de que un grupo de radicales ha tratado de impedirlo.

Los jóvenes de Vox -organizadores de ‘Cañas por España’- se han visto obligados a interrumpir el acto, que dio comienzo a las 19:30 horas en el Restaurante Jumilla (calle Artesa de Segre, 6), por la presencia de “un grupo de intransigentes radicales que ha acudido a meter bulla”.

Tal era la violencia de los ultraizquierdistas que el dueño del restaurante ha optado por cerrar el local “por miedo a estos canis mamporreros” -así los ha calificado ‘Cañas por España’ en su perfil de la red social Twitter-. Finalmente Santiago Abascal pudo continuar su discurso ante decenas de ciudadanos que, al igual que el presidente de la formación, están convencidos de que “Vox es de extrema necesidad”.

Abascal ha advertido que “las autonomías hacen de España un Estado antinacional e insostenible”. “Queremos su eliminación”, ha añadido, a la vez que ha recordado su objetivo de “eliminar la financiación pública a partidos políticos, sindicatos y patronal”. También ha abogado por “rebajar la presión fiscal para tener unos impuestos bajos” y ha recordado el “daño” que Vox ha hecho a la ANC y Òmnium con sus acciones judiciales.

A continuación se ha reafirmado en que “no queremos subvenciones” y ha añadido un ejemplo revelador: “en las generales, Vox se gastó en toda España lo mismo que Ciudadanos en un cartel electoral en Atocha”. Abascal ha concluido advirtiendo que “el voto útil no está en el PP, porque la mayoría absoluta del PP no fue útil para aplicar la ley en Cataluña”.
Amenazas obligaron a cambiar el lugar del acto

El encuentro con Santiago Abascal estaba previsto inicialmente en otro restaurante de Barcelona, pero el dueño se vio obligado a no ceder su local tras recibir amenazas de la organización de ultraizquierda Arran, del barrio del Fort-Pienc. Tal y como ha relatado Vox Barcelona en su página oficial de Facebook, este grupo de enemigos de la libertad comenzó a través de las redes sociales una campaña de amenazas e insultos contra el partido y, posteriormente y con mayor vehemencia, contra el dueño del mesón.

Las amenazas de “energúmenos violentos” a Vox continúan, pero lo que más “duele” a la formación es “que agrupaciones violentas utilicen el matonismo contra los ciudadanos y se dediquen a sembrar el miedo entre la gente para vetar a quien no es de su agrado”. “Vox seguirá constante en su lucha contra la libertad y haciendo frente a la intolerancia de grupos fanáticos”, ha advertido.

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El separatismo catalán sube su nivel de desafío
EDITORIAL El Mundo  28 Abril 2017

La mayoría independentista del Parlament dio ayer luz verde al andamiaje jurídico con el que Junts pel Sí y la CUP quieren impulsar la separación "exprés" de Cataluña. Los votos de ambos grupos permitieron aprobar la tramitación de la reforma del reglamento del Parlament que busca agilizar la ley de transitoriedad jurídica, una de las tres leyes de desconexión. La piedra angular de esta modificación consiste en aprobar estas normas -pese a su gravedad y relevancia- por la vía de lectura única, el procedimiento de máxima urgencia con el que los independentistas quieren saltarse el control de la oposición.

Esta decisión consuma el golpe al Estatut y socava el marco autonómico. La votación de ayer en la Cámara catalana, sumado a las amenazas a los funcionarios que se salten las leyes de desconexión, certifican la escalada de provocación de los soberanistas. Se trata de una hoja de ruta que, además de rebasar por completo la legalidad vigente, no hará más que aumentar la frustración de la sociedad catalana. Los nacionalistas, asaeteados por la pésima gestión pública y los casos de corrupción en el seno de la extinta Convergència, continúan empeñados en prometer una Cataluña independiente que no sólo choca con los más elementales principios de la racionalidad política de un mundo globalizado, sino que también lo hace con el ordenamiento jurídico. La Constitución recoge que la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles. Por tanto, y pese a las demagógicas soflamas sobre el falso derecho a decidir, lo cierto es que la democracia no cabe al margen del Estado de Derecho y del imperio de la ley.

Causa bochorno que el mismo Gobierno que lleva cuatro años instalado en la desobediencia, advierta ahora que castigará a los funcionarios que incumplan las normas encaminadas a la secesión. Además de una exigencia moralmente rechazable, se trata de una aberración jurídica en la medida que el Govern pretende exigir a sus empleados que acaten normas que quebrantan la legislación por la que se rige el autogobierno catalán. Resulta completamente inaceptable y surrealista que un representante de la soberanía popular -en este caso, Lluís Llach, diputado de Junts pel Sí-, amenace a los servidores públicos instándoles a incumplir la ley. Pero aún es más grave que tal coacción cuente con el respaldo expreso de Carles Puigdemont, quien ayer no dudó en arropar a Llach mientras arrojaba el pasado de lucha por las libertades de éste frente a las raíces franquistas de antiguos dirigentes del PP. Hasta este punto de miseria intelectual y de enfrentamiento verbal ha llegado la política catalana de la mano de Puigdemont y sus socios.

En todo caso, la Generalitat no está dispuesta a dar marcha atrás en su estrategia de insumisión acelerada, lo que exige una respuesta contundente por parte del Estado ante los escasos frutos de la Operación Diálogo impulsada por el Gobierno. El president confirmó ayer que fijará la fecha del referéndum antes del verano. Sus planes pasan por avanzar en los pasos legales hacia la secesión -el llamado Consejo Nacional para la Transición sigue redactando en secreto una eventual Constitución catalana- y en continuar abonando un falso choque de legitimidades entre las normas del Estado y las que emanan del Parlament. De ahí la relevancia de los funcionarios de la Administración catalana, cuyo papel es clave para que los independentistas puedan convertir sus bravatas en hechos consumados. Tanto en la organización y ejecución de una consulta ilegal separatista como en la materialización de la ruptura con el Estado.

Cabe subrayar que esta huida hacia adelante del independentismo catalán coincide con la entrada en la cárcel del primer miembro de los Pujol. Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex presidente catalán, ingresó el martes en prisión sin fianza por evadir hasta 30 millones de euros en plena investigación judicial sobre la fortuna de su familia. Y la Policía Nacional registró ayer su casa y su despacho, así como los de su padre en Barcelona. Tal como hemos defendido reiteradamente, era incomprensible que no se hubieran tomado medidas preventivas contra el clan de los Pujol teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

Ahora sólo queda esperar que, aunque llega tarde, la Justicia depure las responsabilidades en todos los procesos que afectan a los Pujol, así como a todos en los que se ve salpicada Convergència. Pero, a estas alturas, es evidente que el proceso soberanista no es más que una coartada para tapar los recortes por la crisis, la ruina financiera del Govern y el lodazal de corrupción del partido que fundó Pujol, y que Mas y Puigdemont se están encargando de dilapidar.

Entre ‘los ladrones somos gente honrada’ y la Justicia de aluvión
Agustín Valladolid vozpopuli.es  28 Abril 2017

Dicen que ha dicho Jordi Pujol que la culpa de lo que le pasa a su familia la tiene España. No consigo comprobar la veracidad de la afirmación, pero, si no lo ha dicho, seguro que a diario lo piensa. Así que le podemos adjudicar la frase sin temor alguno a equivocarnos ni a recibir un burofax del interesado, sobre todo porque lo que a continuación habría que reconocer es que Pujol tiene razón. España es la culpable de lo que le pasa a su familia. Son las instituciones del Estado español las que han puesto al descubierto sus vergüenzas y probables delitos. Son la Policía y la Guardia Civil, y los fiscales y jueces españoles los que han hurgado en los desvanes de la corrupción pujolista hasta descubrir el botín.
El ‘hereu’ y el delfín

Sin España, no hubiéramos nunca conocido el tinglado fraudulento que tenía montado esta familia ejemplar y que empezó a fraguar aquel 30 de mayo de 1984 en el que Jordi Pujol, tras ser elegido por el Parlament presidente de la Generalitat, acusó de indignidad al gobierno de Felipe González (a cuenta de la acusación que hizo contra él la Fiscalía por el caso Banca Catalana) y dijo aquella solemnidad entonces tan celebrada y que hoy nos parece una descomunal grosería: "En adelante, de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos".

Sin España, jamás habríamos confirmado la vieja sospecha de que el nacionalismo había montado, con el respaldo de la extraordinaria legitimidad conquistada por el molt honorable ("La honorabilidad de Pujol no la tiene ni Felipe, ni Guerra", se leía en una de las pancartas desplegadas aquel glorioso día en la plaza de San Jaume), un mecanismo confiscatorio para beneficio propio y de la causa, con la complicidad de la alta burguesía y un sector de las élites económicas instaladas en Madrid que no formaban parte de aquella.

(Macià Alavedra y Lluís Prenafeta formaron parte del núcleo duro del pujolismo. El primero va a pagar 10 millones de euros para librarse de la cárcel. Prenafeta también ha pactado una rebaja de la condena con la Fiscalía después de reconocer que había ocultado al fisco, entre 2000 y 2007, unos 15 millones de euros obtenidos vía comisiones. Poca cosa para compensar tanta dedicación. Cito estos dos casos porque, además de revelar la magnitud del latrocinio, localiza sin margen de error el germen que dio lugar a la metástasis).

Es esta España invasiva y antipática la que ha tenido la osadía de enviar a prisión al hereu, al encargado de garantizar la continuidad confortable del clan. Pero es también esta España la que ha hecho lo propio con un ex presidente de la Comunidad de Madrid, desprecintando definitivamente la fosa séptica en la que algunos venían chapoteando con total impunidad. Hasta aquí las buenas noticias.

Cuentan que Jordi Pujol Jr., el hereu, e Ignacio González, el delfín, no dan crédito a lo que les está sucediendo. La pregunta se repite. Es la misma que se hicieron en su día Paco Granados, Luis Bárcenas, Jaume Matas, Maria Antònia Munar y otros muchos cargos públicos y sobre todo concejales entregados en cuerpo y alma a cuidar de los intereses del municipio y de paso de los suyos: ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? Estas recurrentes preguntas de los pillados en renuncio resumen el razonamiento que se ha interiorizado en determinados sectores del poder patrio y que, en esencia, parte de la convicción de que la política es una actividad de alto riesgo, mal remunerada y que, salvo excepciones, no tiene marcha atrás.

Es decir, que en lugar de favorecer una futura reincorporación a la vida profesional -de quien la tuviera-, la dificulta. Y claro, hay que buscar por otras vías la compensación a tanto sacrificio, a tanto desvelo por el bien común. Argumentos que encajarían en una versión actualizada de la obra de Jardiel “Los ladrones somos gente honrada”. ¿Puro cinismo? Sí, pero hay un fondo de verdad.

Criminalización preventiva de la política
La operación policiaco-judicial que ha desmontado la cueva de ladrones organizada en paralelo a la internacionalización del Canal de Isabel II, es otra muesca en la carrera por regenerar la vida pública, dichosamente reactivada tras el decaimiento de las mayorías absolutas. Es esa la perspectiva desde la que debe ser esencialmente evaluada. Pero también inciden los hechos ahora conocidos en esa otra realidad a la que con tanta demagogia se aproximan los populismos y la prensa más simplona y amarilla, y que tiene que ver con la criminalización preventiva de la política y con la denegación simplista del derecho a aspirar a un nuevo horizonte vital rentabilizando la experiencia: con mesura, pero sin más restricciones que las que dicta el sentido común y que razonablemente debieran estar vinculadas a exigentes criterios de incompatibilidad.

Este, el de un sistema que favorece el pecado de avaricia y dificulta el acceso a la política de los mejores, es uno de los agujeros negros del sistema a los que nadie se atreve a descender. El otro, más grave aún, es el de una Justicia de aluvión, errática, que en demasiadas ocasiones antepone la humillación pública, a la que aquí se refiere Arcadi Espada, a la prudencia que debe guiar el proceso penal (y los demás).

Sobre este asunto ya escribí aquí, en un artículo titulado “Justicia, la gran olvidada de la campaña”, que el deficiente funcionamiento de esta, de la Justicia, había pasado de ser la eterna asignatura pendiente de la democracia a convertirse en uno de los riesgos principales para la salud del sistema. Y, desgraciadamente, el tiempo sigue dándome la razón. El muy estimable esfuerzo por limpiar la vida pública se ve en demasiadas ocasiones contaminado por el exhibicionismo de méritos y deméritos de quienes se creen seres superiores, personajes sin contrapesos que primero disparan y después preguntan, personajes con capacidad para ensuciar trayectorias y sin ninguna obligación de asumir responsabilidad sobre las consecuencias.

Hace tiempo que en España dimos por muerta y enterrada la presunción de inocencia. Y otras condiciones básicas y de obligado cumplimiento para una correcta administración de Justicia, como el secreto del sumario, están en fase terminal. Nadie asume la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Nadie se hace responsable de que a uno que pasaba por allí, que se ganaba la vida como tantos otros intentando meter la cabeza en los concursos de la administración pública y que cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones contractuales, le metan en el mismo saco que a Ignacio González y le arruinen la vida a los solos efectos de descartarlo como delincuente potencial. Como nadie tampoco parece dispuesto a asumir las consecuencias de una Fiscalía que había logrado asentar una sólida imagen de eficacia y profesionalidad y que está a punto de acabar con su prestigio en tiempo record.

Un célebre alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, dijo en su día que “la Justicia es un cachondeo” después de que un juez suspendiera el derribo de un chalé de Bertín Osborne. Se armó la mundial. Hoy vemos que Pacheco se quedó corto. La Justicia no es un cachondeo. La Justicia es indiscreta, imprevisible y en demasiadas ocasiones indiscriminada, que es mucho peor. Porque, señoría, la Justicia del pueblo es la que se conforma a partir del conocimiento superficial de un asunto. Y eso, es otra cosa, pero no es Justicia, señoría.

Imposición lingüística
La Generalitat aumenta en un 173% las multas a comercios por no rotular en catalán
El PP registrará una proposición para frenar estos expedientes sancionadores
 lavozlibre.com  28 Abril 2017

Barcelona.- La Generalitat sigue con su persecución al español en Cataluña. Además de no garantizar la educación en castellano en las escuelas públicas, mantiene su cruzada contra los comercios y empresas que no rotulan en catalán. El Ejecutivo de Carles Puigdemont ha aumentado un 173% las recaudación por multas por este hecho. Concretamente, según publica 'ABC', los importes por sanciones lingüísticas pasaron de 51.350 euros, en 2014, a 140.000 euros el año pasado.

Asimismo, en lo que va de año 2076, hay un total de 89 empresas con expedientes sancionadores en trámite por vulneración de los derechos lingüísticos, de las que 43 corresponden a denuncias de particulares y, diez, de empresas. El resto han sido abiertos de oficio por la Agencia Catalana de Consumo.

El PP ha presentado esta semana en el Parlament una proposición de ley que busca derogar estas sanciones. El texto de la proposición defiende modificar la ley del Código de Consumo de Cataluña porque es contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010, la que reinterpretó el Estatut.

El partido recuerda que la sentencia del TC "prohíbe explícitamente la imposición del uso de cualquier lengua oficial en las relaciones privadas como son las relaciones entre particulares en el ámbito del consumo»", y que por ello "es necesario adecuar la legislación" catalana en ese ámbito a la regulación constitucional. Según el PP, la actual normativa "vulnera los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto".

La «kale borroka» sin ETA también puede ser terrorismo
La juez Lamela reafirma su competencia para investigar los disturbios de Pamplona del pasado 21 de marzo
Luis P. Arechederra. ABC  28 Abril 2017

No es necesario pertenecer a una banda terrorista para cometer actos de terrorismo. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela justifica con este argumento su competencia para investigar los actos de «kale borroka» que sucedieron en el casco viejo de Pamplona el pasado 21 de marzo, cuando un grupo de encapuchados provocó disturbios y lanzó piedras y botellas a policías con motivo de una manifestación proetarra.

Aunque no pertenezcan a una organización terroristas, la magistrada no descarta la relación de los investigados «con elementos terroristas», considerando las consignas que lanzaron y el contexto de sus actos, planeados para «crear el clima de terror que allí se produjo». Los manifestantes gritaron «Gora ETA» o «Borroka da bide bakarra», que significa «la lucha es el único camino».

La magistrada expone estos motivos en el auto con el que rechaza el recurso de los tres investigados encarcelados por estos hechos, Asier Petrirena, Rubén Iglesias y Endika Etura, que se desplazaron a Pamplona desde Rentería, en Guipúzcoa, histórico bastión de la izquierda abertzale. Los radicales, que querían celebrar una manifestación no autorizada y convocada por «Errepresiorari Autodefentsa», montaron barricadas y agredieron a los agentes, en una escena que recordó a los actos de «kale borroka» de los cachorros de ETA.

La acción de los radicales, añade la juez, no debe considerarse «un acto aislado», sino una contribución al conjunto de la actividad violenta que allí sucedió. Esta actuación contra «personas (fundamentalmente agentes de la autoridad), edificios comercios y mobiliario urbano» provocó «la grave alteración de la paz pública», concluye. Esa finalidad justificaría la existencia del posible delito de terrorismo y, por tanto, la competencia de la Audiencia Nacional.
 


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