AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 10  Mayo 2017

El déficit oculto de las CCAA es un 56% superior al registrado en 2016
Los gobiernos regionales redujeron su agujero fiscal hasta el 0,82% del PIB el pasado año, pero este descenso se debe a "circunstancias atípicas".
M. Llamas Libertad Digital 10 Mayo 2017

Las cuentas públicas de las CCAA son más "vulnerables" de lo que reflejan las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda. Ésta es la principal conclusión que arroja el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la evolución de las finanzas autonómicas entre 2003 y 2016. El documento en cuestión, elaborado por Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en esta materia, concluye que la caída del déficit registrada en 2016 responde a ciertas"circunstancias atípicas" que no se mantendrán en el tiempo, de modo que los gobiernos regionales deberían aplicar nuevos recortes sobre el gasto corriente para garantizar su solvencia a corto y medio plazo.

El agujero fiscal de las CCAA bajó del 1,74% del PIB en 2015 al 0,82% en 2016. Esta cifra fue destacada por el Ministerio de Hacienda de forma muy positiva como muestra del esfuerzo que había llevado a cabo la Administración Autonómica para cumplir con los objetivos de déficit, fijados en el 0,7%. Sin embargo, "el análisis sugiere que las cuentas regionales todavía no han superado por completo los efectos de la crisis y continúan presentando factores significativos de vulnerabilidad", según señala el citado estudio.

Factores "atípicos"
El problema es que los resultados de 2015 y, especialmente, de 2016 se ven afectados por algunas "circunstancias atípicas" que, una vez corregidas, muestran un déficit muy superior al oficial. Esos factores anómalos son los siguientes:

- Fuerte caída de la inversión desde niveles que ya eran "insosteniblemente bajos", lo cual, en caso de no corregirse, "terminará comprometiendo la calidad de los servicios públicos". Es decir, en lugar de recortar el gasto corriente y reducir el tamaño de la estructura burocrática, las autonomías han optado —al igual que el Gobierno central— por reducir la inversión pública (mantenimiento y renovación de infraestructuras, por ejemplo), lo cual no se puede extender de forma indefinida en el tiempo.

- Ingresos extraordinarios:otro efecto no sostenible en años futuros es la favorable liquidación del sistema de financiación (la correspondiente a 2014), por la que las CCAA ingresaron 7.600 millones de euros extra el pasado año, unos 6.000 más que en 2015. La financiación autonómica funciona con dos años de retraso con respecto a la evolución general de las cuentas públicas, ya que el Gobierno central, encargado de recaudar la mayoría de los impuestos, reparte los recursos entre las distintas autonomías a lo largo del año en base a una previsión de recaudación que no siempre se cumple. Dos años después de concluir el ejercicio, las CCAA reciben dinero extra o pierden ingresos en función de si la recaudación real fue mayor o menor. La liquidación de 2014 fue positiva —la recaudación real fue superior a la prevista—, de modo que las autonomías ingresaron 7.600 millones adicionales con los que, a priori, no contaban en 2016.

- Menor carga de intereses: el pago de intereses por parte de las CCAA se mantiene en niveles artificialmente bajos, gracias, exclusivamente, a los mecanismos de liquidez y rescate facilitados por el Estado, como el FLA, una "subvención implícita"que acaba maquillando la verdadera situación presupuestaria de las autonomías.

Por ello, Fedea advierte que, una vez corregidas estas anomalías, "la situación de las finanzas regionales sigue siendo relativamente vulnerable y exige atención". Según Ángel de la Fuente, el "déficit subyacente", tras normalizar los ingresos del sistema y deducir los diversos factores atípicos que afectan a las cuentas, es algo menor al registrado en 2015 (1,45% frente al 1,74% observado), pero superior al de 2016 (1,28% del PIB frente al 0,82% oficial). Es decir, el déficit oculto de las CCAA es un 56% superior al registrado en 2016, tal y como muestra el siguiente cuadro.

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Las anteriores cifras reflejan el déficit que se habría observado en 2015 y 2016 tras eliminar los gastos e ingresos atípicos, así como la financiación gratuita propiciada por el FLA. El déficit subyacente sería, por tanto, inferior en unos 3.000 millones al observado en 2015, pero superaría en más de 5.000 millones el observado en 2016.

Este ejercicio sugiere que "la situación presupuestaria actual de las CCAA es menos cómoda de lo que podría parecer a primera vista, dado que el acercamiento al objetivo de déficit que se observa en los dos últimos ejercicios refleja fundamentalmente una fuerte reducción de los intereses debida a acciones discrecionales del Gobierno central que podrían no mantenerse en el futuro y una caída adicional de la inversión desde niveles ya muy bajos que habría que empezar a revertir lo antes posible". El patrón observado en los dos últimos años resulta, pues, "un tanto engañoso y cambia significativamente cuando las cifras se analizan con atención", alerta el informe.

"Para acomodar la normalización de las partidas de inversión e intereses sin aumentar el déficit estructural del sector [CCAA] sería necesario un esfuerzo de contención del gasto corriente que seguramente no resultará sencillo en las actuales circunstancias políticas", concluye Fedea.

La Deuda Pública y el conflicto intergeneracional
En 2007, cada español asumía alrededor de 8.400 euros “per cápita” de deuda, y a día de hoy, esa “mochila” se sitúa en 23.600 por habitante. Es decir casi se ha multiplicado por 3 en una década.

La Deuda Pública y el conflicto intergeneracional.
Vicente Benedito Francés vozpopuli.es 10 Mayo 2017

Esta semana pasada hemos conocido los mejores datos de la historia relacionados con el paro y la subida de la afiliación a la Seguridad Social en un mes de abril. El paro se ha reducido en 129.000 personas en ese período y los cotizantes han crecido en alrededor de 229.000, y, lo más importante, se recupera la cifra de 18 millones de afiliados alcanzada en 2009. En términos absolutos, el número de ciudadanos en paro se sitúa ligeramente por debajo de los 3.6 millones. Todo, en su conjunto, son buenas noticias para el Gobierno.

Mientras todo esto leía, y tratando de digerir la euforia incontenida de quienes hacían suyas tan buenas noticias, reflexionaba sobre los miles de jóvenes españoles que pudieran conocerlas a través de las redes sociales, a miles de kilómetros de sus hogares y familias. Desplazados por haber tenido que salir de su país ante la falta de oportunidades en él.

Todos los que tenemos más de 50 años, y que en su momento buscábamos nuestro primer empleo, excepcionalmente, lo hacíamos en el extranjero; raramente en una provincia diferente de la que residíamos; con poca frecuencia en alguna población vecina de la nuestra y, mayoritariamente, en la misma ciudad o pueblo en el que vivíamos y, a ser posible, cerca de nuestro domicilio. Por supuesto, aspirando, sin pudor alguno, a tener un contrato indefinido.

Sin embargo, nuestros jóvenes de hoy, los que han llegado al mercado laboral en los últimos años, tras la entrada en la profunda crisis económica provocada por el estallido de la “burbuja inmobiliaria” y sus múltiples efectos en el conjunto de nuestra sociedad, difícilmente hoy lo encuentran en España. Tienen claro, lo sufren en primerísima persona, que han de abandonarlo todo e irse al extranjero. Puede no ser del todo malo para ellos, pero sin duda lo es para nuestro país que habiendo invertido en su formación, renuncia a la conservación del talento. Más de 120.000.- jóvenes, con estudios superiores han tenido que emigrar, de manera indefinida, de nuestro país para encontrar un trabajo digno, acorde con su preparación y conocimientos.

La crisis económica está pasando y el PIB crece en términos razonables para poder crear empleo, pero nuestros jóvenes encuentran el mismo problema: escasez de empleo digno y retribuido con arreglo a su formación. La emigración de capital humano, como bien dice Miguel Sebastián, reduce la tasa de desempleo a corto plazo, pero nos hace perder talento, y empeorará el reto demográfico y el de la productividad a largo plazo. A los jóvenes no sólo les castigamos con un injusto mercado laboral, sino con un excesivo endeudamiento. ¿Éste continuará en el futuro? Pues parece que sí ya que no somos capaces de estabilizar el ratio de deuda pública, que es ya superior al 100% de nuestro PIB, y no tiene apariencia de frenarse. Y si a ello añadimos una más que previsible subida de los tipos de interés, nos encontraremos con un servicio de la deuda difícil de asumir por las generaciones futuras.

Por lo tanto, es responsabilidad de los gobernantes, llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para disminuir nuestra deuda pública -de las generaciones actuales y de las que vendrán y se la encontrarán sin haber participado del disparate de su creación- reduciéndola a los porcentajes que se tenían cuando entramos en la Unión Monetaria, 35.5%, a finales de 2007 y por encima del 100% en la actualidad. Es cierto que habrá que tomar medidas impopulares, pero recordemos que sólo los políticos que lo hacen pasan a la posteridad como verdaderos estadistas. La autocomplacencia es el cáncer del éxito y, por ello, cuando las cosas van bien es cuando hay que hacer los cambios necesarios para consolidar las estructuras económicas que impidan recaídas incontrolables.

De lo contrario entraremos en un conflicto intergeneracional del cual los jóvenes de hoy no son responsables. Se está lastrando su futuro. Hipotecando sus capacidades de desarrollo personal. Y ello, no asumir la responsabilidad de acometer las reformas estructurales necesarias que nuestro actual modelo de desarrollo económico exige y demanda sean acometidas sin más dilación, pasará una factura impagable.

No se puede continuar gastando más de lo que se produce, endeudándonos hoy y pretendiendo que sean los jóvenes del mañana quienes asuman la carga que no han generado. ¿Sería moral traspasarles esta responsabilidad?

Las familias y las empresas españolas, con enorme sentido común, durante los últimos años de esta crisis, que sólo desaparecerá, definitivamente, cuando nuestra tasa de paro sea homogénea con las de las principales economías de la Unión Europea, se han “desapalancado”, reducido notablemente su nivel de endeudamiento, mientras que durante ese mismo período, las Administraciones Públicas acrecentaban su endeudamiento irresponsable, particularmente las Comunidades Autónomas, juguetes de nuestros mediocres políticos desconocedores de la regla de oro de la estabilidad presupuestaria.

Serán las generaciones venideras las que habrán de asumir las consecuencias de este bochornoso despilfarro. En este escenario, acomodarnos a la recomendación de la Unión Europea de que la deuda pública no supere el 60 por ciento del PIB, será un objetivo inalcanzable durante los próximos cincuenta años. Es decir, y volvemos a lo mismo, nuestros hijos y nietos trabajarán para no poder hacer frente a una deuda que no crearon, pero que condicionará, irremediablemente, sus vidas en el futuro.

En 2007, cada español asumía alrededor de 8.400 euros “per cápita” de deuda, y a día de hoy, esa “mochila” se sitúa en 23.600 por habitante. Es decir casi se ha multiplicado por 3 en una década.

Dos tercios de ese billón largo de deuda vencerán a medio y largo plazo o lo que es lo mismo, corresponderá a los españoles de entonces hacer frente a la misma, reduciéndola, en la medida de lo posible, o endeudándose, más todavía, para atender el gasto financiero que supondrá renovarla.

No olvidemos que en 2016, el Tesoro Público tuvo que realizar emisiones brutas de deuda por encima de los 220.000 millones de euros, para cubrir, mayoritariamente, amortizaciones y pago de intereses.

Liberal-socialismo
Emilio Campmany Libertad Digital 10 Mayo 2017

La victoria de Macron en Francia plantea un atractivo desafío. Ha sido ministro socialista y, sin embargo, considera indispensable una liberalización de la economía francesa. La liberalización económica es el demonio para cualquier socialista europeo. Entonces, ¿se puede ser socialista y aspirar a liberalizar la economía? El reto está presente no sólo en Francia. En Alemania, Schulz está tratando de tocar la misma melodía, aunque, al menos hasta ahora, el éxito no le ha acompañado en las elecciones regionales. Ya veremos qué ocurre en septiembre. En Italia, Matteo Renzi propone soluciones similares al liberal-socialismo de Macron. Si bien es cierto que está siendo acusado de dar a su partido, supuestamente de izquierdas, unos tintes derechistas que le están costando, de momento, una escisión. Aquí, Ciudadanos lleva tiempo tratando de dar cohesión a un planteamiento similar.

Frente a quienes piensan que un partido liberal-socialista es un oxímoron imposible, habría que decir, ante todo, que no menos de lo que lo es uno liberal-conservador. Pero, más allá de cómo se le quiera llamar, el movimiento trata de dar respuesta a la pérdida de contacto del socialismo tradicional con sus antiguos electores. Conseguido para Europa un amplísimo Estado del Bienestar, los socialistas se han quedado sin metas. Al buscar otras nuevas, se han olvidado de lo que preocupa a sus tradicionales votantes y se han convertido al progresismo, de manera que sus problemas ya no son los de su electorado. Pudiendo estar todo lo bien que se quiera, por ejemplo, amparar los derechos de toda clase de minorías por delante de los de la mayoría, proteger la inmigración ilegal, subir los impuestos para cubrir las necesidades más exóticas, convertir la enseñanza pública en una máquina expendendora de títulos que no valen para nada porque se logran sin demostrar conocimiento alguno, la verdad es que son cuestiones secundarias para sus electores de siempre. Este abandono ha permitido a los movimientos populistas de derecha e izquierda crecer exponencialmente.

Los liberal-socialistas se han dado cuenta de que la expansión incontrolada del gasto, la invasora estatalización de la economía y la sobreprotección social amenazan con acabar reduciendo los ingresos hasta que no quede dinero con el que atender las más importantes coberturas sociales de las que disfrutan los ciudadanos. Se han percatado de que determinados derechos de las minorías tienen una importancia marginal, de que la inmigración ilegal ha de ser evitada, de que los impuestos no pueden subirse indefinidamente porque más allá de un punto disminuyen los ingresos, de que la única forma de que la enseñanza pública cumpla su cometido es siendo más exigente que la privada. En definitiva, se trata de liberalizar la economía tanto como sea necesario, pero no más, hasta que haya ingresos suficientes con los que poder conservar el núcleo esencial del Estado del Bienestar.

Evidentemente, estos partidos, especialmente Ciudadanos, están muy lejos de armar un discurso coherente que supere el oxímoron que representa el liberal-socialismo. Pero si acertaran a construirlo podrían devolver la ilusión a quienes, desesperados, se han arrojado en brazos de los populismos, que, da igual que sean de derechas o de izquierdas, no son de ningún modo la solución. Que Dios les ilumine el camino.

Macron será flor de un día
José García Domínguez Libertad Digital 10 Mayo 2017

En medio de todo ese entusiasmo tan unánime como gratuito y algo pueril que está concitando en torno a sí el presidente Macron, un fervor mediático que tanto recuerda a aquella otra ola de rendida devoción universal que suscitó la irrupción en escena de Obama, solo parece haber una única persona en Europa que no muestre mayor complacencia ante el recién llegado. Disidencia individual que no tendría mayor trascendencia si no fuese por el pequeño detalle de que la persona en cuestión responde por Angela Merkel. Es más, a tenor de los muy madrugadores jarros de agua fría con que Berlín ha comenzado a recibir las timidísimas propuestas de Macron para reconducir la implacable doctrina neomercantilista que dicta Alemania, diríase casi que el genuino candidato de la canciller era Le Pen, no Macron. Por lo demás, la historia, calcada, se repite. Recuérdese que el hoy apestado e invisible Hollande también llegó al Elíseo, y hace apenas cinco años, dispuesto a poner patas arriba el statu quo. Pero nada hizo porque, en realidad, nada podía hacer. Como tampoco nada podrá hacer ahora Macron, por cierto. Y es que, se apellide como se apellide su siempre glamouroso presidente, Francia, como Italia, no deja de ser un país del Sur. Un Sur, el de la Unión Europea, incapaz de soportar el peso de una moneda, el euro, que solo sirve a los intereses del norte.

Porque, pese al espejismo de la grandeur, los principales problemas y las hipotecas de Francia no resultan ser tan distintos a los de España: déficit exterior, déficit público y desempleo. He ahí el gran dilema al que va a tener que enfrentarse Macron: o imitar a España, asintiendo obediente a la ortodoxia de Berlín y Bruselas, o ir a la confrontación directa con Alemania. Aunque dispone de una tercera opción, la de no hacer nada, que es la que abrazó su antecesor. Hollande miraba con horror a España y no quería llevar a su país por la misma senda, la marcada por Merkel para todos los países endeudados del Sur. Imitar a España hubiese significado aplicar una reforma laboral dura a fin de reducir al máximo los salarios, acometiendo al tiempo una disminución paralela de todas las partidas del gasto social. La consabida receta para ganar competitividad exterior que predica Schäuble. Negarse en redondo a aplicar esa política es lo que ha llevado al incremento tan notable del paro que ha sufrido Francia en el último quinquenio. Pero aplicarla hubiese supuesto reproducir al norte de los Pirineos el mismo proceso de miserabilización del empleo y de las condiciones de vida que tan bien conocemos a este lado de la frontera. Como el resto del Sur, también Francia está condenada a elegir entre dos males. Y eso no lo va a cambiar ni Macron ni nadie.

Porque la alternativa, que sí existe, no se puede aplicar dado que Alemania se resiste a poner fin a sus escandalosos superávits comerciales, la causa última del desastre económico que arrostra Europa desde 2008. Sin prisas pero sin pausas, la Unión Europea se está destruyendo poco a poco por culpa de esa obtusa cerrazón de las elites alemanas, que se obstinan en que su economía siga creciendo a costa de sus socios del sur, Francia incluida. Para no acabar pareciéndose a España, lo que tanto temía Hollande, Francia necesitaría que Alemania gastase más dentro de su propio territorio. ganar competitividad a corto plazo sin que tengan que bajar ni los salarios ni los beneficios es posible. Igual que hubiera sido posible crear empleo en los países endeudados sin necesidad de realizar dolorosos recortes de las partidas sociales. Bastaría, tal como acaba de insinuar Macron, con que Alemania aumentara sus salarios, redujera la presión fiscal sobre sus nacionales y expandiera el gasto público a un tiempo. Un conjunto de medidas internas tan sencillas como esas sería suficiente para que Alemania comenzara a tirar del carro europeo, en lugar de operar como una aspiradora que solo deja la estela del vacío a su paso. Pero no caerá esa breva. Macron puede ser flor de un día.

Antifranquistas
Santiago González El Mundo 10 Mayo 2017

En España se lleva mucho el antifranquismo retroactivo. El PSOE ha plantado en el Congreso una iniciativa para remover los restos del dictador y de José Antonio Primo de Rivera de sus tumbas en el Valle de los Caídos y trasladarlos a otro sitio.

'Los muertos no se tocan, nene', tituló una novela suya Rafael Azcona, que luego llevó al cine García Sánchez con éxito regular. Franco no es una página de la historia de España, sino una herramienta de agit-prop contra el PP, cuando no queda en este partido nadie que hubiera hecho la guerra civil en el bando franquista, nadie que se reconozca como tal.

El mes que vienen se cumplen 40 años desde nuestras primeras elecciones democráticas, más de la mitad de los cuales hemos estado gobernados por los socialistas. Nunca tuvieron tiempo, por lo visto, pero esto no lo han inventado ellos. A finales de 2000 el PNV suscribió varias iniciativas para retirar al dictador los nombramientos honoríficos que Ayuntamientos y Diputaciones vascos le hicieron servilmente mientras mandaba. Nunca se habían acordado de tales honores en los veinte años en los que el PNV tuvo la mayoría absoluta en el Parlamento vasco, en las Juntas Generales de los tres territorios y en los principales ayuntamientos del País Vasco.

Nadie lo explicó mejor que Izquierda Unida. En el trigésimo aniversario de la muerte del dictador Joan Saura inauguró una exposición con un busto de Franco y un libro blanco para que los visitantes escribieran "aquello que no le pudo decir a causa de la censura, del miedo, de la obligación de callar" decía el folleto explicativo. No hay quien dé más. España es así.

Incluida Cataluña, claro.

Duelo de enterradores
Pablo Molina Libertad Digital 10 Mayo 2017

Las primarias del PSOE no son una lucha para determinar quién será el próximo presidente del Gobierno de España, sino una batalla intestina de la que surgirá un nuevo cargo orgánico: el secretario-sepulturero. Zapatero hundió al PSOE y Pedro Sánchez lo llevó a una situación que ya es irreversible. No tanto por los batacazos monumentales de las tres últimas citas con las urnas como por la fijación de Sánchez en convertir al PSOE en un Podemos duchado, artefacto ideológico que el candidato a las primarias parece defender con sincera convicción.

En su último mítin de campaña, Sánchez amenazó a la Iglesia Católica con crujirla a través del cobro del IBI y a la derecha española con la creación de una Comisión de la Verdad, cuya mera denominación ya expele un tufo a cheka como para ir pidiendo asilo en el consulado más cercano. Para completar el cuadro y no dejar ningún flanco al descubierto, los teloneros del aspirante a enterrador, destacados dirigentes socialistas a su vez, esgrimieron las habituales acusaciones de los podemitas cuando entran en éxtasis mitinero, con dedicatoria especial a la gestora del PSOE, a la que acusaron de estar realizando todo tipo de prácticas mafiosas.

Como se puede ver, el debate de ideas en las primarias del PSOE está en un nivel extraordinario gracias a Pedro Sánchez, que, eso sí hay que reconocerle, está sabiendo llevar en todo momento la iniciativa.

Los votantes socialistas, desde Zapatero, comparten mayoritariamente las barbaridades de Podemos y Sánchez está dispuesto a darles lo que quieren. Lo más probable es que, llegado el momento de acudir a las urnas -las de verdad-, se decanten por el original, pero ese es un problema que se afronta mucho mejor desde la Secretaría General, con el sueldo garantizado para varias legislaturas.

Lo que no pudo la corrupción económica del felipismo lo ha conseguido la corrupción ideológica del zapaterismo, cuya impronta es innegable en este tramo final del PSOE, condenado a convertirse en poco más que un partido regionalista de Andalucía, comunidad autónoma que, eso sí, seguirá gobernando hasta el final de los tiempos. De eso ya se encarga el PP andaluz.

La congregación de los golfos que saquearon Cataluña
Melchor Miralles Republica 10 Mayo 2017

No hay día que no nos enteremos de algo que reviente nuestra capacidad de asombro. Siempre creemos que hemos llegado al summum de la desvergüenza, pero no. Hoy ocupa escaparate Marta Ferrusola, la jefa del clan Pujol, que de su puño y letra le enviaba notas a la banca Reig de Andorra para que traspasara dos millones de pesetas a la cuenta de su hijo Jordi, y lo hacía en clave. Pero la terminología empleada asusta: “Reverendo Mosén, soy la Madre Superiora de la Congregación, necesitaría que traspases dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, él ya dirá a su si ha de colocar. Muy agradecida”.

Es insuperable. Un clan, una conducta mafiosesca. Un lenguaje intolerable. La jefa del clan de golfos apandadores que saquearon Cataluña (estos sí que robaron de verdad, los popes del nacionalismo victimista) se autodefine como madre superiora, se dirige a un directivo del banco como Mosén y el capellán era uno de sus hijos. El manuscrito de esta buena señora, a quien muchos todavía rinden pleitesía en Cataluña, consta en el sumario del caso Pujol acompañando a un extracto de solicitud de operaciones.

La familia Pujol Ferrusola, según obra en el juzgado que instruye la causa, obtuvo en sus cuentas andorranas un beneficio económico “no justificado” de 69 millones de euros, nada más y nada menos, y diseñaron una mecánica de operaciones para ocultar “grandes sumas de origen desconocido” según un “plan preconcebido y ordenado”, según un copioso informe de la UDEF que ha sido desvelado por Efe. La Policía considera que los Pujol Ferrusola actuaban como “un grupo organizado que venía desarrollando una actividad ilícita”, o sea, una organización criminal, cuyo objetivo final era la “búsqueda de un beneficio económico no justificado”.

Según la UDEF, Jordi Pujol padre registró 473 millones de pesetas en una cuenta de Andorra, su esposa, Marta Ferrusola, 683.139 euros, y sus hijos, Jordi 54,5 millones de euros, Josep 3,5 millones de euros, Oriol 955.253 euros, Mireia 695.657 euros, Pere 711.561 euros y Oleguer 697.761. Los pobres, además de ambición desmedida y poder, solo tenían dinero. Una banda. Una congregación de golfos sin vergüenza que, prevaliéndose de los cargos del padre, y envueltos en la bandera del nacionalismo, se llevaron a casa dinero de todos los ciudadanos. Y muchos catalanes, acomodados, miedosos, aún defienden a los Pujol, o se callan. Incluso algunos les aplauden. Y ahí están el Gobierno y el Parlamento catalán, entregados a la causa de la independencia, comprando urnas, diseñando y poniendo en práctica conductas ilegales, prometiendo una desconexión que es de todo punto inviable, actuando torticeramente, apropiándose de lo público en beneficio propio, con un desprecio insoportable hacia al menos la mitad de los catalanes, persiguiendo al discrepante.

Y el Gobierno de España tranquilo, relajado, con la Operación Diálogo a tope, que está siendo un éxito. De rodillas ante el PNV profundizando en las diferencias entre españoles y pagando con dinero de todos a 500 millones de euros el voto, y muy en serio, comentando off the record a los periodistas que el acuerdo con los vascos va a aflojar a los catalanes.

La congregación de los golfos crece cada día. La rama catalana es difícilmente superable en displicencia, pero no es la peor. Queda mucha tela que cortar y muchos sumarios e informes por filtrarse. Y no digamos nada de las causas que no han comenzado aún, que son unas pocas, y comenzarán, claro que comenzarán. Tiempo al tiempo.

El PSOE recurre de nuevo a Franco
Editorial La Razon 10 Mayo 2017

El Parlamento debatió ayer una proposición no de ley presentada por el PSOE en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno a exhumar los restos de Francisco Franco de su actual tumba en el Valle de los Caídos y que los de José Antonio Primo de Rivera sean trasladados a otro emplazamiento, aunque dentro de la misma basílica. La cuestión no tiene mucho recorrido práctico, puesto que se trata de una iniciativa que no tiene rango de ley y, por lo tanto, no obliga a su cumplimiento, pero sí conviene enmarcarla en la estrategia de un partido que busca con la muleta del antifranquismo tapar sus carencias programáticas e ideológicas. También, por supuesto, con el objetivo político de que se identifique al centro derecha democrático español, especialmente al Partido Popular, como supuestos depositarios de un criptofranquismo inexistente.

Lleva el PSOE demasiados años reeditando esta táctica guerracivilista que impone un único enfoque histórico sobre un pasado cada día más remoto, sin que haya obtenido otra reacción de la sociedad que no sea el desdén irónico ante su entusiasta empeño por actualizar el viejo dicho de «a moro muerto, gran lanzada». Hasta ahora, la pretensión socialista de exhumar los restos de Franco, como la denuncia del Concordato con la Santa Sede, se ha planteado siempre en el plano de la inoperancia práctica, conscientes los líderes socialistas de que el posible coste político sólo corre a cargo del Partido Popular mientras no haya que pasar de las declamaciones a los hechos.

Sobre el contenido de la proposición, poco más hay que decir, salvo que la pretendida exhumación del cadáver de Francisco Franco obligaría a modificar el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que, sobre el Valle de los Caídos, establecía que debía regirse «estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos», lo que exige el cumplimiento de unos requisitos que no pueden basarse exclusivamente en criterios historicistas.

Asimismo, cualquier otra actuación arquitectónica o funcional en el conjunto del Valle de los Caídos queda fuera de la referida Ley, salvo en lo que se refiere a la retirada, a petición de los familiares y herederos, de los restos humanos que fueron allí depositados después de la guerra y que pertenecían a militares de ambos bandos. Sería preciso, pues, reformar la Ley de Memoria Histórica, demanda que no parece tener demasiado eco en la sociedad española, salvo en el rencor, al parecer, inextinguible de unos pocos.

Cabe, finalmente, una reflexión sobre la eficacia de este tacticismo socialista que recurre de urgencia a Francisco Franco, la Guerra Civil y la Dictadura para recuperar el voto perdido por su izquierda. Ya señalamos en octubre de 2015 que el entonces secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, erraba si creía que reafirmando su anticlericalismo y volviendo al discurso guerracivilista iba a impedir la eclosión de Podemos. Los hechos, con las dos derrotas electorales más severas sufridas por el PSOE desde la recuperación de la democracia, nos dieron la razón. El conjunto de la sociedad española, que acaba de superar las peores consecuencias de la crisis, mira al futuro y no al pasado. Si el Partido Socialista quiere recuperar la posición que tuvo en la política española, debe mirar hacia la moderación de la socialdemocracia. Los arrebatos melancólicos, como han demostrado las elecciones francesas con el PSF, sólo conducen a la irrelevancia.

Valle de Paracuellos
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 10 Mayo 2017

Albert Rivera suele utilizar el término "compatriotas" en las grandes ocasiones parlamentarias o en el minuto de oro de exhortación, que es casi de extremaunción televisiva, cuando pide el voto a orillas de las urnas. Y a menudo cita también a Suárez o evoca el Espíritu de la Transición y lo que somos capaces de hacer los españoles cuando trabajamos juntos. Es de las cosas que me hacen votar a Ciudadanos, antes a UPyD y antes a Aznar: una idea de España, un sentido de comunidad política por encima de los tristes episodios cainitas, que, como en todos los países importantes, salpican una historia en la que, aun así, lo mejor supera con mucho, muchísimo, lo peor.

Pero si mañana Ciudadanos vota a favor de la propuesta del PSOE, el partido que debutó en las Cortes (Pablo Iglesias I) amenazando al Jefe del Gobierno, Antonio Maura, con el "atentado personal"; el del golpe contra la República, a medias con la Esquerra, en 1934; el del asesinato de Calvo Sotelo; el que nos llevó a la Guerra Civil, el de Largo, Prieto, Negrín y los cientos de checas en Madrid y Barcelona, que quiere sacar de sus tumbas los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera (tal vez para ocupar su sitio como cadáver político), si mañana, digo, Rivera apoya esa salvajada incívica, apéeme para siempre lo de compatriota. Yo no comparto patria con los saqueadores de tumbas. Y menos, con los cobardes que asisten al espectáculo como si su presencia muda no los envileciera.

No sé si el plan del PSOdemos incluye devorar los restos del hombre que condujo a media España contra la otra media, la del PSOE que le había declarado la guerra civil. Como Rivera vive obsesionado con lo que muge Iglesias al rojo vivo y temiendo que le llame franquista La Sexta -si el jefe del sándwich no ordena silencio-, no habrá pensado en lo bien que quedaría diciendo que Suárez, por patriotismo y urbanidad, jamás hubiera sacado a los muertos de sus tumbas. O contándoles a Macron y Valls que el respeto a los españoles vivos se demuestra respetando a sus muertos. Trés bien!

El fin de la Ley de Memoria Histórica es degradar la democracia; el paseo de Franco, tapar los crímenes de la izquierda, ayer y hoy. Si mañana ganan los necrófagos, espero que lo dejen en la fosa común de los miles de asesinados en Paracuellos. Es el primer Valle de los Caídos.

Terrorismo callejero
OKDIARIO  10 Mayo 2017

Los miembros más radicales de la CUP se comportaron como auténticos terroristas callejeros el pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. De otra manera no se puede definir al grupo de energúmenos que, disfrazados con pelucas y armados con martillos, batasunizaron las calles de Barcelona hasta hacer de la violencia su única forma de expresión. Este grupo de acémilas dedicó la jornada festiva a asaltar a martillazos distintos hoteles y establecimientos comerciales de la ciudad. Otra prueba de que, más que un partido antisistema, estamos ante un conjunto de salvajes que juntos y en desbandada constituyen un auténtico peligro social. El problema de estos “activistas políticos” —como se autodenominan de manera falaz— es que algunos de ellos incluso tienen asiento, sueldo y poder de decisión en las instituciones públicas. Ahí están tanto Josep Garganté —más conocido por su actitudes violentas que por sus aptitudes políticas— o María José Lecha, ambos concejales en ese mismo Consistorio barcelonés donde su primera edil, Ada Colau, no se ha cansado de demonizar al sector hostelero hasta convertirlo casi en un apestado.

La irresponsabilidad política provoca que cuando una alcaldesa siembra ese tipo de vientos, al final son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias de las tempestades. Los actos violentos del pasado 1 de mayo no sólo generan un daño material gravísimo, además ensucian la imagen de la ciudad y, lo que es peor, enturbian la convivencia hasta crear una atmósfera de tensión irrespirable, justo el contexto contrario al que debería regir una sociedad libre. Desgraciadamente, el comportamiento de este tipo de personajes no es nuevo. El pasado mes de marzo ya participaron en el asalto a la sede del Partido Popular en Barcelona con el apoyo explícito de la diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y del ex parlamentario —y amigo del etarra Arnaldo Otegi— David Fernández. Todos ellos son desmerecedores de su presencia en las distintas cámaras representativas. Cualquier reivindicación que se base en la violencia resulta incompatible con el Estado de Derecho y no puede tener lugar en democracia.

VOX PROPONDRÍA LA DEROGACIÓN DE LA LEY
Abascal deja en evidencia la 'obsesión de la izquierda con el cadáver de Franco'
S.T. gaceta.es 10 Mayo 2017

La propuesta del PSOE de exhumar los restos de Franco explica, para Santiago Abascal, "la sobrevenida obsesión de la izquierda con el cadáver de Franco". "Nosotros habríamos votado no a esa absurda petición de desenterrar muertos", ha asegurado el líder de VOX, al tiempo que ha señalado que su formación "habría propuesto la derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica".

La sectaria ley, aprobada por el PSOE y mantenida por el PP
Cabe recordar que esta ley se aprobó por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y ha sido mantenida en su totalidad por la mayoría absoluta del Partido Popular. Así lo ha denunciado Abascal, para quien la sectaria norma "es una Ley de Odio Histórico que el cobarde Gobierno del PP podría haber derogado con la mayoría absoluta en la primera legislatura del acomplejado Mariano Rajoy".

También el secretario general de VOX, Javier Ortega, aseguraba recientemente en declaraciones a La Gaceta que "nos parece una hipocresía -cuando no una estupidez- tremenda escuchar a los concejales de los distintos ayuntamientos en los que el PP tiene representación quejarse por las actuaciones evidentemente sectarias y partidistas pero sin reconocer que se producen en estricta aplicación de la ley que su formación ha mantenido".

'Hacen ingeniería ideológica para promover el guerracivilismo'
Desde VOX siempre han reivindicado su "oposición total a esa Ley de desmemoria histórica o de amnesia colectiva a la que quieren someternos a los españoles". Asimismo Ortega alertaba de que "hay quienes hacen ingeniería ideológica para -bajo la apariencia de cerrar heridas- promover el guerracivilismo, es decir, recuperar la lucha entre las dos españas".

Lo que no es admisible para Ortega es que "algunos, desde su ideología de extrema izquierda y marxista, hayan querido imponer una ley que lo que pretende es hablar de vencedores ideológicos, de buenos y malos, poniendo como vencedores morales a los del bando republicano y como indignos no merecedores de reconocimiento a los que lucharon en el bando nacional".

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Arzalluz y el zoco de Madrid
Cayetano González Libertad Digital 10 Mayo 2017

El hecho, que no anécdota, lo vivió en primera persona el actual eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz en 1996, en una reunión de la denominada Mesa de Ajuria-Enea, órgano en el que, bajo la presidencia del lehendakari Ardanza, se reunían todos los partidos vascos, salvo Batasuna, para consensuar y fijar la estrategia en la lucha contra ETA. Recuerda el entonces presidente del PP vasco que en una de esas reuniones Arzalluz le dijo textualmente:
Iturgaiz , no te olvides de que Madrid es un zoco donde todo se compra y todo se vende.

Me vinieron a la memoria esas palabras del otrora pope del PNV cuando la pasada semana, desde el Gobierno y la dirección del PP, no se disimuló en absoluto, todo lo contrario, la satisfacción por el acuerdo alcanzado con el PNV, por el que los cinco diputados que tiene este partido en el Congreso apoyarán los Presupuestos Generales del Estado. El problema es que ese apoyo nos ha costado a todos los españoles la friolera de 4.000 millones de euros –el voto de cada diputado del PNV cotiza a 800 millones–, entre rebajas del cupo vasco, inversiones en infraestructuras y otras menudencias.

Pero la imagen de zoco total que se ha dado a ese acuerdo con los nacionalistas vascos, y no digamos con lo que, visto lo visto, va a pedir el diputado de Nueva Canarias, da la razón al Arzalluz que pronunció esas palabras, en unos momentos –conviene recordarlo– en los que su partido y él personalmente vivían una especie de luna de miel con el PP de Aznar. Es decir, aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

Más allá de las consideraciones que puedan hacerse, que son muchas, sobre el agravio comparativo que supone para otras comunidades autónomas, lo más preocupante es la imagen de frivolidad, superficialidad y desconocimiento que transmiten los actuales dirigentes del PP, con Rajoy a la cabeza, sobre lo que es y significa el PNV en nuestra historia reciente.

El PNV, por mucho que ahora se alabe su sentido común al establecerse la comparación con la deriva soberanista de los nacionalistas catalanes, ha sido un partido profundamente desleal con la democracia española. Conviene recordar que la UCD, con Adolfo Suárez a la cabeza, decidió en la Transición ceder en la práctica todo el poder al PNV en la Comunidad Autónoma Vasca a cambio de dos cosas: que respetara el marco constitucional y estatutario y que ayudara en la lucha contra ETA.

Pasados cuarenta años desde aquel pacto no escrito entre Suárez y el PNV, el balance no puede ser más negativo desde la óptica de los intereses del Estado. El PNV no apoyó la Constitución, considera desde hace tiempo superado el Estatuto de Gernika; hace poco años se embarcó en la aventura soberanista con el Plan Ibarretxe y que se sepa no ha renunciado a sus ideales independentistas. Por si hubiera alguna duda respecto a esto último, transcribo textualmente el primero de los Principios Generales recogidos en los estatutos del PNV que fueron aprobados por la VI Asamblea General del partido, celebrada en Pamplona en febrero del pasado año:

Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino de Arana y Goiri, recibe su nombre del lema "Jaungoikoa eta lege zarra" (Dios y leyes viejas), expresión que conjuga una concepción trascendente de la existencia con la afirmación de la Nación Vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la recuperación de su soberanía nacional.

En cuanto a la colaboración que ha prestado el PNV en la lucha contra ETA, baste recordar que jamás ha apoyado ninguna de las medidas que, desde el Estado de Derecho, se tomaron para combatir a la banda terrorista; y cuando se produjo una reacción social sin precedentes tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco,optó por abandonar el bando de los demócratas y se fue a Estella a pactar con ETA, entre otras cosas, la exclusión de los partidos constitucionalistas, PP y PSE, de las instituciones.

Por estos y otros motivos cuya explicación haría que este artículo fuera demasiado largo, sería deseable que Rajoy y los suyos se abstuvieran, o al menos moderaran, su obscena satisfacción por el acuerdo alcanzado con un partido que, como todos los nacionalistas, es profundamente insolidario con el resto de España; entre otras razones, porque no consideran a ésta su patria.

Consultas ilegales a cargo del contribuyente
EDITORIAL Libertad Digital 10 Mayo 2017

Teniendo presente que el sedicioso Gobierno autonómico catalán ya incluyó en el proyecto de ley de sus presupuestos para 2017 una partida de más de seis millones de euros para la celebración de una ilegal consulta separatista, a nadie debería sorprender que la Generalidad licitara hace más de un mes una compra de papeletas, sobres e impresos por un importe de 897.520 euros. Tampoco debe sorprender que la propia Generalidad haya publicado una licitación por 200.000 euros para la adquisición de 12.000 urnas en su boletín oficial. El hecho de que los golpistas adviertan de que esas urnas servirán para celebrar "todo tipo de procesos electorales" no es más que una burda maniobra que trata de disimular que también se van a utilizar en ese nuevo "proceso participativo", "consulta" o "referéndum" separatista, sobre el que los tribunales se han pronunciado estéril y repetidamente en contra.

La compra de urnas y papeletas es sólo una pequeña parte de los gastos que acarrean para el bolsillo del contribuyente estas consultas ilegales, cuyo coste, a su vez, supone una pequeña parte de lo que están suponiendo el procés y las no menos ilegales estructuras de Estado catalanas.

Está por ver cuál va a ser la reacción de la Fiscalía y de los tribunales ante este nuevo desafío al Estado de Derecho. Por de pronto, la Fiscalía ha anunciado que está preparando una querella por la licitación de la compra de urnas, pero sin hacer especificación de delitos. Ya se verá en qué queda, pero cabe recordar que fue la propia Fiscalía la que, contra el criterio que mantuvo el entonces fiscal general, Eduardo Torres Dulce, retiró los cargos por malversación en el juicio por la ilegal consulta del 9-N, cuyo coste ascendió a 4,9 millones de euros. Los argumentos de la Fiscalía y del TSJC fueron tan peregrinos y, hasta cierto punto, engañosos como que los gastos de la Generalidad para dicho referéndum se habían acordado antes de que el Constitucional suspendiera la consulta, o que parte de los ordenadores y del material informático utilizado en aquella ocasión fue destinada posteriormente a Educación.

Lo cierto es que cuando el Gobierno de Mas destinó dinero público a los preparativos del 9-N el Tribunal Constitucional ya había manifestado que la Generalidad carecía de competencia para convocar ese tipo de consultas, que atentan contra la soberanía nacional. El TC tuvo que volver a insistir en ello en vista de que la Generalidad iba cambiando de denominación el 9-N: de "referéndum" pasó a ser "consulta" y, finalmente, "proceso participativo". Estas triquiñuelas nominativas, que deberían haber agravado la pena impuesta a Mas, Ortega y Rigau, sirvieron, sin embargo, para exculparlos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Sea como fuere, lo que es evidente es que el proceso del que ya en 2012 Artur Mas dijo que no lo pararían "ni tribunales ni constituciones" no lo están sufragando los separatistas, sino los contribuyentes. Que esos fondos no se destinen a "usos particulares" de los golpistas no borra el hecho de que se están destinando a usos tan "ajenos a la función pública" como la preparación, organización y desarrollo de una clamorosa ilegalidad liberticida.

¿Terrorismo deslegitimado?
CARLOS FDEZ. DE CASADEVANTE El Mundo 10 Mayo 2017

NO COMPARTO la idílica, mántrica y acrítica visión que de la situación vasca se proporciona con cierta regularidad desde ámbitos mediáticos e institucionales tanto del País Vasco como del resto de España, según la cual, finalizado el terrorismo como consecuencia de la derrota policial de ETA y la pantomima de un desarme que cada día que pasa se revela más ridículo, se ha acabado el problema y nos encontramos ante tiempos nuevos. Los hechos vinculados al terrorismo vasco que se repiten periódicamente en distintas localidades del País Vasco no parecen ir en esa línea. Más bien lo que hacen es poner de manifiesto que el terrorismo y sus consecuencias continúan latentes en la sociedad vasca, incluso una vez desaparecida la práctica de la actividad terrorista etarra. Tampoco resulta extraño, puesto que la sociedad vasca no ha cambiado tanto. En efecto, los vascos y las instituciones de entonces son los mismos de ahora. Y si muchos de ellos fueron capaces de convivir con el terrorismo sin padecer afecciones personales y sin conciencia del daño personal y colectivo que suponía el daño padecido por sus vecinos y otros ciudadanos víctimas del terrorismo, ¿por qué ahora, que ETA no mata y además se ha desarmado (¿?) iban a tener que inquietarse por el modo en el que son recibidos los victimarios en sus respectivas localidades?

Con más motivo todavía cuando, en esa misma sociedad, el 58,8% de los votantes en las últimas elecciones al Parlamento vasco ha demostrado que comparte y apoya esa ideología, y que la deslegitimación ideológica del terrorismo no parece estar entre sus prioridades. Porque, ¿dónde queda la deslegitimación del terrorismo cuando el proyecto político en virtud del cual tantos seres humanos fueron victimizados no padece ninguna consecuencia en las urnas sino que, por el contrario, obtiene amplias cuotas de poder local, provincial y autonómico?

Peor todavía, cuando ese mismo proyecto político ha sido legitimado por el Tribunal Constitucional (seis contra cinco) en su vergonzante sentencia de legalización de Bildu y Sortu adoptada en pleno proceso negociador del Gobierno socialista con los terroristas. Si lo permitieron sin padecer las consecuencias de ello los magistrados propuestos por el PSOE, excepto Manuel Aragón Reyes, autor de un excelente voto particular, ¿cómo esperar un comportamiento diferente allí donde ya se padecían las consecuencias de ese mismo proyecto político cuando ETA asesinaba, extorsionaba, amenazaba, secuestraba, desterraba -y su brazo político colaboraba, comprendía y apoyaba-, y se padecen ahora en tiempos calificados por tantos de paz acompañados de desarme? Si la pasividad general predominó en tiempos de terrorismo, ¿por qué debería ser diferente ahora en tiempo de paz? Si en aquellos años terribles la fiesta debía continuar -y continuó, a pesar del asesinato de un vecino durante la misma, sin ningún problema ni consecuencia social, excepto la soledad de los familiares y amigos de la víctima, y el dolor de constatar la irrelevancia de ese asesinato en el municipio ante la prioridad otorgada a la fiesta-, ¿por qué escandalizarse hoy por un hecho como el homenaje que los mismos que entonces comprendieron y jalearon a los victimarios les rinden al retornar cumplidas sus penas de prisión a sus respectivas localidades?

¿Qué importa si, además, el homenaje culmina en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la localidad, en teoría sede una institución democrática, esto es, justo todo lo contrario de lo que representan tanto los homenajeados como tales homenajes? Un salón cedido de facto por su alcalde, como acaba de declarar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, añadiendo que se trató de un homenaje a una persona condenada por terrorismo. ¿Qué importa si se permite al homenajeado ocupar la silla del alcalde, máximo representante de la democracia en un municipio? ¿Y que ese alcalde pertenezca al mismo partido que gobierna el País Vasco, con lo que su actitud para ese gobierno implica o debería implicar? ¿Y que en esa localidad -Lekeitio- ETA asesinara a tres de sus vecinos?

Visto lo visto, y vistas las reacciones que tales hechos provocan, es posible concluir que no parece que importe nada excepto, menos mal, a la Abogacía del Estado y, claro está, a todos aquellos que padecieron el terrorismo de ETA en sus propias carnes y en alguna de sus múltiples vertientes. Entre ellos, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el único capaz de alzar la voz, de indignarse y de rebelarse para llamar la atención ante la pasividad y el silencio generales no sólo de la sociedad vasca sino, aún más grave, de sus instituciones. ¿Alguna reacción del Gobierno vasco? ¿De su Consejería de Interior, en teoría encargada de conocer, prevenir e impedir todo comportamiento ensalzador del terrorismo? ¿De su Oficina de Víctimas? ¿De su Secretaría de Paz y Convivencia? ¿De su Dirección de Derechos Humanos? ¿Del Ararteko? ¿Del Consejo Vasco de Víctimas? ¿Del PNV, partido al que pertenece el alcalde de Lekeitio? Ninguna. Nada. ¿Alguna consecuencia para ese alcalde por ceder la sede de una institución democrática a quienes representan todo lo contrario? Tampoco.

Nada precisamente allí dónde la pasividad y el silencio no deberían tener cabida. Donde las instituciones y la ciudadanía, si existieran, deberían ser beligerantes y exigentes contra todo comportamiento ensalzador o comprensivo del terrorismo vasco padecido, aunque sólo fuera para no incurrir nuevamente en los mismos comportamientos cobardes del pasado. Sin embargo, no es así.

Este silencio y esta pasividad abrumadores confirman la falsedad de otro mantra muy extendido y aceptado en la sociedad vasca para lavar su conciencia: la afirmación de que toda la sociedad vasca ha sido víctima de ETA. Si fuera cierto, habría más reacciones además de la de Covite. Por el contrario, ese silencio y esa pasividad ponen de manifiesto la misma indiferencia y pasividad que estuvo presente en ella la mayor parte de las veces durante las casi cinco décadas de actividad terrorista de ETA. No sólo en ella. También en sus instituciones, tal como denunció el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, en su informe sobre su viaje a España y, en particular, al País Vasco, del 5 al 8 de febrero de 2001, en relación con la pasividad del Gobierno vasco a la hora de luchar contra la violencia callejera (kale borroka).

Dada la reiteración de este tipo de actos y homenajes -como el tributado hace unos meses por cientos de personas en la Parte Vieja de San Sebastián al condenado por su participación en cinco asesinatos en esa localidad, que cuenta con 94 asesinados por ETA- cabe preguntarse qué entienden tanto la sociedad vasca como todas esas instituciones por "deslegitimación del terrorismo". Y qué significado tiene la afirmación contenida en la Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo de que "la memoria de las víctimas constituye un elemento esencial para la deslegitimación, ética, social y política del terrorismo".

Peor todavía, la reiteración de esos homenajes pone de relieve la vacuidad de lo manifestado por el artículo 4 de dicha ley (relativo a la dignidad) cuando dispone que "los poderes públicos vascos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos. Para ello: b) Adoptarán medidas apropiadas (...) en particular, para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas, y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole, y, en su caso, investigarán aquellos que puedan ser constitutivos de infracción penal, quedando abierta la posibilidad del ejercicio de la acción popular por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la defensa de este derecho".

Una vez más, las palabras, incluso las recogidas por la ley, se las lleva el viento.

Carlos Fernández de Casadevante Romani es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos.

Del barrendero al 'ertzaina': EH Bildu quiere excluir por ley a quienes no hablen euskera
El Parlamento Vasco aborda el peso del euskera a la hora de acceder al empleo público: los 'abertzales' reclaman que el dominio de la lengua vasca sea imprescindible a partir de 2018
José Mari Alonso. Vitoria elconfidencial 10 Mayo 2017

Si no sabes euskera, no puedes ser barrendero en el País Vasco. Ni funcionario de cocina. Ni operario. Ni ningún otro cargo público. Es el planteamiento que defiende EH Bildu, que pretende excluir por ley de todos los puestos de la Administración Pública a aquellas personas que no dominen la lengua vasca, se tenga o no contacto con la ciudadanía. La coalición ‘abertzale’ quiere que a partir del próximo año el “dominio” del euskera (ya no solo el 'conocimiento' sino el 'dominio') sea un “requisito indispensable” para “ocupar cualquier puesto de trabajo a cubrir al servicio de las administraciones públicas”, ya sea con carácter “temporal o definitivo”.

Y defiende la exclusión de quienes no controlen el euskera a la perfección de todos los puestos públicos con el argumento de “poder garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos en su integridad y sin ningún impedimento”. Así lo refleja en una iniciativa registrada en el Parlamento vasco de cara al doble debate que la Cámara de Vitoria va a abordar esta semana para analizar el peso del euskera en el acceso al empleo público. La propuesta ‘abertzale’, por tanto, conlleva imponer el perfil de euskera más exigente a los 38.000 puestos de trabajo públicos en el País Vasco, entre los que está el de barrendero. Este empleo es precisamente el que pone de ejemplo el Gobierno vasco para reconocer que hay determinados puestos de la Administración vasca que exigen un conocimiento del euskera por encima del necesario, por lo que está revisando “uno por uno” los perfiles lingüísticos exigidos en los diferentes puestos de trabajo para "adecuar" las exigencias a la realidad del empleo.

“Probablemente, en algunos puestos de trabajo se estén planteando exigencias más altas de lo necesario, como pedir a un barrendero el EGA [el Certificado de Aptitud de Conocimiento de Euskera, el título por excelencia de euskera]”, ha afirmado el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria. Pero, frente a esta realidad que reconoce el PNV, EH Bildu rechaza que se adecue la exigencia lingüística a cada empleo concreto y sus circunstancias. Su objetivo es que el no dominio del euskera sea por ley un factor excluyente sin salvedades a partir de 2018.

Y entre las diferentes profesiones, en el punto de mira de la antigua Batasuna está especialmente la policía. De hecho, este mismo miércoles el Parlamento autonómico abordará en la comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública la petición de EH Bildu de que “en todas las ofertas públicas de empleo” que se realicen a partir de ahora para nutrir de agentes a la Ertzaintza, los aspirantes deberán acreditar el exigente nivel de euskera B2.

No es una cuestión baladí. En los próximos años, la previsión que maneja el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco es que el 15% de los actuales 'ertzainas' se jubilen (del orden de 1.200 agentes). A más largo plazo, se habla incluso de que será necesario reponer a la mitad de la actual plantilla de 8.000 agentes. En este escenario, el deshielo de las relaciones entre los gobiernos español y vasco, que ha derivado en el reciente acuerdo presupuestario en Madrid, ha permitido desbloquear el conflicto que existía por las dos últimas OPE de la Ertzaintza, correspondientes a las promociones 25 y 26, y que estaban recurridas por el gabinete de Rajoy. Ahora, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu tiene luz verde para incorporar 500 nuevos agentes a la policía vasca (250 por promoción).

De cara a esta necesaria renovación de la plantilla, EH Bildu plantea que “todos los trabajadores que dependen” de la Ertzaintza “deben dominar las dos lenguas oficiales” del País Vasco para “garantizar los derechos lingüísticos” de la ciudadanía. En su proposición, la coalición ‘abertzale’ asegura incluso que "es discutible la conveniencia” de hacer ofertas públicas de empleo en la Ertzaintza (la policía vasca es objeto continuo de sus críticas), pero, llegado el caso, a la vista de que se trata de “recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad”, asegura que es “imprescindible abrir el debate sobre los criterios lingüísticos” en este cuerpo. Hace 40 años, según recuerda, es “de entender” que se tuviera que contratar a 'ertzainas' que no dominaran el euskera dada la “situación sociolingüística de aquella época", pero justifica que ahora esta realidad idiomática es “completamente diferente”, por lo que exige el dominio del euskera para formar parte de la plantilla del Departamento de Seguridad.

Sin embargo, su propuesta no va a salir adelante ante la falta de apoyos. Los partidos que sustentan el Gobierno vasco (PNV y PSE) han presentado una enmienda a la totalidad para que se mantengan los actuales criterios para el ingreso en la Escala Básica de la Ertzaintza, aprobados el 19 de junio de 2014. La propuesta señala que, a la hora de establecer los perfiles lingüísticos en los próximos procedimientos selectivos, se deberá dar “prioridad” a la comunicación oral sobre la escrita para “garantizar mejor la opción lingüística de la ciudadanía”.

Un día después de abordar la cuestión lingüística en el acceso a la Ertzaintza, el Parlamento vasco abordará el debate sobre el peso a dar al euskera de cara al acceso al empleo público con carácter general. El debate llega a raíz de una proposición no de ley presentada por el PP encaminada a “modificar la normativa correspondiente a la asignación de perfiles lingüísticos de cada puesto de trabajo en la Administración vasca” y “revisar la puntuación del euskera como mérito en las futuras OPE, con el objetivo de adecuar la valoración de su conocimiento a la realidad sociolingüística de las zonas” del País Vasco.

Los populares persiguen que se “rectifique” la “excesiva exigencia” del euskera para el acceso al empleo público. La parlamentaria Laura Garrido denuncia que en las diferentes OPE convocadas por el Gobierno vasco el euskera se ha valorado de forma “excesiva e injustificable”, tanto en la asignación de perfiles lingüísticos a los diferentes puestos con su correspondiente fecha de preceptividad como en aquellos supuestos en los que la lengua vasca se valora como mérito en relación a otras capacidades como la experiencia o la cualificación personal. Por ello, exige al Ejecutivo de Urkullu que “rectifique” la actual política lingüística “injusta y discriminatoria”, y modifique los criterios de acceso a las ofertas públicas de empleo para que “no se priorice el conocimiento del euskera sobre la capacitación técnica y la experiencia”.

En respuesta a esta propuesta inicial del PP, EH Bildu ha planteado la citada exigencia de que a partir de 2018 el dominio del euskera sea imprescindible. Por su parte, ante este debate, el PNV y el PSE han presentado otra enmienda a la totalidad que avala la estrategia que está llevando a cabo el Gobierno vasco. La iniciativa apenas profundiza en la polémica y se limita a apostar por que, dentro del nuevo procedimiento de valoración de la relación de puestos de trabajo para la modernización de la Administración vasca, se “continúe con el proceso de adaptación y actualización de los perfiles lingüísticos exigidos”.

El debate llega al Parlamento vasco además en plena polémica en la comunidad vecina de Navarra por el borrador que ha presentado el Gobierno de Uxue Barkos para dar un peso relevante al euskera en el acceso a la Administración Pública, que ha provocado un fuerte rechazo a nivel político, sindical, social y ciudadano. La oposición, formada por UPN, PSN y PPN, ya ha anunciado que acudirá a los tribunales una vez la normativa sea aprobada.

Congelar plantillas para catalanizar la Justicia
La Generalitat mantiene su rechazo a las 500 plazas que ofrece el Estado para cubrir vacantes de las oficinas judiciales de Cataluña
Carlos Quílez / María Jesús Cañizarescronicaglobal 10 Mayo 2017

La renuncia de la Consejería de Justicia a convocar un concurso de 503 plazas ofrecidas por la Administración central supone un portazo a las reivindicaciones del mundo judicial, donde la falta de personal y la precariedad laboral son denunciadas tanto por funcionarios como por los jueces. Detrás de ese rechazo a crear plazas libres está el deseo de la Generalitat de frenar la movilidad de los empleados públicos, favoreciendo las pruebas de acceso de los interinos a titulares.

Esta medida no agrada a los sindicatos de funcionarios, pues no solo consolida las plantillas habituales sino que esconde un intento de catalanizarlas mediante la valoración de los servicios prestados.

Rechazados 500 empleos
Así, el departamento de Justicia de la Generalitat cuyo titular es Carles Mundó (ERC) informó el año pasado que renunciaba a esas 503 plazas. La convocatoria lleva retraso y, finalmente, saldrá publicada en septiembre próximo. Este departamento no ha querido hacer valoraciones al respecto para este diario.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) niega que exista tanta movilidad. Según los datos facilitados a Crónica Global, el porcentaje de funcionarios del cuerpo de Auxilio admitidos en 2008 que ya no prestan servicio en Cataluña es un 43%, cifra que en el caso del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa se reduce a un 20%, mientras que en el del cuerpo de Gestión Procesal asciende a un 50%.

Asimismo, el porcentaje de funcionarios del cuerpo de Auxilio aprobados en 2010 que ya no prestan servicio en Cataluña es un 23%; en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, un 35%, y en Gestión Procesal, un 27%.

Perplejidad judicial
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cifran la plantilla total de funcionarios judiciales en unos 6.000 empleados en toda la comunidad de los que más del 40% son interinos. El departamento de Justicia se queja de que, transcurridos los dos años en los que los funcionarios han de permanecer obligatoriamente en su destino, más de 50% deciden abandonar Cataluña.

Los jueces y magistrados catalanes no acaban de comprender la posición de la Generalitat y recuerdan que hay partidos judiciales en lo que se conoce como “la Cataluña interior” en los que, o falta personal o toda la plantilla de funcionarios son interinos. Prescindir de 500 nuevos empleos parece un lujo que ninguna asociación judicial alcanza a entender.

LOS AMIGOS DE PODEMOS PRESENTAN ESTE 9 DE MAYO LA TRADUCCIÓN AL ANDALUZ DE LA FAMOSA OBRA
Lo del SAT con 'Er Prinzipito' es tan grave que ni Pérez-Reverte saca fuerzas para mofarse: "Conviene saber lo que nos espera"
"Recomiendo mucho asistir", dice el académico en Twitter ante monumental esperpento
J.M.Báez. Periodista Digital 10 Mayo 2017

Pérez-Reverte avisa. Conviene asistir a la presentación de 'Er Prinzipito', la traducción al andaluz que han hecho los mamarrachos del SAT de la famosa obra de Antoine de Saint-Exupéry--Podemos da el golpe en Jaén: Diego Cañamero, líder del SAT, releva a Andrés Bódalo como cabeza de lista--.

El académico dice a sus seguidores en Twitter que "conviene saber lo que nos espera", en referencia a las dantescas ideas de los satélites de Podemos, que en cuanto en España tengan algo más de presencia en las instituciones y arraigo en la sociedad amenazan con inundar la vida de nuestros compatriotas con sainetes parecidos--Ana Pastor da un escarmiento a Diego Cañamero harta de los numeritos de Podemos--.

Deja una frase Reverte que encierra más de lo que dice. Quizás ese escenario ya se esté produciendo, y no nos hayamos dado cuenta del todo todavía--El asaltafincas Cañamero monta un escrache al ministro Catalá en pleno Congreso de los Diputados --.

Porque no, no es broma. De hecho, en el cartel de la presentación, que tendrá lugar el 9 de mayo de 2017, podrán leer que el nombre del autor es Huan Porrah Blanko (es decir, Juan Porras Blanco), al que presentan como 'lizenziao en Filozofía (ehpezialidá d'Antropolohía Zoziá)' por la Universidad del País Vasco--Iglesias saca pecho por su lista de podemitas y Ana Rosa se cachondea: "¿Cañamero jornalero? ¡Si ni se acuerda de cómo es un azadón!"--.

El acto será el 9 de mayo de 2017 a las 20 horas en... ¡¡¡Sebiya!!! Sin palabras. Y luego se quejan de que los andaluces están a la cola de la enseñanza. Con 'porrazos' como éste no es de extrañar. Así que hagan caso a Reverte porque aún están a tiempo, y ya saben, conviene saber lo que nos espera.

TERTULIA POLÍTICA EN 'EL CASCABEL' (13TV)
Rosell y Naranjo aporrean de lo lindo al "idiota y gilipollas" de Juan Porras y su 'Prinzipito'
"Bastante tienen que sufrir los andaluces para que este idiota salte de esta manera para poner en ridículo a todo el mundo"
Juan Velarde. Periodista Digital 10 Mayo 2017

El autor de la versión 'traducida' al andaluz de 'Er Prinzipito', Juan Porras, está en boca de todos por la auténtica mamarrachada perpetrada y por una auténtica patada en el trasero a la cultura y a la literatura.

La noche del 9 de mayo de 2017, en 'El Cascabel' (13TV), dejaron al 'literato' afín a las tesis del sindicato de Cañamero, el SAT, como un auténtico churro aplastado e inservible para mojar en el café.

Uno de los mejores conocedores del paño andaluz, Francisco Rosell, adjunto al presidente de Unidad Editorial, fue contundente a la hora de calificar la obra de este autor podemita:
Yo le voy a pedir a este señor que aparte sus sucias manos del personaje de El Principito y de una obra maestra. Hay que ser muy ignorante para hablar de un idioma andaluz. Le daría en la cabeza con los seis tomos que hizo Manuel Alvar del Atlas Lexiográfico de Andalucía para que se enterara de qué va esto. Pero lo peor no es esto. Es que este señor da clases de Antropología en la Universidad Pablo Olavide.

Añadió que:
Como Carlos Herrera hace unas clasificaciones de tontos de distinta naturaleza y los tontos se van desbordando y van creciendo de tal manera, creo que ya hay que hacer subdivisiones y utilizar una expresión muy andaluza que es la condición de carajote. ¡Hay que ser muy carajote para defender algo así en esos términos! Bastante tienen que sufrir los andaluces para que este idiota salte de esta manera para poner en ridículo a todo el mundo.

Antonio Naranjo remataba:
El viejo aforismo este de no discutas con un idiota porque corres el riesgo de que te confundan con otro es muy válido. En Andalucía y en el resto de España tienen claro que el que ha escrito 'Er Prinzipito' es 'Er Gilipollas'.

Un municipio catalán traduce sus señales al castellano porque pierde todas las multas
La alcaldesa de Esplugues lamenta que «desgraciadamente» hasta los catalanoparlantes reclaman y ganan las sanciones por estar en catalán, por lo que instalará señales bilingües, algo que también hará L'Hospitalet
ABC MOTOR  10 Mayo 2017

La señalización monolingüe en Cataluña puede tener los días contados. Esplugues, en Barcelona, instalará nuevas señales en castellano y catalán a partir de octubre, debido a que, según afirmó su alcaldesa, la socialista Pilar Díaz, en el programa El Món de Rac 1, «desgraciadamente puede haber una persona catalanoparlante que haga la alegación de la reclamación de la multa en catalán y la puede ganar perfectamente a los tribunales por no tener la señal en castellano».

Esta nueva medida de poner las señales en castellano y catalán parte de una moción aprobada por el PSC, el PP y Ciudadanos. Una vez aprobada la moción, tienen que hacer un inventario de cuántas son las señales redactadas exclusivamente en catalán, y cuánto costará su sustitución.

Tras Esplugues, L'Hospitalet también ha aprobado recientemente actualizar toda la señalización para incluir el castellano, algo que hizo Lérida el año pasado. Según la asesoría jurídica Pyramid Consulting, el Síndic de Greuges ya alertó en 2010 que con la ley en la mano las señales deberían estar también en castellano para evitar la discriminación por razón de lengua.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha reclamado este jueves al gobierno municipal que las señales de tráfico «estén en castellano y catalán» en la capital catalana, y ha recordado que ya hizo esta petición en junio de 2013 y no fue aceptada por el entonces alcalde Xavier Trias.

Según el dirigente del PP, la señalización rotulada exclusivamente en catalán «incumple» la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, así como el Reglamento General de circulación, y ha afirmado que las lenguas tienen que servir para comunicar y no para dividir.


 


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