AGLI Recortes de Prensa   Viernes 12  Mayo 2017

Ley electoral y partidos nacionalistas
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 12 Mayo 2017

Cuando el régimen franquista comenzó a mostrar las señales inequívocas de su fin, con Franco artificialmente mantenido vivo en el Hospital de la Paz, se abrió un peligroso periodo de incertidumbre, en el que "la fatalidad hispana -como ha escrito recientemente Javier Gomá- parecía abocar una vez más al renacer de los viejos odios y antagonismos".

Sin embargo, aunque el desánimo era general ante la incertidumbre del futuro, ya habían comenzado a formularse algunos proyectos -unos más sinceros que otros- para intentar implantar la democracia en España. Pero no es esa la cuestión que quiero abordar aquí, sino otra más limitada pero de gran alcance. Me refiero a la ley electoral que debería adoptarse si es que se quería realmente la democracia. De esta forma, uno de los primeros que se pronunció fue Manuel Fraga, entonces alejado profilácticamente por el régimen a Londres como embajador. Desde allí trasmitía ondas hertzianas, no siempre coherentes, sobre "su concepción" de la democracia futura. Una de estas ideas consistía en su preferencia por el sistema electoral mayoritario, cuyo ejemplo clásico lo tenía bien cerca. Otros, por el contrario, eran partidarios de adoptar el sistema de representación proporcional puro o en alguna de sus variantes. En cualquier caso, los iniciados parecían tener presentes las llamadas leyes de Duverger que, aunque han sido muchas veces rebatidas o contradichas por la realidad, contienen una cierta dosis de verdad. Dicen así respectivamente: que, por una parte, el sistema electoral mayoritario a una sola vuelta favorece la aparición de dos grandes partidos, que por sí solos pueden gobernar, esto es, un sistema eminentemente bipartidista. Y, por otra, que el sistema de representación proporcional -y también el mayoritario a doble vuelta- conducen a un pluralismo político más o menos amplio, salvo que se apliquen determinados correctivos.

Pues bien, cuando Torcuato Fernández-Miranda (TFM) redactó el borrador original de lo que sería después la LPRP se inclinó -como algunos habíamos adelantado ya- por el sistema de representación proporcional en la Cámara Baja que proponía. A este respecto, se dice en la Disposición transitoria del borrador de TFM que "para las elecciones al Congreso de los Diputados se ajustará al criterio de que cada partido legalmente inscrito obtenga un número proporcional al número de votos válidos obtenidos en las urnas..." Por consiguiente, se optaba por la representación proporcional en el Congreso, aunque no se mencionaba a la provincia como circunscripción electoral, lo cual era lógico en aras de una mayor rapidez y eficacia. En efecto, si como deseaba Fraga se hubiese optado por el sistema mayoritario uninominal a una sola vuelta, habría que haber creado de la noche a la mañana tantas circunscripciones como diputados a elegir. Lo cual hubiera sido una enorme fuente de conflictos en el momento de trazar objetivamente cada delimitación electoral, pues aparte de la complejidad de hacer un mapa racional, había que tener en cuenta el peligro del gerrymandering, es decir, la técnica de manipular el trazado de las circunscripciones electorales para favorecer a grupos o partidos políticos. En otras palabras, de haberse adoptado este sistema electoral, el famoso consenso de la Transición es posible que hubiera estallado como un globo pinchado.

El texto definitivo de la LPRP y el decreto-ley electoral optaron, con razón, por la representación proporcional. Es decir, entre la estabilidad gubernamental que proporciona el sistema bipartidista, que sin duda favorece el sistema mayoritario o, por el contrario, la mayor representatividad política que comporta la representación proporcional, se escogió ésta última. No hay que olvidar el papel decisivo que ejerció TFM como presidente de las Cortes durante las diversas fases parlamentarias. En concreto, fue determinante para buscar una fórmula que contentase a los respectivos defensores de cada sistema. De este modo, se lograron tres medidas que, a mi juicio, fueron decisivas en el texto definitivo de la LPRP. La primera, que por fin se adoptó la provincia como circunscripción electoral, aunque en las de poca densidad de población el reparto no es justo; la segunda, que el sistema electoral proporcional para el Congreso y el mayoritario para el Senado no sólo se incluyeron en la LPRP, sino que incluso después se insertarían también en la Constitución, con el fin de protegerlos -con una mayor rigidez- ante los vaivenes que se podrían producir si cada partido pretendiese modificarlos para llevar el agua a su molino.

Ahora bien, como he insinuado, un sistema electoral de representación proporcional pura era un enorme riesgo para poder gobernar. Produciría una fragmentación enorme en el Congreso, por lo que era necesario adoptar algunos correctivos necesarios. Es más, uno de los peligros más probables es que con la representación proporcional pura entrasen muchos partidos regionalistas y nacionalistas, lo que agravaría aún más las cosas. Hubo un intento de imitar a la Alemania Federal exigiendo un 5 % a nivel nacional, pero sólo se adoptó un 3% inoperante en cada circunscripción. Con el modelo alemán no hubiesen entrado en el Congreso más que los partidos nacionalistas más fuertes. Pero si se quiere que los partidos nacionalistas no entren en el Congreso, permitiéndoles sólo que concurran al Senado, la solución más idónea sería no admitir a partidos que no concurran al menos en seis circunscripciones, porque la pregunta que se plantea es la de saber si unos partidos que defienden intereses locales, regionales o incluso separatistas pueden tener asiento en el Congreso, donde todas las agrupaciones representan a la nación entera.

De ahí que la afirmación de Pedro Sánchez de que "España es una nación de naciones" sea totalmente temeraria. Si España está compuesta por varias naciones, cada una querrá tener, en un primer momento, uno o varios partidos nacionalistas; y, en un segundo, un Estado. Como demuestra la Historia, la nación se constituye como el sujeto político de la organización que se concreta en un Estado. Por consiguiente, lo que pide Sánchez es que haya muchos partidos nacionalistas o incluso que retrocedamos a la Italia del Renacimiento, fragmentada en regiones o en ciudades-Estado.

Ahora bien, los excesos y el comportamiento pro domo sua de los partidos nacionalistas reconocidos hoy en España, en estos más de 30 años de democracia constitucional, no se deben exclusivamente a su presencia en el Congreso, sino a la mezcla explosiva de este factor con otro determinante y anormal, como es el de tener una Constitución inacabada, sin un modelo de Estado definitivo, en el que cada comunidad autónoma, como en una subasta de pescado, puede ir pidiendo cada vez más competencias, elevando continuamente sus pujas o llegando al límite, como ha ocurrido ya en el Estatut catalán.

¿Qué se podría hacer para acabar con esta sed insaciable de las CCAA, concretamente la vasca y la catalana, que están dinamitando el Estado de las Autonomías, tal como debería haber sido concebido por la Constitución? Tres cosas se pueden hacer ante la crisis autonómica que sufrimos hoy en España. La primera sería suprimir los llamados derechos históricos, entre ellos el Cupo vasco, que es un arma de chantaje cuando el partido que gobierna la nación no dispone de una mayoría absoluta, igual que ocurre con los nacionalistas catalanes, envueltos, como Pujol, en la senyera sólo para ocultar las carteras. Por eso, las disposiciones transitorias segunda y cuarta de la Constitución deberían desaparecer para convertir a Cataluña, el País Vasco y Navarra en regiones de régimen especial, como ocurre, por ejemplo, en Italia con cinco regiones de régimen especial y el resto de régimen ordinario. La segunda cuestión, en consecuencia, es que se debe acabar de una vez por todas el diseño final del Estado autonómico, estableciendo las regiones de régimen especial y el resto de régimen ordinario. Y, en tercer lugar, se debería modificar la ley electoral para establecer un filtro que impidiese la presencia de los partidos nacionalistas en el Congreso, aunque sí en el Senado.

Por supuesto, para lograr todo esto es indispensable la reforma de la Constitución en su Título VIII, por eso hay que recordar al Gobierno que cuando estallan las tempestades, las naves que permanecen quietas son las primeras en hundirse. El inmovilismo es un suicidio, porque si no pensamos seriamente en traer lo bueno, lo malo inevitablemente vendrá solo.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Cuando la política sale por la ventana
José Luis González Quirós vozpopuli.es 12 Mayo 2017

El mundo entero parece padecer una extraña enfermedad: el desprecio de la política, y, lo que puede ser peor, la convicción de que existen soluciones mejores, fáciles de poner en práctica. Por esta vía, aunque no únicamente por ella, se están aproximando al poder soluciones simplistas, esa especie de taumaturgias que no resisten el menor análisis, pero que son intensamente deseadas por los supuestos perjudicados. Supongan que miles de coléricos enfermos enfurecidos con la casta médica asaltan los hospitales, no creo que lleguen a pensar que, de llegar a hacerse con los quirófanos, lograsen grandes mejoras de la salud: la imagen propuesta es sólo una mala metáfora, porque la política no es una ciencia, y en ella es esencial la opinión de los pacientes, pero si puede servir para señalar la diferencia que existe entre testimoniar una dolencia y encontrarle solución, aunque ahora se haya puesto de moda la absurda idea de que estar fuertemente quejoso es la condición suficiente para conocer el remedio.

Por resumir, venimos llamando populismos a esa clase de propuestas, pero deberíamos de dejar de pensar en lo que nos ofrecen, que no pasa de ser una broma, y darnos cuenta de que existen a causa de errores que podrían evitarse, y que, si los políticos no aciertan a corregir las causas del desafecto, los errores de fondo pueden acabar derrumbando el edificio. Ha pasado en Venezuela, por poner el ejemplo más cercano, en donde una democracia corrupta dio paso, hace ya unos años, al narcotráfico disfrazado de revolución, con ayuda, por cierto, de alguno de nuestros radicales más obtusos y/o pérfidos, y donde los gorilas motorizados ametrallan a la gente que está harta de vivir en el horror y que no supo evitar su llegada.

España, por ejemplo
La negación de la política es siempre la peor política, pero para llegar a ello se pasa necesariamente por el grado inferior en la escala de perversidad que lo ocupa no la negación directa de la política, sino su extralimitación, la enfermedad que consiste en que el partidismo y el fanatismo se extiendan a las instituciones, y anonaden cualquier intento de autonomía de la sociedad civil y cualquier atisbo de independencia del resto de poderes, y en esas estamos.

Deberíamos empezar a preocuparnos no solo por la extensión e intensidad de la corrupción política, sino por el hecho evidente de que las instituciones no estén sabiendo sustraerse a esa mancha y sobrepongan las relaciones de amistad y pertenencia, una especie falsamente blanda de fanatismo, al cumplimiento de sus obligaciones con todos nosotros. En este aspecto, mucho de lo que se viene publicando del caso Lezo (ya es torpeza haber escogido un nombre de incuestionable valor y nobleza para referirse a las chapuzas de unos facinerosos) resulta demoledor para el prestigio de la Justicia y la presunción de independencia de los medios de comunicación, dos pilares esenciales para la pervivencia de cualquier democracia liberal.

Que la fiscalía y la misma judicatura se enreden con lo que supuestamente investigan, que procedan sin respetar las reglas que les confieren autoridad, que se “chiven” de lo que sospechan y acusen a ver si aciertan, es realmente grave, no solo porque haya que defender la improbable inocencia de alguno, sino porque no se puede permitir que la Justicia haga apaños y sea tan ineficiente como resulta ser, lenta, confusa, finalmente estéril. Pero el retrato que cierta Prensa ha dado de sí misma no es mejor: que un boquirroto director justifique sus zafias campañas comparándolas con las que supuestamente han hecho otros, es la mejor muestra de desprecio a sus lectores a quienes llama idiotas, él sabrá por qué. Si la prensa adapta la realidad a los deseos de sus señoritos, y los que han de defender y aplicar la ley, se la saltan, para quedar mejor, estamos, en lo que a ellos respecta, a un milímetro del matonismo, por más que traten de ocultarse con ropones de nobleza y dignidad.

La causa de la causa
Sin que sea necesario glorificar los años de la transición, empieza a resultar obvio que estas décadas de democracia han entrado en una fase de descomposición en la medida en que los partidos han dejado de ser instrumentos electorales al servicio de corrientes de opinión, de creencias y valores, y se han convertido en aparatos del Estado con vocación de adueñarse de todo, de la Justicia, de las universidades, de la prensa, de las ONG, de cualquier cosa que se moviera. Al hacerlo se han olvidado de su mandato constitucional, han dejado de ser instrumentos al servicio de los ciudadanos y se han convertido en fines en sí mismos, lo que ha favorecido la jibarización de la democracia y el predominio de unos métodos de selección de sus elites absolutamente perversos, en los que la trampa, el fulanismo y el juego sucio han acabado por adueñarse de todo. Si a este proceso se le superpone la mala digestión socialista de las victorias de Aznar, el trauma del 11M, y el desastre de la gestión zapateril de una crisis económica muy honda y difícil, se comprende que la cosas hayan ido tan mal como lo han hecho, hasta llegar a la situación en que la derecha, que no tiene la mayoría social, entre otras cosas porque ha renunciado a conquistarla, trata de mantener el control del poder político con el espantajo de una amenaza radical, al tiempo que ha procurado destruir cualquier alternativa verosímil.

El funcionamiento deficiente de los partidos no es, como es obvio, un problema únicamente nuestro, pero adquiere caracteres especialmente graves cuando apenas queda resquicio para castigar a quienes lo hacen mal sin poner en riesgo el conjunto del sistema. Si a eso se le añade que otras instituciones, en especial la Justicia y la prensa, no hayan acertado a defender su independencia esencial, lo que nos sale es que el sistema político no acierta a encontrar remedios contra el descrédito de las políticas inadecuadas, y eso supone abrir la puerta a lo peor. No estamos todavía condenados al desastre, pero si no se advierten, pronto, síntomas enérgicos de reacción, el proceso de deterioro comenzará a ser inevitable y serán muchos los que piensen seriamente que la solución está en manos de esa especie de Robespierre de pacotilla que se insinúa con torpeza solo comparable a su determinación. De los partidos, de las togas, de los periódicos y de misma la sociedad civil, tendrá que surgir una fuerte reacción en defensa de la política en su ámbito y de expulsión radical del partidismo de los lugares en los que ha pretendido instalarse sin la menor vergüenza.

El caso del PSOE
Ante las primarias del PSOE se dibujan con nitidez algunos de los peores males que nos afligen, y hay que esperar que ese partido sepa no destruirse del todo, pese a los numerosos y muy graves errores cometidos. Que entre ellos empiece a predominar un espíritu de guerra civil es dramático, pero siempre se puede dejar de cometer el último disparate. Aunque el debate sobre el papel de la izquierda esté soterrado y se subordine a una guerra de facciones podría no resultar fatal si se deponen las armas de destrucción del adversario capaces de acabar con todo. Están en una querella en que se superponen planos que no debieran haberse mezclado jamás, pero si no son capaces de advertir que no pueden reducir el partido que ha representado a media España a una jaula de alimañas, se habrán ganado el derecho a desaparecer, y nos habrán causado un último perjuicio del que nadie decente podrá alegrarse: esperemos que no sea así.

¿Ha llegado el fin de los partidos?
Jorge Vilches vozpopuli.es 12 Mayo 2017

Ha muerto la concepción del viejo partido de masas, aquella organización jerárquica, dominada por una oligarquía faraónica, fundada en el trabajo silencioso de la militancia, la lealtad del votante, la promoción interna basada en el vasallaje, la visión clasista de la sociedad, y la rutina de las etiquetas “izquierda” y “derecha”. Estamos en el tránsito hacia un momento nuevo en la idea de partido por dos razones: la nueva clave de la política, y el espíritu y el efecto de las elecciones primarias.

La nueva clave política
España va con retraso en esto. Mientras en el resto de Europa la clave que está marcando el sistema de partidos es europeísmo frente a soberanía nacional, aquí siguen empeñados en hacernos creer que el debate es “recortes sí, recortes no”. Ese nuevo eje ha roto en Europa los partidos tradicionales, aquellos que, vestidos de socialdemócratas, construyeron y se alimentaron de la estructura burocrática de la Unión Europea.

El modelo socialdemócrata se convirtió en el pensamiento común de socialistas, conservadores y democristianos. Por esta razón, la socialdemocracia no está en crisis, sino aquellos partidos que tomaron esta etiqueta como hecho diferencial. Es lo mismo que ocurrió en el siglo XIX, cuando el liberalismo político estaba en todos los partidos. Surgió entonces una nueva clave, el socialismo, que rompió el sistema de organizaciones, pero creó otras alrededor de esa idea. Hoy, la socialdemocracia ha sido asumida por todos, y la clave es diferente.

Las elecciones en Francia han mostrado esta situación. Los conservadores del statu quo se reunieron en torno a un personaje sin partido, un caudillo improvisado que puso sus iniciales a un movimiento social. Todo el engranaje del establishment europeo, no solo francés, convirtió a Macron en el salvador, e intentó inocular el miedo al vacío si ganaba Le Pen.

Pasadas las elecciones, el sistema francés de partidos se quiere recomponer con nuevas formaciones: “Los Patriotas”, de Marine Le Pen, y “Los Republicanos en marcha”, de Macron, a quien se une el socialista Manuel Valls. El eje es mundialismo institucional, con un único modelo político y gran gasto social, frente a la recuperación de la soberanía nacional para la reconstrucción de comunidades o patrias. Globalización vs. comunitarismo; elitismo vs. populismo.

Las primarias
España también va con retraso en esto, pero está llegando. Las primarias son un mecanismo puesto en marcha por las oligarquías de los partidos para dar una pátina de democracia a las decisiones ya tomadas de antemano. Pero al exteriorizar la competencia interna, y convertirla en una prueba de lo democrática que es una organización, se usa contra “los amigos” la guerra sucia electoral que antes solo se hacía con otros partidos.

El resultado, aquí y en el resto de Europa, es que cada miembro de la oligarquía del partido recluta a sus propios vasallos y a la gleba de militantes como demostración de su poder. El caos del PSOE desde que se le ocurrió elegir a sus dirigentes por este sistema debería ser una prueba más que suficiente.

Termina así la era de los partidos de masas y comienza el de las agrupaciones de militantes en torno a un mandarín. El político, despechado por su partido ya sea por la oligarquía o las primarias, coge a los suyos y funda un movimiento, o se coaliga con otro grupúsculo o líder desairado. Ni siquiera se llaman ya “partido”, sino que toman un eslogan publicitario, una conjunción verbal, o un sustantivo que aleje cualquier referencia a estructuras del pasado y parezca que surgen del corazón mismo de la sociedad civil.

Los seguidores de cada mandarín son más radicales que los votantes, lo que obliga a su jefe a alimentar ese radicalismo porque es su única fuerza. La quiebra, en consecuencia, se produce entre las agrupaciones de militantes enfervorecidos por su líder, y los electores a los que se dirigen, convertidos ya en espectadores de la teatralización de la política.

La democracia representativa
Ahora bien: todo gobierno representativo tiene partidos, con independencia del nombre que tomen, porque la agrupación en torno a intereses y personas es consustancial a la Política. Además, toda organización es oligárquica, desde las más primitivas hasta las actuales. Ni siquiera el cambio en el sistema electoral o en la ordenación de los poderes transformaría esa ley de hierro universal.

Estamos en Europa como hace cien años, salvando las distancias. Las ideologías que predicaron la eliminación de los partidos –en plural- y su sustitución por otra concepción de lo político, por movimientos nacionales encabezados por caudillos, quisieron la imposición de un régimen autoritario o totalitario para satisfacción de una minoría dirigente.

La democracia representativa de partidos es el menos malo de los sistemas conocidos, un calmante que no quita el dolor pero que evita la amputación y la muerte. Ahí está el siglo XX para demostrarlo. Lo preocupante no es la transición hacia un sistema nuevo de partidos, sino que, en la lucha entre los mandarines, todos ingenieros sociales visionarios, la libertad individual es siempre la víctima.

El veleta insensato Sánchez y el PSOE como problema
Editorial Libertad Digital 12 Mayo 2017

El PSOE es un partido desnortado, ayuno de ideas y estrategia, que sólo consigue excitar a sus bases con el patético “No es no” de Sánchez.

En una nueva vuelta de tuerca discursiva, Pedro Sánchez inicia su campaña oficial para las primarias socialistas presentando un programa completamente distinto al que ha venido vendiendo y anunciando en los muchísimos actos que ha desarrollado en los meses de campaña oficiosa. Atrás quedaron la cercanía a Podemos y también el sentido de una modificación del artículo 2 de la Constitución que primero no era necesaria, después fue una cosa y ahora parece ser otra.

No se trata, ni mucho menos, de cambios sin importancia, ya que en este momento tan complicado de su historia el PSOE tiene que redefinirse y lo va a hacer alrededor de dos grandes asuntos: la cuestión nacional (y nacionalista) y las relaciones con la izquierda antisistema.

Los socialistas no resolverán su tremenda crisis de identidad sacando a Franco del Valle de los Caídos o apoyando los carriles bici de Carmena y Colau, sino decidiendo si son un partido español y si su oferta electoral es para una mayoría moderada o para despeñar a España en el precipicio de la ultraizquierda liberticida y miserabilizadora.

Las indecisiones de Sánchez son, por tanto, de una gravedad descomunal, porque atañen a los asuntos más importantes y porque dejan al ex secretario general del PSOE como un insensato oportunista indigno de confianza, que lo mismo aboga por un acuerdo con Ciudadanos sobre la base de un programa más o menos razonable de centroizquierda que se afana en pactar con Podemos y todo el nacionalismo.

Lo cierto es que apenas hay de qué sorprenderse: el PSOE es un partido desnortado, ayuno de ideas y estrategia, que sólo consigue excitar a sus bases con el patético "No es no" de Sánchez.

Sánchez es un problema, sin duda alguna. Pero lo verdaderamente preocupante es que no parece que el PSOE en su conjunto quiera y pueda ser parte de la solución a la crisis política que padece España, en un momento en que la izquierda más repugnante, la que jalea los crímenes de la tiranía venezolana y blanquea a los asesinos de la banda terrorista ETA, y el nacionalismo más infame y desleal están en posiciones que les resultan muy propicias para jugar al cuanto peor, mejor.
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Desmemoria histórica
Emilio Campmany Libertad Digital 12 Mayo 2017

A David Irving se le niega la condición de historiador por la simpatía que siente por el régimen nazi a pesar de que hay muchos, como Ángel Viñas, al que nadie se la niega no obstante ser comunista. Tiene gracia que haya sido precisamente Irving el que haya dicho que a los historiadores se les ha otorgado la gracia que se negó a los propios dioses, la de cambiar el pasado.

Y ése es precisamente el don que creen poseer hoy nuestros políticos. Pasada la Transición, cuando se hizo el esfuerzo de superar el enfrentamiento de los años treinta dejando la Historia a los historiadores, los políticos de izquierdas, con la colaboración pasiva de los de derechas, han impuesto una suerte de verdad histórica por la que pretende colarse como hecho lo que no es más que una valoración moral. Se afirma que quienes ganaron la Guerra Civil eran malos y quienes la perdieron eran buenos. Naturalmente, los hechos son susceptibles de ser valorados moralmente, pero la primera condición para poder valorarlos es que sean ciertos. Aquí lo que se hace es, para empezar, la valoración, y luego ya se cuentan los hechos del modo que conviene a esa valoración. Franco era malo y se retiran sus estatuas. Largo Caballero era bueno y se le erigen. Hacen lo mismo que hizo Franco tras vencer, erigir estatuas sólo a los suyos y derribar las de los que perdieron. Como si hubiera habido otra guerra o como si en realidad la que hubo la hubieran ganado al final los que la perdieron. Y, como todo vencedor, nuestros políticos tratan de imponer una visión maniquea de lo ocurrido: se menosprecian los ideales del enemigo y se vilipendia todo lo que hizo. A la vez se disculpan las atrocidades del amigo y se ignoran sus responsabilidades. Esta actitud sectaria y parcial puede más o menos tolerarse según cuál sea la finalidad política que se persiga. Lo que no es admisible es pretender convertirla en verdad histórica. Porque, si es cierto que esa verdad, como casi todas, es inalcanzable en términos absolutos, menos lo es cuando se construye con la intención premeditada de imponer lo que se sabe que es mentira.

Exhumar el cadáver de Franco tiene la falaz intención de aparentar que el general perdió la guerra después de morirse y que su derrota nos está devolviendo al paraíso que fue la Segunda República. Pase que los historiadores, por el hecho de ser humanos, carezcan en realidad de la capacidad de conocer el pasado. Pero al menos los auténticos se esfuerzan por acercarse tanto como pueden a la verdad. Muy distinto es que los políticos se atribuyan el monopolio de saber lo que en realidad ocurrió. Hoy, con el voto de Ciudadanos y la abstención del PP, hemos vivido el enésimo episodio dirigido a pergeñar una mentira. Podrían ahorrarse el trabajo y sacar directamente un decreto con dos artículos, uno que diga que Franco ha perdido la guerra y otro que sancione con penas de cárcel a quien ose negar esa evidencia.

Las dos Españas. Es decir, las actuales
Roberto L. Blanco Valdés La voz 12 Mayo 2017

La aprobación ayer por el Congreso de una iniciativa del PSOE dirigida, entre otros fines, a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para que su familia los entierre en otro sitio prueba la portentosa capacidad de los socialistas para conectar con las preocupaciones del país. Pues no cabe duda: ¿Hay algo de lo que estén los españoles más pendientes que del lugar donde reposen los despojos de un dictador fallecido hace más de cuatro décadas? ¿No es obvio que la utilidad final del Valle de los Caídos es hoy una inquietud que se respira en el ambiente? Ambas preguntas se responden por sí mismas.

Y es que entre nosotros sigue habiendo, ciertamente, dos Españas, aunque no ya por fortuna la de los azules y los rojos, por más que algunos se empeñen en revivir ese pasado trágico y nefasto convencidos de que obtendrán así en el futuro réditos electorales sustanciosos. Pues que nadie se equivoque: de eso se trata al fin y al cabo desde que las Cortes decidieron hace una década arriar la bandera de la reconciliación nacional e izar en su lugar la de una memoria convertida en arma de confrontación frente a un supuesto, y falso, olvido.

No, nuestras actuales dos Españas son tan otras como visibles para quien no mire la realidad con anteojeras. Está la España trabajadora, que contribuye con su esfuerzo al crecimiento de nuestra economía; la que con su impulso desde las instituciones nacionales o autonómicas y su capacidad de asumir riesgos desde las empresas grandes, medianas y pequeñas crea empleo en un país con un paro aún pavoroso; la que paga religiosamente sus impuestos; la de los jueces que hacen su trabajo teniendo como única guía el imperio de la ley; la de los administradores públicos honestos y al servicio de los intereses generales; la de los profesores que enseñan, los médicos que curan, los policías que protegen y los bomberos que sofocan los incendios.

Y luego, como en tantas otras partes (¡no seamos catetos!), está el país de los pillos, los delincuentes y los irresponsables: la España de la madre superiora y el padre ¡patriota! de los Hermanos Dalton; la de los que convirtieron el Canal de Isabel II en el sumidero por el que llevarse a manos llenas el dinero público que tenían la obligación de administrar; la del inmenso fraude de los ERE y del latrocinio organizado por Luis Bárcenas; la España negra de las tarjetas black; la de todos los corruptos, pasados y presentes, que se aprovechan de la confianza depositada en ellos por el pueblo para hacerse con un capitalito; la de los jueces que en lugar de administrar justicia hacen política; la España que defrauda fiscalmente en lo pequeño y a lo grande; la que vive de prometer el paraíso pero hace todo lo posible para que el país se convierta políticamente en un infierno.

Aunque, claro, lo urgente de verdad no es todo eso, sino sacar los restos de Franco en procesión.

Sobre la legitimidad o ilegitimidad del 18 de Julio
Jesús Laínz Libertad Digital 12 Mayo 2017

El 21 de diciembre de 1938, tocando ya la victoria con la punta de los dedos, el Gobierno de Franco encargó a una comisión de veintidós juristas la elaboración de un informe sobre la "ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936" con el objetivo de contrarrestar la propaganda del agonizante bando contrario, centrada en la reivindicación de su carácter de Gobierno legítimo y defensor de la democracia. La orden del ministro Serrano Suñer explicó con claridad su tesis acusatoria:

Que los órganos y las personas que el 18 de julio de 1936 detentaban el Poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley.

Los tres argumentos principales de la comisión fueron la inconstitucionalidad del Parlamento surgido de unas elecciones, las de febrero de 1936, fraudulentas, la responsabilidad de los gobernantes en el asesinato de Calvo Sotelo y la conversión del Estado, desde dichas elecciones, en un "instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y del crimen".

Empezando por el último, el régimen republicano fue, sin duda, el más caótico de la historia contemporánea de España: las garantías constitucionales estuvieron suspendidas el 50% del tiempo; hubo 2.629 muertos por violencia política en cinco años, una media de nueve por semana; muchos miles de heridos; cientos de huelgas, de saqueos, de atentados, de incendios de iglesias, conventos, bibliotecas, centros derechistas e incluso lugares asociados con la vida burguesa, como teatros, casinos, restaurantes o cafeterías.

En los sangrientos meses posteriores a las elecciones de febrero, la violencia y el caos se dispararon: cientos de asesinatos, incendios, palizas, detenciones arbitrarias; destitución de jueces; asalto a las cárceles para liberar a condenados por la revolución de 1934 –y de paso a presos comunes–; robos de cosechas, invasiones de fincas, incautación de propiedades; cierre de colegios católicos, ataques a sedes de los partidos derechistas, etc.

Como reconoció el egregio republicano Salvador de Madariaga, "el país había entrado en una fase claramente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte". En sus propias carnes lo sufrió nada menos que el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a quien despertaron a las cuatro de la madrugada para informarle de que el terror reinaba en su finca de Jaén, "donde se persigue y prende a mi familia en masa", relatará. Y cuando finalmente llegaron los guardias de asalto a poner orden, "se llevaron presas… ¡a treinta siete personas más respetadas de mi familia y amigos, con el párroco y los coadjutores a la cabeza, que no habían podido huir, y dejaron tranquilos y dueños del pueblo a los alborotadores!". El presidente recogió en su diario muchos otros "atentados y tumultos en que se eclipsa la autoridad", como el registro de domicilios de derechistas, la destitución y prisión de alcaldes legítimamente elegidos, la prohibición del culto católico, extorsiones, palizas, mutilaciones, etc. En el capítulo de las extorsiones, singularmente afectados fueron los automovilistas, obligados por la fuerza a pagar un impuesto revolucionario a cuadrillas que controlaban las carreteras. Una vez más, no se libró de ello ni el escandalizado Alcalá-Zamora, al que obligaron a aflojar la bolsa para poder continuar su viaje.

Pero la comisión no centró su acusación en los desmanes populares, sino en las irregularidades cometidas por quienes tuvieron responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, el propio Alcalá-Zamora tomó nota de "la sistemática ocultación por el Gobierno [de Azaña] a mí de cuanto ocurre sobre alteración del orden público", de la aprobación de decretos manifiestamente anticonstitucionales, de excarcelaciones ilegales, etc. Junto a todo lo anterior estuvieron las exculpaciones de quienes habían participado en la revolución de 1934, culpables de delitos de sangre incluidos; su reincorporación al Ejército y la Policía; la simultánea inculpación de los encargados de defender el orden constitucional; la ilegalización de varios partidos derechistas y la detención de miles de sus militantes; la impunidad para los delitos cometidos por izquierdistas; los procesos políticos arbitrarios –José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, fue detenido "por fascista", delito no tipificado en el Código Penal–; las sustituciones de alcaldes electos por militantes frentepopulistas; el incumplimiento por parte del Gobierno de las sentencias judiciales, incluida, por ejemplo, la anulación por el Tribunal Supremo de la ilegalización de Falange; la incorporación de militantes socialistas y comunistas a las fuerzas de seguridad como "delegados de policía"; etc. Todo ello fue resumido por uno de los fundadores de la República, Miguel Maura, como "la verdadera plaga bolchevique que está asolando el país. Los ciudadanos pacíficos viven con la sensación de que las leyes son letra muerta".

Mención aparte merece, por las trascendentales consecuencias que tuvo el magnicidio, el comportamiento de algunos políticos izquierdistas antes, durante y después del asesinato de Calvo Sotelo. Porque, en primer lugar, estuvieron las muy conocidas amenazas de muerte a él y a Gil Robles en el Parlamento por parte de los comunistas José Díaz y Dolores Ibárruri, el socialista Ángel Galarza e incluso el presidente Casares Quiroga. En segundo, los no menos conocidos vínculos del PSOE, y en concreto del círculo de Indalecio Prieto, con los agentes policíacos autores del crimen. Y, finalmente, el bloqueo que éste impuso al Gobierno en su inicial intención de investigar los hechos, la impunidad en que quedaron los asesinos, la censura de prensa decretada inmediatamente, la nueva oleada de detenciones de derechistas e incluso el cese de Ursicino Gómez Carbajo, el juez de instrucción que pretendió esclarecer lo sucedido.

Por lo que se refiere al fraude electoral de febrero, punto primero de la comisión de juristas franquistas, éstos denunciaron la falsificación de actas, la proclamación de diputados que no habían sido elegidos, la anulación de elecciones en varias circunscripciones para repetirse en condiciones de violencia, así como la declaración de incapacidad de diputados que no estaban legalmente incursos en ella.

Alcalá-Zamora ya apuntó el 8 de marzo:
Una de las cosas más extrañamente difíciles ha resultado conocer los datos numéricos de votación en las recientes elecciones (…) Ha costado días y esfuerzos saberlo porque las manipulaciones de prestidigitación a partir del lunes 17, preparatorias de tantas resurrecciones y muertes de candidatos, lo imposibilitan.

Una vez escapado de la escabechina, escribió en el Journal de Génève el 17 de enero de 1937 que el Frente Popular había logrado la mayoría absoluta violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia (…) sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados (…) desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el poder por medio de la violencia (…) A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales; en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados (…) Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamó diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios diputados de la minoría.

Algún tiempo después declararía el expresidente:
La fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos permitió que la documentación electoral quedarse en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente de audaces asaltantes, y con ello todo fue posible (…) ¿Cuántas actas falsificaron? El cálculo más generalizado de las alteraciones postelectorales las refiere a ochenta actas.

Por su parte, el flamante nuevo presidente del Gobierno, Manuel Azaña, escribió a su cuñado Rivas Cherif estas cínicas líneas:
En La Coruña íbamos a sacar cinco o seis. Pero antes del escrutinio surgió la crisis, y entonces los poseedores de 90.000 votos en blanco se asustaron ante las iras populares, y hemos ganado los trece puestos… ¡Veleidades del sufragio!… Han sacado al otro… para que no saliera Emiliano, a quien metimos preso la misma noche de formarse el gobierno, para salvarle la vida, decían los de allí (…) hemos sacado (…) otro en Guipúzcoa… y no tenemos dos porque los comunistas se llevaron las actas pistola en mano.

Ochenta años después de aquel enorme fraude electoral los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han publicado su esencial aportación (1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular) para zanjar, documentos originales en mano, cualquier posible discusión sobre la legitimidad de unas elecciones que habían sido ganadas por las derechas y cuyo falseamiento desató la crisis final de un régimen republicano convertido en revolución bolchevique.

El suicidio de la República fue confesado con amargura por muchos eminentes republicanos, como los padres fundadores Ortega, Pérez de Ayala y Marañón, huidos del régimen que tanto contribuyeron a construir y cuyos hijos acabaron alistándose voluntarios en el ejército de Franco. Ayala escribiría sobre los dirigentes republicanos, especialmente sobre Azaña:

Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a los pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Lo que nunca pude concebir es que hubiesen sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza.

Marañón fue todavía más contundente:
¡Qué gentes! Todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez (...) Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado? (...) Y aun es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos (…) No tenemos derecho a quejarnos de la dictadura, pues la hemos hecho necesaria por nuestra ayuda estúpida a la barbarie roja.

Hasta Indalecio Prieto, en un rapto de honradez, acabaría admitiendo:
Una sola cosa está clara: que vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe.

Y su gran rival en el seno del PSOE, Julián Besteiro, llegó a descalificar de tal modo a los republicanos que atribuyó al bando alzado la defensa de la civilización:
La verdad real: estamos derrotados por nuestras propias culpas. Estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos. La política internacional rusa, en manos de Stalin y tal vez como reacción contra un estado de fracaso interior, se ha convertido en un crimen monstruoso que supera en mucho las más macabras concepciones de Dostoievski y de Tolstoi. La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anticomintern.

Los republicanos, aun partiendo con una enorme ventaja en medios humanos, materiales y financieros, perdieron la batalla militar por su incompetencia y su desgaste en luchas intestinas –recuérdese el POUM–, ya comenzadas antes del estallido de la guerra: Prieto y los suyos perseguidos a tiros por los seguidores de Largo Caballero el 31 de mayo del 36 en Écija. Perdieron la batalla del apoyo internacional porque sus desmanes consiguieron que las potencias democráticas no se implicaran en la defensa de un régimen equiparable a la Rusia de 1917. Y perdieron la batalla del apoyo del pueblo español porque la gran mayoría, incluidos muchos que habían recibido la República con esperanza, rechazó su caos y ansió la victoria del bando que, a sus ojos, representaba la recuperación del orden.

Pero, como ha señalado Stanley G. Payne con magistral brevedad, la fenecida "República democrática", a partir de las fraudulentas elecciones de febrero del 36, "era poco más que un recuerdo, aunque tendría una vida muy larga como mero eslogan de propaganda". Tan larga que ha llegado hasta nuestros días y ha conseguido mantener, en España y en todo el mundo, el mito de una República democrática destruida injustamente por un golpe fascista organizado por curas, marqueses y militares. Mito que ha sido rejuvenecido en los últimos años por voluntad de varios gobiernos españoles: el de Zapatero mediante la llamada Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 con la colaboración del Partido Popular; y el de Aznar mediante la condena del alzamiento del 18 de julio en la sesión parlamentaria del 20 de noviembre de 2002.

Sin embargo, la constatación de los hechos históricos no permite otra salida que confirmar la exactitud de los argumentos elaborados en 1939 por la comisión de juristas franquistas. Después cada uno sacará sus conclusiones sobre si, a pesar de todo, estuvo justificado o no el recurso a la fuerza; sobre si la guerra fue inevitable o no; sobre qué bando mereció ganarla; y sobre las virtudes o defectos del régimen salido de ella.

Pero ya va siendo hora de arrojar al vertedero de los mitos absurdos esa versión pueril y maniquea de republicanos demócratas y buenos contra nacionales fascistas y malos que tanto ha envenenado y sigue envenenando la vida política de España.

www.jesuslainz.es

Europa y el islam
Regino García-Badell Libertad Digital 12 Mayo 2017

En 'La última posada', Kertész lamenta la cobardía y la debilidad moral de los europeos a la hora de afrontar el reto que supone el islam.

"La miserable cotidianidad de la destrucción de Europa. Europa ruega clemencia al islam, se agita y se retuerce sumisa… Da asco este teatro: Europa será destruida por la cobardía y por la debilidad moral, por su incapacidad de defenderse y por el evidente atolladero ético del que no logra salir desde Auschwitz… Empezó con el levantamiento contra la tiranía oriental (las guerras contra los persas) y acabará con la capitulación ante el poder oriental más indigno (palestinos). Requiem aeternam…".

Si no apareciera la palabra Auschwitz, cualquier lector de esta cita de tintes apocalípticos podría pensar que su autor es uno de los políticos o ideólogos de cualquiera de esos partidos de corte fuertemente nacionalista, de discurso populista y de provocadora actitud anti-establishment que están proliferando y creciendo en países europeos de profunda tradición democrática, como Holanda, Francia o Alemania, entre los más occidentales.

Pero no, su autor es Imre Kertész, el sensacional escritor judío húngaro, Premio Nobel de Literatura en 2002, que murió el 31 de marzo de 2016, a los casi 87 años. Autor también de una de las novelas (si se puede considerar así) más impresionantes y convincentes, si no la más, sobre los campos de concentración nazis, Sin destino (1975), basada en su personal experiencia de prisionero en Auschwitz y en Buchenwald.

Kertész se lamenta de la cobardía y de la debilidad moral de los europeos a la hora de afrontar el reto que supone el islam.

Y son palabras que se encuentran en su último libro, publicado originalmente en 2014, y en español en abril de 2016, con el título de La última posada (en, por cierto, magnífica traducción de Adan Kovacsics).

En este libro, escrito al final de su vida y con la certeza de la cercanía de ese final, Kertész escribe en forma de notas sobre todo lo que pasa por su vida y por su memoria, sus emocionantes reflexiones sobre los asuntos más cruciales de nuestro tiempo. Lo hace con una inteligencia, con una profundidad y con una libertad de criterio absolutamente portentosas. Y, en todo momento, como consciente heredero de la gran cultura europea.

Entre esas reflexiones aparecen más de una vez pensamientos como éste, en el que se lamenta de la cobardía y de la debilidad moral de los europeos a la hora de afrontar el reto que supone el islam.

A Kertész nadie le puede despachar con un epíteto descalificador, como "facha", "xenófobo" o "ultraderechista", de esos que dejan contento al que los profiere, y ahí queda lo que él ha escrito para que nadie se haga el tonto acerca de la magnitud del problema que Europa y los europeos tenemos que hacer frente.

Al recordarle en el aniversario de su muerte, que no se nos olviden mensajes como éste.

¡Ah!, y el que no la haya leído, que corra a leer Sin destino.

El multiculturalismo es el discurso de la clase dominante
Yolanda Couceiro Morín  latribunadelpaisvasco.com 12 Mayo 2017

El multiculturalismo es una filosofía política dominante en los medios de comunicación, las universidades y en muchas instituciones públicas determinantes. Dicho de otra manera: el multiculturalismo controla el discurso público, aunque su capacidad de intimidación ante las personas comunes es menor que años atrás. En respuesta a ese retroceso que experimenta la aceptación de esta ideología, ante el rechazo de ese quimérico modelo de sociedad, los multiculturalistas optan por radicalizarse. Diabolizan a sus adversarios a la menor contestación de sus planteamientos. El multiculturalismo está cayendo poco a poco, pero ningún régimen cae sin defenderse.

Pero no estamos ni de lejos ante el fin de la política de las minorías, simplemente porque la mutación demográfica de las sociedades occidentales está ya tan avanzada que no cabe pensar que eso no tendrá consecuencias políticas. La inmigración masiva de las últimas décadas transformará (ya ha transformado) profundamente nuestras sociedades, y hace falta una buena dosis de ingenuidad o de ceguera ideológica para pensar que será para bien. La realidad diaria está aquí para desmentir todo optimismo en lo concerniente a una imposible convivencia pacífica y provechosa con esta marea humana cada día más conflictiva y amenazante.

Los gobiernos se separan mentalmente de la nación. Asistimos a la multiplicación de los comunitarismos que justifican sus reivindicaciones en nombre de los derechos humanos. La asimilación, es decir la integración sustancial a la sociedad de acogida, es una necesidad ineludible. Pero eso se ha vuelto imposible con el multiculturalismo, ya que en nombre de un concepto desviado de "lucha contra las discriminaciones" se han roto los mecanismos que permitían tradicionalmente integrarse a la sociedad de acogida.

El multiculturalisno no sólo es la ideología oficial de la izquierda mundana, sino también de la derecha financiera. La primera siente menguar su poder, aunque sin duda seguirá teniendo por mucho tiempo todavía una verdadera capacidad de intimidación ideológica. El discurso mediático dominante delimita los contornos de lo posible y lo pensable, y sigue formateado por lo políticamente correcto. De ese lado no tenemos que alimentar vanas esperanzas a corto plazo: no estamos en vísperas de ver a los periodistas y los presentadores de televisión de los grandes medios plantear preguntas serias sobre cuestiones candentes que demandan unas respuestas valientes y sinceras.

El tratamiento sistemático de la cuestión de la inmigración y otras "crisis de refugiados" en clave "humanitaria" y sentimental nos deja ver claramente cuán alejados estamos de un vuelco en la actual hegemonía ideológica y mediática. Por otra parte la suma de las reivindicaciones minoritarias en una perspectiva de deconstrucción de las naciones occidentales sigue estando en el corazón de la izquierda multiculturalista, y no vemos que vaya a cambiar.

Las minorías viven en la fantasía (artificialmente creada ex profeso para su consumo) del reino del "macho blanco heterosexual", opresor, misógino, homófobo y racista, por supuesto. En los próximos años, la izquierda inmigracionista, diversitaria, multiculturalista, seguirá con su tarea de destrucción de todas las normas históricas y antropológicas que constituyen nuestra civilización.

Contrariamente a lo que piensan algunos optimistas, que creen que hemos tocado fondo, todavía queda mucho por deconstruir. El bando inmigracionista se ha embarcado en una lógica de erradicación: el "viejo mundo" debe morir para que el mundo soñado nazca. Su guerra contra los "malos" mezcla fanatismo y nihilismo, y nos envía un mensaje claro: lo que algunos quieren conservar del "mundo de ayer" está envenenado por el odio, los estereotipos y los prejuicios. Por lo tanto hay que partir desde cero. El progresismo permanece aferrado a la fantasía de la "tabla rasa".

Los defensores del multiculturalismo están embarcados en un proyecto de destrucción. Pretenden arrasar la sociedad actual para reemplazarla por un conglomerado de etnias y razas, que han de vivir cada cual por su lado, encerradas cada cual en su propio gueto. Esa es la sociedad con la que sueñan: la división en lugar de la unión, la separación en lugar de la unidad, la segregación en lugar de la integración. Cada grupo por su lado, enfrentados todos contra todos en la defensa de sus intereses divergentes, sin ninguna fusión cultural, económica ni social. En este panorama, los distintos grupos étnicos, religiosos y culturales pretenden conservar celosamente sus usos y costumbres aunque estos vayan en contra de las leyes y los valores de los países de acogida.

En las sociedades occidentales, la democracia reconoce el derecho de las minorías, pero también impone una ley común para todos. Ninguna minoría puede pretender que se le otorgue el privilegio de transgredir los derechos duramente ganados a lo largo de décadas y siglos de conquistas sociales. Ninguna minoría puede pretender poner a toda la sociedad de rodillas ante unas reivindicaciones que exigen nada menos que desandar el largo camino de progreso logrado y volver a un pasado de discriminaciones, desigualdad entre hombres y mujeres y oscurantismo religioso y cultural.

Es tiempo de que los hombres y las mujeres de Europa tomen consciencia de los peligros actuales, hagan oír su voz y se enfrenten a esos grupos minoritarios (pero muy poderosos) que quieren transformar nuestros países en unas sociedades medievales y arcaicas.

Sigue a Yolanda en Twitter: @yolandacmorin

La descomposición del socialismo
Editorial La Razon 12 Mayo 2017

Al menos 27 diputados socialistas se han pasado al flamante movimiento de Emmanuel Macron –la República En Marcha– y competirán por él en las próximas elecciones legislativas de junio. Tanto cunde el desaliento entre las filas del PSF, que su último líder, Benoit Hamon, estrepitosamente derrotado en los comicios presidenciales, insinúa que prepara unas nuevas siglas y un programa más radical que pueda competir con la «nueva» izquierda insumisa de Jean Luc Mélenchon. Y, por si estos anuncios no bastaran para dar por desahuciado al viejo Partido Socialista galo, el ex primer ministro, Manuel Valls, que ha sido rechazado por el comité de listas de Macron, aspira a impulsar un nuevo grupo político en el ámbito del centroizquierda, después de haber dado por muerto a su antiguo partido.

Esta descomposición del socialismo francés, acelerada tras unas primarias en las que se impuso la voluntad de los militantes más radicales –que prefirieron a Hamon sobre Manuel Valls–, ni es un fenómeno reciente ni responde a causas exclusivas. En Reino Unido, sin ir más lejos, la deriva extremista del líder laborista, Jeremy Corbyn, con un programa fiscal confiscatorio, corre el riesgo de provocar una rebelión interna en el partido, en el que un centenar de diputados ya han expresado su intención de fundar otra formación con un carácter más centrista.

Conocidas son, por supuesto, las tribulaciones de los partidos socialdemócratas de Alemania y Holanda, y la desintegración de sus homólogos en Italia y Grecia, como para no concluir que la ideología que fue preponderante en toda Europa se bate en retirada, presa de sus anacronismos obsesivos, e incapaz de aportar un modelo de gobierno y de organización en la era de la globalización y de las economías abiertas de la unión monetaria.

Pero, sin duda, el problema más grave es que, acuciados por la eclosión populista que ha traído la última crisis financiera, los partidos socialistas han tratado de imitar el tono y los mensajes demagógicos de los grupos antisistema, alejándose de los sectores sociales más formados y urbanos, que son cada vez más refractarios a las simplezas políticas y a las obsesiones maniqueas.

Que en España, por ejemplo, el PSOE haya vuelto a recurrir al antifranquismo como eje argumental refuerza la apreciación de la fuga de la realidad en la que se desenvuelve su estrategia.

Podríamos equivocarnos, sin embargo, si consideráramos que el socialismo español está abocado a seguir el mismo destino que la mayoría de sus homólogos europeos. No sólo porque al PSOE le avala su trayectoria en la consolidación de la democracia española, su vocación de alternativa de gobierno y su sentido de Estado, sino porque se ha mantenido como el principal partido de la izquierda, pese al desconcierto social provocado por la crisis y al acoso de una izquierda radical que pretendía sobrepasarle al calor de las dificultades que atravesaba la Nación.

Pero, igualmente, el PSOE no puede cometer los mismos errores que han llevado a la irrelevancia al resto de la socialdemocracia y que se apuntan, de nuevo, en las propuestas de Pedro Sánchez. De hecho, cuanto más se ha alejado de las posiciones moderadas que eran parte fundamental de sus señas de identidad, cuanto más se ha dejado tentar por el discurso populista del catastrofismo y cuanto más ambiguo se ha mostrado, por simple cálculo electoral, ante la agresión nacionalista, peor respuesta electoral ha recibido. El PSOE, ciertamente, está en la difícil encrucijada que tanto ha dañado a la socialdemocracia europea. Necesita recuperar su conexión con una sociedad que ha evolucionado y que ya no confía en un discurso vaciado de realidad, pero, sobre todo, precisa mantener su unidad.

EL DELIRIO COMUNISTA
Las atrocidades del jemer rojo de Camboya
La Gaceta 12 Mayo 2017

El mayor genocidio de todos los tiempos, en términos proporcionales, no fue el soviético o el chino, sino el de otro régimen comunista: el del jemer rojo en Camboya, el Partido Comunista de Kampuchea, que en menos de cuatro años exterminó a más del 25% de la población. Un auténtico baño de sangre.

Pongámonos en contexto. En 1975 los norteamericanos abandonan Indochina, cae Vietnam en manos de los comunistas y cae también Camboya, donde se instala una dictadura: la del jemer rojo (jemer quiere decir “camboyano”), una organización maoísta radical. El Jemer Rojo tiene un plan: una revolución social de carácter total. Convertir Camboya en la utopía demencial de una república comunista de campesinos. Ejecutar de un solo golpe los terroríficos cambios ejecutados en China por Mao Tse Tung durante veinticinco años. Todo lo que perteneciera al pasado tenía que ser destruido. Había que reconstruir psicológicamente a los individuos para cambiar completamente a la sociedad. La receta: utilizar el terror para desintegrar las bases, las estructuras y las fuerzas tradicionales que organizaban la vida social y reconstruirlas después de acuerdo con las doctrinas del partido. Quienes concibieron la operación fueron burgueses e intelectuales muy alejados de la vida agraria. Su masa de maniobra serán campesinos fanatizados en una atmósfera vengativa de guerra civil. Y fue el caos.

Así narró José Javier Esparza las atrocidades comunistas en el programa 'Tiempos Modernos' de Intereconomía TV junto a su invitado, Fernando Paz.

La capital, Phnom Penh, fue literalmente vaciada: tres millones de personas empujadas a la campiña suburbana A tiros, saqueos y asesinatos. Los hospitales, evacuados a punta de pistola; miles de enfermos murieron a la intemperie. Después llegó el turno de las bibliotecas, los museos, los archivos, los bancos, finalmente los domicilios particulares. Todo ardió a golpe de granadas, en muchos casos con personas dentro. Luego la violencia se extendió a otras ciudades. Grupos sociales enteros fueron seleccionados para ser asesinados: enfermos de hospitales, oficiales militares, mendigos callejeros, prostitutas, funcionarios públicos, profesores, estudiantes… y las familias de las víctimas. Ninguno de ellos cabía en el paraíso comunista campesino del Jemer Rojo. Hubo cerca de cuatro millones de desplazados, culpables de vivir en ciudades “burguesas”, y condenados a trabajar los campos en condiciones atroces. Las ejecuciones sumarias con torturas públicas se hicieron cosa común. Un infierno.

El jemer rojo y su líder, Pol Pot, terminaron siendo desbancados del poder por una invasión vietnamita después de cuatro años de horror. Dejaban detrás alrededor de dos millones y medio de muertos. Una cuarta parte de la población de Camboya, asesinada por el delirio comunista.

Carece de sentido trasladar los restos de Franco y Primo de Rivera
EDITORIAL El Mundo 12 Mayo 2017

En un nuevo intento de desgastar la imagen del Gobierno de Mariano Rajoy, convirtiendo demagógicamente al PP en heredero de los valores que sostuvieron durante 40 años la dictadura franquista, PSOE, Podemos y Ciudadanos han aprobado con sus votos una proposición no de ley para que los restos del general Franco y de José Antonio Primo de Rivera sean exhumados y movidos de su ubicación actual. Los de éste último, fundador de Falange Española, a un lugar "no preeminente" de la Basílica que se levanta en el Valle de los Caídos. Los del dictador, fuera del recinto que él mismo ordenó levantar, utilizando a prisioneros de guerra como mano de obra esclava, para celebrar el vigésimo aniversario de la victoria del bando rebelde en la Guerra Civil entre 1936 y 1939.

Resulta insólito y desmoralizador,que transcurridos más de 78 años desde el fin de la contienda fratricida que marcó el siglo XX español y casi 42 desde la muerte del general que levantó un ominoso régimen totalitario legitimado en su victoria militar, estos acontecimientos sigan estando en el centro de la actualidad política. Es más, que aún sean utilizados con fines que nada tienen que ver con la restitución de los hechos históricos, tantas veces tergiversados intencionadamente por unos y otros, sino con la utilización de clichés políticos felizmente superados y que nada tienen que ver con la realidad social actual.Por suerte, ya no estamos en guerra sino en un régimen de libertades y nuestros políticos no se dividen maniqueamente en rojos y azules. Algunos parecen interesados en reabrir viejas heridas, poniendo en cuestión el logro que supuso la Transición y el esfuerzo que hicieron cientos de miles de españoles, obligados a olvidar su dolor, en aras del bien común que significó la instauración de la democracia.

Resulta paradójico también que sea el PSOE el que haya presentado la proposición en el Congreso. No tiene mucho sentido instar al actual Gobierno a tomar esta decisión cuando se abstuvieron de hacerlo en los años en los que gobernaron. Ni siquiera durante los mandatos de Zapatero, impulsor de la Ley de Memoria Histórica, en virtud de la cual se ha redactado esta propuesta. Es obvio que siguen utilizando esa polémica norma para sacar rédito político de una cuestión que para muchos españoles continúa siendo dolorosa. Los dirigentes socialistas saben que algunas de las peticiones aprobadas ayer, como la de hacer un censo de infraestructuras construidas por trabajadores forzosos, o un informe sobre las violaciones de los derechos humanos y las desapariciones, además de ser una tarea historiográfica más que política, es imposible hacerla sin la desclasificación de los miles de documentos que inexplicablemente le está vedado consultar a los investigadores. Lo que persigue esta propuesta no es completar las lagunas históricas que aún existen sobre ese periodo de nuestra historia, sino que se trata de una maniobra política destinada a la propaganda.

Porque, además, es un estéril ejercicio de melancolía, ya que el Gobierno no está obligado jurídicamente a darle cumplimiento a la proposición, por lo que es muy probable que no se lleve a efecto. Además de que sólo para una mínima parte ideologizada de la sociedad es una prioridad, el Gobierno del PP considera que esta petición queda fuera de las competencias de la Ley de Memoria Histórica y, en cualquier caso, sólo podría llevarse a efecto con la autorización de las familias y de los responsables de la Basílica.

No obstante, para acabar con esta polémica, el Gobierno debería impulsar un proyecto para convertir el monumento de Cuelgamuros en un lugar que sirviese para lo contrario de lo que fue construido, es decir, para la reconciliación. Un espacio con fines didácticos para recordar lo que significaron la Guerra Civil y el franquismo, para homenajear a todos los que perdieron la vida y a los que tuvieron que exiliarse, y para que no se olvide que la ideologización, el odio y el rencor tienen unas terribles consecuencias que todos estamos obligados a evitar que se repitan. Esa sería la gran victoria moral sobre el franquismo, utilizar sus monumentos para que no se olvide su naturaleza represora y su nefasta labor de dividir a los españoles y someter a una parte.

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“Mariano, más grano”: el ‘cuponazo’ vasco
Javier Caraballo elconfidencial 12 Mayo 2017

Los vascos son previsibles. Por rectos y constantes, como se definen muchos. Pertinaces. Y con doble fondo. Dejó dicho Anasagasti que “si la ingenuidad es una virtud, el vasco no es virtuoso”. Saben lo que quieren y lo consiguen. Por eso, nada más comenzar la legislatura en octubre pasado, en el mismo debate de investidura de Rajoy como presidente, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, envolvió en un chiste una reclamación que, de cualquier otra forma, hubiera resultado ofensiva: “Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano”. ¿Quién lo iba a decir? Unos meses después, en esta legislatura tan tumultuosa, la minoría vasca, que ni siquiera apoyó aquella investidura del PP tan necesitado de votos, le ha arrancado al Gobierno más débil de la democracia el acuerdo más ambicioso del cupo vasco: el ‘cuponazo’ vasco, que es como se ha dado en llamar la renovación del acuerdo por la cuantía que contiene y el modo de ‘decretazo’ utilizado para su aprobación.

En Euskadi, de todas formas, dicen que el cupo vasco no supone ningún privilegio. Y como lo repiten tanto, incluso con tono de ofensa, conviene prestarles atención. Detengámonos, por ejemplo, en las explicaciones de uno de los máximos divulgadores del concierto y el cupo vasco, Pedro Luis Uriarte, fundador de la Comunidad del Concierto, una sociedad muy activa estos días en defensa del acuerdo alcanzado. Uriarte se muestra especialmente irritado cuando oye la palabra ‘cuponazo’. “¿A quién le puede caber en la cabeza que, conociendo mínimamente al señor Montoro, le va a regalar al País Vasco 1.400 millones de euros?”, se pregunta Uriarte en una entrevista con la Radio Televisión Vasca.

Se trata, como han reiterado, de un simple ajuste del cupo vasco, necesario y pendiente desde 2007, cuando comenzó la crisis y comenzaron los recortes, también el de la financiación vasca. En cualquier caso, el argumento más potente a favor del cupo vasco que utiliza Uriarte, y el resto de defensores del concierto y del cupo vasco, no se refiere a Euskadi sino a las demás comunidades autónomas, que se guían por el sistema general, y sobre las que se hace un cruel retrato. Dicen así: “Se ataca muchísimo al cupo, pero no se dice nada de la catastrófica situación que padecen las comunidades que no tienen concierto (…) El 30 de junio de 2017, estas 15 comunidades habrán recibido del Estado 216.380 millones en préstamos, a bajo o nulo tipo de interés, desde 2012. Con ello, se les ha ayudado a superar sus tremendas dificultades financieras y a ahorrar en pago de intereses más de 7.000 millones de euros (…) En ese periodo de tiempo, las dos comunidades forales no han recibido un solo euro de ayuda del Estado. Y nadie ha protestado. Anticipo que estas 15 comunidades no tienen capacidad financiera para pagar esa deuda al Estado. En otras palabras, y sin presumir de dotes proféticas, no va a haber más remedio que perdonarles parte o todo de lo que les ha sido prestado”.

Es curioso que, al contrario de lo que podría pensarse, nada debería ser menos interpretable que un debate de cifras, sumas y restas, pero con el cupo vasco ocurre todo lo contrario. Con la misma contundencia con la que sus defensores afirman que no se trata de ningún privilegio, existen numerosos estudios económicos en los que se concluye todo lo contrario. Dicho de otra forma, si otras comunidades hubieran tenido las ventajas de financiación de las que han disfrutado las dos comunidades forales, no habrían pasado las dificultades financieras que denuncian los nacionalistas vascos. Algunos de los análisis sobre la otra cara del cupo vasco se detallaban en El Confidencial hace unos días, y todos coincidían en que la ‘trampa’ no está en la literalidad del concierto sino en la aplicación ventajosa que se hace del mismo, siempre para sobrefinanciar al País Vasco con respecto a las demás comunidades.

Uno de esos expertos, Ángel de la Fuente, sostiene desde antiguo que el sistema foral en sí mismo “no implica necesariamente ningún privilegio económico”. Es decir, el hecho de que una comunidad regule y recaude los impuestos y, al cabo del año, restituya al Estado la parte de las competencias que no tiene asumidas, más la cuota de solidaridad que tenga asignada, no tiene por qué suponer ninguna ventaja; el privilegio se obtiene cuando la devolución al Estado se calcula por debajo de lo que se debe. Esa es la trampa.

El mismo Ángel de la Fuente calculó en uno de los últimos acuerdos que lo que Euskadi pagaba de menos al Estado, es decir, al resto de los españoles, podía cifrarse en 4.500 millones de euros anuales. Ahora, con el ‘cuponazo’, habrá que suponer que esa cifra se eleva mucho más. Y bastante razón debe haber en esas cuentas cuando el citado Pedro Luis Uriarte, en alguna de sus entrevistas, ha llegado a resumir el concierto y el cupo vasco con esta frase: “El concierto significa que si te deben poner una cadera, en vez de esperar un año, esperas dos meses”. Aplíquesele esa lógica a todo lo demás, sanidad, educación, servicios sociales, empleo…

¿Quién tiene razón en esta guerra de cifras? Quizás algún día podría despejarse la duda definitivamente si los nacionalistas vascos se prestaran a un análisis general, abierto y transparente del concierto, renunciando por una vez a las comisiones bilaterales de financiación en las que se decide todo. Pero no solo no será así sino que, por el contrario, lo que ya se viene advirtiendo soterradamente es que cualquier modificación del sistema de financiación del País Vasco lo único que podría acarrear es un grave problema constitucional en España, otro más y de más calado que el de Cataluña, porque ningún vasco iba a votar a favor de una reforma de la Constitución que no garantice la diferencia y los derechos forales. Y eso es, quizá, lo peor de todo, que el ‘cuponazo’ ni siquiera va a servir para que el nacionalismo vasco se comprometa con la estabilidad territorial de España. Ni siquiera para esa mínima lealtad de convivencia va a servir.

así vampirizó el clan pujol la generalitat
La trinidad de la madre superiora Ferrusola: la familia, el bolsillo y Cataluña
No le gustan los extranjeros ni los que no hablan catalán. La superiora, capaz de abroncar al entonces 'molt honorable' en público, es la verdadera 'jefa' del clan
A. Fernández. Barcelona elconfidencial 12 Mayo 2017

Mucha religiosidad, pero poca vergüenza. Esa es la conclusión que cualquier ciudadano de bien puede sacar del perfil de Marta Ferrusola Lladós, que durante muchos años se consideró la ‘primera dama’ de Cataluña y a la que no le dolían prendas en regañar en público a su marido, el entonces todopoderoso Jordi Pujol, o a los dirigentes de CiU, a los que daba lecciones de moralidad y de patriotismo.

Marta Ferrusola es el ánima de la familia Pujol. Ella se encargó de la educación de sus hijos, les inculcó el amor por el dinero y les instruyó en el noble arte de hacer dinero a espuertas en nombre de la patria. El mal llamado clan Pujol es, en realidad, el clan Ferrusola, y los últimos descubrimientos así lo constatan: una nota manuscrita de Marta Ferrusola, desvelada ayer por El Confidencial, es hilarante, si no fuese porque esconde una incómoda verdad: la Ferrusola se autoapodaba la ‘madre superiora de la congregación’, daba órdenes de cómo mover el dinero en paraísos fiscales y a los ‘milloncejos’ de pesetas los llamaba ‘misales’.

Marta Ferrusola y su lenguaje en clave para hablar con la Banca Reig
El juez José de la Mata, en un auto fechado el 30 de diciembre de 2015, destacaba que había dos escritos manuscritos fundamentales entre los ‘papeles de Andorra’: el primero era una nota de Jordi Pujol Ferrusola, en la que el mismo día que abría una cuenta con 307 millones de pesetas (más de 1,8 millones de euros), en el año 2000, explicaba que él no era dueño de los fondos de la misma, sino que el titular real era Jordi Pujol i Soley, a la sazón presidente de la Generalitat. El otro era del propio ‘president’. Estaba fechado en mayo de 2001 y en él afirmaba que era propietario de la cuenta 63810 y que, en caso de defunción, esa cuenta debía pasar a Marta Ferrusola Lladós.

Ahora ha aparecido otro papel nuevo: el manuscrito de la matriarca, Marta Ferrusola, en el que se arroga el papel de ‘madre superiora de la congregación’. No desentona ese cargo con su profunda religiosidad. Los Pujol siempre han sido de iglesia y misa, muy vinculados al cristianismo patrio, aunque más patrio que cristiano.

Pero si algo tiene Marta Ferrusola, aparte de carisma, es una infinita fortaleza interna para negarlo todo, hasta lo más evidente. En su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación del fraude y la corrupción, pronunció una frase que quedó marcada a fuego en la memoria colectiva de Cataluña. “Si no tenim ni cinc” (‘Si no tenemos ni un duro’), contestaba con cara de ancianita buena al diputado ecosocialista Marc Vidal. Meses antes, había legalizado las cuentas secretas millonarias que toda la familia tenía en Andorra. Y un minuto después le volvía a insistir en que “vamos con una mano delante y otra detrás”. Claro que debía ser para que no cayesen al suelo los billetes de las alforjas. Y negaba con vehemencia que tuviese cuentas en el paraíso fiscal pirenaico.

Los tres mantras de la madre superiora
La nota manuscrita desvelada ahora data de diciembre de 1995, lo que denota que ya entonces manejaba las finanzas del clan, mientras algunos de sus hijos apenas sobrepasaban el umbral de la pubertad y no sabían todavía volar por su cuenta fuera del amparo de sus padres.

Marta Ferrusola los educó en una férrea disciplina nacionalista con ribetes de xenofobia, de autosuficiencia y de complejo de superioridad. Por eso, por su 'modus operandi', la familia ha de ser vista más como clan Ferrusola que clan Pujol . Y es que hay tres cosas intocables para esta dama de hierro: su familia, su Cataluña y su bolsillo.

La matriarca navegó en las procelosas aguas de la política. En 1991, una estudiada estrategia de Marta Ferrusola, a la que secundaba su hijo Jordi Pujol Ferrusola (que frecuentaba algunos círculos de activistas muy vinculados a Convergència Democràtica de Catalunya), provocó la defenestración de Miquel Roca i Junyent, entonces número dos de Jordi Pujol. La importancia de la operación radicaba en que un nuevo grupo de ‘patriotas’ se iba a hacer cargo de las finanzas de Convergència. Algunas de las reuniones premilitares del ‘golpe de despacho’ contra Roca se celebraron en el despacho de Rafael Español, presidente de La Seda (empresa en cuyo consejo de administración se sentaban como premio destacados líderes políticos, especialmente vinculados a CDC, en el que estuvo incluso Jordi Pujol Ferrusola que, aparte, facturaba cantidades millonarias a la compañía química), y participaron algunos de los nombres que se sentaron en puestos clave cerca de Jordi Pujol: Joan Maria Pujals (consejero de Cultura), Francesc Xavier Marimon (consejero de Agricultura, a quien Jordi Pujol Ferrusola llegó a ofrecer el cargo de delegado de la Generalitat en Madrid) o Antoni Comas (consejero de Bienestar Social y pariente de Pujol). Todos ellos tuvieron que pasar el filtro de Ferrusola para sentarse en el Gobierno catalán. ¿Eran nacionalisats y católicos? ¿Y además amigos de sus hijos? Pues cargo asegurado.

El grupo logró apartar a Roca del control de las finanzas de Convergència y a partir de ahí comenzó una nueva etapa en el devenir económico y político de Cataluña, con la familia Pujol Ferrusola controlando todos los resortes de poder, tanto en la política como en la economía, puesto que esta se supeditaba a los designios del gobernante debido a las onerosas adjudicaciones públicas realizadas desde la Generalitat.

Un Gobierno vampirizado
Marta Ferrusola no ha escondido nunca su ideario. No le gustan los extranjeros, no le gusta que se ataque a Cataluña y no le gustó que José Montilla fuese presidente de la Generalitat porque tenía apellido español y no hablaba catalán a su gusto. Responsable de la sectorial de deportes de CDC, Marta Ferrusola siempre hizo negocios al calor del Gobierno autonómico. Por ser la esposa de quien era, logró varios contratos con las consejerías de Presidencia, Economía, Gobernación y Medio Ambiente de la Generalitat, que ella siempre negó hasta que aparecieron los documentos cuando llegó el Tripartito al Gobierno. Solo del departamento de su marido cobraba 18.000 euros al año, aunque ante el Parlamento afirmó que solo había tenido una relación con la Generalitat: había llevado plantas al despacho de su marido… como regalo, claro.

Su actividad, no obstante, se extendía como mancha de aceite. Así, logró suculentos contratos con Fira de Barcelona, por ejemplo. Porque donde veía oportunidad de negocio, no tenía empacho en descolgar el teléfono y llamar personalmente a cualquier responsable. Así, pudo facturar 20 millones de pesetas a FCC (una de las constructoras más favorecidas por su esposo) para engalanar de plantas el World Trade Center. O ser la elegida para cambiar el césped del Camp Nou a mediados de los noventa, en un episodio de juzgado de guardia, porque el club azulgrana tuvo que levantarlo todo y ponerlo de nuevo.

Con respecto a la Administración, los Pujol vampirizaron la Generalitat. En 1986, la empresa José Ferrusola SA tuvo que ser absorbida por Tipel SA, de la familia Prenafeta. Lluís (que metió a trabajar en su emporio a Jordi Pujol Ferrusola y a Artur Mas, por ejemplo) echó una impagable mano a su superior Jordi Pujol al quedarse con la empresa de la familia de su esposa, Marta Ferrusola. Tipel inyectó 450 millones de pesetas durante los siguientes años, pero no pudo salvarla de la quiebra. Y un apunte curioso: Tipel recibió avales de la Generalitat durante esos años, precisamente por un monto de unos 400 millones, aunque cuando Tipel presentó suspensión de pagos el 5 de abril de 1994, el ICF obvió los avales impagados y le concedió una línea de financiación extraordinaria por más de 1.000 millones de pesetas. Un año más tarde, Tipel quebró.

El dinero, hacia América
En el sector de los negocios, se asoció con los Raventós de Codorniu, para relanzar Hidroplant (la empresa originaria que abrió con este nombre quebró, pero luego le puso el mismo nombre a otra). Vivió una década de ‘vino y rosas’, hasta que la llegada del Tripartito al poder cortó de cuajo la escandalosa sangría de dinero que fluía desde el Gobierno hacia Hidroplant, que acabó siendo vendida en 2006 a una multinacional danesa, cuando ya acumulaba cuantiosas pérdidas.

Pero mientras se agrandaba el agujero de pérdidas en su empresa catalana, Ferrusola agrandaba igualmente el remanente en sus cuentas andorranas. Ahora ya conocemos que tenía ‘misales’ en Andorra. Muchos ‘misales’: todo el clan pudo haber escamoteado 69 millones de euros desde los años ochenta hasta la fecha. Pero queda por esclarecer el papel que tuvo la empresa Kopeland Foundation, una firma panameña creada por BPA para poner al servicio de Marta Ferrusola y de su hijo Jordi Pujol Ferrusola. A esa compañía se transfirieron los fondos andorranos de ambos, con el fin de poder hurtarlos al fisco después de que se hubiese filtrado que tenían cuentas secretas en el paraíso fiscal. Para evadir el dinero, el clan se sirvió no solo de Kopeland, sino también de la firma Global Services Advisory Ltd. y del testaferro panameño José Cornelio Berdiales. Tras las enrevesadas y céleres transferencias a las empresas 'offshore' a mediados de 2014, los Pujol y los Ferrusola, efectivamente, se quedaron sin blanca. Pero su dinero (y los misales) ya estaban a buen recaudo al otro lado del Atlántico.

Nación de naciones
Antonio Robles Libertad Digital 12 Mayo 2017

A los nacionalistas se les ha aparecido la virgen con la ocurrencia de Pedro Sánchez: "Catalunya es una nación, y España una nación de naciones". Como siempre, este chico solucionando los problemas esenciales de la gente. Empezando por los propios: tiene que asegurarse los votos catalanistas del PSC para ganar las primarias. El trapicheo de siempre con los que mandan en España, los nacionalistas.

A su vez, a él se le ha aparecido Josep Borrell: "Catalunya es una nación, pero nación –aclara– no se identifica con soberanía política. Ése es el planteamiento que hace Pedro Sánchez". Con esta reflexión, dice La Vanguardia, Josep Borrell subraya que "Sánchez no quiere romper España". ¡Ah, mira!, ya nos deja más tranquilos.

La cuestión no es si Cataluña es una nación sin soberanía política, sino si el nacionalismo debe disponer del estatus de nación para llevar adelante sus fechorías. La cuestión no es si tal nación se reduce a una identidad cultural, a mera referencia del derecho a la diferencia étnico-lingüística. El problema no es siquiera el reconocimiento explícito de nación cultural, es la actitud del nacionalismo por instrumentarla para ser Estado. Al día siguiente de tal estatus, reanudarían la marcha hacia el reconocimiento de nación como sujeto jurídico soberano ¿O alguien lo duda? Estoy convencido de que Josep Borrell tampoco. Pero si no lo duda, ¿por qué lo apoya?

Es preocupante que un hombre como Josep Borrell, inteligente, preparado, ducho en la esgrima con el nacionalismo y en absoluto sospechoso de ser un chaquetero, renuncie a su pasado jacobino para caer en la telaraña del lenguaje nacionalista. Recuerden que Joaquín Almunia le catalogó de "jacobino irredento" en las primarias que perdió frente a él.

Me tranquilizaría que solo se debiera a flecos de su propio pasado con el aparato del PSOE, pero si de verdad apuesta por convertir a España en una nación de naciones ha de prever que el nominalismo legitima la concepción plurinacional de Podemos, paso previo para caer en una confederación de naciones con derecho a excluir. Curiosamente, aquello que con tanto ahínco y razones combatió en Las cuentas y los cuentos de la independencia.

P.D. Yo también estoy seguro de que los nacionalistas son una nación, su naturaleza sectaria y su mentalidad totalitaria los individualizan y los diferencian como grupo del resto. ¿Cómo lo voy a dudar? Pero los nacionalistas no son Cataluña, sólo son una parte de ella. Para quien no vea la diferencia les recomiendo el artículo de Santiago Trancón "Democracia real, ¿se acuerdan?":

La sociedad actual no es homogénea: ni ideológica, ni cultural, ni económicamente. Los vínculos que en otro tiempo sirvieron para crear grupos más o menos homogéneos (tribus, clanes, etnias, pueblos), basados en la identidad, han sido sustituidos por el único elemento posible hoy de integración social: la pertenencia a una comunidad política.

Contra Franco morimos mejor
JORGE BUSTOS El Mundo 12 Mayo 2017

La necrofilia española es un desorden colectivo de la afectividad que no tiene cura. El necrófilo se alimenta de muertos, del mismo modo que el Minotauro exigía carne paritaria -siete mozos y siete doncellas- para entretener el hambre en el laberinto. De la heroína hay quien ha salido, pero de la necrofilia aquí no sale nadie y la única solución es conllevarla, como el independentismo. Si cualquier toxicómano recurre a la metadona, el necrófilo debe acostumbrarse a tolerar excentricidades como la vida, el presente y el futuro en pequeñas dosis. Pero siempre está expuesto a una recaída majestuosa, la de ese dipsómano que atraca el minibar a la vuelta de una reunión de alcohólicos anónimos. El Valle de los Caídos es el gran minibar del más reincidente necrófilo ibérico, que es el antifranquista.

El necrófilo antifranquista es una criatura maravillosa, es decir, no opera con la realidad actual sino con el símbolo antiguo, la magia negra y el postureo tertuliano. No llegó a tiempo para luchar con éxito y algún valor contra el Franco vivo, culpa que lo atormenta y que trata de expiar luchando con denuedo contra el Franco muerto, para lo cual debe primero resucitarlo, siquiera en efigie. O en calcio seco, que es todo lo que debe de quedar en la fosa de Cuelgamuros. No se trata de exhumar a Franco, disparate que a nadie se le ocurre, sino de votar una proposición no de ley sin efectos vinculantes que inste a la conveniencia de la posibilidad de la hipótesis aconsejable de exhumar a Franco, que es distinto.

Ningún terruño de España se libra de la fúnebre afección, especialmente virulenta allí donde la españolidad siempre fue más acusada, caso del País Vasco. En Basauri acaban de convocar varias plazas de sepulturero, peón sepulturero y tubero-soldador. Los candidatos, eso sí, deberán acreditar el nivel PL1 de euskera, porque nadie como el necrófilo comprende el derecho de los muertos a ser enterrados en su lengua vernácula.

Rico es el arte español en temática mortuoria desde los capiteles románicos hasta Berlanga, y el PSOE, Podemos y Cs no hacen otra cosa que continuar tan berlanguiana tradición con sus votos antifranquistas. Ahora bien, no creo que ningún artista español supere el mutis del escritor Boris Vian, que murió de un ataque cardiaco mientras protestaba enérgicamente en el cine contra la adaptación de su novela Escupiré sobre vuestras tumbas. Esto no lo mejora ni Maduro, el hombre que según Pastrana asesina a sus compatriotas para distraer la atención de la corrupción del PP.

El necrófilo cazafachas se diferencia del niño de El sexto sentido en que no ve a Franco en ocasiones, sino que lo ve a todas horas y en cualquier lugar: detrás de una joyería de Serrano, de un diputado pijo, de la factura de la luz o de otra final de la Champions alcanzada por el Madrid. Su trabajo es ingente, pues tiene que luchar no solo contra el franquismo histórico sino contra el franquismo imaginario, que resulta inabarcable, del mismo modo que un obseso sexual se pone palote con la silueta de una guitarra.

Sobre antihéroes y tumbas convendría opinar con la modestia de los hechos, no con la exageración del simbolismo. Ni el fémur de Cervantes equivale al Quijote ni las caries de la calavera de Franco encarnan sus infamias. Al español de hoy debería bastarle con el peso de la historia sobre el dictador y esa última voluntad de Beckett: "Una lápida de cualquiera color, con tal de que sea gris".

Caníbal por consenso
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 12 Mayo 2017

Aún no había terminado de votar Rivera junto al partido de Chaves y la partida de Chávez -los compañeros del GAL y los camaradas de los asesinos de venezolanos demócratas- la moción para desenterrar a Franco y ya pedía "el consenso que necesita una acción de este tipo". No hacía falta. Legalizar el asalto de tumbas por motivos políticos tiene asegurado un tipo de consenso, al menos entre los que aún pensamos que sacar a los muertos de la fosa es un acto de barbarie infame: no votarlos más.

Si un partido que se dice de centro liberal se unce a los responsables de la Guerra Civil y a los que quieren reemprenderla para exhibir a los muertos como trofeos políticos, obtendrá la sonrisa despectiva de la izquierda, pero habrá perdido el voto de la gente civilizada.

La derecha y el centro -de la izquierda de Chaves y de Chávez no cabe esperar otra cosa- ofrecieron ayer en las Cortes un espectáculo vomitivo: a la clásica y vil cobardía del PP -que se abstuvo, según Sánchez-Camacho, por falta de consenso para profanar una basílica y vengarse de un cadáver- se unió la vileza, no exenta de cobardía, de Cs. A unos dejé de votarlos cuando liquidaron al partido de San Gil y Ortega Lara; a los otros no los pienso votar más, porque si malo es el canibalismo, más repugnante es hacerlo por consenso. En lo ideológico, Rivera alcanzó ayer a Sánchez-Camacho, que pedía más gente para hacer en cuadrilla lo que le avergüenza hacer sola. En lo físico, está en condiciones de igualar a Rita Maestre y de recordar su primer cartel electoral, asaltando juntos -ella sólo con vaqueros, él sólo con las manos protegiendo la zona inguinal- una basílica de culto católico. Para la que, por cierto, necesitan el nihil obstat de Bergoglio. Lo tendrán.

La última vez que Ciudadanos cobardeó ante la Ley de Venganza Histórica, dijo Villacís que había cosas más importantes que cambiar el nombre de las calles de la Villa y Corte. Sin embargo, acabó junto a los que quieren revivir la Villa y Checa de Madridgrado. Yo creo que no hay cosa más importante en la política española que hacer frente a los asaltacapillas y profanadores de tumbas. Pero si TV3 rueda otra versión de La ciutat cremada, Rivera puede hacer el papel que se pidió Serrat: el del anarquista que baila con la momia de una monja. Con la de Franco, lo bordará.


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