AGLI Recortes de Prensa   Sábado 13  Mayo 2017

Lo que está en crisis es la libertad, no la socialdemocracia
EDITORIAL Libertad Digital 13 Mayo 2017

Son muchos los que llevan años alertando de la supuesta crisis en la que está sumida la socialdemocracia a nivel global cuando, en realidad, lo que está en peligro no es, ni mucho menos, el profundo intervencionismo estatal y los elevados impuestos que dicha ideología propugna, sino los partidos tradicionales que, hasta ahora, la representaban. La práctica desaparición del otrora todopoderoso Partido Socialista en Francia, el desplome electoral de los laboristas británicos o la grave división interna del PSOE no reflejan el declive de la socialdemocracia, sino la caída y el caos que sufren sus referentes partidistas.

La socialdemocracia, por desgracia, sigue gozando de una excelente salud en Europa y, muy especialmente, en España. Lo que está en crisis, por el contrario, es la libertad. Los partidos tradicionales están siendo fagocitados, en mayor o menor medida, por el viejo y retrógrado socialismo continental, cuya ruinosa deriva naufragó en la mayoría de países europeos durante los años 80 y principios de los 90. No en vano, basta observar mínimamente el programa económico y social que blanden los populismos de nuevo cuño, ya sean de derechas o de izquierdas, para percatarse de que todo su recetario gira en torno al proteccionismo comercial, la autosuficiencia económica, la antiglobalización, la estatalización de los sectores productivos, la politización de la sociedad y una carga fiscal mucho más lesiva. En definitiva, mucho más Estado y menos mercado.

Y España no es ajena a este preocupante fenómeno, tal y como advierte el último Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage. La economía nacional se ha desplomado hasta el puesto 69 de la tabla, situándose así en la zona media de una clasificación que incluye un total de 180 países. Se trata del peor resultado que ha cosechado España desde que comenzó a elaborarse este indicador, en 1998, y da buena cuenta de la peligrosa deriva por la que transita el país. El elevado déficit, la histórica deuda pública, los altos impuestos, la excesiva y pesada regulación, la inseguridad jurídica, la lentitud de la Justicia o los problemas de corrupción son los factores que explican este gran retroceso.

Lo que impera en España, por tanto, no es la responsabilidad individual, la defensa de la propiedad privada o la eficiencia de las instituciones que defiende el liberalismo, sino la profunda y lesiva politización de la vida económica y social que impera por doquier. La doctrina socialdemócrata se ha impuesto de forma incontestable y lo grave del asunto es que no hay ni un solo partido que se atreva a cuestionar hoy en día el discurso políticamente correcto, pero profundamente lesivo, de la progresía dominante. Defender lo contrario es un estigma. La socialdemocracia está, por tanto, ganando la batalla de las ideas porque no hay casi nadie dispuesto a rebatir sus postulados y, como consecuencia, ha emprendido una huida hacia adelante cuya próxima parada es el socialismo recalcitrante de oscuras décadas atrás o, en última instancia, el bolivarianismo de Podemos.

Lo que está en crisis es la visión liberal de la vida, la responsabilidad del individuo y la defensa de sus derechos y libertades fundamentales, como bien demuestran los vítores a la ocupación de pisos o los insultos a quienes progresan y triunfan en el mundo empresarial por parte de políticos y medios de comunicación, en general, entre otros innumerables ejemplos. No, no es la socialdemocracia la que está amenazada, sino la libertad.

La curiana catalana.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 13 Mayo 2017

Cuando la Iglesia Católica que se dice universal se vuelve localista y se la identifica con apellidos como vasca o catalana, pierde su sentido religioso evangelizador para transformarse en una parte más de posiciones políticas concretas. En este caso, y emulando a sus equivalentes de la curia vasca, los obispos de la iglesia católica catalana se han atrevido a emitir un comunicado político que incluye frases como: “herederos de la larga tradición de nuestros predecesores, que les llevó a afirmar la realidad nacional de Cataluña, y al mismo tiempo nos sentimos urgidos a reclamar de todos los ciudadanos el espíritu de pacto y de entendimiento que conforma nuestro talante más característico” y “conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional, especialmente su lengua propia y su cultura” . Una soflama que ha sido inmediatamente aplaudida y agradecida por el secesionista Presidente de la Comunidad, Carles Puigdemont.

No es la primera vez que una parte del prelado de la Iglesia católica va más allá de su labor pastoral y se dedica a entrometerse en los asuntos de Estado que no son de su incumbencia. Porque como ya dijo Jesús de Nazaret, su reino no era de este mundo y claramente señaló lo de “dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”. Más de dos mil años de historia han sido testigos de que lejos de seguir ese mandamiento, la curia eclesiástica siempre ha estado del lado del poder, en un vil trasiego de cargos desde las élites feudales y monárquicas hacia los mal llamados “pastores”, arzobispos, obispos, cardenales, incluido el máximo del Papa, convirtiéndose en un verdadero emporio de riqueza y propiedades. Y todo eso acompañado de un férreo control y adoctrinamiento de esos pueblos, a los que ahora usan, con la aplicación de admoniciones, política del miedo a la condena eterna y severos castigos por la desobediencia mediante la brutal represión de tribunales eclesiásticos en la llamada inquisición.

Estos obispos catalanes piden nada menos que se reconozca la singularidad nacional, despreciando la Historia y el marco constitucional que en el artículo 2 solo reconoce a España como "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Ya empiezan pecando mediante la propalación de una gran mentira, incumpliendo también uno de sus mandamientos, el de “no mentirás”. No existe ni ha existido nunca el pueblo catalán, ni sus aspiraciones deben ser más escuchadas que las de otros españoles nacidos y residentes en otros territorios de España. En cuanto a la valoración de su lengua y cultura, ya están reconocidas en la propia Constitución donde se legitima el uso del catalán como lengua cooficial junto al español, en la comunidad autónoma, antes región, de Cataluña. Su singularidad cultural nunca ha sido ni menospreciada ni reprimida, manteniéndose intactas todas sus expresiones populares como los célebres Castells, la sardana, etc.

En cuanto a sentirse herederos de otros obispos catalanes que defendieron la “realidad nacional de Cataluña”, basta consultar la historia para ver que se trató de un movimiento político de secesión aprovechando un momento de debilidad del Estado español en la disputa por el trono de España. Como siempre, la Iglesia alentando al pueblo inculto para sus mezquinos propósitos de apuesta por el poder. Lo único que estos obispos quieren heredar es el abultado patrimonio y una situación de privilegio en una Iglesia separada de la de España y ser independientes para el control de su curia. Una pura, mejor decir impura, y simple ambición envuelta en la bandera estrellada, que es el destino normal para un proceso separatista condenado al fracaso, si el Gobierno de España no elude su deber de hacer cumplir la Ley.

Creo necesario el que la Conferencia episcopal en pleno emita un comunicado de forma urgente censurando estas declaraciones y sancionando a sus prelados por una desviación inaceptable de su labor pastoral de la Iglesia Católica. Una institución fuertemente enraizada en el pueblo español y generosamente subvencionada por el Estado obedeciendo el mandato constitucional de la realidad, está sí, de las creencias religiosas mayoritarias del pueblo español.Ya está bien de que esta Iglesia permita esos “versos sueltos” que lo único que hacen es crear un clima de enfrentamiento y de crispación, aunque hipócritamente hablen de diálogo, defendiendo posiciones políticas que solo aspiran a desmembrar España en clara rebeldía al orden constitucional que el pueblo español aprobó por mayoría aplastante.

Bien haría la Conferencia episcopal en apartar de sus cargos a estos impresentables que anteponen sus filias y fobias políticas que les inhabilita para apacentar el rebaño ( dicho sin doble intención) de fieles creyentes, habiendo preferido al otro rebaño de fieles independentistas.

¡Que pasen un buen día!

El escándalo del Cupo vasco
ENRIQUE CALVET El Mundo 13 Mayo 2017

Se puede uno dejar llevar por las chanzas de pasar del Cupo al cuponazo, y otras genialidades. Pero no conviene, para nuestro futuro, minimizar la importancia del movimiento, suponemos que táctico, realizado por el Gobierno popular de Mariano Rajoy, ¿con complicidad?... Tanto más que el fenómeno de la corrupción, transformado en espectáculo morboso que impide analizar sus raíces, está sirviendo, como añadido a sus efectos destructivos, de distracción a mucha gente, a muchos votantes, para camuflar los terribles problemas estructurales que, de verdad, asuelan España.

Salvo que reparemos, como acaba de publicar mi amigo León Arsenal, que el uso y la disposición del dinero público, de nuestro dinero, al servicio del mal común, de la destrucción de la convivencia ética, es una forma obscena de corrupción.

En efecto, independientemente de la discusión sobre si el sistema de concierto vasco -ligado al amparo a los derechos históricos de los territorios forales recogido en la Constitución- es una anomalía antidemocrática conceptual o no, lo que no admite duda es que, al menos, dos aspectos son intolerables desde el punto de vista de la ética ciudadana y los valores republicanos (siempre apostillo que este concepto no tiene nada que ver con la forma de Estado, sino con los valores de la Ilustración que sustentan una democracia del siglo XXI):el mal cálculo del Cupo a pagar por el País Vasco y el uso de este concepto para chalaneo político totalmente opuesto a los intereses del bien común (otra cosa es el interés de politicastros apoltronados).

El segundo aspecto es escandaloso y se lleva practicando, en detrimento de la igualdad y solidaridad de los ciudadanos españoles, prácticamente, desde hace decenios, como poco. Utilizar el ahondamiento de privilegios económicos de unos españoles sobre otros, multiplicando la discriminación por motivos políticos, es intolerable y antidemocrático. De hecho, es lo que hizo el general Franco premiando provincias "leales" sobre provincias "traidoras". Una aberración. La real politik aplicada no a relaciones internacionales, sino a la gobernación de lo que es, constitucionalmente, una Nación de Libres e Iguales, a costa de sus valores de convivencia, es, sencillamente inmoral.

En cuanto al primer aspecto citado, el cálculo del Cupo, admitiendo la validez constitucional del sistema, y que es la vía por la que el Gobierno puede cometer la infamia de discriminar entre españoles o ajustar el sistema para que la justicia fiscal se mantenga y cada cual pague según debe, el escándalo es atronador.

Miles de páginas, estudios sesudos y coherentes (Ángel de la Fuente, FEDEA...) han demostrado sin atisbo de duda que el montante que ha entregado de forma sucesiva el Gobierno autonómico del País Vasco quedaba muy por debajo de lo que debiera ser la aportación normal de los habitantes de esa región para contribuir a los gastos nacionales y al proyecto común -España-, notablemente lo que se supone que aporta a la cohesión y reducción de desigualdades entre regiones y ciudadanos.

No hay un solo estudio científico -no hablo de panfletos políticos- ni un solo estudio riguroso que demuestre lo contrario;ni siquiera que demuestre que el Cupo que se ha ido pagando era justo. Que ahora el Gobierno diga que los vascos han pagado demasiado y que, por ello, les empiece a "devolver" los extras, no sólo es un insulto a la inteligencia y honestidad de los españoles, sino que es una indecencia. Es un ataque obsceno a la igualdad y fraternidad de los españoles y, por lo tanto, una merma de su libertad.

Se nos dirá que eso ha sido así prácticamente desde que se aprobó la Constitución, o desde 1982, más o menos intensamente. Sí pero no. Sucede que ahora sabemos mucho más, ahora los estudios están hechos y repetidos, ahora los partidos separatistas han mostrado su deslealtad y capacidad destructiva, ahora España está al borde del abismo y la gente está harta de pagar lo que no debe, ahora la desfachatez es boreal.

Y ahora el Partido Popular y el Gobierno que preside Mariano Rajoy no están solos. Y eso puede ser una tragedia añadida. Ciudadanos, la formación de Albert Rivera, aparentemente, ha tragado. Contra sus principios, contra sus raíces, contra su razón de ser, ha tragado. La formación naranja dice que votará en contra en no sé qué momento, pero en los Presupuestos Generales del Estado que ha sostenido están los ingresos, y está lo que se tendrá que ingresar por lo que es ya generosa bondad del Gobierno hispano vasco, y es menos, mucho menos...

Y, sobre todo, está el hecho político. No valen triquiñuelas, el volver a ceder ante un chantaje separatista, o peor, nacionalista, es apoyar el sistema de gobernanza que ha arruinado la convivencia y los valores democráticos. En España no había tanto un bipartidismo como un turnismo imperfecto en el que las cosas importantes (los dineros, la educación, la justicia, la cohesión, la ordenación del territorio, la sanidad...) las marcaban, básicamente, partidos separatistas o, en el mejor de los casos, regionalistas. Lejos del bien común global. Por eso se han disparado las desigualdades. Ante eso, Ciudadanos debía haber puesto pie en pared, y armar el gori-gori. Volvemos al compadreo con intento de manipulación mediática.

Como es el único que queda, el único partido, bien o mal llevado, que podría aún interesarse por una España de Libres e Iguales, que es para lo que nació, tenemos todavía que esperar que recapacite y que vuelva a sus orígenes y a lo esencial. Si se convierte en otra formación más, cómplice del desguace y de la insolidaridad, será desde luego una tragedia. Si traiciona sus principios más importantes -mucho más importantes que prorrogar los Presupuestos un año;el Gobierno vasco lo hizo tres-, será el momento de apagar definitivamente la luz. O de crear otro instrumento democrático...

Enrique Calvet Chambon es eurodiputado español, independiente, adscrito al Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE).

Antifranquismo retroactivo.
Fernando Díaz Villanueva vozpopuli.es 13 Mayo 2017

La idea de levantar un monumento a los caídos de la Guerra Civil surgió durante la misma guerra, al menos entre los vencedores, que, tan pronto como dieron cuenta de los últimos objetivos militares, empezaron a buscar un paraje en la sierra de Guadarrama para construir un mausoleo en el que sepultar de manera simbólica a víctimas de los dos bandos.

Franco se involucró personalmente en la tarea de encontrarlo. Se desplazaba con frecuencia hasta la sierra en compañía de otros generales y de los pelotas habituales de Falange, que se olieron desde el principio que aquello iba para largo, que Franco había llegado para quedarse. Durante una de esas excursiones en el invierno de 1940, solo unos meses después de concluida la contienda, dieron con una boscosa hondonada entre El Escorial y el Alto del León. Entre los lugareños se le conocía como Cuelgamuros y tenía la peculiaridad de que en su centro, sobresaliendo de entre el espeso pinar, se levantaba un majestuoso promontorio granítico, el llamado risco de la nava que bien mirado se asemeja a las estampas del Gólgota que nos dejó la pintura renacentista.

Fue amor a primera vista. El Gobierno ordenó la expropiación de la finca y el primero de abril de 1940, un año exacto después del final de la guerra, dieron comienzo las obras. El monumento fue inaugurando dos décadas más tarde, en 1959, con gran trompetería y un Franco en la cima de su poder, visiblemente más viejo, más calvo y más gordo. Cuelgamuros dejó de llamarse así. Desde entonces se le conocería como Valle de los Caídos. Su presencia no iba a pasar desapercibida para nadie porque el arquitecto clavó una imponente cruz de hormigón armado sobre el risco de la nava, visible en varias decenas de kilómetros a la redonda y que desde entonces trae por la calle de la amargura a todos los antifranquistas, especialmente a los retroactivos, es decir, aquellos que lucharon denodadamente contra Franco pero solo después de que éste hubiese estirado la pata.

Era la pirámide del nacionalcatolicismo. Un complejo funerario más parecido al Valle de los Reyes del antiguo Egipto que al vecino monasterio de San Lorenzo de El Escorial que, además de panteón real, fue palacio, residencia de la Corte y centro administrativo. Se concibió como un lugar de peregrinación. Lo tenía todo para pasar un domingo en familia: una basílica subterránea, un monasterio benedictino con su escolanía, una gran explanada para eventos al aire libre, una cafetería, un mirador, una tienda de souvenirs y hasta un funicular. El franquismo tenía una vertiente kitsch nada desdeñable.

En principio no había planes de enterrar a Franco allí. Entre otras cosas porque Franco no era un caído de guerra. La idea de hacerlo fue una zalamería de última hora de Carlos Arias Navarro, último presidente de Gobierno del franquismo y primero de la monarquía. El rey Juan Carlos aceptó encantado y hasta presidió las exequias al pie de la cruz. Aquello acaeció el día 23 de noviembre de 1975 y ahí debió concluir esta historia. De hecho ahí concluyó durante varias décadas, hasta que Zapatero creó una polémica donde nunca había existido. Desde entonces, y de esto hace ya diez años, la cruz de Cuelgamuros ocupa más espacio en los periódicos que en los años 50, cuando la prensa del régimen daba puntual cuenta de los avances en las obras.

Se ha hablado de cerrar el complejo, de reconvertirlo en otra cosa después de vaciar la fosa común excavada bajo el risco, e incluso de dinamitarlo todo y devolver al paraje el virginal aspecto que tenía en 1940, cuando los ojos de Franco se posaron sobre él. Los menos ambiciosos se conforman con sacar al dictador y que sus deudos se lleven los restos a otra parte, al cementerio del Pardo mismamente, donde la familia adquirió una tumba en la que hoy reposa Carmen Polo. Si a ellos les parece bien, adelante. Incluso se les podría invitar a hacerlo para que el Valle de los Caídos hiciese honor a su nombre y sus entrañas solo albergasen caídos. Los benedictinos que custodian la basílica, a quienes se les entregó solemnemente el cuerpo hace 40 años, no tendrán problema alguno en devolverlo. Arias Navarro hace ya mucho que pasó a mejor vida y el rey emérito por la cuenta que le trae no dirá esta boca es mía.

Otra cosa distinta es, como pretende el PSOE, Podemos o Ciudadanos, resignificar el lugar. Eso es simplemente imposible como lo sería resignificar la pirámide de Keops, el Taj Mahal, el mausoleo del primer emperador Qin de China o la tumba de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. El Valle de los Caídos es lo que es y se levantó con el objetivo de servir de monumento a un régimen que sus muñidores creyeron eterno pero que duró lo mismo que su fundador. España está llena de construcciones del mismo estilo. Cada una reflejando los valores y obsesiones de su tiempo. ¿Qué es sino San Lorenzo del Escorial, San Isidoro de León, el monasterio de Poblet, la Capilla Real de Granada o el larguísimo etcétera de monumentos repartidos por nuestra geografía alzados a mayor gloria de una persona, una dinastía o la munificencia de un imperio?

Las personas pasan, los Estados también, las piedras permanecen. Por eso los faraones se enterraban en pirámides. Sabían que solo así se mantendrían en la memoria del pueblo durante generaciones. El Estado franquista desapareció hace ya casi medio siglo. No lo hizo, como otras dictaduras, tras una guerra que arruinase su legado físico. El franquismo se extinguió pacíficamente por televisión con Franco entubado en la cama de un hospital de la Seguridad Social. El desmontaje del régimen corrió a cargo de los propios franquistas con la connivencia de los que no lo eran. Nuestros padres, nuestros abuelos, se dieron un abrazo, se perdonaron las ofensas y eso fue todo. En algún momento tendremos que aceptarlo.

El pasado no se puede resignificar. Se debe aprender a convivir con él y extraer las oportunas lecciones. Pero en España no queremos convivir con nuestra propia historia, que es larga y está llena de tropiezos. Le hemos declarado la guerra como si nos avergonzásemos de venir de donde venimos. Esta psicosis colectiva, azuzada desde la política para construir sobre ella una legitimidad nueva, nos terminará pasando factura.

COVITE reclama que las sentencias judiciales se publiquen sin ocultar los nombres de terroristas condenados
www.latribunadelpaisvasco.com 13 Mayo 2017

El Colectivo de Vi´ctimas del Terrorismo (COVITE) ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que solicita que el Centro de Documentacio´n Judicial (CENDOJ) publique las sentencias judiciales sin ocultar los nombres de los condenados en firme por delitos relacionados con el terrorismo.

El Colectivo ha argumentado que, al igual que en casos de sentencias condenatorias por fraude fiscal, la publicacio´n de datos personales se justifica porque debe prevalecer el intere´s pu´blico sobre el derecho al honor y a la intimidad del criminal. De hecho, ha an~adido COVITE, en la exposicio´n de motivos de la Ley Orga´nica 10/2015, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada informacio´n contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, se apunta que “en el caso concreto de los delitos relacionados con la defraudacio´n fiscal, frente al intere´s del condenado, se alza el intere´s pu´blico”.

La asociacio´n de vi´ctimas, u´nica en Espan~a con estatus consultivo para Naciones Unidas, ha apostillado que el propio Tribunal Supremo se pronuncio´ en sentencia dictada el 15 octubre de 2015, en la que sen~alo´ que, “en general, reviste intere´s pu´blico la informacio´n tanto sobre los resultados de las investigaciones policiales, el desarrollo del proceso y el contenido de la sentencia, como sobre todos aquellos datos, aun no directamente vinculados con el ejercicio del ius puniendi [facultad sancionadora] del Estado, que permiten una mejor comprensio´n de su perfil humano o, ma´s sencillamente, de su contexto vital de la persona que participa en el hecho delictivo”.

Por todo ello, COVITE no so´lo ha instado al Consejo General del Poder Judicial a publicar los datos personales de los condenados en sentencia firme por delitos de terrorismo en el buscador CENDOJ. Tambie´n ha solicitado que exponga ante las Cortes la necesidad de modificar aquellas leyes que puedan ser un obsta´culo a la publicacio´n de datos personales de terroristas condenados. La pretensio´n, ha zanjado el Colectivo, es que no se perpetu´e la vulneracio´n de derechos fundamentales de las vi´ctimas del terrorismo.


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Los obispos catalanes abrazan el totalitarismo nacionalista

Editorial La Tribuna del País Vasco 13 Mayo 2017

Durante décadas, la Iglesia vasca, salvo un puñado de honrosas excepciones, no cejó en su empeño de condenar el terrorismo de ETA con una mano mientras, como el resto del nacionalismo político, con la otra abrazaba a los asesinos, y los criminales hallaban apoyo, comprensión, cariño y perdón entre las faldas de los curas locales.

Personajes infames como el obispo José María Setién, hábil entre los más espabilados para escupir a los agraviados mientras sacaba las castañas del fuego a los etarras y locuaz como pocos para convertir la palabra "diálogo" en una lanza con la que equiparar a víctimas y verdugos, parecen haber creado escuela en Cataluña.

De hecho, los obispos catalanes se han lanzado de lleno a abrazar el totalitarismo secesionista que abrasa la región y, olvidando que los ciudadanos españoles llevan 50 años expresándose en libertad, no han dudado en emitir un comunicado vergonzoso en el que explican que "conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional". Los prelados colaboracionistas con el independentismo recurren, como no podía ser de otra manera, a la palabra totem y exigen "que se fomente y promueva la cultura del diálogo", ante "el momento que está viviendo nuestro país" y sus "diversas sensibilidades".

Los prelados catalanes, los mismos que callaron como mudos ante el terrorismo de ETA en su región, los mismos que enmudecen sus lenguas a la hora de defender el derecho de los niños catalanes a estudiar en Cataluña en español y quienes jamás han tenido una palabra de aliento para las miles de personas que en su comunidad luchan todos los días por mantener la democracia por la que los presbíteros jamás han dado un paso adelante, en esta ocasión sí que hablan con claridad, para declararse seguidores de la basura golpista: "Nos sentimos herederos de la larga tradición de nuestros predecesores, que les llevó a afirmar la realidad nacional de Cataluña, y al mismo tiempo nos sentimos urgidos a reclamar de todos los ciudadanos el espíritu de pacto y de entendimiento que conforma nuestro talante más característico".

Para finalizar su vomitivo comunicado, los obispos catalanes dejan una buena muestra de su supina ignorancia, solamente comparable a su cinismo, y confunden, interesada y patéticamente, los derechos inalienables de las personas como individuos con los presuntos "derechos" de un pueblo que jamás existió ni existirá: "Defendemos la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos, y que busquen con paciencia la paz y la justicia" (...) "Por eso creemos humildemente que conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, para que sea estimada y valorada su singularidad nacional, especialmente su lengua propia y su cultura, y que se promueva realmente todo lo que lleva un crecimiento y un progreso al conjunto de la sociedad, sobre todo en el campo de la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales y las infraestructuras".

POLÍTICAS lingüísticas
La Comunidad de Valencia fija que los funcionarios inicien la atención al público en valenciano
El gobierno de Puig y Oltra establece el valenciano como la lengua vehicular de la administración autonómica.
Lorena Ortegaelespanol 13 Mayo 2017

El Gobierno valenciano ha dado un paso más para aumentar el uso del valenciano en la administración pública y normalizar el uso de la lengua propia. El Consejo de Gobierno de este viernes ha aprobado un decreto que, entre otras cosas, establece que el personal encargado de la atención al público tenga que dirigirse a los usuarios utilizando primero el valenciano. El decreto también recoge que los altos cargos y autoridades valencianas “procurarán” usar el valenciano en sus intervenciones públicas.

El decreto regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales de la Generalitat y se ha aprobado para “garantizar” los derechos lingüísticos de los ciudadanos, según ha anunciado la portavoz del gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno. El texto, que entrará en vigor a los seis meses de publicarse en el diario oficial valenciano, fija, en definitiva, el valenciano como la lengua vehicular de la administración pública autonómica.

"Iniciar la conversación con un 'bon dia'"
La medida aprobada este viernes se suma a otras como la implantación del requisito lingüístico para el acceso a la función pública cuya implantación motivó una crisis en el Gobierno valenciano (hasta ahora se exigía el valenciano sólo una vez pasada la oposición y sin fijar un plazo), y el decreto de plurilingüismo en educación que, aunque deja a la comunidad educativa la elección, prioriza la enseñanza en valenciano al premiarla con mayores niveles de inglés. Un decreto que ha movilizado a padres de las zonas castellanohablantes.

“Cuando uno tiene que atender al público, tiene que poder hacerlo en la lengua que el usuario tiene derecho a usar”, ha dicho Oltra sobre la obligación en seis meses de que el personal de atención al público inicie la conversación en valenciano. “Se trata de iniciar con un bon dia, no se trata de saberse la fórmula de la Coca Cola”, ha apuntado. En cuanto a los altos cargos ha insistido en que el texto dice que “procurarán” hablar en valenciano en los actos públicos. “Si la gente no sabe valenciano, pues no puede hacerlo”, ha anotado.

En el mismo sentido, el decreto establece que los sistemas telefónicos o telemáticos también tendrán el valenciano como primera lengua. En las publicaciones y publicidad, los folletos, carteles y avisos se redactarán “por lo menos" en valenciano.

VALENCIANO EN LOS CONTRATOS
El decreto también regula los usos internos y establece que las actuaciones administrativas internas se redactarán en valenciano y que el material de ofimática se adaptará “si es posible” para que funcione en valenciano. Asimismo, las notificaciones y las comunicaciones a la ciudadanía se harán en valenciano en las zonas con predominio lingüístico en la lengua propia y también en castellano cuando así lo solicite el destinatario. En las zonas castellanohablantes se redactarán en las dos lenguas.

El texto también regula las normas para el uso del valenciano con los contratistas con la administración pública. Según el comunicado del gobierno valenciano, “se procurará que los contratistas utilicen el valenciano en los bienes y servicios objeto del contrato, y así se hará constar en los correspondientes pliegos de cláusulas”.

La Administración también deberá recibir “por lo menos” en valenciano los estudios, proyectos o trabajos que encargue.

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