AGLI Recortes de Prensa   Domingo 21  Mayo 2017

La irresponsabilidad de una vicepresidenta que España no se merece
EDITORIAL Libertad Digital 21 Mayo 2017

La intentona golpista de las autoridades nacionalistas catalanas va cumpliendo etapas a través de una política de hechos consumados, que tendrá en el nuevo referéndum separatista un hito fundamental. A pesar de que el Gobierno oponga a esta consulta los dictámenes y autos del Tribunal Constitucional y su resultado carezca de cualquier validez legal, lo cierto es que la mera celebración de un acto de estas características y los planes, ya muy avanzados, para proclamar la secesión abocan a España a una etapa de inestabilidad que socavará en gran medida -ya lo ha hecho- las propias estructuras del Estado.

En estas circunstancias, el Gobierno de España no puede caer en la frivolidad de hacer invitaciones a los que amenazan con destruir el orden constitucional. Por el contrario, es obligación fundamental del Ejecutivo acabar de raíz con esta operación política y castigar convenientemente a los culpables. Y sin embargo, una de las principales figuras del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha hecho saltar por los aires el ya magro prestigio del Ejecutivo como garante de nuestro sistema democrático, al rogar al presidente catalán y cerebro -es un decir- de la intentona golpista a explicar sus planes en el Congreso de los Diputados.

Para mayor afrenta personal de la vicepresidenta, Puigdemont ha rechazado su invitación y, como era de esperar, ha elevado el tono de sus amenazas al asegurar que solo negociará la fecha del referéndum ilegal, dando por hecho que se celebrará. El nacionalismo catalán interpreta así -correctamente- las cesiones del Gobierno como un signo de debilidad y actúa en consecuencia, algo que era de esperar.

Pero es que ningún país serio invita a los delincuentes a impartir lecciones de ética política en los parlamentos. No hay noticia, tampoco, de que el órgano representativo de la soberanía de cualquier nación abra sus puertas y ceda su tribuna a aquellos que niegan la existencia de esa representatividad para proclamar la secesión. Solo Soraya Sáez de Santamaría, con el apoyo de Mariano Rajoy, se ha atrevido a poner la nación española a los pies de los separatistas, al invitar a su principal dirigente a una sesión extraordinaria del parlamento para que explique cómo piensa destruir la legalidad representada en esas mismas Cortes Generales.

La falta de escrúpulos de la vicepresidenta llega al extremo de poner en riesgo la propia supervivencia de nuestra nación, como está haciendo con decisiones como la reciente invitación cursada al presidente catalán. Semejante alarde de irresponsabilidad solo puede entenderse como un paso más en la carrera personal de Soraya Sáez de Santamaría para convertirse, en un futuro cada vez más próximo, en la máxima referencia -en realidad, la única- del Partido Popular.

La "Operación Galaxia" de Pablenin y la "Solución Armada" de Soraya
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 21 Mayo 2017

Con muy pocas horas de diferencia y entre la indiferencia mediática, cercana a la idiocia, las dos soluciones anticonstitucionales para el futuro de España, la que en la Izquierda acaudilla Pablenín y en la derecha la Vicepresidenta del Gobierno en nombre -o no- de Rajoy han coincido en ofrecer, sin legalidad o legitimidad alguna que lo permitan, la sede de la Soberanía Nacional, el Congreso de los Diputados, para que los golpistas catalanes que, de momento, encabeza el flequilludo Carles Puigdemont alias Cocomocho, la humillen a gusto con sus proclamas independentistas.

Nunca el golpismo ha sido tan aceptado como solución para lo que se supone que no tiene solución: el empeño de la casta político-mediática de Barcelona en vulnerar todas las leyes y el empecinamiento de la clase mediático-política de Madrid en garantizar la impunidad de esa ilegalidad.

Soraya usa las Cortes como Despacho
El más tonto de la clase de Sostres, Quico Homs, dice que "Cataluña le ha proclamado la guerra democrática a España". Como nunca se dio el caso de que los generales de un ejército cobren la nómina en la intendencia del enemigo, nadie le cree. Pero de ahí a ofrecer el Templo de las Leyes, como ha hecho Soraya, a los apóstatas de Alí Pujol y los mujaidines de Godó hay mucho trecho: el que va de la defensa de la Ley a la complicidad con el delito. Como no le funciona el despacho de Barcelona, Supersoraya ha decidido abrir negociaciones con los golpistas en su finca de las Cortes.

No es sorprendente que Pablo Iglesias se sumara de inmediato, como parte de su moción de censura contra el régimen constitucional, a la oferta de la Vicepresidenta, que hecha en rueda de Prensa oficial compromete a todo el Gobierno de Rajoy, ministro a ministro. Tampoco sorprende ya el silencio de Rivera: andará preparando la invasión del Valle de los Caídos en memoria de la del de Arán por Carrillo y la toma de la Moncloa por los Cien mil Hijos de Macron en recuerdo de los fusilamientos del 3 de Mayo.

La Prensa aplaude la astucia golpista de Moncloa
En rigor, lo más triste es que la Prensa, buena parte de la cual criticó a ZP cuando propuso a Ibarreche la votación en Cortes del Plan separatista celebre, ha aplaudido unánimemente la oferta de Soraya y su Gobierno como una astuta trampa que ofreciendo diálogo deja "sin armas" a los que no quieren dialogar. Siempre buscando en la cobardía "cargarse de razón".

¿Desde cuándo un Parlamento está para dialogar con los golpistas? Sólo cuando negocia las condiciones para sumarse al Golpe de Estado. Y eso es lo que propone Soraya frente al golpismo separatista catalán: una "Solución Armada" como la que ofreció el ex-jefe de la Casa del Rey a las Cortes secuestradas por Tejero el 23 de Febrero de 1981, ofreciendo formar parte de un Gobierno presidido por él, se suponía que en nombre del Rey, a todos los partidos políticos excepto los nacionalistas: con Felipe González de vicepresidente y una lucida representación del arco parlamentario, con algún comunista independiente para que no faltara consenso sindical y tal.

El Golpe del 23F, en perspectiva
El golpe del 23F, como recordaba ayer Javier Somalo, empieza en la Operación Galaxia de Tejero e Inestrillas descubierta en 1978, y perdonada al modo suicida del golpe de Hugo Chávez con un añito de arresto. Sólo se reactiva en serio cuando Suárez gana las elecciones de 1979 y el Rey y el PSOE empiezan a moverle la silla y el Partido al Presidente legítimo. Ahí es donde se inserta la moción de censura de González, que no fue sino un episodio más de la demolición de Suárez y la demostración de su debilidad a los poderes fácticos: Rey, Ejército, partidos y medios de comunicación.

La dimisión por sorpresa de Suárez "para que la democracia no se convierta en un paréntesis en la Historia de España" convierte el anunciado golpe de Estado en tardío e innecesario, pero los tejeros de la Galaxia y los generales campechanos estaban ya comprometidos, en marcha, así que se improvisó una salida no sangrienta con dos soluciones: la militar ilegal de Armada y la civil y legal de la LOAPA, para atender los motivos legítimos de inquietud militar y civil: el terrorismo y el separatismo. Al final, todo quedó en una inundación de legitimidad para Campechano y un cosechón de votos para el PSOE, que, desde entonces, triscaron y trincaron juntos.

Iglesias repone la Operación Galaxia, aunque su oceánica ignorancia histórica le hace creer que reestrena la Moción de Censura contra Suárez. No obstante, Tejero pudo subirse en marcha al fondo golpista de aquella moción y, de tener más talento y ser asesino en vez de matón, quién sabe en qué y cómo habría terminado el 23F. Y Pablenín se ha subido rápidamente a la "solución Armada" de Soraya para llegar al Poder vulnerando el orden constitucional. Tejero estaba dispuesto a subordinarse a Miláns, y Pablenín estaría dispuesto a subordinarse a Sánchez si gana las primarias del PSOE. Lo que no entendió Tejero era que no matar a los diputados en sus escaños suponía pactar con ellos, y eso eran la solución Armada y el pacto del capó.

La ocasión tejeril del Pablenín
Lo que imagino que sí entiende Pablo Iglesias, que es ligeramente más listo que Tejero, es que una "solución Soraya" le abre el camino al Poder a corto plazo, haciendo lo más difícil, que es la voladura del régimen constitucional y el pacto con el separatismo catalán, el PP y el PSOE (ojalá no Ciudadanos, pero vaya usted a saber) y con la Guardia Roja de la UKO, los vichinskis de la Fiscalía Procorrupción y los manipulite de la Audiencia Nacional metiendo en la cárcel a la flor y nata de los partidos mayoritarios. Un par de plebiscitos y a mandar. O sea, a una guerra civil a la venezolana.

El golpismo del 23F y el de ZP al humillar las Cortes ante la ETA e Ibarreche toparon con los partidos políticos de oposición y muchos medios de comunicación. El de Soraya y Pablenín, con un pequeño grupo, éste, y ni la menor Oposición. Si los golpistas fracasan, será por tontos o porque no saben qué régimen quieren imponer. Soraya se pasa de lista y puede acabar tontamente, pero Pablenín sí sabe el régimen que quiere imponer y presidir. Una encuentra ya pocos obstáculos. El otro, aún tendrá menos.

¿Estallará la madre de todas las burbujas?
Juan Laborda vozpopuli.es 21 Mayo 2017

El matemático estadounidense de origen libanes, Nassim Nicholas Taleb, nos acaba de avisar. En los mercados financieros ve peores riesgos de cola que en 2007. Y ello es muy grave porque cuando estalle la última burbuja generada por los Bancos Centrales, la economía global iniciará la segunda fase de La Gran Recesión y economías como la nuestra experimentarán la tormenta perfecta. A fecha de hoy hay varias certezas. Es un hecho cierto que la práctica totalidad de activos financieros de riesgo a nivel global están sobrevalorados. También sabemos que todas las burbujas financieras tarde o temprano estallarán. ¿Tendrá razón Nassim Taleb? ¿Estaremos en los albores del estallido de la madre de todas las burbujas?

Si bien la práctica totalidad de los activos financieros de riesgo a nivel global están sobrevalorados, también es cierto que los precios de activos financieros o inmobiliarios pueden estar durante un largo período de tiempo inflados. Los dos últimos ejemplos son de libro. Por un lado, la burbuja tecnológica correspondiente al período 1998-2000. Por otro, más recientemente, la burbuja inmobiliaria, y de la totalidad de activos financieros de riesgo globales, durante el período 2005-2007. Ambas burbujas, al final, estallaron, provocando, en el primer caso, una desaceleración global, y, en el segundo, la Gran Recesión.

La controversia entre John Hussman y Jeremy Grantham
La controversia sobre el porqué de los niveles de precios actuales y si estamos en “un tiempo diferente” ha llevado a una apasionante discusión entre dos de los grandes gestores de fondos de inversión globales por los que tengo una especial predilección. Me refiero a John Hussman y uno de sus últimos boletines semanales a sus clientes “This time is not different, because this time is always different” En él, Hussman responde a uno de los argumentos usado porJeremy Grantham, director ejecutivo de GMO, quien sostiene que en la actualidad estamos en un momento que “es decentemente diferente”.

Durante décadas, Jeremy Grantham, un inversor de valor, ha defendido la idea de que los beneficios actuales son una pobre medida de los flujos de caja a largo plazo y que es esencial ajustar las medidas de valoración basadas en beneficios según la posición de los márgenes de beneficio en relación con sus normas o patrones históricos. En palabras de Grantham, "los márgenes de beneficio son probablemente la serie financiera que más revierte a la media, ya que si no revirtieran a la media sería señal de que algo ha ido mal con el capitalismo".

Pero en las últimas semanas, Grantham, según Hussman, ha tirado la toalla, sugiriendo que "esta vez es decentemente diferente":
"Los precios de las acciones se mantienen debido a unos márgenes de beneficios anormales, como consecuencia de unos tipos de interés reales muy bajos, cuyos efectos positivos no se disipan debido al aumento del poder de monopolio empresarial... En conclusión, hay dos cosas importantes a tener en cuenta: en primer lugar, el mercado ahora y en el pasado actúa como si creyera que los niveles actuales más altos de rentabilidad fueran permanentes; y, en segundo lugar, un mercado bajista de entre un 15% y 20% siempre puede ocurrir por cualquiera razón. Lo que me interesa es otra cosa bastante diferente: ver si es posible un cambio más o menos permanente hacia las tendencias de rentabilidad, tipos de interés y precios previas a 1997, o al menos próximas a ellas. Y para eso parece probable que tendremos que esperar bastante más de lo que le gustaría a cualquier gestor de valor (incluido yo)".

Hussman replica que lo que está pasando con los márgenes de beneficio es consecuencia de una historia completamente diferente de lo que Grantham sugiere. La elevación de los márgenes de beneficio en los últimos años ha sido un reflejo cuasi preciso de la disminución de la compensación laboral como parte de los precios de producción. Sin embargo, ahora, según Hussman, el proceso de normalización del margen de beneficio está en marcha. Nos encontramos ante un claro dilema para los márgenes de beneficios: si el crecimiento económico se fortalece en un mercado laboral más ajustado, es probable que los costes laborales representen una parte creciente del valor de la producción, suprimiendo los márgenes de beneficios. Si el crecimiento económico se debilita, es probable que la productividad se desacelere, aumentando los costes laborales unitarios al contraer el denominador. Este análisis se vincula con la ecuación de beneficios del gran Michal Kalecki donde una proporción salarial deprimida suele asociarse con un ahorro débil de los hogares y elevadas transferencias desde el gobierno. Hussman sostiene que “mi respuesta es alentar a Grantham a recoger su toalla y atarse los guantes”. La razón que aporta, a través de distintas métricas, es que los mercados financieros verán evaporadas las subidas que se han producido desde el mínimo de 2009.
1997, burbujas de activos y los modelos tácticos

La elección de la fecha de 1997 por Jeremy Grantham no es casual. Es el año donde occidente empieza a crecer vía burbujas financieras e inmobiliarias. Primero fue el cambio de orientación de la política monetaria de la Reserva Federal con Allan Greenspan, allá por 1998, donde frente a un sesgo de política monetaria restrictiva, la FED finalmente optó por recortar los tipos de interés por miedo a las consecuencias de las crisis en países emergentes. Ello produjo la burbuja tecnológica. Después, tras el estallido de la misma, nuevos recortes de tipos de interés como solución, y el inicio de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Y, finalmente, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la expansión cuantitativa de Ben Bernanke, y la madre de todas las burbujas.

Al final, es cuestión de tiempo esperar a que se desate la siguiente fase de venta masiva de los activos financieros sobrevalorados. Para tratar de anticipar cuando se puede producir, desde estas líneas incorporamos en su momento modelos tácticos de asignación de activos de corto plazo (miópicos), que van más allá de la valoración. En este sentido, de nuevo, nuestros modelos tácticos vuelven a anticipar un incremento de la aversión al riesgo. Habrá que ver si esta señal es puntual, como las cuatro últimas, o sugiere un nuevo ciclo bajista en los mercados de riesgo global, como a finales de 2007. Mi apuesta personal, igual que Nassim Taleb, es que sí, que esta vez supondrá el inicio de un nuevo ciclo bajista. Pero veremos. Los caminos de la política monetaria son inescrutables.

España en el camión de la basura
Pedro J. Ramírez elespanol 21 Mayo 2017

Las trayectorias de una política con asentada fama de honradez -Cristina Cifuentes- y un juez tildado de tan ambicioso como justiciero –Eloy Velasco- se entrecruzaron el martes por la mañana en un mismo vahído. Veremos cuánto tardan una y otro en reponerse del sofoco, pero una doble sensación de bochorno se acumula en la ya recargada mochila de cualquier observador avispado.

Que la presidenta que trazó una frontera imaginaria entre el antes y el después de su encumbramiento al liderazgo del PP de Madrid, identificando a sus predecesores con la corrupción y guardando para sí la bandera de la limpieza, apareciera envuelta en una de las telarañas de ese sucio pasado era ante todo descorazonador. Especialmente para ella misma, cuando una de sus primeras y más simbólicas decisiones al llegar a la Puerta del Sol fue la de bloquear en su teléfono las llamadas entrantes y los mensajes de móvil, identificados durante muchos años con cinco letras que pesaban mucho: “Nacho”.

Tener mil euros en la cuenta corriente, vivir de alquiler, predicar y practicar la transparencia, empezando por el envío a la Fiscalía de todos los gatuperios del Canal, y verse envuelta, siquiera de forma tangencial, en los mismos lodos de alguien con quien rompió toda relación política y personal cuando llegó a la conclusión de que era un corrupto impresentable, debe tener casi un componente de pesadilla. Y encima a costa de la devolución de favores a un fulano como Arturo Fernández que siempre le pareció un trepa zalamero de tres al cuarto, haciendo de felpudo de Esperanza, contratando a la mujer del otro, riéndole las gracias a Campechano I, untando la escopeta en la chocolatería de Corinna… Un fulano al que llegó a preguntarle una mañana en la Asamblea que si la concesión de la cafetería era para expender café, "cómo coño resultaba" –la Cifu siempre ha sido así de clara- que ella tuviera que refugiarse a diario en su Nespresso, para no beber la porquería humeante entazada en tal chiringo.

Pero como si el cartero llamara siempre dos veces, ahí quedaban, flotando en el éter, las moléculas en suspensión de todo aquello que creía haber dejado atrás; y de bien poco iba a servir tratar de dispersarlas a base de dar papirotazos a la UCO, a Pablo Iglesias y a las enemigas interiores. La cuestión procesal pertinente era, y sigue siendo, si los indicios de manipulación del concurso, por parte de aquellos tres “expertos” que, no teniendo ni pajolera idea de hostelería, se reunieron en su despacho para zanjar el asunto, son lo suficientemente sólidos como para que un juez le pregunte si ella no se dio cuenta de nada.

El problema es que, al tratarse de una aforada, ese trámite implicaría elevar una exposición motivada al Tribunal Supremo, el cual tendría en sus manos el resorte de la guillotina en la que ella misma se colocó, como parte del acuerdo con Ciudadanos. En Madrid, como en Murcia, la imputación, eufemísticamente rebautizada como investigación, equivale a la dimisión.

En principio habría que pensar que si Eloy Velasco no activó ese proceso en los dos meses transcurridos desde que recibió los informes de la UCO, respaldados por la Fiscalía, fue porque no lo veía claro. Nadie podría reprocharle que no enviara a Cifuentes al cadalso político porque lo que desde luego no hay en el sumario es una pistola humeante con sus huellas dactilares. Pero la conducta del juez, tratando de apagar frenéticamente durante la tarde del martes el incendio que él mismo había provocado, al levantar el secreto del sumario esa mañana, da pábulo a los malpensantes. ¿A cuento de qué es propio de un instructor filtrar con ansiedad a la agencia oficial que “descarta” investigar a alguien a quien la Guardia Civil vincula con dos posibles delitos?

El hecho de que al día siguiente se reuniera el pleno del Consejo del Poder Judicial para decidir sobre la solicitud de ascenso de Eloy Velasco a la cómoda Sala de Apelación, creada ad hoc en la Audiencia Nacional, desata la atroz sospecha de que tal vez Su Señoría instruía los sumarios de Púnica y Lezo como quien juega a las siete y media. Es decir, apretando lo suficiente al partido gobernante como para propiciar que le construyera un puente de plata, pero sin pasarse de frenada, para no hacerle imposible tenderlo a sus pies sin desdoro manifiesto ante la propia clientela. Lo de Ignacio González y su clan cabía en el esquema, lo del presidente de Murcia de quita y pon también, pero lo de Cristina Cifuentes no, pues entrañaba para el PP el grave riesgo de perder la Comunidad de Madrid.

Supongo que a mi amigo Javier Gómez de Liaño y a quienes como él siguen creyendo en la limpieza de la administración de justicia se les revolverá algo en su interior ante esta mera especulación, pues el Estado de Derecho se asienta en que la probidad de los jueces sea la regla y la irrupción, auge y caída de higos a peras de un Baltasar Garzón cualquiera, la excepción. Pero hemos visto ya demasiadas veces a los instructores y juzgadores de causas con derivación política –incluida por supuesto la del 11-M- obsesivamente pendientes del impacto de sus decisiones jurisdiccionales en su carrera profesional, como para caernos del guindo. Máxime cuando en el caso de Velasco se reproducen los agravantes del viaje de ida y vuelta a la política y la porfía de favores personales en el entorno de los justiciables.

Hétenos aquí de nuevo de bruces ante la acuciante necesidad de cambiar las reglas del juego institucional, como condición sine qua non para devolver a los ciudadanos la confianza en el sistema. Sin el burladero de los aforamientos y la lentitud de la justicia no existiría la presión social que vincula la exigencia de responsabilidades políticas a un momento procesal tan preliminar como la mera apertura de una investigación; y si la mayoría de los miembros del Poder Judicial en cuyas manos estaba valorar los méritos del juez Velasco no hubieran sido nombrados por el partido cuyo poder territorial dependía de que su manga se ensanchara o estrechara a voluntad, sería mucho más difícil someterle a este juicio de intenciones.

Acabo de poner sobre la mesa dos de las condiciones más explícitas y concretas que Rajoy asumió en su acuerdo de investidura con Ciudadanos va ya para nueve meses: supresión de los aforamientos, elección directa del Poder Judicial por los jueces. Pero todos sabemos, y el primero Albert Rivera, que ni ese doble parto, ni el de la limitación de mandatos o el de la reforma de la ley electoral se producirán nunca, pues a la actitud contemplativa o estaférmica que caracterizaba a Rajoy incluso con mayoría absoluta, se une ahora la aviesa condición que le empuja a incumplir cualquier compromiso que él considere adquirido bajo las exigencias del estado de necesidad.

Lastrada por el vicio de origen de considerar necesario y forzoso que todo un pueblo encallara con tal de salvar a un hombre, la legislatura lleva camino de convertirse así en un frustrante itinerario de escándalo en escándalo. Como si el mandato de Rajoy no fuera el de presidente del gobierno sino el de conductor del camión de la basura, dedicado a recoger los cubos pestilentes de cada uno de sus feudatarios -o clientes franquiciados-, esconderlos en el bandullo de su fétido vehículo político y conducirlos hasta la escombrera del catastro de la historia de la inmundicia.

Pretende llegar así hasta 2020, pagando peajes como el de la minoración del cupo vasco al PNV o los cientos de millones que obtendrá Nueva Canarias -poderoso caballero es don Quevedo- para sacar los Presupuestos; alcanzando acuerdos de geometría variable, tal vez nefandos, como el de la estiba con los independentistas catalanes, para salvar el día a día; y pasándose por el arco del triunfo las resoluciones del parlamento, reprobaciones a ministros incluidas, para mantener la apariencia de que gobierna.

De nada sirve ya lamentarse por la leche derramada, cuando la miopía de Pablo Iglesias impidió que fructificara el Pacto del Abrazo o cuando la ceguera de Pedro Sánchez liberó al PP de la encrucijada de haber tenido que prescindir de Rajoy para alcanzar un gran acuerdo político. Tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos, a la espera de conocer hoy el desenlace de la implacable contienda entre el pavo real madrileño y la grulla sevillana. Como en la fábula de Esopo, ella ha insistido una y otra vez en que es la única capaz de surcar el cielo de las victorias electorales y él ha tenido la habilidad de realzar su propia belleza al machacar la fealdad ajena, identificándola con la investidura de Rajoy.

La campaña de las primarias ha sido un fascinante ejercicio de democracia interna que si, a la postre, resulta autodestructivo, no será por la sangre esparcida a borbotones sino por la situación crítica del socialismo en toda Europa. Debo confesar que me han impresionado la audacia y determinación con que Pedro Sánchez ha llevado su apuesta hasta el final, explotando el resentimiento contra la "política de los notables", arraigado en la base social de la izquierda al menos desde que se acuñó esa expresión en tiempos del Estatuto Real, allá por el 1834. Pero tanto o más me ha impresionado la florentina imperturbabilidad con que, durante el debate de Ferraz, Susana Díaz fue capaz de meter su daga una y otra vez en las partes blandas de don "Tu problema eres tú", acentuando un tenue proyecto de sonrisa cada vez que desgarraba los vasos sanguíneos de su credibilidad.

A Pedro se le entiende todo y por eso su victoria tendría tanto valor épico como recorrido limitado. Para rapero del populismo descamisado de ingenio viperino y sudor en el sobaco ya tenemos a Pablo Iglesias, con muy superior cacumen; y si volviera a dar otro bandazo buscando el centro, toparía con un Albert Rivera cada día más fuerte y avezado. El de Susana ha sido un discurso mucho más envuelto y ajustado a los cánones del tradicional doble lenguaje del PSOE; pero cuidado con ella, como llegue a manejar de verdad resortes de poder a nivel nacional y sea capaz de reactivar la sociabilidad política de una España profunda que sigue estando ahí.

Tanto para quien se quede con el santo y la limosna de Ferraz, como para los dos líderes de la Nueva Política que vuelve a percibirse febrilmente necesaria, el desafío será en todo caso el de encauzar la sedimentación de una mayoría social, un reagrupamiento -he aquí la palabra clave para esta hora de España- necesariamente transversal y solventemente iconoclasta, que sirva de alternativa cuando el camión de la basura colapse, cachifollado bajo el peso de sus propios detritos. Por eso es muy alentador que la moda venga de nuevo de Paris; y que la marcha de la libertad de nuestra prima Marianne haya barrido de la pasarela a la alianza de antiguallas extremistas ensamblada por Juana de Arco.

PSOE (Partido Socialista 'Outlet' Español)
JULIO REY El Mundo 21 Mayo 2017

La izquierda es la mano que sujeta la rosa roja en el logotipo del Partido Socialista Obrero Español, mientras que en el partido socialista francés o en el chileno es la derecha quien la empuña. Zurdos. El puño y la rosa como divisa aparecieron por primera vez en Francia en la década de los setenta; fue diseñado por Marc Bonnet y se convirtió en la imagen identitaria definitiva de los socialistas galos en 1971, aceptado unánimemente, un poco más tarde, como insignia distintiva por toda la Internacional Socialista. En un número de la revista El Socialista de 1977 se ve por primera vez en España una reinterpretación del símbolo y ya en las primeras elecciones democráticas el icono definitivo diseñado por José María Cruz Novillo. Según explica Alfonso Guerra en su libro Diccionario de la izquierda «el puño y la rosa encarnan la unión de la fuerza del trabajo -de los trabajadores- con la sensibilidad de la cultura, el pensamiento, la belleza». Traslación de la misma noción que ya utilizó Pablo Iglesias al fundar el partido en 1879 y que en los años veinte del siglo pasado gráficamente se personificaba con un yunque y una pluma, que sobrevivieron a la dictadura de cinco décadas clandestinas. Suresnes. Democracia. Transición. Luego, nuevo look personalizado en el triunfal puño ufano de Felipe González de 1982, sujetando la rosa desde el mismo balcón del Palace que, no hacía mucho, había escuchado los ecos de los disparos felones de Tejero. Días de vino y rosas. Historia.

Ahora, guerra civil fratricida, puños de mano izquierda abiertos en canal por dos bandos cainitas, disparándose a bocajarro por encima de los atrincherados muros de un laberinto, con perfume de rosa marchita. Hoy sabremos quién será el cainita ganador y quién el cainita perdedor. Susana trianera de telegénica camisa roja y su Andalucía del 60% de paro juvenil, EREs, cursos malversos de formación y funcionariado de obesidad mórbida y nepotismo acechante, Susana de folclóricos faralaes en la engominada Feria de Abril. Y Sánchez, Pedro, nini, que ni come ni deja comer, que instala el origen de los males del PSOE en la abstención a Rajoy, soslayando que él es un perro del hortelano desollado en dos elecciones generales consecutivas, lo que dejó a su partido con 85 heridas de muerte; cerrajero nocturno y alevoso de despachos díscolos, pérfido camuflador, en el backstage del vergonzante último Comité Federal del partido, de una urna con vocación de ser puchero. Cainismo celoso y vengativo, aniquilador.

El puño y la rosa, igual que ya hizo la icónica imagen emboinada del Che, sobrevivirá a los suyos y al impío abandono, canibalizada, presumiblemente, por avispadas marcas comerciales capitalistas de fashión streetwears: la estadounidense Urban Outfitters ya vende una camiseta con el logo del PSOE, precisamente el de Novillo de 1977, por el módico precio de treinta y cuatro dólares USA, más gastos de envío. PSOE: Partido Socialista 'Outlet' Español.

Si los dinosaurios se extinguieron, ¿por qué no el PSOE?
La socialdemocracia europea vive sus peores años desde el fin de la guerra. El ecosistema en que ha crecido se ha acabado y hoy la izquierda se ha alejado de los centros de trabajo
Carlos Sánchez elconfidencial  21 Mayo 2017

El exministro Borrell ha asegurado en varias entrevistas que si el PSOE no cuenta con sus militantes “acabará extinguiéndose, como los dinosaurios”. Nada que objetar. Solo hay una diferencia. Mientras que los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años de forma abrupta —ya sea por la llegada de un asteroide o por una enorme actividad volcánica–, la socialdemocracia europea –y en particular el PSOE– se enfrentan a una muerte lenta. Elección tras elección, los socialistas van perdiendo influencia política.

Paradójicamente, se trata de un proceso que es fruto de su propio éxito. Hoy, las sociedades europeas –incluso aquellas que se declaran más liberales– han aceptado las tesis esenciales de la socialdemocracia. También en España. Solo hay que echar un vistazo al Informe Beveridge, aquel extraordinario documento que en 1942 puso las bases de lo que hoy se conoce como Estado de bienestar, para entender cómo aquellos principios (derecho a cobrar el desempleo, seguro de asistencia sanitaria, sistema público de protección social de carácter universal o subsidios de viudedad u orfandad) se han incorporado a las legislaciones nacionales. En definitiva, como dijo el propio Beveridge, se trataba de proteger a todos los ciudadanos y no solo a quienes pudieran pagarse una pensión o un médico por tener un trabajo remunerado. Y eso es –con los matices que se quiera– lo que se ha hecho.

Es obvio que en periodos de crisis económica se han producido recortes y retrocesos en derechos sociales y en prestaciones públicas, pero es evidente que los niveles de bienestar alcanzados en Europa –con un nivel de gasto público equivalente a casi la mitad del PIB– es un caso de éxito, digno de estudiarse en las escuelas de negocios.

Es en este contexto en el que los partidos socialdemócratas han ido acumulando derrotas. Probablemente, porque el campo de juego en el que la socialdemocracia ha desarrollado su programa en las últimas siete décadas se ha ido estrechando, lo que explica que amplias capas sociales que antes necesitaban al Estado protector para sobrevivir, cuestionan hoy, por el contrario, el tamaño del Estado de bienestar, cuya financiación obliga a pagar elevados impuestos y a asumir altos endeudamientos privados que incentivan el conservadurismo.

Expresado de otra forma, si antes la política redistributiva a través de los impuestos se basaba en que los ‘ricos’ pagaban más para financiar el 'welfare state', hoy el sistema fiscal –pensado para un modelo de clases medias que hoy se resquebraja por los bajos salarios y la precariedad laboral– está diseñado para que las rentas medias financien a los ‘pobres’.

Capital y trabajo
Entre otras cosas, porque la ingeniería fiscal ha expulsado del sistema impositivo a las rentas más altas debido a que con la libertad de movimiento de capitales los gobiernos se han visto obligados a primar a las rentas del capital frente a las del trabajo, lo que unido al creciente peso del IVA –cuya estructura no es progresiva– ha creado un mapa fiscal contra el que se revuelven muchos asalariados hartos de pagar impuestos, incluso en España, donde la presión fiscal es de las más bajas de Europa. Las políticas keynesianas, en algunos aspectos, están cerca del límite debido a que los niveles de gasto público son verdaderamente elevados. Y si hoy la redistribución tiene que hacerse a través del gasto público y no de los ingresos, parece evidente que el margen de maniobra es reducido.

La socialdemocracia, además, debe enfrentarse a una cuestión ideológica de primer orden. Mientras que la derecha nacionalista y xenófoba ha crecido en Europa, paradójicamente, a costa de la erosión de los partidos de izquierda, como ha sucedido en Francia, Holanda o, incluso, Reino Unido (debido a que ha sabido capitalizar el voto de los perdedores de la globalización), la socialdemocracia no ha encontrado nuevos caladeros de voto (incluso ha perdido la cuna de eso que se llamó el capitalismo renano). Su perfil se ha difuminado hasta parecerse cada vez más a la derecha. Y ya sabe que el pueblo –como sucede en Cataluña– siempre prefiere el original a la copia.

En España, además, el 15M inauguró un nuevo tiempo político que rompió la tradicional hegemonía del Partido Socialista en la izquierda. Pero el PSOE, en lugar de afrontarlo como un cambio histórico vinculado a la aparición de un nuevo equilibrio social: pérdida de peso de las clases medias en favor de la polarización social o irrupción de los 'millennials' –quienes nacieron entre la segunda mitad de los años 80 y la primera de los 90 llegaron a la edad adulta en medio de una formidable crisis económica–, lo observó como un fenómeno temporal, lo que explica su escasa capacidad de adaptación. Básicamente, porque leyó de manera equivocada la agenda social. La prioridad de las preocupaciones de las clases medias no es ahora la desigualdad o el tamaño del Estado de bienestar, sin duda asuntos muy relevantes que hay que atender, sino algo más pragmático como el empleo.

Los centros de trabajo vuelven a ser hoy el escenario de la lucha de clases en el siglo XXI, en todo caso, muy distinta a la que interpretó Marx en el XIX y a la que emergió tras las dos primeras revoluciones industriales. Pero si por entonces la izquierda patrocinó la creación de sindicatos obreros para tener presencia en las fábricas –el PSOE se creó nueve años antes que la UGT y lo mismo sucedió en casi toda Europa–, hoy la izquierda se ha alejado de los tajos. Hasta el punto de que su presencia es irrelevante.

'Uberización' de la economía
La irrupción de las nuevas tecnologías en los centros de trabajo, lo que se ha llamado la 'uberización' de los sistemas productivos, ha hecho el resto. Y con ello, el desvanecimiento del sentimiento de pertenencia a una clase social –capitalistas vs proletarios–, un factor sin el que no se puede entender la hegemonía de la izquierda durante los años dulces de la socialdemocracia. A lo que hay que añadir el debilitamiento del Estado-nación en favor de las grandes corporaciones empresariales, fenómeno que ha debilitado la acción redistributiva del sector público, lo que tiene que ver con la globalización. Un fenómeno al que la izquierda no ha sabido cómo enfrentarse más allá de un discurso ciertamente maniqueo sobre las barreras comerciales. No basta con oponerse a los tratados comerciales o aceptarlos como un mal menor, sino que hay una ausencia clamorosa de un discurso alternativo.

El PSOE, en el caso de España, tampoco ha sido capaz de transmitir a las nuevas generaciones los profundos cambios sociales que ha vivido este país desde las primeras elecciones democráticas, lo que ha derivado en una instrumentalización obscena de la historia en manos de Podemos. El PSOE, en lugar de capitalizar el salto histórico que ha sufrido este país en 40 años, ha dejado que otros escriban la historia.

El Partido Socialista, incluso, se equivocó al pensar que su único adversario político estaba en el PP, cuando quien le ha sacado del terreno de juego es el partido de Pablo Iglesias. Y parece evidente que el PSOE nunca volverá a gobernar si no es capaz de asegurarse la hegemonía de la izquierda, como el propio Felipe González entendió durante los primeros años de la Transición vampirizando al resto de formaciones. Y eso incluye a las diferentes izquierdas nacionalistas que han emergido en los últimos años y que han fragmentado el mapa de la izquierda hasta hacerlo incomprensible en términos ideológicos.

Algo que necesariamente hay que vincular a la escasa influencia de la 'inteligentzia' socialista, desaparecida tras optar por un discurso ramplón y sectario que en demasiadas ocasiones ha desembocado en una pretendida superioridad moral. Lo cual sería cierto si no fuera porque las transformaciones sociales, económicas y culturales también han afectado al centro derecha sociológico, ajeno a procesos históricos que hoy vuelven a ponerse de moda, como el franquismo.

Y por eso, el PSOE, al margen de las primarias, tiene por delante un camino incierto si no comienza por entender los cambios sociales. El problema no son los votos, son los votantes.

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El Estado pasmado
Alejo Vidal-Quadras vozpopuli.es 21 Mayo 2017

El sindicato AMES ha presentado al Ministerio de Educación un largo y detallado informe sobre el adoctrinamiento ideológico que se lleva a cabo en Cataluña a través de los libros de texto sobre los alumnos de quinto y sexto de Primaria. La lectura de su centenar largo de páginas produce a la vez estupefacción y alarma. España es el único Estado del mundo occidental en el que en una parte de su territorio se enseña a los niños a odiar a ese mismo Estado y en el que no es posible utilizar su lengua oficial como vehicular en las aulas. Cuando este absurdo se explica a ciudadanos de otros países europeos, la primera reacción es de incredulidad y, superada ésta ante la contundencia de los hechos, la segunda es concluir que el Gobierno español está formado por una pandilla de inútiles con sangre de horchata. Yo viví este fenómeno en primera persona durante mis tres mandatos en la Eurocámara entre 1999 y 2014, donde mis colegas alemanes, daneses, finlandeses, franceses u holandeses, se negaban a aceptar que tal cosa pudiese suceder en un Miembro de la Unión y una vez comprobado que, por delirante que pareciese este disparate, correspondía a la verdad, me miraban con conmiseración y hacían oscilar la cabeza con reprobación ante tal muestra de cobardía e irresponsabilidad por parte de las autoridades de una democracia supuestamente seria.

Hoy, tras treinta años de concesiones, oportunismos y dejaciones por parte de los dos grandes partidos nacionales, la situación es la siguiente: las fuerzas independentistas, que han conseguido una mayoría en el Parlamento autonómico gracias a los instrumentos financieros, legislativos, competenciales y simbólicos que les han ido proporcionando crecientemente las instancias centrales, se han declarado abiertamente en rebeldía contra el orden constitucional, se saltan las leyes un día sí y otro también y preparan sin ningún recato la separación de su Comunidad de España. Todo esto lo hacen gracias a que la Hacienda del Estado les suministra cada año cuantiosos recursos que les salvan de la quiebra causada por su despilfarro, su mala gestión y su corrupción. En otras palabras, el Estado español está pagando desde hace tiempo su propia liquidación.

La única reacción del Ejecutivo del Reino ante semejante desafío es acudir repetidamente ante los Tribunales de diversos órdenes jurisdiccionales, según corresponda y según sea el tema del que se trate. Los doctos magistrados dictan sentencias y resoluciones encaminadas a restaurar la legalidad vulnerada por las instituciones catalanas, resoluciones y sentencias que tales instituciones ignoran olímpicamente mientras siguen adelante pisoteando la Ley Fundamental y otras normas de rangos varios. La respuesta desde La Moncloa es la pasividad distante y nuevas querellas y denuncias que tampoco son respetadas y así sucesivamente hasta la fecha del anunciado referéndum ilegal e inconstitucional para el que ya se han licitado ocho mil urnas y las necesarias papeletas. Por supuesto, la fiscalía está estudiando muy seriamente la licitud de tal adquisición de material electoral con el consiguiente recochineo y regocijo del Presidente de la Generalitat y de su Consell en pleno.

Sun-Tzu escribió en El Arte de la Guerra, libro legendario que seguramente Rajoy lee con fruición en las pausas que le dejan las interesantes noticias sobre ciclismo, baloncesto y fútbol que le suministra su cotidiano favorito, la siguiente y certera máxima: “Una estrategia sin táctica alarga el camino hacia la victoria, una táctica sin estrategia es pura agitación antes de la derrota”. Pues bien, desde 1978 hasta la actualidad, ni el PP ni el PSOE han tenido el menor asomo de estrategia frente a los nacionalismos identitarios y se han ceñido a meras acciones tácticas, invariablemente defensivas. Como en el otro lado, el del irredentismo secesionista, existe un propósito incombustible que cuenta con más un siglo de antigüedad acompañado de una estrategia implacable, el resultado del proceso es el que está a la vista.

Esta inacción por parte del Gobierno de la Nación a estas alturas de la película, obedece en primer lugar a su incapacidad de dar la batalla conceptual, intelectual y moral que un combate de esta envergadura requiere y, en segundo, a la creencia pusilánime en que al final el mismo absurdo del proyecto separatista lo disolverá, deshecho por su intrínseca inviabilidad. El problema de este enfoque teñido de impotencia es que la probabilidad de que llegado el momento del choque definitivo las cosas se salgan de control es muy alta y que, en cualquier caso, las dos salidas son ya traumáticas: o la liquidación de España como ente reconocible o la imposición del orden constitucional mediante la fuerza legítima del Estado como en 1934.

A Felipe IV se le conocía como “el Rey pasmado” por la expresión peculiar de su rostro inequívocamente Habsburgo. El genial Quevedo lo describió agudamente como el monarca que “más grande era cuanto más tierra le quitaban”. El Estado español nacido de la Transición es también un Estado pasmado, dispuesto aparentemente a que le amputen la quinta parte de su PIB y la sexta parte de su población con tal de no descomponer la figura.

vilobí: poca transparencia bajo la estelada
El pueblo de la izquierda 'indepe': se suben el sueldo el 61% y enchufan a los amigos
Las remuneraciones de los cargos electos en Vilobí d’Onyar han pasado de 57.200 euros en 2015 a 92.200 en el presente ejercicio, lo que representa un incremento del 61,2%
Antonio Fernández. Barcelona elconfidencial 21 Mayo 2017

Asesores a porrillo, adjudicaciones sorprendentes, gastos disparados, presupuestos abultados y justificaciones desde todas las vertientes políticas. La localidad gerundense de Vilobí d’Onyar, en cuya fachada ondea la ‘estelada’ (bandera independentista) “hasta que Cataluña se independice”, está camino de convertirse en un polvorín. Vilobí es la localidad donde se asienta el aeropuerto de Girona-Costa Brava y cuenta con 3.200 habitantes. En las últimas elecciones autonómicas, una candidatura independiente bajo las siglas GMI, cuya líder, Cristina Mundet, está vinculada a la izquierda independentista, desalojó de la alcaldía a Convergència. Los recién llegados prometieron transparencia, pero ahora comienzan a aflorar un reguero de irregularidades.

Lo más llamativo es que los gastos de personal del Ayuntamiento se han disparado desde 2015 de 1.017.044 euros a 1.158.856 euros en el presente año. Y las remuneraciones de los cargos electos pasaron de 57.200 euros aquel año a 92.200 euros en el presente ejercicio, lo que representa un incremento del 61,2%. Olga Guillem, portavoz de Convergència en el consistorio, señala a El Confidencial que estos aumentos se han realizado “sin ningún tipo de dedicación, ni exclusiva ni parcial.

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Comunicación, Josep Borrell, contesta que “desde antes de llegar al Ayuntamiento habíamos dicho que no queríamos a nadie con dedicación exclusiva, porque eso carga mucho las arcas en un pueblo de poco más de 3.000 habitantes. La ley nos permite cobrar remuneraciones por asistencia a plenos, a reuniones, a comisiones y a órganos colegiados, como el consejo comarcal. Antes había personas en nómina, como la alcaldesa y algún otro cargo y ese dinero no se cargaba en la partida de cargos electos. En cambio, ahora toda la masa salarial de remuneraciones de cargos se incorporan a esa partida en vez de a la de gastos de personal, y de ahí que se haya disparado”.

Pero lo cierto es que el capítulo de personal también se ha disparado en más de 140.000 euros. Ese capítulo, afirma el concejal, ha subido mucho porque “hemos hecho una regularización de puestos de trabajo. Había mucho personal que estaba infravalorado y adecuamos las retribuciones y las categorías a su labor. Es un proyecto que nos hizo una consultora y hemos aplicado la reestructuración de salarios. Por tanto, la subida no ha ido a altos cargos, sino a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento”.

El equipo de Gobierno, en cambio, cobra por asistencia a las reuniones de grupos a razón de 250 euros las juntas, los lunes de 9 a 10. “La alcaldesa, por su parte, añade una reunión a solas con su secretaria los miércoles, por la por la que se embolsa 350 euros más y con la que está aproximadamente una hora”, acusan desde la oposición. Por contra, el dinero destinado a asociaciones del pueblo pasó de 121.000 euros en el 2015 a 107.517 euros en el 2017, mientras la recaudación por IBI se disparó de 578.000 euros a 726.687 euros en el presente ejercicio. Todo ello, según los datos de la oposición, aunque desde el Ayuntamiento se justifican las partidas.

Según los datos del GMI, en 2016, el consistorio se ahorró 17.837,40 euros de Seguridad Social, puesto que ahora ya no se paga nada por este concepto. ¿Significa que no se cotiza? La explicación dada desde el consistorio es que no se cotiza porque “no tenemos derecho a bajas laborales ni a vacaciones ni a pagas dobles ni a cobrar el paro. Y porque no queremos cargar un gasto inútil al consistorio”. Pero dos fuentes distintas de la oposición señalan a El Confidencial que, en realidad, la partida destinada a remuneraciones de cargos electos ha aumentado, por lo que el dinero sale igualmente de las arcas públicas, “lo que pasa es que antes se iba a la Seguridad Social y ahora se va a sus bolsillos”.

Asesores a mansalva
Las anécdotas son jugosas. La alcaldesa contrató el 9 de julio del año pasado como asesor a Miquel Àngel Bagué y a su empresa, La Crossa Disseny. Su función debía ser la de “colaborador no concejal adscrito a Comunicación” y se le daban responsabilidades en el área de Turismo para la “potenciación y promoción de los activos del municipio”. Pero la empresa en cuestión se dedica a “delineación, proyectos mecánicos y manipulación de prototipos, fabricación de los mismos, importación, comercialización y venta de productos para personas discapacitadas”. En definitiva: según la oposición se dedica a fabricar sillas de ruedas y cabe preguntarse “si verdaderamente es necesario el asesoramiento del señor Bagué en materia de promoción turística y su presencia en las juntas de gobierno”. Claro que Bagué iba de número 8 en la lista electoral del GMI. Curiosamente, el consistorio también contrató a otro asesor en turismo, Josep Casassayas, por 4.356 euros a mediados del año pasado.

Borrell señala que el contrato con este último “fue sobre una actuación concreta. Y con Bagué, la explicación es sencilla: cuando llegamos, nombramos a dos asesores, que estuvieron un año sin cobrar. El año pasado, les dijimos si querían cobrar. Uno dijo que no y otro aceptó pasar unos cargos aunque fuesen por dietas. Él es ingeniero y, a la hora de facturar, poco más de 1.000 euros, lo hizo a través de su empresa. Es cierto que el objeto social no coincide con la labor que él desempeñaba y eso es un error nuestro, pero no ha habido mala fe. Nos ha pasado por inexperiencia”.

Recientemente, según denuncian desde algunas instancias cívicas de la localidad también fueron nombrados tres asesores, aunque, según el GMI “sin nómina, con derecho a asistir a las juntas de Gobierno porque creemos que su criterio y experiencia y su aportación personal son muy positivas”. También aduce el equipo municipal que “la crítica fácil y sin memoria se ha instalado entre los miembros de la oposición”. Y afirman que en la legislatura anterior, de enero a diciembre de 2014, los salarios de Gobierno y oposición supusieron un desembolso de 108.400 euros, mientras que de octubre de 2015 a septiembre de 2016 los emolumentos fueron de solo 94.562,47 euros. Además, la percepción de los grupos políticos bajó también de 4.400 a 3.850 euros.

La oposición recrimina también al equipo de Gobierno que a finales de 2015 encargó una “auditoría de los puestos de trabajo y servicios”. “Hasta aquí, todo correcto –dice Convergència en su boletín local–, si no fuese porque la empresa contratada, a dedo, es la empresa donde trabaja una integrante del grupo GMI (quizás aquí ha faltado la transparencia de la que tanto presumen). Esta auditoría en cuestión ha tenido un coste para el Ayuntamiento de 9.510 euros”. El portavoz municipal matiza que la trabajadora “no es exactamente de nuestro grupo, sino de ERC, pero además no es propietaria de la compañía ni tiene responsabilidades directivas”.

Asimismo, les acusan de contratar en julio del año pasado a la empresa Seed Consultoría, Formación y Comunicación para confeccionar un “catálogo de puestos de trabajo”, por el que se pagaron de las arcas públicas 6.292 euros más. Según Josep Borrell, “la adjudicación de la auditoría se realizó mediante un procedimiento abierto y en él participó la oposición”. Por otra parte, Josep Matas fue contratado como “asesor en materia de transparencia” en abril del 2016 y se le pagaron por ello 1.550 euros, a los que hay que añadir los impuestos. En materia de servicios informáticos “en transparencia” y en la confección de la web municipal, el consistorio realizó dos contratos con la empresa Josep Cusachs Albó SL que le costaron en su conjunto 13.768,59 euros.

Los ‘presupuestos participativos’
La última decisión crítica es muy reciente: el Gobierno municipal decidió disponer 25.000 euros para un “presupuesto participativo”, es decir, una cantidad que será gastada en lo que los ciudadanos elijan, aunque la palabra final la tendrán “los técnicos del Ayuntamiento”. Pero para ‘vender esta idea’, la alcaldesa contrató por 4.416,5 euros a la empresa Neopolis como “apoyo externo para el diseño y dinamización de los presupuestos participativos”. En la factura se incluye una partida de 175 euros en concepto de kilometraje.

Curiosamente, nada más llegar al poder, la ANC regaló a la nueva alcaldesa una ‘estelada’ (bandera independentista). Uno de los primeros acuerdos del nuevo equipo de gobierno fue llevar el tema al pleno para colgarla en la fachada de la casa consistorial. “La bandera ‘estelada’ es la de combate, la de lucha por la independencia de Cataluña”, dice el acta en el que se aprobó la medida. Así, se comprometieron a mantener colgada aquella bandera “hasta alcanzar la independencia de Cataluña”. El pleno aprobó también que esa bandera se sustituiría por la oficial, la ‘senyera’, el día en que Cataluña se separe de España. Acto seguido, el pleno aprobó una moción que reconoce oficialmente el día de Sant Joan como la Fiesta Nacional de los Països Catalans.

El municipio es uno de los que más se ha hecho notar en las movilizaciones a favor del ‘procés’. En noviembre el Ayuntamiento colgó en su página web un llamamiento para asistir a la concentración que tuvo lugar en Barcelona el domingo día 13 “por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”, un acto de protesta a favor de Artur Mas y la cúpula de su Gobierno (la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero y portavoz Francesc Homs y la exconsejera Irene Rigau), de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y de un reguero de alcaldes y concejales. En la web, reproducía un cartel de la ANC, que fletó autocares para ir a la capital catalana, a un precio de 8 euros. La inscripción no se hacía en ninguna sede de la Asamblea, sino en las oficinas del propio Ayuntamiento.


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