AGLI Recortes de Prensa   Lunes 29  Mayo 2017

La deuda gratis no existe
Daniel Lacalle elespanol 29 Mayo 2017

“Take a load off Fanny, take a load for free, and you put the load right on me”, Robbie Robertson

El Banco de España ha publicado un documento muy revelador. “La evolución de la deuda pública en España en 2016”, que presenta conclusiones importantes.

La dependencia de las Comunidades Autónomas del Estado central ha aumentado. La “nacionalización” de la deuda de las autonomías, como dice un amigo mío, supone que el total de deuda en manos del Estado sea casi del 54%, seis puntos más que hace un año. Por supuesto, existe una razón de coste. Mientras el Estado puede financiarse sin problemas, una gran mayoría de regiones siguen mostrando diferenciales -primas de riesgo- muy importantes.

Es interesante analizar el aumento desde un punto de vista de stock y de flujo. Si bien algunas regiones pueden considerar esa compra como un rescate silencioso, el problema sigue estando en el flujo. En 2017 la reducción del déficit de las autonomías es muy relevante, pero sigue preocupando que cuando crecen los ingresos, gasten más de lo estimado, y cuando bajen, también. La desviación presupuestaria de las comunidades autónomas se explica sobre todo por las expectativas de ingresos extremadamente optimistas.

¿Por qué es esto importante? El entorno actual de bajísimos tipos de interés y alta liquidez nubla el riesgo de gastar mucho más de lo que se ingresa, pero sobre todo disfraza el riesgo que supone disponer de unas estimaciones presupuestarias tan equivocadas ante un entorno en el que se normalice la política monetaria. Errores evidentes de presupuestación, con estimaciones de ingresos equivocadas en más de 6.000 millones solo en 2016, a pesar del crecimiento y creación de empleo, son factores que disparan las primas de riesgo y multiplican la desconfianza de los inversores cuando se busque emitir bonos en el mercado secundario.

Los tipos bajos no son un cheque en blanco. Son una oportunidad para hacer los deberes y prepararse para cuando suban. La carga de intereses sólo aporta 2,8 puntos porcentuales del PIB a la deuda de 2016, es decir, tres décimas del PIB menos que en 2015. Ese enorme ahorro en términos de costes financieros se explica por la reducción de la deuda con respecto al PIB, ligerísima, de 99,8% a 99,4%, pero sobre todo por la política correcta del Tesoro de extender la madurez de los vencimientos de la deuda aprovechando los tipos de interés bajos.

Pero nos explica también que es erróneo lo que nos dicen tantos redistribuidores de la nada, que “hay que relajar la reducción del déficit”. A pesar de la caída de los costes medios de la deuda, gastamos lo mismo.

En 2011 el coste medio de la deuda era cercano al 4%, hoy es del 2,6%... sin embargo, el gasto por intereses no se reduce, y se sitúa en 32.000 millones de euros a pesar de que el Banco Central Europeo ya acumula casi el 25% del PIB de la eurozona en su balance. Recordemos que “relajar el déficit” es aumentar la deuda, aunque se desacelere el ritmo. Y que no podemos pensar que lo que se ha sido incapaz de conseguir con la mayor bajada del coste medio de dicha deuda en años, se va a conseguir elevando el riesgo y aumentando el déficit con el cuento de que “en 2019” lo bajas. Porque se habrá aumentado mucho más el stock de deuda.

Para que se hagan ustedes una idea, si no se hubieran llevado a cabo las reformas y ajustes de 2011, hoy -asumiendo lo que ha ocurrido en otros países de la Eurozona- los costes anuales de la deuda serían más de 10.000 millones de euros superiores, por mayor deuda y mayor coste.

La deuda importa, y el riesgo acumulado en los tiempos de bonanza siempre -SIEMPRE- implica más recortes y más impuestos cuando cambia el ciclo.

Es por ello que es tan importante reducir el déficit y cercenar la deuda. Porque incluso si baja el coste medio, nos cuesta más en intereses acumulados, y porque los que defienden la irresponsabilidad presupuestaria ponen en peligro lo que fingen defender -el sector público- poniendo los cimientos de otro shock de deuda.

Japón, a pesar de pagar tipos casi cero por su deuda, gasta ya más del 22% de su presupuesto en intereses de la deuda. La deuda gratis no existe.

Controlando el Poder Judicial
Enrique Clemente La voz 29 Mayo 2017

Primero el Gobierno da la patada a una poco colaboradora fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, para colocar en el cargo a un jurista mucho más dispuesto, José Manuel Maza. Este, a su vez, nombra al frente de la Fiscalía Anticorrupción al hombre deseado por los corruptos, Manuel Moix, y purga a fiscales díscolos. Ya está hecho el trabajo de control del Ministerio Fiscal.

Luego se pone puente de plata al enemigo ambicioso que huye, el juez Eloy Velasco; y se mueven los hilos para nombrar presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la «querida Concha» (así la llamaba Cospedal), Concepción Espejel, que fue apartada de los juicios de Gürtel y Bárcenas porque su cercanía al PP comprometía su imparcialidad. Ahora presidirá la sala que la recusó y que decidirá sobre esos y otros casos de corrupción muy sensibles.

Por último, se asciende a Enrique López; no un López cualquiera sino el López que también fue apartado por ser afín al PP y que daba cursos en Faes, al que se sitúa en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y ya tenemos el cuadro completo de la recomposición fiscal y judicial que ha diseñado el Gobierno para hacer frente al tsunami de corrupción que afecta a su partido.

Su respuesta ha sido copar los puestos clave del Poder Judicial. Y como ministro de Justicia, Rafael Catalá, el «Rafa» al que apelaban los corruptos en sus obscenas conversaciones. Para el futuro próximo, dos reformas muy peligrosas en cartera: cargarse la acusación popular y entregar la instrucción penal a un Ministerio Fiscal controlado por el Ejecutivo.

Estos nombramientos y estas medidas deben ser a lo que se refiere Rajoy cuando sostiene que este Gobierno está luchando a tope contra la corrupción.

Trump: no al comercio desleal y a pagar el 70% de la OTAN
Roberto Centeno elconfidencial 29 Mayo 2017

Al contrario que sus predecesores, cuyos primeros viajes al exterior fueron de cortesía a Canadá y México, Trump ha hecho lo contrario, un viaje a lo grande y buscando de un lado resultados económicos espectaculares para su país y de otro advirtiendo a sus aliados de que se acabó la broma, tanto en la financiación de la OTAN, donde los estadounidenses pagan 190.000 millones de dólares anuales más de lo que les toca, como en los tratados comerciales, escandalosamente desequilibrados a favor una parte, particularmente Alemania, cuyo superávit comercial alcanza los 278.000 millones de euros gracias a la manipulación del tipo de cambio del euro, infravalorado un 20% respecto a lo que hubiera ocurrido de mantener su propia moneda.

En Arabia Saudí, donde no solo se reunió también con todos los emires del Golfo Pérsico, ha conseguido el mayor contrato de venta de armas de la historia de EEUU, 100.000 millones de dólares, y acuerdos comerciales por valor de 240.000 millones de dólares. Luego, por deferencia a los católicos, visitaría al papa Francisco, que habiendo recibido encantado y sonriente a los dictadores más sanguinarios de Latinoamérica, desde Maduro a la Kichtner, pasando por Raúl Castro, recibiría a Trump como a un apestado y le echaría en cara el que quiera exterminar al EI, los que asesinan y crucifican católicos a miles, y que lo importante es la paz. Parece que para el Papa argentino lo relevante es que haya muchos mártires.

La financiación de la OTAN
Trump sería recibido en Bruselas en el complejo faraónico que se ha construido la OTAN —1.120 millones de euros—, igual que las dos gigantescas torres inclinadas de 65 pisos del BCE en Fráncfort —1.300 millones, de los que a España le han tocado 116—, a cuyo lado la Reserva Federal en Washington es casi de pobres. Y es que los burócratas europeos gustan de vivir como rajás. “¡Hay que ver cómo se han lo han montado estos tíos con nuestro dinero!”, parece que le comentó a Tillerson. Y tiene razón, pagan el 70% del presupuesto de la OTAN, que asciende a 650.000 millones de dólares, la mayor parte dedicada a 'protegernos de Rusia', cuyo presupuesto de defensa es de ¡67.000 millones!, cuando las amenazas hoy en África y Oriente Medio son mucho mayores e inminentes.

Pero lo grave, con ser disparatada la cifra de gasto, es la financiación. EEUU aporta 450.000 millones, cuando si cada miembro aportara lo que está estipulado, el 2% del PIB frente al 1,28% de media, con España a la cola con un irrisorio 0,4% del PIB —y es que Zapatero y Rajoy han dejado a España indefensa, aunque mucho peor sería Sánchez, el enterrador del PSOE y de España si le dejan, que aplicaría la doctrina Zapatero de rendición preventiva—, EEUU solo tendría que aportar el 40% o 260.000 millones. Es decir, Trump está exigiendo que el resto de países, con Alemania a la cabeza, cuyo gasto es menos de la media aporte 190.000 millones de dólares. Además, exige que la lucha contra el EI pase a ser la prioridad de la OTAN.

Como el atentado de Mánchester estaba fresco, no han podido decir que no, pero el secretario general Stoltenberg ha aclarado que en ningún caso se implicarán en combates terrestres directos, algo realmente inaudito porque el empleo de fuerzas terrestres es la única forma de acabar con el EI, ¿o es que este enchufado portavoz de Merkel piensa que con misiles lanzados desde 20 km se alcanza algo más que camellos y cabras? El secretario de Defensa de EEUU, James N. Mattis, exgeneral de 'marines' fogueado en combates en todo Oriente Medio, ha debido quedarse estupefacto. Y luego el polaco Tusk, al que nadie ha elegido, al que odian como vendido a Alemania en su propio país (“los valores y principios son lo esencial, los intereses —o sea, quién paga la cuenta— deben dejarse a un lado”), y es que hablar de dinero es de obreros y de patanes como Trump.

El otro tema en que Trump ha estado durísimo ha sido en los déficits comerciales desleales, 'Germany is bad, very bad on trade', diría textualmente y eso que EEUU no es el principal perjudicado, lo es mucho más España, pero con un cobarde patológico de jefe de Gobierno aquí nadie dice ni pío. El euro se puso en circulación el 1 de enero de 2002, y en ese momento el superávit comercial de Alemania era el 2,8% del PIB, a día de hoy es del 8,7%, equivalente a la fabulosa cifra de 278.000 millones de euros, superando al de China en 230.000 millones. La razón, un tipo de cambio enormemente favorable para la economía y la industria alemanas y desastroso para las economías del sur, particularmente para España. La industria española representaba en 1975 el 36% del PIB, hoy es el 15%, la culpa ha sido de nuestro modelo de Estado y de nuestros incapaces y corruptos gobernantes, pero Alemania es parte del problema.

El déficit comercial de EEUU con Alemania es de 70.000 millones de euros, y Trump lo considera inaceptable: “En EEUU hay Mercedes, BMW y Porsches por todas partes, en Alemania no se ve un coche norteamericano, si no se soluciona, voy a ponerles una tasa del 35%”. Merkel, sus magníficamente pagados con nuestro dinero sicarios de Bruselas y los medios a su servicio han puesto el grito en el cielo. ¡Qué horror, salir con tamaña ordinariez! Con España, el superávit comercial de Alemania en 2015 fue de 8.937 millones de euros, como la economía norteamericana es 15 veces la española, ello significa que nuestro déficit comercial es un 73,5% mayor, pero como tenemos un cobarde patológico de presidente, además de un felón, incurso en incumplimientos flagrantes de varios artículos del Código Penal, no es que nadie diga nada, es que dan la razón a Alemania.

G-7, acuerdo en que hay desacuerdo
La cumbre del G-7 en Sicilia, finalizada el sábado, se saldó con una frágil tregua en los temas más importantes, cambio climático y comercio internacional. En el primero, EEUU “está revisando sus políticas, y no está en condiciones de sumarse al consenso”, en el segundo se produjo una declaración conjunta que establece que el comercio debe ser “libre, justo y mutuamente beneficioso”. Este acuerdo fue obra del italiano Gentiloni en lo que llamó “punto de equilibrio”, “mantener los mercados abiertos y luchar contra el proteccionismo”, pero reconociendo que “el comercio libre no siempre ha funcionado para beneficiar a todos”. Una verdad económica de Perogrullo que los talibanes del liberalismo ocultan perversamente, y ha tenido que ser un “patán maleducado” quien lo haya introducido en el G-7.

En cuanto a Rusia, de nuevo las visiones son encontradas, el tema de Ucrania solo puede resumirse como caótico. Desde el golpe de Estado de los oligarcas de ultraderecha para hacerse con el poder apoyado en bandas de asesinos y pistoleros pronazis, que disparaban indiscriminadamente a manifestantes y policías, se ha llevado la nación al desastre. La política criminal del blandito Obama, la malvada Hillary y el genio tenebroso Soros, que ha sembrado la destrucción, la división y la muerte en Libia, Siria, Afganistán, Irak, Yemen, etc., se extendió a Ucrania poniendo en peligro cierto la seguridad de Rusia, todo ello unido a la no menos desastrosa gestión de Merkel ignorando la realidad histórica, geográfica y cultural de Ucrania, que pertenece al ámbito ruso y no al occidental. La ocupación de Crimea, que siempre ha sido rusa, donde el 80% de sus habitantes eran rusos, ha llevado a una serie de sanciones que carecen de justificación alguna.

¿Acaso creían que Putin iba a permitir que las bases rusas de Sebastopol pasaran a la OTAN, cuando Crimea ha sido rusa siempre y es ruso el 80% de la población?, solo unos dementes podrían pensar tal cosa. Hoy, la situación de Ucrania es de absoluto desgobierno, el imperio del caos y de la corrupción. Han perdido la guerra con las regiones prorrusas de Lugantz y Donetsk, las más industrializadas del país, solo les queda el apoyo incondicional de Merkel, que está expoliando económicamente lo que queda de este desgraciado país, tanto que hasta se llevan en camiones a Alemania las fértiles tierras negras del sur de Kiev. A España las sanciones nos están costando 5.000 millones de euros anuales, que si Trump no las ha levantado es por el lío que le han montado en su casa con sus relaciones con Rusia. Trump ha mostrado su determinación a iniciar una nueva era de relaciones internacionales, conciliador en el Oriente Medio y duro en la UE, hay un antes y un después, en el G-20 de julio, donde estarán Rusia y China, veremos qué ocurre.

Acercándonos al 155
Melchor Miralles Republica 29 Mayo 2017

El golpe de Estado pasito a pasito arrancó allá por el año 1980, y el PP y el PSOE, el PSOE y el PP, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, la derecha, los medios de comunicación y la burguesía catalanas, lo dieron por bueno, lo avalaron, lo financiaron, lo encubrieron y lo apoyaron, abandonando a su suerte centenares de miles de catalanes. Estuvieron calladitos e, incluso, algunos apoyaron las tropelías: discriminación generalizada de los discrepantes, discriminación lingüística, prohibición de estudiar en una de las lenguas oficiales, persecución a quien empleara una lengua oficial, financiación ilegal y discriminatoria del proceso desde los medios públicos y buena parte de los privados, incumplimiento reiterado de la legislación vigente, control de jueces y funcionarios, amparo y encubrimiento de los políticos corruptos, listas negras de desafectos… Y ahora, al leer en El país la Constitución que se han preparado, un monumento al absolutismo que se carga cualquier atisbo de democracia, se han acojonado, porque han visto que el asunto, como algunos venimos diciendo y escribiendo hace años, va muy en serio.

Pues sí, va tan en serio que el proceso de desconexión, o sea, la intención de subvertir el orden constitucional, no va a parar porque lo detengan voluntariamente aquellos que lo han organizado durante tantos años. Y ello supone que el enfrentamiento va a ser en serio, todo el mundo va a tener que retratarse, y en esas situaciones no se sabe por dónde va a salir el sol, o sea, que va a haber tensión, de la buena, y la sociedad catalana corre el riesgo de la coexistencia y el entendimiento se vean seriamente alteradas.

Tras conocerse el texto de la Constitución coreano-bolivariana que se han fabricado, Rajoy se ha puesto serio. Pero Puigdemont y sus huestes lo tienen muy claro, y estamos a días o semanas de que anuncien la fecha del referéndum y la pregunta, que ya sabemos cuál es. Como sabemos que si lo anulan pretenden declarar la independencia “esta vez porque sí”, como los referéndums de Franco.

Y este referéndum no es comparable ni equiparable a la pachanga de noviembre de 2014. Aquél no fue convocado por la Generalitat, cobarde, que ordenó que dieran la cara las organizaciones que se denominan cívicas en su incivismo. Y Rajoy, de acuerdo con Artur Mas, y desoyendo al fiscal general del Estado, les dejó hacer. Ahora no, ahora la cosa va en serio. El referéndum va a ser convocado por el Gobierno catalán, con carácter vinculante, y los convocantes tienen todo previsto para poner en marcha la independencia de Cataluña. Por mucho que Soraya Sáenz de Santamaría haya negociado horas y horas en secreto con Oriol Junqueras, ERC no va a jugar el papel de aguafiestas, porque se hundiría en las siguientes elecciones, y se va a quedar de comparsa, dejando el protagonismo a otros. Pero la moneda está echada.

En este escenario, a Rajoy se le acerca la fecha de tener que aplicar la Constitución. Se llenan mucho la boca apelando a ella, al resto de los mortales nos la aplican, junto al resto de las leyes vigentes, sin miramiento alguno. A los independentistas catalanes, no, les han tenido miedo y nos les convenía disgustarles. Reitero lo escrito decenas de veces. ¡Por qué tanto miedo a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que en contra de lo que dicen tantos que no lo han leído, no suspende la autonomía, sino que se limita a esto, literalmente:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

¿Dónde se habla de suspensión? Se trata simplemente de que, si no se cumple la ley, se adopten las medidas para que se cumpla. Así de sencillo. Y habrá que aplicarlo, porque ellos no van a parar. Pero claro, Rajoy necesita apoyos políticos, y lo tiene crudo. Cuenta seguro con Ciudadanos, pero tiene dudas ciertas y lógicas con el PSOE de Pedro Sánchez.

Este es el panorama real. Que dibuja un escenario en el que incluso puede haber enfrentamientos en las calles. Los servicios de información, la Policía y la Guardia Civil tienen perfectamente estudiado el asunto. Pero todo depende de Rajoy. Y ya se sabe que con Rajoy nunca se sabe nada. Nos acercamos a la aplicación del 155, o no.

Las mentiras de Pujol, son las mentiras del nacionalismo
Antonio Robles, Periodista Digital 29 Mayo 2017

El ex honorable, Jordi Pujol acaba de superarse a sí mismo con una llamada al catalanismo para evitar "la disolución de Cataluña". Parece ser que debe revertirse el decaído "estado de ánimo" del Volksgeist catalán, porque está poniendo en riesgo lo que somos, con "una movilización de todos nuestros activos morales y económicos, culturales y técnicos, sociales y políticos para superar esta situación".

El cinismo de este nombre no tiene límites. Con "la madre superiora" de picos pardos en Andorra, su primogénito en la cárcel, y el resto de familia a punto de acompañarle por culpa de más de 3.000 millones de euros presuntamente estafados, se permite el lujo de hacer una llamada a arrebato a los "activos morales" de Cataluña. De canalladas como ésta debió surgir la sentencia aquella de: "la patria es el último refugio de los canallas".

Éste es Pujol y esta es la ciudadanía catalanista que le permite erigirse una vez más en paladín del crisol moral de su obra nacional. Inaceptable. No sólo Pujol, también la miseria moral de una sociedad nacionalista que se revuelca gozosa en la pocilga de su construcción nacional.

Hace 3 años, cuando en 2014 confesó habernos engañado durante toda su vida, quise remarcar la impostura para señalar que su corrupción no se limitaba al saqueo de los bienes públicos, sino a toda su obra política.

De hecho, esa es la auténtica cloaca. Traigo de nuevo parte de aquellas deflexiones aquí, para advertir que su legado tóxico está llegando a sus últimas consecuencias con el "Golpe de Estado" por capítulos que está emitiendo su última víctima, Carles Puigdemont.

Todo según medida, lentamente, paso a paso, hasta la impunidad. Que nadie espere un golpe de estado precedido de trompetas y declaraciones solemnes al anochecer a partir del cual se abra una zanja entre Cataluña y España. No, el golpe se viene elaborando desde hace décadas y continuará durante las que hagan falta hasta haber logrado desconectar por completo la legalidad golpista de la democrática.

Lo dice muy gráfico Santiago Trancón, miembro del CN de Centro Izquierda nacional en "El estado del golpe de Estado". Una reflexión y una descripción imprescindible para todos los negacionistas de esta evidencia en el resto de España.

EL INTENTO DE SEPARAR LA CORRUPCIÓN ECONÓMICA DE SU OBRA POLÍTICA
Separar la persona del proyecto, romper la identificación de Pujol con Cataluña, salvar el proceso. Un ejercicio cínico después de que el propio Pujol y sus correligionarios construyeran la Cataluña actual a fuerza de repetir Pujol/Cataluña cada vez que a uno de los suyos lo pillaban con suciedad en las uñas.

Acogerse a sagrado para poder salvar el entramado de corrupción sobre la que se habían construido tantas mentiras, las económicas y las históricas. Porque su obra transciende y se extiende a toda la Cataluña nacionalista surgida de su acción doctrinaria y de gobierno.

Las mentiras de Pujol, son las mentiras del nacionalismo, porque el nacional-catalanismo que logró inyectar en el corazón de millones de catalanes está hecho a imagen y semejanza suya. Entiendo que ahora quieran sus herederos y todos los que viven del negocio de construcción nacional apartarse del apestado, pero es tan inútil como si los peces quisieran negar la humedad en la que viven. La ignoran, pero es su medio. La mayor desgracia para una sociedad que ni siquiera puede huir de ella misma porque no tiene otra.

EL MAYOR DAÑO HA SIDO HABER ENVENENADO EL ALMA DE CIENTOS DE MILES DE CATALANES EN NOMBRE DE LA NACIÓN
Superada esa primera fase de negación, pasan ahora a reivindicar su obra para separar a la persona del proyecto: Pujol se ha podido equivocar en lo pequeño -aseguran- pero ha acertado en lo grande: ha construido la Cataluña actual, su obra es su legado, su obra es grandiosa y la historia se lo reconocerá. En esta última mentira están empeñados ahora los herederos del negocio nacional construido por Pujol.

Son meros extras, monaguillos diseminados en medios de comunicación, centros de enseñanza, sindicatos, partidos, asociaciones culturales, defensores de la lengua propia, que dependen del tinglado tejido con mentiras, comisiones y chantajes por el gran timonel a lo largo de estos treinta y cuatro años de "dictadura blanca".

Esta vez no les saldrá bien. Muerto Pujol, quieren salvar su obra, pero es su obra precisamente el mal. El mayor daño, con ser inmenso, no ha sido el 3% en comisiones de obra pública, ni los contratos bajo mano, ni la evasión de impuestos en paraísos fiscales.

Desgraciadamente, en el resto de España nos tienen demasiado acostumbrados al hedor de esas cloacas. Nada que nos espante ya, aunque cada día que pasa sin que los culpables devuelvan lo robado nos produzca más asco. En estos enjuagues no hay diferencia entre nacionalistas y el resto de políticos corruptos de la otra orilla del Ebro.

¡Miento! Incluso aquí hay una diferencia fundamental: A ningún español se le ocurriría defender a Bárcenas si al personaje le hubiera dado por envolverse en la bandera tricolor, o en su partido les hubiera dado por denunciar que el acoso de la prensa al ex tesorero del PP era un ataque contra España. En España Bárcenas es un chorizo, un impresentable, y como tal se le trata.

En Cataluña, por el contrario, siempre ha pasado, especialmente con Pujol, y sigue teniendo adeptos. De hecho, ahora mismo, una vez se han repuesto del sofocón inicial de la confesión del padre de la patria, se han apresurado a difundir en los medios afines que todo es una conspiración del Estado para acabar con el proceso (que ellos confunden con Cataluña). Lo decían cuando lo escribí en 2014 y lo siguen diciendo ahora.

Con ser inmenso, repito, no es la corrupción económica el mayor mal, el mayor daño ha sido haber envenenado el alma de cientos de miles de catalanes en nombre de la nación, el haber utilizado la escuela para infectar de odio a los niños contra España y adoctrinarles en la ideología más reaccionaria de la historia a costa de su formación racional.

El mayor daño es haber logrado expulsar de la ciudadanía catalana a todo aquel que no comulgase con su Cataluña nacionalista, y convertirlos en enemigos de la nación sometida. Una canallada propia del racismo cultural más evidente, por más que lo envuelvan en palabras hermosas. El peor daño es el haber comprado la sumisión e implicado en el trueque de cargos, prebendas y fidelidades con partidas públicas y coimas privadas hasta convertir en cómplices del fraude a media Cataluña. A la otra media se la maldijo, se la excluyó hasta acabar con su autoestima y se la expulsó de cualquier posición social relevante.

QUERIENDO PARTIR ESPAÑA HA ACABADO POR DIVIDIR A CATALUÑA. Y ESTO YA NO TIENE REMEDIO SIN CONFLICTO
TV3 y los demás medios de comunicación públicos y afines dispusieron relatos para crear buena conciencia y justificar sus mentiras. El daño mayor es haber convertido a Cataluña en una comunidad autónoma de "zombis" sin capacidad de reaccionar, ni indignarse, como si todo fuera una fatalidad, o peor, un ataque a su identidad catalana. (Cien personas acudieron a manifestarse delante de la sede de CiU contra Pujol cuando confesó el fraude. Sin comentarios ni comparaciones con otras manifestaciones).

El mal que ha hecho este hombre es descomunal queriendo partir España ha acabado por dividir a Cataluña. Y esto ya no tiene remedio sin conflicto. Él será el culpable, y sus cómplices son cientos de miles de catalanes que aún son inconscientes de que a quienes más mal ha hecho, es a ellos mismos por ser los más creyentes. Quebrada su hegemonía moral, habrán de convivir con sus demonios y con el resto de ciudadanos. A los demás no nos irá mejor.

El problema es que no se darán cuenta hasta que su ceguera nos ciegue a todos.

P.D: El pujolismo ha proyectado constantemente sobre España todos sus demonios. Da escalofríos la exactitud con que describió inconscientemente su propia acción de gobierno cuando acusó al régimen de Franco en 1960 de dominar a la sociedad a base de corromperla:

"El general Franco, el hombre que pronto vendrá a Barcelona, ha elegido como instrumento de gobierno la corrupción. Ha favorecido la corrupción. Sabe que un país podrido es fácil de dominar, que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre servil. Por ello, el Régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. Como se hace en ciertas profesiones indignas, el Régimen procura que todo el mundo esté sucio, todos comprometidos. El hombre que pronto vendrá a Barcelona, además de un opresor, es un corruptor".

No creo que nunca en Cataluña nadie pueda describir mejor su obra como lo ha hecho él mismo con estos párrafos dirigidos contra Franco. Pero, sin embargo, ahí sigue, dándonos lecciones morales. Como hizo en 1984 desde el balcón de la Generalidad, proyectando sobre los demás la corrupción moral propia a propósito de Banca Catalana:

"El Gobierno central ha hecho una jugada indigna. A partir de ahora, cuando alguien hable de ética, de moral o de juego sucio, ¡hablaremos nosotros, no ellos!

*Antonio Robles, portavoz de Centro izquierda Nacional.

El 'chollo' del Cupo: cuánto sale ganando el Gobierno Vasco en la negociación política
El cálculo de los expertos apunta a una constante infravaloración en la aportación debida de las instituciones forales a la caja común.
D. Soriano Libertad Digital 29 Mayo 2017

La teoría parece más o menos clara. El Concierto Económico es el instrumento para regular las relaciones económicas entre el País Vasco y el resto de España. En virtud de esta norma, las instituciones vascas recaudan la práctica totalidad de los impuestos devengados en su territorio (incluso de aquellos que, como el IVA, tienen una regulación estatal) y luego pagan una pequeña parte de lo recaudado para sufragar los gastos comunes y para el Fondo de Compensación Interterritorial.

De esta manera, parece que incluso aunque la herramienta es peculiar (ningún otro país del mundo tiene una región con estas facultades) el resultado debería ser el mismo que para las autonomías del régimen común: cada una recauda impuestos para financiar las competencias transferidas, recibe del Estado lo necesario para complementar aquellos ingresos y aporta una parte al fondo común para igualar a comunidades ricas y pobres.

En el caso vasco y navarro las cuentas parece que no cuadran. Año tras año, estas dos regiones, las más ricas de España tras Madrid, tienen mucho más dinero para gastar en servicios públicos que el resto. Y en la suma-resta de impuestos pagados y gasto recibido de las administraciones, sus habitantes salen con el resultado en positivo, incluso aunque su renta per cápita está muy por encima de la media española. Hace unas semanas, en Libre Mercado publicábamos cuatro gráficos muy difíciles de defender para el Gobierno central, el de ahora y los que ya han pasado por ahí.

Casi siempre, el Concierto es el blanco de las críticas. Los contrarios al modelo creen que se trata de un privilegio de muy difícil justificación, resultado de cesiones pasadas que se remontan al siglo XIX y sin ninguna razón de peso para su mantenimiento. Sin embargo, el foco quizás debería moverse hacia el cupo, la cantidad que cada año paga el Gobierno vasco a la Hacienda central. Porque es ahí donde se genera el desequilibrio. Desde hace años, son numerosos los expertos que alertan de que es en la negociación política entre los dos Ejecutivos donde se produce la quiebra del sistema. No es el concierto, es el cupo, alegan estos expertos, lo que es un auténtico chollo para el Gobierno vasco.

Preguntas sin respuesta
En un tema que genera tanta polémica, resulta sorprendente (¿o no?) la poca información disponible, la complejidad que parece rodear todo el proceso y la falta de debate entre los expertos (aunque el Gobierno Vasco sí incluye en su web el documento con el acta de la Comisión Mixta del Concierto Económico reunida el pasado 17 de mayo y que fijó las reglas para los próximos cinco años). Tampoco nadie termina de aclarar qué pasó en 2012 para que se prorrogara el acuerdo que se había firmado en 2007. Éste es uno de esos misterios cuya resolución apunta en la dirección del compadreo político por encima del criterio técnico que se desprende de las declaraciones de ministros y consejeros. En teoría, el Cupo se debe renegociar entre el Gobierno central y el del País Vasco cada cinco años. Pero en 2012 no hubo acuerdo y por eso en las conversaciones de las últimas semanas el escenario base era el de hace 10 años. ¿Y por qué esa falta de acuerdo en un tema tan fundamental? Pues no hay una explicación oficial, pero en los pasillos del Ministerio se recuerda que aquel año pasaban dos cosas que no ocurren en éste: una crisis económica brutal y un Gobierno en La Moncloa con mayoría absoluta y pocas ganas de negociar, atado de pies y manos como estaba con Bruselas. Casualidad o no, lo cierto es que ha sido cuando el PNV volvía a ser imprescindible para apoyar los PGE cuando se ha llegado a un acuerdo con el Cupo. Otra vez…

Dicho esto, sí hay algunas voces, pocas por la complejidad del tema y lo poco reconocida que es esta labora, que han intentado calcular cuánto debería ser el Cupo si se aplicasen de verdad estos criterios técnicos que Hacienda asegura que prevalecen en el acuerdo. Por ejemplo, Mikel Buesa en este artículo en La Ilustración Liberal planteaba hasta seis escenarios diferentes. Porque el tema es tan complejo que ni siquiera los expertos tienen un criterio único sobre cómo calcular los "ajustes" que dan la cifra final del Cupo. Y es que es por ahí por donde se cuela la polémica. En teoría, el cálculo está claro: se dividen las competencias entre las que tienen asumidas las instituciones vascas y las que presta el Gobierno. Se calcula cuánto supone cada una y luego se multiplica la parte común por 6,24%, equivalente al peso del País Vasco en la economía nacional en los años ochenta, cuando se negociaron estos temas por primera vez (por cierto, una curiosidad: varios de los expertos consultados por Libre Mercado apuntan a que este dato perjudica ligeramente al País Vasco, que ha sufrido un ligero retroceso en términos comparativos con el resto de la economía española… pero como explica Mikel Buesa: "No se quiso cambiar esa cifra, seguramente porque desde el PNV no se quiso reconocer que la participación del País Vasco en la economía española seguía una trayectoria descendente". De todas maneras, el ajuste por aquí sería mínimo en comparación con los que podrían hacerse en los demás aspectos).

Pues bien, como apuntamos, la teoría dice que el País Vasco debe pagar el 6,24% de los servicios comunes. Pero no iba a ser tan fácil. Aquí entran los famosos "ajustes". Y a partir de ahí es cuando surgen las divergencias entre lo que en teoría había que pagar y lo que en realidad se paga. A Mikel Buesa, en 2008, le salían de 1.976 a 3.177 millones de euros de descuadre. En su opinión, la cifra "más razonable" era la de 2.060 "que equivale al 3,4% del PIB regional. En términos per cápita, las Administraciones vascas disponen de 964 euros por cada habitante".

No era el único. En este otro artículo de 2009, Ángel de la Fuente, director de Fedea, se preguntaba si "¿está bien calculado el cupo?". Y tampoco le salían las cuentas. Es cierto que se puede decir que hace ya ocho años de esto. Pero si cogemos estas cifras es porque hacen referencia a la última negociación previa a la de este año (en 2007) y porque además se supone que son incluso mejores que las que saldrán cuando se revisen los pactos alcanzados por Hacienda y el Gobierno Vasco hace unas semanas. Es decir, si acaso, el agujero real es superior.

De la Fuente llega a la siguiente conclusión: "El origen del desajuste está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados". ¿Y cuál es el resultado? Pues según sus cuentas, "el efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,23% y un 6,88% del PIB del País Vasco". No sólo eso. En su opinión, el problema no es de origen, no deriva de la ley, sino que es consecuencia de la negociación política. Así lo explica: "Otra conclusión importante que se puede extraer del ejercicio es que la privilegiada situación financiera de la que disfrutan las provincias vascas no es una consecuencia inevitable de las peculiaridades institucionales de estos territorios".

Por último, se puede hacer una tercera cuenta para saber cómo de beneficioso es el cupo para el Gobierno Vasco. En el artículo que publicaba Libre Mercado hace unas semanas mostrábamos cuánto dinero tenía para gastar en servicios públicos cada uno de los gobiernos autonómicos. Usábamos las cifras oficiales de Hacienda, las que se incluyen en el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas. Así, se podría hacer una cuenta sencilla: cuánto dinero tiene el Gobierno Vasco por habitante, cuál es la media de las regiones de régimen común y cuál es el extra que se obtiene por el cálculo del Cupo. Nuestro compañero Berñat García, en Expansión, hacía el cálculo en 2015 y le salía que hablamos de entre 4.000 y 5.000 millones de euros al año. Es una cifra superior a las que hemos visto, en parte porque el cupo no tiene apenas ningún elemento de solidaridad interterritorial incorporado, por lo que la mera aplicación de las reglas del Concierto sería en sí misma más favorable que la aplicación del régimen común, sin necesidad de trampear el Cupo.

Otra forma de verlo es pensar en cuánto le costaría a un País Vasco independiente sufragar con su dinero lo que ahora le cubre el Cupo. Como decimos, no es sencillo porque tampoco hay una relación clara de competencias. Todo el mundo habla de defensa o asuntos exteriores (las dos están en manos del Estado). A partir de ahí, se produce una cierta confusión, con cuestiones en las que la legislación básica y parte del desarrollo corresponde al Estado, denuncias del Ejecutivo regional por un catálogo de más de 30 transferencias pendientes… En cualquier caso, las cifras parecen bastante buenas para el Gobierno vasco. Según el desglose de ingresos incluido en los Presupuestos Generales del Estado, en los últimos tres años, el Cupo ha ascendido a 1.525 millones, algo más del 2,2% del PIB vasco (y bajando, porque la cantidad en términos absolutos se mantiene estable y el PIB sigue creciendo). En el siguiente cuadro vienen las cifras de gasto en determinados servicios públicos de los países de nuestro entorno. Como vemos, sólo con la parte de Defensa y AAEE el acuerdo ya sale rentable. O por decirlo de otra manera: a un País Vasco independiente, carecer de Cupo le costaría un dineral.

Llegados a este punto habrá quien se pregunte si existe una solución. Y no es fácil, porque si aceptamos los cálculos de los expertos, es complicado que ningún Gobierno vasco acepte esos entre 2.000 y 4.000 millones de déficit que le tocaría cubrir cada año. Probablemente sólo con un período transitorio que fuera poco a poco acercando las cifras a la realidad sería políticamente factible.

A partir de ahí, la experiencia en negociaciones de este tipo (por ejemplo, en la UE) nos dice que cuanto menos política haya más posibilidades hay de que el resultado se parezca al que debería ser. Quizás un comité de expertos nombrado a partes iguales por el Gobierno central y el vasco, con un mandato independiente y desligado de los políticos que les nombraron y con la obligación de hacer públicos los informes con las cifras, los criterios seguidos y los detalles de la negociación. Ahora mismo, lo que hay es secretismo, falta de transparencia y mucha negociación política bajo la mesa. Incluso para el País Vasco tiene consecuencias negativas, porque se toma la parte (Cupo) por el todo (Concierto). También es verdad que dirán en el PNV que, mientras sus diputados sean imprescindibles para alcanzar los 175 necesarios en el Congreso y mientras no haya una alternativa real a su estancia en Ajuria Enea, pueden seguir como hasta ahora. Lo cierto es que, por el momento, la jugada les ha salido muy rentable.

Un precio muy alto para unos Presupuestos necesarios
EDITORIAL El Mundo 29 Mayo 2017

EL Gobierno llega al debate final sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que arranca esta tarde en el Congreso y que concluirá con la votación del miércoles, con los suficientes apoyos para sacarlos adelante. El PP sumará 176 escaños -alcanzando así el umbral de la mayoría absoluta- gracias a los votos de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que ayer ratificó su sí definitivo a las cuentas públicas.

En primer lugar, que España disponga de presupuestos resulta fundamental no sólo para hacer viable la legislatura, sino para preservar la estabilidad política y afianzar el crecimiento económico. El problema es haberlo logrado tras una penosa imagen de mercadeo en el que las minorías nacionalistas han impuesto sus exigencias en detrimento de los intereses nacionales.

Es evidente que, en la negociación que acaba de finalizar, el PP se ha visto condicionado por el hecho de no disponer de mayoría absoluta en la Cámara Baja. Sin embargo, ha sido la irresponsabilidad de los partidos mayoritarios de la oposición -especialmente, el PSOE-, lo que no ha dejado al Gobierno otro margen que no sea el de tejer un bloque de centroderecha, eso sí, sujeto a las demandas de los nacionalistas. Resulta paradójico que, tras dos elecciones generales en las que el bipartidismo se ha visto claramente horadado, al final la gobernabilidad vuelva quedar al albur de los designios de algunos de los grupos minoritarios de la oposición. La política española se retrotrae así al marco parlamentario que sirvió para facilitar el gobierno durante los mandatos en minoría de Felipe González, Aznar y Zapatero.

En esta ocasión, tanto el nacionalismo vasco como las formaciones canarias han aprovechado de una forma obscena la debilidad del Gobierno. No sólo porque han convertido en una entelequia la condición de representantes de la soberanía nacional -una exigencia inherente a todos los diputados-, sino porque sus dirigentes tampoco han tenido empacho en disimularlo lo más mínimo.

Los canarios son los grandes beneficiados del precio pagado para sacar adelante los Presupuestos. En aras de lograr el disputado escaño de Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, el Gobierno ha comprometido 204 millones de euros de inversiones en seis meses en el archipiélago y ha accedido a bonificar el 100% del transporte de mercancías entre las islas y la península. A ello se suma una mejora en el régimen fiscal canario, entre otras medidas que afectan a sectores estratégicos para las islas, como la energía o la pesca. Y a ello hay que añadir también el paquete inversor pactado previamente con Coalición Canaria, que se eleva a 1.300 millones de euros en tres años. Asimismo, el nacionalismo vasco también ha sabido sacar tajada de esta coyuntura. El PNV, que ya votó en contra de las emiendas a la totalidad de la oposición a los Presupuestos, ha conseguido situar el concierto -el sistema fiscal diferenciado del que goza el País Vasco- en el centro de la negociación de los Presupuestos, algo que en sí mismo no es de recibo. El Cupo, que es la cantidad con la que las Haciedas vascas contribuyen a la estatal por los servicios que reciben del Estado, debe dirimirse en los acuerdos entre los gobiernos central y vasco y en virtud de estrictos criterios técnicos, y no dejarlo a expensas del chalaneo parlamentario. Pero el caso es que el PNV no sólo ha obtenido una rebaja del Cupo de más de 500 millones anuales -agrandando aún más el privilegio de una fiscalidad única en la UE-, sino que ha arrancado la devolución de 1.400 millones de euros a cuenta de la cantidad total aportada por el Gobierno vasco estos últimos años, y sobre la que también discrepaban ambos ejecutivos.

Resulta lamentable el ventajismo con el que tanto el PNV como las fuerzas canarias se han comportado en este trámite. Pero el hecho de que el Gobierno consiga la luz verde a los Presupuestos no sólo da oxígeno a Rajoy hasta 2019 -en la medida que podría prorrogarlos el próximo año-, sino que permiten apuntalar la senda de la recuperación económica y de la consolidación fiscal.

Es cierto que el proyecto elaborado por el Ejecutivo aplaza las reformas estructurales pendientes. Sin embargo, son unas cuentas públicas que aprovechan el crecimiento sostenido de la economía y el hecho de que el pasado año España cumplió por primera vez con el déficit exigido por Bruselas para incrementar el gasto social y no abordar ningún espinoso recorte. Su aprobación es una buena noticia, aunque lastrada por la claudicación ante el nacionalismo vasco y canario en asuntos financieros de calado.

Metástasis de la financiación irregular
ELISA DE LA NUEZ El Mundo 29 Mayo 2017

Se acumula en las últimas semanas una abrumadora evidencia sobre la financiación irregular de varias campañas electorales del Partido Popular en Madrid. Más allá de lo que decidan los tribunales sobre la posible existencia de delitos asociados a estos hechos (recordemos que la propia financiación ilegal de los partidos sólo ha sido tipificada como delito en el artículo 304 bis de nuestro Código Penal desde la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo) y sobre sus posibles autores, nos interesa aquí analizar brevemente por qué la financiación irregular de una formación es tan grave y en qué medida ataca el corazón de nuestra democracia y corrompe profundamente nuestras instituciones.

La primera reflexión es obvia: un partido que se financia irregularmente obtiene una ventaja competitiva enorme sobre otros competidores que no lo hacen. De entrada, por tanto, la financiación irregular de uno o varios partidos afecta directamente a la limpieza de los procesos electorales, lo que es un problema de primera magnitud en una democracia representativa.

La segunda reflexión es que la financiación irregular de los partidos políticos corrompe las instituciones. En primer lugar, porque exige poner en marcha una serie de mecanismos fraudulentos para evitar que el dinero sea detectado por los organismos de fiscalización y control como el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo obviar estos controles cuando los partidos españoles se financian de forma abrumadora con cargo a los presupuestos públicos? Pues, por lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid -o en otras Comunidades Autónomas como Cataluña-, el mecanismo favorito es la recepción por parte de la fundación correspondiente del partido (por ejemplo, Fundescam en Madrid o Catdem en Cataluña) de importantes aportaciones de dinero de empresarios que contratan con las Administraciones Públicas. También se acude a la desviación de las importantes subvenciones públicas que reciben estas fundaciones con carácter finalista para pagar gastos electorales a proveedores que emiten facturas falsas o infladas correspondientes a otros conceptos.

En resumen, las fundaciones han sido una pieza clave en este sistema de financiación irregular por la sencilla razón de que estaban sometidas a controles mucho más laxos que los propios partidos políticos como los expertos de dentro y fuera de España han denunciado reiteradamente. Todavía a día de hoy, y tras el endurecimiento de esos controles que supuso la LO 3/2015 de 30 de marzo de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, las fundaciones vinculadas a los partidos pueden recibir donaciones que está prohibido que reciban directamente los partidos. El círculo se va estrechando, pero siempre se dejan resquicios.

Los empresarios que hacen este tipo de favores a un partido político no lo hacen por amor a la ideología, y mucho menos por amor al arte. Estas aportaciones se realizan a cambio de la obtención de importantes contratos de las Administraciones Públicas controladas por ese mismo partido, ya sea directamente a través de instituciones y organismos públicos o, indirectamente, a través de las empresas y entidades del extenso sector público autonómico, cuyo nivel de politización es inversamente proporcional al de los controles administrativos existentes. Incluso cuando sí existen estos controles previos lo que se hace es desmontarlos o sortearlos. Explicar cómo es posible eludir la extensísima regulación de la contratación pública en España -un procedimiento extraordinariamente burocrático y complejo, dado que la ley todavía vigente tiene nada menos que 334 artículos sin contar las disposiciones adicionales y las transitorias- permitiría escribir un tratado sobre cómo amañar un contrato público dejando, eso sí, un expediente administrativo formalmente presentable, al menos en la parte visible.

No obstante, sí podemos apuntar algunas ideas y, sobre todo, algunos ejemplos que están de actualidad y que permiten clarificar cómo funcionan las cosas. Más allá del socorrido recurso a los denominados contratos menores (que se dan a dedo porque la ley así lo permite, pero que no sirven todo el tiempo ni para todos los casos), lo esencial es controlar a los que van a proponer al órgano de contratación la adjudicación en los procedimientos donde hay concurrencia competitiva, es decir, donde hay varios licitadores que compiten entre sí presentando ofertas. En estos casos lo que la ley dice es que hay que seleccionar la mejor oferta, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

Simplificando un poco, podemos decir que la Mesa de contratación de un organismo público es el órgano colegiado que tiene la trascendental misión de valorar las ofertas de acuerdo con lo establecido en los correspondientes pliegos administrativos. El problema es que los miembros de esta Mesa de contratación -y ahí viene el detalle importante- son nombrados por el mismo órgano de contratación al que prestan asistencia y al que elevarán su propuesta para que éste realice la correspondiente adjudicación. Debemos aclarar que el órgano de contratación es un alto cargo político (por ejemplo, para la Administración General del Estado un ministro o un secretario del Estado;en el Ayuntamiento, el alcalde o el Pleno;en una empresa pública, su presidente o director general;etcétera).

Es verdad que existe alguna limitación en cuanto a quienes pueden formar parte de una mesa de contratación, dado que el Reglamento que desarrolla parcialmente la Ley de contratos del sector público establece que las mesas de contratación estarán compuestas por un presidente, un secretario (que tiene que ser funcionario) y al menos cuatro vocales, entre los que tiene que haber obligatoriamente un funcionario de los que tienen encomendado el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor;y, si no los hay, los que tengan atribuidas las funciones correspondientes. Además, la normativa prevé la posibilidad de nombrar un comité de expertos para que participen en la evaluación que estará compuesto «siempre que sea posible» por personal al servicio del organismo contratante precisando también -porque para eso son expertos- que deben tener "la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración".

Por tanto, en nuestro complejo sistema de contratación administrativa donde todo está "perfectamente reglado" (por usar la expresión de la presidenta de la Comunidad de Madrid), resulta que es el órgano de contratación (político) el que designa a los miembros de la Mesa que le van a proponer a quién se adjudica un contrato. Y puede perfectamente nombrar a otros políticos para presidir estas mesas o para formar parte de ellas. Es más, por lo que hemos visto en el caso del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid, hasta pueden formar parte de las comisiones de expertos que pueden constituirse para asesorar en la adjudicación de un contrato, aunque sinceramente no parece muy razonable utilizar esta figura para decidir quién pone los bocadillos y a qué precio. En cuanto a la cualificación profesional de las personas que, según la UCO, componían esta comisión de expertos -la propia Cifuentes, la jefa de Protocolo del Gabinete de Presidencia y un técnico asesor-, la única que se me ocurre es la que pueden tener como usuarios intensivos del servicio.

En definitiva, lo que ha ocurrido es que, en nuestro ejemplo, Cristina Cifuentes presidía la Mesa de contratación como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid cuando se adjudicó el servicio de cafetería al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, íntimo amigo de Esperanza Aguirre y generoso donante de Fundescam. No sólo eso. Según la información disponible, también hacía doblete como miembro de la comisión de expertos que asesoraba a esa misma Mesa de contratación. Es decir, la política y los políticos han invadido el procedimiento de contratación público, como ha hecho con tantos otros ámbitos.

Con estos mimbres resulta fácilmente comprensible que, no ya la UCO, sino cualquier ciudadano espabilado considere bastante sospechosa una adjudicación de estas características. Si para rematar la faena los que sí son técnicos ocupan cargos de confianza o, sencillamente, de libre designación y de libre cese y perciben una parte muy significativa de sus retribuciones con carácter variable (lo que quiere decir en la práctica que su sueldo depende de las decisiones de sus superiores), ya se pueden imaginar lo que puede ocurrir. Entre otras cosas porque es difícil que otros empresarios se animen a competir en estas condiciones con los que se portan bien con el partido.

En estas circunstancias casi lo menos es si las aportaciones de Arturo Fernández a Fundescam fueron a parar a las arcas del partido o/y al bolsillo de alguien. Lo realmente importante es que la financiación irregular de los partidos políticos es un cáncer que, con el tiempo, ha acabado provocando una auténtica metástasis institucional. No puede haber manzanas sanas cuando es el cesto el que está podrido.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

El pacifismo suicida
Ricardo Ruiz de la Serna gaceta.es 29 Mayo 2017

El lunes pasado 22 personas murieron y otras 59 resultaron heridas en un atentado yihadista. El sospechoso de cometerlo se llamaba Salman Abedi y tenía 22 años. El Estado Islámico asumió la autoría. A las pocas horas del crimen, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaban de llamamientos a la unidad de los demócratas, promesas de que los terroristas no lograrían sus objetivos y votos por la paz. En un desfile que ya nos resulta familiar, la mayoría de líderes políticos de Europa han lanzado mensajes a través de sus cuentas personales de Twitter, Facebook y otras plataformas. Se hicieron minutos de silencio en la mayoría de las instituciones españolas. Todo esto debería llenarnos de orgullo. Al pueblo español nadie puede darle lecciones de solidaridad y compromiso con las víctimas. No faltaron ni los montajes fotográficos conmovedores ni el ya habitual imaginario de velas votivas y de fondos musicales con la canción “Imagine”, que exalta una pretendida paz y una supuesta tolerancia.

Todo esto es emotivo y dice mucho de la sensibilidad de los europeos y, en lo que toca a nuestro país, de los españoles. Debe tranquilizarnos que los terroristas no han conseguido que dejemos de conmovernos y de lamentar la muerte y el dolor. Debe ser un motivo de alivio que no hayan logrado convertirnos en lo que ellos son: asesinos que profanan el nombre de Dios cada vez que lo pronuncian, desalmados que lapidan mujeres y arrojan a los gays desde las azoteas. Es un consuelo saber que, con todas las sombras de la historia de Occidente, más de veinte siglos de tradición bíblica nos siguen recordando el amor y la misericordia de un Dios de vida y no de muerte.

En nuestra tradición, la paz no es consecuencia de la rendición ni el miedo, sino de la justicia. No es un fin en sí misma, sino la consecuencia de un orden justo y racional. Los grandes héroes de Occidente, desde Aquiles hasta Roldán y El Cid pasando por el rey David y los Macabeos, han sido capaces de luchar si era preciso. La historia del siglo XX nos enseña el peligro de la cobardía y el apaciguamiento frente a la injusticia, la sinrazón y la barbarie. Sin una decisión firme de vencer, ni el nazismo ni el fascismo hubiesen sufrido la derrota a manos de los aliados. Sin la confusión moral de nuestro tiempo, el comunismo languidecería en un rincón oscuro de la Historia junto a las demás ideologías totalitarias en lugar de gozar del prestigio y la buena fama que aún disfruta en algunos círculos sociales.

Durante el siglo pasado, millones de hombre y mujeres lucharon y se sacrificaron en el combate contra esas ideologías que someten al ser humano a un orden perverso e inhumano. Sigue teniendo vigencia en nuestro tiempo el célebre discurso de Pericles que recoge Tucídides en “La guerra del Peloponeso” y exalta la educación en la libertad y el valor: “[…] también sobresalimos en los preparativos de las cosas de la guerra por lo siguiente: mantenemos nuestra ciudad abierta y nunca se da el que impidamos a nadie, ni siquiera a los extranjeros, que pregunte o contemple algo —al menos que se trate de algo que de no estar oculto pudiera un enemigo sacar provecho al verlo—, porque confiamos no más en los preparativos y estratagemas que en nuestro propio buen ánimo a la hora de actuar. Y respecto a la educación, estos, cuando todavía son niños, practican con un esforzado entrenamiento el valor propio de adultos, mientras que nosotros vivimos plácidamente y no por ello nos enfrentamos menos a parejos peligros”.

Sin embargo, Tucídides sabía que la guerra es necesaria para defender esas libertades. Por eso, se debe honrar a quienes luchan y caen defendiendo ese modo de vida que Atenas encarna y que forma parte de la tradición de Occidente. De ahí venimos, de eso somos herederos y eso es lo que está en juego.

Hoy se libra una nueva guerra que no siempre tiene campos de batalla definidos ni enemigos uniformados, pero que amenaza todo aquello que en lo que creemos. En algunos escenarios, se despliegan ejércitos convencionales. En otros, el teatro de operaciones es digital y los ordenadores han reemplazado a los cañones. En todo el mundo, el terrorismo se ha convertido en el instrumento que los yihadistas emplean para doblegar a gobiernos y sociedades.

Así, los terroristas llevan años golpeando a Europa como vienen haciendo durante décadas con los países del Oriente Próximo y Asia desde Indonesia hasta Marruecos. Sin embargo, el miedo no debe llevarnos a perder la claridad moral ni a debilitar las convicciones sobre las que está fundada nuestra civilización y que, por desgracia, a menudo parecen olvidadas. El pretendido pacifismo que revelan algunas de las manifestaciones públicas que leemos y escuchamos solo encierra un espíritu de rendición que nos abocará al desastre. A fuerza de velas, condolencias y canciones de John Lennon no se logrará contener la violencia que los asesinos desatan cada cierto tiempo sobre unas sociedades cada vez más asustadas y, por lo tanto, cada vez más vulnerables.

La guerra contra el terror no se gana con velas
EDITORIAL Libertad Digital 29 Mayo 2017

Los atentados yihadistas que recurrentemente sacuden Occidente son la expresión más letal de una guerra que ya ha sido declarada, aunque una de las partes se niega a reconocer su existencia. Poco importa que los Gobiernos europeos nieguen la realidad y sigan insistiendo en que las matanzas islamistas son acciones aisladas de unos pocos fanáticos. Aunque sientan pavor a reconocerlo, lo cierto es que el terrorismo islamista ha declarado la guerra a Occidente y va a seguir buscando sin descanso su completa destrucción.

¿Y cuál está la respuesta a esta amenaza letal? Siempre la misma: convocatorias de minutos de silencio, lazos negros en las redes sociales, muchas velas en los escenarios de las matanzas. Todo ello es la expresión más palpable de la debilidad de las sociedades europeas, tras décadas de pensamiento único buenista en la enseñanza y los medios de comunicación, que ha llevado al rechazo suicida de los valores y señas de identidad occidentales y a la infame degeneración de culpar a las víctimas y justificar la conducta de los criminales. La extrema izquierda más infame e insensata se lleva la palma en este tremendo despliegue de despropósitos.

Urge afrontar el reto del yihadismo con la firmeza necesaria, aunque esto obligue a las sociedades europeas a desprenderse de la falsa capa protectora con la que fingen cubrirse, mientras el enemigo islamista masacra a discreción. Pero el primer paso para afrontar con éxito una guerra es reconocer su existencia. Esa es la clave para empezar a combatir con éxito a un enemigo difuso, cuya principal fortaleza es la vulnerabilidad de las sociedades abiertas.

Contra la yihad, la Ilustración
El auge de la ideología política basada en el extremismo islámico, y de su estrategia terrorista, es un fenómeno reciente. Nuestro reto es identificar y frenar a sus poderosos impulsores y financiadores, no embarcarnos a estas alturas en guerras de religión.
Juan Pina vozpopuli.es 29 Mayo 2017

A caballo entre los ochenta y los noventa, viajar con frecuencia a los países de mayoría musulmana era asistir a una rápida involución. Entre cinco y quince años tardó ese proceso en consolidarse, inducido por el auge social de una ideología totalitaria, basada en la distorsión interesada de la religión local. Sin necesidad, generalmente, de instaurar regímenes acordes, la influencia del extremismo religioso se enquistó sin embargo en las sociedades frenando su desarrollo y cercenando las libertades. En general, el islam se había moderado mucho y aceptaba ya jugar el papel privado y secundario que corresponde a las religiones en una sociedad secular. Pero en unos años —de manera súbita en términos históricos—, todo cambió para sorpresa de los occidentales que visitábamos esos países.

En la Siria de Assad padre y en el Iraq de Saddam Hussein, mi sensación fue la de estar en una dictadura socialista y, al mismo tiempo, en una sociedad secular, modernizada, alejada desde luego del regreso al Medievo que hoy promueven los ultraislamistas. Tras la descolonización, los países musulmanes trataron de sacudirse la caspa tradicionalista, retener lo mejor de la herencia colonial —la modernización tecnológica y cultural— y, desde ahí, construir sus imposibles utopías nacionales, generalmente de inspiración marxista. Cuando éstas fracasaron con el fin de la Guerra Fría y de la fábula de los “no alineados”, surgió con fuerza una alternativa oportunista: un extremismo islámico politizado que prendió en unas sociedades ávidas de soluciones, pero que nunca habría sido posible sin los recursos ingentes que fluyeron hacia esos países y que, después, llegaron también a las comunidades musulmanas de Europa.

Pese al espanto terrorista y a las masacres sanguinarias como la de hace unos días en Manchester, el porcentaje de musulmanes que han abrazado una versión purista del islam sigue siendo muy minoritario. Y dentro de ese nicho, los radicalizados hasta el punto de cometer crímenes como lobos solitarios, o de enrolarse en la yihad organizada, son una gota en un océano, aunque sea una gota venenosa. No hay una epidemia de locura terrorista entre los musulmanes. Al contrario: requiere mucho esfuerzo transformar a un musulmán normal en terrorista. Por lo tanto, lo que urge ante este fenómeno es seguir el dinero que paga ese esfuerzo.

Matar es fácil y barato, pero no lo es mantener durante décadas toda una estructura social y contracultural que destile con cuentagotas personas dispuestas a hacerlo. Tampoco es barato extender esa estructura por decenas de países musulmanes y por la diáspora emigrada. Hace falta mucho dinero para adoctrinar pacientemente, para producir materiales de todo tipo, para activistas y coordinadores, para viajes y formación, para aplicar correctamente técnicas psicológicas de persuasión coercitiva (incluso a jóvenes no musulmanes que se convierte y recluta en tiempo récord), para costear medios de propaganda e impulsar un estado de opinión antimoderno y antioccidental.

Todo esto no habría podido pasar, y por eso no pasó, ni en los cincuenta ni en los sesenta ni en los setenta. Empezó cuando empezó y se extendió después a nuestros países. Es un fenómeno nuevo que parasita la religión islámica, se aprovecha de sus enseñanzas más arcaicas y de sus textos más beligerantes y revierte la evolución interpretativa relativizadora que esa religión había seguido, como todas las demás, a causa del triunfo de la modernidad cultural, de la individualidad moral y de la globalización económica capitalista.

Simplificando, existen dos grandes focos de impulso y financiación del extremismo musulmán. Uno es el Irán chií y el otro es la Arabia Saudí suní, junto a las otras monarquías del Golfo Pérsico. Es obvia la liaison del primero con Moscú y de la segunda con Washington. Detrás de toda esta inducción al terror asoman intereses geopolíticos y energéticos. Ya no estamos ante los conflictos de baja intensidad de la Guerra Fría, pero tampoco ante una guerra convencional.

Es una guerra distinta, y le es ajena al modesto vendedor de kebab de la esquina, que inmigró por la burbuja inmobiliaria y a duras penas abrió su negocio después de hincharse a poner ladrillos. Él no tiene la culpa de las atrocidades que en su nombre se cometen, ni merece ser temido ni despreciado. Ser musulmán en una sociedad moderna es tan aceptable o tan inaceptable como ser cristiano, judío, sij o sintoísta: dependerá de si el hecho religioso queda debidamente subordinado a la suprema soberanía del individuo humano y de la civilidad básica que nos permite coexistir en la diferencia. Y resulta que así es como viven su fe millones de musulmanes en Occidente, que serán más, menos o nada practicantes y para quienes, en muchos casos, la religión es poco más que un recuerdo cultural heredado, como lo es para tantos europeos autóctonos. Lo que importa no es qué religión sino cuánta (qué grado). A ese “cuánta”, una sociedad moderna responde “tanta como para que los creyentes la profesen en libertad pero sin condicionar a nadie más”.

Los urdidores de este súbito ultraislamismo de las últimas décadas buscan una guerra de religión. Encuentran terreno abonado en la parte más cerril de nuestro conservadurismo etnocéntrico, nacionalista y tradicionalista porque, en realidad, lo que éste ansía es revertir la secularización y las demás conquistas de la Ilustración que emancipó al individuo. Y, claro, una cruzada contra el enemigo musulmán le viene de perlas para cuestionar nuestro “libertinaje” y llevarnos de vuelta al redil de la tradición, igual que los estrategas del otro lado necesitan una yihad contra los “cruzados”. Ya imagino los comentarios encendidos aquí abajo: “¡no, el caso del islam es distinto, el islam es intrínsecamente criminal, ya la sura tal del Corán dice…!”. Últimamente proliferan los islamólogos islamófobos, generalmente con una rana en sus perfiles de Twitter. No caigamos en la trampa: los enemigos son el terrorismo y sus poderosos padrinos, no la pluralidad etnocultural propia de la civilización global emergente. Y al terrorismo no le venceremos renunciando a aquello que hizo a Occidente prosperar y liderar el progreso de nuestra especie: la Razón y la Libertad.

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Acción, inacción, moción

FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 29 Mayo 2017

Hoy ha convocado el presidente golpista de la Generalidad catalana a los tres partidos golpistas (los dos de Godó -Pujolistas y ERC- y la CUP, no se sabe si El Colp sí que es pot) que han liquidado el Parlamento de Cataluña al privarle del poder de votar y vetar cualquier ley del Ejecutivo, y pueden proclamar en 48 horas la República Catalana. Por supuesto, sin la menor legitimidad parlamentaria y sin consulta popular, ya que sólo puede convocar legalmente -lo hace mucho- elecciones autonómicas. Pero eso no le da amparo legal del Estatuto ni de la Constitución, a los que ha abolido.

Añádasele al fervor antiparlamentario un plan -La Ley de Transitoriedad Definitiva (sic)- para imponer una dictadura que expropia juzgados y medios de comunicación hostiles al golpe, y declara fuera de la ley a los catalanes molestos y a todos los ciudadanos españoles, rebelándose contra el Estado de la UE del que forma parte, que es España. Otra cosa se le podrá negar al separatismo, pero no acción. Desde el cine mudo no se ve venir tan aceleradamente un trompazo.

Frente a la acción acelerada del golpismo, Rajoy acelera su inacción. En una vibrante comparecencia ante los héroes del empresariado catalán, cuya defensa de las libertades los hace dignos hijos del que vendió el tambor al Tambor del Bruch, y mientras éste le daba al parche llamando a la fiel defensa de España contra Napoleón, huyo a Perpiñán con la pasta. Se encontraron el hambre y las ganas de comer, digo la dieta y la anorexia. Va Mariano y dice que ya no cabe la equidistancia. Y van los héroes y le dicen que vale, que consulte con Soraya. Y van todos y se van, y adiós.

Curiosamente -coincido con Iván Redondo- la acción de unos y la inacción del otro le dan a la moción podemita -y a Rivera- una oportunidad de oro. En un régimen democrático normal, los golpistas estarían en la cárcel y un Gobierno de Unidad Nacional habría votado una serie de leyes para reforzar las garantías constitucionales contra toda discriminación lingüística, fiscal o legal, privaría de asiento parlamentario al terrorismo separatista y avisaría a los recogenueces. Pero la moción de Podemos no es contra Rajoy sino contra el PSOE y Snchz quiere refundirlo en icetismo oblongo y asimétrico, en 17 PSC's. Pablenín dirá no es no a Rajoy, sí es sí al referéndum y los hundirá.

'Catalunya' o el diablo está en los detalles
Pedro de Tena Libertad Digital 29 Mayo 2017

En efecto, el diablo puede incluso parecer angelical mientras se contonea en generalidades y principios. Pero, como decía Romanones, su verdadera cara la tiene que mostrar cuando se desciende al detalle, a los reglamentos. El equipo de Pedro Sánchez considera que hay un texto que sintetiza su planteamiento acerca de la nueva socialdemocracia en España. Se titula Documento por una nueva socialdemocracia, y muy pocos lo han leído, como es costumbre en nuestro país, en el que se prefiere la cultura de solapa de libro o de titular de periódico. En él está descrito con toda claridad, aun sin haber sido concretado por el vencedor de las primarias, qué es lo que cabe esperar del nuevo socialismo acerca de la igualdad de derechos y oportunidades de los españoles. Si hasta ahora creíamos que, a pesar de los cupos, de las alianzas con los nacionalismos y de todo, se avanzaba hacia la convergencia real de los ciudadanos de la nación española –vivieran donde vivieran y hubieran nacido donde hubieran nacido–, hay un partido español, el PSOE, que ya no va a transitar por ese camino y se va a aliar decididamente con los separatismos y Podemos.

En el documento mencionado se dice textualmente que la nueva socialdemocracia enarbola "la oferta de una España federal, que asegure un mayor autogobierno, la garantía del respeto a las competencias en materia de lengua, educación y cultura, la mejora de la financiación en el marco de la renovación del sistema de financiación autonómica, y el reequilibrio de la dimensión territorial de la inversión pública". Independientemente de la inconsistencia de un federalismo impropio para una nación que existe desde finales del siglo XV y de la cuestión de las lenguas, la clave está en el asunto de la financiación de los Gobiernos federales y en eso que se llama "reequilibrio de la dimensión territorial" de la inversión pública. Es todo lo que se dice sobre las comunidades autónomas y su financiación. ¿Y esto qué significa? ¿Cuáles son los detalles? No los hay. Todas las decisiones estarán en manos de Pedro Sánchez y su equipo, que detallarán la cuestión. ¿Hay alguna pista de por dónde van los tiros? Sí, las hay. Pero ¿cómo saberlo?

En la famosa Declaración de Granada, el otro PSOE, el de Susana Díaz y compañeros mártires, se defiende también una España federal, pero hay un detalle. En ella se incluyen unas precisiones que han desaparecido en el texto de Pedro Sánchez. Son éstas:

– Respeto a las identidades diferenciadas dentro de España, compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común.
– Solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales.

– Cooperación efectiva entre el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos, y de éstos entre sí.
– Igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan. Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones.

¿Es ésta la vía para un Estado español federal donde cada uno de sus miembros, esto es, cada una de las actuales comunidades autónomas, tengan las mismas condiciones de partida y solidaridad durante el nuevo recorrido histórico para hacer efectiva una igualdad real de los ciudadanos en toda España, o es la restauración del viejo esquema de la II República, para la que sólo existían como regiones con "identidad diferenciada" Cataluña, el País Vasco y tal vez Galicia?

Pedro Sánchez no da detalles, aunque la sospecha de que está en el ajo de una alianza con los nacionalismos que intentan que los demás españoles sean, social y políticamente, de segunda o tercera división frente a los habitantes pata negra –que no charnegos y maketos, que viene de tonto–, de sus estados, primero federales y luego Dios dirá, es lo que ha conducido, en buena medida, a su enfrentamiento con el PSOE susanista de Suresnes. Otro detalle.

Por si fuera poco, un detalle menor. En Granada se hablaba de Cataluña. Pedro Sánchez habla de Catalunya. ¿Comprenden? Por mucho menos, Andalucía, por ejemplo, se echó a la calle en 1977.

Señor Tejero, tiene la palabra
Javier Somalo Libertad Digital 29 Mayo 2017

Hoy son golpistas los que ayer merecían un encaje –de bolillos– en la Constitución. De pronto alguien ha pulsado la tecla y hasta El País reclama lo que antaño era herejía.

José Manuel García Margallo, que ejerció de canciller en cap y que ha combinado el diálogo entre "amigos" –mientras era ministro– con no sé qué planes para llevar a la Guardia Civil a la Diagonal –cuando ya no es ministro– nada y guarda la ropa para mayor confusión de los ciudadanos y peor servicio a España. Fue el ministro que se estrenó diciendo en tono cantinero aquello de "Gibraltar español" al eurodiputado británico Charles Tannock. Ya, ¿y Cataluña? Cataluña nunca fue un problema, todo era posible con el diálogo y lo importante era hablar de Economía. Hoy, la Real Academia de La Moncloa admite de súbito el término "golpista".

El caso es que ayer éramos catalanófobos los que defendíamos a catalanes y no catalanes agraviados por el independentismo, tocados por la muerte civil. Según la abrumadora mayoría defensora de la normalidad política entre Cataluña y el resto de España, aplicar el artículo 155 de nuestra Constitución era ayer poco menos que un autogolpe al estilo Erdogán o Chávez, así que pedirle al Gobierno que lo hiciera se convirtió en una especie de incitación al odio merecedora del peor de los reproches cuando no de querella. Pedíamos aplicar la Ley –respetar y hacer respetar es lo que juran y perjuran los políticos– sin darnos cuenta –nos decían– de que esa Ley era algo así como una excepcionalidad fuera de lugar que figura en la Constitución española como rancio tributo al antiguo régimen. Hoy ya no, o eso pretenden que parezca.

No cabe sorpresa. Sucedió lo mismo con la abdicación de Juan Carlos I, que empezó como una prédica en el desierto –Federico Jiménez Losantos– y acabó en trending topic y en el tan español como cobarde toro pasado. Así que, según parece, las denuncias hay que formularlas cuando el mal ya no tenga remedio. Quede claro: en España, la opinión ha de expresarse con el plácet del Poder; antes es injuria, difamación, afrenta. Para denunciar golpismo hay que esperar pues, a que lo hagan el Gobierno y El País.

La estructura secesionista que nos ocupa no es propia de una "intentona", término habitual asociado al golpismo cutre. Libertad Digital –por no remontarnos al 1979 de Lo que queda de España– lleva casi dos décadas denunciando los excesos en soledad. Pablo Planas ha aportado en sus crónicas cientos de nombres y apellidos, los detalles sobre las instituciones paralelas dotadas de presupuesto, los planes institucionales acompañados de informes de expertos y, últimamente, hasta el aspecto del uniforme de la futura policía de la República. Pero denunciarlo era oportunista, desleal o exagerado. Pues empezar a hacerlo ahora es, sencillamente, inútil: hay daños ya irreparables infligidos gracias a los hechos consumados del Estatuto de Autonomía, auténtico acto fundacional y consentido de este Golpe.

Fue el mismo Tribunal Constitucional, al que el Gobierno ha dotado de poderes para hacer lo que es deber del propio Gobierno, el que dijo sí a un Estatut que establecía derechos distintos a los que proclama la Constitución, que es de donde emanan todos, sin diferencias. Lo denunciamos entonces y seguiremos haciéndolo por muy catalanófobico o extremista que parezca. El PP de entonces –en la oposición se respetan más a sí mismos– supo ver la gravedad del momento, recogió y acarreó cientos de miles de firmas en contra y apretó al nacionalismo contra las cuerdas hasta que, de pronto, se puso a gobernar y todo se esfumó. Lo grave es que ni siquiera necesitaban, como antaño, a los nacionalistas para llegar al poder.

Sin embargo ahí está, sin enmienda ni mácula, la obra de Zapatero, prometida a Maragall, heredada inexplicablemente por Rajoy y exaltada por la corriente mediática dominante –que no de opinión pública– de cada momento, en todo caso siempre oligopolística. Tras mucho esperar, y ante un horizonte político de lo más incierto, el gabinete Rajoy ha hecho una mueca que aseguran es definitiva, un No pasarán con todos los instrumentos, todos, del Estado de Derecho. Pero hay dichas –si es que lo fueran– que no soportan el paso del tiempo. Mandar los problemas a madurar en barrica conlleva siempre, y más en política, su agravamiento. Además de los daños irreparables del Estatut antes mencionados ya tenemos acompañando al levantamiento de la Generalidad a Podemos, partido que considera "legítimo un referéndum unilateral". O sea, Podemos avala el golpe, pues de ahí proceden. Tampoco es novedad y también se alertó de ello cuando todavía acampaban en la Puerta del Sol. Pues resultó exagerado. Por si todo esto fuera poco, ya tenemos un nuevo PSOE, surgido de sus peores escombros, más dispuesto a los codazos que a arrimar el hombro en la cuestión nacional pese a las hectáreas de bandera rojigualda antaño exhibidas.

Por todo ello, el anuncio de cambio de táctica, además de tardío, sigue sin resultar ecuánime: ya les llaman golpistas pero no los tratan como tales. De hecho, sigue vivo el riesgo de contagio al tratar con la Generalidad de forma bilateral, herencia del renegado Margallo entre otros.

Sólo tenemos la mueca, falta el gesto. Los llaman golpistas –nihil obstat– pero les ceden la tribuna de oradores de la Carrera de San Jerónimo, la misma desde donde, sin tanta invitación, se dijo aquello de "¡se sienten, coño!". Y todavía no sabemos si Mariano Rajoy está de veras por pararlo, por redactar el pacto del capó o por poner un avión a disposición de Puigdemont. Por no saber, no sabemos ni quién está ni a quién se espera.

Toda la ley para frenar la secesión

Editorial La Razon 29 Mayo 2017

Ante un desafío de la escala que está tomando el «proceso» independentista catalán, el Gobierno no tiene más opción –y obligación– que paralizar el plan secesionista por todos los medios con los que le asiste la Ley.

Conviene hacer un ejercicio de comparación y preguntarnos si Francia o Alemania, por citar dos democracias y socios del proyecto europeo, permitirían que alguna región o «land» pudiese declarar la independencia. Es evidente que no permitirían ninguna acción contraria a su orden constitucional y que caería sobre el presidente de la nación toda la responsabilidad si lo permitiese o no pusiera los medios para restablecer la ley.

Si hay algún déficit democrático que achacarle a nuestro país, como tanto le gusta denunciar por el mundo a los dirigentes de la Generalitat, sería precisamente el de permitir la ejecución de un golpe contra el Estado de Derecho. Nuestra democracia ha sufrido serios ataques a lo largo de estos últimos cuarenta años, pero nos encontramos en uno de los más serios, ya que supone al secesión de un parte del territorio nacional infringiendo todas las leyes. Por lo tanto, el Gobierno no tiene más salida que impedir que se lleve a cabo el referéndum que ha anunciado la Generalitat, aunque no es competencia suya convocar consultas que afecten a la soberanía del conjunto de los españoles.

A pesar de que el Tribunal Constitucional anuló el pasado diciembre dicha consulta y la resolución que ponía en marcha el proceso de desconexión, los partidos independentistas, Junts pel Sí y la CUP, anunciaron incumplir la sentencia, por lo que la Fiscalía pedirá al TC actuar. La vía sería a través de una orden judicial que supondría la actuación de los Mossos d’Esquadra, en tanto que policía judicial, para impedir que se lleve a cabo el referéndum.

No hay otro objetivo que mantener la legalidad y que no vuelva a repetirse un acto de tan flagrante ilegalidad, como lo sucedido el 9 de noviembre de 2014, cuando la Generalitat, con Artur Mas a la cabeza, alardeó de haber engañado al Estado y de hacer un referéndum que estaba prohibido por el TC. La nueve Ley Orgánica «para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho» dice que «las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares» que incumplan total o parcialmente las resoluciones del TC, éste podrá acordar la «suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsables del incumplimiento».

El Gobierno parte del único supuesto posible: el referéndum no va a llevarse a cabo porque dispone de todos los medios legales para evitarlo, mientras que los independentistas se sitúan abiertamente fuera de ley. Lo grave es que la Generalitat –que es el Estado en Cataluña– hace tiempo que ha pisado la línea roja de la legalidad democrática, atribuyéndose otra legitimidad que sólo emana de la «voluntad del pueblo catalán». Sin embargo, también desde hace tiempo la Generalitat ha secuestrado la única legitimidad a tener en cuenta, y es la que está representada en el Parlament, en el que no todos los partidos son independentistas, ni nacionalistas, ni siquiera catalanistas, y que también forman parte de Cataluña.

En estos momentos, hay que evitar la metáfora del «choque de trenes»: hay una sola vía y es la del Estado de Derecho y quien la bloquee debe asumir todas las consecuencias. Mariano Rajoy está dispuesto a dialogar de todo aquello que suponga la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y que afecten a sus derechos civiles, pero nada que esté fuera del marco constitucional. Pero los planes de los independentistas es forzar al máximo la intervención del Estado, que debe actuar con todas las herramientas legítimas en una democracia.
 


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