AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 31  Mayo 2017

Así engañan Rajoy y Montoro a los españoles
Juan Carlos Bermejo vozpopuli.es 31 Mayo 2017

El pasado lunes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en el Congreso de los Diputados, en el inicio del debate de los Presupuestos Generales de Estado, que “el déficit del Estado se redujo en abril un 42% con respecto a 2016, situándose en el 0,71% del PIB”. Además, los ingresos se incrementaron un 10%”.

Montoro, usó estos argumentos para justificar el apoyo de los 176 diputados necesarios, y añadió que “el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 es justo y transparente. Reto a cualquiera a encontrar una mancha que ensombrezca este pacto. No la van a encontrar".

Ayer martes, la Agencia Tributaria publicó el informe de recaudación a abril 2017. El informe dice que los ingresos acumulados hasta abril fueron de 67.164 millones de euros, un 9,6% más que en 2016, tal como había adelantado Montoro. Sin embargo, si analizamos el contenido del informe, deducimos que las palabras del ministro son, nuevamente, ciencia ficción, ya que este incremento, especialmente en el mes de abril, que fue del 17,3%, se debe a dos causas excepcionales que nada tienen que ver con el incremento de la actividad económica. Me refiero a los cambios normativos del Impuesto de Sociedades aprobados 2016 y por el cálculo sesgado del IVA, que el propio informe refleja.

Cambios Normativos del Impuesto de Sociedades: Fruto de los cambios normativos y de los pagos fraccionados, incluidos en los RDL 2/2016 y RDL 3/2016, el informe de la agencia tributaria estima que el impacto, según el cuadro 0 (página I-2) sería la suma de 3.197 millones de euros, y que deberíamos restar al total de recaudación para hacer homogeneizar el dato.

Impacto del sesgo en IVA: El informe dice (página I-5) “En abril se produjo de nuevo un fuerte crecimiento en el IVA. El crecimiento se observó tanto en los ingresos mensuales (12,3%) Las causas del incremento fueron, básicamente, dos: el aumento de los precios en general y el de los productos energéticos en particular, y el hecho de que los ingresos se correspondían con el devengo de marzo, afectado por la celebración de la Semana Santa (el año pasado se celebró en marzo y este año en abril). Hay que advertir, no obstante, que el elevado crecimiento hasta abril de los ingresos brutos en estos declarantes (un 8,5%) va acompañado de un aumento de las solicitudes de devolución (las exportaciones están creciendo por encima del 15%) cuyos efectos se notarán en los ingresos netos del impuesto en los próximos meses”.

Bien. Si los ingresos por IVA fueron 27.897 millones de euros, podemos aplicar las siguientes correcciones para llegar al dato estimado real de recaudación.

En primer lugar, debemos descontar el efecto de la subida de los precios. El IPC anual en abril se situó en el 2,6%. Esto supondría unos 725 millones de euros.

En segundo lugar, debemos descontar el efecto que tendrán en los siguientes meses las devoluciones. Este dato, no es posible calcularlo de forma objetiva hasta que la propia agencia tributaria lo esclarezca, sin embargo, podemos hacer una aproximación del impacto, si tomamos el acumulado de crecimiento de las exportaciones, el crecimiento de los demandantes y todo ello correlacionado con los datos de devoluciones de 2016 y 2017 (página II-7). Ello nos lleva a una estimación de unos 1.330 millones de euros, insisto, pendiente del dato que ofrezca la agencia tributaria en los próximos informes.

Por lo tanto, para llegar a una cifra más real de recaudación que refleje la situación de la actividad económica real del España, a los 67.164 millones debemos descontar 3.197 millones, más 725 millones más 1.330 millones, lo que dejaría la recaudación acumulada hasta abril en unos 61.912 millones de euros, lo que supondría aproximadamente un 1% de crecimiento acumulado sobre el 2016. Esta cifra, está a años luz de la previsión del 8% que Montoro ha incluido en sus Presupuestos, y que, si un milagro no lo impide, aprobará hoy el Congreso.

En cuanto a Rajoy, el pasado sábado, pronunció un discurso ante los miembros del Círculo de Economía, entiendo que para recabar su apoyo, dónde nuevamente volvió a faltar a la verdad y nadie de los presentes fue capaz, o tuvo el valor, de rebatirlo.

En primer lugar, se vanaglorió al preguntarse ¿De dónde venimos?, volviendo a presumir de que él nunca pidió el rescate. Falso. Rajoy pidió formalmente el rescate a la Unión Europea. El documento de “Memorando de Entendimiento” lo deja bien claro: On 25 June 2012, the Spanish Government requested external financial assistance in the context of the ongoing restructuring and recapitalisation of the Spanish banking sector. ¡Basta señor Rajoy!No nos puede tomar constantemente por estúpidos.

Tras esto, cuándo entró en el “Cómo estamos” afirmó sin ningún pudor que “España lidera la creación de empleo y la reducción de paro en Europa generando el 25% del total del empleo en la zona euro”. Todo ello, a pesar de que la última EPA refleja una caída del empleo y de que el último boletín del Banco Central Europeo, publicado hace escasas semanas, establecía que el paro real en España es del 29,8% además de que somos los subcampeones de la eurozona. No quedó ahí la cosa. Prosiguió afirmando que “los datos del incremento de cotizantes a la Seguridad Social demuestran que son las empresas del sector industrial y de servicios las responsables de este ritmo de creación de empleo”, cuando lo cierto y verdad es que el empleo que más afiliaciones tiene, y con una gran diferencia con el segundo, es el de camarero, con todo el respeto a este gremio.

Sin ruborizarse lo más mínimo, presumió de que las exportaciones eran el motor de la economía, afirmando que “sólo Alemania nos supera en cuota de exportaciones como porcentaje del PIB. Exportamos más de un tercio de nuestro PIB, frente a un cuarto que exportábamos antes de la crisis, y estamos por encima de competidores como Italia, Francia o Reino Unido. Es un hecho insólito en nuestra historia económica reciente, debido al cambio sustancial del nuestro modelo de crecimiento”. No es cierto, que exportemos un tercio del PIB, tampoco que superemos en porcentaje a Italia, y no digamos si ya comparamos los euros netos, en los que nos supera Reino Unido en un 50% y Francia en un 78%. Lo que olvidó Rajoy, es decir al auditorio que la balanza comercial española, en lo que llevamos de 2017, presenta un saldo negativo de 7.200 millones de euros hasta marzo.

Pero el momento sublime fue cuando dijo “Hoy la economía española crece sin necesidad de endeudarse”, cuando sólo en el primer trimestre de 2017, la deuda pública ha aumentado en 22.426 millones de euros, el Banco Central Europeo ha adquirido ya un total de 176.000 millones de euros de deuda española, siendo nuestro principal sustentador y la posición neta del Banco de España frente al Eurosistema ha crecido nuevamente en el trimestre hasta situarse en la friolera de 235.000 millones de euros.

Recuerde, señor Rajoy. Las razones del crecimiento al 3,2% del que usted presume ante el Círculo, y que en Europa hacen cómo que no quieren enterase, son dos. La primera, que proviene de una situación, que sabe usted muy bien, por la que el PIB real es un 17,5% menor al oficial, y de ahí las elevadas tasas de crecimiento tras la política de expansión monetaria puesta en marcha por el BCE. Y la segunda, que el crecimiento está basado en una burbuja de deuda, lo que se traduce en que por cada euro que generamos de riqueza nos endeudamos en 2,5 euros.

Esto, señor Rajoy, no es el camino a la recuperación, es el camino al abismo. Pero claro, para usted, lo mismo que para Montoro, “lo importante, de los Presupuestos es que se aprueben”.

A buen seguro que muchas de sus señorías leerán hoy este artículo en el debate de los Presupuestos en el Congreso. Espero que les sirva este texto para convencerles de que no deben apoyar unos Presupuestos de ciencia ficción que, una vez más, al igual que sus predecesores, no se cumplirán, acumulando ya un desfase de más de 86.000 millones de euros en diez años, tal y como informaron recientemente los técnicos de Hacienda.

PD: Hoy les dedico el tema “Angels” de Robbie Williams https://youtu.be/luwAMFcc2f8

O la secesión se rinde o será derrotada
Roberto L. Blanco Valdés La voz 31 Mayo 2017

Salvo algunos insensatos, todo el mundo sabe hoy que ningún Gobierno ahora imaginable permitirá la secesión de Cataluña y que, por tanto, todos adoptarán, llegado el caso, las medidas necesarias para evitar que la ruptura del país llegue a producirse. Y ello por dos razones evidentes: porque la separación de Cataluña solo puede nacer de un acto político gravemente ilegal y delictivo; y porque nuestro Gobierno, como cualquier otro del mundo democrático, tiene la obligación inexcusable de evitar por todos los medios legales de los que dispone el Estado, que son muchos y poderosos, la sublevación institucional que impulsan los independentistas contra la democracia y la Constitución.

Por tanto, la duda que hoy nos atenaza respecto al golpe de Estado que ¡a plena luz del día! se está fraguando en Cataluña no es la de si habrá o no secesión, pues -eso es seguro- no la habrá, sino la del precio que para impedirla tendremos que pagar. Un precio que solo dependerá de hasta dónde quieran llevar su delirante desafío las instituciones catalanas que, en un acto insólito de deslealtad, han decidido utilizar su poder para traicionar la legalidad constitucional que prometieron defender.

Frente a los actos ilegales dirigidos a la convocatoria de un referendo o, sin más, a proclamar la independencia, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional, que sin ningún género de dudas los suspenderá de inmediato y los declarará radicalmente nulos por violación flagrante de la Constitución. Además, claro, actuarán la fiscalía y la justicia penal. Si los golpistas aceptan las resoluciones del Tribunal Constitucional, ahí se habrá acabado su fuga hacia delante, muy cerca del abismo.

Sin embargo, si como en otras ocasiones los sublevados hacen caso omiso a la regla de oro del Estado de derecho -respetar la leyes y las sentencias de los tribunales encargados de aplicarlos- antes o después el Gobierno tendrá que echar mano del artículo 155 de la Constitución y suspender las competencias autonómicas que permitan restaurar la legalidad. Si los golpistas aceptan su derrota ahí se habrá acabado su disparatada aventura, ya al borde del abismo.

Ahora bien, si llegado un momento de tan extrema gravedad, los sublevados insistieran en su pertinaz violación de las leyes, el abismo de un enfrentamiento abierto entre el Estado y los golpistas resultaría ya de todo punto inevitable. Solo imaginarlo da pavor, pero tener presente desde ahora que podemos llegar a esta terrible situación es una de las mejores formas de evitarla.

Pues si hay algo que está claro es que la sublevación secesionista solo puede saldarse finalmente de dos formas: o con la renuncia de los sublevados a su demencial objetivo de romper un país -lo que no ha ocurrido en ningún Estado de la Europa democrática desde hace más de un siglo- o con su derrota por la fuerza legítima coactiva del Estado de derecho. Ese, y ningún otro, es el dilema.

¿A cuánto sale el kilo de diputado?
Juan Ramón Rallo elconfidencial 31 Mayo 2017

La democracia constituye supuestamente un método de toma de decisiones colectivas para descubrir cuál es el interés general de una sociedad. En la democracia directa, ese interés general emerge directamente del sufragio de los ciudadanos; en cambio, en la democracia representativa, son los políticos electos quienes, según nos aseguran, persiguen ese interés general en nuestro nombre.

La realidad, sin embargo, casa mal con el anterior relato. De entrada, el interés general como expresión de la voluntad colectiva simplemente no existe; y, como consecuencia de lo anterior, el proceso político no se orienta a canalizar tal inexistente interés general, sino a incrementar las opciones de reelección de las oligarquías gobernantes. Es decir, la actividad política de cada partido tiene como auténtico propósito maximizar sus perspectivas de votos en los futuros comicios electorales, y para ello nada mejor que sobornar a los ciudadanos mediante todo tipo de prebendas financiadas por el conjunto de los contribuyentes. Una forma moderna de comprar el voto pero con dinero ajeno, no propio.

La negociación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 ha sido un claro ejemplo de este mercadeo parasitario merced al cual Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canaria han terminado brindando su apoyo a las cuentas del Partido Popular a cambio del preceptivo reparto de varios miles de millones de euros entre sus respectivas clientelas electorales. No es que estemos ante un fenómeno inédito (incluso cuando un partido disfruta de mayoría absoluta, existen negociaciones internas entre grupos de control para repartir los fondos presupuestarios de acuerdo con sus intereses), pero la frágil aritmética parlamentaria del PP sí nos ha permitido visualizarlo con mucha mayor claridad.

Así, los 32 diputados de Ciudadanos han dado el sí a cambio de 4.000 millones de euros (destinados a dependencia, justicia, formación o I+D): una media de 125 millones de euros por diputado. A su vez, los cinco diputados del PNV han prestado su apoyo a cambio de 4.245 millones de euros a lo largo del próximo lustro (conseguidos a través de una alteración prospectiva y retrospectiva del cupo), esto es, unos 850 millones anuales o 170 millones de euros por diputado. Coalición Canaria cerró el acuerdo de su única diputada a cambio de 1.362 millones hasta 2019 (desvinculando el REF canario de su sistema de financiación autonómico), esto es, una media de 454 millones de euros anuales por diputado. Y, finalmente, Nueva Canarias se echó en los brazos del Partido Popular a cambio de 204 millones de euros para los próximos seis meses (en forma de diversas transferencias e inversiones para Canarias), es decir, una media de 408 millones de euros anuales por diputado.

Comprobamos, pues, que nuestros próceres muestran una excelente predisposición a comerciar con su voto por unas sumas que oscilan entre los 125 y los 450 millones de euros anuales. Ese es, ahora mismo, el precio de la pieza de diputado en España (descuento por volumen de ventas incluido: a mayor número de diputados, menor precio unitario). Y dado que, en las últimas elecciones generales, cada diputado concentró una media de 69.000 sufragios ciudadanos, tales cifras significan que indirectamente se está tasando la fidelidad de cada votante entre 1.800 y 6.500 euros por año.

Evidentemente, existe una cierta simplificación en tales cálculos: no es lo mismo destinar recursos a proporcionar un servicio general e imprescindible para la convivencia social (por ejemplo, la Justicia) que entregar un cheque en mano a los potenciales votantes de un determinado político. Lo primero sí se acerca más a un concepto impersonal, imparcial y universal de 'interés general', mientras que lo segundo es un mero cohecho electoral. Pero efectuada esta necesaria salvedad, también debería ser obvio que la política —en España y fuera de España— constituye un continuado tráfico de dinero, privilegios e influencias a cambio de poder: los políticos demandan lo segundo y lo pagan ofertando lo primero. La negociación de los Presupuestos acaso sea la escenificación más grotesca de este obsceno menudeo político a costa de los ciudadanos, pero desde luego no es el único escenario en el que se produce. Cualquier ingenua idealización romántica de la política debería abrir los ojos ante la cruda realidad.

Una cruda realidad que, en definitiva, solo reafirma la imperiosa necesidad de limitar estrictamente las enormes potestades con que hoy cuentan nuestros gobernantes para utilizarnos a todos como moneda de cambio en sus ambiciones personales. Adelgazando los Presupuestos Generales del Estado también restringiremos su margen de maniobra para crear redes clientelares con nuestro dinero.

cercano al 100 % del PIB
El Banco de España alerta del alto nivel de deuda en nuestro país
La Gaceta 31 Mayo 2017

El Banco de España ha alertado de que la deuda pública se ha estabilizado en un nivel muy elevado, cercano al 100 % del PIB, después de haber aumentado en más de 60 puntos porcentuales durante la crisis, lo que considera que obliga a trazar un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo.

En su "Informe anual 2016", la entidad asegura que hay pocas probabilidades de que la deuda pública se sitúe en la próxima década por debajo del nivel de referencia del pacto de estabilidad europeo del 60 % del PIB, a la vista de la posible evolución del crecimiento económico, la inflación y los tipos de interés.

A su juicio, la disminución del alto endeudamiento público es fundamental para reducir la vulnerabilidad de la economía, ya que los costes de financiación de la deuda van con cargo al déficit público, con lo que la eventual subida de dichos costes puede desequilibrar las cuentas públicas.

Por ello, aboga por unos presupuestos a medio plazo encaminados a acabar con el déficit y que dejen al Gobierno capacidad de maniobra fiscal ante eventuales perturbaciones como la subida de los tipos de interés.

En un contexto en el que se prevé que la economía española siga creciendo, el Banco de España señala cuatros focos de incertidumbre en el corto y medio plazo que son, además de la elevada deuda pública, la posibilidad de un mayor proteccionismo en el comercio mundial, la reducida rentabilidad de la banca y el riesgo de que el encarecimiento del petróleo lleve a la subida de precios y salarios.

A más largo plazo, señala otros problemas estructurales que limitan un crecimiento económico sostenido, entre los que destaca la alta tasa de desempleo, el envejecimiento de la población y el reducido nivel de productividad.

El Banco de España subraya que en el tramo inicial de 2017 se está prolongando la expansión económica que comenzó en la segunda mitad de 2013, si bien explica que mientras que a lo largo del segundo trimestre se recuperará el nivel de PIB previo a la crisis, el empleo es todavía casi un 12 % inferior.

La entidad prevé "una cierta moderación" en el ritmo de crecimiento por el impacto de la subida del petróleo en la renta real de familias y empresas, así como por una política fiscal algo más restrictiva tras las rebajas de impuestos de ejercicios anteriores.

Sin embargo, avisa del riesgo que para la competitividad puede suponer una "excesiva" traslación de la subida del crudo a los precios y los salarios, al tiempo que recuerda que la notable creación de empleo del último año se ha producido en un contexto de mantenimiento de la moderación de los salarios.

Ello contribuyó a que continuara el proceso de ganancia de competitividad de la economía española frente al conjunto del área del euro, a pesar de la subida de los márgenes empresariales, que en 2016 registraron un nuevo repunte tras la contención de 2014 y 2015, lo que puede ser indicativo de falta de competencia en algunos mercados en los que hay un aumento de la demanda.

Del mercado laboral dice que la temporalidad ha retomado la tendencia al alza -"una pauta habitual de la economía española durante las recuperaciones cíclicas"- y ha ascendido en 2016 al 26,5 % del total de asalariados, aunque todavía está por debajo del 31,6 % alcanzado en 2007.

Dentro de los retos a largo plazo para la economía, destaca el riesgo de que los parados de muy larga duración (más de dos años) se queden fuera del mercado laboral para siempre y la caída de la tasa de actividad que acarreará el envejecimiento de la población.

La evolución demográfica es asimismo un problema para el sistema público de pensiones que obligará al Estado a plantearse qué relación quiere que haya entre salarios y pensiones, y por qué vías garantizará la suficiencia del sistema.

Al respecto, incide en que las últimas reformas del sistema de pensiones han permitido contener el gasto derivado del aumento de la tasa de dependencia (personas que no trabajan frente a las que sí lo hacen), si bien explica que se ha conseguido a cambio de una disminución del importe de la pensión media respecto al salario medio.

Draghi, aciertos y errores
Daniel Lacalle elespanol 31 Mayo 2017

“Call it morning driving through the sound and in and out the valley” Jon Anderson

Mario Draghi ha vuelto a perder una oportunidad excepcional para ajustar la política monetaria. Mientras ignora los enormes riesgos que se están creando por la brutal inflación en los activos financieros, diciendo que “no se ven señales de burbuja”, en el Banco Central Europeo (BCE) siguen empeñados en crear inflación por decreto, obviando los efectos de la tecnología, la demografía y la sobrecapacidad.

¿”No se ven señales de burbuja”? Se las voy a indicar yo.

- Porcentaje de la deuda de los principales países “comprada” por el BCE: Alemania, 17%, Francia 14%, Italia 12% y España 16%. En el caso español, el BCE ha “comprado” 175.000 millones de euros, es decir, ha sido el mayor demandante de las emisiones netas del país.

Háganse una pregunta: El día en que deje de comprar el BCE, ¿quién de ustedes compraría bonos periféricos o europeos a estos precios? Claramente, la primera señal de burbuja está en la inexistencia de demanda en el secundario que supla el gas de la risa monetario del BCE. Indica que el precio es simplemente inasumible en un mercado abierto, aunque se confirme la recuperación. Sobre todo porque los tipos no reflejan ni siquiera una rentabilidad real mínima, al estar por debajo de la inflación.

- Los bonos de alto riesgo de la Unión Europea cotizan a máximos históricos a pesar de que la generación de caja y capacidad de repago de la deuda, según Moody’s y Fitch, no ha mejorado de manera relevante.

- El exceso de liquidez en la zona euro ya alcanza los 1,2 billones de euros. Se ha multiplicado por casi siete desde que se lanzó el programa de “estímulos”.

Todo por la inflación
El impuesto de los pobres. Por supuesto, esa enorme cantidad de activos comprados por el BCE, que ya superan el 25% del PIB de la Unión Europea, tiene un problema. Al principio del programa de recompras, se podía debatir que los activos de riesgo, sobre todo bonos soberanos, podían estar baratos o infra-preciados por el riesgo de ruptura del euro y sentimiento general negativo. Esa afirmación no se puede hacer hoy, con las primas de riesgo a mínimos históricos y la deuda a máximos. Eso lleva a que una ayuda se convierta en un incentivo perverso para gastar más y endeudarse.

Por supuesto, lo que espera el BCE es la llegada del mantra de la inflación, ese espejismo que anhelan los estados deficitarios y ningún consumidor jamás ha valorado.

Pero la búsqueda de la inflación por decreto se encuentra con el escollo de la realidad. La desinflación positiva que genera el avance tecnológico (lean a George Selgin) se une al lógico cambio de los patrones de consumo que se dan por el envejecimiento de la población (se ahorra más y se consume de manera diferente, se es más prudente) y al elefante en la habitación: La Unión Europea nunca ha tenido un problema de falta de inversión, sino de exceso de gasto en decenas de planes industriales y de infraestructuras que han dejado detrás de sí algunos efectos positivos, pero –con el exceso- mayor deuda y sobrecapacidad.

Ahora que los precios vuelven a moderarse con el pinchazo del inflacionismo petrolero y la dilución del efecto base, se pierde la oportunidad de moderar el innecesario y excesivo “estímulo” monetario. Lo explicaba en la CNBC el lunes, los supuestos efectos positivos del programa de recompras no pueden hacernos ignorar la acumulación de riesgo en bonos soberanos y corporativos, y el impacto brutal en el sector financiero.

Draghi, al menos, alerta
El presidente del BCE no para de alertar a gobiernos sobre la importancia de las reformas que impulsen el crecimiento, bajar impuestos y reducir desequilibrios, pero nadie le oye. Cuando alerta a los bancos sobre sus debilidades, tampoco. Cuando recuerda a estados deficitarios que la política monetaria tiene fecha de caducidad, miran a otro lado. Es tiempo de fiesta.

La política monetaria es “como la Coca-Cola”, decía Jens Weidmann, presidente del Bundesbank. Es la chispa de la vida. Un brebaje que estimula, pero que engorda muchísimo por su enorme cantidad de azúcar, y –aunque algunos se las concedan-, sin cualidades curativas.

El problema de perder esta oportunidad de moderar la política monetaria es que es muy improbable que se tomen las medidas necesarias para corregir los excesos cuando ya no sean solo evidentes para el analista económico, sino para todos. Porque entonces, como ocurre hoy con la Reserva Federal, tendrán miedo a la caída de bolsas y bonos que ellos mismos han inflado.

Cometemos un enorme error pensando que la prosperidad va a generarse desde el endeudamiento y no desde al ahorro. Pero cometemos un mayor error si pensamos que, perpetuando los desequilibrios, se van a disfrazar sus efectos.

En la rueda de prensa, Draghi dijo que “nadie sabe cuándo ni por dónde llegará la próxima crisis: lo único seguro es que vendrá". Lo que no explica es que la creación artificial de dinero sin respaldo, muy por encima del crecimiento económico real está siempre detrás de esas crisis. Pero de eso se ocupará el siguiente presidente del Banco Central, que ofrecerá como solución… Lo han adivinado: Bajar tipos y aumentar liquidez.

La peculiar forma con la que se enseña en Cataluña la historia de Aragón
Adjudica al «Casal de Barcelona» la creación de la «Corona Catalanoaragonesa» y se apropia parte de la provincia de Huesca
R. P. Zaragoza ABC 31 Mayo 2017

La historia de Aragón, pasada por el tamiz del catalanismo. Así aparece en los libros escolares de Cataluña el relato que se enseña a los alumnos de la ESO. Por ejemplo, se les presenta parte de la provincia de Huesca como uno de los territorios «históricos» de una supuesta Cataluña medieval; se adjudica al «Casal de Barcelona» el mérito de haber creado la Corona de Aragón; y, de paso, prefiere denominarla «Corona Catalanoaragonesa», una invención histórica.

«Corona Catalanoaragonesa» es el término acuñado durante años por la órbita independentista para intentar elevar a rango de Estado histórico lo que fueron los condados catalanes, cuya máxima categoría institucional fue la de Principado integrado en la Corona de Aragón. Ésta surgió del Reino de Aragón, fruto de la estratégica decisión que adoptó el rey aragonés Ramiro II: pactó el matrimonio de su hija Petronela con el conde barcelonés Ramón Berenguer IV. De esa forma, el Reino de Aragón pasaba a incorporar a los condados catalanes.

Que no fue una unión de igual a igual dan fe los propios términos del acuerdo matrimonial. Por ejemplo, Ramiro II dejó claro que él seguiría ostentando el título de rey mientras viviera, que su hija era quien en todo momento ostentaría la titularidad de la Corona y que Ramón Berenguer IV solo sería reconocido como Príncipe. A futuro, los sucesivos reyes, descendientes del matrimonio entre Petronela y el conde Ramón Berenguer IV, incluían a su condición de reyes de Aragón los títulos de «condes de Barcelona y de Urgel». Así, por ejemplo, en el siglo XIII el rey Jaime I se expresaba oficialmente como «Rey de Aragón y de Mallorca y de Valencia, conde de Barcelona y de Urgel». En definitiva: desde el matrimonio entre la reina Petronila y el conde Ramón Berenguer IV, Cataluña quedó como un territorio más de la Corona de Aragón.

Estos relevantes detalles, sin embargo, son obviados en los libros de catalanes ESO en los que se enseña la historia. Opta por simplificar el relato otorgando un protagonismo destacado al conde de Barcelona como creador de la Corona de Aragón.

De paso, el término elegido es el de «Corona catalaonaragonesa», término del gusto de las órbitas nacionalistas e independentistas catalanas que, sin embargo, no tiene sustento histórico alguno: el territorio de la actual Cataluña, en realidad, solo fue una parte más de la Corona de Aragón.

En uno de los libros que aborda la cuestión se incluye un mapa en el que aparece reflejada esa supuesta «Corona catalanoaragonesa» hasta el siglo XVIII.

Los mapas también arriman el ascua al interés del relato histórico nacionalista. Por ejemplo, aparecen varios en los que se incluye a parte de la provincia de Huesca -fue en el Pirineo oscense donde nació el Reino de Aragón- como parte de los dominios catalanes ya por el siglo IX. Así, se indica como «condados catalanes» los territorios de los condados aragoneses de Sobrarbe y de Ribagorza.

La Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán, que lleva años denunciando manipulaciones históricas por parte de la órbita nacionalista, ha denunciado el contenido de estos libros con los que se enseña historia en las aulas catalanas de la ESO.

El 'tajo' a las pensiones del que nadie habla: las máximas pierden once puntos en relación a las bases de cotización desde 2010
La reforma silenciosa ya está en marcha. Las máximas caen en relación a las bases de cotización. La contributividad del sistema, en juego.
Libertad Digital 31 Mayo 2017

Del 91,1% en 2010 al 80,0% en 2017. Más de once puntos en apenas siete años. Llámenlo como quieran, recorte, hachazo, tajo… Y no afecta a una partida cualquiera. Hablamos de las pensiones. En este caso, de las pensiones máximas. No es que hayan caído en términos absolutos. Eso habría sido un escándalo que ningún Gobierno puede permitirse. El truco es más sutil. Lleva años en marcha y en la última década se ha acentuado la tendencia.

Es la reforma silenciosa del sistema de la que ya hemos hablado en Libre Mercado anteriormente. Ese mecanismo sigiloso por el que el modelo contributivo se va convirtiendo, poco a poco, en asistencial y que provoca que haya que cotizar mucho más para recibir mucho menos. Los expertos alertan de que, si no se hace nada, el camino emprendido nos lleva a un recorte mínimo de un 30-40% de la relación salario/pensión para 2040. Y no parece que haya nadie dispuesto a hacer nada. De hecho, si acaso, los partidos lo que proponen en sus programas es dar una vuelta de tuerca extra.

Los datos

Las cifras pueden verse en el siguiente cuadro del Informe Económico Financiero del Proyecto de Presupuestos para 2017 de la Seguridad Social (página 203). En 2010, la pensión máxima era de 2.466 euros; en 2017, había subido hasta los 2.573’7 euros (en 14 pagas, algo más de 36.000 euros). Pero en relación a la base máxima de cotización, la prestación de jubilación más elevada ha pasado de representar el 91,1% a apenas el 80%. Los once puntos de diferencia de los que hablábamos al comienzo del artículo. Y es que en 2017, la base máxima de cotización es de 3.751,2 euros (en doce mensualidades, 45.012 euros al año).

36.032 / 45.012 = 80,0%

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Seg. Social

Lo extraño es lo poco que se ha hablado de este cambio, que afecta a tantos pensionistas y, sobre todo, a tantos cotizantes actuales (cada vez hay más nuevos jubilados que tiene derecho a la pensión máxima y, por lo tanto, se ven afectados). Hay muchos motivos detrás de este silencio.

Para empezar, es una tendencia que no es tan fácil de notar. Al fin y al cabo, las pensiones máximas han seguido subiendo. Lo que ocurre es que han subido menos que las bases de cotización, con lo que la relación entre unas y otras se ha erosionado. Pero claro, al nuevo pensionista que se jubila no le resulta sencillo descubrir que ahora obtiene menos por lo cotizado de lo que habría obtenido hace una década.

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Bases de Cotización

El segundo motivo es que este cambio afecta sobre todo a los trabajadores que ahora mismo están cotizando por la base máxima. A los pensionistas no les supone ningún cambio, ni a favor ni en contra. Además, a los trabajadores sólo les afecta ahora en lo que tiene que ver con su cotización, que es más alta. Pero la consecuencia más importante no la notarán hasta que se jubilen, cuando descubran que la pensión que les corresponde es menor de lo que habían pensado. Lo que ellos ven (los que se tomen la molestia de hacer los cálculos) es que su compañero de trabajo se retiró en 2010 con derecho a una prestación del sistema público que se correspondía con el 90% de su base; ahora, el nuevo jubilado de 2017 sabe que recibirá sólo el 80% de la base máxima de 2017. Pero el que se jubiló en 2010 no pierde nada, porque él ya ha consolidado su pensión de 2010 y las revalorizaciones actuales se hacen sobre aquella prestación inicial.

Por eso se le llama reforma "silenciosa" u "oculta" de las pensiones, porque es un cambio que se produce de forma callada, muy poco a poco y sin que los beneficiarios se den cuenta de lo que pasa. No es que reciban menos en términos nominales (las pensiones medias y las pensiones máximas siguen subiendo), sino que pierden en relación a lo que han cotizado. Ellos han contribuido por el máximo y ahora ese máximo sólo les da derecho al 80%, no al 90%.

Pero incluso con todos estos tecnicismos, sigue siendo extraño que nadie levante la voz. ¿Un recorte a las pensiones? ¿Y nadie en la oposición dice nada? ¿Nadie se lo echa en cara al Gobierno? Pues no y por una razón muy sencilla: los partidos de la oposición quieren que este recorte sea todavía mayor. De hecho, lo que algunos de ellos llevan en sus programas supondría una subida tal de las bases máximas de cotización que esos 11 puntos de los que hemos hablado parecerían una broma.

Así, el PP no dice nada al respecto en su programa electoral pero ya vemos que aplica la lima en la práctica. Ciudadanos en pensiones se pone bastante de perfil. Es la parte de su programa económico con menos propuestas concretas y más vaga en su formulación. Se intuye que buscan un sistema similar al de cuentas nocionales que existe en Suecia. Con este modelo, esta relación pensión máxima / base máxima cambiaría. Ya no tendría tanto sentido hacer la cuenta porque en teoría lo que se recibiría iría en función de lo cotizado en toda la vida laboral. Para la mayoría de los nuevos pensionistas supondría una reducción de su primera prestación, pero la lógica del sistema sería otra. En cualquier caso, tampoco desde la formación naranja han denunciado lo ocurrido.

Y, por último, están los dos partidos de izquierda que proponen que el tajo sea muy superior al de los últimos siete años. Aquí ya ni siquiera se podría hablar de reforma silenciosa, porque los cambios serían radicales y se sentirían desde el principio. Es cierto que el PSOE de Pedro Sánchez tiene que definirse, pero viendo lo que el candidato ofrecía en 2015 y 2016 (y se supone que entonces quería ser más centrista) podemos intuir por dónde irán sus propuestas. Así, en su último programa electoral los socialistas pedían "mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones sociales a través de la elevación gradual de la base máxima de cotización". O lo que es lo mismo, dar varios pasos en la dirección iniciada en 2010.

Unidos Podemos ya no es que quisiera dar varios pasos, sino que proponía una carrera. Así, en el epígrafe sobre pensiones de su acuerdo programático, la coalición liderada por Pablo Iglesias y Alberto Garzón, promete la "eliminación del tope máximo a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción". Y no es una medida aislada: todas las propuestas de Podemos van en la misma dirección, acabar con la contributividad del sistema igualando lo que reciben los que han aportado mucho vía cotizaciones y los que no aportaron nada o casi nada.

Las consecuencias

El problema es que, aunque nuestros políticos no lo crean, este tipo de cambios ni son tan silenciosos ni pueden darse sin que produzcan importantes consecuencias. Para empezar, la primera derivada tiene que ver con los nuevos pensionistas y con sus expectativas. Es lógico que las personas que están cerca de jubilarse empiecen a hacer sus cálculos sobre cuánto les quedará. Y más que una cantidad concreta, que desconocen y que depende de muchos factores (por ejemplo, la inflación y la revalorización de las prestaciones) muchos de ellos piensan en porcentajes. Algo parecido a lo que antes apuntábamos: "Si mi padre cobró el 80% de su último salario, eso espero que me toque a mí" o "si mi compañero jubilado en 2010 tuvo una pensión del 90% de la base máxima y yo cotizo por esa base máxima, espero que me toque también el 90%". Pues bien, ni una cosa ni la otra. Cuando se jubilen descubrirán que su prestación es inferior a lo que pensaban. Puede que sea más alta en términos nominales que la que se pagaba en 2005 o 2010, pero no llega a sus expectativas.

En segundo lugar, está la cuestión de los incentivos y de cómo tocar estos puede tener consecuencias muy importantes a medio plazo. Hasta hace unos años, el sistema se sostenía en una cierta legitimidad ante la opinión pública que se basaba en buena parte en su carácter contributivo. Más allá de la discusión teórica entre modelos de reparto o capitalización, el mensaje que le llegaba al cotizante era: "Lo que ahora aportas servirá para que en el futuro tu pensión sea más alta". Pero si comenzamos a erosionar esa relación entre lo aportado y lo recibido, habrá quien piense si merece la pena seguir cotizando. Las opciones son múltiples: recibir parte del sueldo en especie, pasar a ser autónomo para cotizar por el mínimo, mercado negro o incluso, para los sueldos más altos, buscar opciones en el extranjero. En la visión cortoplacista de nuestros políticos esta reforma silenciosa sirve para ahorrarse unos miles de millones de euros a corto plazo. Pero a medio plazo, lanzar el mensaje de que lo aportado mes a mes no servirá (o servirá menos) para cobrar más… es muy peligroso.

Por último está el tema clave de la información. En muchos países europeos, el sistema público de pensiones es fundamentalmente asistencial. Es decir, todos cobran más o menos lo mismo sin importar lo cotizado. Hay pensiones más altas y más bajas, pero la diferencia es pequeña. Hacia ese modelo se dirige (poco a poco) España. Y entonces, ¿cuál es el problema si muchos otros países también siguen este esquema? Pues la diferencia fundamental es que allí sus ciudadanos lo saben y actúan en consecuencia. De hecho, lo normal en estos países es que ese sistema público asistencial se complemente con un esquema (también impulsado por el Gobierno en muchas ocasiones) de ahorro o capitalización: a través de planes de empresa, sectoriales… Holanda es el mejor ejemplo en este sentido. Y además, los ciudadanos saben que el sistema sólo cubrirá un mínimo y que para mantener el nivel de vida tras su retiro tienen que ahorrar de forma individual (en planes de pensiones, fondos, depósitos u otro tipo de activos).

Mientras, en España los políticos ocultan la realidad de cómo se está transformando el sistema año a año. Nadie quiere decir nada. Se habla de "subir las bases máximas" para recaudar más como si eso no tuviera consecuencias en el mercado laboral por la subida de los costes laborales o en la actitud de los futuros pensionistas. Y un cambio de la magnitud del observado en estos años (once puntos de diferencia en siete años) pasa casi desapercibido.

Un ejército de 23.000 terroristas musulmanes agazapado en Gran Bretaña
www.latribunadelpaisvasco.com 31 Mayo 2017

Los servicios de inteligencia británicos tienen detectados a 23.000 terroristas musulmanes dentro del Reino Unido, dispuestos a atentar, según "The Times", que cita a a fuentes de la inteligencia británica. Alrededor de 3.000 de éstos se encuentran bajo una fuerte vigilancia por su elevado grado de amenaza.

Tal es el problema que Paul Nuttall, líder del Partido de la Independencia del Reino Unido (Ukip), ha propuesto la creación de "campos de internamiento" para encerrar a los sospechosos de terrorismo como parte de una batería de acciones para acabar con el "cáncer islámico".

Nuttall ha propuesto también la reimplantación de la pena de muerte y se ha mostrado dispuesto a "ejecutar" personalmente "a los culpables de terrorismo y a los asesinos de niños".

"Mucha gente en la burbuja de Westminster se siente incómoda ante lo que proponemos, pero estamos diciendo cosas que la gente está pensando", asegura Nuttall, partidario también de prohibir el burka en los lugares públicos. Y ha advertido que la tragedia de Manchester"se puede convertir en algo corriente" y criticó las políticas "blandas" ante el terrorismo tanto deTheresa May como del laborista de extrema izquierda Jeremy Corbyn, a quien acusó de tender "la mano de la paz" a los terroristas suicidas.
 

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El miedo soberano
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 31 Mayo 2017

Acudir a la hemeroteca es expediente fatigoso, pero suele iluminar la razón última de comportamientos aparentemente absurdos. Por ejemplo, el de todos esos catalanes que dicen que quieren que haya referéndum pero que no quieren la independencia. Dice Arcadi -al que hay que seguir en estos días logocatarreicos- que es que no saben lo que significa el referéndum, pero quieren dejar a salvo su condición de seres superiores al resto de los españoles, capaces de decidir por los demás lo que a los demás no les dejan decidir sobre ellos. Es el federalismo asimétrico de Maragall, que se traduce en que el PSC manda en el PSOE y el PSOE no manda en el PSC.

Por supuesto, el racismo y la xenofobia están, desde sus orígenes, detrás del separatismo catalán y vasco, pero Prat y los Arana no tuvieron a la TV3 y ETB para hacer escarnio de lo español durante 30 años. La dictadura tribal, disfrazada de burla, explica ese miedo de muchos catalanes que desemboca en la contradicción de padecerlo y no confesarlo, que sería confesárselo. Cerrado El Bulli, es la deconstrucción de la tortilla en Can Godó: romper los huevos constituyentes de la soberanía nacional y no hacer la tortilla de la independencia. Lo que quieren es que los que mandan, los separatistas, les perdonen por llevarles la contraria. La socialdemocracia sueca de Pujol, de la que se reía Pla, acaba en Síndrome de Estocolmo.

El miedo explica la inacción. En la hemeroteca de la época de Zapatero y su pacto con la ETA, que, con leves cambios -De Juana por Bolinaga- ha continuado Rajoy, pueden verse los feroces ataques del sindicato cebrianita, Cuatro y La Sexta a los que respaldábamos a la AVT de Alcaraz o al Foro Ermua en su negativa a pactar nada con los etarras, salvo la fecha y hora de su liquidación. Que no queríamos la paz, decían. A cualquier precio, desde luego que no. Entonces exhibían encuestas del País Vasco que mostraban más apoyo a las concesiones de ZP a la ETA que en el resto de España. La razón era obvia: el miedo caía más cerca. ¡Como que estaba dentro!

El Estatuto de Cataluña de ZP, origen de la radicalización separatista, y la traición de la Izquierda a la Nación, con el PSC-PSOE al frente, suponen la rendición de España ante sus enemigos, con y sin pistola. La política de Rajoy, también. Todos acatan la soberanía del miedo.

Respondamos todos a los independentistas
Ignacio del Río Republica 29 Mayo 2017

Ciertamente, como dice el máster de sabuesos Marcello, el debate político en España es una desolación que se mueve entre el absurdo y la irrelevancia, más propio de una comedia de Miguel Mihura que de un país europeo con una relevante historia.

Esta inconsistencia de los actores principales de la oposición sucede mientras la canciller Merkel advierte que Europa no podrá contar con sus aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña, tras la cumbre el G7 y la secuencia de atentados indiscriminados del yihadismo patentado por el Estado Islámico se cobra víctimas teenagers en Manchester, generando una amenaza real y constante ante cualquier acontecimiento.

Empezando por la derecha geográfica de España, el espectáculo de Puigdemont y los conmilitones independentistas podría describirse como ridículo, si no fuera porque están jugando con la estabilidad del país y de tantos ciudadanos que viven, trabajan o tienen a familiares, amigo o intereses en Cataluña. Empresarios, trabajadores, funcionarios, profesionales, estudiantes, pensionistas o simplemente ciudadanos que observan con preocupación el modelo de ruptura que pretenden imponernos los independentistas, resultado de un ejercicio de acoso y descalificación a quienes no comparten su pretensión. Es radicalmente faso que haya una voluntad de diálogo en los secesionistas. Solo de imposición a los catalanes no independentistas y a todos los españoles.

Bajo la apariencia de un proceso sustentado en la voluntad democrática de los catalanes – sin mayoría acreditada- y en una Historia que se falsifica sistemáticamente, el independentismo sostiene parlamentariamente a Convergencia, el partido de Pujol y su familia, hoy disimulado bajo las siglas PD de Cat. La escalada independentista no es más que el método para encubrir e indultar el saqueo estructurado que durante años se ha practicado en Cataluña, tolerado como peaje por su colaboración con la Constitución de 1978.Un colaboración que, cuando ha transcendido la realidad de la corrupción que subyacía en el pacto catalán –nacionalismo sin terrorismo-, está rota.

El denominado proceso de Cataluña toma impulso con la reforma del Estatuto pactada por el Gobierno del PSOE presidido por Zapatero, momento en el que se le aporta un contenido jurídico relevante cuando los socialistas dan su conformidad al principio de bilateralidad en la relación Estado-Cataluña. A partir de la aprobación de la reforma estatutaria, los catalanes solo se reconocen como parte de España en base a una voluntad paccionada que es reversible y revisable.

Por tanto, la misma voluntad puede iniciar el proceso de secesión que conduce a la desconexión.

Puigdemont y los independentistas solo reconocen al Gobierno de Rajoy capacidad para pactar la fecha del referéndum, el calendario de desconexión y el acuerdo de liquidación. Coreado por la prensa afín, la estrategia del independentismo ha sido hábil: 1.Conseguir que se instale en la opinión pública la tesis de que se está larvando un choque de trenes imputable al tancredismo de Rajoy. 2. Relativizar cualquier otra cuestión de Gobierno o de corrupción en Cataluña en el marco independentista, bajo cuyo mantra todo se diluye.

Ambas premisas son pos verdades, es decir corrupciones de la verdad.

El Gobierno de Rajoy ha respondido en una primera fase, con una estrategia jurídica exclusivamente preventiva. Y en esta legislatura, desposeído de la mayoría absoluta, con un intento acercamiento político, reflejado en las reuniones de la Vicepresidenta con el líder de ERC, Oriol Junquera, la mano que mece la cuna. En los dos momentos el Gobierno ha protegido los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos catalanes – al borde de una autentica suspensión de pagos- a través de las líneas de financiación del Fondo de liquidez Autonómico.

El reto del listón de los independentistas va subiendo cada cierto tiempo para mantener el encendido el fuego purificador. No podía ser de otra manera. Ello contribuye a mantener el riesgo de la estabilidad política y perjudica a todo el país, no solo a Cataluña. Un riesgo que podría hacer descarrilar la recuperación económica que es una realidad afortunadamente en términos de empleo, de financiación y de entrada de capitales.

El desvarío independentista nos concierne a todos, no solo a los catalanes. Todos tenemos una cuota de propiedad en Cataluña. La iniciativa del Gobierno de Rajoy de invitar Puigdemont a un debate en el Congreso de los Diputados es muy acertada y debería darle continuidad e impulsar la propuesta.

Un debate en el Congreso, en la sede de la soberanía popular, con Puigdemont o sin él, sobre el reto independentista de Cataluña, sería la primera respuesta que las Instituciones del Estado deberían dar. Impulsar la implicación de toda la sociedad civil en la respuesta. No solo la de los empresarios catalanes.

Cataluña, ante el desafío secesionista
SCC pide la dimisión del Síndic de Greuges por 'trabajar para la causa separatista'
"Un Defensor del Pueblo no puede faltar al respeto a los ciudadanos, ni a las entidades que los agrupan", destaca la entidad
 lavozlibre.com 31 Mayo 2017

Barcelona.- Societat Civil Catalana ha enviado una carta al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, en la que le reclama su dimisión, porque considera que se ha convertido en un instrumento al servicio del secesionismo.

Ésta es la carta íntegra enviada por la entidad:

Estimado Sr. Ribó:

El día 29 de mayo, en una sesión del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona titulada 'Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de cargos electos y separación de poderes en el Reino de España', usted afirmó públicamente que le daría vergüenza formar parte de Societat Civil Catalana (SCC).

Se trata de una afirmación inaudita si tenemos en cuenta que esta entidad recibió en 2014 el Premio Ciudadano Europeo, por haber mostrado, según informó la propia Eurocámara, “un compromiso excepcional en promover la comprensión mutua, una mayor integración entre ciudadanos, promover la cooperación transfronteriza o expresar los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Resulta inaceptable que un Síndic “de las personas” descalifique de este modo a una entidad de la sociedad civil. Y más aún si esta descalificación, como es el caso, se enmarca en un contexto de sumisión de la institución que usted representa a unas administraciones absolutamente capturadas por el separatismo.

Recientemente, por poner un ejemplo realmente alarmante, ha elaborado un informe, con el título de su intervención en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, que SCC ha denunciado en la Comisión de Calidad Democrática, contra la Corrupción y de Reformas Institucionales y Legales del Congreso de los Diputados. Ese informe ha sido claramente elaborado para defender a diferentes cargos electos independentistas que han desatendido requerimientos de Juntas Electorales, han roto en público sentencias judiciales y hasta han desobedecido diversas resoluciones del Tribunal Constitucional.

Un Defensor del Pueblo no puede faltar al respeto a los ciudadanos, ni a las entidades que los agrupan, y tampoco puede dedicar su tiempo a preparar documentos para proteger a los poderes públicos cuyas actuaciones ha de vigilar. Ante la gravedad de estos comportamientos y como presidente de la entidad a la que usted ha ofendido abiertamente, y además en un foro especialmente simbólico, le exijo su renuncia inmediata.

Si quiere trabajar por la causa separatista, hágalo abiertamente pero no secuestre a una institución que es de todos los catalanes, entre los que también contamos los que apostamos decididamente por la convivencia con el resto de españoles.

Atentamente.
Mariano Gomà, presidente de Societat Civil Catalana.

"A las armas que se acerca El Defensor del Pueblo"
Nota del Editor 31 Mayo 2017

Hace algunos años, ante la desfachatez de las contestaciones del defensor del pueblo a las quejas de los español hablantes reclamando sus derechos humanos y constitucionales para no ser sometidos a la dictadura de los lenguaterroristas regionales, ponía ese mensaje en la primera página de esta dirección.

Recientemente he vuelto a presentar otras quejas, reclamando sobre el silencio administrativo de un ayuntamiento que no dispone del plan de urbanismo en español, lo mismo que si se reclama el derecho a disponer de los recibos de los servicios municipales IBI, agua y saneamiento en español, el defensor del pueblo ha respondido con una contundencia digna del mas osado regional pederasta lingüista, contraviniendo la letra y el espíritu de la constitución y las leyes, especialmente la de procedimiento administrativo común que además debería haber solicitado su inconstitucionalidad por cuanto oficializa que en las regiones donde el español es lengua impropia, desaparezca oficialmente y los ciudadanos de cuarta (español hablantes en estas regiones malditas) puedan seguir siendo machacados aún con más saña.

‘Material humorístico de primer orden’
Pérez-Reverte saca los colores al catalanista Institut Nova História
El escritor repasa los históricos descubrimientos del Instituto catalán: “Un figuras llamado Pep Mayolas afirma sin despeinarse que el filósofo Erasmo de Rotterdam era en realidad hijo del catalán Cristófol Colom, descubridor de América”.
Gaceta.es 31 Mayo 2017

Con humor e ironía, así desmonta el escritor Arturo Pérez-Reverte los descubrimientos históricos que el prestigioso Institut Nova História, regado con dinero público, ha realizado en los últimos años. En un divertido artículo publicado en XL Semanal, Reverte señala la habitual manipulación que, desde todos los sectores, intenta hacerse de la historia, pero pone como ejemplo inigualable a la catalanista institución: “Hay en Cataluña un chiringuito subvencionado que proporciona un material humorístico de primer orden”.

Así explica cómo, para este instituto, y gracias a los congresos subvencionados y con gran éxito de crítica y público, se ha llegado a plantear con aspiraciones de verdad que “la nación catalana está detrás de cada una de las principales gestas y personajes de la Humanidad”.

Como ejemplos, cita Reverte los siguientes hitos académicos de Nova História: “el humanista Erasmo de Rotterdam y el navegante Magallanes eran catalanes hasta las cachas, pero los perversos historiadores españoles ocultaron su verdadera patria. En cuanto al Cantar del Cid y El lazarillo de Tormes, son anónimos porque sus autores, por miedo a la Inquisición y al Estado español, decidieron ocultar su identidad claramente catalana. Hasta la bandera norteamericana es de origen catalán, directamente inspirada -ojo al dato- no en la señera, sino en la estelada. Y lo que algunos indocumentados llamamos España no es sino una creación artificial, inexistente, aunque de génesis esencialmente catalaúnica”.

Pero hay más: “Cristóbal Colón procedía, en realidad, de la familia barcelonesa Colom, y el supuesto veneciano Marco Polo no era veneciano, sino un conocido explorador catalán que viajaba bajo seudónimo porque era tímido”. De ahí a los textos de Santa Teresa de Ávila –“catalana de toda la vida”- o al autor de La Celestina, “que ocultó su nombre por razones de seguridad, pero que era catalán sin lugar a dudas”. “Y un figuras llamado Pep Mayolas -primer espada de la neohistoria- afirma sin despeinarse que el filósofo Erasmo de Rotterdam era en realidad hijo del catalán Cristófol Colom, descubridor de América. Zasca”.

La lista no termina aquí, y el escritor cita en su artículo todavía a Miguel de Cervantes –“se llamaba Miquel Servent y su Quijote lo escribió en catalán”, al Gran Capitán –“que no se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba, sino Ferrán Folch de Cardona”- o a Ponce de León: “era de Gerona, cuidado”.

¿Responderá al provocador artículo el Institut Nova História?

Promovido por el PSOE y la Chunta
El catalán, 'lengua propia y vehicular' de Aragón
Rafael Núñez Huesca gaceta.es 31 Mayo 2017

Los centros educativos aragoneses que se acojan a la nueva ley lingüística estudiarán catalán y en catalán. Es una de las consecuencias de asumir el idioma como "propio" de la comunidad autónoma. Una iniciativa que ha contado con el apoyo de Ciudadanos.

Hace tiempo que el PSOE aragonés es partidario de asumir el catalán como “lengua propia” de la comunidad autónoma, y como tal la declaró el presidente socialista Marcelino Iglesias en la Ley de Lenguas de 2009. La ley fue derogada por el Ejecutivo del PP de Luisa Fernanda Rudi en 2013, texto aún en vigor pero que tiene los días contados.

La coalición PSOE-Chunta aragonesista ultima ahora un nuevo proyecto de lenguas en el que el catalán no sólo será "propia" de Aragón sino que podrá ser “lengua vehicular” en los colegios e institutos públicos, esto es, además de la asignatura de lengua catalana, otras materias podrán impartirse en catalán. Así lo ha establecido el presidente autonómico Javier Lambán (PSOE).

Un cambio jurídico con importantes consecuencias
Los centros educativos aragoneses que lo deseen dedicarán un mínimo de dos horas lectivas al catalán. El número de horas lectivas podrá ampliarse. La nueva ley, dice el gobierno autonómico, está pensada para la parte este de la comunidad autónoma, un área a la que el nacionalismo catalán se refiere como “Franja de Ponent” e incluso "Catalunya de Ponent" y que formaría parte de los pretendidos Països Catalans.

Lo cierto es que el catalán viene estudiándose desde hace décadas en diferentes centros del oriente de Aragón que así lo hayan solicitado. Un modus operandi que el gobierno de Rudi también mantuvo. ¿Qué cambia entonces? Se ha producido un cambio jurídico: el catalán ya es una lengua “propia” de la región. Y el nuevo estatus, impulsado por PSOE, Podemos, IU, Ciudadanos y la Chunta (PP y PAR se opusieron), tiene importantes consecuencias. La principal que a partir de ahora se podrá enseñar en catalán en lugar de en castellano. Pero además, según informa ABC, el catalán se potenciará también desde la asignatura “Historia y cultura de Aragón”, en cuyo contenido se estudiarán las “lenguas propias de Aragón”, a saber, y según ha quedado establecido legalmente, el catalán, pero también el aragonés.

La Chunta ¿aragonesista?
El idioma catalán es una de las obsesiones de la Chunta y así quedó reflejado en los pactos de investidura con el PSOE que permitieron al partido de Lambán alcanzar la presidencia a pesar de haber quedado por detrás del PP. El PSOE aragonés logró la presidencia con el respaldo de Podemos, la Chunta e IU, mas sólo la Chunta entró en el Ejecutivo. Y lo hizo con condiciones. Entre ellas, por ejemplo, la emisión de programación en catalán en la televisión autonómica. Y aunque no quedó reflejado en el pacto de investidura, la Chunta busca también que el catalán sea considerada lengua cooficial en Aragón. En todo Aragón. Incluso en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El último que apague la luz
Nota del Editor 31 Mayo 2017

España es el primer país clasificado en el campeonato de estúpidos autodestructivos. Y cuando creíamos que ya no cabían mas, aparece otro rebaño, así que difícilmente podrán arrebatarnos el título mundial.

Basta con utilizar el gallego para recibir el dinero
www.latribunadelpaisvasco.com 31 Mayo 2017

Las universidades gallegas ofrecen a los alumnos entre 100 y 600 euros para que usen el gallego en sus trabajos de investigación

Galicia Bilingüe ha presentado una queja ante la Valedora del Pueblo de Galicia (Defensor del Pueblo), haciéndose eco del malestar que estos días han trasladado a estas asociación varios alumnos de la UDC (Universidad de La Coruña). Al parecer, y según su propio testimonio, estos jóvenes recibieron en su correo electrónico de la Universidad un anuncio animándoles a usar el gallego en las tesis doctorales y trabajos de fin de carrera, a cambio de una cantidad de dinero. Las cantidades a pagar oscilan desde los 400 euros por una tesis doctoral, hasta los 75 euros por un trabajo de fin de grado.

Al contrastar esta información con la recabada en los servicios de Normalización Lingüística de las tres universidades gallegas, Galicia Bilingüe ha averiguado que el dinero procede de convenios firmados con la Consellería de Educación, y que las cantidades con las que se compra el uso del gallego por parte de los estudiantes e investigadores, varían de un campus a otro.

Así, mientras en La Coruña se paga su utilización en la tesis doctoral a 400 euros y se dan 75 por los trabajos de fin de carrera, en Vigo se pueden obtener hasta 600 euros por realizar y defender una tesis doctoral en gallego, 150 euros por tesis de investigación de tercer grado, y 100 euros por trabajos de investigación de fin de grado o de carrera. En Santiago pueden cobrarse hasta 400 euros por tesis doctoral en este idioma, pero este dinero estaría destinado a pagar fotocopias y encuadernación. En Vigo y La Coruña, basta con usar el gallego para recibir el dinero. Lo común a las tres es que se proporciona a estos investigadores asesoramiento para traducir los términos científicos.

Los alumnos que se han puesto en contacto con Galicia Bilingüe se quejan por la discriminación que esto supone. Cabe recordar que los jóvenes gallegos hispanohablantes tampoco pueden acceder a las ayudas que concede la Xunta a jóvenes creadores, ya que el uso del español está prohibido en las convocatorias para todos los campos artísticos.

Más allá de la discriminacion que ello implica, Galicia Bilingüe quiere llamar la atención sobre la creciente tendencia de la Xunta de Galicia a comprar visibilidad para el gallego. "En este caso", se explica desde esta asociuación, "se trata de mostrar unas cifras de publicaciones de trabajos científicos en gallego que no suelen obedecer a una voluntad sincera. Según datos de la universidad de Santiago, el uso del gallego en las tesis doctorales no llega a 13%; el español, lo usan el 56% de los investigadores".

Por otra parte, un creciente número de tesis se elaboran en inglés, que era una lengua casi ausente en este ámbito en Galicia hasta hace muy poco, pero que ahora es utilizada en el 20% de las tesis. En opinión de Galicia Bilingüe, sería mucho más efectivo y positivo, "que este dinero con el que se discrimina a los estudiantes hispanohablantes, se destinara a pagar profesorado para que los niños gallegohablantes de las ciudades en la etapa de Infantil, puedan tener clases en su idioma. Recordemos que esta etapa educativa, de tres a seis años, es la única en la que se usa preferentmente el idioma de los niños, pero como la Xunta no permite elegir lengua, y ha dictaminado que se use la lengua predominante en el aula, los niños gallegohablantes suelen estar en desventaja en las ciudades".
 


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