AGLI Recortes de Prensa   Viernes 2  Junio 2017

¿Tanto vale la estabilidad?
Cada sí nacionalista vasco va a suponer una puñalada a las víctimas del terrorismo además de costar al contribuyente 849 millones de euros
Isabel San Sebastián ABC 2 Junio 2017

EL Gobierno ha logrado finalmente sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado a costa de pagar un altísimo tributo al nacionalismo, como es costumbre acendrada en esta España regida por una ley electoral tan injusta como suicida. En esta ocasión han sido las taifas vasca y canaria las ganadoras del Gordo presupuestario, sacando un provecho desproporcionado de la minoría parlamentaria que aboca al PP a negociar a la desesperada. Dicen los expertos que el impacto positivo derivado de estas cuentas compensará con creces la humillación colectiva inherente a su aprobación. Aseguran que la estabilidad alcanzada merced a esos 176 «síes» nos permitirá seguir creciendo, crear empleo y reducir la deuda y el déficit que lastran nuestra economía. Tal vez tengan razón. Yo me pregunto, no obstante, si realmente hay «estabilidad» que valga la igualad entre españoles consagrada en la Constitución o la dignidad escarnecida.

El disputado voto del señor Pedro Quevedo, representante de Nueva Canarias, ha sido el más comentado, aunque en absoluto el más gravoso. Ni a mil millones de euros ha llegado la inversión pactada en el archipiélago, donde por otra parte era de justicia reparar desequilibrios históricos. Ciudadanos y Coalición Canaria han brindado su respaldo prácticamente gratis, lo que demuestra su patriotismo o su condición de panolis, dependiendo de cómo se mire. Lo del PNV, en cambio, clama al cielo. Nunca cinco escaños resultaron ser tan rentables ni tan magistralmente gestionados en beneficio propio, con absoluto desprecio del interés general. Claro que los hijos de Sabino Arana son expertos en el arte de recoger nueces y hasta han incrementado la cosecha ahora que el separatismo catalán ha asumido el liderazgo de la lucha por romper España y ellos pueden presentarse como el «socio leal» del Gobierno. Ellos saben lo que hacen, llevan décadas haciéndolo y cuentan con la complicidad de un PP y un PSOE que nunca han considerado seriamente la posibilidad de poner fin a este abuso reformando con su mayoría las reglas de juego vigentes en materia electoral.

En esta ocasión los de Urkullu consiguen un «Cupazo» de 4.245 millones de euros, que incrementará aún más el ya escandaloso privilegio fiscal de esa comunidad autónoma; una demarcación que se permite gastar el doble por habitante que la media nacional y recibe del Estado más de lo que aporta al conjunto, pese a ser la segunda en renta per cápita, detrás de la muy solidaria Madrid. Consiguen un incremento notable en inversiones en alta velocidad y otros capítulos. Y consiguen, además, el acercamiento de los presos de ETA, incluidos los más sanguinarios, a cárceles próximas a sus hogares, en un movimiento acordado de tapadillo y hasta negado por el ministro del Interior que comenzará a producirse a partir de este mismo verano con la máxima discreción posible. Algo así como una Vía Nanclares generalizada, cuya puesta en marcha se nos venderá como fruto de un falso imperativo legal similar al invocado para poner en la calle al asesino Bolinaga. ¡Al tiempo!

El malvado incompetente
Emilio Campmany Libertad Digital 2 Junio 2017

Manuela Carmena no se hizo juez por vocación. Empezó a preparar las oposiciones porque así se lo ordenó el PCE cuando ya llevaba un montón de años ejerciendo de abogada laboralista. Aprobó a punto de cumplir los 37. La alcaldesa de Madrid es la prueba viviente de que, desde los tiempos de la Transición, el PCE se esforzó por tener elementos afines en el seno del Tercer Poder. ¿Cuántos comunistas recibieron la misma orden y cuántos obtuvieron plaza? Supongo que rastreando los archivos del PCE será posible hacerse una idea, pero no es la cantidad lo que interesa destacar, sino la actitud. Los socialistas prefirieron captar a los que ya habían aprobado en vez de ponerse a estudiar. Como no atrajeron a tantos como hubieran querido, reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial para que éste dejara de ser independiente y estuviera sometido al Poder Ejecutivo. Y de remate se inventaron la manera de nombrar jueces sin necesidad de hacer la oposición no fuera a ser que a un socialista se le licuaran las meninges de tanto estudiar.

La solución socialista era mucho más eficaz, y menos penosa, que la de los comunistas. Pero tenía un inconveniente. Si perdían el control del Poder Ejecutivo, perderían también el del Poder Judicial. Claro, que no estaba en los planes de Felipe dejar de ser presidente del Gobierno nunca, de forma que el riesgo era mínimo. Contra todo pronóstico, y debido al rosario de escándalos del Gobierno del PSOE, después de superar un intento de asesinato, Aznar logró desbancar al PSOE. Aunque ganó las elecciones gracias, entre otras cosas, a su promesa de devolver al Poder Judicial su independencia, cuando probó lo agradable que era manejar desde el Poder Ejecutivo al Judicial, se desdijo y disfrutó de los resortes creados y lubricados por Felipe González.

Cuando Zapatero llegó a La Moncloa sobre la onda expansiva de las bombas de Atocha, nadie esperaba de él que diera independencia a los jueces. Mucho menos estando la investigación del 11-M por medio y la necesidad de darle oxígeno a la ETA para poder negociar con ella y que su renuncia a las armas fuera fruto de la magnanimidad de Zapatero y no de la obstinación de Aznar. Luego, Rajoy hizo la misma promesa que Aznar para ganar las elecciones de 2011. E igualito que su mentor se desdijo inmediatamente de su promesa para poder él también dirigir a los jueces. Pero es tan incompetente que ni siquiera con los muchos instrumentos heredados de sus antecesores es capaz de impedir que los jueces y fiscales politizados que hay, muchos de ellos de izquierdas y situados en puestos clave, se le suban una y otra vez a las barbas. Y eso sin contar con los amigos, que han dejado de obedecer. ¿No quería politización de la Justicia? Pues ahí tiene tres tazas que apurar, una detrás de otra: Bárcenas, testificar en la Gürtel y la dimisión de Moix. Ni para ser malo vale.

Hipócritas
Guillermo Dupuy Libertad Digital 2 Junio 2017

Poco importa que los golpistas hayan cumplido fielmente aquel compromiso verbal adquirido por Mas en 2012 de no cumplir una sola de las numerosas sentencias como las que nuestro Alto Tribunal ha emitido desde entonces estérilmente contra lo que Alfonso Guerra llamó hace unos años "golpe de Estado a cámara lenta". Poco importa también que en Cataluña siga imperando aquella ilegal y silenciada resolución parlamentaria de finales de 2015, no menos estérilmente anulada por el TC, que afirmaba, ya negro sobre blanco, que "el Parlamento de Cataluña y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional". Está visto que el PP y Ciudadanos no se hartan de que la Generalidad de Cataluña utilice las sentencias del Tribunal Constitucional en sustitución del papel higiénico.

Buena y reciente prueba de ello es que ambas formaciones acaban de recurrir los presupuestos de la administración autonómica, aprobados por sus golpistas mandatarios en marzo de este año, al apreciar la clamorosa ilegalidad que, ciertamente, constituye el hecho de que cuenten con una partida expresa de 5,8 millones de euros para organizar la nueva y no menos ilegal consulta secesionista de este año.

Convendría recordar, sin embargo, que la sediciosa Administración regional catalana ya aprobó en sus presupuestos de 2014 una partida para la ilegal consulta del 9-N de 10 millones de euros, que posteriormente el Gobierno regional aumentaría hasta los 13 porque, según dijo Joana Ortega, aquella partida presupuestaria era "ampliable". Ignoro, sin embargo, por qué el tribunal que posteriormente protagonizó el simulacro de juicio contra el 9-N redujo el coste monetario de aquel delito de desobediencia a los 4, 9 millones de euros; pero no hay que olvidar los denodados y exitosos esfuerzos de la Fscalía, tras la dimisión de Torres-Dulce, en no querer ver en el 9-N –al igual que el Gobierno de Rajoy– delito alguno que, como ocurre con la malversación, supusiera para sus autores pena de cárcel.

El hecho es que ni PP ni Ciudadanos recurrieron entonces ante el TC aquella partida de los presupuestos que la Generalidad dedicaba a aquella consulta que ni Rajoy ni Rivera consideraban que se iba a celebrar. Y aunque ahora lo hagan, de poco servirá que el TC emita una nueva sentencia contra el procés si los golpistas se mantienen fieles a lo que son y le hacen el mismo caso omiso que las anteriores.

Precisamente para anticiparse a la comisión del delito o para remediar la absoluta esterilidad que sufren las resoluciones judiciales cuando los mandatarios regionales "no se supeditan", de palabra y acreditada obra, a las mismas, es por lo que en nuestra Constitución figura el artículo 155, que permitiría la suspensión total o parcial de la administración regional en rebeldía.

La hipocresía del PP y de Ciudadanos, sin embargo, no anida únicamente en el hecho de que no se atrevan siquiera a mentar ese artículo de la Constitución. Radica, sobre todo, en el hecho de que tampoco se atrevan a estas alturas a negar a los golpistas la financiación extraordinaria a cargo del FLA mientras estos siguen destinando parte de sus presupuestos a un proceso de secesión, todo él radicalmente ilegal, y cuyo coste para los contribuyentes va mucho más allá de lo que acarrea consultar a los catalanes la voladura de nuestra nación entendida como Estado de Derecho.

Pero, en fin, a este espectáculo estamos condenados mientras los secesionistas se salten la ley y los que no lo son sólo finjan que la hacen cumplir.

Una irresponsabilidad compartida
Juan Pablo Polvorinos Libertad Digital 2 Junio 2017

Ha sido un mandato corto, pero no se recuerda mayor intensidad en la Fiscalía. El Gobierno esperaba que el paso de Manuel Moix por Anticorrupción sirviese para poner orden en un estamento al que había que meterle mano, pero en última instancia la operación de limpia en la Fiscalía deja un cadáver y graves daños colaterales.

Malherida termina la imagen del Ejecutivo, que fracasa en su intento de poner orden en Anticorrupción. Destrozada queda la apariencia de independencia de la Fiscalía. Y con los pies por delante sale Manuel Moix, que quiso hacer mucho en poco tiempo y que además pecó de una torpeza impropia de un experimentado fiscal de carrera.

Partamos de una premisa básica para entender el asunto. En esta España gritas "¡financiación irregular!" sobre un partido político y la gente te dice: "Bueno, y qué, si es más de lo mismo"; parece que todo el mundo lo tiene ya asumido. Sin embargo, gritas "¡Panamá!" y entonces cunde el pánico. Porque los políticos lo trasladan a la ciudadanía estableciendo un sencillo pero equivocado mecanismo mental que conecta Panamá con paraíso fiscal, evasión, dinero negro, blanqueo de capitales y, finalmente, corrupción.

Parece que hay que repetir cada día que tener una sociedad en Panamá no es ilegal. Y muchos olvidan (tal vez deliberadamente) que la ilegalidad sí existe, en cambio, cuando esa sociedad se ha utilizado para desviar un dinero de origen ilícito, para ocultarlo al Fisco, lavarlo y defraudar a Hacienda. Pero tener una sociedad en Panamá no significa necesariamente haber evadido o defraudado.

Es grave que un concepto tan sencillo no lo conozcan los políticos de la oposición que han pedido a gritos la dimisión de Moix. Pero es aún peor que estos políticos (que son legisladores en el Congreso) estén sesgando deliberadamente la realidad, dejándose el rigor en la gatera, para confundir a la opinión pública y sacar un puñado de votos.

Más de un diputado (y no pocos medios de comunicación) viven de y en la dictadura de la exageración, dibujando argumentos con trazo grueso sin ningún rigor.

El verdadero debate no es jurídico sino estético, y aquí Moix no tiene parapeto alguno. La cuestión de fondo era si podía ser fiscal jefe anticorrupción alguien que, teniendo una sociedad off shore, se dedica a investigar a los que, utilizando las mismas cuentas, sí defraudan a Hacienda y esconden dinero de dudosa procedencia.

No se le ocurre a nadie, en un país en el que se termina sabiendo todo, mantener una participación en una sociedad panameña que te puede traer problemas. Pero lo que no se le ocurre ni al que asó la manteca es ocultárselo a tu superior directo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

La conclusión es que la Justicia española está desprestigiada, por culpa de los políticos que se esmeran sistemáticamente en tener embridados a jueces y fiscales para ocultar sus asuntos turbios. Ellos son el origen del problema y tienen la culpa. Es verdad. Pero no debemos olvidar a los miembros de la Judicatura y la carrera fiscal que, olvidándose de toda imparcialidad, se arriman al poder político para subir en el escalafón. Ellos también son responsables.

por su injerencia en el poder judicial
La juez Alaya arremete duramente contra la clase política
La Gaceta 2 Junio 2017

La jueza Mercedes Alaya ha arremetido duramente contra el poder político, que a su juicio trata de politizar al poder judicial y protagoniza preocupantes injerencias en la Fiscalía, hasta el punto de que "la independencia del poder judicial se está tambaleando de manera extremadamente grave".

"A medida que más casos de corrupción hay, más cortapisas nos ponen a los jueces para luchar contra ellos" ha dicho la magistrada en una conferencia en el Ateneo de Madrid, en la que se ha mostrado especialmente crítica con el Gobierno y el poder político y en la que ha tachado a la Fiscalía como "el representante del Gobierno".

Alaya cree que "la mayor injerencia política" en los procedimientos judiciales radica en la elección del fiscal general del Estado y de otros altos cargos judiciales por el Gobierno, que "no son elegidos por criterios objetivos sino porque son más dóciles a los partidos políticos".

No ha mencionado la magistrada la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, aunque sí que se ha cuestionado "cómo es posible que pudiera tener esa sociedad en un paraíso fiscal" cuando los jueces no pueden "tener absolutamente ninguna participación en ninguna sociedad".

Sí que ha dicho que la actuación de Moix en el caso Lezo, donde se negó a practicar un registro, es prueba de "la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal" aunque ha valorado positivamente que finalmente se saldase con la "valentía" de los fiscales del caso que discreparon con Moix y convocaron a la junta de fiscales.

Pese a que no ha querido criticar a los representantes del Ministerio Público, se ha mostrado contraria a que se hagan cargo de la instrucción como quiere el Gobierno, algo que solo podría plantearse con "un fiscal absolutamente independiente".

La jueza de la Audiencia Provincial de Sevilla ha señalado que "se está tratando de politizar absolutamente al poder judicial" y que "los poderes públicos venden a bombo y platillo leyes para agilizar la Justicia, que en realidad lo único que ponen son más cortapisas y amarres a los jueces para luchar contra los delitos contra la Administración y para coartar la independencia judicial".

Y aunque ha defendido la independencia de los magistrados, Alaya ha apuntado que en estas condiciones "el camino está servido para que el poder político robe al judicial su principal fuente de legitimación (...) que es controlar al poder ejecutivo".

Por eso, la acusación popular "hace más falta que nunca" porque es la "la única salida para la permanencia y pervivencia de los procedimiento judiciales".

La magistrada, conocida por haber instruido el caso de los ERE de Andalucía, también ha arremetido contra algunas medidas estrella del Ejecutivo como su voluntad de eliminar el papel en los juzgados, algo que ha tachado de "inútil", o su intención de suprimir las macrocausas, lo que a su juicio es imposible.

Es necesario, ha reivindicado Alaya, que se dote al poder judicial de independencia presupuestaria para evitar que los altos cargos "tengan que estar al calor de los partidos políticos" o "limosneando fondos", así como el fin de las puertas giratorias.

También ha propuesto la existencia de un Consejo General del Poder Judicial "despolitizado", un Ministerio Fiscal "sin injerencias" y un pacto de estado por la Justicia.

De puñetas y puntillas
Moix, en el ojo del huracán
Jaime González ABC 2 Junio 2017

Cuando la Fiscalía era una auténtica servidumbre del Gobierno y las togas se manchaban con el polvo del camino, las purgas en el Ministerio Fiscal eran una realidad que las terminales mediáticas del poder se encargaron de silenciar, pese a que no fueron pocas las víctimas de Conde-Pumpido (y si no que le pregunten a Eduardo Fungairiño, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional). El por entonces fiscal general del Estado justificó su relevo con el argumento de que era necesario acometer un «reequilibrio ideológico» en la institución. Era la constatación de que los principios de mérito y capacidad reconocidos en la Constitución habían sido triturados y de que la politización de la carrera profesional obedecía a una estrategia perfectamente establecida.

No pasó nada, salvo que la izquierda judicial celebró la purga con delectación y las terminales mediáticas del poder socialista se pusieron de canto o miraron para otro lado, acaso porque también creían que había que mancharse con el polvo del camino.

Sirva esta introducción para situar al lector ante la polémica derivada de los nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general del Estado y de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción. Las evidentes discrepancias y enfrentamientos en el Ministerio Fiscal no responden solo a divergencias de criterio, sino que traen causa –no nos engañemos– de aquel «reequilibrio ideológico» que sirvió a Conde-Pumpido como argumento de depuración.

Lo que está pasando ahora es que en la Fiscalía se libra una guerra política que ha situado a Maza y Moix –sobre todo– en el ojo de un huracán sobrealimentado por los sectores de la izquierda política y judicial. Para ser justos, Moix –con su proceder en el caso Lezo– ha puesto mucho de su parte y contribuido de manera notable a dotar de argumentos a sus adversarios, aunque también es cierto que si no les hubiera dado razones para pedir su cabeza, habrían tratado igualmente de llevárselo por delante.

Ahora se ha conocido que el fiscal jefe Anticorrupción tiene una empresa en Panamá que heredó de su padre y que esta es propietaria de un chalé en una localidad madrileña. Parece ser que la declaró a Hacienda, pero no parece que se lo comunicara al Ministerio Público, como resulta preceptivo. La puntilla para Moix. Lo más triste es comprobar cómo los sectores que celebraron con delectación la purga ideológica emprendida en su día por Conde-Pumpido son los mismos que están a punto de cobrarse la pieza del fiscal jefe Anticorrupción. Lo lamento, pero Moix se ha equivocado tanto que no hay manera de salir en su defensa.

El mazazo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Junio 2017

El Fiscal General anticorrupción, ha permanecido en el cargo 85 días, batiendo el poco honorable récord de ser el más breve en su desempeño. Su elección ya estuvo rodeada de polémica cuando se filtró una conversación grabada del encarcelado por corrupción en el caso LEZO, el ex Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ante la posibilidad de que este fiscal fuese nombrado en ese cargo con una frase tan espontánea y expresiva como “sería cojonudo”. Las posteriores decisiones del nuevo Fiscal General con la destitución de sus subordinados responsables de los casos del 3% en Cataluña, y su actitud sospechosamente entorpecedora de operativos policiales, han contribuido a que diversas asociaciones del colectivo de fiscales hayan pedido su dimisión. Pero nada de eso fue considerado ni por el Ejecutivo, ni el Ministro de Justicia, ni el Fiscal General que le nombró, apoyándole en su gestión y confirmándoles en el cargo. Solo otra filtración, esta vez relacionada con su participación con el 25% en una sociedad en un paraíso fiscal como es Panamá cuyo patrimonio era, al parecer, exclusivamente la casa en Madrid heredada de sus progenitores, ha sido el detonante que ha propiciado la “dimisión voluntaria” por razones “personales”. Y tanto que lo son, y desde luego nada ejemplarizantes.

Y esto nos lleva al podrido tema de la politización de la Justicia en España, algo muy relacionado con su complemento de judicialización de la política. Un panorama desolador que, sin embargo, oculta otras graves carencias en el ámbito legislativo en cuanto a la garantía de los derechos constitucionales. Se confirma la desidia de la clase política en asuntos de fuerte impacto social donde se antepone el garantismo exquisito de los derechos de los delincuentes sobre los de sus víctimas. Un ejemplo claro lo tenemos en los llamados movimientos “okupas” donde auténticas mafias prosperan gracias a una legislación demasiado lenta y permisiva incapaz de defender un derecho tan fundamental como el de la propiedad privada. Claro que los ricos no tienen nada que perder, pues ya disponen de medios de seguridad privados que les garantizan la preservación de sus propiedades.

Una Justicia que se mueve en este entorno nunca puede ser reconocida como tal. Una clase política que se desentiende de los ciudadanos y solo se preocupa por sus propios intereses partidistas y personales, nunca podrá ser considerada como representantes legítimos. Y mucho menos cuando sus cargos electos lo son en su mayoría gracias a un sistema electoral absolutamente anti democrático basado en listas cerradas, realizadas por la cúpula del partido de forma discrecional en una política de premio – castigo que garantice las lealtades y anule a la crítica y disidencia.

España lleva 40 años de una democracia con deformaciones congénitas donde los partidos políticos se han convertido en empresas privadas cuyo valor añadido es simplemente la gestión del poder y de las millonarias subvenciones. Pero al parecer, eso no ha sido suficiente y casi sin excepción se han dedicado al expolio de las arcas públicas en forma de coimas y corrupción en todos los niveles para el enriquecimiento personal y financiación ilegal de las necesidades insaciables de dinero que soporte su estructura. Grandes partidos con miles de militantes a los que hay que contentar y procurar un sistema de ascensos usando los cargos y empresas públicas como destino de contratación.

Un Fiscal General anticorrupción se ha ido, pero otros vendrán que bueno le harán. Ya ocurrió con otros casos como el del Cándido Conde – Pumpido y su particular forma de entender los límites de la Justicia y de la legalidad con aquello de “mancharse las togas con el polvo del camino”. Ahora tenemos a un tal Maza, responsable último de haber nombrado al que debería haber sido el látigo de los defraudadores, pero que algunos consideraban “cojonudo” si les tocaba en suerte en un futuro. Un auténtico mazazo a la credibilidad de quien no asume su responsabilidad "in eligendo" y nos quiere hacer creer que ha sido una dimisión que él no consideraba necesaria y que no pudo convencerle. O sea, que lo de tener una empresa en un paraíso fiscal es algo compatible con el máximo responsable de perseguir el fraude fiscal y la evasión de capitales. Sin comentarios.

Solo espero que, si aún existe algún partido político con ganas reales de cambiar esto, lo haga antes de que los ciudadanos terminen por tomarse la justicia por su mano. Todo tiene un límite y la paciencia del pueblo español se ha acabado.

¡Que pasen un buen día!

Carmena no tiene 'colocaos'; tiene dinamizadores
Percival Manglano Libertad Digital 2 Junio 2017

Si algo caracteriza al Gobierno de Manuela Carmena es que la capacidad que le falta para gestionar la ciudad –y, en particular, para limpiarla– le sobra para encontrar formas de colocar a gente.

En los últimos meses, nos hemos encontrado con una multiplicidad de contratos que demuestran que Carmena está contratando a –me atrevo a decir– cientos de personas que, conforme nos acerquemos a las elecciones de 2019, revelarán su verdadera cara: la de agentes electorales. Como tantas otras iniciativas motivadas por su interés electoral, la izquierda ha buscado camuflar esta contratación masiva con el uso de un concepto eufemístico que da una imagen positiva.

Pero, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes.
Fijémonos primero en los colocaos clásicos, el personal eventual. A fecha de hoy, el Gobierno de Carmena –el de la nueva política– tiene 114 asesores. Se llega a esta cifra tras una segunda ronda de colocaosrealizada a finales de 2016, en función de la cual las Juntas de Distrito cuentan ahora con dos asesores cada una. En el colmo del cinismo, el Gobierno municipal anunció que se contrataba a estos asesores para asegurar la descentralización de competencias municipales hacia los distritos; a fecha de hoy, la descentralización ni está ni se le espera, pero los asesores ahí están. Los 114 asesores contratados a dedo cuestan unos 6 millones de euros al año.

Pero claro, el problema de Carmena es que, por ley, el número de asesores está limitado al 0,7% de la plantilla municipal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo seguir colocando a gente evitando este límite?

Aquí es donde cobra sentido el concepto estrella desarrollado por Carmena y los suyos: la dinamización. Nadie sabe muy bien qué es dinamizar. Pero suena bien. Y, al amparo de este verbo, Carmena ha encontrado la excusa perfecta para licitar una multiplicidad de contratos cuya razón de ser básica es contratar a gente.

Existen dos tipos de contratos, los mayores y los menores.
Entre los mayores destaca el contrato de dinamización de los Foros Locales. Los Foros Locales son un esperpéntico invento de Carmena (ver aquí) que se supone están para promover la participación vecinal. A su amparo, Carmena licitó un contrato, adjudicado por 382.000 euros, por el cual se contrató a 22 personas: un coordinador y 21 dinamizadores (uno por distrito). Su labor es dinamizardichos foros.

En el colmo de las casualidades, la dinamizadora del Foro Local del distrito de Barajas fue candidata en las primarias de Ahora Madrid, el partido de Carmena (ver aquí). Cuando le señalé este hecho a la portavoz Rita Maestre en un reciente debate en el Pleno municipal, se quedó, literalmente, sin palabras (ver aquí).

Carmena ha otorgado muchos más contratos de dinamización, por ejemplo, en los distritos de Centro, Vicálvaro, Villaverde, Usera, Villa de Vallecas o Fuencarral, pero prefiero evitarle al lector la tortura de detallarlos uno a uno.

Luego están los contratos menores (los de menos de 18.000 euros, dados a dedo). Los contratos menores, en general, se han convertido con Carmena en una especialidad de la casa. Su número total pasó de 3.300 en 2015 a 5.600 en 2016.

Entre los contratos menores dedicados a la dinamización la estrella es, sin duda, el de dinamización de patios de colegios públicos en Chamberí. Gracias a él, se ha contratado a 15 dinamizadores para enseñar a los niños a jugar a las chapas y a las canicas. Sí, sí, han leído bien. Aquíencontrarán más detalles.

No es descartable que, vista la furia dinamizadora de Carmena y usando la baja natalidad española como excusa, los madrileños nos encontremos en breve con un dinamizador municipal colocao en nuestros dormitorios.

En todo caso, Carmena ha adjudicado ya 20 contratos mayores y menores de dinamización por un importe total de 1.500.000 euros. Y el número de colocaos (que sepamos) es de más de 120.

Para tener una imagen fiel del número de colocaos, habría que añadir a los agentes culturales que ya han contratado en algunos distritos (a razón de 44.000 euros cada uno) y los contratos menores que están dando a empresas afines como Gea 21 o Dinamia.

Es evidente, también, que, con el tiempo, Carmena y los suyos querrán que los colocaos pasen a formar parte permanente de la plantilla municipal. Esto lo podrán hacer por dos vías: a través de la subrogación de las personas trabajadoras y de las encomiendas de gestión.Ese es el verdadero objetivo: hacer fijos a sus colocaos.

Pero, entre tanto, los dinamizadores deberán probar su valía. Y el horizonte, en este sentido, es muy claro: las elecciones de 2019.

Percival Manglano es concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid
pmanglano.com

Sociedad / Reforma educativa
Selectividad: Por el derecho a examinarse en castellano
Los alumnos de Baleares harán la prueba en la lengua oficial del Estado, aunque sólo si lo piden
Alberto R. Roldán La Razon 2 Junio 2017

Berta había estudiado varias asignaturas en castellano durante el Bachillerato en su instituto de Baleares, así que cuando llegó al examen de Selectividad –este año recibe el nombre de Evau, conforme a la nueva ley– decidió pedir el enunciado de las preguntas en castellano porque pensó que le resultaría más fácil su comprensión. «¿Estás exenta?», le preguntaron (alumnos a los que no les computa la asignatura de Lengua catalana porque llevan poco tiempo en la comunidad autónoma). «No», respondió la joven. «Entonces no te podemos dar la prueba en castellano. Si tienes dudas con la traducción de algunas palabras puedes preguntarnos», explica Berta que recibió por respuesta del profesor, pese a que disponía de ejemplares en la lengua oficial del Estado. Esta actitud «nunca la he entendido porque un alumno se juega en este examen la nota más importante de su vida. A veces, unas décimas son determinantes para entrar en una facultad y uno debe poder examinarse en la lengua que se siente más cómodo o puede lucirse más», añade.

La situación cambiará este año, previsiblemente, para los alumnos que se presentan los próximos días 6, 7 y 8 de junio a la Selectividad. Y es que, por primera vez, los estudiantes podrán hacer la prueba en castellano, aunque sólo si lo piden expresamente.

Hasta ahora, los estudiantes que acudían al examen encontraban las preguntas en catalán y, sólo si existía algún alumno que justificara que llevaba poco tiempo en Baleares, podía consultar una copia con el enunciado en castellano, pero se trataba de casos muy excepcionales.

Distintas asociaciones de profesores y algunos partidos políticos, como Ciudadanos, venían reclamando, desde hace tiempo, una versión en castellano de la prueba.

Fuentes consultadas aseguraron a LA RAZÓN que fue el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, quien se dirigió a la consejería de Educación de esta comunidad autónoma y al rector de la Universidad balear para instarles a un cambio que no discriminara al castellano con respecto al catalán en las pruebas de acceso a la universidad. De hecho, Ciudadanos presentó una pregunta escrita al Ministerio de Educación, a través de su grupo parlamentario, en la que se interpelaba al ministro Méndez de Vigo sobre si estaba al corriente de esta situación en Baleares y cómo lo consentía. Las distintas gestiones parece ser que han tenido su efecto ya que, según Xavier Pericay, coordinador de Ciudadanos en Baleares, «se cambiará el procedimiento y, aunque no hemos tenido una respuesta oficial, si algún alumno lo pide, podrá disponer de un examen con enunciados en castellano».

Ciudadanos cree que mantener la situación vigente hasta ahora «es una discriminación de los derechos lingüísticos y vamos a pedir a los directores de los institutos que informen a los alumnos de la posibilidad de pedir las preguntas en castellano. Queremos que los alumnos se encuentren con exámenes en las dos lenguas y elijan la que les plazca. Vamos a estar vigilantes con que esto se cumpla».


'HAY MUCHOS LUGARES DONDE LA FALDA ESTÁ PROHIBIDA'
La filósofa feminista Élisabeth Badinter destapa la realidad de Francia
Las autoridades han impuesto la ley del silencio para tratar de ocultar lo que ocurre en muchos barrios franceses y los colectivos feministas se pliegan a estas condiciones para "no atacar" al islam. Élisabeth Badinter no. Está harta.
Arturo García Gaceta.es 2 Junio 2017

"Las mujeres han perdido su posición en ciertas zonas de Francia". La denuncia de Élisabeth Badinter evidencia la realidad que se vive en muchos barrios franceses y que las autoridades llevan años intentado ocultar. Los incidentes sí han tenido su espacio en las cabeceras, pero la discriminación que sufren las mujeres no. Curiosamente ninguna organización de las que dicen defender sus derechos ha alertado sobre los hechos. ¿Por qué?

Badinter, filósofa feminista dispuesta a desmontar todo el entramado ideológico que se esconde tras colectivos como Femen, explica que la falda está "prohibida" en muchos lugares del país. "Hay miles de mujeres que aseguran sentirse acosadas en sus barrios y nadie hace nada. La tradición laica francesa se está destruyendo por la influencia de otras leyes no oficiales", sentencia en clara referencia a la ley islámica imperante en muchos suburbios.

"Los medios tienden a ocultar esta situación para no ser acusados de racistas o islamófobos, pero la realidad es que están apartando a las mujeres de los espacios públicos", asevera Badinter, que fue una de las primeras feministas en denunciar esta situación que se repite en Reino Unido, donde cientos de miles de mujeres y niñas han sido acosadas a manos de bandas de musulmanes.

Hace unos días, los vecinos del parisino barrio de Chapelle-Pajol denunciaban que las condiciones de vida allí son "insostenibles". Harto de la situación de acoso, un grupo de mujeres decidió lanzar una petición con el apoyo de 'SOS La Chapelle' y 'Demain La Chapelle' que consiguió más de 20.000 firmas en tan sólo dos semanas.

"Somos insultadas a diario en varios idiomas y nuestros hijos tienen que convivir con el tráfico de drogas, los carteristas y el alcoholismo. El cierre de Calais ha provocado que muchos migrantes lleguen y se están formando auténticos guetos", mantiene el regidor del distrito X, Rémi Féraud.

Las asociaciones vecinales denunciaron los problemas originados por la "apertura" del campo de migrantes bajo la estación de La Chapelle, unas instalaciones ilegales y temporales que se han perpetuado en el tiempo con el beneplácito de las autoridades: "Tenemos que reforzar la ley y enseñar nuestros valores. Tienen que entender dónde están y cómo pueden encontrar su camino", añade.

En el café del bulevar, donde no se sirve alcohol desde hace años, los periodistas no son bien recibidos: "Somos gente de paz, no entendemos qué hace la prensa aquí".

Los agentes que patrullan lo tienen claro: "El problema radica en los caídes, los jefes extraoficiales de la comunidad, que marcan territorio y lo modelan hasta convertirlo en una zona donde imperan la ley islámica y las costumbres musulmanas".

Entre tanto, Macron parece más preocupado en estrechar las manos "con fortaleza" a Donald Trump o realizar juegos de palabras con su lema electoral para criticar la salida de Estados Unidos de los Acuerdos de París. El nuevo presidente todavía no ha dedicado ninguna de sus intervenciones a anunciar nuevas medidas para paliar esta situación y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

El comienzo del Ramadán en París llegó cargado de violencia. La tensión en las calles es palpable y en la madrugada del lunes ya se produjeron enfrentamiento entre la Policía y un grupo de migrantes. No obstante, los hechos más graves hasta ahora tuvieron lugar en el supermercado Monoprix, donde un musulmán acuchilló a un joven que acababa de comprar un paquete de cervezas, según informóLe Point.

La víctima, que resultó herida en una oreja, pudo zafarse del agresor y la milagrosa intervención de una tercera persona evitó una tragedia. El hombre se encontraba muy alterado y lanzaba proclamas contra el consumo de alcohol durante el Ramadán. Las cámaras de seguridad captaron el instante y permitieron identificar a este parisino de apenas 18 años.

El sospechoso fue rápidamente identificado por las autoridades y finalmente resultó arrestado junto a una segunda persona. Las Fuerzas de Seguridad, que han negado que estuviera radicalizado, ordenaron un registro en profundidad de la vivienda para aclarar las causas del suceso.

Las 'no-go zones'
Restricciones en la vestimenta, discriminación de la mujer y lugares sólo para hombres. Puede parecer que hablamos de alguna ciudad perdida al oeste de Mosul, pero es la realidad que se vive en muchos barrios periféricos de París, donde grupos de musulmanes radicales han tomado las calles y "recomiendan" a los vecinos que ciertas prácticas no son "nada aconsejables". Todo ello con la connivencia de las autoridades galas, que han abandonado estas zonas a su suerte, al igual que ocurre en Reino Unido o Alemania.

Société : quand les femmes sont indésirables dans les lieux publics
En las cafeterías y las calles de estos barrios hay un aspecto común que se repite: las mujeres desaparecen. Dos activistas de la llamada Brigada de las Madres han denunciado los hechos y han mostrado la reacción de los musulmanes gracias a una grabación con cámara oculta.

Cuando Madia y Aziza acceden al establecimiento, los hombres se sorprenden. Las mujeres tienen prohibido "de facto" entrar en estos negocios y su presencia incomoda a muchos musulmanes que admiten sin ambages que "no deberían estar aquí".

'Bélgica tiene un problema gigantesco'
La situación de Francia se repite en toda Europa. Tras los atentados yihadistas en Bruselas, a las autoridades no les quedó mas remedio que admitir que tenían "un enorme problema" con Molenbeek, el barrio islámico nido de los terroristas que han atacado las principales ciudades europeas en los últimos dos años.

La periodista del canal independiente canadiense The Rebel, Lauren Southern, constató la inmigración masiva y la nula integración. En uno de sus vídeos -recogido por La Contra TV- lamentaba "no escuchar a nadie hablando en francés, el idioma oficial" en el enclave bruselense, un califato en el corazón Europa.

Al preguntar acerca de la sharia, Southern queda asombrada con las respuestas: la mayoría de los vecinos se muestra a favor de la aplicación de la ley islámica.

La sombra saudí
Existe un aspecto común que comparten Francia y Bélgica: las autoridades siempre han sido condescendientes con la influencia de Riad sobre la comunidad musulmana. Cabe destacar que la dictadura islámica aplica la sharia al mismo nivel que el Estado Islámico, pero goza del visto bueno de las organizaciones internacionales. No obstante, las Naciones Unidas no tuvieron reparos en nombrar al representante saudí responsable de la comisión de Derechos Humanos.

En Bélgica, la tradición musulmana del país -proveniente del norte de África- estaba muy lejos de los principios que defiende el régimen saudí, pero unos acuerdos para la transacción de petróleo facilitaron la creación de una Gran Mezquita en el centro de Bruselas en la década de los 60.

El esplendor económico que vivía Bélgica impulsaba entonces a muchos marroquíes y turcos a viajar al país. El acuerdo entre los dos reyes haría que la mezquita fuera el principal lugar de culto. Los saudíes lograron el alquiler del pabellón oriental de Bruselas por 99 años, a coste cero. Tan sólo un año después, el régimen de Riad abría la Gran Mezquita y el Centro Cultural Islámico de Bélgica, uno de sus primeros bastiones en el interior de Europa.

En un principio, la nueva mezquita fue considerada como “la voz oficial” de los musulmanes en Bélgica. Nada más lejos de la realidad. Las enseñanzas salafistas que se ofrecían en su interior estaban muy alejadas de la versión del islam que seguía la mayoría del país. A pesar de la crisis económica que ha obligado a que muchos ciudadanos hayan abandonado la nación, hay alrededor de 600.000 personas de origen turco y marroquí en un estado de apenas 11 millones de habitantes.

Los planes de Arabia Saudí en Francia van más allá. Gran parte de la comunidad musulmana, especialmente en las ciudades más importantes, está influenciada por clérigos pagados por ellos y las mezquitas de mayores dimensiones son financiadas con petrodólares. El objetivo no es otro que lograr una “representación real y fuerte” dentro del país.

Riad considera prioritario extender su red de mezquitas. En 2016, diferentes fundaciones relacionadas con Arabia Saudí participaron en la construcción de ocho mezquitas, a razón de entre 200.000 y 900.000 euros por proyecto. El wahabismo es la doctrina que se imparte en estos centros y no hay que olvidar que su concepción del mundo es prácticamente idéntica a la del Estado Islámico.

Los investigadores aseguran que Arabia Saudí ha gastado 3.759.000 euros sólo en 2016 para llevar a cabo su proyecto. Catorce imanes a sueldo de Riad ejercen en las mezquitas más importantes de Francia y adoctrinan acerca de la yihad, el sometimiento de las mujeres, la necesidad de castigar a los homosexuales y la expansión del islamismo a nivel mundial.

Londres, Manchester o Birmingham...
Cuando uno abandona el Londres más turístico, la ciudad parece otra. La multiculturalidad ha sido uno de los símbolos de la capital británica, pero el cambio en los últimos tiempos es más que evidente. Distritos completos se han convertido en guetos donde la ley que impera es la sharia y la presencia policial resulta un problema incómodo.

El pasado fin de semana, los disturbios se sucedieron y las autoridades se mostraron incapaces de controlar la situación. Tras años de abandono, estos barrios ya no están bajo el control policial y desde algunas mezquitas oficiales -y otras muchas ilegales- se exige a los más jóvenes que actúen con incendiarios discursos contra los "infieles".

El terrorista de Manchester se aprovechó del sistema público británico, que financia la educación islámica, y vivió en esos barrios convertidos en guetos. Numerosos documentales -incluido uno de France2 que tuvo un importante revuelo mediático- han denunciado la situación de las escuelas británicas, verdadero semillero de jóvenes yihadistas que después son moldeados en las mezquitas por imanes radicales. Todo ello con el beneplácito de las autoridades del país, que dejan la gestión de estos centros en manos de países como Arabia Saudí y su particular visión del islam.

La red de abusos sexuales, con epicentro en Rotherham, merece capítulo aparte. Durante décadas, las autoridades y los principales medios de comunicación ocultaron lo que estaba ocurriendo en muchas ciudades, donde miles de niñas eran vejadas y violadas por musulmanes.

Una situación inexplicable que sólo vio la luz recientemente y que permitió al Gobierno centrar el foco mediático sobre Rotherham. Lo que ocurría en la ciudad británica era un secreto a voces, pero nadie hizo nada para evitarlo. La Policía no dio prioridad al problema y trató con indiferencia a gran parte de las víctimas. Tres informes policiales -de los años 2002, 2003 y 2006- describían con crudeza la situación. Sin embargo, las autoridades desestimaron el primero y rechazaron los otros dos, a pesar de que podrían haber acabado con los abusos sexuales en la zona.

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El affaire Altsasu y la perfección negativa del Estado español
Germán Gorráiz López www.diariosigloxxi.com 2 Junio 2017

Tras el Tejerazo del 1.981, en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el status quo (establishment) asociado al sistema monárquico (Juancarlismo) , al sistema político bipartidista ( implantación de las listas cerradas y de la Ley D´Hont) y a la defensa de la “unidad indisoluble de la nación española” asistimos a la aparición en el Estado español de un escenario distópico. El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”.Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso, en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas, síntomas todos ellos de una posterior deriva totalitaria del sistema democrático.

La deriva totalitaria del Régimen del 78
Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima). En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la ultimísima firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá (artículo 573.1), lo que posibilitará la implementación de la llamada “ Doctrina Aznar”. Dicha doctrina tendría como ejes principal la culminación de la "derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa", con el que se intentará criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español, elementos constituyentes de la llamada “la perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y cuyo penúltimo episodio sería el “affaire Alsasua” que según dictamen del Tribunal Supremo “ tendría encaje en el artículo 573.1 del Código Penal” y en consecuencia será juzgado por la Audiencia Nacional como “hechos constitutivos de un delito de terrorismo”.

La espiral del silencio de la mass media del establishment español
La deriva totalitaria del Estado español estaría amparado por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas del establishment (PRISA, Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, Grupo Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unidad Editorial, TVE y Mediaset España), teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social” (1977) que simbolizaría “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, (todo el entorno abertzale es ETA), con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva. Sin embargo,la teórica política judío-alemana Hannah Arendt en su libro “Eichmann en Jerusalén”, subtitulado “Un informe sobre la banalidad del mal”, nos ayudó a comprender las razones de la renuncia del individuo a su capacidad crítica (libertad) al tiempo que nos alerta de la necesidad de estar siempre vigilante ante la previsible repetición de la “banalización de la maldad” por parte de los gobernantes de cualquier sistema político, incluida la sui-genéris democracia española, pues según Maximiliano Korstanje “el miedo y no la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a su voluntad crítica pero es importante no perder de vista que en ese acto el sujeto sigue siendo éticamente responsable de su renuncia”.

Sin impunidad para el terror de Alsasua

EDITORIAL El Mundo 2 Junio 2017

Hace ya casi seis años desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia tras la asunción de su derrota y del triunfo del Estado de Derecho. Comenzaba así el final de una pesadilla de más de cuatro décadas de terror. Desde entonces, es cierto que los etarras no han perpetrado ningún asesinato. Pero también lo es que la banda aún no se ha disuelto, como si pretendiera seguir tutelando de algún modo la nueva etapa en el País Vasco. Y lo que igualmente se mantiene en muchos rincones de Euskadi y de Navarra es un clima de radicalización social y de apoyo a la violencia consentido, cuando no directamente fomentado, por partidos y colectivos de la izquierda abertzale. Es el mal llamado terrorismo de baja intensidad, que hace insoportable la vida de mucha gente por no comulgar con los postulados independentistas. Ese clima asfixiante sigue siendo uno de los grandes agujeros negros de nuestra democracia, y algunos lo consideran como un coto de impunidad.

Por ello es tan importante la acción decidida de la Justicia. Y resoluciones como la de ayer del Supremo son fundamentales para combatir esa pretendida impunidad. El Alto Tribunal zanjó el conflicto de competencia entre un juzgado de Pamplona y la Audiencia Nacional, resolviendo que es ésta la que debe investigar la brutal agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas el pasado octubre en la localidad navarra de Alsasua, al apreciar indicios de posible delito de terrorismo. Recordemos que un grupo de individuos golpeó con dureza a la salida de un bar a un teniente y a un sargento, de paisanos, además de a sus novias, al identificarles como miembros de la Guardia Civil. Y como subrayó la juez instructora lo hicieron exclusivamente por ser integrantes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, varios de los agresores son cabecillas del movimiento Ospa Mugimendua en Alsasua, una plataforma que dinamiza las acciones del colectivo Alde Hemendik -¡Fuera de aquí!-, promovido por las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y apoyado por partidos abertzales como Bildu. Desde hace mucho tiempo, este grupúsculo radical, con la anuencia de la corporación municipal, se dedica a convocar actos de protesta y manifestaciones, a hacer pintadas o carteles, e incluso como en el caso que nos ocupa a cometer directamente agresiones, con la finalidad de intimidar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a las que pretenden expulsar del País Vasco y Navarra, uno de los anhelos de la izquierda abertzale desde la Transición.

La gravedad de las lesiones sufridas por los dos guardias civiles -uno requirió intervención quirúrgica- y el hecho de que el ataque formara parte de una campaña más amplia que busca provocar el estado de terror en una parte de la población, llevan al Supremo a considerar, en una valoración provisional, que el episodio encaja en el artículo 573.1 del Código Penal sobre delito de terrorismo. De ahí que no haya dudas de que la investigación debe seguir su curso en la Audiencia Nacional.

El Estado de Derecho funciona con plenas garantías. Pero mientras la Justicia resuelve este caso, ante los indicios existentes abochorna el comportamiento de formaciones como Podemos. Iglesias se atrevió a sentenciar que lo de Alsasua "no es terrorismo". Y los suyos apoyaron un manifiesto promovido por Bildu y denunciaron que los imputados son "tan víctimas" como los agredidos. La resolución del Supremo debiera llevar a Iglesias al menos a pedir disculpas.

Punto final con concesiones para ETA
José Amedo okdiario 2 Junio 2017

ETA llega a las instituciones después de que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, hiciese un llamamiento en 2006 —en plena negociación del Gobierno con ETA— para que las togas se manchasen “con el polvo del camino“. El resultado fue el aval a una buena parte de las listas de la franquicia etarra ANV en las municipales de 2007. Batasuna-ETA pasó así a tener más de 400 concejales en el País Vasco y Navarra. Era una exigencia importante para la organización terrorista ETA, ya que su presencia institucional en el País Vasco y Navarra le ha servido tradicionalmente tanto para mantener económicamente muchas de sus estructuras legales a través de subvenciones de las instituciones que controlan, como para hacerse visibles en el día a día de la política vasca.

Según recogen las actas de la negociación intervenidas al ex número uno de ETA Francisco Javier López Peña Thierry, el Gobierno trasmitió a la banda terrorista a mediados de 2006 que su intención era hacer desaparecer la Ley de Partidos, a la vez que les hizo saber que permitiría la inscripción de una nueva formación política, en alusión a Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), en la que ya trabajaban los proetarras. Finalmente, la justicia permitió, maniatando a los tribunales mediante los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la presencia de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en las elecciones municipales y forales de 2007. Después, se permitió la presencia en otras elecciones de Iniciativa Internacionalista, Bildu, Amaiur y EH Bildu, así como la inscripción en el registro de partidos políticos de Sortu.

Una presencia institucional corregida y aumentada ahora, después de que el Tribunal Constitucional enmendase —tras múltiples presiones de los nacionalistas y el PSOE— la plana al Tribunal Supremo y avalase todas las listas de Bildu. Recordemos que en su sentencia sobre Sortu el TC negaba una relación instrumental entre ETA-Batasuna y Sortu como argumento para aceptar la legalización de esta última. Lo que les ha permitido gobernar la Diputación de Guipúzcoa y el ayuntamiento de San Sebastián, entre otros muchos consistorios. Un camino que no se ha corregido de cara a las elecciones generales y que supuso la vuelta del brazo político de ETA al Congreso de los Diputados. Además hay que tener en cuenta que sobre un 25% de expresos de ETA forman parte de sus agrupaciones políticas legalizadas, lo cual les permite rehacer su vida después de su paso por la cárcel.

Los beneficios penitenciarios de los presos de la banda también han sido una constante en sus reivindicaciones. Algunos han sido acercados a cárceles del País Vasco, otros han recibido permisos penitenciarios para cursar estudios y muchos, simplemente, han quedado en libertad. Según recogen las actas de la negociación, se llegó a prometer incluso que se favorecería la excarcelación de los terroristas que no hubiesen sido condenados por delitos de sangre y que se facilitarían los permisos de salida para muchos otros. También quedó reflejado cómo los enviados del Ejecutivo del PSOE dijeron a ETA que muchos de los etarras encarcelados podrían salir de prisión a través de indultos una vez que la organización terrorista se hubiese desarmado.

El Gobierno prometió a ETA la derogación de la doctrina Parot. Entonces utilizó para ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que envió como juez español a su ex secretario de Estado de Justicia entre 2003 y 2007: Luis López Guerra. Además de todos estos beneficios constatados a ETA-Batasuna por parte de las instituciones del Estado, se han suscitado numerosas reflexiones sobre el tipo de política más oportuna que lograse el punto y final de la etapa más macabra que ha vivido España sacudida por el terrorismo. Por un lado hay quienes sostienen que ya derrotada ETA es necesario que la democracia debería mostrar una cierta generosidad que permita la conclusión de este problema a cambio de determinadas prebendas para la organización terrorista. También se tendría en cuenta la readaptación del marco político mediante diálogos simultáneos, pero diferenciados entre la banda y el Gobierno, por un lado, y por otro, entre los partidos democráticos y los representantes políticos de la organización terrorista con objeto de reformar el Estatuto vasco. Con ese fin se reclama “generosidad” de las víctimas del terrorismo argumentando que éstas “no pueden convertirse en un agente político activo en un proceso de paz”, como subrayaba en Gara el 5 de febrero de 2006 el portavoz del PSE en el Parlamento vasco.

Cabe recordar que el Ejecutivo cumple la hoja de ruta marcada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA en 2011. Durante la primera legislatura de Rajoy vimos al “brazo político” de la banda llegar a las instituciones y la excarcelación de decenas de etarras, entre ellos la de Bolinaga, secuestrador de Ortega Lara.

Es incuestionable que cuando los miembros de la banda salen de las cárceles, la mayoría con edades avanzadas no tienen posibilidades de encontrar trabajo y en la práctica es evidente que disfrutan de una forma de vida ostensiblemente desahogada. En consecuencia, todas las medidas a las que se refiere este escrito que se han venido tomando en relación con ETA y la legalización de su brazo político ha sido con un único objetivo: darles un soporte financiero para coadyuvar a la reinserción social y económica de sus presos.

¿Han visto a algún ex terrorista de esta banda desahuciado o pidiendo por las calles? ¿Se han fijado en el aspecto tan lustroso que aparentan tanto los que pisan moketa en las instituciones o los que únicamente se dedican a potear por las herriko tabernas de sus pueblos? ¿Sabían que esta forma de vida tan holgada y afortunada es financiada con los fondos de todos los españoles, que sus camaradas instalados en numerosos Ayuntamientos, Parlamento vasco y nacional les facilitan por haber empuñado las armas desempeñado el papel de gudaris del pueblo vasco? Este tipo de complacientes concesiones siempre han sido amparadas tanto por el Gobierno vasco como por el central.

Ese es el camino que se va seguir con los presos de ETA que quedan en las cárceles. Por consiguiente, en determinadas circunstancias las cuestiones antes planteadas se resuelven por criterios subjetivos que contribuyen a la extensión de un sentimiento de agravio comparativo en relación a otros casos afectan a determinadas y complejas decisiones políticas tomadas en la lucha contra la banda armada vasca. Es decir, el Estado ha castigado a ETA por sus innumerables acciones terroristas, pero al mismo tiempo le tendía la mano en las diversas negociaciones que han llevado a cabo con los distintos gobiernos de la nación desde la instauración de la democracia en España. Así mismo, siguen favoreciendo a los miembros de la banda terrorista que han desistido de sus postulados terroristas apartándose de la organización. Se podría decir que el Estado nunca ha abandonado a ETA a lo largo de su existencia y por supuesto no lo va a hacer al final de su historia, cuando ha sido derrotada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Guardando las distancias y evitando cualquier tipo de equiparación, pero en contraposición a ese tipo de situaciones es necesario recordar el absoluto abandono que han sufrido determinados funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad por parte del Estado, que como consecuencia de la complejidad que en algunos casos representó la lucha contra ETA asumieron órdenes “comprometidas” del poder Ejecutivo, que en definitiva implicó un doble riesgo para ellos, la de su seguridad personal y la de su futuro.

Como consecuencia de acatar ese tipo de “operaciones” siguiendo instrucciones políticas, diversos miembros de la Guardia Civil y de la Policía fueron procesados, encarcelados y expulsados de sus cargos profesionales a pesar de haberse jugado sus vidas durante años en la lucha contra el terrorismo de la banda armada vasca para tratar de salvar la de otros españoles. Algunos fueron apartados de sus actividades profesionales por razones ideológicas en relación con sus funciones sindicales. A partir de ese momento todos aquellos funcionarios de ambos cuerpos de seguridad quedaron en el más absoluto desamparo, viéndose obligados a buscarse la vida como pudieron, en algunos casos sobreviviendo a costa de sus familias y en otros malviviendo de insignificantes ayudas sociales. Ellos perdieron y a ETA nunca le faltó el amparo del Estado.

Lucha de legitimidades
Eduardo Arroyo Gaceta.es 2 Junio 2017

Los hechos sucedidos en Getafe, en el que unos jóvenes falangistas irrumpieron en un acto filo-etarra, no son más que la misma medicina que la izquierda lleva años empleando en la universidad. Desde luego a ellos les ha ido muy bien y han conseguido decir quién puede habalr y quién no en un foro que es de todos.

En este caso únicamente se han coreado consignas y se ha mostrado una abierta discrepancia, cosa que no suele suceder en las acciones de la izquierda, donde la violencia suele ser precisamente la consecuencia de la criminalización de los discrepantes. Los organizadores, que afirman no ser proetarras, es evidente que se mueven en esa línea ambigua por la que los actos que “comprenden” y “explican” el terrorismo se miran bajo la óptica de la “libertad de expresión” y a los que no piensan así se les tilda de “fascistas”. Esto no es si no un caso más del doble vínculo que alienta a la censura de nuestro tiempo: lo “políticamente correcto”.

La esencia de lo “políticamente correcto” no es atacar un orden establecido. Pese a que la izquierda alega rebelarse contra el orden y critica, denuncia y destruye aquello que durante siglos ha sido el fundamento de la sociedad, en realidad son los niños mimados del presente entramado de poder. Lo “políticamente correcto” -y a sensu contrario, lo incorrecto- es una lucha de legitimidades, no de relaciones de poder. Defender, por ejemplo, la unidad de España queda deslegitimado por la asociación -real o no- de España con el régimen de Franco, por ejemplo.

Defender la II República ennoblece al político de turno. Esto sucede porque las legitimidades están establecidas: Franco no era un gobernante legítimo por “golpista” pero sí lo fue Azaña con sus “tiros a la barriga”. Las banderas de Falange eran “asesinos franquistas” pero los carcamales de las “Brigadas Internacionales” aglutinan hasta el último concejal “progresista” a la hora de descubrir una placa infecta.

Poco importa que los gobernantes de la II República fueran la mayor colección de incapaces y fanáticos que viera la Europa de entonces, por supuesto, muy lejos del supuesto “talante” democrático con que les bautizó el inefable Rodríguez Zapatero. Tampoco importa que Stalin vaciase sus cloacas en España y juntase a todos los lunáticos del bolchevismo occidental en sus tristemente conocidas “Brigadas”. Todas esas legitimidades se establecen controlando el discurso histórico.

De ahí que en un acto en el que se cubre con el “manto de la libertad de expresión” por igual los “tweeters” de una pobre ignorante que ve con sarcasmo el atentado contra Carrero Blanco -imagino que no lo vería igual si el chófer asesinado junto a Carrero fuera su padre o su hermano- o la ofensa a las creencias católicas, mayoritarias de la población española, nadie repare en que, a fecha de hoy, el mayor número de detenidos por “delitos de odio” se halla en toda Europa entre aquellos que los organizadores de la conferencia de la Carlos III califican de “fascistas”, mientras que la “libertad de expresión” oficial tiene una notable manga ancha para con los contrarios. En Barcelona se acusa de “delito de odio” a una minúscula librería pero el “España nos roba” de los energúmenos de la CUP o de ERC campa a sus anchas.

Esta asimetría es sospechosa y demuestra que la panoplia de la “libertad de expresión” lo que busca es exonerar a terroristas y dementes al tiempo que militantes políticos disfrazados de fiscales, acaban con las ideas heterodoxas a base de meter en el mismo saco a la discrepancia y al verdadero fanatismo.

Por ejemplo, ser hombre (varón), blanco, heterosexual y encima católico o, cuando menos, creyente, es tener todas las papeletas para que cualquier idiota te rompa la cara y pueda luego apelar a la “libertad de expresión”. Total, nadie va a acusar a las FEMEN -o similar- de “delito de odio” porque las legitimidades están tan establecidas que al final el “odio” solo viene de hazteoir.org, que dice que los niños tienen “pilila”. Otra cosa es que las supuestas legitimidades, en las que se basa lo “políticamente correcto”, no descansen en una monumental estafa histórica e ideológica.

Y es que no solo las ideas, si no también las representaciones que hacemos de nuestro propio pasado, tienen consecuencias. La lucha por el pasado es una parte fundamental del control del presente porque es esa legitimidad sobre el pasado lo que permite fijar las actuales relaciones de poder y hacer que al final la Policía te haga entrar en razón. Gente como la de la Carlos III lo sabe muy bien.

DEL ATENTADO DE GUIPÚZCOA EN 1995
Las víctimas de ETA culpan a la ‘dejadez’ del Estado de la absolución de Txapote
Sandra Toro Gaceta.es 2 Junio 2017

“El caso de Txapote es un ejemplo más de la dejadez del Estado en la persecución del terrorismo”. Así se ha manifestado en declaraciones a La Gaceta el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) tras conocer que la Audiencia Nacional ha absuelto al exdirigente de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, del atentado contra el edificio del Gobierno civil de Guipúzcoa perpetrado en 1995 y en el que no hubo víctimas.

También ha mostrado su indignación el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, quien ha denunciado que “directa o indirectamente se utiliza la ley de forma torticera para que los delitos de los etarras queden impunes”.

Y es que, aunque el tribunal presidido por la magistrada Manuela Fernández Prado considera probado que el comando Donosti -integrado por Txapote, Valentín Lasarte Oliden y Juan Ramón Carasatorre, Zapata- cometió el atentado, cree que la responsabilidad penal del exjefe militar de la banda terrorista de ultraizquierda ha extinguido al haber prescrito los delitos.

Alcaraz culpa de la absolución de Txapote “tanto a la Justicia como a la inacción del Gobierno, que no actúan con celeridad para que los crímenes etarras sean juzgados”. “Luego el Ejecutivo se lamentará por ello, como si no tuviera nada que ver”, ha añadido, a la vez que ha recordado que “hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver”. También desde COVITE han denunciado que “al ser un atentado contra el Gobierno civil era el abogado del Estado quien tendría que haberse personado para que el caso se juzgara”.

Txapote se encontraba huido de la Justicia cuando se dictó el auto de procesamiento para los etarras, en el año 1997, tal y como recoge la sentencia. Sin embargo, en febrero de 2001 fue detenido en Anglet (Francia) y el Ministerio Público no abrió diligencias contra él por estos hechos. Tuvieron que pasar 11 años para que, ya en 2012 y cuando llevaba varios años cumpliendo condena en España, la Fiscalía retomara las actuaciones contra él. Pero entonces “habían transcurrido más de 14 años y medio” desde el atentado y para la Justicia “no cabe la menor duda de que los hechos se encuentran prescritos”.

Esto, asegura la asociación presidida por Consuelo Ordóñez, “tampoco es una sorpresa si tenemos en cuenta que España carece de protocolos para, por ejemplo, supervisar que los condenados por terrorismo paguen a sus víctimas las indemnizaciones que establece la Justicia, siendo el Estado quien se hace cargo de ellas”. La creación de este protocolo es una reivindicación de COVITE que ya ha hecho llegar al Ministerio de Rafael Catalá.
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