AGLI Recortes de Prensa   Sábado 3  Junio 2017

A la espera del golpe
Gabriel Albiac ABC 3 Junio 2017

Dos clásicos para leer ahora. Del siglo XVII, uno: las Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado de Gabriel Naudé. Del año 1931, el otro: la Técnica del golpe de Estado de Curzio Malaparte. Y una lección: el golpe se produce allá donde no se le espera. Y en el lugar en el que es anunciado, sucede sólo un señuelo. Movimiento de ajedrez, en suma, en el fin de un régimen: jaque. ¿Mate?

En la Italia que espera a Mussolini, Malaparte pasea a Israel Zangwill. «Durante el golpe de Estado fascista de octubre de 1922, una gran casualidad me hizo conocer a Israel Zangwill, el escritor inglés que no ha querido olvidar nunca, ni en sus obras ni en su vida y ni siquiera en aquellos días revolucionarios, sus ideas liberales y sus prejuicios democráticos», anota. Malaparte parece dejar de lado algo que el autor de los Soñadores del Ghetto tampoco olvidó nunca: su amistad con los Marx y su culto a la inteligencia.

Zangwill no entiende lo que su guía le va mostrando como condiciones «técnicas» de un golpe ya inexorable. «La revolución de Mussolini» -hace exclamar Malaparte al despectivo inglés- «no es una revolución. Es una comedia». Y Malaparte sabe que, por ser una comedia, está destinada a triunfar como golpe de Estado. Porque un golpe contra la instancia suprema de un poder que sólo existe en sus escenificaciones, en su capacidad de dar a la muchedumbre entretenimientos espectaculares, triunfa allá donde consigue alzar un espectáculo aún más clamoroso. O más ruidoso, si se quiere. El buen gusto, en estas cosas, carece de eficacia. Basta contemplar hoy, durante diez minutos, un televisor para entender esa violencia. Más de esos diez minutos trocaría al más sutil en un perfecto imbécil.

Zangwill -sigue acotando su local cicerone- «sentía mucha curiosidad por ver de cerca lo que yo llamaba la maquinaria insurreccional fascista, porque no llegaba a comprender cómo puede hacerse una revolución sin barricadas, sin combates en las calles y sin aceras llenas de cadáveres. “Todo se desarrolla en medio de un orden perfecto” -exclamaba-. “¡Es una comedia, no puede ser más que una comedia!”». Y su interlocutor sonríe. Es una comedia. Es decir, un golpe. Perfecto. El tan británico Zangwill tenía el golpe de Estado delante de sus narices. Y no podía verlo. Así, nosotros.

Otro clásico. 1639. El bibliotecario del Cardenal Mazarino escribe: «El golpe de Estado es el rayo que fulmina antes de que el trueno pueda oírse». Para que esa imprevisibilidad funcione es necesario hacer que las palabras se pudran: que nada signifique ya nada, que todo cuanto sea dicho tenga la sola función de hacer ver lo que aquel que rige el lenguaje imponga conforme a su propósito. Y hacer invisible el resto. Porque «corromper las palabras es depravar la naturaleza de las cosas». Y en esa depravación se juega el triunfo de los más firmes despotismos. Gabriel Naudé, panfletista y librero, libertino y siervo del Cardenal que es en París azote del libertinismo, sabe muy bien de lo que está hablando.

Hay un vértigo -no, miento, debería haber un vértigo- aterrador en el paisaje al cual nos asomamos en esta España que ha perdido todas las referencias. El PSOE ha sido dinamitado por quienes auparon a Sánchez. Del PP no van quedando más que escombros. Los dos soportes de la Constitución del 78 se han desmoronado. Al acecho, los Puigdemont, los Iglesias, alinean sus brigadas. Camisas negras en la noche florentina. Zangwill no lo entendía. Para Naudé y Malaparte, era transparente.

Usar la fuerza
Mikel Buesa Libertad Digital 3 Junio 2017

Al parecer, el honorable Puigdemont, según ha dicho desde la tribuna del Parlament, está interesado en saber "si el Estado está dispuesto a usar la fuerza contra Cataluña"; o sea, quiere aclarar si el Gobierno español empleará los medios armados para defender y restablecer nuestro sistema político –la democracia– en el caso de que el citado declare la independencia de Cataluña, sea directamente o, de manera retorcida, mediante la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Lo que Puigdemont no ha aclarado es si su pregunta la hace por acojone para retirarse a tiempo –lo que arrastraría su pomposo título por los suelos– o si más bien lo que quiere es prepararse para el martirio –aunque, en estos tiempos de blandura, es dudoso que ello llegue mucho más allá de un retiro pensionado en alguna masía de su natal Valle del Brugent– y hacerse así acreedor a una oferta floral anual al estilo de la de Rafael Casanova.

Claro que la pregunta también puede ser un mero artilugio retórico, pues, tras hacerla, Puigdemont declaró solemne: "Las amenazas del Estado no nos disuaden, no rectificaremos, no recularemos". Parece chulería, pero no lo es. Tengo para mí que los nacionalistas catalanes se han mirado muchas veces en el espejo de Eslovenia y esperan que lo suyo será como lo de allí: como mucho una guerra de mentirijillas, de dos o tres días, con alguna víctima despistada, al cabo de la cual Rajoy retirará a la tropa –la que sea, aunque seguramente no pasará de la que está ya ubicada en Cataluña– para dejar que la república catalana sea de facto un Estado. Hay que decir a este respecto que los promotores de la independencia tienen motivos para pensar así, en vista de los antecedentes. Llevamos años con el asunto, se han hecho cosas fuera de la ley y el Gobierno de España, con Rajoy al frente, se ha desenvuelto con una cachaza pasmosa, mandando por delante a unos jueces y fiscales muy comedidos, especialmente lentos en sus dictámenes y renuentes a descargar sobre los sediciosos todas las armas del Derecho.

Pero hete aquí que esos mismos jueces –por boca de quien hasta hace poco ocupó la presidencia del Tribunal Constitucional– le han dicho a Rajoy que han llegado a su límite y que los tribunales no están para parar los golpes al Estado. Y hay que decir que, después de eso y de que, de pronto, se filtrara el contenido de la norma jurídica que, aprobada de urgencia por la Cámara de Barcelona, ha de amparar la secesión de hecho, parece que Rajoy se ha caído del guindo y ha debido de pensar que verdes las han segado y que, a partir de ahora, no va a tolerar ni un paso más hacia la independencia. Por eso, la pregunta de Puigdemont podría tener mucha enjundia, pues el Estado español, como todos los Estados que se precien, ostenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Un monopolio ciertamente sujeto a la ley, sin que ello obste para que pueda resultar abrumador, incluso en nuestras circunstancias, después de que el buenismo que ha impregnado nuestra política sobre estos asuntos durante los últimos veinte años haya descafeinado buena parte de las normas jurídicas que regulan todo esto. Vamos, que es para acojonar, amedrentar, atemorizar, más aún si, como es el caso, el Gobierno nada dice sobre los pasos que está dispuesto a dar para abortar la secesión.

Así que en esto estamos, esperando a ver cómo se desarrolla el drama, si deriva en esperpento o en tragedia, que para todo puede haber, pues ya hemos visto muchas cosas cuando lo de Ibarretxe y los vascos, aunque lo de los catalanes pudiera acabar siendo de otra manera.

LA EVALUACIÓN MUNDIAL DE AMENAZAS DE ESTADOS UNIDOS, AL DETALLE (II)
Ni el ISIS será derrotado a corto plazo, ni Al Qaeda está muerta
El 11 de mayo la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. -16 agencias estatales y miles de empresas privadas- presentaba ante el Senado un informe sobre las verdaderas amenazas para los intereses del país. Una apuesta de la Administración Trump a la que ha tenido acceso La Gaceta y que desgranamos de la mano de la periodista D. Melul. Segunda entrega: el terrorismo.
Danube Melul Gaceta.es 3 Junio 2017

La Comunidad de Inteligencia norteamericana no ve factible la solución al problema del terrorismo islámico; no, al menos, a medio plazo. El Informe que ha presentado al Senado este equipo, ya nombrado por Trump, examina los casos del Estado Islámico y de Al Qaeda. Pero atención: señala como enemigo principal al yihadismo de cosecha propia, nacido en los propios EEUU.

El informe que ha presentado la Comunidad de Inteligencia (IC) ante el Senado de los Estados Unidos presenta el terrorismo por capas: primero como amenaza global, después desglosándolo por amenazas regionales. La amenaza más grave a la que se enfrentan los norteamericanos es el extremismo islámico sunita. Pero el nuevo documento apunta, en la línea del anterior informe presentado por el exdirector de la CIA, Michael Hayden, que se refiere expresamente a un yihadismo americano, es decir de cosecha propia, lo que se conoce como el HVE (Homegrown Violent Extremism).

Los principales grupos yihadistas en el islam sunita siguen siendo el Estado Islámico y Al Qaeda (que mantiene una red internacional de nodos desde hace 16 años), por su capacidad para reclutar, planificar, inspirar y dirigir una amplia gama de espectaculares ataques terroristas transnacionales contra objetivos occidentales. Pero según el informe ahora presentado por Dan Coats, los EEUU no deben temer que su territorio se convierta en un teatro de guerra para estas organizaciones subterráneas, puesto que éstas libran principalmente sus batallas en la insurgencia contra gobiernos locales de Oriente Medio, África y Asia.

El ISIS no será derrotado a corto plazo
No hay duda de que el Estado Islámico (ISIS) se expandió rápidamente a partir de 2013/14, reduciendo un poco la visibilidad de Al Qaeda en todo el mundo. Hoy el ISIS genera la mayoría de titulares por sus impactantes videos y su atractivo ideológico para los jóvenes sunitas de la segunda generación de inmigrantes musulmanes en Occidente, especialmente en Europa. Sin embargo, a tenor de los partes de guerra que llegan de los principales focos de conflicto, los analistas coinciden en que están en retirada: han perdido más del 45% del territorio que mantenían en Siria y queda sólo bajo su control la parte oriental del país incluida Raqqa, con el Wali (gobernador) del califato terrorista desplazado a Mayadi. Esto, no obstante, supone que siguen aferrados a casi el 50% del territorio que mantenían dentro de Siria. Es probable que actualmente tengan suficientes recursos y combatientes para planificar operaciones dentro del marco regional e internacional.

El informe de la Inteligencia norteamericana pone también de relieve las tensiones inherentes a la estrategia anti terrorista en Siria, incluyendo el papel desempeñado por los socios de EEUU, como son las Unidades de Protección Popular sirio-kurdas (YPG), que controlan gran parte del norte de Siria y trabajan en estrecha colaboración con las fuerzas de la coalición que combate al Estado Islámico. Sin embargo, la asociación de los EEUU con el YPG plantea otros problemas, ya que el objetivo de los kurdos es unir sus cantones a través del norte de Siria, a lo que se oponen la mayoría de los árabes sirios y Turquía, que considera las aspiraciones kurdas como una amenaza a su seguridad. Esto significa que al YPG le va a resultar muy difícil, a largo plazo, gobernar áreas del norte de Siria fuera de aquellas donde ya tiene una base natural de apoyo. Por otra parte, Turquía trabaja para debilitar al Estado Islámico, pero también para controlar a los kurdos, incluida la infantería kurda a las ordenes de los EEUU, y lo hace mediante el uso de grupos de oposición sirios sunitas apoyados por artillería, aviones y vehículos blindados turcos para establecer “zonas de seguridad” en la frontera de Siria.

Civiles como escudos humanos
El Estado Islámico, pese a todo, no será derrotado por completo a corto plazo. ¿Por qué? Porque los que combaten contra él padecen numerosos conflictos internos. El documento de la IC habla largamente del caso de Mosul (Irak), donde continúa la gran ofensiva militar lanzada por las fuerzas del gobierno iraquí y las milicias aliadas, junto con las milicias kurdas y el apoyo de las fuerzas de coalición internacional encabezadas por los EEUU, Francia y Reino Unido desde marzo de 2016. El califa del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi dio orden a sus combatientes el 1 de marzo de 2017 de abandonar Mosul dejándolo en manos de jerarcas locales con instrucciones precisas de utilizar a los civiles como escudos humanos mientras la capital del califato continúe bajo asalto. El objetivo del Estado Islámico es reagruparse para continuar la insurgencia y la campaña terrorista en Irak.

Frente a eso, los EEUU basan su alianza bélica para la campaña de la toma de Mosul en una compleja asociación de milicias constituidas por las fuerzas de seguridad iraquíes (ISF), el peshmerga kurdo y el Comité de Movilización Popular (PMC) dominado por los chiíes y muy influido por Irán. El informe advierte de que, a medida que avanza la campaña de Mosul, Bagdad se enfrenta a posibles tensiones sobre el territorio en disputa entre los kurdos y los miembros del PMC con respaldo iraní, además de la presencia turca en el norte de Irak. Todo esto tiene al gobierno iraquí acosado por mil problemas, y el Estado Islámico tratará de explotar cualquier descontento sunita con Bagdad para recuperar el territorio iraquí, mientras que los kurdos continuarán sus esfuerzos para establecer un Estado independiente. En suma, la IC cree que el desafío del Estado Islámico no va a resolverse a corto plazo.

En cuanto a la retirada del escenario sirio-iraquí, parece que sería una amarga victoria para los gobiernos occidentales, pues la mayor preocupación es el retorno a casa de los combatientes yihadistas extranjeros, que son el 80% de las filas del ISIS. De manera que la previsión lógica serán los ataques terroristas en suelo occidental por parte de lobos solitarios o de células organizadas.

Al Qaeda está muy viva
La Inteligencia norteamericana no da ni mucho menos a Al Qaeda por muerta: sigue considerándola la amenaza mas significativa en el extranjero, en tanto mantiene la intención de llevar a cabo ataques terroristas contra los EEUU y Occidente. Al Qaeda conserva sus recursos, mano de obra, refugios seguros, influencia local y capacidades operativas, y mantiene el liderazgo en el terrorismo yihadista sunita con sus campos de entrenamiento y sus nodos en numerosos puntos. En Afganistán colabora estrechamente con los Talibán: el jefe de Al Qaeda, el egipcio Ayman al Zawahiri, ha anunciado su lealtad al emir talibán Mullah Haibatullah Akkundzada. En Siria trabaja con Jabhat Fath al Sham (anteriormente Frente al Nusra). En Yemen, Turquía y la Península Arábiga mantiene el lazo con el nodo AQAP. En Pakistán y los países vecinos, con el nodo AQIS. En el Magreb islámico, con el nodo AQMI, con huella en el Norte de África y el África Occidental. En Somalia y todo el África Oriental con el nodo Al-Shabaab. Más otras pequeñas células de combatientes como el Grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, Yama’at Nusrat al-Islam Wal-muslimin, con base en Mali, creado a principios de este año y cuyo objetivo es promover la unidad entre los yihadistas para extender la yihad mas allá de la región del Sahara y el Sahel, aumentado la acción militar y acelerando el reclutamiento de combatientes.

¿Qué dice la Inteligencia de la era Trump sobre Afganistán, donde permanecen tropas americanas? El informe de la IC describe sin paños calientes las debilidades endémicas del Estado afgano, empezando por la persistencia de los talibán, que han sabido sacar ganancia de la muerte de su jefe, Mullah Mansour, en un ataque con drones en mayo de 2016 en Pakistán, aliándose estrechamente con Al Qaeda. Pero, sobre todo, el documento subraya la fragilidad política del ineficaz gobierno de Kabul y las deficiencias de las fuerzas de seguridad afganas (ANSF), que no pueden sostenerse a sí mismas por sus bajas en combate, las deserciones, su escaso apoyo logístico y débil liderazgo. En definitiva, los afganos seguirán dependiendo en gran medida del apoyo militar y financiero extranjero.

Congraciarse con los terroristas
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 3 Junio 2017

Cordon Press

Al principio los llamábamos "buenistas". Empiezo a dudar que esta sea la denominación correcta. Aquí opera algo distinto de la bondad mal entendida y peor encaminada. Tal vez sea un síntoma de atrofia intelectual o, más grave aun, de un odio latente contra nuestra sociedad capitalista, producto, a su vez, de la frustración y el resentimiento por el fracaso de los regímenes totalitarios del siglo pasado. Sea como fuere, esta peculiar manía se manifiesta a través de tortuosas argumentaciones destinadas a hacernos creer que nosotros somos los culpables de que muchos islamistas, sobre todo jóvenes, se incorporen a las filas del terrorismo. Con el añadido de que estos mismos pactistas inventan fórmulas espurias para congraciarnos con los terroristas y para que estos puedan satisfacer sus apetitos de hegemonía.
Contrabando ideológico

El sociólogo y profesor Manuel Castells dicta cátedra sobre los orígenes de la ofensiva necrófila y las tácticas para combatirla con eficacia o, más precisamente, para caer simpáticos a los agresores potenciales y aplacar su beligerancia ("Terrorismo incesante", LV, 27/5). Hubo que esperar la intervención de este sabio multipremiado para que nosotros, pobres profanos prejuiciosos, conociéramos el secreto de la convivencia con el islam. Los 19 millones de musulmanes que viven en Europa (1,6 millones en España)

simplemente piden respeto a sus valores y tradiciones (…) Pero ello requiere una voluntad política, apoyada por la ciudadanía, que implica una tolerancia cultural y social profunda, que se contradice con la hostilidad creciente después de cada atentado. La crisis educativa y laboral de los jóvenes musulmanes discriminados requeriría darles una prioridad que los ciudadanos rechazan.

Al fin y al cabo, el ilustre Castells no ha descubierto la pólvora: la discriminación positiva es una apolillada receta de los progres, cuya eficacia para perpetuar la mediocridad está demostrada. Pero el contrabando ideológico no acaba aquí. Hay algo peor. ¿Cuáles son "los valores y tradiciones" que debemos respetar? ¿Qué es lo que debe amparar la "tolerancia cultural y social profunda"? A lo que se suma el reproche y la culpabilización con que el amonestador castiga a la ciudadanía por "la hostilidad creciente después de cada atentado".

Castells comulga con la lógica perversa de los reclutadores del Estado Islámico cuando rastrea los orígenes del fenómeno terrorista:
Los terroristas son jóvenes musulmanes radicalizados, que rechazan los valores dominantes de la sociedad en que viven, se solidarizan con sus correligionarios en Oriente Medio y se sienten parte de un movimiento global para defender el islam. La mayoría de los terroristas en Europa son europeos, nacidos y criados en nuestros países y ciudadanos de su país.

Atavismos retrógrados
O sea que el docto Castells enseña que el desarrollo de una sociedad civilizada pasa por la incorporación de los atavismos retrógrados que traen algunos migrantes, atavismos retrógrados que, además, se irán consolidando entre quienes, nacidos y criados en el país de acogida, "rechazan los valores dominantes de la sociedad en que viven".

Una pizca de racionalidad, por favor. Escribe Giovanni Sartori (La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Taurus, 2001), explicando por qué las diferencias de los asiáticos no despiertan resistencia en las sociedades occidentales, en tanto que sí la despiertan las de los musulmanes:

La cultura asiática también es muy lejana a la occidental, pero sigue siendo laica en el sentido de que no se caracteriza por ningún fanatismo o militancia religiosa. En cambio, la cultura islámica sí lo es. E incluso cuando no hay fanatismo sigue siendo verdad que la visión del mundo islámica es teocrática y que no acepta la separación entre Iglesia y Estado, entre política y religión. Y que, en cambio, esa separación es sobre la que se basa hoy –de manera verdaderamente constituyente– la ciudad occidental. Del mismo modo, la ley coránica no reconoce los derechos del hombre (de la persona) como derechos individuales universales e inviolables, otro fundamento, añado, de la civilización liberal. Y estas son las verdaderas dificultades del problema. El occidental no ve al islámico como infiel. Pero para el islámico el occidental lo es.

Sartori previene, asimismo, contra la tentación de conceder la ciudadanía, como vía de integración, a los migrantes enrocados en culturas anacrónicas que los demagogos populistas ven como caladeros de votos:

La experiencia dice, pues, que conceder la ciudadanía no equivale a integrar. No existe ningún automatismo entre ambas cosas, y el caso más probable para nosotros es que la concesión de ciudadanía dé fuerza y peso a agrupaciones de contraciudadanos. Un alcalde italiano del sur cuya elección está condicionada por el voto mafioso es casi inevitable, aunque finjamos no saberlo, que ceda y conceda ante la mafia. Será previsiblemente lo mismo respecto a las comunidades extracomunitarias, en especial si son islámicas, si se concede a sus miembros el derecho de voto. Ese voto servirá, con toda probabilidad, para hacerles intocables en las aceras, para imponer sus fiestas religiosas (el viernes) e incluso (son problemas en ebullición en Francia) el chador a las mujeres, la poligamia y la ablación del clítoris.

Aclara Sartori en una nota al pie de página que "la poligamia es practicada actualmente en París por cerca de doscientas mil familias islámicas".

Horda asesina
Retornemos a la cruzada que libra Castells en busca de medios para congraciarnos con los jóvenes tentados por el yihadismo, aunque ello implique aceptar que se aíslen de los valores dominantes de nuestra sociedad. Uno de sus argumentos, compartido con otros apaciguadores empeñados en demostrar que los cristianos no son las víctimas predilectas de los islamistas se vuelve, como un bumerán, contra quien lo enuncia. Sostiene Castells, próximo a diagnosticarnos una paranoia colectiva::

Y hay que recordar que el peor terrorismo islámico ocurre en países islámicos. Ha habido cien veces más víctimas musulmanas que víctimas cristianas. Aun así, el pavor que suscita el terror indiscriminado está teniendo un efecto profundo en nuestro modo de vida. El miedo cotidiano corroe la convivencia. Y aunque los radicalizados sean una ínfima minoría, aumentan en cantidad y velocidad de su radicalización, a partir de la conexión creciente entre Oriente Medio y lo que sucede en Europa.

Por fin una verdad como la copa de un pino en medio de tanta retórica complaciente. "Ha habido cien veces más víctimas musulmanas que víctimas cristianas". Esta es la prueba de que nos ataca una horda asesina (y suicida) sedienta de sangre, tan feroz que se ensaña con sus propios correligionarios por un pleito sobre la dinastía de Mahoma: chiíes contra suníes, suníes contra chiíes, todos contra azeríes y sufíes. Estos últimos son unas víctimas musulmanas inocentes, martirizadas por practicar un pacifismo que las otras ramas del islam juzgan herético.

En el punto de mira
Si todo se redujera a un "que se maten entre ellos", como proponen algunos estrategas de pacotilla… Pero no es así. Quienes estamos en el punto de mira de todas estas sectas oscurantistas que quedaron ancladas en las supersticiones del siglo VII somos los infieles, o sea quienes nos guiamos por los valores y la cultura de la civilización occidental, y quienes, después de pasar por la cruenta experiencia de nuestras propias guerras de religión –Reforma y Contrarreforma–, entramos en la órbita de la Ilustración.

Y son estos valores y esta cultura los que debemos salvaguardar con uñas y dientes –y con las armas más sofisticadas– cuando los vándalos se conjuran para aniquilarlos.

El predicador Castells remata su sermón afirmando: "Hacer una alianza de líderes religiosos cristianos y musulmanes por la paz y la vida puede ser más eficaz que las bombas respecto de un movimiento de referencia religiosa, deslegitimando el terrorismo". Los modelos de esos líderes son, según Castells, el papa Francisco y su equivalente suní, el rector de la mezquita Al Azhar de El Cairo, adonde fue Francisco hace unas semanas.

Fórmulas para derrotarlos
Jorge Soley desmonta este burdo tinglado, pieza por pieza, en "El Papa y el Gran Imán en Al Azhar" (LD, 25/5). El imán Al Tayib, de la pseudouniversidad Al Azhar, no es el equivalente del Papa porque los musulmanes no cuentan con esa jerarquía suprema, y lo que el pontífice peronista –empático con Nicolás Maduro, Raúl Castro, y Evo Morales– sacó en limpio de esa entrevista fue la enseñanza, impartida por el imán, de que "la única solución para el mundo pasa por abrazar el islam y someterse a Alá pasando por la sharia". Aprendida la lección, el humillado Francisco volvió a Roma para enviar un mensaje de solidaridad a la mafiosa argentina Milagro Sala.

No existen fórmulas para congraciarse con los terroristas. Sí las hay para derrotarlos, y el futuro de la civilización occidental depende de que sus fuerzas de seguridad y sus servicios de inteligencia las apliquen con rigor, sin dejarse distraer por los charlatanes derrotistas.

Francia: ya hay zonas de exclusión en el corazón de las grandes ciudades
Yves Mamou latribunadelpaisvasco 3 Junio 2017

Artículo Vía Gatestone Institute

En enero de 2015, una semana después del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, el canal de la televisión estadounidense Fox News generó un escándalo en Francia al afirmar que se habían creado "zonas de exclusión" en el corazón de París. Para los medios franceses, la existencia de zonas de exclusión —donde los no musulmanes no son bienvenidos e impera la ley islámica, la sharia— en el centro de la capital era una "falsa noticia" puramente absurda y horripilante. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dijo que pensaba demandar a Fox News y que el "honor de París" estaba en juego.

En mayo de 2017, sin embargo, el tono había cambiado. El diario francés Le Parisien reveló que, en efecto, hay zonas de exclusión en el centro de la capital. Al parecer, el distrito de Chapelle-Pajol, al este de París, ya se ha convertido en buena medida en una zona de exclusión. Cientos de migrantes musulmanes y traficantes de drogas copan las calles, y acosan a las mujeres por llevar lo que muchos de estos migrantes consideran vestimenta inmodesta:

Las mujeres en esta parte del este de París se quejan de que no pueden moverse sin sufrir los comentarios e insultos de los hombres. [...]

Hay varios cientos de metros cuadrados de calzada que se han dejado exclusivamente a los hombres; se considera que las mujeres ya no tienen derecho a estar allí. Cafés, bares y restaurantes les están vedados, al igual que las aceras, la estación de metro y las plazas públicas. Durante más de un año, el distrito de Chapelle-Pajol (los arrondissements X-XVIII) ha cambiado totalmente su aspecto: grupos de decenas de hombres solitarios, vendedores ambulantes, extranjeros, migrantes y rateros acosan a las mujeres y toman las calles.

Natalie, una vecina de 50 años de la zona, dijo: "El ambiente es angustioso, hasta el punto de cambiar nuestras rutinas y nuestra vestimenta. Algunas hasta desisten de salir a la calle".

Aurélie, de 38 años, que vive en la zona desde hace quince años, dijo que en el bar-cafetería que hay debajo de su apartamento había sido un lugar agradable, pero que se ahora se había convertido en un establecimiento exclusivamente masculino. "He tenido que escuchar un montón de cosas al pasar por ahí, sobre todo porque beben mucho", dijo. Al parecer, una vecina de 80 años ha tenido que dejar de salir completamente de su apartamento tras haber sido agredida sexualmente un día al regresar a su casa. Se dice que otra mujer sufre un aluvión de insultos simplemente por asomarse a la ventana.

La alcaldesa Hidalgo ya no habla de demandar a los medios por difamar el honor de París. Dijo incluso que este problema de seguridad llevaba "semanas identificado" y propuso lanzar un "proceso exploratorio" para combatir la discriminación contra las mujeres y un "grupo de tratamiento de la delincuencia local". Era una neolengua ligeramente hueca, orwelliana, y generó chanzas e indignación en las redes sociales.

Hablar de zonas de exclusión en Francia era, hasta hace poco, tabú. Se consideraba "racista" o "islamófobo" —casi siempre ambas cosas— hablar de ello. En mayo de 2016, Patrick Kanner, ministro francés de Áreas Urbanas, acosado por los periodistas, reconoció por fin la verdad: "Nos consta que hoy existe un centenar de barrios en Francia que presentan posibles similitudes con lo que ha ocurrido en Molenbeek". Se estaba refiriendo al tristemente conocido barrio de Bruselas, controlado por el salafismo, que se ha convertido en el epicentro de la yihad en Europa.

Lo que es una novedad es que las zonas de exclusión ya no se limitan a los suburbios, donde los migrantes y musulmanes han solido concentrarse.

Las zonas de exclusión, mediante la inmigración masiva, han surgido ahora en el corazón de París, Burdeos, Toulouse, Marsella, Grenoble y Aviñón; distritos "privatizados" por doquier por una mezcla de traficantes de drogas, fanáticos salafistas y bandas juveniles islámicas. Las principales víctimas son las mujeres. Ellas —tanto las musulmanas como las no musulmanas— son acosadas, y algunas agredidas sexualmente.

Los políticos, como de costumbre, están plenamente informados de la situación que se le infringe a las mujeres. Un informe de 2014 del Alto Comisionado para la Igualdad reveló que en las llamadas "áreas urbanas sensibles" aproximadamente una de cada diez mujeres ha sufrido violencia física o sexual.

Otro informe entregado al Gobierno en septiembre de 2016, de la organización France Médiation, aportó detalles significativos, pese a haber sido escritos en términos depurados:
Las áreas públicas están "ocupadas" exclusivamente por hombres "estacionados" en ellas, y a las mujeres apenas se les permite pasar a través de ellos. [...]

No es un caso único en esta ciudad: en los últimos diez años, las mujeres se han visto excluidas de los espacios públicos.

"Tienes que alejarte, no provocar. Siempre salgo con mis hijos y así no hay problemas".

En algunos lugares, los grupos de hombres "monopolizan" los espacios públicos y a veces bloquean los accesos a los edificios.

Las mujeres se ven obligadas a evitar el ascensor para esquivar las miradas y comentarios que a veces son desagradables. Tienen que subir por las escaleras —sucias y oscuras— varias plantas.

Las cafeterías están ocupadas exclusivamente por hombres; las mujeres no se atreven a entrar en ellas, evitan incluso pasar por delante.

El recién elegido presidente francés, Emmanuel Macron, eludió de manera ostensible los problemas de seguridad en la campaña electoral. Sin duda, los problemas de seguridad le rebasarán antes de lo que piensa.


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Desmontando el 'milagro económico' de Portugal
Costa ha conseguido sacar al país del Procedimiento de Déficit Excesivo, el PIB crece un 2,8% y el paro ha caído hasta el 10,2%. ¿No sería mejor emigrar a Portugal?
Javier Jorrín El Confidencial 3 Junio 2017

El 'milagro económico portugués' se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales de España y en muchos medios de comunicación. Tal éxito social no se debe a la recuperación económica (Irlanda ha sido el verdadero ganador de la crisis y apenas se ha escrito de su éxito), ni tampoco a su efectividad al reducir el déficit (salvo España y Francia, todos los países del euro han salido del Procedimiento de Déficit Excesivo), sino a la ideología del Gobierno: la alianza de izquierdas conformada por el Partido Socialista, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista.

Cualquier recuperación económica es motivo de celebración, pero si la ideología impide ver los números, surgen los problemas. El mejor ejemplo es el paradigma de la austeridad. El discurso que se ha extendido a favor de las políticas del presidente António Costa asegura que Portugal ha conseguido rebajar el déficit y, además, terminar con la austeridad y elevar el gasto público. Mientras tanto, en España, Rajoy ha profundizado en los recortes y además el déficit sigue descontrolado.

En efecto, Portugal ha hecho los deberes para ajustar sus cuentas públicas (algo que no ha hecho España), pero ha sido a base de aplicar recortes. En 2015 y 2016 el gasto público bajó en algo más de 6.260 millones de euros (datos de Eurostat), lo que significa un ajuste del 7% del presupuesto, en gran medida paralizando la inversión pública. Por el contrario, España ha aumentado el gasto público en algo más de 6.650 millones de euros, un 1,5% más. En 2014, justo antes de que Costa llegara al Gobierno, el gasto público de Portugal era del 51,8% del PIB, dos años después ha caído en más de 6 puntos hasta el 45,1%.

Es cierto que la economía portuguesa ha vuelto a crecer, un 1,4% en 2016, pero la salida de la recesión se produjo mucho antes, en 2013. De hecho, en 2015 creció un 1,6%, más que en 2016. Este crecimiento permitió a Costa recuperar el nivel de PIB previo a la crisis en su primer año de mandato. Sin duda un motivo de celebración, pero contenida, ya que la mayor parte del crecimiento ha sido nominal y no real. ¿Qué significa esto? Que el PIB ha crecido por los precios. Sin embargo, en términos reales (sin inflación) está a más de un 4% de volver a los niveles precrisis y todavía tardará dos o tres años en recuperarlos, mientras que España acaba de hacerlo este año.

El PIB portugués creció un 1,4% en 2016 y para este año la Comisión estima un avance del 1,8%. Un ritmo nada despreciable, pero que no se acerca a las tasas de la economía española que creció un 3,2% en 2016 y que para este año se espera que avance un 2,8%.

El enfermo de Europa
Portugal es, con permiso de Grecia, el país del euro que presenta mayores desequilibrios económicos. Costa no es el culpable –esto es evidente–, pero la realidad del país es que está en una situación muy delicada. Portugal, como España, ha sido uno de los países más beneficiados por los 'vientos de cola' internacionales: la caída del precio del petróleo, de los tipos de interés y la recuperación de la demanda externa, lo que ha permitido estos últimos años de bonanza. Sin embargo, el Gobierno no ha conseguido aprovechar este escenario tan favorable para mejorar sus desequilibrios. Y a partir de 2018 la 'tregua' podría acabarse.

El gran problema de Portugal es su abultada deuda, tanto privada como pública, que multiplica por cinco el tamaño del PIB (un 271% del PIB la privada y un 130% la pública). Los procesos de desapalancamiento son muy dolorosos, ya que cercenan la inversión y, por tanto, la actividad económica. Pero el verdadero peligro de la deuda es el coste financiero que genera. Ahora que los tipos de interés están en mínimos históricos en Europa por las políticas expansivas del BCE, Portugal se deja casi uno de cada diez euros del presupuesto público en pagar el servicio de la deuda. En total un 4,2% del PIB se tiene que destinar a pagar a los acreedores del Gobierno (en España es el 2,8%), en su mayor parte extranjeros.

Cualquier subida de los tipos de interés se 'comerá' todo el esfuerzo realizado por el país para ajustar su déficit público. Un incremento de 100 puntos básicos (un 1%) en el coste de la deuda elevaría la factura financiera casi un 30%, por lo que sería necesario destinar casi el 13% de los recursos públicos para pagar cada año el servicio de la deuda. ¿Qué ocurrirá cuando el BCE deje de comprar deuda pública y empiece a subir los tipos de interés a partir de 2018? Esta es una de las grandes preocupaciones de la Comisión con Portugal.

Las agencias de 'rating' también alertan del desequilibrio de sus cuentas públicas poniendo al país en 'bono basura', lo que ahuyenta a muchos inversores internacionales. Costa ha criticado a estas agencias porque no han tenido en cuenta los avances económicos del país a la hora de mejorar su 'rating'. Sin embargo, la realidad es que la deuda pública del país, lejos de caer, se ha asentado por encima del 130% del PIB.

El problema de la banca
El Gobierno de Costa tiene un problema añadido para reducir la deuda pública: la debilidad del sector financiero. Hace menos de tres meses autorizó la inyección de 2.500 millones de euros en el banco Caixa Geral de Depósitos, una entidad pública que todavía atravesaba problemas de solvencia. Este es solo un ejemplo de los problemas que tiene actualmente el sector financiero, inmerso en diversos procesos de recapitalización o cambios en la estructura accionarial en los que está participando la banca española, mucho más saneada y con músculo financiero (a excepción del Popular).

A los bajos niveles de capital se le une el problema de los préstamos dudosos (Non Performing Loans, NPL) que S&P estima en torno al 16% de los créditos de la banca. La debilidad del sector financiero dificulta la recuperación económica, ya que corta el flujo de crédito: una entidad en problemas no concede préstamos. Esta situación es similar a la que vive la banca italiana, acosada también por los préstamos dudosos y la baja rentabilidad, o la que atravesó España en los peores momentos de la crisis.

Los problemas de la banca han roto el canal de transmisión de la política monetaria. En otras palabras: los esfuerzos del BCE por estimular el flujo de crédito no dan resultado cuando el sistema financiero atraviesa problemas. La última encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas en el área del euro (EAFE) muestra que las pymes portuguesas apenas percibieron una mejora en el acceso al crédito entre octubre y marzo.

Suben los salarios
Los países desarrollados tienen el reto de conseguir que la recuperación económica llegue a toda la sociedad. Para avanzar hacia el crecimiento inclusivo, el Gobierno de Costa aprobó una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5% en 2016, de otro 5% en 2017 y así hasta acumular un avance del 25% en la legislatura. Este año el SMI portugués es de 649,8 euros al mes en 12 pagas (7.798 euros al año), un 21% menos que en España.

En torno al 20% de los trabajadores portugueses se han beneficiado de esta medida, lo que sin duda es un gran triunfo para Costa. Sin embargo, en economía todo tiene un coste y, en este caso, lo soportan las empresas. La remuneración por asalariado aumentó un 1,4% en 2016 (en España se estancaron en el 0%) y los costes laborales unitarios, un 1,6% (en España cayeron un 0,4%), según los datos de la Comisión Europea. Como contrapartida, en 2016 la productividad laboral en Portugal cayó un 0,3%, mientras que en España avanzó un 0,5%, según los datos de Eurostat.

La economía portuguesa (como la española o la italiana) tiene un grave problema de productividad que podría agravarse si pierde competitividad respecto a sus competidores. El único camino que tiene Portugal para rebajar la deuda externa (que triplica al PIB) es el de acumular superávits por cuenta corriente y así devolver poco a poco el pasivo. En otras palabras, mantener el crecimiento de las exportaciones en un mundo cada vez más competitivo.

El ajuste de los últimos años ha servido para corregir el déficit por cuenta corriente, pero el superávit que ha conseguido es exiguo: del 0,8% del PIB, un ritmo insuficiente para ajustar el desequilibrio externo. El reto para el país es incrementar este superávit, pero los analistas creen que en los próximos cuatro años no alcanzará el 1% del PIB. Muy lejos del 2% de España.

Al grave problema de productividad de Portugal se une la baja inversión. El ajuste del déficit ha recaído principalmente sobre la inversión pública y el sector privado no ha dado un paso adelante debido a los problemas de financiación y a la necesidad de desapalancarse. El resultado es que Portugal es, a día de hoy, una de las economías europeas que destina menos esfuerzo a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), en 2016 apenas el 14,9% del PIB. Un dato que contrasta con el 19,9% de España o el 20,1% de la eurozona. De toda la Unión Europea solo Grecia invierte menos que Portugal, lo que siembra un panorama complicado de cara al futuro.

Costa puede seguir subiendo el SMI, pero el equilibrio de los salarios en cada país no lo determina el gobierno, sino la productividad. En Portugal el salario medio es de 24.105 dólares anuales ajustado por paridad de poder adquisitivo (dato de 2015 elaborado por el Banco Mundial), un 34% menos que en España y un 42% menos que la media de la OCDE. Los indicadores de corto plazo funcionan, pero Portugal tiene mucho trabajo por hacer antes de celebrarlo.

Sembradores de odio
Jesús Laínz Libertad Digital 3 Junio 2017

Hace veinte años conocí a un francés, ya entrado en la cincuentena e hijo de republicanos españoles exiliados, con quien tuve frecuentes conversaciones sobre la Guerra Civil, epicentro de su interés por la historia de España por evidentes motivos paternales. De previsible formación izquierdista, se aferraba al esquema habitual de una república democrática asaltada por la barbarie fascista. Además, para un nacido en Francia, la república representaba, lógicamente, el orden, la ley, el ejército, la patria, la grandeur, por lo que mis intentos por explicarle que a la Segunda República española le faltó todo eso y le sobró revolución, caos, crimen y disgregación nacional se estrellaron una y otra vez contra los prejuicios mamados desde su republicana cuna.

Hasta que un día algún conocido, igualmente izquierdista pero en versión hispánica, le prestó unos viejos volúmenes encuadernados de El Socialista y Renovación, órganos del PSOE y de las Juventudes Socialistas. Aquel fue su camino de Damasco, pues pudo tocar con sus manos y comprobar con sus ojos, en la fuente original, la zafiedad ideológica, la verborrea furiosa, la violencia, los insultos, las amenazas, el odio desatado en que consistía la izquierda española de hace ochenta años. Y comprendió de golpe que aquello no tenía nada que ver con el republicanismo francés y que servidor no debía de andar muy desencaminado cuando intentaba explicarle que la Segunda República española no había sido otra cosa que una revolución bolchevique fracasada.

La interpretación marxista de aquel régimen consiste en justificar la radicalización de los partidos de izquierda porque las circunstancias sociales de la España de aquellos días eran de una pobreza, una desigualdad y una opresión inaguantables. Todo ello habría llevado a los izquierdistas a procurar la liberación de los parias de la tierra y a los marqueses, obispos y fascistas a pedir socorro a los militares para reinstaurar la opresión.

Pero los hechos desmienten el esquema marxista: España no era, ni mucho menos, el país más pobre de Europa; aquella época no fue, ni de lejos, la de mayor pobreza de la historia de España; la desigualdad social en España no se alejaba mucho de la existente en muchos otros países europeos; los españoles, salvo algunas excepciones en las zonas rurales de las provincias del sur, no sufrían de ninguna opresión equiparable, por ejemplo, a la sufrida por el campesinado ruso en los años inmediatos a 1917; y el sistema político español anterior a 1931, aun con todos sus defectos, no destacó, entre los demás países europeos, ni por su injusticia ni por su carácter liberticida. Por no hablar del resto del mundo, evidentemente, a años luz de Europa.

La Segunda República española no había sido otra cosa que una revolución bolchevique fracasada.
Y sin embargo, España, entre desórdenes, injusticias, desmanes, atentados, huelgas, revoluciones y crímenes políticos, acabó desembocando en el caos que prendió la chispa de la guerra civil. ¿Por qué no sucedió en otros países europeos o incluso en otros países de otros continentes? En primer lugar, no es cierto que no sucediera en otros países, pues a punto de sucumbir a la revolución comunista, como prolongación de la rusa, estuvieron Alemania, Finlandia y Hungría, y todos ellos acabaron resolviéndolo a tiros al precio de muchos miles de muertos.

Lo que sí es cierto es que España fue el único país europeo que siguió aquel mismo camino dos décadas después de la gran revolución bolchevique de 1917. Y el motivo fue la inaudita violencia, de palabra y obra, de unos dirigentes izquierdistas que no se cansaron de sembrar el odio, de apelar a la violencia, de predicar venganzas, de organizar revoluciones, de anunciar exterminios, de promover asesinatos, de desear guerras civiles. Eso sí, una vez derramada la gasolina y prendida la mecha, todos ellos, sin excepción, pusieron pies en polvorosa y traspasaron a los españoles las consecuencias de su incendio. Es fácil constatarlo: échese un vistazo a la prensa izquierdista de la época y compárese con lo que se publicaba en la derechista. No hay mejor método para comprender lo que sucedió en 1936, ese 1936 que la izquierda de hoy, sobre todo desde el infausto ZP, ansía resucitar ante la bobalicona parálisis de los gobernantes supuestamente derechistas.

Pero aquél no fue el único caso de siembra de odio en la historia reciente de España. ¿Por qué surgió el terrorismo etarra? ¿Porque las muy industrializadas y prósperas provincias vascas sufrían un paro inaguantable, a diferencia del resto de España, donde todo el mundo trabajaba? ¿Porque los muy acomodados vascos se morían de hambre, a diferencia del resto de España, donde todos reventaban de colesterol? ¿Porque sufrían una opresión política inhumana, a diferencia del resto de España, donde disfrutaban de un régimen político distinto? No, el motivo fue que muchos vascos prestaron oídos a quienes, siguiendo la estela de aquel gran mentecato de Sabino Arana, se inventaron soberanías originarias, invasiones visigóticas, hidalguías universales, invasiones castellanas, fueros inmemoriales, invasiones españolas, paraísos democráticos, invasiones franquistas y mil patrañas más. Y como los creadores de esas patrañas exigían odio mortal al eterno enemigo español, muchos ignorantes fanáticos les hicieron caso y empezaron a asesinar.

Lo mismo ha sucedido en Cataluña, la acaudalada Cataluña, la próspera Cataluña, la protegida locomotora industrial de España, la mimada por el desarrollismo franquista, la privilegiada por el régimen del 78. Pues desde aquel gran odiador inaugural que fue Prat de la Riba, el catalanismo lleva un siglo sembrando el odio a España y los españoles con constancia digna de mejor causa. Que si el Cid, que si Olivares, que si la invasión española de 1714, que si Franco, que si España nos roba…, el catálogo de imposturas para lavar el cerebro y envenenar los corazones de los catalanes no tiene fin. Y el resultado es el que forzosamente tenía que ser dada la ausencia de contestación vigorosa por parte de quienes tenían que haberla dado: cientos de miles de catalanes odian su condición de españoles y se la quieren quitar de encima.

Olvídense de interpretaciones marxistas: no se trata de problemas económicos, ni de enfrentamiento de clases, ni de conflictos coloniales, ni de opresiones nacionales, ni de ninguna de las mentiras con las que se intenta tapar la realidad. Los culpables de los graves problemas de España desde hace un siglo tienen nombres y apellidos.

www.jesuslainz.es

Manifiesto
Una amenaza para la historia
www.latribunadelpaisvasco.com 3 Junio 2017

Es urgente la intervención de los responsables institucionales para detener la destrucción masiva en Euskadi de documentos civiles, penales y sociales sobre atentados de los últimos cincuenta años.

EI pasado mes de marzo el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto Valentín de Foronda celebraron una jornada para analizar la importancia de los archivos para la investigación del fenómeno terrorista en España. En ella diferentes especialistas discutieron sobre la localización y las condiciones de acceso a los fondos generados por las administraciones civil, militar y judicial desde 1960 a nuestros días. Carmen Alba, excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, describió cómo ha recuperado las causas judiciales sobre asesinatos, dispersas en diversos archivos. Y nos alertó de un grave problema que ha detectado durante sus trabajos de recopilación: en Euskadi se han destruido expedientes judiciales sobre atentados y otras actividades terroristas.

La suerte de este tipo de documentación se regula por el Real Decreto 937/2003. La norma creó una serie de Juntas de Expurgo, de ámbito autonómico, encargadas de seleccionar los expedientes a eliminar por haber finalizado, prescrito o caducado. Ahora bien, deben conservarse permanentemente aquellos que la administración competente en materia de patrimonio cultural reclame por su valor histórico. En nuestro caso el organismo responsable es la Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de Euskadi, creada en 2004. Según noticias publicadas en prensa, al año siguiente ya había destruido más de setenta toneladas de documentación de los ámbitos civil, penal, social y contencioso-administrativo. La última orden de expurgo se publicó el pasado 14 de diciembre. Juanfer Calderín señaló en su libro “Agujeros del sistema” (2015) que varios casos de sumarios habían sido destruidos en Euskadi. Destacaba la causa por el asesinato del periodista José María Portell por parte de ETA en 1978, que había sido eliminada el 23 de octubre de 2008. Tal documentación es irremplazable: sin ella, la investigación histórica es casi imposible.

Desconocemos casi por completo el funcionamiento de la junta, de la que, significativamente, no forma parte ningún historiador. Aunque el Departamento de Cultura del Gobierno vasco está representado dentro del organismo, no parece que haya actuado diligentemente para impedir estas destrucciones irreparables. No tener en cuenta la relevancia de la documentación judicial parece una temeridad.

La documentación judicial es, probablemente, la más rica de las que se conservan en los archivos históricos. Su utilización es indispensable para escribir la historia de cualquier época. Si se confirma la destrucción masiva de expedientes judiciales generados en Euskadi en los últimos cincuenta años, se limitará la posibilidad de hacer historia de manera rigurosa, ya que nos faltarán documentos con la que sostenerla. Por el contrario, se dará alas a la literatura panfletaria, la escrita por los propagandistas que no consultan ni archivos ni bibliotecas.

Con todo, lo peor de esta noticia es que, si una parte de las fuentes judiciales ha sido destruida, será imposible lograr un conocimiento exacto de las páginas más oscuras de la historia reciente de Euskadi. Se habrá privado, así, tanto a nosotros como a las generaciones futuras, del derecho a la verdad. Por todo lo dicho, los historiadores firmantes reclamamos la urgente intervención de los responsables institucionales en la materia para detener la eliminación de las fuentes judiciales, así como para elaborar un catálogo completo de la documentación indebidamente suprimida.

Firman este Manifiesto: SANTOS JULIA, ANTONIO ELORZA, MANUEL MONTERO, LUIS CASTELLS, JOSÉ LUIS DE LA GRANJA, ANTONIO RIVERA, SANTIAGO DE PABLO, JAVIER UGARTE, LUIS M. JIMÉNEZ DE ABERASTURI, PILAR PÉREZ-FUENTES, TXEMA PORTILLO, JOSEFINA MARTINEZ ALVAREZ, JOSÉ ANTONIO PÉREZ, MATTEO RE, GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA FERNANDO MOLINA, PEDRO BARRUSO, RAÚL LÓPEZ ROMO, JAVIER GÓMEZ, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, SARA HIDALGO, DAMIÁN ALBERTO GONZÁLEZ, NIALL CULLEN, JORGE MARCO Y LUIS ARIAS GONZÁLEZ

Alertan de la "destrucción masiva" de expedientes judiciales de atentados de ETA
Exigen que se detenga este exterminio ya que de lo contrario se impedirá "hacer historia de manera rigurosa", y denuncian la falta de "diligencia" del Gobierno vasco para impedir estos actos "irreparables"
José Mari Alonso. Vitoria El Confidencial 3 Junio 2017

Un total de 25 historiadores de prestigio han suscrito un manifiesto para exigir que se detenga en el País Vasco la “destrucción masiva” de expedientes judiciales sobre atentados de ETA en los últimos 50 años ya que va a impedir “hacer historia de manera rigurosa” sobre la actividad terrorista y se privará del “derecho a la verdad tanto a nosotros como a las generaciones venideras”. En este sentido, lamentan que el Gobierno vasco no ha actuado “diligentemente” para “impedir estas destrucciones irreparables”, por lo que que urgen a la “intervención de los responsables institucionales en la materia para detener la eliminación de las fuentes judiciales”. “No tener en cuenta la relevancia de la documentación judicial parece una temeridad”, sostienen.

En el documento han estampado su firma historiadores de primer nivel como Santos Juliá, Antonio Elorza, Manuel Montero, Luis Castells, Antonio Rivera, Niall Cullen o Luis Arias González. La nómina de suscribientes del manifiesto se completa con José Luis de la Granja, Santiago de Pablo, Javier Ugarte, Luís María Jiménez de Aberasturi, Pilar Pérez-Fuentes, Txema Portillo, Josefina Martínez, José Antonio Pérez, Matteo Re, Gaizka Fernández Soldevilla, Fernando Molina, Pedro Barriuso, Raúl López Romo, Javier Gómez, José Luis Rodríguez, Sara Hidalgo, Damián Alberto González y Jorge Marco.

La Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de Euskadi, creada en 2004, es el órgano judicial encargado de determinar qué expedientes se eliminan y cuáles se remiten a los archivos históricos dentro del objetivo de acabar con la gran acumulación de papel en los palacios de Justicia, ya sean informes como sentencias u otro tipo de documentos. Este organismo está integrado por representantes de la judicatura y del Gobierno vasco pero “significativamente no forma parte ningún historiador”, según censuran los firmantes del manifiesto, que no comprenden esta ausencia dada la relevancia de las decisiones que se adoptan.

Bajo el contundente título de ‘Una amenaza para la historia’, el manifiesto alerta de que si se confirma la destrucción de una parte de estos expedientes judiciales “será imposible lograr un conocimiento exacto de las páginas más oscuras de la historia reciente” del País Vasco. Sin esta parte de las fuentes judiciales, según incide, se “limitará la posibilidad de hacer historia de manera rigurosa, ya que “nos faltarán documentos con la que sostenerla”. Por el contrario, advierte de que “se dará alas a la literatura panfletaria, la escrita por los propagandistas que no consultan ni archivos ni bibliotecas”.

La denuncia sobre la eliminación de esta información valiosa sobre el terrorismo se produce cuando las víctimas están tratando de activar la vía judicial y policial para tratar de esclarecer los más de 320 asesinatos de ETA que aún siguen sin resolver. El clima es ahora más proclive a activar la investigación, sin la actividad de la banda terrorista desde hace ya un lustro largo y con “mayor libertad que antes” para impulsar estos procesos. “En este escenario es todo un lujo destruir los datos existentes”, sostiene a El Confidencial uno de estos historiadores.

La preocupación dentro de los historiadores estalló el pasado 24 de marzo con la celebración en Vitoria de una jornada para investigar el fenómeno terrorista en España a partir de las condiciones de acceso a los fondos de las administraciones civil, militar y judicial organizada por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Instituto Valentín de Foronda. En esta cita, la excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, Carmen Alba, dio la alarma al detallar los “graves problemas” con los que se encontró en el País Vasco para recuperar las causas judiciales sobre asesinatos dispersas en diversos archivos al haberse destruido expedientes sobre atentados y otras actividades terroristas.

Como ejemplo significativo, la causa por el asesinato del periodista José María Portell a manos de ETA en 1978 fue eliminada el 23 de octubre de 2008, lo que hace que la investigación sea “casi imposible” por la ausencia de esta “irremplazable” documentación. Este es uno de los muchos casos de sumarios que han sido destruidos en Euskadi, circunstancia que ya había denunciado el periodista Juanfer Calderín en su libro ‘Agujeros del sistema (2015)', donde desvelaba toda “una red de negligencias y errores judiciales” en numerosos asesinatos que han impedido dar con su autor.

Ya sólo en su primer año de funcionamiento la Junta de Expurgo del País Vasco destruyó más de 70 toneladas de documentación de los ámbitos civil, penal, social y contencioso-administrativo, según exponen los historiadores firmantes del documento, que reprochan al Departamento de Cultura del Gobierno vasco su falta de diligencia como integrante de este organismo para evitar estas destrucciones “irreparables”.

El gran problema es que estas destrucciones están afectando a pruebas físicas y documentales, como fotografías, pruebas forenses o periciales (incluso se han llegado a destruir sobres con balas), que tienen una “importancia vital” para los historiadores a la hora de configurar el relato del terrorismo sufrido en el País Vasco. “No podemos hacer nuestro trabajo si la fuente documental no existe. Esta información es indispensable”, protestan. Por ello, reivindican la presencia del historiador dentro de esta nómina de expertos que deciden qué material se salva y cuál se quema.

¿Cómo funciona la Junta de Expurgo? El Gobierno vasco afirma que antes de proceder a la eliminación de los documentos se establece un periodo de dos meses de exposición al público para que los ciudadanos puedan reclamar a los juzgados la devolución de la documentación que aportaron en su día. Pasado este periodo, los expedientes son eliminados por “una empresa especializada que tiene el deber de garantizar y certificar la destrucción de los archivos”.

El Parlamento acaba de pedir al Gobierno vasco que "actualice los criterios y los procedimientos de eliminación de la documentación judicial"

El manifiesto llevaba “varias semanas” redactado pero no ha sido hasta ahora cuando se ha dado a conocer una vez obtenido un “peso importante” con la adhesión de una amplia y cualificada nómina de historiadores. Casualmente, el documento ha visto la luz justo cuando el Parlamento Vasco acaba de aprobar este mismo jueves por unanimidad de los grupos una iniciativa impulsada por el PP que insta al Gobierno vasco a “actualizar los criterios y los procedimientos de eliminación de la documentación judicial”. Hasta entonces, según refleja la propuesta, la Cámara de Vitoria pide a la Junta de Expurgo “la suspensión de los procesos de eliminación de la documentación” para evitar que se destruya material valioso.

Ahora, los departamentos de Justicia y Cultura del Gobierno de Iñigo Urkullu deberán elaborar una propuesta y remitirla a la Junta de Expurgo dentro de un proceso en el que “intervendrán voces autorizadas en el campo de la archivística y la gestión monumental y de la conservación del Patrimonio documental judicial”. De cara a la valoración documental y de selección de documentos el Parlamento Vasco establece que será “prioritaria” la conservación de los documentos relacionados con los derechos humanos y la memoria histórica. Asimismo, según sostiene la propuesta, el Ejecutivo vasco y la Junta de Expurgo deberán “estudiar las medidas más oportunas para la adecuada preservación y buen estado de los expedientes no expurgados y de los resúmenes de los expurgados a fin de garantizar la conservación de todos ellos de forma adecuada”.

La iniciativa aprobada corresponde a una enmienda pactada entre el PP, PNV, PSE y Podemos a la que luego dio su apoyo EH Bildu. Carmelo Barrio, impulsor de la propuesta original, afirmó que el Gobierno vasco “tiene que decir mucho más en relación con la aplicación de esos criterios y de esas directrices con las que la Junta de Expurgo debe funcionar”. A este respecto, puso de manifiesto que, según se refleja en algunas de las actas de este organismo, el representante del Gobierno vasco no ha acudido a “algunas de las reuniones” pese a la trascendencia de las decisiones. Ahora, los historiadores ven un “buen paso” la iniciativa del Parlamento, pero se muestran muy cautelosos en relación a su posible eficacia. “A ver en lo que se traduce”, señalan.
 


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