AGLI Recortes de Prensa   Dominngo 4  Junio 2017

La distinción entre regiones y nacionalidades: una concesión inútil a los separatismos
Jon Juaristi. (ABC) PD 4 Junio 2017

ANDRÉS de Blas Guerrero, catedrático de Teoría del Estado en la UNED, es un gran especialista en la historia del nacionalismo español y un pensador desaprovechado por su partido, el de Pedro Sánchez.

Desde comienzos de la Transición hemos debatido amistosamente nuestros desacuerdos y nos hemos enfrentado juntos a la sinrazón secesionista.

He aprendido mucho del donostiarra Andrés de Blas y de otro sabio socialdemócrata de su quinta que creció jugando al fútbol en la playa de la Concha, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid Juan José Solozábal. Los amigos conocimos siempre a Andrés y Juan José como «la Izquierda Serena». Andrés de Blas publicaba el pasado viernes en El País un interesantísimo artículo sobre el tema de nuestro tiempo cartagenero, La España plurinacional.

Intentaré resumir su contenido para exponer a continuación mis discrepancias. De Blas, que parece considerar inevitable una reforma constitucional «en esta materia» (es decir, en la definición nacional de España), aduce que no se debería caer en el error semántico de equiparar nación con nacionalidad y fundamentar el Estado español en un «pacto entre naciones», lo que a su juicio podría conducir a la independencia de Cataluña y del País Vasco.

Según de Blas, la Constitución vigente, retomando la tradición casi unánime del constitucionalismo español (con la sola excepción de la Constitución de 1931) parte del reconocimiento de una única nación española, en cuyo seno existen distintas «nacionalidades y regiones» con derecho a la autonomía. Según De Blas, con el primero de estos términos se refería el constituyente a «hechos nacionales» de carácter cultural que, renunciando a ser calificados como naciones, renunciaban también a realizarse como Estados soberanos.

Aquí surgen mis primeras diferencias con De Blas, una de las cuales viene de antiguo. De Blas no siempre consideró las «nacionalidades españolas» como hechos culturales. Esta definición es nueva.

Para él, la nacionalidad era una entidad a medio camino entre lo cultural y lo político (al no constituir comunidades políticas homogéneas, las nacionalidades no podían ser soberanas, pero sí autónomas).

Más discutible aún es su afirmación de que en el acto constituyente las nacionalidades «explicitaban» su renuncia a la soberanía nacional. Los nacionalistas vascos y catalanes nunca «explicitaron» semejante cosa. En el mejor de los casos, la renuncia podría haber sido implícita, pero ningún nacionalista lo admitiría.

En los años ochenta, cuando argumentábamos frente a los nacionalistas vascos que ellos habían renunciado implícitamente a apelar al derecho de autodeterminación al no haber exigido que figurase en el texto constitucional, replicaban que abstenerse de reclamar la mención de tal derecho en un texto donde jamás se habría admitido no equivalía a renunciar al mismo.

Más aún: sostenían que el derecho de autodeterminación carecía de importancia ante el principio de las nacionalidades, verdadero fundamento de cualquier nacionalismo irredentista, según el cual toda nacionalidad tiene un derecho imprescriptible a poseer su propio Estado soberano.

De Blas esgrime la distinción entre nación y nacionalidad como fármaco frente a la intoxicante «nación de naciones» de Pedro Sánchez, pero fue precisamente la ambigüedad de tal distinción la que, a la larga, condujo al oportunismo claudicante del PSOE ante los nacionalismos.

En un nuevo proyecto constituyente, lo más sensato sería sostener el carácter unitario de la nación española y la supresión total del término «nacionalidades», concesión inútil a unos separatismos insaciables.

De jueces, fiscales, políticos y periodistas
Malos tiempos para la libertad. El matrimonio de conveniencia entre el poder político y el periodístico ha acabado por adulterar uno de los fundamentos de las sociedades libres
Carlos Sánchez El Confidencial 4 Junio 2017

La prensa libre es la piedra fundamental de toda libertad; sin ella no habría libertad. Robert U. Brown

Es probable que una de las peores herencias de la Transición sea la cohabitación entre prensa y política. O, mejor dicho, entre el poder político y medios de comunicación, cuyas relaciones, en muchos casos, van más allá de lo recomendable. Incluso, de lo decente. Con solo echar un vistazo a la mayoría de los diarios –en papel o internet– cualquiera es capaz de adivinar su posición ideológica. Y casi hasta sus fuentes informativas.

El problema, sin embargo, no es que tengan ideología, al fin y al cabo, cualquier periódico es un producto intelectual y es lícito que tenga su propio criterio. Ortega, Araquistain, Bonafoux (que decía de él mismo que era un criminal encadenado a su pluma) o Urgoiti eran mitad políticos y mitad periodistas. Mitad monjes, mitad soldados. El propio Larra logró ser diputado respaldado por los caciques locales, y aunque el acta le duró pocos días tras la asonada de los sargentos de La Granja, nadie dudaría que artículos como el día de los difuntos son una colosal obra literaria y la más descarnada crítica social y política que se ha hecho del tiempo que le tocó vivir. Lo singular es la ausencia de rubor –y hasta el descaro– a la hora de mostrar sus preferencias, lo que indudablemente se refleja en lo que leen los lectores y en la aparición de fenómenos como el populismo. El Brexit o Trump son hijos de la mentira periodística. Como Lerroux –otro director de periódicos– lo era de los excesos de la Restauración.

Esa fraternal camaradería –utilizando un término amistoso– nació (sin necesidad de remontarse más atrás) al comienzo de la Transición, cuando el objetivo prioritario era consolidar la democracia, lo que explica que ambos viajaran en el mismo tren filtrando o sesgando la información. O, incluso, callándola para que no descarrilara el convoy. Y sirvan como ejemplo la utilización de la prensa en el debate constitucional o el papel jugado por los medios durante el largo reinado de Juan Carlos sobre su persona. O el mutismo clamoroso en los tiempos del GAL. O la silente corrupción nunca denunciada por los medios amigos. O esas fotografías íntimas que solo salieron a la luz cuando alguien quiso comprar un banco frente a la oposición del Gobierno.

Esa simbiosis contra natura –objetivamente sus intereses son distintos– fue una calamidad, pero, al menos, podría llegar a entenderse en aquel difícil contexto político. Al fin y al cabo, lo prioritario era salvar el sistema democrático. Lo extraordinario es que, cuatro décadas después, esas relaciones insalubres gozan de excelente salud.

El poder zapateril
Hace algunos años un veterano dirigente del PP presumía en su noble despacho de la calle Génova de que a cambio de una televisión (el origen del duopolio) su partido había logrado un periódico volcado en la causa conservadora. Mientras que hace menos años, un grupo de amigos cercanos al poder zapateril lograba que el inquilino de la Moncloa les regalara una licencia por la cara que ahora, con el paso del tiempo, ironías del destino, ha destruido a su partido y les ha enriquecido a ellos. Desde Moncloa, incluso, se ha salvado a una cabecera en quiebra por razones de Estado con ayuda del Ibex. Y el reparto de concesiones administrativas no es más que un vulgar chalaneo en la mayoría de las comunidades autónomas, donde el jefe político de turno busca a las élites locales para su gloria y poder tejer su propia red de aliados.

Las 'liaisons dangereuses' entre prensa y poder, desde luego, no son un monopolio español. Pero con matices. Y ahora que se van a cumplir cien años del nacimiento de esa extraordinaria editora que fue Katharine Graham merece la pena recordar que el principal oficiante durante su funeral fue Henry Kissinger, gran amigo de la familia. Kissinger, como se sabe, fue secretario de Estado de Nixon, precisamente el presidente descabalgado por el 'Washington Post' por sus mentiras en el caso Watergate. La legendaria editora del Post, sin embargo, nunca frenó la investigación y, por el contrario, alentó a Bernstein y Woodward para que desenmascararan al tramposo.

También ha habido lunares. Graves, sangrientos e inmundos. Los dos periódicos de referencia en EEUU ('NYT' y 'Washington Post') mintieron en los meses previos a la guerra de Irak. Y pasado el tiempo, tuvieron que pedir perdón a sus lectores por la ausencia de rigor en muchas de sus informaciones, que incluían falsedades suministradas por los servicios secretos y por la propia Casa Blanca. Un claro caso de corrupción entre medios y poder político.

Esa confabulación, en el sentido literal del término, adquirió en España tintes homéricos el 26 de noviembre de 2009, cuando una docena de diarios catalanes salió a la calle publicando un editorial conjunto defendiendo el Estatut y atacando al Tribunal Constitucional, a quien le quitaban legitimidad para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma. Nunca el periodismo, nacido para controlar el poder, había caído tan bajo por un puñado de publicidad institucional y algunas suscripciones.

Es a raíz del Estatut, precisamente, cuando la justicia se cuela como un instrumento útil para ambas partes para abrir en canal al adversario político. Y no solo a través de las 'brigadas patrióticas', que comienzan a filtrar numerosas investigaciones al margen de procedimientos judiciales declarados secretos, sino, también, con el objetivo de ajustar cuentas entre bandas rivales dentro de los distintos aparatos del Estado. Juego sucio para destruir al adversario.

Supuestos periodistas
Fruto de ello, la opinión pública ha podido conocer a siniestros comisarios que nadaban –y aún lo hacen en la sombra– en el lodazal de los servicios secretos traficando con información; a conspiradores de medio pelo que reciben en hoteles de lujo, como lo hacían los jefes de la mafia, para hacer tráfico de influencias mientras los acólitos besan el anillo cardenalicio; a fiscales con ganas de enredar para hacer carrera; a jueces que son la antítesis de la mesura y del trabajo riguroso. O, también, a supuestos periodistas –lo peor de lo peor– que se creen muy informados, pero que solo son lacayos y correveidiles del poder. Del poder político y del poder empresarial. Simple morralla que se vende por un asiento en el palco del Bernabéu y que, en cualquier otro país, hubieran sido expulsados del ecosistema informativo por su mala praxis.

Así es como se ha llegado a este estado de cosas. El tridente jueces, periodistas y políticos ha convertido la cosa pública en un espectáculo mediático a costa del debate político en el parlamento. Exactamente igual que sucedía en las postrimerías del franquismo, cuando la ausencia de libertad –y de un parlamento elegido democráticamente– desplazó el debate político hacia el entorno de la prensa y hacia espacios como La Clave. Era la época dorada de los editores. Mientras que hoy lo que hay son políticos metidos a periodistas y periodistas metidos a políticos que pretenden quitar y poner ministros. No para ejercer su función de crítica, sino para colocar a sus afines.

La crisis de la prensa y del sistema de representación política, sin duda, han alentado este fenómeno. Una crisis provocada no solo por los avances tecnológicos y por el hecho de que la prensa ha perdido el monopolio de la información, sino por la irrupción de sujetos que nada tienen que ver con el periodismo. Pero que se han apropiado de dignas cabeceras para sus intereses personales, que no son otros que estar siempre cerca de las migajas que entrega el poder después de haber llevado a sus empresas a la ruina. Y que confunden el contrapoder –que es la esencia de la prensa– con el poder –que es la esencia de la democracia–.

Donde antes había un editor, ahora hay un contable. Donde antes había una sociedad de redactores, ahora hay obediencia debida. Esa es la mejor manera de destruir un periódico. Incluso, la calidad institucional de un país. Justo lo contrario de lo que sostenía Joseph Medill, director fundador del ‘Chicago Tribune’, que en una ocasión describió la fórmula para hacer un buen diario: “Pues bien, dad noticias”. Así de fácil.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
La última polémica de una Justicia politizada
EDITORIAL Libertad Digital 4 Junio 2017

El fiscal anticorrupción, Manuel Moix, se ha visto obligado a dejar el cargo tras una campaña política y mediática en su contra por haber heredado parte de una empresa radicada en Panamá. Nada hay de ilegal en tener una empresa fuera de España cuando se cumple con el fisco como es el caso del fiscal Moix, pero la polémica artificial desatada por este asunto ha convertido de nuevo a la Administración de Justicia en un instrumento político que los partidos tratan de utilizar en su provecho.

Provoca auténtico bochorno que las principales críticas a la manipulación de la Justicia por parte del Gobierno procedan de las filas de la izquierda, caracterizada por su falta de escrúpulos a la hora de corromper la independencia judicial. Lo vimos de manera muy especial durante el nauseabundo proceso de negociación con la ETA, cuando el fiscal general del Estado nombrado por Zapatero, el inefable Conde Pumpido, afirmaba sin el menor rubor que "la Justicia no debe ser obstáculo a los procesos políticos" y que "el vuelo de las togas no eludirá el polvo del camino"; o su consideración de que la Ley de Partidos, que proscribía –y en teoría sigue proscribiendo– la presencia de los proetarras en las instituciones, no debería convertirse en un "Guantánamo electoral". Eso, por no recordar la elocuente y hasta cierto punto lógica perplejidad que manifestó el terrorista Arnaldo Otegi cuando, al ser detenido, preguntó si el entonces fiscal general del Estado estaba al tanto de lo que sucedía.

La pataleta podemita por este asunto entra directamente en el terreno de lo grotesco, tratándose de un movimiento ultraizquierdista que encumbra a los peores regímenes totalitarios, mientras pretende hacernos creer que lucha por la separación de poderes en nuestro país.

El mandato constitucional de unos Jueces y Magistrados "independientes" y "sometidos únicamente al imperio de la ley" es uno de los principios democráticos más sistemáticamente ignorados, cuando no flagrantemente violados, por los políticos españoles. El Partido Popular tuvo la ocasión de desmarcarse de esta tendencia y reparar una de las grandes fallas de nuestro sistema democrático cuando gobernaba con mayoría absoluta. Ruíz Gallardón afirmó que acabaría con el bochornoso espectáculo de la sumisión de la Justicia española a los partidos, pero sus palabras se perdieron en el saco de las promesas incumplidas por el PP, un partido que jamás desperdicia una ocasión para defraudar a sus votantes.

La despolitización de nuestro sistema judicial es una tarea fundamental y cada vez más urgente. En Libertad Digital lo llevamos reclamando desde nuestra fundación y seguiremos haciéndolo hasta que los políticos saquen sus sucias manos de la Justicia, única manera de garantizar la primacía del Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles ante la ley.

La ruina económica de la independencia
Editorial La Razon 4 Junio 2017

La piedra de toque de la estrategia de la Generalitat para impulsar el «proceso» de secesión consiste en negar la primera consecuencia inmediata: Cataluña quedaría excluida de la Unión Europeo. A esta evidencia de efectos económicos catastróficos para todos, debe sumarse la otra gran falsedad de la propaganda nacionalista: a Cataluña le iría mucho mejor sin España. Esto último, dicho cuando la economía catalana es calificada como «bono basura» por los mercados y necesita del auxilio del Estado para pagar sus deudas, sólo abunda en esa estrategia manipuladora del independentismo.

Según un informe que publicamos hoy, la secesión hundiría el PIB de Cataluña un 30% y la factura para España alcanzaría los 50.120 millones. Sobre este dato objetivo contrastado por economistas de universidades catalanas, el «proceso» nada dice, ni tampoco sobre que la salida de la UE reduciría las exportaciones, que estarían sometidas a nuevos aranceles, las ventas caerían y la recaudación ser verían también seriamente afectadas.

Sería difícil que le nuevo Estado catalán pudiese evitar un suspensión de pago. En definitiva, la independencia de Cataluña sería un desastre económico, social, personal y cívico. Sobre estos efectos devastadores, los dirigentes de la Generalitat guardan silencio y ocultan lo que la Comisión de Venecia del CE le ha contestado a Puigdemont: no pude haber referéndum unilateral y debe cumplirse la Constitución.

Max Weber en la Moncloa
Alejo Vidal-Quadras www.vozpopuli.com 4 Junio 2017

Es posible que el Presidente del Gobierno sepa quién fue Max Weber, pero no es probable que haya leído La ética protestante y el espíritu del capitalismo o sus dos célebres conferencias de Munich, pronunciadas en 1917 y 1919, La ciencia como vocación y La política como vocación. Nuestra actual clase política no es demasiado leída y los pocos representantes públicos que sí han abierto algún libro creen que la teoría de la relatividad la formuló Isaac Newton o se hacen un lío con los títulos de las obras más conocidas de Immanuel Kant. Sin embargo, el conocimiento profundo y la reflexión sosegada sobre los grandes autores del pasado es muchas veces de valiosa ayuda para entender el presente y para el arte de la conducción de los pueblos.

En el caso de Weber, aunque Mariano Rajoy no lo sepa, sus interesantes planteamientos sobre el equilibrio entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones y también sobre el monopolio legítimo de la fuerza como prerrogativa definitoria del Estado, adquieren plena vigencia ante una de las decisiones más difíciles de su por otra parte anodina vida, decisión que habrá de tomar en las próximas semanas: la aplicación o no del artículo 155 de la Constitución para impedir el golpe de Estado que preparan desde hace tiempo a cielo abierto y pagado por la hacienda nacional los separatistas catalanes.

La delirante situación que reina hoy en Cataluña ha llegado a tales extremos de absurdo que su manejo no es nada fácil porque no existe ya una buena solución al embrollo y todas las opciones a seguir únicamente se distinguen entre sí por su mayor o menor grado de daño, del catastrófico al meramente considerable. Las causas remotas e inmediatas del desastre han sido sobradamente analizadas y en ellas destacan con indudable protagonismo una estructura territorial del Estado que favorece las pulsiones secesionistas, la total carencia de visión de los dos grandes partidos, una concepción oportunista y de muy corto plazo de la política de todos los inquilinos de La Moncloa de los últimos cuarenta años, el disparate del nuevo Estatuto promovido por Zapatero y la necesidad de los capos mafiosos de Convergencia de escapar a la justicia española.

Llegados al punto en que nos encontramos, al Gobierno de la Nación le espera una pesadilla de aquí al final del verano. La trituración del orden constitucional tiene ya fecha, perpetradores, método e instrumentos jurídicos y materiales a punto. ¿Qué hacer que no sea la pasividad, no se sabe si fruto del miedo, de la indolencia o de la inoperancia? Porque el tiempo se ha acabado y si Rajoy continúa en su contemplación estática del mundo parapetado detrás del Marca y de los tribunales, España será liquidada.

En este punto es donde entra el legado intelectual del genial sociólogo alemán, al que uno de los asistentes a su lección magistral pronunciada hace un siglo describió como “ese hombre barbudo y demacrado que durante su exposición en ocasiones parecía un profeta atormentado por la premonición de futuros cataclismos y en otras un guerrero medieval antes de partir a la batalla”. En efecto, el Estado, lo que encarna y representa, el imperio de la ley, el orden, la seguridad y la garantía de los derechos y libertades de sus ciudadanos, implica que sea el único depositario del empleo de la violencia y es por eso que el policía que abate a un terrorista actúa de manera moral y legalmente correcta y el terrorista que hace explotar una bomba en un supermercado no puede alegar pretextos políticos para justificar su horrendo crimen. Si el Estado renuncia a esta facultad suya esencial y necesaria, el Estado desaparece. Por tanto, si Rajoy es incapaz de superar su pavor a la acción resolutiva y no toma medidas contundentes antes de dos meses, tendrá sobre su conciencia el infamante baldón de haber sido el gobernante español que permitió que la Nación a él confiada quedase reducida a astillas.

En cuanto a la incómoda tensión entre los principios a respetar y los resultados a conseguir, en este caso, el de la ofensiva de los separatistas catalanes contra la unidad nacional, la conclusión es fácil porque convicciones y responsabilidad se funden en una evidencia indivisa: el deber ineludible del Gobierno de hacer cumplir la ley. La concreción práctica de la puesta en marcha del artículo 155, su desarrollo normativo, los medios a movilizar, la reacción de la autoridad democrática a posibles desmanes callejeros de los sublevados y la gestión de una Comunidad Autónoma intervenida son asuntos a resolver con inteligencia, prudencia, firmeza y proporcionalidad, pero lo que es indubitable a la luz de la doctrina weberiana es que el golpe ha de ser neutralizado y que no hay más remedio a estas alturas, porque ha quedado demostrado que las sentencias de los jueces son ignoradas por los transgresores, que hacerlo mediante la fuerza.

Los errores tarde o temprano se pagan y cuatro décadas de cobardías, renuncias, carencia de estrategia, meteduras de pata tácticas y dilaciones pusilánimes, han conducido a la desagradable e inevitable obligación de aparecer en las Consejerías de la Generalitat enarbolando el Decreto que las ponga bajo el control del Estado. Si además del papel timbrado habrá que exhibir otros argumentos más contundentes dependerá del nivel de insensatez de los golpistas, aunque la experiencia histórica y el perfil psicológico de los actuales mandatarios catalanes indican que bastará con enseñar los dientes sin tener que hincarlos porque eso duele y no parece que esta banda, tan proclive a la baladronada y al saqueo, esté demasiado dispuesta al sufrimiento.

Disparar con pólvora del rey
Ignacio Vidal-Folch Cronica Global 4 Junio 2017

"Disparar con pólvora del rey" es una expresión procedente de los tercios imperiales, donde los soldados tenían que pagar con su salario? el armamento que necesitase. Por consiguiente, se cuidaban mucho de gastar pólvora en salvas o en tiros inseguros. Como es de imaginar, cuando en ocasiones puntuales el mando proporcionaba la pólvora gratis, los arcabuceros disparaban con mucha más liberalidad y despreocupación.

Es notoria la pasividad o si se quiere inoperancia del Gobierno de la Generalitat y sus satélites en estos últimos años, ocupado por completo como está en su golpe de Estado. Esa aversión a la acción de gobierno o pereza insuperable conoce, sin embargo, una excepción: cuando se trata de disparar con pólvora del rey, o sea con dinero de la ciudadanía, obtenida con nuevos impuestos, nuevas tasas, nuevas multas, los golpistas de Junts pel Sí demuestran una diligencia frenética.

El otro día el Govern se sacó de la manga un impuesto a los consumidores de bebidas enlatadas. Naturalmente, no con afán recaudatorio, como dirán los malpensados, sino por el propio bien de quienes las beben. Esta semana se han sacado tres timos más.

Cuando se trata de disparar con pólvora del rey, o sea con dinero de la ciudadanía, obtenida con nuevos impuestos, nuevas tasas, nuevas multas, los golpistas de Junts pel Sí demuestran una diligencia frenética

1. El afán extractivo es tan grande entre los golpistas que a veces olvidan el prurito de coherencia. Así, el diputado de ERC Marc Sanglas, a quien hace cinco años los peajes en las autopistas le parecían terriblemente injustos con los catalanes y apoyaba la campaña No vull pagar, ahora defiende con ardor un nuevo impuesto de 110 euros a todos los coches de los ciudadanos, a cambio del permiso de circular por las autopistas catalanas, ya que "a nadie le gusta pagar pero las cosas se han de mantener".

2. El mismo día que Sanglas y sus compinches expropiaban 110 euros más a cada conductor use o no use las autopistas, el gran viajero por los cinco continentes Rafael Ribó, el bien pagao pero insaciable Síndic de Greuges, creaba con pólvora del rey, o sea con el dinero de los contribuyentes, un nuevo pesebre: la Estructura de Drets Humans de Catalunya, dotada de un "consejo asesor" formado por veinte "asesores" y un número indeterminado de otros empleados que no cabe duda serán muy cuidadosamente seleccionados. Y que podrán "elaborar planes", "emitir informes", "presentarse en comités internacionales"... Como siempre, se procederá a esta suculenta corrupción o saqueo de las arcas públicas en nombre de los más altos conceptos, en este caso los Derechos Humanos, su estudio, su vigilancia.

Por cierto que el mismo día que Ribó presentaba su nueva Estructura, Societat Civil Catalana entregaba en el Parlament una petición a todos los grupos reclamando su cese. Petición muy razonable, pues según los estatutos de la sindicatura, el titular “es políticamente independiente, no depende de ningún Gobierno y actúa con objetividad, libertad de criterio e independencia”, descripción que no le cuadra a ese estómago agradecido de Ribó, notoriamente parcial y sectario en su servicio al Govern.

3. Por virtuosa iniciativa de ERC, y gracias al apoyo de todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo el PP, el edificio de la comisaría de Via Laietana será transformado en un museo sobre la represión franquista. En fin, la idea es esa, ya veremos.

El bien pagao pero insaciable Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha creado con pólvora del rey, o sea con el dinero de los contribuyentes, un nuevo pesebre: la Estructura de Drets Humans de Catalunya

Ciertamente, los detenidos, los torturados del franquismo, constituyen un capital intangible del que nuestros golpistas se pueden aprovechar muy bien. ¡El Museo de la Represión Policial!: otra institución nueva, dotada de sus altos cargos directivos y sus empleados subalternos, que necesitará ser financiada con mucha pólvora del rey para hilar un discurso en el que los partidos del Govern no encarnen el poder, el sistema, el establishment, sino a las víctimas inocentes del pasado y los acreedores del futuro.

Este museo de la comisaría podría visitarse como en el tren de la bruja de los parques de atracciones. Un holograma fantasmal podría reproducir los paseos del temible comisario Creix por el claroscuro de las celdas de interrogatorio, las escaleras sombrías y los despachos presididos por un gran retrato de Franco, un crucifijo y una bandera española, en los que suenan, monótonas y metálicas, las máquinas de escribir tecleando las confesiones. Unos lívidos muñecos de cera podrían representar a los abatidos prisioneros.

En red con el Born, el Museo de Historia de Cataluña, el Centro por la Paz del Castillo de Montjuïc (que no hay forma de que se eche a andar, con lo bonica que era la idea), será una cuarta “estructura de memoria histórica” utilísima en la Formación del Espíritu Nacional.

Yo creo que habría que confiarle la dirección de este museo a algún histeriador de indescriptible prestigio académico y de insobornable, exquisita objetividad, como Jordi Bilbeny o Culla Nada.


 


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