AGLI Recortes de Prensa   Martes 13 Junio 2017

El secesionismo y la constitución escrita sobre una barra de hielo
Javier Benegas vozpopuli.es 13 Junio 2017

Uno de los hechos sociológicos más importantes del pasado siglo XX fue que la Autoridad, como valor pre-político, desapareció por completo de la sociedad. En las democracias liberales, el progreso y, con él, la idea de que el cambio y la transformación eran beneficiosos, se impuso definitivamente al tradicional orden social, donde el valor de la Autoridad había regido en la comunidad. Y donde, por ejemplo, la familia y la religión eran las instituciones principales, y los padres y religiosos transmitían a sus hijos y feligreses su idea del orden, del bien y el mal sin apenas interferencias.

La tradicional Autoridad, al contrario que el Poder, no necesitaba ejercer la violencia ni la persuasión. Era un sistema jerárquico tácitamente asumido con el que las instituciones pre-políticas (la familia, la comunidad religiosa, los gremios profesionales…) mantenían el orden. Y donde la tradición y la memoria servían a su vez de anclaje y continuidad de ese orden.

Así, el principio de Autoridad estaba presente en las relaciones sociales, manifestándose no sólo en la familia o en la comunidad religiosa sino en todo lo demás. El médico gozaba de reconocimiento porque su preservación de la vida se lo otorgaba; el religioso, porque daba sentido a esa vida; el académico, porque sus basto saber le situaban por encima del común; el militar, porque se comprometía a sacrificarse para defender a la comunidad de amenazas externas. Existía, en suma, una jerarquía natural que no se cuestionaba.

Libertad e igualdad
Sin embargo, con la Revolución Francesa y la parición del Gran Gobierno, esta Autoridad empezó a ser reemplazada por el poder político, hasta que a mediados del siglo XX la vieja jerarquía social fue completamente sustituida por la idea de que todos los hombres, convertidos en ciudadanos, eran libres e iguales, tenían derecho al sufragio universal y, en consecuencia, estaban sometidos por igual a las leyes que emanaban del poder político. Nadie era más que nadie ni menos que nadie. Podía existir el ciudadano médico, el ciudadano religioso, el ciudadano académico o el ciudadano soldado, pero en estricta igualdad en tanto que todos eran igualmente ciudadanos antes que médicos, religiosos, académicos o soldados.

Sin embargo, los gobernantes descubrieron que no podían depender sólo del Poder que el nuevo orden les otorgaba. Necesitaban también de la Autoridad, algo que, por otro lado, los romanos ya sabían. De lo contrario constantemente deberían recurrir a la persuasión, la coerción o la violencia, lo que tarde o temprano minaría su popularidad. Así, si bien el orden político quedaba reconocido de manera formal mediante la “potestas” (las leyes), el gobernante necesitaba otro componente informal: la “auctoritas” (el reconocimiento).

En democracia, donde la masa podía ejercer una enorme presión sobre los gobernantes, hacer prevalecer el espíritu de las leyes por encima de la tentación de retorcerlas, requería muy especialmente de esa auctoritas que sólo la capacidad moral e intelectual, el carisma y el prestigio, la rectitud y la neutralidad, podían otorgar. En el orden democrático no bastaban sólo las leyes formales o los mecanismos de contrapoder para garantizar el buen gobierno. La gente obedecía la potestas por temor al castigo, pero acataba la auctoritas por convicción. Así pues, esta última proporcionaba el verdadero liderazgo.

El artículo 155
Sin embargo, cuando hoy los españoles nos preguntamos por qué no se aplica el artículo 155 de la Constitución para neutralizar el desafío secesionista, parecemos haber olvidado esta realidad: que las leyes, es decir, las reglas formales, aun siendo necesarias, no son suficientes. Que hace falta también la auctoritas en los gobernantes.

Lamentablemente, si durante décadas nuestra clase política se han dedicado a rodear la legalidad, a primar los acuerdos secretos sobre las leyes, a anteponer los consensos informales al estricto respeto constitucional, renunciando voluntariamente a la auctoritas y vaciando el orden constitucional, será muy difícil, por no decir imposible, que ahora se recurra a la ley para mantener el orden, sobre todo si ha de hacerse a expensas de unos acuerdos que son la verdadera e inconfesable sustancia de nuestra política.

Cuando la costumbre se impone a las leyes y no hay nada, por sagrado que sea, que no se pueda negociar, el Gobierno, el Parlamento y los altos tribunales se convierten en meros decorados, cuya función es proporcionar una pátina de legitimidad a los acuerdos previamente alcanzados sin ninguna supervisión ni control por parte de la sociedad.

De esta forma, el orden constitucional no sólo se pervierte sino que se invierte: los acuerdos no se someten a la legalidad, sino que la legalidad se somete a los acuerdos. De ahí que se sospeche, y con razón, que el Gobierno negocia en secreto con los secesionistas. Y se descuenta que, tarde o temprano, los partidos políticos utilizarán el problema secesionista para justificar el apaño, tramitando una reforma constitucional que, una vez más, adapte la legalidad al acuerdo. Y no al revés.

¿Sobrevivirá España?
Quizá para el ciudadano común, que lo ve desde fuera, no entienda la pasividad del gobierno, sobre todo cuando éste insiste de boquilla una y otra vez en la inviolabilidad de la Constitución. Pero la realidad es otra muy distinta de la que, desde el poder, se pretende difundir. Lo que impera es el cambalache, el pasteleo, el acuerdo bajo mano y no el orden constitucional. Así, el artículo 155, y los demás artículos de la Constitución, no son más que palabras escritas sobre una barra de hielo.

Si la desaparición de la Autoridad pre-política que vertebraba la sociedad supuso para democracias consolidadas un retocolosal aún por resolver, donde la pugna entre liberales y conservadores, y su diferente forma de entender gobierno, sociedad y libertad, continua vigente en nuestros días, ¿qué no sucederá en una sociedad desestructurada como la española, que ni siquiera ha podido dotarse de una democracia garantista? ¿Podrá sobrevivir esta sociedad alienada, sin anclajes, ni tradicionales ni políticos, a la fuerzas centrífugas de un puñado de grupos de interés? La lógica indica que no. Que o cambian mucho las cosas o España dejará de existir tal y como hoy la conocemos. El problema es de fondo. Y no hay artículo o constitución que lo remedie.

Estrategia para Cataluña
El Gobierno excluye el 155 de la Constitución y recurrirá a la Ley de Seguridad Nacional
Isabel San Sebastián ABC 13 Junio 2017

El Gobierno asegura disponer de una estrategia perfectamente definida para impedir, el próximo uno de octubre, la celebración del referendum ilegal convocado por Carles Puigdemont, máxima autoridad del Estado en Cataluña, con el fin de preguntar por la república independiente de sus delirios. ¡Lo celebramos! Bien es verdad que lo mismo decía en las semanas previas al 9-N-2014 y ese día hubo urnas y se votó, lo que nos ha traído hasta donde estamos, tres años, miles de millones e infinitos intentos de apaciguamiento después. Esperemos que en esta ocasión la estrategia sea un poco más firme.

El Gobierno tiene un plan, asegura, basado en la Ley de Seguridad Nacional. Esto último no lo desvela Moncloa, pero se comenta por lo bajini en los mentideros bien informados. Concretamente confía en los artículos 22 y 23 de dicha Ley, centrados en la gestión de crisis entendida como «conjunto de actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y amenazas para la seguridad nacional, facilitar el proceso de toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios.» Que la citada definición es plenamente aplicable al caso no plantea dudas. Cosa distinta es la interptación que el Ejecutivo, representado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, encargada de este expediente, quiera dar al punto 2 del artículo, que reza: «La gestión de crisis se desarrollará a través de instumentos de prevención, detección, respuesta, retorno a la normalidad y evaluación... En la gestión de la crisis participarán las autoridades de la comunidad autónoma que, en su caso, resulte afectada». Fracasada la prevención, constatada la detección y pendientes todos de alguna respuesta eficaz para garantizar el retorno a la normalidad de una escalada insostenible, la cuestión es cómo se articula ésta cuando las autoridades de la comunidad autónoma afectada son, precisamente, las causantes de la crisis que se pretende atajar. A este respecto, más allá de la palabrería al uso, el artículo 23 precisa que «la situación de interés para la seguridad nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas administraciones públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.» O sea, en términos prácticos, la gallina.

El Gobierno cuenta con una estrategia que excluye, a priori, la aplicación del 155 de la Constitución, por aquello de no alimentar el victimismo. Como si el separatismo necesitara argumentos para recurrir a un victimismo que está en su ADN y maneja con maestría. Como si el problema, o la «crisis», fuera a resolverse por sí sola, a base de fondos del FLA y visitas a Barcelona.

Hasta la fecha los golpistas catalanes han cumplido todas y cada una de sus amenazas, precediéndolas de la consigna «no corráis, que es peor», asumida dócilmente por quienes deberían haberles parado los pies. ¿Por qué va a ser distinto en esta ocasión? Ellos buscan uno de estos dos escenarios: O bien un «sí» mayoritario a su consulta, aunque vote un porcentaje ínfimo del censo en colegios habilitados en residencias de ancianos y cajas de zapatos recicladas, o bien la imagen de los Mossos, la Policía y/o la Guardia Civil desplegados para impedir la votación mediante la fuerza. Cualquiera de esos desenlaces supondría una nueva victoria del golpismo, una nueva humillación para nosotros y un paso más por su parte hacia su objetivo rupturista. Confiemos en que Rajoy sepa valorar el alcance de la megacrisis a que nos enfrentamos, mida los tiempos pensando en España, no en el calendario electoral, y aplique de una vez por todas su famosa estrategia para Cataluña. La que sea con tal de que funcione.

Que no pidan respeto si no respetan las dos lenguas oficiales
OKDIARIO 13 Junio 2017

Decathlon ha caído presa del Síndrome de Estocolmo con los independentistas catalanes. La firma deportiva francesa es capaz de anunciarse en inglés y francés —por supuesto en catalán— pero no en castellano. Y eso a pesar de que es una de las lenguas oficiales de la región y la principal del Estado. Los ejecutivos de esta conocida marca no pueden esperar respeto si ellos se empeñan en despreciar uno de los principios constitucionales más sólidos. Marginar el español, además de un sinsentido comercial —es el segundo idioma más hablado del mundo—, supone una execrable connivencia con la dictadura lingüística que los secesionistas tratan de imponer en la comunidad autónoma. Cataluña es la única región de nuestro país en la que existe la obligatoriedad de rotular en una lengua que, por supuesto, es el catalán.

Una forma de represión que comienza por el lenguaje para después expandirse como una pandemia por toda la sociedad. El objetivo es atenazar y controlar la voluntad de los ciudadanos desde la cúspide institucional formada por Puigdemont, Junqueras y demás golpistas. Una estrategia asentada en la sinrazón del pensamiento único. Incluso posee elementos cuasi raciales, algo que debería estar totalmente erradicado en pleno siglo XXI. Decathlon debería desmarcase de esas posiciones radicales si no quiere destruir la buena reputación de su nombre. En Cataluña está despidiendo a cargos intermedios que no hablan catalán para colocar a otros de tendencias independentistas. Así, madrileños, peruanos e incluso italianos no tienen cabida en una plantilla dominada por el prejuicio.

Una aberración semejante a que cualquier multinacional se asentara en Córcega y se negara a trabajar en francés para así favorecer el corso. Lengua romance reconocida por el Ministerio de Cultura galo que, sin embargo, a nadie en su sano juicio se le ocurriría utilizar en los tiempos actuales como elemento de discriminación a pesar de que su historia y evolución están asociadas a los movimientos nacionalistas de ese lugar. Menos que ningún otro lo haría esta marca de ropa francesa que, sin embargo, sí lo practica en Cataluña. Una deriva que, de no rectificar, le puede salir muy cara a Decathlon en la gran mayoría de ciudades españolas. La gente está cansada del chantaje que tratan de imponer a todo el Estado desde el otro lado del Ebro. Por lo tanto, los ejecutivos de la compañía deben reaccionar: o España y en español —con respecto a todas las lenguas oficiales— o al servicio colaboracionista de una charanga política cuyas notas suenan cada vez más desafinadas y que está condenada al rechazo de una sociedad que quiere permanecer unida.


La gallina se disfraza de avestruz
Guillermo Dupuy Libertad Digital 13 Junio 2017
Han pasado de no querer ver nada en la convocatoria del 1-O a ver en ella algo distinto a lo que en realidad es, como serían unas nuevas elecciones.

Desde que el golpista que rige la Administración regional catalana anunciara solemnemente el pasado viernes la pregunta y la fecha de celebración de la nueva y no menos ilegal consulta secesionista del 1-O, el Gobierno de la Nación ha pasado de no querer ver nada en este enésimo desafío a nuestro Estado de Derecho –"El anuncio no se traduce en nada; los pensamientos son libres", Méndez de Vigo dixit– a ver en él algo distinto a lo que en realidad es, como sería la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas.

Naturalmente, el futuro siempre está abierto, pero querer ver en el anuncio de la comisión del nuevo delito el posible anticipo de unas elecciones –cosas, por lo demás, perfectamente compatibles– ya son ganas de no querer ver el problema para, sobre todo, ocultar el hecho de que el Gobierno de la Nación no tiene solución.

Mal está que el portavoz del Gobierno no informe de cómo piensa impedir esta nueva consulta ilegal, que, como también dijeron de la anterior, "no se va a celebrar" porque "es ilegal". El hecho de que el anuncio de Puigdemont no se haya plasmado todavía en un decreto de convocatoria y que por ahora sólo sea, ciertamente, un "anuncio verbal" no deja de ser un argumento de leguleyo destinado a retrasar por un tiempo que los españoles nos sumemos a los separatistas catalanes en la carcajada que provocará el anuncio de un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional.

Además de que el ordenamiento jurídico penaliza la comisión del delito en grado de tentativa, son muchas las cosas que el Gobierno, con la ley y la Constitución en la mano, puede hacer, jurídica pero sobre todo económica y políticamente, para evitar que unos golpistas que llevan a gala sus reiteradas desobediencias a nuestros Altos Tribunales violen, una vez más, nuestro Estado de Derecho. Evitar, como disuadir, consiste precisamente en eso, en anticiparse a la comisión de algo para que no llegue a producirse.

Claro que más bochornosas han sido las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría este lunes en Los Desayunos de TVE en las que, además de mostrar su convencimiento de que todo responde a un calentar de motores para la celebración de unas próximas elecciones autonómicas, ha afirmado con impostada firmeza: "Los gastos que conlleva el referéndum tendrían que salir del bolsillo de sus convocantes porque el Gobierno, no permitirá que sea a costa del erario público".

Pero ¿en qué quedamos? Ya es surrealista que la vicepresidenta nos hable de los gastos que va a ocasionar algo que, según ella misma, no se va a producir. Pero su desfachatez supera todo listón al decirnos que el Gobierno no va a consentir que los gastos del 1-O sean a costa del erario público, cuando eso mismo es lo que el Gobierno de la Nación, entre otras cosas, consintió con la celebración del 9-N. Aquel referéndum ilegal se sufragó con el erario público, como se han sufragado las embajadas catalanas destinadas a "la internacionalización del conflicto", la ilegal Consejería de Exteriores, el incremento presupuestario de la TV3 justificado por su "destacado papel en el desarrollo de la recuperación de nuestro autogobierno y en el proceso de construcción nacional", el embrión de una ilegal Agencia Tributaria propia, el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña y otras no menos ilegales estructuras de Estado, cuyo sustento no ha salido, precisamente, del bolsillo particular de los separatistas.

El Gobierno de Rajoy, sin embargo, no sólo no ha instado un solo procedimiento judicial por malversación de fondos públicos por los gastos que viene ocasionado el ilegal proceso de secesión iniciado en 2012, sino que, desde entones, ha venido cubriendo los agujeros que este ha dejado en las cuentas de la Generalidad a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Eso, por no recordar que fue la propia Fiscalía del Estado, al dictado del Gobierno, la que bochornosamente retiró la acusación de malversación de fondos en el juicio por la consulta del 9-N, proceso que terminó en farsa y que en su día se puso en marcha únicamente gracias a la iniciativa personal del anterior fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que no por nada presentó poco después su dimisión.

En cualquier caso, y como no me cansaré de repetir, quien rehúye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto o más que quien lo perpetra. Por lo que no nos extrañe que gobernantes tan gallináceos a la hora de velar por el imperio de la ley en Cataluña jueguen al avestruz.

Decadencia
Cayetano González Libertad Digital 13 Junio 2017

Transcurridas cuatro décadas desde las primeras elecciones libres tras el régimen de Franco, decadencia es en mi opinión la palabra que mejor define la actual situación política. Decadencia de España como nación, decadencia del proyecto constitucional del 78 y decadencia de una clase política que es mucho peor, se mire por donde se mire, que la que protagonizó la Transición y los primeros años de democracia. Decadencia que tiene también en la corrupción una de sus principales causas y que no está siendo combatida por partidos políticos e Instituciones con toda la contundencia que requiere.

El tiempo político ha querido que coincida este aniversario de las primeras elecciones democráticas con dos hechos no relacionados directamente pero que son un exponente de esa decadencia a la que antes me refería. En primer lugar, el desafío independentista planteado desde Cataluña, ya con fecha y texto fijado para el referéndum secesionista. Y, en segundo lugar, la moción de censura que se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados, presentada por un grupo político, Podemos, que es la expresión misma de esa decadencia institucional y social en la que está instalada nuestra nación.

Hay un tercer hecho coincidente con este aniversario de las elecciones del 15-J de 1977, que está sucediendo en un país vecino como es Francia, que aparentemente se podría pensar que poco tiene que ver con nuestra situación interna pero que, sin embargo, conviene analizar en profundidad, porque quizás lo que está sucediendo allí marque el camino de lo que puede ocurrir aquí.

El fenómeno Emmanuel Macron –con lo que conlleva de incertidumbre, de un cierto salto en el vacío–, con un partido puesto en marcha hace unos pocos meses, con un claro triunfo en las presidenciales frente al populismo de uno y otro signo representados por Marine Le Pen y Mélenchon, y con el excelente resultado cosechado en la primera vuelta de las legislativas, podría llevar a preguntarse si no puede suceder en España algo parecido en un futuro próximo.

¿Hay posibilidades de que surja un Macron en nuestro país? ¿Qué tipo de entendimiento tendría que darse, y entre quiénes, para que surgiera un fenómeno que fuera capaz de liderar un cambio político en España e hiciera frente al peligro del populismo? ¿Quién podría liderar ese movimiento, o como quisiera llamarse? Son preguntas que a día de hoy no tienen una fácil contestación. Todo indica que sería un movimiento de carácter transversal, con gentes procedentes de la derecha, del centro y de la izquierda. Es decir, gentes del PP, de Ciudadanos y de la parte del PSOE que ha perdido la batalla interna, porque todo hace pensar que Pedro Sánchez querrá tener a Podemos y a los independentistas como aliados con el único objetivo de desalojar a la derecha del poder.

Que el futuro en España puede transitar por el camino que ha iniciado Macron en Francia ofrece pocas dudas. Estas pueden estar en cuál será el detonante que ponga todo un poco patas arriba y cuál será el instrumento político, social y electoral que lidere ese nuevo statu quo.

Cuarenta años después de las primeras elecciones democráticas, nuestro país se encuentra en una encrucijada muy difícil, con graves problemas de cohesión interna, que actualmente se focalizan en Cataluña, pero ojo con las aspiraciones nacionalistas en Navarra y en el País Vasco. Tengo la impresión de que lo que vaya a ser España en las próximas cuatro décadas nos lo estamos jugando, como quien dice, en estos meses. Ojalá acertemos y todo salga razonablemente bien, porque por encima de todo España tiene que seguir aspirando a ser una gran nación, a pesar de los intentos de algunos por destruirla.

Podemos: censura a la democracia
EDITORIAL Libertad Digital 13 Junio 2017

El partido ultraizquierdista tiene varios objetivos en la moción de censura a Rajoy que va a protagonizar a partir de este martes; pero ninguno de ellos es, ni ha sido nunca, desalojar al líder del PP de la Moncloa.

Uno de esos objetivos es el de seguir generando agitprop, hacer ruido en las redes sociales y en las multimillonarias televisiones que le miman y de hecho son cómplices en su labor de demolición del orden constitucional. Otro es, por supuesto, poner en un brete al fantasmagórico PSOE, algo que el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias convierte en más difícil de lo inicialmente previsto por los neocomunistas: los propios militantes socialistas se han adelantado a Podemos y el socialista ha dejado de ser el partido de la abstención ante el PP. Pero su insensato líder ni siquiera está en el Congreso, y, parapetados tras la abstención y una justificación bastante eficaz –el "Rajoy es censurable pero Iglesias no es presidenciable" que vienen repitiendo en las últimas horas–, no parece que los socialistas deban preocuparse mucho por el show podemoso en el Hemiciclo .

Un tercer objetivo sería vender a la opinión pública una imagen que Iglesias está muy lejos de dar ante la inmensa mayoría de los españoles: la de un político que puede ser presidente del Gobierno. Igualmente, se trataría de colar que la pareja sentimental de aquél, Irene Montero, está cualificada para ser la portavoz parlamentaria de Podemos. Ambas escenificaciones parecen condenadas al fracaso. Como ha escrito en estas mismas páginas Cristina Losada, "Ni Iglesias es González ni Montero es Guerra".

Sea como fuere, la razón fundamental de la astracanada neocomunista que se va a infligir este martes a los españoles es la deslegitimación del régimen de libertades sancionado en la Constitución. Los perros del carnicero Maduro, los aduladores de Lenin, Castro y demás megacriminales de la peor ralea lo que quieren es someter a censura la democracia liberal.

La española es una democracia que no es fruto de un apaño momentáneo provocado por el miedo, sino de uno de los más importantes acuerdos de reconciliación registrados en Occidente en el último medio siglo. Una democracia a la que nada deben estos liberticidas malcriados buenos sólo para lo malo. Una democracia que, por supuesto, necesita reformas y mejoras, que en ningún caso pasan por conferir el poder a quienes, lejos de ser una solución, representan uno de los grandes problemas que tiene planteados España.

La culpa no es de Guardiola
Pablo Planas Libertad Digital 13 Junio 2017

El anuncio de un delito y su planificación en público con alevosía y publicidad debiera ser motivo suficiente para que las autoridades tratasen de impedirlo. No es el caso de España, donde un inaudito criterio de proporcionalidad por parte del Gobierno permite que Puigdemont y Junqueras conspiren contra el Estado sin contratiempos de calado. Es que no han firmado el decreto de convocatoria del referéndum, alegan. Es que lo de la fecha y la pregunta fue como un mitin. Es que es mejor esperar, es que dice Soraya que le ha dicho Oriol... En una cosa al menos tiene razón Puigdemont: en Moncloa y sus satélites no se enteran de nada.

Las contemplaciones con el delito suelen acabar fatal. Delito, sí. Y ahí es donde entra ese filósofo del balón, esa eminencia del 3-4-3, ese perseguido por el Estado, represaliado y exiliado que es Guardiola a aclarar al personal indocumentado que votar no es ningún delito, que las urnas separatistas molan y que España es un reino bananero infecto cuyos fiscales se han inventado el tres por ciento para sofocar al pueblo catalán, que es uno y soberano.

Hay que recordar que cuando los separatistas dicen estar legitimados para convocar un referéndum de autodeterminación se refieren a que disponen de 72 diputados a favor de la ruptura de un total de 135. Para cambiar el Estatut según las leyes que sí dicen respetar los soberanistas se necesita el acuerdo de 90 diputados. Dinamitar la convivencia les sale por 18 escaños menos. Más barato que en Andorra.

En cuanto a la mayoría parlamentaria que ostentan, cabe insistir en que esos 72 diputados son fruto de las papeletas del 47,5% de los votantes en las últimas autonómicas, de septiembre del 2015, una minoría con más peso que la mayoría en virtud de una ley electoral del Estado que no han cambiado en todos estos años de opresión española porque les va de lujo que valga más el voto emitido en una pintoresca pedanía de Gerona que en el cinturón industrial de Barcelona.

No hay una mayoría social que sustente que Puigdemont, Guardiola, Mas, Forcadell, Romeva y la tieta puedan hablar en nombre de todo el pueblo de Cataluña como hacen todo el rato, a todas horas y todos los días sin que el Gobierno acierte a responder algo más elaborado, consistente y concreto que eso de que el referéndum no se va a celebrar. Palabra de Mariano.

Dado que quien manda en Cataluña son los partidos nacionalistas y el Gobierno no pinta nada, los empresarios del Foment, la patronal regional, piden a Rajoy que por favor negocie, que haga algo, que esto se va a pique y que los "soberanistas" van en serio, que lo de Guardiola ha sido muy fuerte y que a Puigdemont le da lo mismo que lo mismo le da. Un espectáculo, máxima inquietud en el Círculo del Liceo.

La última consigna del proceso es que "no hay cárceles españolas para tantos demócratas catalanes". ¿Hay que aguantar semejante estupidez? ¿Dónde habla el artículo 155 de la Constitución de prisiones? Los separatistas pasan de la Carta Magna, pero el Gobierno más. Incompetencia, cobardía y de postre traición. ¿Es culpa de Guardiola? Mantiene Rajoy que Cataluña no se separará de España mientras él sea presidente. Olvida que no será eterno en el cargo y obvia que gracias a su pachorra la ruptura está cada vez más cerca.

Papistas
¿Es el terrorismo incompatible con el islam?
Jon Juaristi ABC 13 Junio 2017

Juan Goytisolo ha fallecido en días marcados por la proliferación de actos terroristas a cargo de organizaciones o de lobos solitarios, todos islámicos. Ya es mala suerte. He lamentado la desaparición de Goytisolo. Fuimos amigos durante algún tiempo. Luego la cosa se torció, sin que mediara agravio alguno por mi parte. Simplemente, le pareció muy mal que yo siguiera colaborando con el Gobierno de José María Aznar, como director del Instituto Cervantes, durante la guerra de Irak.

Juan Goytisolo, que secundaba mi posición frente a ETA y al nacionalismo vasco, no aprobó, en cambio, mi reacción a los atentados yihadistas del 11-M de 2004. En realidad, tal reacción se había limitado a desmentir al propio Juan Goytisolo, que, a los pocos días de los atentados, hablaba en sus artículos de actos de violencia contra inmigrantes musulmanes que se estarían cometiendo en distintos puntos de España en represalia por los muertos de los trenes de Atocha. En una columna publicada en ABC negué que tales represalias se hubieran producido (Goytisolo plagiaba una conocida secuencia de La batalla de Argel, la película ya casi olvidada de Gillo Pontecorvo), lo que me acarreó serias acusaciones de islamofobia y racismo por parte de empleados del Instituto Cervantes (que yo todavía dirigía) y de algún pelmazo perteneciente a los morabitos españoles, todos ellos bailando como derviches giróvagos al compás de la batuta de don Juan.

Mis acusadores de entonces eran la hez de la hez del Instituto, gentuza, lameculos profesionales que trataban de congraciarse con el zapaterismo. No así Goytisolo, «heterodoxo español», antioccidental y anticatólico que nunca tiró de la levita de nadie. Hasta sus más rendidos apologistas deberán reconocer que tenía menos sentido del humor que una babucha, pero fue coherente como él solo. No se cortaba un pelo si la coherencia exigía insultar a los mismos que lo enaltecían o agasajaban, como hizo cuando recogió el premio Cervantes en el paraninfo de mi Universidad. No sé si lo suyo era genio, pero sí figura.

Goytisolo, como lo demuestran cartas suyas que conservo (a mí dirigidas, obviamente), estaba de acuerdo en que ETA algo tenía que ver con el nacionalismo vasco en su conjunto. En cambio, negó siempre que el terrorismo yihadista tuviera raíces en el islam, en lo que él consideraba el auténtico islam. Como otros muchos intelectuales progres, estuvo dispuesto a exonerar al islam de cualquier complicidad con el terror. Ahora no son únicamente los intelectuales y los zotes progres quienes así lo hacen. Seguramente Juan Goytisolo se habría alegrado de haber oído a la señora May afirmar, tras los últimos atentados de Londres, que el terrorismo es incompatible con el islam. Juan Goytisolo lo habría corroborado. Y ni siquiera yo los habría desmentido, ni a él ni a la Dama del Brexit, porque ya no hace falta. Saudíes, egipcios y emiratos árabes desunidos acusan de terroristas a los qataríes (sunitas como sus acusadores). Los chiítas iraniés hacen lo mismo con los saudíes y con los suníes en su conjunto, y éstos, también en su conjunto, acusan de terroristas a los chiítas. Todos los musulmanes parecen convencidos a estas alturas de que al menos la mitad de sus correligionarios son terroristas o apoyan a grupos terroristas. Van, por supuesto, bastante más lejos, en sus imputaciones a las distintas versiones del islam, de lo que nunca hayan ido mis tímidas sospechas de que el terrorismo yihadista deba algo a según qué corrientes de la religión musulmana. El empecinamiento en negar las evidencias, a lo Goytisolo o a lo May, podría definirse ya como empeñarse en ser más papistas que el Papa.

ASÍ LO DENUNCIA COVITE
Las víctimas de ETA, 'indefensas' tras el archivo de su denuncia a los 'mediadores'
La Gaceta  13 Junio 2017

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que denuncia "indefensión" después de que la Audiencia Nacional haya archivado su querella contra los "mediadores" del 'desarme' de ETA.

El colectivo denunció el pasado 24 de abril ante la Audiencia Nacional a los autodenominados "artesanos de la paz" Jean Nöel Etcheverry y Michel Berhocoirigoin por los presuntos delitos de colaboración con organización terrorista, encubrimiento y tenencia y depósito de armas.

En su denuncia, Covite incluía la correspondencia que estas dos personas mantuvieron con ETA y declaraciones públicas en las que afirmaban haber "comenzado a destruir armas de la banda terrorista", lo que en opinión de esta asociación de víctimas "supondría la eliminación y alteración de pruebas esenciales para la investigación de más de 300 asesinatos de ETA no resueltos".

Las dos personas denunciadas fueron detenidas en diciembre de 2016 en la localidad vascofrancesa de Louhossoa en posesión de armamento de ETA, y posteriormente actuaron como "mediadores" en el 'desarme' de la organización terrorista culminado el 8 de abril en Bayona (Francia).

El pasado 9 de mayo, según explica Covite, la Audiencia Nacional notificó el archivo de su denuncia "en unas diligencias previas que no guardaban relación con la denuncia del Colectivo y en las que no se motivaba jurídicamente la decisión".

Covite ha reclamado al CGPJ explicaciones sobre "cómo es posible resolver el archivo de una denuncia sobre delitos graves como terrorismo presentada el 24 de abril con la remisión a un auto judicial dictado el 7 de abril en diligencias previas incoadas por hechos que nada tiene que ver con la denuncia interpuesta".

'ES DESPROPORCIONADO', DENUNCIAN LOS ACUSADOS
Intentar asfixiar a su esposa, tres años de cárcel; gritar en Blanquerna, cuatro
La Gaceta 13 Junio 2017

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a tres años y tres meses de prisión a un hombre que trató de asfixiar a su esposa después de que esta se negara a volver a rehacer la vida en común. La sentencia señala que al inicio del juicio el acusado reconoció los hechos y se conformó con cumplir la pena pactada por el fiscal del caso y su defensa.

El relato de hechos recogido en la sentencia señala que estos ocurrieron hace ahora poco más de un año en la vivienda, ubicada en Murcia, en la que ambos residían con los dos hijos del matrimonio, pese a que se encontraban en trámites de separación. Tras coincidir con ella en un bar ubicado en una céntrica plaza de Murcia, ambos se marcharon hacia la vivienda y, durante el trayecto, el acusado insistió en sus ruegos de que volviera con él, ya que -decía- la seguía queriendo.

Una vez en el domicilio, y mientras ella dormía con el hijo menor, le apretó con fuerza en el cuello. Cuando la mujer estaba a punto de perder la consciencia logró con sus súplicas que el acusado desistiera de su acción. Al día siguiente la mujer acudió a su trabajo y tanto sus compañeros como la familia del procesado, al ver el aspecto que presentaba tras la agresión, lograron convencerla para que acudiera al médico y denunciara lo ocurrido.

La sentencia lo condena a tres años y tres meses de prisión como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, con la agravante de parentesco y la atenuante de arrebato u obcecación.

Caso Blanquerna: la otra vara de medir de la Justicia
Esta sentencia contrasta con la impuesta por el Supremo a los encausados del Caso Blanquerna. El 11 de septiembre de 2013 José Pedro Cruz salió de su casa para participar en una protesta -un escrache se llama ahora- en la librería Blanquerna, en Madrid, que acogía la celebración de la Diada catalana. El resto es conocido por casi todos: 14 personas condenadas por una -para muchos escandalosa- sentencia del Tribunal Supremo que, al incluir el concepto de delito de odio ideológico en la actuación, elevó las penas hasta los cuatro años de prisión. Es decir, tres años de cárcel por intentar asfixiar a una mujer; cuatro por irrumpir en un acto público.

La Audiencia de Madrid había castigado a los acusados con penas que no implicaban en principio el ingreso en prisión, pero el Supremo elevó en enero las penas e impuso condenas cercanas a los cuatro años tras aplicar la circunstancia agravante de motivos de discriminación ideológica. El pasado mes de mayo el Tribunal Supremo rechazó el incidente de ejecución que plantearon los condenados, con una resolución que cierra definitivamente el proceso, salvo que el Constitucional decidiera lo contrario.

La resolución del Supremo es firme y contra ella sólo cabe interponer recurso de amparo ante el TC, algo que ya han hecho varios de los procesados. Tal y como ha revelado el entorno de los acusados de Blanquerna a La Gaceta, estos ya habrían recibido la notificación en la que se les informa de que en breve tendrán que presentarse voluntariamente en prisión para cumplir la pena impuesta.

No obstante, mantienen "la ligera esperanza de que no se haga efectiva la pena en los próximos días" y denuncian que han sido víctimas de "un juicio absolutamente político". "El delito se estaba cometiendo en el interior de Blanquerna, porque se estaba celebrando un acto contra la unidad de España", han recordado, a la vez que han lamentado que "mientras que a Puigdemont y compañía nadie les paran los pies, a nosotros nos meten en la cárcel".

Los perjudicados niegan distintos elementos configuradores de su condena, como la citada intención de discriminación ideológica o el empleo de la violencia. Pero la Justicia -para quien un delito de homicidio en grado de tentativa está penado con tres años y tres meses de prisión- argumenta que accedieron al local "de forma violenta, empujando y derribando a algunos de los asistentes (...), golpearon el micrófono y arrojaron al suelo el atril y la señera" y les impone una pena de cuatro años de cárcel porque "actuaron con intolerancia hacia la ideología catalanista".

"Es absolutamente desproporcionado que a un individuo que intenta asfixiar a su mujer lo condenen a tres años de cárcel y a quienes defienden la unidad de España les impongan cuatro años".

A VUELTAS CON LA TITULARIDAD DEL TEMPLO
Qatar, detrás de la campaña para recuperar la Mezquita de Córdoba
La Iglesias católica está viendo amenazada su legítima titularidad del templo por varias campañas financiadas por los petrodólares qataríes.
Arturo García gaceta.es 13 Junio 2017

Las poderosas garras económicas de Qatar podrían estar detrás de la campaña puesta en marcha por un grupo de musulmanes para arrebatar la titularidad de la Catedral-Mezquita de Córdoba a la Iglesia católica. Es la conclusión que se desprende de las opiniones de expertos religiosos y periodistas estadounidenses que durante las últimas jornadas se han preocupado por el contencioso.

La primera visita de la delegación de la Diócesis de Córdoba en Washington, invitada por el Hudson Institute -desde la capital estadounidense se ha puesto en marcha la primera campaña para defender la titularidad de la Iglesia-, estuvo marcada por esa pregunta. Según ABC, representantes diplomáticos aseguraron durante el encuentro que "hay indicios más que suficientes para concluir que el estado de Qatar lo está financiando". Entre los citados indicios destaca el papel de un despacho de abogados que trabaja en favor de la causa en España y que cuenta con sedes operativas en Madrid, Londres y Doha, la capital de Qatar. Según se explicó durante la reunión en el Hudson Institute, "el problema de fondo es que se trata de una lucha contra los valores occidentales".

'Patrocinador del terrorismo'
Arabia Saudí, Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia decidieron romper sus lazos diplomáticos con Qatar por considerar que el país "apoya el terrorismo". En un comunicado sin precedentes acusaron a Doha de "violaciones graves con el fin de romper la estabilidad en la zona".

Desde hace más de una década, Qatar se ha convertido en uno de los principales patrocinadores del islam en Europa. Los petrodólares qataríes han financiado la construcción de miles de mezquitas en todo el continente, al frente de las cuales han situado a imanes de su cuerda para difundir su particular visión del islam.

En España, por ejemplo, el plan pasaba por levantar 150 templos hasta 2020. La inteligencia española mostró su preocupación en este diario por las sospechas internacionales acerca de una posible financiación del Estado Islámico por parte del Emirato. "Tenemos que preguntarnos quién está armando, quién está financiando al Estado Islámico. Y la palabra clave es Qatar". Fue el alemán Mueller, del partido demócrata-cristiano, uno de los primeros en señalar directamente al Emirato de Qatar. Hizo esas declaraciones en octubre de 2014. Antes, y de manera más o menos directa, lo habían hecho otros. Fuentes diplomáticas alemanas habían señalado que, si bien Qatar apoyaba a distintos grupos moderados, era cierto que había prestado su apoyo también a grupos radicales que soñaban con la implantación del Califato Islámico.

En marzo de 2015, el secretario de Terrorismo e Inteligencia financiera de Estados Unidos, David Cohen, señalaba el soporte de Qatar a miembros del Estado Islámico en Siria y denunciaba una legislación "demasiado permisiva" con determinadas donaciones de particulares a personas e instituciones relacionadas con el terrorismo.

El director del Royal United Services Institute de Qatar, Michael Stephens, respondía en un análisis de septiembre de 2014 que no de forma directa, pero sí indirecta. Hay donantes anónimos, decía, que han apoyado financieramente a los extremistas de Siria, porque ven con buenos ojos la implantación de un Califato Islámico (como el autoproclamado por los terroristas del ISIS). "Arabia Saudí y Qatar, convencidos de la pronta caída del presidente sirio Bashar al-Assad y de que un Gobierno sunita sería positivo para ellos, apoyaron a grupos radicales", añadía, en referencia a grupos como Liwa al-Tawhid, Ahrar al-Sham o Jais al-Islam, todos relacionados con los peligrosos miembros de Al Nusra, filial de Al Qaeda en Siria.

Mezcla de una política "chapucera y de una buena dosis de ingenuidad", señalaba Stephens, el resultado final es que las cuentas del Estado Islámico han visto multiplicar sus ingresos desde Qatar.

Donaciones a refugiados
Los países del Golfo se negaron a acoger refugiados a pesar de que contaban con importantes medios para ello. Europa se convirtió en el destino principal de los inmigrantes y países como Qatar se aseguraron de que estos no viajaran con destino a Oriente Próximo. Mientras Arabia Saudí financió el levantamiento de mezquitas en Alemania, los qataríes pagaron a los sirios los estudios en Francia.

El fiscal general de Qatar y la Universidad Sorbona de París firmaron un acuerdo por el que los árabes donarán 1,8 millones de euros durante tres años a la institución educativa. El objetivo no era otro que la financiación de matrículas y de alojamiento de cientos de estudiantes refugiados en la capital francesa.

La iniciativa no fue recibida con agrado por todos los sectores estudiantiles. El sindicato Unión Nacional Interuniversitario, por ejemplo, se quejó de la acogida de los refugiados sirios en las aulas mientras "otros estudiantes franceses con méritos se han quedado sin plaza por falta de espacio''.

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Decathlon despide en Cataluña a cargos intermedios que no hablan catalán para colocar a independentistas
Borja Jiménez okdiario 13 Junio 2017

Las noticias que llegan desde Cataluña sobre Decathlon siguen ligando a la firma deportiva francesa con la independencia catalana. Este periódico ya adelantó los flirteos nacionalistas de la compañía con sus polémicos anuncios en la región; ahora, van aún más lejos: Decathlon reestructura su columna vertebral situando a nacionalistas catalanoparlantes como cargos intermedios en Cataluña.

Decathlon está terminando un proceso de reestructuración de sus cargos intermedios en Cataluña. Según ha podido saber OKDIARIO, anteriormente trabajaban en estos puestos gente de toda índole: nativos catalanes, madrileños, peruanos e incluso italianos. Hoy, la intención es que todos los mandos intermedios sean catalanoparlantes y, sobre todo, nacionalistas.

“Limpiaron a todos los mandos intermedios. Había italianos, peruanos, etc… y en Cataluña limpiaron a todos, poniendo a gente nativa de aquí, catalanoparlantes y nacionalistas. Los jefes regionales de la firma en Cataluña son, en su mayoría, independentistas, y decidieron que lo mejor sería tener a gente afín para los puestos intermedios”, explican fuentes internas de la firma deportiva.

Se vuelve a demostrar, una vez más, el tinte nacionalista que Decathlon ha tomado en Cataluña como estrategia. Y es que, tras el polémico cartel promocional en francés, inglés y catalán (excluyendo el castellano), su posterior chulería a la hora de contestar a sus clientes y la promoción de camisetas de la diada por parte de la firma francesa, ahora llega el cambio de estructura. De marcado carácter independentista.

“La apuesta de Decathlon muestra el dinamismo de Catalunya”, aseguró el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont en la inauguración del nuevo centro logístico que la multinacional francesa abrió en el polígono industrial de Can Margarit de Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat).

De hecho, fuentes próximas a la firma excusan este cambio en la estructura en que, por ejemplo, este nuevo centro de aprovisionado regional (CAR) de Barcelona, que cuenta con una plantilla de 350 trabajadores, abastecerá desde una única plataforma un total de 40 tiendas a Cataluña, el Comunidad Valenciana e Islas Baleares, todas catalanoparlantes (o similar).

Este periódico se ha intentado poner en contacto con Decathlon por cuarta vez, sin éxito. Sólo nos respondieron el primer día, cuando OKDIARIO hizo pública la publicidad en la que excluía el castellano, pero no nos respondieron ni con las camisetas de la diada, ni tampoco con la respuesta que dieron a los clientes que, indignados, reclamaron a la compañía el uso del castellano en su publicidad catalana.

Pese a que pidieron disculpas y retiraron el polémico cartel en el que se promocionaban en catalán, Decathlon respondió con cierta chulería a los clientes que se han sentido ofendidos. En la misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la compañía francesa explica que “el idioma que empleamos en nuestras tiendas es el que por normativa de cada Comunidad Autónoma está permitido y dan prioridad”.

Pero lo peor es que, según la empresa, “no es obligatoriedad usar el castellano como idioma principal” en sus comunicaciones, y por ello “Decathlon ha decidido esa política comercial”. Eso sí, primero se ponen chulos, y luego retiran el cartel. “Estos son mis principios, y si no te gustan tengo otros”, dirán desde la firma gala. Además, se despiden en el mail diciendo que sienten “mucho” las molestias que “esto te pueda ocasionar”, en referencia al cliente indignado.

Y es que, si bien es cierto que en Cataluña no es obligatorio el uso del castellano (no lo es en ningún sitio de España), no se entiende que en una zona turística como es Cataluña se promocionen para los clientes de Francia, Inglaterra y Cataluña, pero no para los turistas españoles.

Cabe recordar en este sentido que Cataluña es la única región de nuestro país en el que es obligatorio rotular en un idioma (por supuesto el catalán).
 


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