AGLI Recortes de Prensa   Martes 20  Junio 2017

La plurinacionalidad y otras majaderías de la ‘nueva izquierda’
Javier Benegas vozpopuli.com 20 Junio 2017

Lo que los españoles podemos hacer para contribuir a la causa de la razón es dejar de inventar definiciones. Ni España es un Estado plurinacional, ni Cataluña es, por la gracia de Dios, una unidad de destino en lo universal.

Pablo Iglesias ha recibido con entusiasmo el cambio de estrategia que, a su juicio, se ha producido en el PSOE. Para Iglesias, que "Sánchez hable de plurinacionalidad abre caminos interesantes". Es más, sostiene que en este término está la clave de "la modernidad de España". Así, el líder de Podemos ha instado a buscar acuerdos entre fuerzas progresistas para conseguir esa mayoría a la que Pedro Sánchez aludía en una carta que publicó el diario El Mundo.

En sus palabras resuena esa música tan familiar de la “nueva izquierda” (en realidad, izquierda muy vieja), donde la contracultura y los términos inventados se superponen a una realidad que es incompatible con ellos. España no es un Estado plurinacional sino una comunidad con una identidad propia. Con su diversidad, por supuesto, pero con un devenir histórico que ningún término, por moderno que resulte, puede cambiar a capricho.

Sin embargo, para esta izquierda basta con transformar el lenguaje para que la realidad cambie. La gente puede ser lo que se desee con sólo crear nuevas definiciones: los hechos no importan. Así, puedes reducir a la nada a una nación por la gracia de la plurinacionalidad o a todo Occidente mediante el multiculturalismo.

Querer ser muchas cosas
“Antes queríamos hacer muchas cosas. Hoy queremos ser muchas cosas”. La cita se atribuye a Margaret Thatcher, aunque no he conseguido encontrar la referencia en sus memorias o el alguno de sus famosos discursos. Sea apócrifa o no, la frase sintetiza bastante bien un cambio de mentalidad crucial. Al fin y al cabo, hacer implica un progreso que tiene una continuidad, una línea temporal que conserva el anclaje con el punto de partida. Sin embargo, querer ser puede llevar a romper no ya con la línea temporal y el pasado, sino incluso con la verdad.

La civilización occidental siempre ha tenido una característica particular que ha resultado extremadamente útil. Esa característica es la capacidad de revaluarse constantemente, de hacer crítica y rectificar cuando las circunstancias han hecho de la rectificación algo imperativo. Lo comprobamos durante el pasado siglo XX, donde el surgimiento de las grandes ideologías nos llevó al desastre. Y tuvimos que aprender la lección para no tropezar con la misma piedra.

Este espíritu crítico es lo que nos ha hecho avanzar mediante la prueba y el error, convirtiendo a nuestra civilización en la más eficaz de todas cuantas han existido. Evidentemente, ninguna civilización es perfecta. Pero no hay duda de que la capacidad de constante reevaluación nos ha hecho mejores que al resto.

Hoy, incluso los peores enemigos de Occidente, los que más lo detestan, recurren a sus hallazgos de forma cotidiana. Por más que un líder de otra cultura –o de la nuestra, como Pablo Iglesias– odie lo occidental, no acude a una cumbre internacional a lomos de un camello ni cruza el océano en un junco a vela. Se desplaza en automóvil y viaja de un continente a otro en un avión a reacción. Tampoco, si enferma, se encomienda al curandero de una tribu, sino que confía en la medicina moderna. Hasta en sus actos más cotidianos la civilización occidental está presente. El agua que bebe es un agua depurada, la hora se la da un reloj y se conecta con el mundo mediante un ‘smartphone’ en cuyas entrañas se sintetizan décadas de una evolución tecnológica que sólo el Occidente capitalista ha podido alumbrar.

Más aún, por muy ajeno que sea un líder a los valores occidentales, intenta por todos los medios legitimarse impostando esos valores, aunque sea en forma de parodia. De ahí que nadie abuse más de la palabra democracia que los totalitarios.

De la crítica a la negación
Lamentablemente, en algún momento esa apertura a la crítica, a la reevaluación constante y racional de lo que hacemos y lo que somos, se empezó a transformar en una negación irracional; comenzó a dejar de servir para mejorar, para garantizar el progreso, y se transformó paulatinamente en un mecanismo de desconexión con el pasado, de ruptura y demolición de nuestra cultura, trayendo consigo una ley del silencio que erradicaba el debate, de tal suerte que nuestros peores enemigos ya no están fuera sino dentro. Somos nosotros mismos.

Ésta es una de las mayores paradojas del progreso. Es evidente que sin el capitalismo no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos. Sin embargo, ocurre que su enorme capacidad de transformación, de cambio, de innovación, esa destrucción creativa que es su rasgo más característico, puede llevarle a perder sus propias referencias. De hecho, el capitalismo se basaba originariamente, además de en un entorno institucional adecuado, en unas cualidades específicas como la responsabilidad individual, el ahorro, la austeridad, el esfuerzo y el sacrificio. Sólo así se podía acumular un capital que, bien administrado, generaba riqueza. La fórmula combinada de un entorno institucional que garantizaba la propiedad privada, la sociedad abierta y la aceptación de esas cualidades de responsabilidad, esfuerzo, austeridad y ahorro, es lo que llevó a Occidente, España incluida, a lograr el mayor incremento de bienestar de toda la historia de la humanidad.

Sin embargo, también el incremento del bienestar, de la riqueza y de las expectativas que puede hacer a su vez que las sociedades occidentales se suelten de sus anclajes, pierdan la noción de la realidad y se olviden de aquello que las ha permitido alcanzar cotas de bienestar inimaginables. Y lo que nos indica que esto puede estar sucediendo es precisamente empezar a desear ser muchas cosas.

Diríase que el bienestar y la riqueza, las comodidades y derechos a los que nos hemos acostumbrado, han desvirtuado la cualidad de la crítica y nos han arrancado de la línea del tiempo. En vez de reevaluarnos y afrontar los problemas, nos dedicamos a negar lo que somos, alumbrando un nuevo creacionismo donde la racionalidad desaparece o, en el mejor de los casos, es una broma.

Es evidente que atravesamos un periodo de incertidumbre, donde todo lo que parecía sólido ha dejado de serlo. Sin embargo, no es posible regresar al pasado. Cerrar las fronteras, reinventar naciones, volver al proteccionismo, incluso a una especie de autarquía, o restaurar tradiciones no va a hacer que vivamos más seguros ni que seamos más prósperos; menos aún lo hará retomar viejas ideologías fracasadas. Pero tampoco es solución renegar completamente de lo que somos, de aquellos valores que nos han permitido llegar hasta aquí y alcanzar un bienestar desconocido. Esta es nuestra disyuntiva. Quizá necesitemos alcanzar un compromiso entre el imparable progreso al que nos aboca el capitalismo y nuestra cultura: es decir, entre lo que hacemos y lo que en realidad somos.

Vindicar Occidente es también vindicar España
Por más que desagrade a la izquierda, los principios en los que se basa la Carta de los Derechos Fundamentales de la que hoy se enseñorea la ONU no surgieron en Asia, en Oriente Medio, en África o en la desaparecida Unión Soviética, sino en Occidente, más concretamente en el Occidente liberal y capitalista. Las sociedades menos machistas, homófobas o xenófobas son hoy con enorme diferencia las nuestras. Es en ellas donde los derechos de las minorías están garantizados. Y la libertad individual, aunque constantemente amenazada por activistas, políticos y mercantilistas, es infinitamente mayor que en cualquier otra parte del mundo.

Es posible que todas las culturas sean igualmente legítimas, dependiendo de un punto de vista que, según aduce la izquierda, es relativo. Pero objetivamente, según los datos, Occidente se ha demostrado mucho más eficiente y justo. Desde luego, no es perfecto. Pero, precisamente por esta razón, constantemente nos revaluamos, cosa que más allá de nuestras fronteras no sólo no se permite sino que está prohibido bajo penas severísimas.

El reto es encontrar la manera progresar y, al mismo tiempo, no perder completamente nuestras referencias. No podemos caer en el complejo de culpa, el victimismo y el infantilismo que, a lo que parece, acompañan al bienestar material, porque resulta que cuando el demonio se aburre, mata moscas con el rabo. Los derechos ni caen del cielo ni pueden ser irracionales. Ninguna sociedad que pretenda sobrevivir los puede generar y otorgar sin verdad, razón o condición alguna.

Occidente evoluciona constantemente, esa es su principal virtud en comparación con el resto de culturas. Y también su talón de Aquiles, porque podemos olvidar de dónde venimos y lo que en realidad somos. Debemos, pues, seguir esforzándonos en ver la manera de hacer más cosas y mejor, en vez de dedicar nuestros esfuerzos a que cada cual sea lo que se le antoje, inventando nuevos derechos y términos que son incompatibles con la realidad. Así pues, lo que los españoles podemos hacer para contribuir a la causa de la razón es dejar de inventar definiciones. Ni España es un Estado plurinacional, ni Cataluña es, por la gracia de Dios, una unidad de destino en lo universal. Para este viaje de la ‘nueva izquierda’, y del ‘nuevo PSOE’, no hacían falta alforjas.

Adiós al Estado-nación
Juan Pina vozpopuli.com 20 Junio 2017

En términos históricos, el Estado-nación está muerto. Los filósofos, los politólogos y los economistas llevan muchas décadas descontando su desaparición, que no implica un final correlativo ni de las naciones ni, por desgracia, de los Estados. Lo que tiene cada día menos sentido es la idea arcaica, romántica y peligrosa de que una nación necesita un (solo) Estado y de que un Estado responde a la existencia y a la vigencia eterna e incuestionable de una (sola) nación. Esa idea ha llevado a infinidad de sociedades autopercibidas como naciones a reclamar un Estado exclusivo, y también ha llevado a los grupos culturales y lingüísticos mayoritarios, satisfechos por la tenencia de Estado propio, a forzar la homogeneización de sus poblaciones más distintas para evitar por todos los medios la pérdida de las zonas insuficientemente asimiladas. En ambos casos, estamos ante una deleznable ingeniería sociocultural a beneficio de unas u otras élites políticas, porque es mentira que el Estado sea una herramienta de la nación. Siempre es al revés: la nación es un concepto difuso y menor que se magnifica e instrumentaliza para justificar el Estado.

De ser aún algo, una nación no es sino un grupo humano que comparte por el momento ciertos rasgos culturales, algunas tradiciones, el recuerdo de algún periodo histórico, y generalmente un idioma. Todo eso es evolutivo y la evolución social y cultural es hoy vertiginosa. Además, todo eso es líquido, son los Estados —actuales y potenciales— quienes por su interés procuran solidificarlo. Y por último, todo eso es secundario: ser de una nación determinada podría ser como pertenecer a una escuela filosófica, a un club de fútbol o a una peña cultural, es decir, podría ser algo solapable, vago, cambiante y transfronterizo, desconectado de la lógica de los Estados. En Europa hay “naciones” como los lapones, los tártaros o los romaníes que están dispersas por varios Estados. En los Balcanes hay bolsas de población de una “nación” que alcanzan un alto porcentaje, a veces mayoritario, en zonas de otros Estados nacionales. Si atendemos a los idiomas, el alemán está repartido en seis Estados, el francés en cinco, etcétera.

La unificación de Alemania y de Italia en el siglo XIX ejemplifica los delirios del Estado-nación, que, con el tiempo, desembocarían en el nacionalsocialismo y en el fascismo, respectivamente. Los ticineses éxplican con orgullo que se libraron de Garibaldi: décadas antes vieron venir el lobo nacionalista y pidieron el ingreso en Suiza. Muchos pensadores reivindican la superioridad de los microestados pre-unificación, menos lesivos de la libertad individual. El profesor Huerta de Soto habla de una Europa “de muchas Andorras” y a mi juicio tiene razón: A más Estados, menos Estado. A más Estados, menos puede cada uno esquilmar y reprimir a sus ciudadanos porque más próximo y evidente está otro Estado mejor, más libre.

Mal que les pese a algunos liberal-conservadores españoles, la gran mayoría de los pensadores de referencia en la tradición liberal clásica, austriaca y libertaria son muy críticos con la idea del Estado-nación y hablan como mínimo de un federalismo profundo, pero además reconocen la autodeterminación de las poblaciones, basada siempre en la coordinación de derechos de multitud de individuos, nunca en el supuesto derecho de una nación mítica en busca de Estado. Para nosotros no es más legítima la reivindicación escocesa que la padana, aunque Escocia haya sido reino y tenga una lengua propia y la Padania sea un concepto reciente, eminentemente económico. Es que la legitimidad la da la voluntad coordinada de una amplia mayoría de la población en un territorio determinado. Si eso existe, los argumentos históricos y etnoculturales son irrelevantes tanto para apoyar como para negar lo reclamado. Al final, de lo que estamos hablando es en realidad del derecho de asociación y desasociación política de las personas, derecho que hoy por hoy todavía no es reconocible de manera individual por obvios impedimentos técnicos y geográficos, pero sí es coordinable territorialmente. Cuando una parte relevante de la población de un territorio definido insta la secesión del mismo, sólo cabe, como señala Ludwig von Mises, dirimir la cuestión mediante referendo, referendo en el que no cabe discriminar étnica o lingüísticamente a parte de los residentes, ni tampoco extender la decisión a los demás territorios del Estado en cuestión. Salirse de una sociedad no puede depender de quien permanece en ella.

Sin embargo, sólo un Estado actual ha llegado a asumir esta realidad, trasladándola a su marco jurídico-constitucional: Liechtenstein. Es muy interesante la visión del pequeño principado centroeuropeo, que desde hace años impulsa un instituto de estudios sobre la autodeterminación en la Universidad de Princeton. El informe de Andreas Kohl sobre Liechtenstein nos expone este marco vanguardista de organización política, en el que los municipios podrían escindirse si así lo deseara su población.

El doble impulso de los actuales Estados a la homogeneización interna y a la concentración en estructuras continentales o mundiales constituye una resistencia de las élites políticas frente al mundo que viene: un mundo menos piramidal, menos jerarquizado, más atomizado y espontáneo; un mundo donde el viejo Estado-nación compacto ya no tiene sentido. Los individuos y sus agrupaciones voluntarias se interconectan de manera directa a través de fronteras, lenguas y culturas, sin que importen demasiado las afinidades “nacionales” de cada cual. Los Estados deben interferir en ese proceso lo mínimo posible, e idealmente nada. El futuro es más próximo a iniciativas como el seasteading y las ciudades libres que a la lógica del Estado-nación. Debemos ir hacia la competencia fiscal y política, no hacia la concentración. Más que negar la muerte del Estado-nación, opción inviable por el olor que desprende su cadáver, lo que necesitamos es un conjunto de estándares y procedimientos internacionales sensatos para conducir los procesos de unión y secesión de territorios: cuándo se puede, qué porcentaje lo insta, qué mayoría cualificada hace falta, cómo se reparten los costes e infraestructuras, qué subterritorios pueden negarse, etcétera. A veces es buena la humildad de aprender de los pequeños, y seguramente de Liechtenstein podamos extraer lecciones importantes.

¿Para qué sirve el Banco de España?
El supervisor ha permitido todos los desmanes por parte de las entidades financieras que han logrado engañar a sus clientes, que han sufrido las consecuencias, y cuyos directivos, a diferencia de Islandia o Suecia en los 90, no han pisado la cárcel, ni devuelto sus emolumentos millonarios.
Alejandro Inurrieta vozpopuli.com 20 Junio 2017

La reciente historia financiera en España, pero también en otras latitudes, nos llena de dudas y paradojas sobre el papel de la máxima autoridad en materia de supervisión financiera. Por un lado, las entidades deberían ser el objetivo último a la hora de chequear su salud patrimonial y de solvencia, mientras que, por otro lado, los consumidores deberíamos sentir una seguridad a la hora de invertir con la seguridad qué, asumiendo el riesgo de toda inversión financiera, la información contable que emana de las entidades es fiable.

La dejadez de las principales funciones de supervisión y vigilancia del sistema financiero es lo que caracteriza al Banco de España en la crisis

Estos principios básicos de actuación no se han cumplido antes, durante y después de la mayor crisis financiera vivida en España desde la instauración de la democracia, por lo que el título de este artículo parece razonable, es decir la sociedad se pregunta para qué sigue existiendo esta institución, más allá de ser un buen centro de trabajo, cómodo y bien remunerado.

Parecía que la crisis bancaria ya estaba superada con el rescate ciudadano de buena parte de las Cajas de Ahorro y algunos bancos, cuando el Banco Popular ha dejado de existir como banco independiente, al sobrevenirle la quiebra, sin que ninguna autoridad diese la voz de alarma, sino todo lo contrario. Días antes de la intervención, el propio Ministro De Guindos aludía a la solvencia y fortaleza de dicha entidad, para callar después y felicitarse porque la intervención no ha costado ni un euro a los contribuyentes, algo que, como siempre, no es cierto. Por el camino se han quedado arruinados millones de pequeños accionistas, mientras que los grandes inversores, incluidas algunas instituciones públicas, sacaron del dinero minutos antes, tal vez porque alguien muy relevante les dio información que no compartió con el resto de compatriotas. Esto se llama información privilegiada que el supervisor nunca investiga, ni sanciona. Ahora existen otros focos de contagio, como son Liberbank y tenemos en puertas una salida a Bolsa con enorme riesgo como es la de Unicaja, que por supuesto, será bendecida por todas las instituciones, pero que los inversores deberían tomar con mucha cautela y huir de este tipo de bancos que están muy tocados.

Parecía que la crisis se había acabado, pero los casos del Popular y el desplome de Liberbank pueden volver a poner en cuestión la salud del sistema financiero.

Mientras todo esto ha ocurrido, el Banco de España ha publicado un extenso informe sobre la historia de la reciente crisis financiera en el que justifica en todo momento su actuación, sin que en ningún momento aparezca un atisbo de autocrítica . Para el supervisor, el principal problema para no atajar el problema fue la falta de instrumentos para actuar, tanto microprudenciales, como macroprudenciales. Es decir, que el Banco de España nada pudo hacer para regular la cantidad de crédito dedicado al sector inmobiliario, tampoco pudo hacer cumplir la norma que obliga a las entidades a no prestar más allá del 60% del valor del inmueble, ni tampoco ha podido influir para que muchas entidades, como Bankia, publiquen la verdad sobre su contabilidad. Y por supuesto, el Banco tampoco pudo prever la fortísima caída de la actividad tras la quiebra de Lehman Brothers. Como dijo un ex ministro de Zapatero, el Banco Central tampoco quiso apagar la luz y retirar el ponche en medio de la orgía.

Pero lo sorprendente, y también lo chocante, es que dedicase muchos esfuerzo y recursos a recomendaciones de política laboral y salarial, verdadera obsesión del anterior gobernador, Ordoñez. Este político, persona con nula experiencia en el sector bancario, hizo una clara dejación de sus funciones para convertirse en un ministro de empleo en la sombra, vomitando todas sus frustraciones políticas contra sindicaos y trabajadores.

Su sucesor, Linde, ha intentado culpar de todo el desaguisado al equipo anterior, y en el propio informe así lo deja claro, aunque le están salpicando con los nuevos casos de opacidad, y falta de transparencia en las crisis sobrevenidas, como las del Popular o las que vendrán. La tónica es la misma, esconderse y no contar la verdad sobre la realidad del sistema financiero, haciéndose cómplice de los que siguen pensando que hay que salvar por encima de todo al sistema financiero, aunque siempre acaben pagando los eslabones más débiles.

Esta máxima se ha logrado con el engaño y la torpeza de todas las instituciones en l mal llamado préstamo para sanear el sistema bancario. En primer lugar, el ejecutivo engaña a ciudadanía con las cifras globales del rescate, que es como se debe llamar el proceso implementado. Sumando todos los créditos, avales y el coste de la Sareb, rondaríamos los 100.000 mill€, aunque solo se habla de los 60.000 mill€ que se inyectó para salvar todas las entidades zombies. Ahora tras las mentiras de Rajoy y De Guindos sobre que dicho préstamo lo pagarían las entidades y que no nos costaría dinero, resulta que prácticamente el supervisor reconoce que las pérdidas se acercarán a los 40.000 mill€ y que apenas recuperaremos 16.000 mill€. Esto podría suponer responsabilidad por no haber vigilado y a lo mejor dejar caer a las entidades que aún hoy, como pasa con Banco Castilla La Mancha o CEISS, estén muy dañadas y puedan seguir contaminando el sistema.

Con todo lo acontecido, y salvando las responsabilidades penales si las hubiere, la sociedad y el ejecutivo debería analizar con rigor si el supervisor cumple o no su papel. Si las normas contables se cumplen o cada uno contabiliza como le viene en gana, si los bancos cumplen con la información veraz que trasladan a sus clientes y si la evaluación de riesgos se lleva a cabo sin interferencias de las direcciones de los bancos para captar activo como sea.

Este tipo de reflexión no se está haciendo y únicamente nos dedicamos a culpar a los gobiernos anteriores o el actual. La seriedad de un país se debería medir por el respeto a las minorías y los eslabones más débiles de la cadena. Las conclusiones de esta crisis nos llevan a una dramática conclusión. El supervisor ha permitido todos los desmanes por parte de las entidades financieras que han logrado engañar a sus clientes, los que han sufrido las consecuencias, y cuyos directivos, a diferencia de Islandia o Suecia en los 90, no han pisado la cárcel, ni devuelto sus emolumentos millonarios, como es el casi de los gestores del Popular. Lo que también sorprende es que este informe, además, se publica a las 48 horas de la moción de censura fallida contra Rajoy. Tal vez el Banco de España no quería añadir más munición al extenso curriculum de mentiras y engaños de este presidente y sus ministros.

Contra Pedro Sánchez
El activismo contra Pedro Sánchez precipita a muchos a adjudicarle todos los males del universo, la consagración del mal, prescindiendo de la realidad
Javier Caraballo El Confidencial 20 Junio 2017

Contra Pedro Sánchez, flamante secretario general reconstituido del Partido Socialista, existe un activismo que está inaugurando en la izquierda una aversión militante, sectaria, que jamás se había producido con sus predecesores, siempre más disciplinados. Entre ellos, muchos colegas de prensa que se han tomado la vuelta de Pedro Sánchez al liderazgo, y su apabullante triunfo en la primarias, como algo personal, como si ellos mismos fueran en las listas de Susana Díaz o, peor aún, como si les hubieran encargado la guardia y custodia de las esencias del PSOE, que por supuesto solo ellos conocen y defienden.

A ver, que tampoco es que se trate de nada nuevo, extraordinario, porque las debilidades y las miserias de la prensa española, tan proclive a la trinchera partidaria para garantizarse el sustento institucional, vienen de atrás; lo nuevo es que eso ocurra en la propia izquierda, que siempre se había arropado; entre periodistas y medios que se definen de izquierdas y que ahora están engarzados en una lucha fratricida. Pero, bueno, que la cuestión es que el activismo contra Pedro Sánchez precipita a muchos a adjudicarle todos los males del universo, la consagración del mal, prescindiendo de la realidad. Y eso es lo pernicioso, esa exageración impostada. Ya ocurría, y sigue ocurriendo, con Podemos, que se les critica muchas veces de acuerdo a lo que se piensa que piensan, descartando lo que se dice o lo que se hace porque, en esa literalidad, se estropea el guion. Es como si se hubiera llegado a la conclusión de que los planteamientos políticos radicales solo deben analizarse con interpretaciones políticas radicales, lo cual encierra una llamativa contradicción.

Contra Pedro Sánchez, por ejemplo, se mantiene intacta la crítica de que “ha roto el pacto constitucional del 78” por su peligrosa deriva secesionista. ¿Cuándo ha ocurrido tal cosa? Jamás, desde luego, pero se mantiene la retahíla con absoluto desprecio a la realidad. Ya se comenzó a decir en la campaña electoral de las primarias del PSOE, cuando incluso se afirmó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenia en su poder un informe sobre las reuniones de Pedro Sánchez en las que se había comprometido con los independentistas al referéndum de Cataluña. En cada sobremesa, no faltaba quien, con voz de confidente, acabase diciendo que él mismo conocía a quien había leído personalmente el informe. Pero era mentira. José Félix Tezanos, que algunas batallas internas ha vivido en el PSOE, llegó a saltar indignado en la revista de la Fundación Sistemas: “Es una patraña de tal magnitud que recuerda otros casos muy sonados que se utilizaron en los años de entreguerras, cuando se pensaba que todo valía para conseguir determinados objetivos".

Pasaron las primarias por encima y, con posterioridad, Pedro Sánchez ha llamado al presidente del Gobierno para ofrecerle el apoyo socialista en defensa de la Constitución frente al desafío independentista, y en el congreso federal ha puesto especial énfasis en dejarlo muy claro: “En España hay un solo Estado y una sola soberanía. Nunca apoyaremos un referéndum de autodeterminación”. ¿Conclusión para el activismo? Que su concepto de España como país plurinacional no encaja en la Constitución española y que se trata de una cesión a la deriva soberanista que existe en muchos socialistas catalanes. Es la propia Constitución la que habla de España como un país compuesto por “nacionalidades y regiones” y son algunos estatutos de autonomía, como el andaluz, los que mencionan a esas comunidades autónomas como “una realidad nacional”. Antes que Pedro Sánchez, ya se hablaba en el PSOE, desde Alfonso Guerra a Zapatero, de España como una “nación de naciones”, pero por lo visto el término plurinacional es el más grave de todos. Pero no por lo que signifique o por lo que suponga legalmente, que es nada, sino porque se interpreta de acuerdo a lo que se sospecha que piensa Pedro Sánchez, que nunca será bueno.

Contra Pedro Sánchez se podría argumentar la escasa consistencia ideológica de su discurso, repleto de citas comunes, más eslóganes que ideas, más generalidades que propuestas, alternados con momentos extremos de demagogia, como la descripción que hizo de la España de Mariano Rajoy, un país donde hay “gente buscando en los contenedores de basura mientras el Gobierno aprueba amnistías fiscales”. Se le puede censurar la vacuidad, pero parece que ni siquiera eso es suficiente. Sin embargo, eso es lo deseable, que se le exija algo más que un puñado de palabras. Ni la España plurinacional ni la nación de naciones ni el Estado federal solucionan el problema secesionista de Cataluña, pero son los tres conceptos sobre los que bascula el ideario socialista desde hace 30 años, siempre al son de sus propios intereses políticos y electorales. Todo eso se le puede censurar a Pedro Sánchez, que inaugure una etapa política nueva en el PSOE con la reiteración de las mismas ideas, gastadas y trilladas.

Aunque a los activistas contra Pedro Sánchez les parezca poca munición contra el líder, el problema de fondo de Pedro Sánchez es que, despojados de etiquetas y prejuicios, no es muy distinto de Susana Díaz en las cosas que dice, ese argumentario que comienza por la ‘revelación inesperada’ de que quieren ganar las elecciones, “poner rumbo a La Moncloa”, para desalojar a la derecha del poder, la derecha que tanto daño y tantas injusticias provoca; el ogro de la derecha, en fin, que es el talismán de todos los discursos de dirigentes socialistas. El único problema es que reconocerlo así sería tanto como admitir que lo ocurrido en el PSOE, esa convulsión inmensa que todavía no ha finalizado, se debía fundamentalmente a una guerra de poder interna que muchos han disfrazado falsamente de guerra ideológica que, para colmo de sus contradicciones, al único que ha beneficiado ha sido a Pedro Sánchez porque lo ha dotado de un cuerpo ideológico y de un liderazgo de los que carecía.

El inacabado invento plurinacional
Guillermo Dupuy Libertad Digital 20 Junio 2017

Desde hace años albergo la esperanza de que alguien me informe del nombre y el número de las naciones que alberga el Estado plurinacional español. Así que, al oír el otro día en el Congreso a un categórico Pablo Iglesias afirmar que "hasta la gente de Móstoles y Alcorcón entiende que España es diversa y plurinacional", pensé que había llegado mi oportunidad.

Es cierto que no era la primera vez que el líder de Podemos desafiaba nuestra historia y nuestra Constitución abanderando el disparate que concibe a España como "Estado plurinacional" o "nación de naciones". Sin embargo, dado el hecho de que Iglesias hablaba en la sede de la soberanía nacional –o sede de la soberanía plurinacional, o sede de las soberanías plurinacionales, vayan ustedes a saber– y de que, además, se postulaba en esa ocasión para presidir el engendro, me convencí de que, por fin, alguien iba a informar del número y del nombre de las naciones que componen nuestro cacareado Estado plurinacional.

Por muchas naciones que albergue en su seno dicho Estado, supongo que su número será finito y que esas naciones tendrán un nombre. Visto, sin embargo, que Iglesias, como cualquier otro promotor del invento, no despeja la incógnita –y tampoco nadie se lo pregunta–, recurriré a los habitantes de Alcorcón o de Móstoles para que me informen.

Así, por ejemplo, Móstoles mismo, ¿a qué nación pertenece de las muchas que componen España? ¿Esa nación es Madrid? ¿Alguna de las Castillas, tal vez? No sé. A lo mejor, y dada la indiscutible diversidad de España, Alcorcón y Móstoles constituyen, ellas mismas, dos de esas naciones que conforman nuestro Estado plurinacional.

¿Y a qué nación española pertenecemos los ciudadanos alicantinos? Lo digo porque tengo claro que, para los promotores de la plurinacionalidad de España, Cataluña es una nación, como lo son el País Vasco, Galicia y, últimamente también, Aragón. Pero no tengo ni repajolera idea de si Alicante forma parte, según ellos, de la nación valenciana o, junto al resto del antiguo Reino de Valencia y las Baleares, es parte de la nación catalana.

Disculparán los ciudadanos de Alcorcón y de Móstoles que abuse de su conocimiento y de sus entendederas con tanta pregunta, pero háganse cargo: los promotores de la plurinacionalidad hablan de la "diversidad" de España como si esta no fuera sino el fiel reflejo de la diversidad que también se da en cualquiera de sus partes, como si cualquier colectivo compuesto por multitud de individuos no fuera siempre y por definición diverso. Tengan presente, además, que el PSOE de Pedro Sánchez también se acaba de apuntar a lo de la "plurinacionalidad" de España pero tampoco tiene la gentileza de informar del número y del nombre de dichas naciones. A este respecto, los socialistas sólo nos dicen que la nación es "un sentimiento" y hablan nada menos que de Bolivia como ejemplo de Estado plurinacional. Supongo que ustedes, ciudadanos de Alcorcón y de Móstoles, si es cierto lo que dice Pablo Iglesias, todo esto lo entenderán perfectamente, pero créanme que al resto de los mortales nos resulta todavía más ininteligible.

¿Es cierto que con lo del sentimiento basta? Lo digo porque tengo un vecino, al que finalmente tuvimos que ingresar, que, después de haberse pasado años sintiéndose Napoleón Bonaparte, terminó siendo conocido como Luis XIV, desde que empezó a decir que el Estado era él. No sé, pero a lo mejor al que encerramos por loco sólo era un precursor de la nación como sentimiento, un hombre cargado de sensibilidad y entendederas ante la realidad plurinacional del Estado.

Tampoco, finalmente, se a qué es debido que el PSOE se ponga a competir con Podemos en esto de la plurinacionalidad de España, cosa que no entienden ni aceptan la inmensa mayoría de sus respectivos votantes, con la excepción, claro está, de los que viven en Móstoles y Alcorcón.

Adriana Lastra: la renovación del PSOE era esto
EDITORIAL Libertad Digital 20 Junio 2017

La flamante vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha irrumpido con fuerza en el debate sobre la plurinacionalidad del Estado español, como dice la izquierda que se avergüenza de España y jalea a todos los que pretenden acabar con ella. Su mentor, el no menos preclaro Pedro Sánchez, ya apuntó en los días pasados por dónde piensa despeñar al PSOE con tal de mantener a su lado a los nacionalistas del PSC y contar con el apoyo de toda la izquierda antisistema en su asalto a la Moncloa. Pero la formidable Lastra ha redondeado la faena informando a la ciudadanía de que el futuro de España podría estar en Bolivia. En la Bolivia a la que decretó plurinacional ese otro genio de la administración pública y la politología que atiende por Evo Morales Ayma.

En efecto, la antropóloga en grado de tentativa Adriana Lastra ha aducido como prueba definitiva de que España puede ser un Estado plurinacional el ejemplo de la nada ejemplar Bolivia del descalificable Evo Morales; justo lo que vienen reclamando los nacionalistas antiespañoles para dejar de serlo y zanjar de una vez por todas la cuestión nacional.

La descollante intelectual socialista ha abundado en su compleja tesis poniendo otro ejemplo, para el que no ha necesitado cruzar el Charco: "Asturias es un principado y España es un reino. Son dos formas de gobierno distintas".

Increíble pero pavorosamente cierto.
Para esto ha quedado el PSOE.

Adriana Lastra no es una anormalidad ni un verso suelto, sino un paradigmático político de nuevo cuño sin oficio ni beneficio fuera de la política y con bochornosas deficiencias formativas ya no en un servidor público, sino en un mero ciudadano de un país que conquistó la alfabetización universal hace ya décadas.

Adriana Lastra encarna la insensatez, la irresponsabilidad, la falta de escrúpulos de unos capitostes socialistas dispuestos a cualquier cosa con tal de equipararse a uno de los partidos más tóxicos y menos ejemplares del panorama europeo, el de los neocomunistas de Podemos, enemigos jurados de todos y cada uno de los principios y valores que posibilitan la existencia de las sociedades liberales y alabarderos de criminales como los que están devastando Venezuela a la vista de todo el mundo.

La degeneración del PSOE está deviniendo espectáculo grotesco. Que el segundo partido de España sólo dé risa cuando no da vergüenza es un drama; que derivaría en tragedia si, de la mano de personajes como Pedro Sánchez y Adriana Lastra, acabase tomando el poder junto con Podemos, donde los referentes –un Pablo Iglesias, una Irene Montero...– no son precisamente mejores.

¿Ocaso anglosajón?

Calle 19 gaceta.es 20 Junio 2017

Desde principios del siglo XIX directamente en el llamado mundo occidental, en el resto de los países más indirectamente, los dos grandes países anglosajones, UK y EE.UU, han dominado no ya el comercio o la política, sino los modelos de vida y la escala de valores.

Terribles guerras ganadas y largas post guerras han acompañado este proceso. En ningún sitio ha sido esto tan palpable como en Europa, donde los poderosos nacionalismos europeos, que se remontan hasta la Edad Media, acordaron integrarse en organizaciones supranacionales. Ningún otro lugar del mundo lo ha intentado, aunque la integración y la globalización son acontecimientos mundiales. Los anglosajones, conscientes de su protagonismo, con una cierta sensación de preponderancia, han tenido una doble relación con el proyecto europeo: por un lado alentarlo e incluso participar en él; pero por otro una desconfianza en la estabilidad, política y económica, de la UE.

En 2016 tanto UK como Norteamérica tomaron decisiones políticas para anteponer sus intereses nacionales a cualquier modelo cooperativo. La visión de que las relaciones comerciales o políticas eran sumas cero, con sólo ganadores y perdedores se convirtió en la base del Brexit y del América First.

Siempre los intereses nacionales han dominado las políticas de todos los países. Pero precisamente el impulso anglosajón, basado en el libre comercio y la democracia parlamentaria defensora de valores mundiales, pretendía superar el nacionalismo más extremo. La desconfianza hacia la UE hizo, en este mismo 2017, que varias elecciones (Austria, Holanda, Francia) fueran presentadas como test definitivo de la voluntad popular hacia la UE. Nada más lejos de la realidad: los partidos anti UE y anti euro han perdido frente a sus contrarios, demostrando que la integración europea tiene respaldo popular más allá de las consecuencias económicas. Por el contrario, es en los dos principales países anglosajones donde el riesgo político está aumentando.

En el Reino Unido las recientes elecciones generales -convocadas para conseguir un mandato reforzado para el Brexit para los conservadores- han fraccionado el mapa político, acercando la gobernabilidad a un pacto con los Unionistas de Irlanda del Norte que amenaza los equilibrios conseguidos en los 1990 para acabar con la guerra civil. En EE UU, después de una polarizada campaña presidencial, la polarización no ha hecho más que aumentar.

Además, Irlanda del Norte es la parte de UK menos favorable a abandonar el mercado interior europeo. Los resultados electorales de la semana pasada no han supuesto, en realidad, una pérdida de influencia de los Tories, que con un 42,4% han tenido un gran respaldo. Pero sí una sorpresiva recuperación del voto socialista a costa de nacionalistas y liberales. Lo demás lo ha hecho el sistema electoral británico, que prima el bipartidismo. En esencia, cuando se convocaba al pueblo para tener un mandato fuerte sobre el Brexit, votado hace un año, la voluntad popular ha preferido decantarse por una derecha-izquierda. Nadie discutiría que el Brexit es el gran desafío inmediato de la sociedad británica, pero no sus votantes.

En Norteamérica, después de una polarizada campaña presidencial, la polarización no ha hecho más que aumentar, con un rusiangate que amenaza con dominar la agenda política de Trump, haciendo muy difícil su puesta en marcha. Mientras, las relaciones internacionales se complican más con los aliados tradicionales que con los antagonistas. Llevarse mal con Trump empieza a ser un plus electoral en muchos países, lo que ya vivimos con Bush hijo, aunque entonces limitado a la guerra de Irak.

Como la risa va por barrios, los hasta ahora sufridos europeos y japoneses disfrutan de un buen momento político y económico. La UE, pasada su media década horribilis desde 2010, se asienta en un buen crecimiento económico, con empleo, donde los países del sur crecen más que los del norte a excepción de Grecia, que no acaba de encontrar cómo hacer oficial lo que todo el mundo sabe: que no pagará toda su deuda. Superadas las elecciones alemanas este otoño veremos si los buenos vientos encuentran velas que llenar con las reformas necesarias para la UE del futuro, a tiempo de sumar a Italia a las buenas noticias electorales en 2018. Japón tiene en Shinzo Abe el líder que sustituya a Koizumi de hace quince años. Abe está cambiando su país, política y económicamente, hasta laboralmente aumentando los salarios y reduciendo la jornada laboral, en un país sin desempleo, donde la disciplina en el puesto de trabajo es considerada la culpable del bajo consumo.

Nadie debe dar todavía por finiquitado el periodo anglosajón de la historia, pero el tiempo corre para todos. Para cuando se superen en UK y sobre todo en EEUU las actuales divisiones internas pueden haber pasado muchas cosas en el mundo. Estos cambios en la UE y Japón pueden dar por superado un largo periodo de influencia unilateral y UK y EE.UU podrían tener que mirar hacia fuera para inspirarse. Otro mundo.

El proceso, Qatar, ETA e Hipercor
Pablo Planas Libertad Digital 20 Junio 2017

No es la primera vez que el nacionalismo catalán descubre sus miserias en el pantanoso asunto del terrorismo, pero no deja de sorprender el empecinamiento de sus líderes en utilizar el fenómeno criminal como instrumento político. Puigdemont, Junqueras y el resto de la tropa han dado en difundir la especie de que España, Madrid, el Estado y el Gobierno, juntos o por separado, ponen en peligro las vidas de los ciudadanos de Cataluña dado el riesgo de atentado islamista y por no reunir la Junta de Seguridad. De repente, el nivel de alerta cuatro sobre cinco decretado en todo el territorio nacional desde hace más de un año requiere una respuesta burocrática, la reunión urgente de las autoridades políticas y los mandos policiales de todas las Administraciones y cuerpos de seguridad en Cataluña.

Hasta el presente, la Generalidad sólo quería verse con el Estado para negociar el referéndum, pero la posibilidad de fabular un nuevo agravio, esta vez sobre seguridad ciudadana, ha modificado el guion separatista. España no sólo roba a los catalanes, sino que ahora los deja tirados a merced de los barbudos porque no le da la gana compartir con los Mossos datos de la lucha antiterrorista. La Generalidad insiste y hace lo que puede, pero, según el relato en curso, la Administración colonial no colabora sino que obstruye y entorpece.

Si pasa algo, la culpa será de España y luego ya, después, si acaso y en segundo término, de los asesinos. Ese es el esquema del retorcido argumentario nacionalista frente a un Gobierno que, como no se entera de gran cosa, aún se pregunta si lo que quiere la Generalidad es que vuelva la Guardia Civil. Y, claro, al ministro Zoido tal hipótesis no le cuadra con las declaraciones de los dirigentes catalanistas. En realidad y para el Ejecutivo catalán, el enemigo no es el terrorismo islámico sino España, esa España que no dialoga, que no ramadanea y en la que, a diferencia de Qatar precisamente, rige un sistema autoritario. ¿Sabe algo Puigdemont que ignore el Estado?

Superada la línea roja de endilgarle al Estado de manera preventiva las posibles víctimas de un hipotético atentado islamista, Puigdemont se ha revolcado en el fango a cuenta del trigésimo aniversario de la matanza de ETA en el Hipercor de la Meridiana de Barcelona. El presidente autonómico catalán ha demostrado hasta dónde ha caído al comparar la "persistencia" de los separatistas con la "persistencia" contra ETA. Es lo que les quedaba por oír a las víctimas de la banda terrorista, "organización armada" según la cómplice jerga nacionalista, una bofetada más a la memoria de los muertos y a la dignidad de mutilados y deudos. ¿Qué más se puede pedir?

Puigdemont realizó estas declaraciones en una solemne reunión de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalidad, la primera de la historia del ignoto ente autonómico a la que acude un president y que sirvió a los efectos de insistir en que la mayoría de los censados en Cataluña no son como la mayoría del resto de los españoles, salvo el excepcional caso en el que un socio de la Asamblea Nacional Catalana de Vich en 2017 equivale a un miembro del Foro Ermua amenazado por ETA en la Rentería de finales del siglo pasado.

¿Que no ha podido decir eso Puigdemont? Sus palabras fueron las siguientes:
Hoy hace 30 años del atentado de Hipercor. Si no hubiera sido por la persistencia, por el valor de tantas personas, algunas anónimas, seguramente ese combate no se habría ganado. Hoy podemos decir que estamos más cerca del ideal de justicia ante quienes quieren laminar la justicia porque hemos persistido. En unos años diremos lo mismo: hemos conseguido todo lo que el pueblo de Cataluña se propuso porque persistimos y porque no nos resignamos y porque no renunciamos.

¿Persistencia? ¿Combate? ¿Justicia? El exlíder de ERC Carod Rovira, en calidad de presidente de la Generalidad en funciones, pactó con Josu Ternera, asesino cabecilla de ETA, una tregua sólo para Cataluña (de la que estaban excluidos los militantes y cargos del PP) en enero de 2004, dieciséis años y medio después de la matanza en los grandes almacenes de ETA, que persistió en Cataluña durante casi dos décadas, con asesinatos de criaturas, madres, viandantes, guardias, policías, dos concejales populares y el exministro socialista Ernest Lluch.

Los separatistas dicen que el proceso comenzó en 2010, cuando una sentencia del Constitucional modificó una parte del nuevo Estatut en la que se proclamaba que Cataluña era una nación soberana. Los informantes del Gobierno fechan la ignición en 2012, cuando Rajoy recibió a Mas para hablar de la "situación". ETA mató por primera vez en Cataluña en junio de 1975. La banda asesinó a un policía llamado Ovidio López Díaz en el transcurso de un atraco a una sucursal del Santander en la calle Caspe de Barcelona. Tiempos convulsos. Dos meses después se estrenaban los Grapo en Barcelona con el asesinato del policía Diego del Río Martín, y el 9 de mayo de 1977 el Exèrcit Popular Català, luego Terra Lliure y sucursal catalana de ETA, mataba al empresario José María Bultó por el procedimiento de adosarle una bomba de relojería en el pecho. A uno de los autores de ese crimen le presentaron en TV3 hace dos años como un "gran reserva del independentismo" porque había firmado un manifiesto a favor de que la CUP levantara el veto contra Artur Mas para presidente de la Generalidad.

En aquella cumbre de 2004 entre Ternera y Carod Rovira (Josep Lluís aquí y en la China), el catalanismo asumió y se comprometió de manera pública y fehaciente a justificar los crímenes y defender la doctrina terrorista de la autodeterminación, versión hard de la plurinacionalidad y hasta aquí hemos llegado, punto en el que Puigdemont rinde homenaje a las víctimas de Hipercor, que no a las de ETA. Aunque en realidad la actual fase del proceso comenzó antes, con Pujol.
EL 58% de LOS MUNICIPIOS
La cuenta 413 aflora que los alcaldes guardan 1.042 millones en facturas impagadas
Son algo más de 1.000 millones. Esa es la cuantía de las facturas no pagadas a los proveedores que corresponden a gastos ejecutados sin crédito presupuestario
Carlos SánchezEl Confidencial 20 Junio 2017

La práctica de esconder facturas en los cajones municipales se ha reducido de forma muy significativa en los últimos años al calor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012). Pero no del todo. Hasta el punto de que 4.703 ayuntamientos de toda España —sin incluir los territorios forales— ocultan gastos ejecutados y no pagados por valor de 1.042 millones de euros. Es decir, el 58% de los ayuntamientos ha comprometido gasto sin el correspondiente crédito presupuestario, cuya cuantía se refleja en la llamada cuenta 413, que recoge las facturas impagadas.

Tres ayuntamientos se llevan la palma. El de Parla (Madrid), con un presupuesto de ingresos para 2017 que alcanza los 99 millones, acumula facturas no abonadas por valor de 149 millones, lo que significa, ni más ni menos, que el 150% de su recaudación prevista para este año no tiene contrapartida presupuestaria. El segundo puesto lo ocupa el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), que acumula facturas sin pagar por valor de 99 millones de euros, lo que representa el 36,5% de sus ingresos previstos. En tercer lugar, se encuentra el de Torremolinos (Málaga), que ha escondido bajo las alfombras 86 millones de euros, lo que supone el 85% de sus ingresos en 2015 (última cifra publicada en la página web del ayuntamiento).

A continuación se encuentran, aunque a una cierta distancia, los ayuntamientos de Telde (Gran Canaria) —49 millones—, Madrid (37 millones) y Móstoles (36,9 millones). El caso de Madrid es el menos representativo, porque debido a su tamaño esa cifra es muy reducida en términos relativos.

La cuenta 413 forma parte de la contabilidad del sector público, y nació para mostrar la verdadera situación económico-financiera de los ayuntamientos, acostumbrados a asumir gastos sin el pertinente reflejo presupuestario, lo que les obligaba a meter la factura en el cajón hasta que se aprobara el correspondiente crédito. Esto, de hecho, es lo que sucedió durante los años más duros de la crisis hasta que el primer Gobierno de Rajoy puso en marcha el Plan de Pago a Proveedores, con el que los alcaldes pudieron obtener la liquidez suficiente para abonar gasto no pagado. Según datos de Hacienda, hasta el 31 de diciembre de 2011, solo en los ayuntamientos existían 1,8 millones de facturas sin pagar, que sumaban 9.801 millones de euros.

Gracias a ese plan, se lograron aflorar miles y miles de facturas que estaban escondidas en el cajón durante la etapa del anterior Gobierno. Pero, como se ha dicho, no en todos los casos. Eso es lo que explica que Hacienda, para hacer un control estricto, haya exigido a los interventores certificar no solo las obligaciones imputadas al presupuesto y todavía pendientes de pago, sino también las que se encontraban sin aplicar al presupuesto, obligando de este modo a su contabilización.

Devengo y caja
Hay que tener en cuenta que el hecho de que exista la cuenta 413 no supone la ocultación de las facturas, toda vez que el gasto se contabiliza en términos de devengo, es decir, que se registran en el momento en que se produce el compromiso de pago, no cuando se abonan (criterio de caja).

Hacienda, en todo caso, ha puesto en marcha una reforma de la cuenta 413 destinada a mejorar la calidad de la información suministrada por las entidades locales. Y en este sentido, se obligará a que la información sobre las operaciones registradas en la cuenta —que pasará a llamarse de 'acreedores por operaciones devengadas'— tenga un carácter mensual. Esta periodicidad seguirá siendo anual en el caso de los municipios con menos de 5.000 habitantes que apliquen el modelo simplificado de contabilidad local.

Esa cuenta acreedora recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, al contrario de lo que es procedente.

La Autoridad Fiscal Independiente (AiRef) ya advirtió en su día de que el Gobierno debería restringir al máximo el uso de esta cuenta por ser de naturaleza extrapresupuestaria. Se proponía que, al menos, se hiciera un seguimiento exhaustivo de sus operaciones con el fin de evitar una “infrapresupuestación del gasto”.

Las enormes dificultades de algunos ayuntamientos para desendeudarse se mantiene, incluso, en plena recuperación de la actividad económica. Y, de hecho, el Ministerio de Hacienda anunció este lunes que 268 municipios —con una deuda total de 764 millones— podrán beneficiarse de mejores condiciones para hacer frente a las deudas derivadas del mecanismo de pagos a proveedores.

Esos municipios saldan actualmente sus deudas mediante retenciones de su participación en los tributos del Estado. Pero a partir de ahora podrán hacerlo devolviendo el dinero a través de operaciones de crédito, lo que supondrá un importante ahorro de costes financieros, ya que el tipo de interés aplicable, como recuerda Hacienda, se reducirá en más de cuatro puntos porcentuales. El que se les viene aplicando en la actualidad supera el 5% anual. Muy por encima del precio oficial del dinero.

Se trata de municipios que en los años 2012 y 2013 no formalizaron préstamos con el entonces Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores de las Entidades Locales por no tener un plan de ajuste aprobado y valorado favorablemente por Hacienda. Tampoco se acogieron a una medida idéntica que se habilitó en dos ocasiones en el año 2015, mediante sendos acuerdos de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

El Poder Judicial rinde homenaje a los servidores de la Justicia víctimas del terrorismo
Han hecho referencia a 14 jueces, fiscales, escoltas y conductores asesinados o heridos por servir a los ciudadanos a través de su trabajo en Juzgados y Tribunales .
E. E. El Espanol 20 Junio 2017

El Poder Judicial ha rendido este homenaje este lunes en el Tribunal Supremo a los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y otros servidores de la Justicia que han sido víctimas del terrorismo de ETA y los GRAPO.

En el acto, al que han asistido más de 90 familiares de víctimas del terrorismo han participado el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quienes han destacado la entereza y "dignidad" de las víctimas frente a la sinrazón terrorista.

Todos ellos han hecho referencia a un total de catorce personas asesinadas o heridas por las bandas terroristas GRAPO y ETA entre 1978 y 2001 -jueces y magistrados, fiscales, escoltas y conductores- por el hecho de servir a los ciudadanos a través de su trabajo en Juzgados y Tribunales o por acompañarles en su quehacer diario. El homenaje se ha iniciado con el descubrimiento de una placa en su memoria en el vestíbulo del Palacio de Justicia.

La relación de servidores de la Justicia que han sido víctimas del terrorismo en España es la siguiente: Javier Jáuregui Barnaola, juez de paz de Lemoa (asesinado el 8/7/1978); José Francisco Mateu Cánoves, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 16/11/1978); Miguel Cruz Cuenca, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 9/1/1979); Vicente Goñi Larumbe, magistrado de Trabajo (sufrió un atentado frustrado el 18/1/1979); Carmen Tagle González, fiscal de la Audiencia Nacional (asesinada el 13/9/1989) y Fernando Mateo Lage, presidente de la Audiencia Nacional (herido el 27/2/1990).

A ellos se suman Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992 (asesinado el 14/2/1996); José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt, magistrado de la Audiencia Nacional (herido el 12/6/1996); Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 10/2/1997); Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (asesinado el 9/10/2000); José Francisco Querol Lombardero, magistrado del Tribunal Supremo (asesinado el 30/10/2000); Jesús Escudero García, escolta (asesinado el 30/10/2000); Armando Medina Sánchez, conductor (asesinado el 30/10/2000) y José María Lidón Corbi, magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia (asesinado el 7/11/2001).

"AMARGURA, RECONOCIMIENTO Y ORGULLO"
Durante su intervención, Maza ha reconocido que actos como el de este lunes tienen un poso de "amargura", pero que las familias lo han convertido en algo "heroico y sin rencor". Esta amargura se ve a juicio del fiscal general superada por el "reconocimiento" mediante la placa colocada en la entrada del Supremo y por el "orgullo" que él mismo siente respecto de las personas distinguidas en este homenaje.

Así, ha destacado que "hemos sabido con la Ley y el Estado de derecho" acabar con una lacra como ha sido la del terrorrismo, lo que ha supuesto "fortaleza" para todos los que trabajan por el Estado de Derecho.

Según el ministro Catalá, "no hay derecho más preciado para cualquier persona que el derecho a la propia vida, como así lo propugna -al comienzo del Título Primero- nuestra Constitución".

Así, ha agradecido a las familias el esfuerzo por asistir a este acto "reviviendo una vez más momentos tan dolorosos, pero a la vez dando un ejemplo de vuestra entereza y de vuestra dignidad".

LA INJUSTICIA DEL OLVIDO
Catalá ha señalado que le consta que las víctimas después del atentado han sufrido "como una nueva injusticia, el olvido que aparentemente surge a vuestro alrededor" pero que ello se combate recordando "con letras de oro a todas las víctimas, para que su memoria esté siempre presente".

"Es necesario trasladar y explicar a quiénes son más jóvenes el dolor que ha causado el terrorismo, para que participen con quienes lo habéis sufrido y con toda la sociedad del permanente reproche que merece su sinrazón", ha añadido

Catalá ha concluido citando a Tomás y Valiente en uno de sus últimos artículos antes de ser asesinado: "Hágase justicia para que el mundo no perezca, para que en él se pueda vivir en paz".

Por su parte, el presidente del Constitucional González Rivas ha destacado lo "acertado" de esta convocatoria y ha recordado cómo los españoles han aprendido del "dolor" que el terrorismo ha sembrado en sus vidas, y el "coraje" y la "sensatez" al utilizar la democracia como principal instrumento contra la plaga terrorista. Así, ha aludido también los últimos actos de violencia yihadista en Europa y ha recordado que esta amenaza "no desfallece" y que frente a ella "no debemos mantenernos equidistantes".

Seguidamente ha intervenido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien ha destacado la necesidad de una sociedad "que mire hacia adelante y vea el futuro con optimismo, pero que no olvide".

Igualmente, ha subrayado el "gran ejemplo de entereza, valentía y dignidad" de las familias de las víctimas y ha reconocido que este homenaje salda "una deuda pendiente" con quienes fueron objetivo del terror "precisamente por servir a la Justicia, por trabajar en favor de la convivencia pacífica de la sociedad española".

EL RECUERDO DE HIPERCOR
Además, Lesmes ha tenido un recuerdo para las 21 víctimas mortales y heridos en el atentado del Hipercor de Barcelona, del que se cumple este lunes el 30 aniversario y ha advertido que "no vamos a olvidar, desde la serenidad y desde el aplomo" y que ello será defendiendo con firmeza los valores del Estado de Derecho.

Para terminar el acto ha intervenido el hijo del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador, asesinado por ETA en 1997, Rafael Martínez Die. Además, se ha proyectado un vídeo con imágenes de los homenajeados que han sido cedidas por sus familiares, que todos han podido ver escuchando varias piezas clásicas interpretadas al violonchelo.

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Las estafas semánticas del 39º Congreso del PSOE

Se han perpetrado dos añagazas: la proclamación de una falsa plurinacionalidad de España y el revestimiento como democracia directa de los omnímodos poderes del 'renacido' Sánchez
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 20 Junio 2017

El 15 de mayo pasado, Patxi López, en el debate de los candidatos a la secretaría general del PSOE, espetó a Pedro Sánchez, secamente, una pregunta: “Vamos a ver, Pedro, ¿sabes qué es una nación?”. La respuesta fue confusa, pero la interrogación resultó severa en el tono, en la exigencia, e incorporaba un reproche. Ahora, tras el 39º Congreso del partido, el vasco ha asumido la secretaría de Política Federal y es a él a quien corresponde contestar cumplidamente a esa cuestión. Lo hizo ayer en 'El Correo' de Bilbao de una manera tópica y, para los secesionistas, semánticamente estafadora: “La definición de un Estado como plurinacional no conlleva ni el derecho de autodeterminación, ni el derecho a decidir ni a la soberanía. Simplemente, es la definición de un conjunto de personas, de ciudadanos, que se sienten partícipes de una misma lengua, de una misma historia, de una misma tradición y de una misma cultura”.

Cuando la plurinacionalidad hay que comenzar a definirla por lo que no es y luego iniciar su descripción con un 'simplemente', vamos mal. Tan mal como han acogido en Catalunya —al margen del PSC— este juego de palabras. Francesc-Marc Álvaro, que es unos de los analistas de referencia del independentismo catalán, escribió ayer en 'La Vanguardia' un artículo bajo el título '¿Querer a Catalunya?' cuyo último párrafo decía: “El nuevo líder del PSOE ha proclamado que 'España quiere a Catalunya', frase amable que demuestra que no entiende nada. O que es un cínico que trata de distraernos para eludir la cuestión de fondo, asesorado, entre otros, por Josep Borrell, jacobino contumaz. A Alfonso Guerra, muy afectado por el calor, no hay que mencionarlo. Ubicar la actual reclamación independentista en el guion sentimental más rancio, es un grave error de Sánchez, que indica escaso conocimiento de la causa del conflicto que estamos viviendo. Y una admirable capacidad para tapar la realidad con humo”.

Estas palabras relevan de ulteriores comentarios si se enlazan con el entendimiento de López de la plurinacionalidad de España y su definición negativa, que también articuló Sánchez en su discurso congresual. Ni uno ni otro saben lo que es una nación para un nacionalismo que ha llevado a máximos su aspiración, es decir, se ha convertido en secesionista. ¿Qué parte de la pregunta del referéndum unilateral que quiere convocar Puigdemont el 1 de octubre no han entendido en el PSOE?, ¿es una cortina de humo, un cinismo o una aproximación ingenua al independentismo la proclamación de la plurinacionalidad de España?, ¿existe algún socialista militante favorable a Sánchez que pueda creer que esa tesis de amabilidad, de mullidas palabras, podría desactivar a estas alturas la cuestión catalana? La plurinacionalidad o lo es de naciones políticas, o es un recurso de circunstancias. Que puede convertirse en una estafa semántica.

También lo es la concentración de poder que en un análisis interesante ha detectado el profesor de Ciencia Política Juan Rodríguez Teruel ('Agenda Pública') como el otro vector, junto a la plurinacionalidad, del 39º Congreso del PSOE. El académico supone que Sánchez trata de superar el faccionalismo en el partido acaparando facultades. Es una interpretación legítima, pero caben otras. Porque también es procedente la del ajuste de cuentas, instalando en el PSOE un nuevo caudillismo que desecha todo rastro de organicidad y democracia representativa para, como en los mejores guiones de los líderes populistas, establecer un vínculo directo entre el secretario general y las bases, neutralizando los órganos de decisión intermedios, que pasan a ser poco menos que irrelevantes. A eso lo llaman democracia directa, pero otros lo denominan más crudamente como cesarismo. Y lo es, porque Sánchez se ha quitado de en medio —entre el fervor del 70% de los delegados (o sea, un fervor no general)— cualquier factor de reequilibrio de su poder interno. Él va a responder ante la historia y ante la militancia.

El 39º Congreso del PSOE les ha salido bien a Sánchez y a los suyos, pero no tanto al partido y al país. En él se han perpetrado dos añagazas de consideración: la proclamación de una falsa plurinacionalidad de España y el revestimiento como democracia directa de los omnímodos poderes del 'renacido' secretario general. Y lo peor: Sánchez se ha presentado como nuevo en esta plaza, cuando a su espalda llevaba un buen hatillo de elecciones perdidas (dos generales, autonómicas) y una batalla campal en la organización cuyas heridas él —¿contra el faccionalismo o para ajustar cuentas?— no ha querido restañar. Es su momento, él tiene la palabra. Pero ha empezado mal: contándonos dos milongas: la de su propio poder (descontrolado) y la de la plurinacionalidad de España.

Puigdemont se burla del Estado y de las víctimas del terrorismo
EDITORIAL El Mundo 20 Junio 2017

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont dio ayer un salto injustificable en su escalada de declaraciones improcedentes y, cuando se cumplen 30 años del brutal atentado del Hipercor en Barcelona comparó la lucha que mantiene la Generalitat por conseguir la independencia con la que ha entablado durante tantos años el Estado contra la banda terrorista. "Si no hubiera sido por la persistencia, este combate contra ETA no se hubiera ganado", afirmó, para concluir que hoy «estamos más cerca del ideal de justicia ante quien intenta laminarlo porque hemos persistido».

Sin ningún tipo de rubor, Puigdemont se comparó a sí mismo con un Estado que defiende la ley y la Justicia, y dejó al Gobierno de la nación el papel de la banda terrorista, que utiliza el asesinato, el secuestro y la extorsión para alcanzar sus fines. "En unos años diremos lo mismo: que hemos conseguido lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto porque persistimos, porque no nos resignamos", añadió.

Es ruin y bochornoso oír a un representante público tales mendacidades, justo cuando, como decimos, estamos recordando que el más sangriento atentado en la historia de ETA se consumó en Barcelona y el objetivo de la banda era aterrorizar a la sociedad civil al colocar esa bomba en el aparcamiento de un centro comercial. Con estas declaraciones, el presidente de la Generalitat se burla de las víctimas, asesinadas sin más razón que la de ser españoles.

Puigdemont debería recordar además, cómo en los inicios de este proceso separatista, en enero de 2004, miembros destacados de ERC, como Josep Lluís Carod Rovira, siendo vicepresidente de la Generalitat, se reunió en Perpignan con Josu Ternera y Mikel Anza. Un encuentro en el que pidió a ETA que dejara de atentar en Cataluña a cambio de dar una cierta cobertura política desde la Generalitat a la izquierda abertzale.

ETA ha dejado en la tierra española más de 800 cadáveres -muchos de ellos en Cataluña-, además de miles de heridos y cientos de miles de desplazados como para que el presidente de la Generalitat frivolice ahora con ello y compare su desvarío independentista con una lucha legítima contra quienes quisieron subvertir el Estado de Derecho. Puigdemont debe desdecirse inmediatamente de esas declaraciones tremendamente desafortunadas que no tienen ningún sentido, ni siquiera aunque fueran producto de su desesperación ante el callejón sin salida en el que se han introducido los independentistas con su órdago al Estado de Derecho.

Con ETA y los sentimientos de la inmensa mayoría de los españoles -entre ellos los catalanes- no valen comparaciones de ningún tipo. Como tampoco es admisible la estrategia de la izquierda abertzale de explicar el final de la banda como una especie de acuerdo entre dos bandos, en el que no hay vencedores ni vencidos. EH Bildu en Navarra se negó a condenar el atentado de Hipercor, en el que murieron 21 personas y dejó 45 heridos. Además, la formación abertzale tampoco asistió al homenaje a las víctimas de Barcelona. Arnaldo Otegui dijo que lo hacía por "prudencia", porque «nuestra presencia puede provocar más problemas que soluciones».

Pero la realidad es que Otegi no quiere aparecer en ningún acto de este tipo porque el entorno abertzale no admite el relato real sobre la derrota de ETA y quiere maquillar la historia, En este sentido, hay que destacar la postura de Íñigo Urkullu, que ayer asistió al homenaje, lanzando desde el Gobierno vasco un mensaje de apoyo a las víctimas.

Hasta hoy, ETA no ha hecho el más mínimo gesto de desagravio a las víctimas. Tampoco su entorno lo hace. La disolución de la banda, pedir perdón y ayudar a la Justicia a esclarecer los delitos pendientes es lo único que le queda por hacer a los terroristas.

Puigdemont insulta a las víctimas
Editorial La Razon 20 Junio 2017

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobrepasó ayer todos los límites con el uso indigno que hizo de la lucha contra a ETA, comparándola con el proceso independentista y su perseverancia hasta alcanzar sus objetivos. «Si no hubiera sido por la persistencia, este combate no se hubiera ganado», dijo refiriéndose a la lucha antiterrorista. Y añadió: «En unos años diremos lo mismo: que hemos conseguido lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto porque persistimos, porque no nos resignamos». No ha sido la mejor manera de sumarse a la conmemoración del atentado de Hipercor que le costó la vida a 21 personas, cuatro niños entre ellos, hace 30 años; es más, ha sido un insulto a los que sufrieron aquel ataque. Puigdemont demuestra desconocer el principio en el que se basó la lucha contra ETA: no hacer uso político de los muertos y ensañarse con el Gobierno de turno –fuese PP o PSOE– cuando la banda mataba inmisericordemente.

Estamos seguro que de haber vivido en primera línea aquellos años, Puigdemont hubiese incumplido la primera norma: mantener la unidad de los demócratas frente a los terroristas. Lo que dijo ayer sobrepasa lo aceptable y es tal la perversidad de sus palabras que sólo cabe pensar en su necesidad de envenenar aún más la situación política propiciada por su plan secesionista. No deja de ser paradójico que Puigdemont sostenga su presidencia gracias a un grupo que nunca ha escondido sus afinidades con los abertzales, incluso con las versiones más detestables.

Si al presidente de la Generalitat le quedase algo de dignidad política, aunque sea por no degradar más a la institución que representa, debería renunciar al apoyo de la CUP, que fue el único grupo que no asistió al homenaje que rindió el Parlament el pasado día 16 a las víctimas de Hipercor. El otro partido que compone Junts pel Sí, ERC, a través de Carod-Rovira, intentó firmar, en enero de 2004, una paz separada nada menos que con el máximo jefe etarra para que la banda dejara de atentar en Cataluña, aunque pudiera seguir haciéndolo en el resto de España. Las palabras de Puigdemont son, además, doblemente despreciables porque las dice para buscar de nuevo los focos y, sobre todo, perjudicar al partido que sostiene el actual Gobierno, que fue una víctima muy buscada por los terroristas. ¿Busca Puigdemont equiparar a los que fueron víctimas con sus verdugos? ¿Está comparando a un país democrático que se defiende con la Ley, y sólo con la Ley, de un ataque en toda regla contra su soberanía nacional con unos terroristas?

Es ofensiva su banalización del terrorismo que le ha llevado a utilizarlo como otro capítulo más de su propaganda secesionista. En los «años de plomo» siempre se argumentó que en las instituciones democráticas tenían cabida todas las opciones, incluido el independentismo más irredento, si renunciaba a la violencia. Algunos renunciaron a seguir matando, pero es imposible que renuncien a la raíz totalitaria y manipuladora de cierto nacionalismo. Puigdemont hace esfuerzos por equipararse con lo peor del independentismo. La deriva del «proceso» en estos momentos es preocupante: no sólo no comprenden que el Estado de Derecho no puede ser doblegado, sino que ha optado por introducir el discurso del odio, hasta ahora desconocido, que supone falsear los hechos. Las palabras de ayer del presidente de la Generalitat comparando a unos terroristas con un Estado democrático sobrepasa todos los límites, pero parece que es la consigna: Guardiola también lo hizo hace una semana. Puigdemont debería moderarse, cumplir sus obligaciones como gobernante, cumplir y hacer cumplir la Ley y velar por la convivencia, que es precisamente lo que no está haciendo. Por el bien de todos.

Asesinos sueltos
La excarcelación del "violador de La Paz" derivó de una decisión política destinada a satisfacer a ETA
Isabel San Sebastián ABC 20 Junio 2017

Hablemos claro. La excarcelación prematura de Pedro Luis Gallego, apodado "el violador del ascensor" y condenado a 273 años de reclusión por dos asesinatos y dieciocho agresiones sexuales, no era inevitable. Los crímenes perpetrados contra al menos cuatro mujeres por "el violador de La Paz", el mismo Pedro Luis Gallego, no eran inevitables, como tampoco lo eran los llevados a cabo por otros tres depredadores sexuales liberados tras la derogación de la doctrina Parot. Todo ese dolor, esa humillación irreparable, ese daño infligido a personas absolutamente inocentes tiene su origen en una decisión política que aunó injusticia e irresponsabilidad con el único fin de satisfacer la exigencia de una banda terrorista y pagar el precio de su "cese definitivo de la violencia". Esa es la triste verdad.

José Luis Rodríguez Zapatero negoció con ETA un acuerdo de "paz" basado en la claudicación y la mentira. Un pacto tan vergonzoso como vergonzante (de ahí los constantes embustes) que incluía la puesta en libertad de los más sanguinarios asesinos de la banda, muchos de ellos condenados a penas centenarias. A fin de liquidar el mecanismo establecido por la Justicia española para obligar a esas bestias a cumplir cuando menos los treinta años de reclusión fijados como tope máximo en la Ley, el entonces presidente del Gobierno envió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a su fiel escudero, Luis López Guerra, con instrucciones claras: convencer a sus compañeros togados de que revocaran la mencionada "doctrina". Y como es habitual en estos casos, los restantes jueces de la corte se atuvieron al criterio fijado por el nacional del país implicado en la causa. Llegó después al poder el PP e intentó (o fingió intentar) dar la vuelta al veredicto, aunque fracasó en el empeño. Estrasburgo dictaminó que la etarra Inés del Río, firmante del recurso en cuestión, debía ser puesta en la calle. Ella, y nadie más, de acuerdo con el mandato judicial, similar a otros muchos incumplidos de manera recurrente por varios países de nuestro entorno de intachable trayectoria democrática. Nosotros estábamos obligados, se nos dijo, a ser más papistas que el mismo Papa. Pero tan "apenados" se sentían el Ejecutivo de Rajoy y la Justicia española con su derrota, tan abrumados unos y otra por la obligación de soltar antes de tiempo a una delincuente de su calaña, que en lugar de soltar a una soltaron a noventa y siete. Y lo hicieron, además, en menos de veinticuatro horas, sin tomarse siquiera la molestia de traducir la sentencia, redactada en francés. Soltaron a criminales de diversa ralea en comandita, mezclando asesinos terroristas con asesinos violadores, a fin de disimular el pacto de la infamia que motivaba la salida en masa de semejante gentuza. Por cierto, el entonces presidente de la Sala de la Audiencia Nacional tan diligente en ejecutar tamaña ignominia es, a fecha de hoy, miembro destacado del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PP. Casualidades de la vida...

Pedro Luis Gallego no debería haber salido de la cárcel hasta agotar la última hora del último día de plazo legal. Y como él, Inés del Río, Henri Parot, Uribecheverría Bolinaga (agraciado con dos años de libertad inmerecida en virtud del mismo "proceso") y el resto de alimañas acogidas a la generosidad de un sistema siempre más preocupado del bienestar de los verdugos que de la reparación a las víctimas. El "violador del ascensor" no debería volver a ver la luz del sol, si en España rigiese algo parecido a la Justicia. Pero la verá. Aquí todo es siempre política, con minúscula.

Menos sobre presos y más sobre víctimas
Cayetano González Libertad Digital 20 Junio 2017

Hace tiempo que resulta irritante la excesiva atención, preocupación que muestran algunos partidos políticos, medios de comunicación, periodistas con los presos de ETA, que es inversamente proporcional a la que dedican a las víctimas de la banda terrorista.

No todo empezó, como sostienen algunos, el día en que ETA anunció su alto el fuego definitivo. Ni cuando el pasado mes de abril montó el numerito del desarme. Algunos llevan siendo muy comprensivos y condescendientes con los presos de ETA desde mucho antes, también cuando la banda terrorista mataba. Y no sólo estoy pensando en su mundo, eso que algunos han llamado izquierda abertzale.

La pasada semana se celebró en Madrid una mesa redonda que llevaba por título¿Es el momento de acercar al País Vasco a los presos de ETA? Lo malo no es que se hable de este tema, planteado como si de un derecho de los presos se tratara. Lo malo es que representantes del PP y de Ciudadanos –Iñaki Oyarzabal y Miguel Gutiérrez, para precisos– accedieran a sentarse a debatir sobre esta cuestión con un representante de Bildu, una de las marcas que ETA ha utilizado para estar en las instituciones. ¿Qué pintan esos representantes del PP y de Ciudadanos en un acto de ese tipo? ¿Qué hay que debatir con quien todavía no ha condenado el enorme daño causado por ETA a lo largo de su macabra historia?

¿Se imagina alguien que en un país serio se celebrara un debate, pongo por caso, sobre el maltrato a las mujeres por parte de sus parejas y uno de los intervinientes fuera alguien que perteneciera a un partido o asociación que de alguna manera justificara o quitara importancia a ese maltrato? ¿Verdad que habría un acuerdo general en que lo que habría que hacer, como mínimo, es no ir a ese tipo de debates?

El acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas es un mantra que viene ya de muy antiguo. No hay ninguna ley, ninguna disposición legal que diga que los presos de una banda terrorista tengan que cumplir sus condenas cerca de su lugar de origen. Ninguna. Pero es igual, el mundo de ETA y casi siempre el PNV han hecho de esta cuestión una especie de bandera para demostrar que ellos sí que se preocupan de esos presos; que si lo son, conviene recordar, es por haber asesinado a personas o haber ayudado a hacerlo.

Dentro de unos días se va a cumplir el vigésimo aniversario de la liberación por la Guardia Civil del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara –sucedió el 1 de julio de 1997– y del asesinato, once días después, del joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua Miguel Ángel Blanco. Los que se preocupan tanto de los presos de ETA y defienden con tanto ardor su acercamiento a cárceles del País Vasco podrían detenerse aunque sólo fuera un minuto a pensar: ¿quién le devuelve a Ortega Lara los 532 días de falta de libertad que ETA le arrebató?, ¿quién devuelve su hijo a los padres de Miguel Ángel Blanco?; y al resto de víctimas de ETA, ¿quién les resarce? Hace ya tiempo Mikel Buesa sentenció:

Las víctimas renunciamos a la venganza porque confiamos en la justicia. Y si esta nos falla, ¿que nos queda?

Produce una enorme vergüenza tener que decir que las instituciones, los políticos, los medios de comunicación, por razones éticas, morales, de puro sentido común, tienen que prestar mucha más atención y desvelos a las víctimas que a sus verdugos. Porque, al paso que vamos, al final va a parecer que los presos de ETA son unos pobres pringados, eso sí equivocados, a los que no se les puede castigar con lo que algunos consideran una especie de pena añadida de cumplir su condena lejos de su domicilio.

Asesinar sí podían hacerlo en Andalucía, Extremadura, Castilla o el Levante. Pero las penas tienen que cumplirlas en cárceles del País Vasco. Todo muy lógico.

crímenes terroristas sin autor conocido
El Parlamento Europeo investigará los 379 asesinatos de ETA que aún están sin resolver
Tras una petición de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, la Eurocámara no descarta visitar España para pedir explicaciones y averiguar por qué sigue habiendo impunidad
Roberto R. Ballesteros El Confidencial 20 Junio 2017

El Parlamento Europeo investigará los 379 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que aún no tienen autor conocido ni condenado. La institución admitió a trámite el pasado 30 de mayo una iniciativa propuesta por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia para hacer todo lo posible por solventar esta situación, con lo que en las próximas semanas comenzarán a llevarse a cabo medidas de todo tipo que tratarán de pedir explicaciones e impulsar la resolución de todos estos asuntos con el fin de hacer todo lo posible para que no queden impunes.

La Cámara comunitaria recuerda que el hecho de que existan 379 crímenes aún sin autor conocido significa que casi la mitad de los asesinatos perpetrados por la organización en toda su historia (un 44%) se encuentran ahora mismo en el limbo jurídico, archivados o incluso perdidos por los tribunales, como han denunciado en varias ocasiones tanto el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que dirige esta iniciativa, como otros colectivos.

Según explica el propio Parlamento Europeo en su web, la asociación ha puesto de manifiesto "el incumplimiento por parte de España de su deber de llevar a cabo una investigación oficial, efectiva e independiente", dado que hasta el momento no ha podido "enjuiciar a los responsables ni indemnizar a las familias de las víctimas" de los 379 asesinatos cometidos por la banda. Entre las peticiones de Dignidad y Justicia que la Eurocámara estudiará, está la de emprender una investigación sobre por qué no se han resuelto estos expedientes, qué ha pasado con ellos, si pudiera haber alguien que los haya destruido intencionadamente y si podrían volver a reactivarse.

La institución comunitaria no descarta, de hecho, una "visita a España" con el fin de valorar sobre el terreno lo que ha pasado, entrevistarse con jueces, fiscales y políticos y tratar de averiguar las razones últimas de que se haya producido esta situación y ver si se pueden impulsar algunos asuntos. "El peticionario propone al Parlamento solicitar al Gobierno español una explicación satisfactoria sobre tantos asesinatos no resueltos perpetrados por ETA y formular recomendaciones para evitar nuevas impunidades y buscar justicia", apunta la asamblea, que tiene sobre la mesa cada uno de los crímenes.

En el escrito presentado por Dignidad y Justicia ante la Eurocámara, además del traslado de la iniciativa y la valoración de la situación, la asociación incluyó una ficha explicativa sobre cada asesinato que se encuentra sin esclarecer. En total, 379 documentos que explican los datos conocidos hasta el momento sobre los correspondientes crímenes y que se agrupan en cuatro tomos que ahora los parlamentarios comunitarios tendrán que analizar con el fin de determinar qué pueden hacer al respecto.

La decisión de la Eurocámara de comenzar una investigación para impulsar la resolución de estos crímenes también refuerza la tesis emprendida por la propia Dignidad y Justicia en los tribunales, donde la asociación ha puesto en marcha dos vías jurídicas que tienen el objetivo de evitar la impunidad. En ambas, trata de aplicar la doctrina alemana Organizations Herrschast o de la autoría mediata por dominio de la organización, desarrollada a raíz de los juicios de Nuremberg, por la cual los jefes de una banda tienen la responsabilidad de los crímenes que ellos mismos ordenan en la medida en que ostentan el mando. Según esta teoría, existen dos ejecutores, el fungible o finalista, que es el que aprieta el gatillo, y el jefe, que es quien tiene el auténtico dominio del hecho, ya que el primero puede ser sustituido por otro y el crimen se seguiría cometiendo, pero el segundo es insustituible.

Dignidad y Justicia comenzó a desarrollar esta vía jurídica en agosto de 2013. Casi dos años después, comenzó a dar sus primeros resultados y la Audiencia Nacional procesó a los cinco jefes que ha tenido la organización terrorista desde 2004. El juez Juan Pablo González vio delito —en este caso, de lesa humanidad— en la actuación de José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera', Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata', Aitxol Iriondo Yarza y Aitor Elizarán Aguilar. El magistrado consideró a todos ellos como máximos responsables de los asesinatos en masa cometidos por la banda terrorista desde octubre de 2004, que fue el año desde el que la Audiencia Nacional consideró que podían juzgarse por el mencionado delito, que se incorporó al ordenamiento jurídico español en ese ejercicio.

Para encausar a los jefes de la banda anteriores a 2004, Dignidad y Justicia acudió a los tribunales argentinos por la vía de la jurisdicción universal. El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6 de Buenos Aires, Rodolfo Canicoba Corral, tras recibir el respaldo de la Sala de Apelaciones de la Corte Federal, abrió causa contra ETA con base en la mencionada doctrina de la culpabilidad de los jefes y por el delito de lesa humanidad. La investigación abierta por Argentina, aunque no sentó bien en la Audiencia Nacional, que se negó a remitir documentación sobre los casos estudiados, sigue actualmente su curso e indaga en los asesinatos de la banda previos a 2004 que se encuentran sin resolver.

En paralelo a estas vías, la Fiscalía de la Audiencia Nacional puso en marcha un plan para reabrir causas hace seis años, después de que la Fundación Víctimas del Terrorismo remitiera al ministerio público un listado de asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA que aún no habían sido enjuiciados. Sin embargo, apenas unos pocos lograron ser reactivados, con lo que medio centenar de crímenes se encuentran actualmente en riesgo de prescribir. Muchos de ellos podrían ser resueltos, explican desde Dignidad y Justicia, gracias a la información que podrían aportar muchos terroristas que se encuentran actualmente en prisión.

También podrían aportar datos relevantes para esclarecer las causas los etarras que están abandonando las cárceles y están recibiendo beneficios penitenciarios gracias a su buen comportamiento. Algunos piden perdón, otros no, pero prácticamente ninguno de los condenados por pertenencia a la banda terrorista o por estar implicados en los asesinatos están colaborando con la Justicia para ayudar en la resolución de los procedimientos que se encuentran aún abiertos y sin autor conocido. Sus testimonios podrían ser clave para aclarar muchas investigaciones, sobre todo los que aporten los exjefes de la organización armada.

Denuncia de la Plataforma 'No al Decretazo'
Una editorial de libros de texto de lengua valenciana financia a grupos independentistas catalanes
OKDIARIO 20 Junio 2017

Los libros de texto de los alumnos de la Comunidad Valenciana servirán para ayudar económicamente a la asociación Escola Valenciana, activa defensora del proceso independentista en Cataluña.

Esa asociación está subvencionada por la Generalitat catalana y es uno de los brazos del independentismo en la región.

Como se aprecia en la imagen-captada y difundida por la Plataforma ‘No al decretazo’- la empresa editora de los libros de “lengua”-se entiende que valenciana- no oculta que colabora económicamente a la Federación de Asociaciones por la Lengua (FEV). La página web de esta federación remite directamente a la de Escola Valenciana.

La editorial justifica ese apoyo en “la promoción de nuestra lengua” y “para hacer posible una escuela valenciana de calidad”. Esa circunstancia ha provocado indignación entre las asociaciones de padres de la comunidad y en las plataformas en contra del ‘decretazo’ lingüístico de Puig y Oltra.

120.000 euros de la Generalitat
Escola Valenciana es una asociación muy vinculada al Gobierno valenciano y, de hecho, Vicent Marzá, ahora consejero de Educación, fue uno de sus activistas antes de asumir el cargo.

Pero, además, mantiene fuertes vínculos con el independentismo catalán. La asociación recibió este año 120.000 euros de la Generalitat en subvenciones, mecanismo que Puigdemont utiliza para extender sus consignas secesionistas más allá de Cataluña.

Escola Valenciana está teniendo además un fuerte protagonismo en la defensa de la ‘dictadura’ lingüística, el decreto que obliga a los alumnos a estudiar en valenciano a cambio de recibir más nivel de inglés y cuya aplicación, el próximo curso, ha sido suspendida de forma cautelar por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).

Pese a ello, la asociación no ha dudado en presionar a los equipos directivos de los centros para que hagan caso omiso a esa suspensión e implanten el decreto.

Como informó OKDIARIO, hace unas semanas ha remitido cartas a distintos centros de la Comunidad Valenciana en las que insta a desobedecer a la Justicia y a seguir adelante con el proceso de admisión de alumnos. Además, según denuncian varias asociaciones críticas con el ‘decretazo’, se les traslada que pondrán a su disposición el servicio de abogados si son sancionados por no respetar la ley.

La asociación ha sido de las más ‘vigilantes’ en el proceso de elaboración del decreto instando públicamente al Gobierno valenciano a implantar la inmersión lingüística total.

Desde el nombramiento de Marzá como conseller, el reconocimiento institucional de Escola Valenciana se ha reforzado exponencialmente. Además de recibir fondos de la Generalitat, lo hace también de entidades como el Ayuntamiento de Valencia, uno de sus principales impulsores.

El año pasado, la Fiscalía ordenó investigar las denominadas “trobades”, encuentros organizados por esta asociación, por si pudieran ser constitutivas de delito, tras la denuncia de Plataforma Valencianista (PLV) por la “manipulación, politización y adoctrinamiento pancatalanista” que se ejerce sobre los niños.

Defensa del referéndum
Escola Valenciana ha apoyado además a los cargos de la Generalitat imputados por el referéndum del 9N, el expresidente, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Elena Rigau.

En febrero impulsó, junto a otras organizaciones, el manifiesto “Por la Democracia”, en defensa del proceso “democrático y soberanista” de Cataluña y contra “la judicialización que pretende imponer el Estado Español”.

“Queremos remarcar que para nosotros el único techo aceptable por el llamado proceso soberanista que se vive en Cataluña no es otro que la voluntad popular expresada libremente. Toda actuación que vaya en contra de este ejercicio representa un ataque a la democracia y es, por lo tanto, inaceptable”, se podía leer en el texto.

LA AVT CARGA CONTRA EL LÍDER SEPARATISTA
La respuesta de las víctimas de ETA a Puigdemont: 'Cataluña es España'
Sandra Toro gaceta.es 20 Junio 2017

“Si no fuera porque quiere celebrar el referéndum separatista próximamente, Carles Puigdemont no habría participado en el homenaje a las víctimas del atentado de Hipercor” -acto en el que fue abucheado al grito de "¡Viva España! ¡Golpista!". La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha cargado contra el presidente de la Generalidad, que este lunes no tuvo reparos en equiparar el proceso separatista con la lucha contra ETA, y lo ha acusado de “utilizar públicamente a las víctimas del terrorismo”.

'Las víctimas de ETA han muerto por la unidad de nuestra patria, España'
El presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, ha lamentado las palabras de Puigdemont en las que llamó a “persistir” en el proceso secesionista catalán aludiendo a la “persistencia” que hubo en el combate contra la banda terrorista de ultraizquierda. “La comparación que ha realizado es una infamia que demuestra la bajeza moral de alguien miserable”, ha señalado en declaraciones a La Gaceta, al tiempo que ha calificado de “ruin” utilizar “la sangre de las víctimas de ETA para obtener rédito político”.

Desde la asociación han advertido al líder separatista que “estamos aquí para defender la memoria de los asesinados por los etarras”. Unas víctimas que -añaden- “han muerto luchando por la democracia y por la unidad de nuestra patria que es España”. “Cataluña es España y tú cobras de todos los españoles, no de los separatistas que te votan”, le han recordado a Puigdemont.

'ETA no es sólo el pistolero que pega el tiro'
Sánchez también ha dejado en evidencia la “estrategia del lenguaje de la izquierda abertzale” tras conocer que el PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE han suscrito una proposición no de ley en la que piden que el Parlamento vasco reclame la excarcelación de la etarra Sara Majarenas.

Los firmantes apelan -sin ningún tipo de tapujos- a las “especiales circunstancias humanitarias” del caso para solicitar que la terrorista y su hija Izar, que fue apuñalada por su padre, “puedan superar los terribles hechos de los que han sido víctimas en un entorno de estabilidad”. Majarenas disfrutaría de esta forma de la alegría de ver crecer a su hija, algo que no permitió a sus víctimas -así lo denunció el guardia civil retirado Antonio Mancera en una carta abierta-.

“Las víctimas no somos gilipollas”, ha espetado un Sánchez indignado ante la petición de excarcelación. “Tenemos una calidad de políticos muy deficiente”, ha añadido. Al presidente de la AVT no le “extraña nada" lo que diga "esta gentuza” y admite que “lo que peor llevamos es la connivencia de algunos partidos que se hacen llamar democráticos con ETA”. En referencia a EH Bildu asegura que “ha ido cambiando de collares, pero el perro es el mismo” y ha advertido que “ETA no es sólo el pistolero que pega el tiro, hay todo un entramado detrás”.

Para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), la petición de libertad de Majarenas “es una barbaridad. “Los hechos dramáticos que han afectado a su hija no anulan que ella cometió uno de los delitos más graves del Código Penal, que es el delito de terrorismo”, han señalado a La Gaceta desde la organización presidida por Consuelo Ordóñez. “La actitud del Parlamento vasco es una prueba más de la podredumbre moral de la mayoría de la clase política vasca, que de nuevo prefiere ponerse del lado de los terroristas”, han reiterado.


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