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Una legislatura fallida
Mikel Buesa Libertad Digital 24 Junio 2017
Si las cosas empezaron mal, con una investidura al segundo intento,
fruto en buena medida del desencadenamiento de una crisis brutal en
el partido socialista, la resolución de esta última ha vuelto a
plantear la enorme dificultad con la que el PP abordó la
responsabilidad de volver a gobernar España. Digámoslo con claridad:
el país se enfrenta a severos problemas que un Gobierno minoritario,
al cual las dos principales fuerzas de oposición, en su pugna por la
hegemonía de la izquierda, someten a una sistemática acción de
bloqueo, difícilmente va a poder resolver. Es cierto que, como ha
demostrado la negociación presupuestaria, es posible arbitrar una
mayoría mínima con la que sacar algunos proyectos adelante. Pero
semejante éxito es difícilmente repetible cuando lo que se necesitan
son auténticos pactos de Estado con los que apuntalar el sistema
institucional y asegurar el consenso político para, al menos, el
próximo cuarto de siglo.
Cinco son, a mi entender, los retos que están planteados y que, si
no ahora, pronto deberán encontrar una vía de solución a largo
plazo. El primero, por más urgente, es el planteado por el desafío
independentista catalán, ya con fecha, y para el que nada concreto
se ha propuesto públicamente, pues por lo que parece en lo único en
lo que parecen estar de acuerdo los populares, los socialistas –y no
todos– y los naranjas de Ciudadanos es en que el referéndum que
propugna Puigdemont no debe celebrarse. Pero nada sabemos de una
solución de fondo que, más allá de impedir momentáneamente el hecho
secesionista, reconduzca la gobernación territorial de España
solventando todos los problemas que, en este ámbito, esperan ser
resueltos: la delimitación competencial de las Administraciones –y,
por tanto, el reparto del poder entre el Estado y las comunidades
autónomas–, el aseguramiento de la unidad del mercado interno, la
financiación autonómica en sus dos niveles –común y foral– y, lo que
seguramente es más difícil, los aspectos simbólicos de las
identidades regionales.
Está también en un alto nivel de prioridad el abordaje de los
problemas demográficos de España y, en relación con ellos, el
afianzamiento del Estado del Bienestar. La demografía es un asunto
molesto que, más allá de su ineludible determinación, se contempla
muchas veces desde perspectivas ideológicas y religiosas que
estorban. El dilema básico al que nos enfrentamos los españoles es
el del decaimiento de nuestra población como fruto de una bajísima
natalidad que, enfrentada a una esperanza de vida creciente,
desemboca en un galopante envejecimiento. Éste a su vez es un reto
para los pilares materiales del bienestar –pensiones, sanidad,
servicios sociales–, pues no sólo se incrementa fuertemente su
demanda, sino que se erosiona su viabilidad financiera. Por ello hay
que discutir y consensuar soluciones que, más allá de lo ideológico
y religioso, aseguren un aumento de la natalidad a largo plazo –lo
que obliga a facilitar la función reproductiva de las mujeres
asegurando el sostenimiento y la atención de sus hijos, y también
sus carreras profesionales aun cuando se vean temporalmente
interrumpidas–, que establezcan asimismo, de manera realista, los
períodos exigibles de trabajo y la edad de jubilación para hacer
viable el sistema de pensiones, que extiendan los servicios de
atención social a las personas mayores y que aborden enérgicamente
la cuestión de la pobreza.
Naturalmente, lo anterior no podrá intentar resolverse si, de manera
simultánea, no se impulsa la creación de rentas, no sólo a partir de
una extensión del empleo, sino de la productividad. Llevamos más de
un cuarto de siglo en el que, por encima de avatares coyunturales y
de crisis severas, la economía española ha ido creciendo por
"transpiración" –según la afortunada expresión acuñada por Paul
Krugman–; es decir, utilizando cada vez más recursos de capital y
trabajo, pero sin apenas obtener un rendimiento incrementado de
éstos. La productividad es la asignatura pendiente de nuestro modelo
económico; y ello enlaza con aspectos como la cualificación del
capital humano, la creación y difusión de la tecnología, la
especialización productiva, el tamaño de las empresas, el
funcionamiento de las instituciones que aseguran la competencia, la
eficacia de las burocracias gubernativas y los valores sociales
aceptados que, más allá de la alegría de vivir que nos caracteriza a
los españoles, debieran incluir elementos de responsabilidad y
disciplina laboral. Aspectos todos ellos que necesitan de un impulso
reformista al menos tan intenso y audaz como el que llevó en la
anterior legislatura a cambiar el sistema financiero, el mercado de
trabajo y la estabilidad presupuestaria, más allá de los intereses
retrógrados –no de los derechos legítimos– de grupos de presión,
entidades patronales y sindicatos incapaces de adaptarse a las
exigencias de una economía abierta y competitiva.
Y quedan dos ámbitos específicos que enlazan también con lo
económico, aunque tienen su autonomía. Uno es el de la educación,
tema éste en el que el centro de la discusión hay que desplazarlo
desde las cuestiones referidas a la especificidad, religiosa o no,
privada o pública, de los centros educativos –que preocupa
principalmente a la derecha–, o desde la falsa identificación de los
resultados educativos con la igualdad –que es privativa de la
izquierda–, hacia la manera como se superan los problemas del
fracaso escolar en todos sus niveles –pues no se trata sólo del
abandono escolar en la etapa educativa secundaria, sino también del
monumental derroche de recursos que supone el fracaso en los
estudios universitarios– y, sobre todo, de la mediocridad
generalizada en cuanto a las competencias y conocimientos adquiridos
por los escolares, tanto adolescentes como adultos, tal como
reiteradamente ponen de manifiesto los informes de la OCDE. Y el
otro es el del sistema judicial, no sólo porque el gobierno de los
jueces deja mucho que desear en cuanto a la injerencia política
sobre su nombramiento, sino sobre todo por su notoria ineficacia
para encontrar la solución jurídica a los conflictos, debido a su
irritante parsimonia que alarga los procesos hasta hacerlos
inasequibles a la justicia. En ambos se requieren pactos de amplia
mayoría, recursos y voluntad de superar antagonismos seculares.
Todo esto –y seguramente más– tendría que estar ocupando a nuestro
sistema político. Pero me temo que llegaremos a las siguientes
elecciones con la misma agenda, pues la izquierda, con Sánchez e
Iglesias mano a mano, ya ha dejado clara su voluntad de bloqueo,
cuando no de asalto espurio al poder gubernativo, mientras Rivera se
debate en un ser o no ser de irresoluble decisión. En estas
circunstancias, lo único que cabe tratar de adivinar es cuándo
encontrará el presidente Rajoy el momento propicio para convocar,
con alguna ventaja, las siguientes elecciones. Entre tanto, lo que
nos espera es la mediocridad de una legislatura fallida que,
paradójicamente, debido a la inanidad de la izquierda, podría
alargarse de manera desesperante.
Del ridículo a la vileza
Ignacio Camacho ABC 24 Junio 2017
Para comparar la terquedad sediciosa del independentismo con la
nobleza de la resistencia civil contra ETA se necesita una dosis muy
fuerte de cinismo, un equipamiento mental muy débil o una
insensibilidad moral rayana con la felonía y la indecencia. O acaso,
simplemente, muy poca vergüenza. Hasta ahora Carles Puigdemont
parecía deber su alto cargo a sus cortas luces; un caso clásico de
«síndrome del emperador Claudio», del tipo mediocre elevado al poder
en una conjura para que se comporte como una marioneta. Su discurso
ante las víctimas del atentado de Hipercor lo presenta, sin embargo,
como autor espontáneo de una de las más miserables proclamas que se
han oído a un responsable público en la muy degradada política
moderna. Esa analogía victimista es algo mucho peor que
desafortunada, ventajista o inoportuna: representa una desaprensiva
villanía, un despreciable gesto de vileza.
Los nacionalistas catalanes venían subiendo peldaños de ridículo en
cada parangón que utilizaban para su propaganda de referencia. Han
asimilado su causa con la de Gandhi, con la de Martin Luther King,
con la de William Wallace, e incluso Artur Mas llegó a identificarse
con un Moisés liberador que amparaba al pueblo cautivo bajo su
autoridad benéfica. Su delirio mitológico no se detiene por pudor
ante ninguna leyenda. Después del socorro internacional reclamado
por Guardiola para escapar de la garra del «Estado autoritario»,
sólo les falta compararse con los judíos alemanes o con cualquier
pueblo sometido a limpieza étnica. Pero todo eso no pasa de ser un
montón de chaladuras disparatadas y extravagancias caricaturescas.
Lo de equiparar su desafío ilegal a la democracia con la fortaleza
de una sociedad enfrentada al terrorismo constituye, en cambio, una
ofensa indigna contra el sufrimiento de las víctimas y contra el
honor de la nación entera.
Porque por torpe que sea Puigdemont, por concisas que sean sus
entendederas, es lo bastante adulto para apreciar la diferencia
entre la hipérbole y la falta de respeto, entre la mentira y la
afrenta. Porque dispone de medios para conocer que los muertos por
atentado en Cataluña han sido más de ochenta. Porque tiene memoria
para recordar que su colega Carod Rovira fue hace unos años a pactar
una inicua tregua exclusivamente territorial con Josu Ternera.
Porque su propio Gobierno ha recibido con distinción a Arnaldo
Otegui, cómplice y defensor de los asesinos, como a un compadre
asociado en la misma empresa. Porque sabe que el mismo Estado al que
él desafía es el que resistió sin más medios que los legales el
embate criminal de la ETA. Y sobre todo porque ni el más majadero de
los políticos españoles, ni el más tarado por el sectarismo o la
simpleza, puede ignorar que el terrorismo vasco mató a más de 850
ciudadanos inocentes precisamente para tratar de alcanzar la meta a
la que él aspira: la maldita independencia.
Sánchez Trump
Carlos Herrera ABC 24 Junio 2017
Finalmente, la cosa se queda en abstención. Al adanismo de Sánchez
le ha sobrevenido el chorreo corrector de la UE en la persona de
Moscovici y finalmente el bravo secretario general ha reconsiderado
su apretón intelectual del miércoles. Hace ná y menos, un portavoz
del PSOE instaba a que se considerase el Acuerdo con Canadá (CETA)
como una forma de oposición indudable a que existiese carta blanca
para el populismo europeo, fuera de derechas o de izquierdas. Canadá
es, por lo que se ve, un país progresista en el que se puede confiar
y con el que se puede llegar a acuerdos progresistas sobre el
bienestar de los trabajadores y su participación en el derrame de
beneficios de las empresas. Cuando menos lo era hasta el martes.
Ignoro el debate intenso que hubo en esas horas críticas de la
semana, pero quiero imaginar que en la sala de máquinas ideológica
del PSOE se discutió hasta bien entrada la madrugada la conveniencia
del apoyo a un acuerdo que podía «concentrar más poder en grandes
corporaciones a costa de derechos» (supongo que laborales y
sociales). Menudo debate tuvo que ser ese. Ya estoy viendo a los
defensores encendidos de la lucha contra el populismo proteccionista
que recorre Europa y América frente a los partidarios de sumarse al
criterio sanamente izquierdista de aquellos que creen conveniente
seguir los dictados de Podemos. Venga argumentos a favor y venga
argumentos en contra, toma por aquí, toma por allá, que mira este
balance, que mira este estadillo, que esto no conviene, que esto es
lo mejor... Total: en pocas horas y tras sesudas consideraciones en
las que primaba el interés elemental de los españoles, el sanchismo
decidió reconvertir su parecer y abjurar del acuerdo con Canadá. Vía
Twitter, como Donald Trump.
Esa veleta llamada Pedro Sánchez volvió a rendir un sincero homenaje
a dos de sus características elementales: la levedad y la
inconsistencia. En virtud del seguidismo de Podemos, que le tiene
totalmente comida la voluntad, el socialismo de cuño actual le hizo
un pequeño guiño a la antiglobalización alineándose con los más
radicales y populistas de la Unión Europea, extremistas de derecha e
izquierda que se oponen a cualquier tipo de liberalización de
mercados. Es verdad que la historia enseña situaciones
contradictorias acerca del progreso de los países en función de su
comercio exterior: lo que fue bueno en el siglo XIX para Europa no
lo fue en el XX para América del Norte, y hoy en día, en sociedades
abiertas e intercomunicadas hasta el delirio, ignoramos a ciencia
cierta dónde colocar algunas limitaciones en el caso de que fueran
necesarias. Pero ello no obsta para que el debate imprescindible en
el seno de los partidos políticos dependa de algo más que de la
búsqueda de un puñado de votos prestados o robados.
Sánchez, ese fenómeno que a diario sorprende hasta al más aventurado
de los cronistas, obra mediante impulsos difícilmente explicables
desquiciando completamente a su partido, que hoy defiende en el
Congreso una cosa y mañana deberá defender lo contrario. Que a estas
alturas del partido, todo un PSOE actúe condicionado por las
invectivas y aseveraciones de los cavernícolas de Podemos, los
cuales le obligan a posicionarse como «izquierda» fetén, demuestra
que la izquierda antaño socialdemócrata ha perdido todas las
brújulas que le llevaron a ser partido de gobierno.
Puente hacia el suicidio.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 24 Junio 2017
El PSR de Pedro Sánchez ha empezado a destapar sus cartas en asuntos
de Estado y el primer renuncio ha sido modificando su voto sobre
algo tan importante para la UE como es el nuevo tratado de libre
comercio con Canadá. Tras haberse posicionado como la mayoría del
grupo socialista de la UE a favor del acuerdo, Pedro Sánchez anunció
sorpresivamente su negativa a apoyarlo en base a unas implicaciones
medio ambientales y sociales incongruentes y estrafalarias. Una
actitud que, tras la reunión forzada con el Comisario de la UE
responsable, el socialista Moscovici, se transformó en voto de
abstención, Tras ese anuncio, recibió por parte del comisario una
reprimenda en forma de aviso indicándole que “hay que conciliar ser
de izquierdas y ser creíble” y que no debería enfrentar izquierda
con globalización. Pero hoy, el nuevo portavoz oficioso, el Alcalde
de Valladolid Oscar Puente, se ha descolgado con una frase más que
inquietante para la estabilidad política de España y es que “el PSOE
cambiará su posición en aquellos asuntos que no sean acordes con el
nuevo proyecto político”.
Así que ya tenemos el camino trazado y lo que se puede esperar de
este PSR (Partido Socialista Reconstituido) de Pedro Sánchez y su
tropa. Enarbolarán su recién estrenado proyecto gestado en un
Congreso dominado por los partidarios de Pedro Sánchez y donde la
otra mitad, la opción perdedora oficialista fue anulada y
silenciada. Un proyecto que no fue fruto del consenso ni de pactos,
sino de la más abyecta imposición con una purga posterior en los
principales órganos del partido como el Comité Ejecutivo Federal. Un
proyecto que contiene asuntos como la “plurinacionalidad”, la
instauración de un sistema Federal asimétrico y la vuelta a las
andadas en las viejas recetas de un marxismo trasnochado como es la
recuperación de las ineficaces empresas públicas, nidos de corruptos
y clientelismo político, y las Cajas de Ahorros gestionadas por el
poder público y el aumento del gasto sin determinar los recortes
para equilibrar la balanza y cumplir con los requisitos de la UE.
Porque incluso eso, al igual que hace PODEMOS, lo cuestionan, no
tanto el qué sino el cómo hacerlo y el tiempo previsto para ello.
Es decir, el PSR se va a oponer de forma sistemática a todo aquello
que considere que atenta contra su proyecto, aunque el mismo no haya
sido refrendado en las urnas por los españoles, ni se haya debatido
sobre su legalidad. Porque lo que se evidencia es que este nuevo PSR
de Pedro Sánchez está actuando en clave política para sus propios
intereses de partido y no tiene reparo en poner en riesgo la propia
credibilidad de España. Una actitud no semejante, sino igual a la
adoptada desde el principio de su fundación por PODEMOS y sus
principales representantes como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero
o Íñigo Errejón. Y la verdad es que ya no se esconden de lo que
pretenden, y ha tenido que ser un alcalde, convertido en portavoz
del sanchismo triunfante, el que haya advertido de lo que nos espera
a España y los españoles con este PSR, al que podría llamársele
Partido de Sánchez Redivivo.
Y es que a este ególatra rencoroso y vengativo, lo que le importa es
su interés personal y para ello no dudará en poner el Congreso y las
Instituciones “patas arriba” a base de desplantes y directrices a su
grupo parlamentario amparadas en la aplicación del nuevo proyecto
aprobado en un Congreso a la búlgara emulando al que ya consideran
socio preferente, Pablo Iglesias y PODEMOS en su imposición sobre la
disidencia interna. Una actitud que algunos confunden con una
especie de “esquizofrenia”, pero que solo es una estrategia
perfectamente planificada para recuperar a su electorado huido a los
brazos de PODEMOS, presentándoles un nuevo partido más radical
escorado hacia la izquierda. Y es verdad que en política los huecos
dejados por unos son rápidamente ocupados por otros. Es el
equivalente en la física al “horror vacui” (miedo al vacío). Es por
eso que en su intento de aproximarse a PODEMOS por la izquierda y
abandonar el centro, puede tener efectos desastrosos. Por un lado,
porque entre el original y la burda y basta copia siempre se
prefiere al original. Y en segundo lugar que en España lo que
triunfa es la sensatez y la moderación, un conservadurismo racional
basado en la comparación de los logros de unos y el desastre de los
otros. España es un país próspero dentro de la UE de la que ha
sacado más beneficios que aspectos negativos. Y aquí sí que
aspiramos a seguir formando un proyecto común, que al parecer choca
frontalmente con lo que el PSR de Pedro Sánchez reivindica. Lo que
no puede caer, como le advirtió el socialista Moscovici, es en el
error de ser tan de izquierdas que deje de ser creíble.
En cualquier caso, esta deriva radical del nuevo Partido Socialista
es una muy mala noticia para España y para los españoles. La
credibilidad de España está en juego y no se puede permitir que las
ambiciones personales de un sujeto y las de su grupo que lidera su
partido, se impongan sobre el interés general de España. Pedro
Sánchez y su nuevo PSR no tienen credibilidad y ya no pueden sr
considerados como un partido constitucionalista fiable para asuntos
de Estado, porque su apoyo está condicionado a que se interprete
como acorde con su nuevo proyecto político y de país. Algo que solo
las urnas pueden corroborar para otorgarles la legitimidad de la que
ahora carecen, por mucho que haya sido aprobado en un Congreso
Federal.
La solución debe venir desde el mismo partido y no solo de aquellos
militantes que dieron su voto a Pedro Sánchez confiando en sus
promesas. Pero por este camino de enfrentamiento solo conseguirán
consolidar la división y la ruptura con un pasado que ya se
vislumbra mejor que el futuro que propone Pedro Sánchez y su equipo
de gobierno.
¡Que pasen un buen día!
Pedro, CETA y la deriva populista
Daniel Lacalle elespanol 24 Junio 2017
“Waiting for the light that might light our way, waiting for the
right place to fade”, Lindsey Buckingham
La aprobación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea
es un hecho, aunque hayan votado en contra la ultraderecha y la
ultraizquierda. Lo que es muy triste es que el PSOE, en su carrera
suicida hacia el Podemismo, haya decidido rechazarlo. Un partido que
ha gobernado España durante dos décadas, que ha cerrado acuerdos
bilaterales de enorme calado que han permitido que nuestro país se
desarrollara, se junta con el Frente Nacional y la ultraizquierda,
con los más totalitarios, para rechazar el acuerdo con… Canadá.
Ya saben ustedes, Canadá, ese país sin derechos ni estado de
bienestar ni salarios altos ni protección social… nada. Vamos, ese
país donde comen alimentos tóxicos según los populistas. ¡Canadá!
Uno de los países más avanzados del mundo, con unos requisitos más
estrictos en términos de sanidad y con un nivel de vida y de
derechos de los trabajadores que ya querrían para sí muchos millones
de europeos. Ah, pero es que los garantes de los “derechos” y los
verdaderos controles de calidad y medioambientales son los que
defienden el carbón subvencionado aquí y gobiernan desde hace
décadas en regiones campeonas mundiales de paro y precariedad.
Es, por lo tanto, normal que “teman” los requisitos comerciales y
derechos laborales. Total, el salario mediano en Canadá es casi un
50% superior al de la España que gobernaron durante más de 20 años.
Decir que el tratado no habla de derechos no solo no es cierto, es
que es una ridiculez cuando los países que lo firman… comparten la
totalidad de esos derechos.
Y es que el CETA es un acuerdo bilateral que tiene de todo menos
liberal, está completamente alineado con una vertebración de la
economía dirigista, más cercano a Francia que a cualquier otro país.
Pero sus ventajas, sin quitar sus errores, son incuestionables, y
merece la pena apoyarlo como lo que es, un marco de apertura muy
necesario para Europa.
La miopía de unirse a los extremistas se une a la pérdida de
participar en la mayor oportunidad de la Unión Europea de mostrar su
influencia.
Porque el acuerdo CETA es uno de los mayores éxitos de la Unión
Europea, un tratado de libre comercio donde se defienden claramente
unos valores y principios que están totalmente compartidos por
Canadá, y que servirá de ejemplo y guía para otros. En realidad, las
críticas al CETA están basadas en la crítica a cualquier tratado de
libre comercio. Es el odio al comercio, y esconde el proteccionismo
más rancio y destructor. El que no protege nada.
Es ese proteccionismo que glorifica el intervencionismo y que
antepone la burocracia al progreso. En realidad, es el ejemplo más
evidente de atacar un acuerdo de progreso. Los propios laboristas
británicos lo explican; El CETA no solo supondría un aumento de
exportaciones de más de 12.000 millones de euros, sino que, desde el
punto de vista de los derechos, protege los servicios públicos y no
elimina las leyes de los países en ningún caso, se protegen las
leyes laborales y se mantiene el derecho de los gobiernos de regular
de acuerdo al interés público, se garantiza que ningún inversor
extranjero tendrá mayores facilidades que uno nacional, y las
regulaciones en temas de salud, seguridad y regulación
medioambiental se mantienen, y no obliga a ningún estado a aceptar
regulaciones, la cooperación regulatoria es voluntaria.
Decir que los tribunales de arbitraje benefician a las
multinacionales y las sitúa por encima de los tribunales nacionales
es una broma de tal calibre que no debería ser discutida. Cualquiera
que conozca el sistema de arbitrajes internacionales –y yo he
participado en muchos- sabe que lo que hace es proteger los derechos
de todos en igualdad de condiciones sin atacar a las leyes de un
país.
Ninguna multinacional se beneficia de esas normas comunes. Las
multinacionales se pueden gastar millones de dólares sin pestañear
en abogados y consultores para navegar y adaptarse a las
legislaciones de cualquier país. Ninguna multinacional lidera un
tribunal de arbitraje. El ejemplo más claro es todas esas que han
perdido contra el Reino de España u otros estados soberanos en casos
recientes.
Son las pymes las que se benefician de normas comunes para poder
exportar, porque son las que no tienen acceso a enormes capitales
para pagar abogados y asesores.El propio PSOE escribía el 15 de
febrero de 2017 a las 15:35 de la tarde un tuit que decía “no
queremos el proteccionismo de Trump y LePen, queremos globalización
regulada y progresista” defendiendo el CETA. Curioso, porque han
pasado a unirse a Le Pen y Podemos, y poner en cuestión el acuerdo
más importante que pone los requisitos y principios de la Unión
Europea en valor con un socio que los comparte totalmente.
Y ustedes dirán que no importa, que al final, primero apoyando,
después rechazando y ahora absteniéndose, el acuerdo va a salir
adelante. Pero es un síntoma grave.
Es un síntoma de un partido que ha abrazado el proteccionismo más
rancio y que, a cambio de hacer un guiño a los 1,5 millones de
votantes que se fueron a Podemos, según Sigma Dos, desprecia a los
casi 11 millones que le llevaron al poder en su momento.
Es un síntoma de una enfermedad muy grave. Los mismos que se
autodenominan defensores de lo público son los que lo destruyen
haciéndolo insostenible, poniendo trabas al crecimiento, el empleo y
la inversión.
Europa necesita recuperar liderazgo mundial y el CETA es una
excelente opción que, sin ser perfecto –es un tratado claramente
socialdemócrata y con mucho intervencionismo-, podría servir de guía
para que la Unión Europea se convierta en una potencia mundial, no
en un experimento que se pone en cuestión constantemente.
Las empresas españolas, que han conseguido niveles de exportaciones
récord, no merecen que el tacticismo político ponga en peligro la
recuperación y el empleo bajo el engaño de defender unos “derechos”
que ellos ponen en peligro cuando destruyen millones de empleos.
Europa no va a sobrevivir si no es una potencia mundial de atracción
de capital, innovación, empleo y crecimiento. Dinamitar tratados
comerciales hunde la posición de Europa en el mundo. Estados Unidos
puede permitirse pegarse un tiro en el pie con medidas
proteccionistas porque es moneda de reserva global y potencia
económica, militar y tecnológica mundial, y hacerlo no deja de ser
un error y un enorme destrozo a sus ciudadanos. Pero la Unión
Europea no puede permitírselo. Por eso rechazan hasta acuerdos tan
“light” como el CETA los enemigos del progreso. Porque prefieren
controlar el 100% del erial que dejan sus políticas antes de perder
la opción de intervenirlo todo.
España plurinacional: ¿solo o con leche?
Manuel Trallero cronicaglobal 24 Junio 2017
El señor Pedro Sánchez ha tenido una ocurrencia y ha descubierto la
gaseosa. Ha dado con la solución, la piedra filosofal, para dar
cumplida cuenta a las aspiraciones independentistas con la vana
esperanza que estos le compren la moto. Hay que decir en su descargo
que no se encuentra solo en el empeño sino que le acompaña en tal
empresa, si cabe con mayor ahínco, Pablo Iglesias y sus secuaces. La
poción mágica es más vieja que el tebeo. El eminente pensador José
Luis Rodríguez Zapatero tuvo la ocurrencia de decir en el Senado que
la idea de que España fuera una nación "no sólo era discutible, sino
discutida", y la liamos parda. Pasqual Maragall quiso emular a su
abuelo poeta con aquello de "¡Escucha España!", proclamando lo del
federalismo asimétrico que parece una pregunta de examen de
selectividad. Tratar de federar España es como aquel niño que vio
San Agustín provisto de un cubo que sacaba agua del mar con la
pretensión de vaciarlo.
Dejó dicho don Antonio Cánovas del Castillo "que son españoles los
que no pueden ser otra cosa". Es una forma sucinta pero clara de
definir lo que es España. No hay que andarse con demasiadas
zarandajas ni darle muchas más vueltas. A Umberto Eco le pregunto un
taxista bengalí en Nueva York que de dónde era. Al decirle que de
Italia, el conductor no supo qué demonios era eso de Italia, así que
le preguntó: "¿Qué enemigos tiene Italia?". El muy civilizado
pensador le respondió que ninguno, pero cavilando después alcanzó la
conclusión de que el principal enemigo de Italia son los propios
italianos. Algo parecido nos sucede a los españoles, que nunca
tenemos bastante con ser simplemente lo que seamos y necesitamos un
epíteto, algún calificativo y así España, tal cual, monda y lironda,
se transformó primero en el Estado español, por la gracia de
Francisco Franco, apelativo que aún se usa en Cataluña, y después
los socialistas la convirtieron en una nación de naciones. Ya decía
Julio Camba que si le daban un millón de pesetas de la época de la
República era capaz de convertir a Getafe en una nación. A este paso
vamos a pasar del nacionalismo al parroquialismo.
Ahora, por lo visto, vamos a ser plurinacionales, algo que solo lo
ha sido la extinta URSS, un ejemplo para los niños. Una idea
aproximada de en qué consiste este nuevo parto de la burra nos la
propició con su habitual sapiencia una de las mentes más preclaras
que nunca haya conocido: Sergio Vila-Sanjuán. Para ayudar a la cosa
esa de la pluriculturalidad, por lo visto, no había nada mejor que
rotular las obras del Museo del Prado en catalán, vascuence y
gallego, amén del español y del inglés. Y así sucesivamente hasta
convertirnos en víctimas del amor que Pedro Sánchez siente por
Cataluña y del que Oriol Junqueras siente por España. Esto va ser un
despiporre, un vivir en un continuo orgasmo de mucho cuidado.
Hace poco vi una foto de doce personas, doce, seis a cada lado de la
mesa. No se trataba de negociar un acuerdo de paz en Siria ni los
términos del Brexit. Aquella reunión era motivada por las
interminables colas que se formaban en el aeropuerto de Barcelona
para pasar el control de pasaportes. Para ello fue preciso reunir
una Santa Cena sin Judas Iscariote entre la Generalitat y el Estado.
¿Porqué hacerlo fácil, pudiéndolo hacer difícil? Por lo visto,
"¡España y yo somos así, señora!".
Así traicionó Rajoy al Levante español
Los agricultores ven cada vez más cerca la ruina que se les avecina
por una cuestión de insolidaridad de las autonomías.
Pablo Molina Libertad Digital 24 Junio 2017
Trece años después de la derogación del Plan Hidrológico Nacional
por José Luis Rodríguez Zapatero, la situación del sector agrícola
del sureste español ha entrado en una fase agónica por falta de
agua. Zapatero, siendo ministra Cristina Narbona, suprimió el
instrumento jurídico y técnico que habría puesto fin al déficit
estructural de la cuenca del río Segura y garantizado los recursos
hídricos para mantener la agricultura de la zona, la más intensiva y
con mejores resultados de toda Europa.
Pero Zapatero necesitaba los votos de ERC (y del PSC) para llegar a
La Moncloa y, en consecuencia, su primera decisión ejecutiva como
presidente fue eliminar de un plumazo el trasvase del Ebro. A
cambio, los socialistas se sacaron de la manga las desalinizadoras.
A su construcción dedicaron 4.000 millones de los fondos europeos
destinados al Plan Hidrológico Nacional (PHN), y lo hicieron con
tanta solvencia -la habitual en los socialistas- que aún hoy carecen
de las acometidas eléctricas y conducciones necesarias para que
cumplan plenamente su función.
Los populares tratan ahora de asustar a los regantes con el "¡que
viene la Narbona"! (recientemente elegida presidenta del PSOE) para
mantener ese voto cautivo, pero lo cierto es que han tenido tiempo
suficiente para haber solucionado el destrozo perpetrado por la
nueva mandataria socialista y su jefe de entonces, el gran ZP. Lejos
de ello, ahora resulta que el PP no quiere tampoco trasvases y su
ministra de Agricultura, García Tejerina, trata de convencer a los
regantes levantinos de que tienen que cambiar "su modelo
productivo". Eso mismo propone González Pons desde Bruselas, que en
una reunión con los agricultores que ven morir sus plantaciones y
están ya al borde de la ruina tuvo el cuajo de exigirles que no
mencionaran más los trasvases porque ese argumento ya no cala en
Europa.
¿Vendrán Tejerina y González Pons al campo de Cartagena a explicar a
los miles de magrebíes que viven de la agricultura que tienen que
cambiar "su modelo laboral"? ¿Les animarán a entrar en la
Universidad para doctorarlos, por ejemplo, en Estudios de Género?
Los dos dirigentes populares podrían salir de gira por el agro
levantino acompañados de los líderes de Podemos, partidarios también
de cambiar el modelo productivo, que llevaría a la indigencia a los
trabajadores más necesitados de España en un ejemplo muy gráfico de
lo bien que estarían "los de abajo" con las políticas podemitas, que
ahora el PP también quiere aplicar.
Los franquistas Indalecio Prieto y José Borrell
Los argumentos para oponerse a llevar agua desde donde sobra hasta
donde escasea no pueden ser más romos. De hecho, una cuestión
meramente técnica se ha convertido en un arma arrojadiza entre las
distintas fuerzas políticas, que cambian diametralmente de criterio
según estén en el Gobierno o la oposición. Se llega a tachar de
franquistas los trasvases haciendo gala de una gran indigencia
intelectual, puesto que el primer Plan Hidrológico Nacional (que,
naturalmente, incluía un trasvase de agua desde el Ebro al Levante)
fue elaborado por Indalecio Prieto, ministro socialista durante la
II República.
A lo largo del franquismo se construyeron embalses para impulsar al
sector agrícola, pero el siguiente PHN no lo diseñó ningún ministro
de Franco sino uno socialista, Josep Borrell (irónicamente, pareja
de la dirigente del PSOE más furiosamente antitrasvasista, la citada
Cristina Narbona). Borrell volvió a incluir al Ebro en el eje
central del plan, al objeto de utilizar parte de sus 6.000
hectómetros cúbicos excedentarios. De hecho, el plan de Borrel
establecía el trasvase de 1.800 hm3 a otras cuencas, casi el doble
de lo que contemplaría el PHN elaborado por Aznar poco después.
Aquel Plan Hidrológico no llegó a aprobarse porque previamente era
necesario elaborar los planes de cuenca y un Plan Nacional de
Regadíos y, además, los socialistas no consiguieron el consenso
necesario en el Consejo Nacional del Agua. Era el año 1996 y el
felipismo ya tocaba a su fin, sin margen de tiempo suficiente para
cumplir todos los trámites y hacer pedagogía. Sin embargo, quedaron
suficientemente constatados el empeño de Borrell por articular un
plan que, definitivamente, solucionaba el desequilibrio hídrico de
la nación y la defensa del proyecto del presidente Felipe González,
que en un gesto de apoyo a su ministro llegó a decir públicamente
que "algunos se sientan en su botijo y no quieren dar de beber a los
que se mueren de sed".
Fue Isabel Tocino, ya en el primer Gobierno de Aznar, la que
consiguió elaborar todos los planes de cuenca y llevar a cabo los
trámites para la aprobación del nuevo Plan Hidrológico Nacional, un
documento que, finalmente, obtuvo el respaldo de una amplísima
mayoría de las comunidades autónomas y del resto de miembros del
Consejo Nacional del Agua. El proyecto incluía inversiones de
extraordinaria envergadura a lo largo de toda la cuenca del Ebro,
donde se sigue dando la paradoja de pueblos cercanos al río más
caudaloso de España con problemas de abastecimiento de agua potable.
Llegó a ponerse la primera piedra de este Trasvase del Ebro, a su
vez piedra angular del PHN, pero las elecciones del 14 de marzo de
2004, en las que el PP resultó derrotado contra todo pronóstico,
permitieron la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
con el resultado por todos conocido.
Pero el que personajes como González Pons y García Tejerina (con el
silencio estruendoso del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel,
hoy compañero del político valenciano en Estrasburgo) traten de
engañar a sus votantes carece de relevancia. Lo sustancial es el
papel del actual presidente del Gobierno en todo este asunto.
Durante sus cuatro años de mayoría absoluta parlamentaria no movió
ni un solo papel para solucionar uno de los mayores problemas
estructurales de España y eso, tarde o temprano, acabará pasando
factura.
Lo que Rajoy no quiere recordar
El 14 de julio de 2005 tuvo lugar en Murcia una de las
manifestaciones más numerosas que se recuerdan. Regantes de
Alicante, Almería y Murcia, acompañados de miles de ciudadanos, se
reunieron en la capital murciana para protestar por la derogación
del PHN y exigir soluciones al Gobierno de ZP ante la falta de agua.
En la cabeza de la manifestación, sosteniendo la pancarta, Mariano
Rajoy Brey; completaban la terna esa tarde los presidentes de Murcia
y de la Comunidad Valenciana.
Una semana antes, el entonces jefe de la oposición había afirmado en
Almería que su primera decisión al frente de un Gobierno del Partido
Popular sería (¡exacto!) recuperar el Plan Hidrológico Nacional. No
fue tan gráfico como el ministro de Agricultura de Aznar, Arias
Cañete, (en octubre de 2000, a preguntas de unos agricultores
jumillanos, afirmó que el trasvase del Ebro se haría "por cojones"),
pero el mensaje fue igual de nítido. Por cierto, García Tejerina era
secretaria de Estado del impulsivo ministro, pero, al parecer, fue
la única persona en toda España que no escuchó el exabrupto
entusiasta de su jefe: hace pocos días rechazó la posibilidad de
cualquier nuevo trasvase ante los agricultores murcianos que
acudieron a su despacho en busca de socorro, con el argumento de que
ni ella ni ningún dirigente de su partido habían prometido jamás
nada parecido. Increíble, pero cierto.
Pues bien, Rajoy llegó en 2011 a La Moncloa con una mayoría
histórica, lo que le garantizaba carta blanca para deshacer todas
las tropelías de su antecesor. No revertió ninguna. No solo eso. En
lo que se refiere al problema del agua, lo cierto es que lo agravó.
María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, acordó con José
María Barreda una reforma del Estatuto de Autonomía que ponía fecha
de caducidad (en 2015) al Trasvase Tajo-Segura. La secretaria
general del PP fue, por tanto, impulsora de una medida que habría
acabado con el futuro del sureste español, arruinado a decenas de
miles de pequeños agricultores y expulsado del mercado laboral a más
de cien mil trabajadores.
Era demasiado hasta para Rajoy. Para evitar una afrenta a la actual
ministra de Defensa, en el PP acordaron una solución intermedia a
través de un memorándum de gestión que elevó de 240 a 400 hm3 las
reservas intocables de la cabecera del Tajo, haciendo mucho más
difíciles los trasvases en los momentos de mayor necesidad.
Paralelamente, los populares aragoneses, con Rudi a la cabeza,
acordaron con los regionalistas elevar también la reserva mínima del
Ebro hasta un nivel que, de hecho, jamás ha sido alcanzado, lo que
impide también cualquier aportación de caudal en el futuro.
Esas han sido las dos grandes decisiones de Rajoy para gestionar del
agua en España, un conflicto en el fondo absurdo, que solo tiene
justificación como argumento arrojadizo entre las fuerzas políticas,
porque lo cierto es que hay soluciones técnicamente viables para
acabar con ese problema ancestral de una vez por todas.
Los expertos en ingeniería hidráulica llevan años proponiendo la
interconexión de cuencas (entre el Ebro, Duero, Tajo y Segura) como
la solución más barata y ecológica al desequilibrio hídrico español.
El agua es un recurso nacional cuyo reparto equitativo es
imprescindible si queremos ser un país estructurado. Además, sepan
los anti-trasvasistas que los regantes del sureste pagan el agua
trasvasada a un precio bastante caro y, además, con religiosa
puntualidad. De hecho están dispuestos a cubrir los costes de esta
conexión de cuencas, que no perjudica a nadie y supondría el
despegue definitivo de la región que exporta los productos
hortofrutícolas más apreciados en los mercados europeos. El 80% de
las exportaciones españolas de estos productos procede de aquí, lo
que convierte a la agricultura de la región en una de las fuentes de
empleo y de riqueza más importantes con que cuenta el Levante
español.
La traición de la clase política es tan grosera que hasta el
representante de los regantes del trasvase Tajo-Segura, poco
sospechoso de pertenecer a Podemos, ha tachado de "estafa
electoral", lo que socialistas y populares vienen perpetrando contra
los intereses de los productores murcianos, alicantinos y
almerienses desde que, hace ahora trece años, Zapatero se cargó el
Plan Hidrológico Nacional. El enfado es tan grande que ya se están
planteando paros de producción que llevarían al desabastecimiento de
hortalizas en los mercados del norte y centro de Europa. Así están
los ánimos cuando, inmersos ya en el verano, los agricultores
levantinos ven cada vez más cerca la ruina que se les avecina por
una mera cuestión de insolidaridad de la clase política autonómica,
y de un Gobierno incapaz de tomar decisiones en un asunto que le
compete en exclusiva para no perjudicar sus expectativas electorales
en determinados territorios.
Ni siquiera para abrir los pozos de sequía, que palían ligeramente
el desastre, han estado raudas las autoridades del Ministerio. Esta
misma semana firmaron finalmente la autorización, después de casi un
año de dilaciones injustificadas ante una situación de extrema
gravedad, que llevó a los agricultores a comienzos de abril a tomar
la capital murciana con cientos de tractores que colapsaron la
ciudad. En cuanto a las desaladoras, las hay que funcionan al
ralentí porque no tienen la potencia eléctrica necesaria contratada
y están mal conectadas con las redes de riego. Por otra parte el
agua desalada (o desmayá, como la denominan los agricultores de la
zona), exige fuertes subvenciones públicas, porque su precio de
mercado resulta prohibitivo para uso agrícola y, por su composición,
es imposible utilizarla de manera intensiva sin causar graves daños
a las plantaciones.
Esta es la gestión del Gobierno de Rajoy y estos sus resultados. A
él parece darle exactamente igual. ¡No le quita la siesta el Golpe
de Estado de Cataluña, le va a molestar que Angela Merkel no
encuentre brócoli en su supermercado habitual! Pero en Murcia, el
discurso del agua ha permitido al PP ganar elecciones durante 20
años. En 2019 son las autonómicas y al año siguiente las Generales,
en las que Murcia aporta 10 diputados al Congreso. Si Mariano cree
que su manejo magistral de los tiempos va a evitar un desastre
electoral sin precedentes para el PP, entonces es que padece el
mismo mal que el campo murciano: una falta de riego monumental.
A la comunidad internacional:
ALBERT BOADELLA El Mundo 24 Junio 2017
El Presidente Mitterrand afirmaba que el nacionalismo es la guerra.
Lo describía así porque Europa ha conocido en su propia carne las
trágicas consecuencias de instigar este impulso primario que alienta
la insolidaridad, la xenofobia y la destrucción de la diversidad. En
cierta medida la Unión Europea nace para tratar de atajar estos
brotes disgregadores que acaban conduciendo irreversiblemente al
enfrentamiento. No obstante, en los últimos tiempos, la extrema
derecha europea reaparece bajo la incitación ultranacionalista que
impulsa un blindaje territorial para filtrar cualquier intrusión
foránea a través de promover políticas insolidarias. En este
sentido, el nacionalismo catalán tiene connotaciones con esta
extrema derecha emergente. Es la región rica que no quiere el lastre
de territorios menos prósperos. En el núcleo de sus objetivos
hallamos el separatismo insolidario y disgregador tratando de romper
y poner fronteras a una España democrática organizada bajo un sólido
principio de libertades. Desde el año 1980 España viene desempeñando
una política de descentralización única en Europa. Nuestra
Constitución ha estructurado el Estado en forma de autonomías.
Cataluña tiene traspasadas la mayoría de competencias del Estado. Un
Estado que declara el catalán como lengua oficial de Cataluña y la
dota de parlamento propio con las atribuciones de enseñanza,
policía, sanidad, obras públicas, urbanismo, radio, televisión, etc.
El Gobierno nacionalista catalán ha venido aprovechando sus
atribuciones en materia educativa para adoctrinar a dos generaciones
en el odio a todo lo español. Bajo una grosera tergiversación de la
historia y la exaltación de la superioridad catalana frente a una
España tiránica, se ha inoculado desde la infancia el inevitable
virus de la xenofobia. Inevitable porque el nacionalismo crece
siempre creando un enemigo común. Su propagación se irradia mediante
la inducción de una paranoia general, en este caso, contra España.
También lo hace contra el disidente interior que rápidamente es
acusado de traición. Esta actitud del Gobierno catalán representa
una flagrante deslealtad constitucional ya que no solo ha consistido
en contaminar la enseñanza sino que sus medios de comunicación han
venido realizando una obstinada estrategia de descrédito del Estado.
El dinero público se ha manejado también para subvencionar los
medios de comunicación privados catalanes con la finalidad de
obtener su adhesión a la causa nacionalista. El éxito de esta
estrategia lo prueba que el 90% de los catalanes votaron
favorablemente la Constitución en el año 1978 y hoy su Gobierno
regional se ve capacitado para organizar un referéndum
anticonstitucional en Cataluña.
Como consecuencia de esta persistente política de enfrentamiento han
provocado además la división entre la propia sociedad catalana en la
que una parte de ésta desprecia y margina a los que se atreven a
manifestarse contrarios a la deriva separatista. La discordia entre
organizaciones, familias o simples amistades, se ha convertido en
algo común durante los últimos tiempos. El solo hecho de enfrentarme
como dramaturgo a la política nacionalista me ha supuesto
personalmente un conjunto de agresiones y al mismo tiempo mi muerte
civil de artista en Cataluña. Obviamente, no soy un caso aislado en
la segregación que ejercen estas formas de pensamiento único. Son
muchos los artistas e intelectuales que han optado por marcharse a
otros territorios del Estado. En el ámbito económico lo han hecho
también multitud de empresas, temerosas ante la inseguridad
jurídica.
De cara al extranjero, el nacionalismo catalán se ha publicitado
utilizando fraudulentamente el presupuesto público para presentarse
como víctima de una España intolerante que no le permite ejercer el
supuesto derecho a decidir unilateralmente su futuro. Se
autocalifican como nación catalana y justifican sus aspiraciones
separatistas en las diferencias culturales. Otras veces lo hacen
bajo argumentos económicos según su conveniencia. Actualmente el
resumen de su resentimiento contra el Estado lo expresan con una
frase acuñada para inflamar las masas: ¡España nos roba! En el
terreno doctrinario defienden su actitud propagando una versión
fantasiosa de la historia con agravios perdidos entre la nebulosa de
los siglos. Una versión que no resiste el más mínimo análisis
científico. La falsificación de la historia forma parte de la
genética del nacionalismo al igual que la anexión de antiguos
territorios lingüísticos o culturales. Hace tiempo que los
nacionalistas catalanes vienen colocando sus gérmenes y sus medios
en lo que llaman «Países catalanes», lugares en los que más o menos
se sigue hablando el catalán: Valencia, las Islas Baleares y el
Rosellón. Su intención es que este último se desprenda de Francia
para formar parte también de la gran nación catalana. En este tema,
no hay que ser muy perspicaz para imaginarse si Francia sería tan
permisiva y paciente como lo ha sido España hasta el momento.
Entre todo el conjunto de divagaciones que envuelve el dogma
nacionalista catalán lo que resulta más refractario a los principios
de fraternidad es su versión de las diferencias como causa de
separación. Ni la lengua ni el folklore ni las fiestas regionales o
cualquier otra peculiaridad social son razones suficientes para
destruir una unión realizada a lo largo de cinco siglos. Los rasgos
diferenciales que puedan existir actualmente entre un ciudadano de
Barcelona, Madrid o Bruselas son del todo irrelevantes para
establecer motivos que justifiquen una imposibilidad de convivencia.
Muy especialmente cuando se produce en una época caracterizada
precisamente por una voluntad de concordia entre culturas
sobrevenidas y a veces muy distantes que conviven en una misma
nación. Todo el montaje del Gobierno separatista catalán culmina
ahora organizando un referéndum ilegal para mostrarse ante el mundo
como paladines de la democracia ¿Quién se opone a las urnas? Estamos
ante un nuevo ardid bajo el subterfugio del derecho a decidir. Una
versión desfigurada del derecho a la autodeterminación surgido al
finalizar la Primera Guerra Mundial y organizada para la política
colonial. En Cataluña, esta pretensión con envoltorio de libertades
inalienables y demás demagogias populistas, encubre un golpe de
Estado contra la Constitución pues de llevarlo a término quedaría
anulada la soberanía nacional. Una soberanía que alberga el derecho
de todos los ciudadanos españoles a decidir aquellas cosas que
afectan a nuestro propio territorio.
Nuestra joven democracia española ha tenido que soportar en su
camino de progreso y libertad el lastre del nacionalismo vasco y
catalán. Un lastre teñido de mucha sangre y dolor y la presión
constante para sacrificar la igualdad de los españoles en aras de
supuestas diferencias étnicas. Aunque en el trasfondo planea siempre
la sombra del chantaje para la obtención de privilegios económicos.
Solo cabe esperar que esta nueva Europa surgida del impulso para
superar un sanguinario siglo XX se oponga al crecimiento de unos
embriones que tratan de repetir la trágica historia.
Albert Boadella es escritor, actor y dramaturgo.
La disputa más sonada
La 'pelea' entre Orbán y Macron marca la
'cumbre de la solidaridad' europea
Iba a ser la 'cumbre de la solidaridad', de cerrar filas frente a la
'espantada' británica. Decir que no les ha salido demasiado bien es
quedarse corto.
Carlos Esteban gaceta.es 24 Junio 2017
Los dioses de la Historia parecen tener un malicioso sentido del
humor, y han querido que el Premio Princesa de Asturias de la
Concordia otorgado a la Unión Europea haya coincidido
aproximadamente en el tiempo con una cumbre del Consejo Europeo en
la que ha reinado cualquier cosa menos la concordia, y con el inicio
de unas negociaciones sobre el 'Brexit' a cara de perro.
Iba a ser la 'cumbre de la solidaridad', de cerrar filas frente a la
'espantada' británica para demostrar al mundo y a los europeos que
el proyecto sigue adelante imperturbable y en medio de una fraternal
armonía. Decir que no les ha salido demasiado bien es quedarse
corto.
La disputa más sonada la han protagonizado Hungría y Francia o, para
ser más precisos, Viktor Orbán y Emmanuel Macron.
El primer cañonazo, previo a la propia cumbre, partió del antiguo
banquero y ministro de Economía socialista, hoy presidente de
Francia y de ideología confusa y difusa, quien declaró que "los
países europeos que no respeten las normas deben pagar las
consecuencias políticas plenas", mirando indisimuladamente a los
rebeldes de Visegrado -Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia-, que
se niegan a pagar la 'broma' de Angela Merkel dando entrada en su
país a la 'cuota' decidida por Bruselas de los inmigrantes
procedentes de Oriente Medio y el Norte de África irresponsablemente
invitados en su día por la canciller.
El primero en responderle fue el ministro polaco de Exteriores,
Witold Waszczykowski: "Espero que el presidente Macron (...)
explique sus palabras a polacos, húngaros y a los nacionales de
otros países de Europa Central”.
Pero Orbán ya es veterano en estas lides, lleva años recibiendo
palos de sus socios y no está para comentarios excesivamente
diplomáticos. Empezó, para abrir boca, achacando la salida de tono
del francés a su bisoñez en el panorama comunitario. "Ya se irá
haciendo a cómo funcionan aquí las cosas", ironizó, añadiendo que la
cumbre "no ha tenido un comienzo demasiado prometedor".
Puede decirse que ha estado suave, teniendo en cuenta la ofensiva
verbal de Macron previa a la cumbre. Acusó a los de Visegrado de
"volver la espalda a Europa" al negarse a acoger los 'refugiados'
que 'les toca', añadiendo que han demostrado "una visión cínica de
la unión que solo serviría para proporcionarles crédito sin
necesidad de respetar sus valores". Valores que parecen ser,
esencialmente, anegar el Continente con una población cuyos valores
están a años luz de los europeos. Todo muy diplomático.
"Europa no es un supermercado", añadió el francés, aunque uno es lo
bastante viejo para recordar cuando el proyecto pretendía ser
exactamente eso. "Europa es un destino común. Se debilita cuando
permite que se rechacen sus principios".
Pero el húngaro no se deja intimidar, y no se ha cortado a la hora
de afirmar que "nunca" habrá consenso sobre inmigración en el seno
de la UE. Remachó la idea y la amplió asegurando que, pese a las
proclamas, los países de Europa Occidental están intentando
"deshacerse de los inmigrantes que dejaron entrar sin ninguna
justificación" por el sencillo procedimiento de enviarlos a Europa
del Este.
“Hungría está situada en la frontera exterior de Europa", había
recordado en Radio Kossuth en abril. "Así que si se ponen en peligro
las fronteras de Hungría, se ponen en peligro las fronteras de
Europa. Hungría está defendiendo las fronteras de Europa al defender
las propias".
Además, "si no estuviéramos defendiendo las fronteras de Europa,
austriacos y alemanes tendrían un serio problema", porque los
inmigrantes no tienen Hungría o cualquier otro de los países del
antiguo Bloque Oriental como su destino de elección, sino las
grandes y generosas economías occidentales.
Por lo demás, la base 'moral' y jurídica de la posición europea
sería que se trata de refugiados políticos, protegidos por la
legislación internacional. Solo que los propios eurócratas reconocen
ya que no es ese el caso.
La abrumadora mayoría de los recién llegados de África a Italia, que
son hoy el grueso, no son legítimos refugiados o solicitantes de
asilo, sino inmigrantes ilegales, ha reconocido, entre otros, el
propio presidente del Consejo, Donald Tusk.
Tusk envió la semana pasada a varios jefes de Estado del club
europeo para informarles de que, solo en el último año, la
inmigración ilegal en Italia ha aumentado un 26% respecto al año
anterior. Tusk añadía que la actual política comunitaria "no
bastaba" y que había que controlar la ruta mediterránea, proponiendo
que la UE colabore con la guardia costera libia.
Ada Colau margina el castellano en sus
contrataciones públicas
El Ayuntamiento exige tener los documentos de las adjudicaciones en
lengua catalana
ANNA CABEZA Barcelona ABC 24 Junio 2017
El castellano, menospreciado en los concursos públicos del
Ayuntamiento de Barcelona. El controvertido reglamento lingüístico
municipal, que hasta hace unos años discriminaba en todos los
ámbitos el castellano pese a ser una lengua cooficial en la
comunidad autónoma, permite al Consistorio exigir a las empresas
adjudicatarias de sus contratos que presenten los documentos
específicos de los trabajos en catalán.
«Entregar toda la documentación necesaria para el cumplimiento del
contrato en catalán», dice uno de los puntos del apartado de
obligaciones del contratista, en la parte final del pliegue
administrativo de las cláusulas exigidas. La condición se repite en
varios procesos abiertos a día de hoy por el gobierno de Ada Colau,
como las obras de reurbanización de calles o rehabilitación de
centros sociales, según ha podido comprobar ABC.
A pesar de que pueda tratarse de un flagrante caso de
discriminación, algo denunciado repetidamente por algunos partidos y
entidades, lo cierto es que el reglamento vigente incluye en su
artículo 4 la exigencia del catalán en la entrega de documentación.
«En carácter general, el trabajo se tendrá que entregar en lengua
catalana», especifica el documento, que añade además que
«excepcionalmente, en el caso que su finalidad le exija la redacción
en otra lengua, se tendrá que hacer una copia en lengua catalana».
Preferencia retirada
Además de discriminatorio, el apartado 4 del reglamento es la
excepción de una norma que cuando se aprobó en 2010 contenía en la
mayoría de sus apartados una discriminación más general en contra
del castellano, pero que la justicia ha ido corrigiendo en favor del
bilingüismo tras sucesivos recursos. La sentencia más contundente
llegó en 2012, cuando tras un recurso del grupo municipal del PP en
el Ayuntamiento, quedó rechazado el uso «preferente» del catalán en
la comunicación entre Consistorio y ciudadano. Su argumentario se
basó en la resolución que el Tribunal Constitucional hizo sobre la
política lingüística del Estatuto, que especificaba que omitir el
castellano era una violación del principio de cooficialidad de las
dos lenguas.
También en 2015 la asociación Impulso Ciudadano presentó un nuevo
recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
incidiendo en algunos puntos específicos del reglamento, como el de
los contratos públicos. El Tribunal no los admitió, alegando que
sólo podían recurrir las empresas que se pudieran sentir
directamente afectadas por las condiciones. Desde Impulso Ciudadano
critican esta discriminación y comentan que en Cataluña ninguna
empresa se ha atrevido a denunciar esta práctica, algo que sí ha
pasado en el País Vasco o en las Baleares, donde la Justicia sí ha
dado la razón a los casos impugnados por discriminación de lengua.
Reglamento en mano, el gobierno liderado por Colau ha seguido la
línea de Xavier Trias (CiU), impulsor del textro y mantiene su
preferencia por el catalán. El PP, uno de los grupos municipales que
más ha combatido lamenta que la alcaldesa «no respete el derecho de
los castellanohablantes».
El PP: «Que rija la libertad»
El presidente del grupo municipal, Alberto Fernández, reclama que,
en la línea de las otras sentencias, el apartado sobre
contrataciones se adapte y no priorice una de las dos lenguas
cooficiales. «En el fondo, debería regir la libertad», comenta a
ABC. El PP recuerda que, aunque el reglamento no es obra de Colau,
la actual alcaldesa ha mostrado en otras ocasiones su menosprecio
hacia el español. Uno de los casos más paradójicos fue cuando
durante el pasado diciembre en el barrio del Raval se colgaron
carteles informativos, escritos en catalán, árabe y tagalo, pero no
en castellano.
El Ayuntamiento se limita a defender que en ningún caso incumple el
reglamento vigente y recuerda que, según corrobora el TSJC, en los
casos de contratación pública, el Consistorio actúa como consumidor,
y que la obligación de usar el catalán alude al contratista y no a
personas físicas concretas.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Carta lacrada a Pablo Iglesias (1)
José García Domínguez Libertad Digital 24 Junio 2017
Caro Pablo:
Como bien sabes, el nacionalismo catalán, ese mismo ante cuya
insistente demanda de quebrar nuestro orden legal tan complaciente
acostumbras a mostraste por norma, considera que la lengua vernácula
constituye la manifestación más honda, genuina y sublime de eso que
ellos llaman el "espíritu nacional". Pues para un nacionalista la
lengua lo es todo. Pero del mismo modo que detrás de toda fortuna, a
decir de Victor Hugo, siempre hay un crimen, en la trastienda de los
grandes relatos nacionales, y como tú también sabes de sobra, yace
oculta una falsificación clandestina de la Historia. A ese respecto,
el relato nacional catalán no constituye excepción alguna a la norma
general: también él se sustenta sobre una mentira compartida. Una
mentira, la suya particular, que dada su específica fijación
filológica tiende a ensañarse con especial celo con la peripecia
biográfica de la lengua. El apellido de un diputado muy próximo a
ti, el de tu correligionario Domenèch, acaso nos podría servir para
ilustrarlo. Supongo que creerás, tal como yo mismo supuse durante
tantos años, que Domenèch es la forma catalana de Domingo. Pero
resulta que no lo es. Creo que te sorprenderá saber que la voz
Domingo es tan catalana como Domenèch, ni más ni menos. Aunque te
parezca extraño, y sé que te lo parecerá, en los registros
parroquiales catalanes del siglo XIV, o sea más de trescientos años
antes de que Felipe V firmara de su puño y letra los Decretos de
Nueva Planta, ya aparecían montones de recién nacidos bautizados con
ese nombre, Domingo.
Es más, en los seis siglos siguientes, es decir el intervalo que que
va desde el descubrimiento de América por Cristobal Colón hasta el
nombramiento de Jordi Pujol i Soley como segundo presidente de la
Generalitat restaurada, nacieron montones y montones de catalanes a
los que sus padres, también catalanes, pusieron Domingo por nombre
de pila. Hay Domingos a patadas en el XV, en el XVI, en el XVII, en
el XVIII, en el XIX y en los dos primeros tercios del XX. A lo largo
de seiscientos años consecutivos, pues, los Domingos y los Domenèch
convivieron dentro de Cataluña en plácida y pacífica armonía. Si
tuvieras interés por profundizar en el asunto, el catedrático de
Liverpool Joan-Lluís Marfany ha realizado investigaciones académicas
exhaustivas sobre el particular. Pero si consultas a un filólogo
local te dirá que durante esos seis siglos los catalanes se
equivocaron, ya que Domingo ni es ni nunca podrá ser un nombre
catalán. Y no lo es ni lo podrá ser solo porque lo dicen ellos, pese
a que seiscientos años ininterrumpidos de Domingos autóctonos se
empeñen inútilmente en llevarles la contraria. Así las cosas, allá a
finales del siglo XX los policías de la lengua decidieron que no
podía seguir habiendo bajo ningún concepto más Domingos catalanes.
Dicho y hecho. Los normalizadores, al modo de los escribanos del
Ministerio de la Verdad del 1984 de Orwell, se dedican desde
entonces a expurgar cualquier documento histórico que caiga en sus
manos en el que aparezca algún Domingo. En cuanto descubren alguno,
al punto lo borran para colocar un Domenèch en su lugar. Y no
pienses, Pablo, que esto que hoy te cuento es una anécdota baladí.
Bien al contrario, no es más que la punta del iceberg moral bajo el
que mora la falsificación sistemática del pasado catalán a manos de
los nacionalistas. Esa misma que tantos castellanos
bienintencionados os habéis terminado creyendo. Pero tiempo habrá
para que sigamos desenredando juntos la madeja del mito de la lengua
en próximas cartas.
Tuyo afectísimo,
La fórmula del totalitarismo encubierto
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 24 Junio 2017
El contubernio insurgente que lidera la cruzada secesionista se ha
jactado siempre de ser experto en astucias y triquiñuelas,
encaminadas a enmascarar sus permanentes agresiones al Estado de
Derecho, tanto en el marco jurídico español como en el de todas las
otras naciones democráticas y civilizadas. Repiten la operación con
la fórmula estrambótica parida para la patochada del 1 de octubre,
en la que asoma, apenas encubierto, el plumero totalitario. En rigor
de verdad, la fórmula pide a los ciudadanos que extiendan un cheque
en blanco a la nomenklatura, que podrá recurrir a cualquiera de las
variantes del totalitarismo para oprimirlos y expoliarlos como más
le plazca.
Una carga oculta envenenada
La pregunta del referéndum ilegal contiene una carga oculta
envenenada que solo pudo salir de la mente de profesionales avezados
en esas maniobras fraudulentas de gran envergadura que dejan
tendales de víctimas en la cuneta. ¿A quién, si no es a un
embaucador veterano, se le ocurre proponer la creación de "un Estado
independiente en forma de República"? No es un alarde retórico sino
un recurso sibilino ideado para introducir de contrabando el
engendro totalitario más afín a la ideología de los arteros
usufructuarios del poder.
Si estuviéramos realmente en presencia de un movimiento
revolucionario inspirado por la convicción de que la sociedad más
justa y democrática está encarnada en la república, esta sería la
alternativa libre de equívocos: "¿Quiere usted que Cataluña sea una
república independiente?". Y punto. La trampa se cuela en el "en
forma de".
Imaginemos una pregunta semejante respecto de la monarquía. Si nos
plantearan la preferencia por un "Estado independiente en forma de
monarquía", al ciudadano lúcido se le despertaría la suspicacia:
¿qué tipo de monarquía?, ¿parlamentaria como la de los países
europeos o absoluta como la de los bantustanes africanos? En cambio,
la referencia a la monarquía a secas o, mejor aun, con el agregado
de "parlamentaria" para despejar dudas, dejaría conformes a las
personas civilizadas, incluidas aquellas que finalmente optaran por
la república.
Posibilidades acojonantes
Los trileros secesionistas podrían haber perpetrado igualmente su
ardid utilizando el término república a secas, porque su congénita
falta de escrúpulos les habría permitido tergiversar el sistema a su
antojo; pero prefirieron adornarse con una pátina de ingenio
apelando al ambiguo "en forma de".
Se entiende que, en condiciones normales, el interlocutor que pone
como alternativa la república toma como referencia a Francia,
Estados Unidos, Alemania, Italia u otros Estados de parecido nivel
de desarrollo político y cultural. Pero si la opción es "en forma de
república" se abre un abanico de posibilidades acojonantes. Basta
con pasar revista a los territorios "en forma de república" que,
precisamente con esta denominación espuria, se congregaron en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o fueron sus satélites,
y que ahora, aun más degradados de lo que estuvieron entonces, que
es mucho decir, vagan dispersos por el limbo de los Estados
fallidos, donde, sin perder su forma de repúblicas, se arraciman
junto a los despojos de Yugoslavia, los Balcanes y los Países
Bálticos, que también conservan la forma de repúblicas.
Una mirada retrospectiva nos confirma que no había káiser en esa
forma de república que era el Tercer Reich nazi, y que Benito
Mussolini ya se había librado del rey títere cuando fundó la sádica
(Pier Paolo Pasolini dixit) República de Saló. El muestrario de los
países "en forma de república" está poblado de aberraciones.
Un dictador sin corona
Si los encargados de buscar la forma de república apropiada deciden
que basta con eliminar la figura del rey, puede darse la paradoja de
que nos devuelvan al periodo en que Cataluña, como toda España, fue
gobernada, a partir de 1938, por un dictador sin corona. Solo en
1947 fue aprobada la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado… en
un referéndum, con un censo de 16.187.992 inscriptos, de los que
votaron 14.454.426, con un 89,86 % de síes. Un referéndum como el
que según los secesionistas de hoy es el súmmum de la democracia.
Pero hubo que vegetar en esa "forma de república" anómala del
dictador sin corona hasta que en 1969 Francisco Franco decepcionó a
los antimonárquicos de entonces y designó a su sucesor: Juan Carlos
de Borbón. Con el aval –¡ay!– de otro referéndum.
Los precursores de nuestros insumisos antimonárquicos tenían marca
registrada: Falange Española de las JONS. Dionisio Ridruejo cuenta
sus desplantes, más arriesgados, en todo caso, bajo la mirada atenta
de la policía del régimen, que los de nuestros privilegiados
republicanos de opereta (Casi unas memorias, Planeta, 1976):
Se había restablecido en el año anterior [1938] el uso de la bandera
roja y gualda, pero no sé si aún el de la Marcha Real. Lo primero
fue hecho espontáneo y generalizado antes de ser declarado legal.
Creo que es dato poco conocido que los falangistas –muy
especialmente los viejos– recibimos esas reposiciones con alguna
resistencia. La propia Pilar Primo de Rivera distribuyó un
comunicado oponiéndose y reivindicando la bandera roja y negra y el
Cara al Sol como símbolos del Estado naciente. Cuando sonaba el
himno le negábamos el saludo y si nos encontrábamos sentados
seguíamos así ostentosamente.
La 'senyera' desdeñada
Los referendarios secesionistas, los iconoclastas de Ada Colau, los
chavistas podemitas y los energúmenos anarcotrotskistas de la CUP
son los continuadores de aquella aversión ostentosa a los Borbones y
al liberalismo ilustrado propagada por la corriente más crudamente
fascista del franquismo, que también fungía de revolucionaria con
José Antonio Primo de Rivera a la cabeza.
Cara al Sol, Giovinezza, Horst Wessel Lied, Els Segadors y La
Internacional fueron, son y serán los favoritos de los melómanos
cainitas. Solo falta que, para ensanchar la grieta identitaria
artificial, un secuaz de Pablo Iglesias o Pedro Sánchez componga el
himno a la ficticia España plurinacional. Los maniáticos no dan
tregua. Ni siquiera respetan sus propias banderas: las profanan con
esvásticas, hoces y martillos, yugos y flechas, fasces y estrellas.
La senyera se apolilla vergonzosamente desdeñada y prepotentemente
sustituida por la estelada sectaria de los trabucaires cismáticos.
Papelotes secretos
No se necesita mucha perspicacia para deducir cuál es la forma de
república que los facciosos ya han programado en sus papelotes
secretos de desconexión. Argumentan que los ocultan para evitar que
el Gobierno cumpla con su deber de impugnar el pucherazo. Sin
embargo, no hace falta leerlos para presagiar su contenido:
institucionalizan la fragmentación de la sociedad catalana mediante
la aplicación de la política autoritaria, discriminatoria,
guerracivilista, hostil a la iniciativa privada, enemiga de la
diversidad cultural y antagónica al Estado de Derecho a la que ya
nos tiene acostumbrados la Generalitat.
Con el agravante de que los impulsores de esta política mienten
descaradamente cuando niegan, una y otra vez, desde todas las
plataformas, que tras la ruptura con España caerán sobre Cataluña
las mismas plagas que atormentan a las víctimas del Brexit. En
verdad son ellos, los secesionistas, quienes reivindican la
existencia de Cataluña como un país aparte, fundado sobre el mito
supremacista étnico de la "nación milenaria", que rompe
unilateralmente los vínculos con España y Europa, desencadenando el
Catexit.
¿Esto es todo? No. La acumulación de datos permite prever qué forma
asumiría una república catalana gobernada por esta camarilla.
Recordemos quiénes son los ideólogos que guían el proceso
secesionista y dictan sus leyes, humillando a sus compinches caídos
en desgracia y extorsionando a los jerarcas vulnerables, y pasemos
revista a sus manifiestos antisistema y sus vínculos internacionales
con la escoria del populismo demagógico. La república catalana
tiranizada por ellos sería un triste remedo de las dictaduras que,
también con la denominación de repúblicas, pesan sobre Venezuela,
Cuba, Bolivia, Nicaragua y otros enclaves pauperizados.
Texto transparente
Si la pregunta del referéndum la hubiera redactado un infiltrado
liberal con criterio didáctico, y no un truchimán del secesionismo,
su texto habría sido transparente: "¿Quiere ser súbdito obediente de
una aislada república bananera?".
Lógicamente, estos timadores nunca revelarán cuál es el fin último
de su apaño, y tampoco la sociedad catalana, emprendedora, culta y
democrática, permitirá que los sediciosos la embarquen en la farsa
de su referéndum torticero, al que una mayoría abrumadora castigará
con su desprecio. Precisamente por ser emprendedora, culta y
democrática, exige que le permitan ejercer su sacrosanto derecho a
decidir su futuro fraternal y solidario en las elecciones
parlamentarias garantizadas por el Estatut catalán, la Constitución
española y las leyes europeas. Ya mismo, sin fórmulas totalitarias
interpuestas.
'El engeniosu jidalgu don Quijoti la
Mancha'
Jesús Laínz Libertad Digital 24 Junio 2017
Nun puiblu la Mancha’l cuyu nombratu nu sinciu alcordami, nu jaz
muchu tiempu que vivía un jidalgu de los de lanza’n astilliru,
adarga antiga, rucín esgalaciáu y galgu correor.
Con estas celebérrimas palabras comienza la flamante edición de la
inmortal novela cervantina en una sedicente traducción al cántabru.
Sedicente, efectivamente, porque nada se puede traducir a una lengua
que no existe, salvo que uno sea un constructor de lenguas de
laboratorio con vocación de universales, como Zamenhof, o un genio
de la literatura de ficción, como Tolkien. Pero con la diferencia de
que a ninguno de los dos se le ocurrió reclamar para el esperanto y
el sindarín la categoría de lenguas previamente existentes que ellos
habrían recuperado.
Pero en el caso del tal cántabru estamos ante una pura y simple
alucinación. Porque en Cantabria todo el mundo habla español. Y
porque localismos hay por todas partes, tanto en Cantabria como en
cualquier otra parte de España (el que suscribe, raquero acreditado,
sube cuestas pindias y se da coles en la playa como todos sus
paisanos). Y tanto en la lengua española como en cualquier otra
lengua del mundo. Y junto a los localismos están los acentos y
pronunciaciones peculiares, fenómeno igualmente universal. Pero no
hay más tela que cortar, y mucho menos aún lengua alguna de la que
hablar. Pues, evidentemente, esa lengua inexistente no la habla
nadie, ni el más analfabeto de los paisanos en el más alejado rincón
de las verdes montañas de Cantabria. Por no hablarla, no la hablan
ni los que han hecho el inútil esfuerzo de inventársela para poder
pasar por traductores. ¿De verdad alguien se cree que, gracias a
esta traducción, algún ciudadano cántabro por fin va a poder leer el
Quijote en una lengua comprensible?
La cosa no es de hoy, evidentemente. Hace ahora exactamente veinte
años, en junio de 1997, el egregio lingüista Emilio Alarcos
pronunció en el Ateneo de Santander una conferencia titulada El
porvenir de nuestro idioma. Durante el coloquio posterior, uno de
los asistentes le manifestó su preocupación, no por el porvenir de
la lengua española, sino por el del cántabru. El académico respondió
con brevedad:
–Disculpe que no responda a su pregunta. No he venido aquí a hablar
de bobadas.
Por algún tipo de maldición que nos ha caído, en esta España enferma
de aldeanismo siempre acaba abriéndose un hueco para que algunos,
tan disparatados como espabilados, logren engañar a los incautos y,
de paso, incluso hacer algún negociete. Pues el éxito político de
los separatismos vasco y catalán, fruto en buena medida de la
instrumentalización política de las lenguas regionales, ha provocado
la envidia de muchos. Y no sólo de los ansiosos de separatismo para
sus regiones, también de los partidos considerados de ámbito
nacional. Porque no se olvide que los principales culpables de la
extensión de la peste aldeanista por toda España han sido el PSOE y
el PP.
El que los separatistas continúen anclados en decimonónicas
ensoñaciones sobre espíritus del pueblo encarnados en las lenguas y
sigan construyendo sus ficticias nacioncitas a golpe de delirios
palabreros no deja de responder a cierta lógica. Pero, como setas en
otoño, han brotado por toda España quienes están dispuestos a imitar
sus neurosis, provenientes, casi sin excepción, de la izquierda más
fanática, gritona e iletrada.
En las regiones en las que se habla una segunda lengua la cosa está
fácil: sólo han de convencer a los crédulos de que la existencia de
dichas lenguas les obliga a dejar de ser españoles y a reclamar la
secesión respecto de un país tan diferente, tan ajeno, tan enemigo,
de alma tan alejada de la suya, que tiene por sola lengua la de
Cervantes. Pero en las pobres regiones que han tenido la mala suerte
de ser monolingües la cosa se pone cuesta arriba para jugar a Babel,
aunque nunca tanto como para desanimar a nuestros aprendices de
nacionalistas, nacidos de la abracadabrante hibridación entre el más
desarraigado internacionalismo y el más arqueológico etnicismo.
Y así, en casi todas las regiones –falta, de momento, Madrid, aunque
algún farfullo acabará encontrándose–, políticos e intelectuales de
asombrosa mediocridad llevan cuatro décadas avanzando, jubilosos,
por la senda del desenterramiento o de la síntesis de laboratorio de
todo tipo de fablas y parlas, cuando no fosilizadas directamente
inventadas, como el cántabru que nos ocupa. Y no sólo para editar
libros grotescos sino, lo que es mucho más grave, para acabar
metiendo esas neojergas en las aulas.
Esta tendencia coincide en el tiempo y el espacio no sólo con la
eliminación de las lenguas clásicas, también con la progresiva
reducción del estudio de la lengua, la literatura y las humanidades
en general, esas peligrosas materias que enseñan a pensar. El
interés por vocabularios rurales, reales o imaginados, contrasta con
el creciente desinterés por la gran literatura de toda lengua y
época, fenómeno intensamente promovido por nuestros gobernantes
mediante el paulatino vaciamiento de la enseñanza desde hace
décadas.
En Expaña, país gravemente aquejado de lo que Freud definiera como
narcisismo de las pequeñas diferencias, sólo tiene cabida lo
estrecho, lo bajo, lo miope, lo microscópico, lo mezquino, lo
ridículo. Mientras tanto, en el resto de Europa y del mundo la
Historia con mayúsculas, tremenda e inmisericorde como siempre,
continúa avanzando con paso estruendoso. Y nos pasará por encima
mientras aquí seguimos haciendo mamarrachadas.
www.jesuslainz.es
'E pur si muove'
Antoni Fernàndez Teixidó elconfidencial 24 Junio 2017
A menudo me comentan cuán sorprendente es la aparente uniformidad
del pensamiento y la acción política de los catalanes. Se diría que
el grueso de la ciudadanía se manifiesta receptiva a las tesis
separatistas y a la celebración de un referéndum de
autodeterminación en cualquier circunstancia. En efecto, esta es una
imagen trasladada con éxito a la opinión pública española en su
conjunto. La batalla por el imaginario colectivo y la proyección del
mismo ha sido ganada claramente por las formaciones
independentistas. Parecería que un discurso lineal con escasos
matices se impone en Cataluña y evidencia la lógica de un amplio
deseo de ruptura. No es cierto.
Cataluña es un país plural. Todas las contiendas electorales, y en
particular la última, lo demuestran. No obstante, la hegemonía
política y la dinámica de movilización corresponden,
indiscutiblemente, a los secesionistas. Todo esto se explica porque
una parte influyente de la sociedad civil organizada ha jugado un
papel decisivo en este menester. ANC, Ómnium y centenares de cargos
públicos han apostado y apuestan por la independencia sin reparo
alguno. El clima político dominante refuerza la idea de que los
ayuntamientos catalanes están en manos de los que preconizan el
referéndum y, en buena medida, de aquellos que quieren romper con
España.
Es una lectura correcta. Preocupante, pero cierta. Diputados,
alcaldes, concejales y responsables públicos de toda índole apoyan
una dinámica de oposición al Estado español que se ha convertido en
mayoritaria en las instituciones catalanas. Revertir este proceso es
una tarea extraordinariamente compleja. Y si se consigue, llevará
mucho tiempo.
¿Qué sucede entonces con aquellos catalanes que no se manifiestan
favorables o, incondicionalmente, afectos al 'procés'? La aceptación
resignada de la extrema dificultad de nadar a contracorriente ha
hecho hueco en la sociedad catalana. Alzar la voz en el actual
estado de cosas no es fácil y, a menudo, poco recomendable. Todo
ello no solo tiene que ver con el debate nacional, guarda también
relación con el progresivo desplazamiento de las políticas
gubernamentales hacia la izquierda. El 'procés' ha comportado una
radicalización de los presupuestos ideológicos izquierdistas de la
mayoría de los partidos y, para sorpresa de muchos, de algún partido
tradicionalmente situado en el centro. Es el caso del PDeCAT.
Heredero de la vieja tradición catalanista de CDC y de su aliado,
UDC, la nueva formación ha devenido un instrumento al servicio de la
independencia, la república y las políticas asociadas, normalmente,
a la izquierda. El rol político de ERC ha tenido mucho que ver en
esta vertiginosa transformación, y la CUP, con sus políticas
extremistas en el Parlament, ha condicionado, finalmente, esta
mutación de manera irreversible.
Cabe preguntarse si la partida del referéndum y sus consecuencias
está irremisiblemente perdida. Creo, sinceramente, que no. Aunque
resulta estratégicamente decisiva la capacidad para ocupar primero y
transformar después, el tradicional centro político catalán. Hoy
este potencial electorado se siente, claramente, huérfano y
mediatizado por la disyuntiva entre independencia sí-independencia
no. En la resolución de esta dicotomía se juega la gran partida de
ajedrez en el tablero catalán en los próximos meses. A mi juicio, se
ganará o se perderá si se es capaz de dar confianza y voz a un
electorado que asiste desconcertado y desmoralizado debido a la
singular evolución del 'procés' en estos últimos años.
El espacio político de centro ha sido abandonado por el PDeCAT. Unió
ha desaparecido de la escena política. Sospecho que es en el
amplísimo colectivo de las clases medias catalanas donde la
rectificación del rumbo político no solo es necesaria, sino posible.
Dicho de otra manera, decenas y decenas de miles de catalanes, que
aceptaron la premisa de que la ruptura con España era imprescindible
para Cataluña, pueden y deben entender ahora, que esta es una pésima
solución para sus intereses. Separados de España, fuera de la Unión
Europea y con una dinámica de marcado tono revolucionario, estos
catalanes intuyen que su futuro puede ser peor que su presente. Tal
certeza va abriéndose camino en determinados sectores de votantes,
que aún hoy, siguen siendo favorables a la celebración de una
consulta.
Debe explicarse que ningún referéndum es posible si no es producto
de la legalidad y de un acuerdo explícito con el gobierno español.
Solo así puede tener efectos vinculantes y gozar del estatuto de
legalidad política que, en ningún caso, se puede relegar. Gustaran
más o menos, pero las leyes han de cumplirse.
Conocemos ya la fecha y la pregunta del referéndum. Algunos creemos
que su celebración es imposible y que nadie está interesado en la
reedición de un nuevo 9N pues evidenciaría un significativo
retroceso de las fuerzas independentistas difícil de enmascarar.
Ganar la batalla de las ideas resulta fundamental. Esta contienda se
libra, en buena medida, en el espacio de centro de la política
catalana. Y de su incierto resultado depende el desenlace que nos
aguarda. Recientes movimientos en el ámbito del asociacionismo
catalán y el nacimiento de instrumentos al servicio de estas ideas
abren una puerta a la esperanza. Parecería que las cosas se mueven.
Puigdemont compara el proceso
independentista con la lucha contra ETA
El Confidencial 24 Junio 2017
Durante el 30 aniversario del atentado de Hipercor en Barcelona, el
más sangriento de la banda terrorista, con 21 fallecidos. El
president de la Generalitat fue abucheado
En mi opinión, el Congreso de Lliures celebrado con éxito este
pasado viernes y el anuncio de nuevas iniciativas para fortalecer el
centro catalanista deberían inaugurar una nueva etapa. En ella,
puede crecer la confianza en las posibilidades de todos aquellos que
apostamos por el autogobierno en Cataluña y que creemos que resulta
compatible con una leal convivencia con el resto de los pueblos de
España. No va a ser fácil. Lo sabemos. Es impostergable defender los
principios, poner el catalanismo al día, luchar por las ideas
liberales y humanistas y esperar, con un punto de optimismo, que los
catalanes entiendan que otros caminos pueden ser transitados, pero
que nos llevan a una clara derrota y a un volver a empezar. Esta es
una penosa circunstancia que no queremos para Cataluña.
Hablo de deseos, de esperanzas, de proyectos y de realidades, pero
en cualquier caso, solo la convocatoria, tarde o temprano, de unas
elecciones anticipadas en Cataluña despejaran la incógnita. Nos
acecha un riesgo letal: no tener el valor y el coraje suficientes
para nadar resueltos a contracorriente. Sostengo que, en el fondo de
esta corriente, anidan anhelos de convivencia, tolerancia, respeto y
progreso. La tarea fundamental de la hora presente consiste en
hacerlos aflorar.
Puigdemont, un pelele peligrosísimo
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 24 Junio 2017
Se inaugura, estalla el verano, la estación en la que los necios se
dan a las aventuras prohibidas. De ahí que no se haga raro que la
hiena Iglesias y la fregona Puigdemont encabecen y azucen sendos
golpes criminales contra España. Pero no todo son desatinos
veraniegos. La sensatez también tiene cosas que decir. El
Ayuntamiento de Lérida, tras rechazar la cesión de espacios
municipales para un hipotético o ridículo referéndum ilegal, ha
tenido a bien admitir una sugerencia de Ciudadanos: invitar y acoger
a la selección española de fútbol para jugar un partido en su
tierra, que es la nuestra.
La fregona —títere con flequillo y de apariencia humana, ese mismo
monigote que las huestes separatistas sacan a la calle para que sea
continuamente manteado— es un pelele peligrosísimo que se excita con
la canícula y que merece el mote de enemigo público. La escena de
grave confusión y desorden cerebral en la que hoy se halla Carles
Puigdemont resulta una débil imagen del espíritu que ilumina a esta
marioneta de Artur Mas y del independentismo catalán. De haberse
frotado los circuitos neuronales con Lagarto, un jabón tosco pero
eficaz, no derraparían de modo tan alarmante sus neuronas.
Al estar el fantoche fuera de su acuerdo resulta imposible
explicarle que la soberanía no es una tarta que se pueda repartir. Y
como a los tontos los paren en hatillo, otro zote veleidoso, el
cisne Sánchez, se suma a la escisión sacándose de la chistera un
‘estado plurinacional’. Está visto que el solsticio de verano fríe
las meninges. Con la calor, los infradotados desparraman, aunque
nadie iguala al mamarracho de la fregona en desvaríos. Envuelto en
la señera estival, comparó la lucha contra ETA con el ‘procés’, cosa
que animó a las víctimas del terrorismo a abuchearle y gritarle:
“¡Sinvergüenza!”.
En fin, Puigdemont, todo tu talento político cabe en un dedal. Te
has enrolado en una travesía pirata que ha puesto proa hacia el
desastre. Tu patético código ético se basa en tu ego cateto
concebido en una provincia que dio de mamar a los romanos, así que
corta el rollo y no sigas tirándote el pego de conquistador de la
nueva Cataluña. De ser honrado y no un chisgarabís, antes de abrir
la boca para proferir soflamas, lo que deberías hacer como president
de la Generalitat es restituir los 75.443 millones de euros que la
sardana le adeuda a las arcas públicas de la nación española. ¡Que
la pela es la pela!
Vera de Bidasoa (Navarra)
Un Ayuntamiento 'bildutarra' ataca a la
Guardia Civil por 'llevar uniforme'
La Gaceta 24 Junio 2017
El Ayuntamiento de Vera de Bidasoa (Navarra), con mayoría absoluta
de Bildu, aprobó una moción en el pleno municipal en la que
denunciaba "la actitud" de unos guardias civiles por sólo usar el
uniforme.
Según el texto, el "pecado" que cometieron cuatro agentes de la
Benemérita fue pasear con su uniforme de trabajo "sin ninguna
necesidad" por el barrio de Altzate, que el pasado fin de semana se
encontraba en fiestas. El Consistorio ha considerado que "crearon
una situación de grave peligro".
En la moción se pedía además el "repliegue total de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil y
también del Ejército". Vera de Bidasoa es un municipio marcado por
los postulados batasunos, una prueba de ello es que el concejal de
la formación regionalista Unión del Pueblo Navarro se limitó a
abstenerse en la votación.
Otro ayuntamiento navarro, el de Alsasua, también manifestó su
"preocupación y malestar" por la presencia de la la Institución tras
la agresión ultraizquierdista a dos agentes de la Guardia Civil y a
sus parejas en octubre del año pasado.
En un comunicado, Geroa Bai -grupo mayoritario del Ayuntamiento-,
PSOE y Goazen Altasu -la marca blanca de Podemos- lamentaron además
que su "masiva presencia" pusiera en peligro "el clima de
convivencia" en la ciudad.
El Parlamento de Navarra aprobó esta semana una nueva declaración
institucional de apoyo a los tres individuos que permanecen en
prisión por la agresión.
La Cámará denunció “la falta de proporcionalidad” de la Justicia con
los jóvenes batasunos después de que el Tribunal Supremo considerara
competente a la Audiencia Nacional para juzgar estos hechos al
considerar que pudo existir un delito de terrorismo. En este
sentido, exigió que se “revoquen las medidas de prisión preventivas,
aislamiento y separación” de los tres encarcelados y el caso sea
instruido en los juzgados de Pamplona.
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