AGLI Recortes de Prensa   Domingo 25  Junio 2017

Política fiscal tóxica
Lorenzo Silva elespanol 25 Junio 2017

En estos días millones de trabajadores, autónomos o por cuenta ajena, presentan sus declaraciones del IRPF. Algunos ven que las retenciones que les practicaron son superiores al impuesto que debían finalmente pagar, con lo que han financiado gratis al Estado durante meses. Otros tienen que apoquinar la diferencia entre lo retenido y la cuota tributaria final, que más les valdrá haber ahorrado y apartado convenientemente. Alguno, por razones diversas, desde la mala administración o la falta de liquidez hasta la morosidad o impago de sus clientes, tendrá que pedir un préstamo para cumplir con sus deberes fiscales.

Un momento excelente para que unos y otros recuerden que en su país, entre otras cosas, se perdonó a cambio de un pago módico a multitud de grandes defraudadores, mediante una amnistía promulgada con infracción constitucional. Infracción esta que en otros casos se equipara a un delito de lesa patria (o de lesa humanidad) pero que cuando se trata de perdonar a los listos que se burlaron del fisco queda reducida por el ministro del ramo al rango de simple travesura, para la que se ofrecen o se improvisan, sin rubor, excusas que ni Jaimito daría.

Un momento excelente, también, para que el ministro salga en defensa de un astro del balón acusado por la fiscalía de un presunto delito fiscal por importe de millones de euros, pidiendo para él consideración por no estar aún condenado y representar un negocio deportivo que en su opinión es Marca España. Nada que objetar a la presunción de inocencia (con la que el ministro no fue tan sensible en otros casos en los que llegó a señalar, de forma más o menos directa, a contribuyentes que ni siquiera estaban imputados), pero no deja de ser curiosa la sensibilidad ministerial hacia la componente balompédica de la marca patria, después de haberse declarado tan ostentosamente indiferente a otros aspectos que contribuyen a alimentarla. Tampoco deja de llamar la atención la delicadeza con que trata a los acaudalados deportistas, después de que bajo su mandato se haya apisonado sin contemplaciones a algún pobre poeta que cometió la torpeza de generar unos pocos derechos de autor mientras cobraba una pensión de subsistencia, y al que se liquidaron con saña recargos, intereses y sanciones hasta sepultarlo bajo una deuda que con su edad y medios no tenía posibilidad de afrontar.

El momento es excelente, en fin, para ver cómo la fiscalía comienza a elaborar, de cara al cumplimiento de la pena por delito fiscal, un criterio benévolo frente a esa especie de defraudador cuya actividad tanto aporta, a juicio del ministro, a la Marca España. Si a eso se le une un sistema impositivo que abrasa a trabajadores, autónomos y pequeños empresarios, y trata gentilmente las rentas de los más pudientes, tenemos servido un mensaje tóxico, que sólo puede generar, en los paganos, desafección y una sensación de injusticia lacerante; y en los que buscan eludir sus obligaciones y tienen medios para hacerlo, el estímulo a una conducta que, si no resulta disculpada de una manera, lo será de otra. Alguien se está ganando a pulso una estatua.

Cum Hispanica Constitucione destrui
Los hechos contradicen la vigencia real de nuestra Carta Magn
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 25 Junio 2017

Puede que, señores, oficialmente, desde un punto de vista meramente legalista y a efectos simplemente teóricos, nuestra Constitución de 1978 siga siendo la misma, mantenga sus preceptos y siga manteniéndose vigente en España, no obstante, los españoles, al menos los que tenemos la impresión de que nuestra nación ha emprendido una deriva hacia su autodestrucción, no lo vemos así y pensamos que, la verdadera reforma que muchos partidos, especialmente los de izquierdas, están reclamando de nuestra Ley de leyes, para ajustarla a sus espurias pretensiones, si tienen dificultades para conseguirlo a través de las vías reglamentarias ( algo que, evidentemente, no les resultaría fácil) lo están probando, con bastante éxito, a través de otros procedimientos, como es el de irla carcomiendo a bocados, recurriendo a incumplirla a través de los hechos consumados, que la contradicen de modo que, en muchos aspectos, se consigue que parte de los mandatos contenidos en ella sean obviados, recurriendo a desobedecerla, confiando, como suele suceder, en que, quienes están en la obligación de vigilar su cumplimiento ( el Gobierno, las autoridades, los jueces, el Congreso y el Senado) prefieren ignorarlo, simular que no se enteran o restarle importancia, como si dejando pasar el tiempo, no haciendo caso u olvidándose del tema, se consiguiera evitar entrar en confrontación como, posiblemente sucedería, en el caso de adoptar las medidas correctivas precisas para restaurar la legalidad infringida.

Lo cierto es que los ciudadanos españoles, al menos una parte de los mismos, estamos perplejos ante la situación por la que está pasando la Justicia en nuestra nación, frente a determinadas conductas que adoptan personas que forman parte del entramado político, que debieran cumplir con sus responsabilidades adquiridas y con los juramentos que pronunciaron al acceder a sus cargos administrativos y políticos; faltando a sus deberes in vigilando; prevaricando para favorecer actitudes levantiscas o independentistas o, incluso, formando parte de grupos que se han enfrentado directamente con la legalidad, la Constitución y los tribunales españoles.

Si estamos viendo cómo, la legislación en materia de derechos civiles de los ciudadanos, se ha convertido en un pim pam pum de las autoridades administrativas, especialmente de las autonómicas o de las municipales, donde, valiéndose de lagunas legales, tomándose facultades de las que carecen o apelando al chantaje y la opresión, se interfiere en los derechos de los propietarios, paralizando el derecho de propiedad, abusando, mal interpretando e imponiendo, mediante normas de carácter municipal obligaciones, cortapisas o restricciones abusivas del ejercicio del derecho de propiedad, abusando arbitrariamente de la llamada “ función social de la propiedad” y de la falta de precisión de las normas por las que se rige que, por raro que pueda parecer, han quedado en manos de las autonomías para que, ellas, según su talante político, las usen de la forma que más favorezca a sus idearios políticos. Un derecho, el de propiedad, que en un país en el que, constitucionalmente, debiera de estar protegido; parece que, en el nuestro, y con la particularidad de que el partido de derechas ha estado en el poder cuatro años y sigue en él (cierto que en minoría), nunca debiera de haberse traspasado a las autonomías debido a que, la seguridad jurídica que debiera presidir el ejercicio de un derecho tan importante, nunca se debió confiar al arbitrio de los diversos grupos municipales.

En Barcelona y en Madrid, cuyos municipios están en manos de los comunistas bolivarianos de Podemos, apoyados directamente y sin el menor rubor por los ediles y alcaldes, se están produciendo continuos atentados contra el derecho de propiedad de las personas, especialmente en el caso de inmuebles que, tanto si están ocupados como vacíos son asaltados por esta chusma urbana conocida como okupas, que rompiendo, cerraduras, entrando por ventanas, se apropian de las viviendas desocupadas o incluso, como existen ejemplos (precisamente en estos días),de que, empleando subterfugios, aprovechándose de la ausencia temporal de sus legítimos ocupantes para ocupar la morada, cambiar las cerraduras e instalarse, aprovechándose de los suministros de que está dotada y, sin preocuparse de los desperfectos o el mal uso que hagan, del contenido del apartamento ocupado. Llevan años dedicándose a cometer este delito, pero los gobiernos, muy condescendientes con semejante lumpen, no parece que estén por la labor de agilizar las leyes para permitir el desalojo inmediato de semejantes intrusos; algo que, desgraciadamente, según las actuales leyes, se prolonga durante años, durante los cuales el legítimo propietario u ocupante se ve inerme ante el abuso cometido por los asaltantes de su vivienda.

El idioma castellano, declarado el idioma oficial de todos los españoles, que tienen el deber de conocerlo y de saberlo hablar, es metódicamente atacado cuando se trata de determinadas autonomías en las que gozan de la prerrogativa de tener otro idioma oficial, reconocido para su uso en las mismas. Ello no supone que se pueda eliminar el castellano que siempre debe prevalecer sobre cualquier otro; sin embargo, la inopia de los gobernantes, la temeridad de las autoridades autonómicas, el desprecio por las sentencias de los tribunales españoles y la cara dura de implantar por su cuenta las normas que, de hecho, dejan reducida a la mínima parte la enseñanza del castellano en las escuelas y las universidades; coaccionan a los alumnos para que no exijan se enseñados en lengua de todos los españoles, de tal modo que, los que lo han intentado, han sido apartados y aislados del resto como si fueran apestados. Contra todas estas decisiones locales, contra tantos desafíos nos encontramos con la particularidad de que, no sólo los partidos de izquierdas o separatistas, verdaderos culpables de semejante estado de cosas, sino, incluso el resto, por miedo a indisponerse con las autoridades locales, se limitan a encogerse de hombros y mirar cómo, cada día que pasa, la situación en comunidades como Cataluña o el País Vasco y otras muchas en las que se han ido aproximando a las más extremistas, como son Baleares y Valencia, el problema se hace más importante, se enquista y cualquier intento de ser corregido crea inmediatamente una reacción que amenaza con convertirse en revolucionaria.

Si, señores, tenemos una Constitución, pero lo que no tenemos son las personas que tengan lo que debieran tener para ser capaces de hacerla cumplir en sus propios términos, para que fuera verdad aquello de que “todos los españoles somos igual ante la Ley”, que todos en España estamos obligados a conocer el castellano y además poder usarlo en cualquiera de las regiones de nuestra patria, sin exponerse a ser insultado, vejado o condenado a la postergación y la soledad. La misma Constitución dispone de las armas para exigir el cumplimiento de todos sus mandamientos y, por si acaso fallasen, también tiene el recurso extremo de poder imponer, si fuera necesario, manu militari, el orden que haya sido subvertido por aquellos que pretenden cambiar las normas del país sin seguir los procedimientos que, también, están establecidos en la propia Carta Magna, para poder hacerlo.

Tenemos una Constitución que, debido a la incuria de los respectivos gobiernos, no ha sido capaz de desarrollar, como se pide en la misma, una ley de Huelga capaz de precisar, con claridad, los casos en los que, el derecho legítimo de los trabajadores a parar en el trabajo para defender sus derechos, no se convierte en abuso de ley, no se aplica a cuestiones políticas, no afecte por igual a las distintas empresas, de acuerdo con sus procedimientos de producción o no cree, por sus efectos colaterales, un caos en toda la nación, que convierta el problema de unos pocos en un problema que afecte a otros que nada tengan que ver con los trabajadores en huelga. Veamos, por ejemplo, el caso vergonzoso de estos privilegiados que mantienen una huelga, a mi entender ilegítima, en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo, que les obliga a suprimir el régimen monopolístico actual que impide que, las empresas de estiba, puedan contratar, libremente, trabajadores sin que, forzosamente, deban ser parientes o enchufados de la plantilla existente. Si hay que negociar, intentar llegar a acuerdos y mostrarse flexible cuando ello es posible, pero cuando ello se convierte en tener que pasar por las Orcas Caudinas, entonces, el Estado, debe hacer valer el poder que ha recibido de los ciudadanos para imponer la razón y evitar el chantaje de sindicatos o comités de empresa, cuando la negociación se ha convertido, por su cabezonería u objetivos políticos, en imposible.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, podemos decir que España está teóricamente regida por la Constitución de 1978 pero, en muchos aspectos de la misma, la sensación que los ciudadanos tenemos, es la de que, esta Constitución, no sigue vigente, que las autoridades no son capaces de asegurar su complimiento, que las fuerzas vivas del país se reparten entre las que no dudan en infringirla según su conveniencia y los que, por miedo, por intereses políticos o por estulticia, no son capaces de actuar para que, cada conducta punitiva que se produzca, se pongan en marcha la serie de mecanismos de los que dispone la Justicia ( ojo, que mucha parte de lo que sucede es debido a la politización de una gran parte de sus funcionarios) para que, no solamente se movilice en los casos de corrupción, que también, sino que se aplique en todas las circunstancias en las que se producen ilegalidades, sean estas individuales o lo sean de grupos organizados, en las que se ponga en peligro la democracia española, especialmente ante la amenaza, que parece inminente, de que se instalen en España aquellos grupos totalitarios que pretenden conducirnos como borregos a los paraísos bolcheviques.

Las 22 actuaciones que falsificaron el 11-M
El autor analiza las incoherencias de la investigación del 11-M y reconstruye las anomalías que permitieron que se eliminasen pruebas cruciales.
Carlos Sánchez de Roda elespanol 25 Junio 2017

El reciente atentado de Mánchester da pie para recordar, una vez más, las grandes dudas que envuelven la investigación del 11-M. Basta para ello con comparar la lógica forma de identificar el artefacto utilizado en Mánchester con la inexplicable investigación realizada el 11-M.

Pero no era fácil dar el cambiazo y evitar las comparaciones entre lo que quedó en los trenes y el contenido de la mochila. Para que eso fuera posible había que apartar cualquier dato que, procedente de los trenes, fuese contradictorio con un contenido de la mochila perfectamente detallado en solitario por el comisario Sánchez Manzano (1) tras la desactivación efectuada por sus artificieros Tedax: una bolsa de deportes de loneta color azul marino, 10.120 gramos de goma 2 ECO, 640 gramos de tornillos y clavos, un teléfono móvil Trium, una tarjeta Amena-Auna 32 K -número 652 282963-, cables de color rojo y azul, un detonador y un cargador Trium modelo MA0501. Y para eliminar todo lo que se opusiera en los trenes a esos elementos, tenían que ocurrir muchas cosas, tenían que ocurrir por lo menos las siguientes veintidós actuaciones:

1.- Ante todo, que la mochila estuviese preparada para no estallar dejando, por ejemplo, un cable suelto, y poder así conservar todos sus componentes. Además, si para proceder a su desactivación los artificieros pedían la evacuación de alguna vivienda próxima por el peligro de rotura de cristales, el jefe de la operación, tras efectuar una llamada telefónica, podría afirmar que no era necesaria la evacuación, evitando así dar excesiva repercusión pública al asunto.

2.- Que no existiesen o no apareciesen las obligatorias actas de recogida de muestras en los trenes, con enumeración de todas ellas y de los respectivos lugares en los que se recogieron.

3.- Que no existiera o no apareciera el inventario de las muestras analizadas químicamente en el laboratorio Tedax, con descripción y fotografía de todas y cada una de ellas.

4.- Que desaparecieran las muestras de tierra y de balasto tomadas en los cráteres producidos por las explosiones bajo los trenes, sin que quede constancia de si se analizaron o no, ni del resultado obtenido, en su caso, de esos análisis.

5.- Que las muestras tomadas en los trenes fuesen lavadas con agua y acetona en el laboratorio Tedax, y que luego esos líquidos desaparecieran sin dejar rastro.

6.- Que desaparecieran igualmente los algodones que los peritos Tedax impregnaron pasándolos por los focos de las explosiones.

7.- Que no existiera o no apareciera el acta detallada de los análisis químicos efectuados en el laboratorio Tedax, y que se sustituyera por unos resultados ambiguos y genéricos.

8.- Que, tras los primeros análisis del laboratorio Tedax, no se enviaran las muestras, con su inventario y cadena de custodia, al mejor dotado laboratorio de la Policía Científica.

9.- Que tras año y medio de realizar hasta cuatro periciales sobre la metralla de los trenes para las que sólo existía un clavo, cuando el juez pidiese expresamente su comparación pericial con la metralla procedente de la mochila de Vallecas, surgiese de la nada todo un surtido de clavos y tornillos atribuidos a los trenes, inexistentes hasta entonces y, naturalmente, muy coincidentes en sus dimensiones con los de Vallecas.

10.- Que no se realizara o no apareciera su acta, y que el juez no ordenara su realización, una pericial que analizase la posible pertenencia a las bombas de elementos tales como los siguientes, recogidos todos ellos en la estación de El Pozo: Trozos de bolsa de tejido azul con cremallera, hebilla y fragmentos de plástico, restos de cilindro metálico y circuito electrónico, pila de petaca bobina eléctrica y piezas metálicas, fragmentos de lo que parece un teléfono móvil, cargador y batería de 3,6 V.

11.- Que no se analizara ninguna muestra de las ropas de las víctimas, incumpliendo así la Recomendación (99) 3 del Consejo de Ministros de la UE, de 2 de febrero de 1999, para la armonización metodológica de las autopsias médico-legales, adoptada por el gobierno de España, que dice para estos casos que deben conservarse muestras de tejidos, de la ropa, etc., para su análisis químico, con el fin de identificar el tipo de explosivo.

12.- Que si el tribunal juzgador ordenaba realizar en el laboratorio de la Policía Científica una pericial química sobre las trazas de explosivo presentes en las muestras de los trenes, no existiese o no apareciese el acta de entrega de esas muestras al laboratorio de la Policía Científica, ignorándose quién, cuándo y cómo hizo esa entrega.

13.- Que las muestras llegaran a ese laboratorio sin cadena de custodia, como lo prueban los escritos de varios de los peritos actuantes y las transformaciones sufridas por varias de ellas entre la última pericial de metralla (2) y la de explosivos.

14.- Que en la noche siguiente a la aparición de un componente incompatible con la goma 2 ECO en la pericial de explosivos, las cámaras colocadas por el tribunal en el laboratorio dejasen de grabar, bien fuese por un oportuno apagón o bien por un oportuno obstáculo colocado ante ellas, y que a la mañana siguiente se detectaran múltiples e inexplicables “contaminaciones” en las muestras.

15.- Que si alguna instancia policial, por ejemplo, la brigada provincial Tedax de Madrid, pedía la conservación de los trenes para investigarlos durante el tiempo necesario, no se atendiera esa petición.

16.- Que los trenes fuesen desguazados y desaparecieran rápidamente, antes de que la Policía Científica pudiera investigarlos a fondo.

17.- Que si un tren se salvaba del desguace y la zona próxima a su foco de explosión se conservaba misteriosamente, esa circunstancia permaneciese oculta para las partes y fuese totalmente ignorada tanto en la instrucción como en el juicio oral, y que si esos restos eran visitados por peritos policiales durante la redacción de un informe pericial sobre las explosiones, ordenado por el juez instructor, esos peritos no dieran cuenta de su existencia ni de su visita en su pericial, e ignorasen en sus conclusiones importantes datos siempre ocultos de esa explosión (3).

18.- Que a pesar de que la Fiscalía escribiese más tarde (4) que esos restos conservados tan sigilosamente eran objetos de pruebas y que se habían adoptado medidas para la conservación de dichos restos, ante la eventualidad de posibles análisis posteriores. Y que todo ello se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, que fueron informados en su momento, y a pesar de tratarse del único foco de los trenes conservado en su integridad, no se conozca ningún análisis posterior realizado con ellos, y que ni siquiera se mencione su existencia en toda la instrucción ni en el juicio.

19.- Que la destrucción de los trenes se llevase a cabo sin ninguna autorización u orden conocida para realizarla, sin que ello promoviese ninguna iniciativa judicial o policial para investigar cómo pudo ocurrir tal ilegalidad.

20.- Que esa destrucción de los trenes se produjera sin que judicialmente existiera ni siquiera un reportaje fotográfico detallado que permitiese realizar una adecuada pericial sobre lo allí ocurrido, de forma que cuando peritos de la Policía y de la Guardia Civil realizasen una pericial de las explosiones, por orden del juez instructor, hubiera que recurrir a fotografías tomadas por bomberos, ferroviarios y policías municipales.

21.- Que cuando el juez plantease la posibilidad de reconstruir las explosiones en los trenes, el comisario Sánchez Manzano se adelantase a la opinión de los expertos rechazando esa posibilidad, pues tal reproducción no aportaría datos objetivos.

22.- Que los peritos artificieros se adhiriesen fielmente después a la opinión de su jefe y también ellos rechazasen la oportunidad de reproducir las explosiones de los trenes.
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Todo eso tenía que ocurrir y todo eso ocurrió, y obsérvese la estrecha relación de casi todo ello con Sánchez Manzano, comisario jefe de los Tedax. Y la concurrencia de esas veintidós anómalas actuaciones no pudo ser casual, pues el incumplimiento de una sola de ellas podía haber puesto patas arriba toda la verdad oficial del 11-M. Tenía que haber un objetivo, una dirección que promoviera y controlara todo ello, y es fácil suponer qué es lo que se buscaba. Pero la sola existencia de este entramado permite asegurar que las bombas de los trenes nada tenían que ver con la mochila de Vallecas, en caso contrario, en vez de esas inexplicables actuaciones lo que habríamos tenido sería toda una serie de coincidencias entre la mochila y las bombas.

Gracias a todo ello, el Tribunal pudo dictar una sentencia basada en la autenticidad y en la composición de la mochila de Vallecas, cuya falsedad echaría por tierra toda la argumentación judicial y, con ella, la propia sentencia. Y cuando el 17 de julio de 2008 el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva, parecía que los protagonistas de la eliminación de las pruebas de los trenes habían logrado definitivamente su objetivo.

Sin embargo, surgió algo sorprendente, algo imprevisible para los que consideraban cerrado y bien atado el caso. Un año después del carpetazo decretado por el Supremo, en julio de 2009, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, a través de su abogado José María de Pablo, presentó una querella contra el comisario Sánchez Manzano y la perito de su laboratorio químico, por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y falso testimonio. Y la querella fue admitida a trámite por e Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, que dirigía Coro Cillán. Se abría así una inesperada esperanza de que por fin la verdad saliera a la luz.

Y la juez Coro Cillán luchando contra los numerosos obstáculos que se iba encontrando en el camino, eludiendo durante dos años y medio las fuertes presiones que recibía, y rechazando las sucesivas peticiones de sobreseimiento, mantuvo la investigación abierta con el apoyo del fiscal. Durante ese tiempo declararon ante Coro Cillán numerosos e importantes testigos policiales, ferroviarios, y otros que no lo habían hecho en el juicio del 11-M. Muchas de esas declaraciones aportaban importantes nuevos datos a lo ocurrido con los trenes y con la toma de muestras en ellos (5).
El recinto que guardaba los restos de Santa Eugenia destruido y saqueado el 22 de octubre de 2013 (foto del autor).

Pero se estaba yendo demasiado lejos. Había que pararlo como fuera. Hubo un primer archivo de la causa decretado el 7 febrero de 2012, en el que se alegaba un absurdo e inexistente caso de “cosa juzgada”, archivo que se produjo precisamente el día siguiente al de la declaración ante Coro Cillán del que era presidente de Renfe el 11-M, Miguel Corsini, y coincidiendo en el tiempo con la aparición de los antes mencionados restos de uno de los focos de explosión de los trenes. Ya en octubre de 2013, esos restos, sigilosamente conservados y precintados por la Guardia Civil por orden de la Fiscalía, vieron violentados sus precintos, destruido el recinto que los guardaba y fueron finalmente robados en presencia y con ayuda policial (6), al tiempo que la juez Coro Cillán, que estaba suspendida cautelarmente, era inhabilitada por prevaricación por un asunto ajeno al 11-M.
Hubo nuevos intentos de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M de reapertura de la causa, pero todo fue en vano, el 19 de abril 2016, la Audiencia Provincial archivó definitivamente la querella, entretanto, la juez Coro Cillán había sido expulsada de la judicatura y su vida había quedado destrozada.
El 23 de octubre de 2013, un vehículo policial ante la puerta de entrada del taller en el que se estaba consumando el robo de los últimos restos de un tren del 11-M (foto del autor).

Y así se perdió, por ahora, la esperanza de ver por fin dirigida la investigación del 11-M a los trenes y a lo ocurrido con ellos y con lo de ellos extraído, y no a una mochila fantasma, que nadie vio en los trenes y que es incompatible con diversas actuaciones sumariales y con varias de las importantes declaraciones prestadas bajo juramento ante la juez Coro Cillán, las cuales han quedado archivadas y escondidas, que nadie se atreva a invocarlas. Para la justicia española esas declaraciones no han existido.

*** Carlos Sánchez de Roda es ingeniero y autor del libro 'Los trenes del 11-M' (Última línea, 2015), donde expone cómo la precipitación en el desguace de los vagones provocó grandes lagunas e incluso errores judiciales que podrían haberse evitado.

1. El Comisario Sánchez Manzano suscribió en solitario la nota informativa emitida tras la desactivación de la mochila de Vallecas. No se ha dado a conocer el acta que debieron suscribir los artificieros, cuyas identidades ni siquiera aparecen en la nota de Sánchez Manzano.

2. La última pericial sobre metralla se realizó el 14 de febrero de 2006, y la de explosivos del juicio finalizó el 15 de mayo de 2007.

3. El tren de Santa Eugenia no fue desguazado, sino reparado, y sus restos conservados sigilosamente durante 9 años.

4. Nota de prensa de la Fiscalía de Madrid de 6 de junio de 2012, tras la publicación en el periódico Libertad Digital de la existencia de esos restos hasta entonces desconocidos para todo el procedimiento judicial.

5. Algunas de esas declaraciones se comentan aquí.

6. La Policía Nacional, junto a personal de Adif, vigiló la entrada al taller en el que se realizaba el expolio. La Policía Municipal colaboró en la salida de camiones del recinto, como lo prueba al Diario de Sesiones del Ayuntamiento.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Es esencial lograr un mercado único para todo el país
EDITORIAL El Mundo 25 Junio 2017

El fallo del Tribunal Constitucional anulando dos de los principales artículos de la Ley de Unidad de Mercado echa por tierra una de las reformas más reclamadas por los principales organismos nacionales e internacionales y supone un retroceso a los logros obtenidos en los más de tres años de aplicación de la norma. La Ley, que entró en vigor en diciembre de 2013, permitía que las empresas instaladas en cualquier comunidad autónoma pudiesen ofrecer sus productos y servicios en cualquier parte del territorio nacional sin necesidad de someterse a nuevas regulaciones locales y regionales.

Frente a esta pretensión, la Generalitat interpuso un recurso de inconstitucionalidad alegando que la norma disminuía sus competencia autonómicas, argumento que ha ratificado el TC. De esta forma, queda sin efecto práctico una Ley que pretendía poner fin a la fragmentación del mercado interno con el objetivo de mejorar la productividad de las empresas, especialmente de la pymes.

Con la aprobación de la Ley, cuyos efectos beneficiosos para la economía fueron ratificados en 2015 por el Consejo para la Unidad de Mercado, el Gobierno no hacía sino seguir las recomendaciones del FMI y la OCDE, que ven en la maraña de leyes autonómicas a las que tienen que someterse las empresas un serio obstáculo para la competitividad. Según la CEOE, la aplicación de la norma podría impulsar hasta en 4,5% el PIB a nivel nacional.

Resulta paradójico que para muchas empresas sea más difícil operar dentro del territorio español que en algunos mercados internacionales, una distorsión a la que debería ponerse fin. Tras la sentencia del TC el Gobierno se enfrenta al reto de reformular de nuevo la Ley para lograr implantar definitivamente una regulación única que rija en todo el territorio nacional.

Nación es que te lo digan
Arcadi Espada El Mundo 25 Junio 2017

Mi liberada:

A propósito del homenaje que acaba de rendirle la Universidad de Barcelona, Enrique Badosa ha hecho unas declaraciones a un periódico llamado Ara. Tengo por Badosa un gran aprecio melancólico. Cuando en 1982 entré a trabajar en El Noticiero Universal, diario de la tarde, formaba junto a Julio Manegat y Manuel Vela Jiménez un imponente triplete defensivo. Acechaban ya, y por diversos flancos, la vulgaridad, el adanismo y los justicieros. Los tres escritores pasaban buena parte del tiempo contemplando una pajarita de papel de periódico encerrada en una jaula que tenían sobre un rincón de la gran mesa colectiva. La dictadura no les dejó ser periodistas, porque no hay periodismo en ninguna dictadura; y la democracia los ignoró porque sus intérpretes hegemónicos nunca distinguieron rastros de vida en la larga noche. Badosa es un poeta refinado. Y también un hombre: hoy se juega bravamente la vida al tratar de usted al camarero. En la entrevista, corta y densa, como debe ser (y no como son esos inacabables tostones digitales, eyaculados más que escritos) hay varios momentos estupendos. Explica que ha donado unos libros y papeles literarios a la Fundación Jorge Guillén, de Valladolid: "Aquí no quieren nada", donde aquí y nada son la punta y el cabo del pase del desprecio. Pero el Badosa puro, modesto pariente de los clásicos, irónico, antípoda exacta de la grotesca fachendería de la nación, aparece en esta frase: "Poeta es que te lo digan".

¡A tantas y tan severas cuestiones podría aplicarse este rasgo de realismo e inteligencia! Leía a Badosa al mismo tiempo que a Pedro Sánchez. Estos obligatorios ejercicios simultáneos son la máxima brutalidad del periodismo y la razón por la que siempre será un oficio mal pagado. Oía a Sánchez y pensaba en los nacionales, Puigdemont, Junqueras, cualquier catalán a sueldo del Presupuesto. Aprended del maestro, idiotas: nación es que te lo digan. El nacionalismo lleva siglos repitiéndose que Cataluña es un nación. Hay que respetarlo. Hay que respetar a cualquiera que nacido (de donde "nación" proviene) en un sexo quiera emigrar a otro. O que midiendo 1,64 proclame que mide 1,90. Hay que respetarlo como se respeta cualquier alucinación. Pero un ser cuya identidad dependa exclusivamente de sí mismo solo puede tomar el camino alucinatorio de Don Quijote. Cataluña es una nación y el mes que viene una nación independiente pero nadie le ha dicho aún a Puigdemont nacional. Ni un solo Estado se lo ha dicho. Nación es que te lo digan.

Sin embargo, por algo se empieza, aunque sea por Sánchez. En la pasada reunión de jóvenes tan estudiosos y bien preparados que lideró, todos juntos proclamaron la plurinacionalidad de España. Está muy bien. Pero el infierno mora en los detalles. Y el principal es España. Parece probable que Sánchez crea que España es una nación. Más que nada por inercia. La Constitución fija cuál es su territorio y cuáles son su nacionales. Más díficil es que Sánchez se atreva con este hueso: Si España es una nación, ¿es también una nación cultural? Tengo una aclaración sobre este punto. Nación cultural es un hórrido pleonasmo si lo que pretende es oponer naturaleza y cultura: no hay naciones naturales. Y un concepto incomprensible en cualquier otra hipótesis. Pero los socialistas lo utilizan para señalar y yo soy un realista. Si España es una nación cultural, no parece que pueda serlo aparte de las naciones andaluza, castellana, catalana, valenciana, etcétera. ¿Qué es España sino todos sus nacionales culturales? España puede reconocer sin problemas a la nación cultural riojana, porque España solo, ¡solo!, es un link. El problema es que ese clásico punto de vista ideal de las identidades compartidas, de las identidades encajadas como muñecas rusas, se rompe cuando las identidades se observan a contrapelo.

Los nacionalistas no tienen dudas de que forman una nación cultural. Tampoco les importa que España se defina como una nación cultural. Y por supuesto: sienten que forman parte de la gran nación cultural europea. Pero la cuestión que importa es que los nacionalistas aborrecen formar parte de la nación española. No es el encaje en España lo que pretenden sino el desencaje. Y esto es así no por ninguna razón de maltrato económico, político o sentimental, como decía anteayer un cazurro editorial del Times, sino por el fondo xenófobo del nacionalismo y porque su identidad se define necesariamente por oposición. Decir «nación catalana» es decir «no nación española» y seguirá siéndolo por muchas cataplasmas de sentido que el terminal socialismo obrero y español pretenda aplicar al asunto.

Como el náufrago que bracea desesperado los restos del PSOE planean una reforma de la Constitución que afecte al título autonómico. Ha envejecido, dicen. Nunca les he oído concretar el tipo de envejecimiento. Lo comprendo. Porque, efectivamente, algo ha envejecido aunque no les guste. Y es la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones. Mediante un lógico proceso de igualdad, la práctica política ha neutralizado la lamentable distinción entre territorios, o sea, entre ciudadanos, que introdujo el pacto constitucional, en una de esas concesiones que los regimentistas del 78 nunca mencionan. En términos generales, las autonomías andaluza o valenciana tienen, o pueden tener, el mismo nivel de competencias de Cataluña, Galicia o el País Vasco. La autonomía ya no depende del camino, del artículo (151 o 143) por el que se accedió a ella. Una buena noticia para la solidaridad española. Y pésima para los xenófobos, que se dicen molestos y estupefactos: "¡No solo viven entre nosotros sino que encima quieren ser como nosotros!". Los muñones constitucionalistas tienen parte de razón cuando aseguran que la generalización de competencias ha agravado el conflicto autonómico, porque nada hay más odioso para un nacionalista que la igualdad. Pero lo insuperable español es que nadie le diga al muñón cuán cínico e intolerable es semejante discurso.

El sonrojante Sánchez acaba de proclamar la plurinacionalidad de España en el congreso socialista. Esa palabra tiene 17 letras. España tiene 17 autonomías. Hay personas muy interesadas en que detalle cuántas naciones caben en esas letras. Yo estoy interesado, sobre todo, en que detalle lo que no cabe. Ánimo, Sánchez: región es que te lo digan.

Y tú, sigue ciega tu camino.

El expolio autonómico
Gonzalo Baratech cronicaglobal 25 Junio 2017

Las ayudas financieras otorgadas a las extintas cajas de ahorro siguen dando juego. Un reciente estudio del Banco de España calcula su importe en más de 60.000 millones de euros. De esta cantidad, el Estado aportó 40.000 millones. Los restantes 20.000 corrieron a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, organismo integrado por los bancos y entidades de ahorro. El Banco de España estima ahora que de los 40.000 millones desembolsados por los contribuyentes, a lo sumo se recuperarán 12.200 millones.

Dicho con otras palabras, siete de cada diez euros sufragados por el conjunto de los habitantes, se esfumaron para siempre. Fue inútil el empeño de rehabilitar a toda costa unas cajas desvalijadas y hundidas por sus propios gestores. ¡Y eso que, según proclamó en su día el ministro Luis de Guindos, el rescate no iba a costar un céntimo al erario! Que santa Lucía conserve la vista a esa lumbrera.

Es de recordar que las cajas más dañadas y que requirieron mayor volumen de auxilios públicos revestían una característica común: la de albergar en su cúpula a nutridas mesnadas de antiguos vicepresidentes del Gobierno, ministros, diputados, senadores, alcaldes y otros profesionales del politiqueo.

Por ese motivo, puede afirmarse, sin incurrir en exageración alguna, que la práctica de los partidos consistente en catapultar sus correligionarios a los órganos de mando de las entidades resultó nefasta para el común de los ciudadanos. Ahí están los ejemplos de Caixa Catalunya, Bankia y CAM, por no citar sino algunos de los más aparatosos.

Así, pues, ya se ha cifrado con bastante precisión el coste del desastre perpetrado en las cajas de ahorro por politiquillos de toda laya. A este respecto, se me ocurre una pregunta inocente. ¿Cuánto ha supuesto otro salvamento paralelo, el de las comunidades autónomas?? A raíz de la crisis, la gran mayoría de ellas registró déficits abultados y sus estados contables se poblaron de agujeros como un queso emmental.

Las agencias de calificación de riesgo dieron entonces en rebajarles su rango de solvencia. A algunas las degradaron al nivel del bono basura. El recorte tuvo como fatal consecuencia que se les cerrara el grifo crediticio privado por una larga temporada. Ante este panorama, no les quedó otro remedio que pedir árnica al Estado.

Desde entonces, el Gobierno central ha dispensado a las regiones la estratosférica suma de 150.000 millones, casi el cuádruple de la absorbida por el restablecimiento de las cajas. Es ocioso señalar que tal dineral no estaba previsoramente almacenado en las arcas públicas. Por tanto, el erario tuvo que lanzar emisiones y más emisiones de deuda.

El Estado mostró y sigue mostrando una magnánima generosidad con las regiones, pues les ha concedido semejante financiación sin coste, es decir, a un tipo de interés cero. Aun así, muchas autonomías empiezan a enviar señales de que nunca podrán devolver los préstamos recibidos. Por ello, en otro gesto de magnanimidad desmedida, pues se trata del dinero de todos, el Gobierno central ya ha anunciado que planea condonar parte de esa deuda.

La comunidad más favorecida es Cataluña, con 51.000 millones, equivalentes a la tercera parte de los recursos puestos a disposición de las demarcaciones de toda España. Cataluña tiene cerrados los mercados internacionales desde hace años. Las tres principales agencias calificadoras, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, catalogan la deuda catalana en los niveles denigrantes del bono basura, por su altísimo riesgo de impago. De hecho, sin la asistencia estatal, hace mucho tiempo que las finanzas vernáculas habrían caído en una quiebra atronadora.

Se critican hasta la saciedad --y con razón-- los socorros del Estado a las cajas arruinadas por la incompetencia y los desmanes de los políticos. Pero la financiación a unos territorios que derrochan el dinero a manos llenas, constituye otro gigantesco desfalco del peculio de los ciudadanos.

Entre pitos y flautas, es decir, entre cajas y autonomías, la gestión de nuestros políticos manirrotos ya nos ha costado la friolera de 177.000 millones. Esa enorme losa recae implacable sobre las espaldas de la presente generación y, si nadie lo remedia, seguirá haciéndolo sobre las futuras

El NYT se equivoca con España

Marcello Republica 25 Junio 2017

No es la primera vez que esto ocurre porque algo parecido y años atrás ya pasó con ETA cuando The New York Times apostaba por negociaciones con los terroristas. Sin embargo después de 11-S esas veleidades se habrán acabado en el diario neoyorquino que siempre estuvo influenciado por el caso de Irlanda en nada comparable con España.

Como ahora parece asimilar el referéndum de Escocia al desafío catalán sin medir el marco legal y constitucional de España y el Reino Unido. O ¿acaso el NYT está a favor de un referéndum de independencia en California a pesar de que lo prohíbe, como en España, la Constitución de los Estados Unidos?Qué fue si no la guerra de secesión norteamericana sino un conflicto militar. una guerra civil por la unidad y los derechos democráticos y civiles de USA.

Sorprende pues la frivolidad y ligereza con la que NYT se declara a favor de un referéndum ilegal y anti constitucional de Cataluña en España aduciendo los mismos argumentos de los secesionistas catalanes. Un grave error que el prestigioso diario debería de rectificar y cuando antes mejor.

En todo caso alguien de la embajada de España en Washington debería dar al NYT toda la información necesaria para que el periódico -que tiene a su corresponsal en Madrid pero mal informado por lo que se ve- conozca toda la verdad.

Y no sólo sobre el referéndum en cuestión si sino sobre la Historia de este país (y la de Cataluña que son la misma) y sobre los varios y falsos agravios de índole económica y cultural, así como sobre lo que le pasaría a Cataluña fuera de la UE. Y todo ello sin perder de vista la permanente violación de leyes y la discriminación de los catalanes no separatistas de las que hace gala a diario el Gobierno secesionista de la Generalitat.
presión al 'españolismo'

Violencia y amenazas a antiindependentistas en el campus de la Autónoma de Barcelona
El inicio del conflicto se remonta a enero del 2016, cuando la rama juvenil de SCC, en contra de la independencia, comenzó a realizar actividades en el campus
Antonio Fernández. Barcelona elconfidencial 25 Junio 2017

El campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) está que arde, y no es precisamente por las altas temperaturas: un colectivo de independentistas quiere que las autoridades de la institución veten el acceso al propio campus de otro colectivo que es justamente antiindependentista. Desde hace un año, las amenazas, las agresiones y los conflictos son permanentes.

En la mesa del rectorado se amontonan hasta siete quejas formales de los jóvenes de Sociedad Civil Catalana (SCC), que denuncian actitudes antidemocráticas y violentas de una autodenominada Plataforma Antifascista. El acoso va más allá: paredes del campus piden que los antiindependentistas sean expulsados e incluso despachos de profesores que no se alinean con el 'procés' han sido pintados. El ambiente comienza a ser irrespirable.

El inicio del conflicto se remonta a enero del 2016, cuando la rama juvenil de SCC comenzó a realizar actividades en el campus. “Desde el principio notamos el acoso de colectivos independentistas porque no pensamos como ellos. Hoy podemos decir que la UAB tiene determinados colectivos violentos, que monopolizan la violencia y la ideología y que articulan su discurso de muchas maneras”, explica a El Confidencial Josep Lago, responsable de Jóvenes de SCC.

El primer acto violento que el colectivo recién llegado sufrió en propia carne fue el 19 de abril del pasado año. Puso su carpa en una feria de entidades (habían sido invitados por la propia Universidad) y poco después, la carpa era rodeada por independentistas que se dirigían a la presentación de un libro. Los agresores increparon y amenazaron a los jóvenes de SCC y rompieron la bandera de España. Fueron acusados de delito de coacciones para impedir el desarrollo de derechos fundamentales y de ultraje a la bandera.

Tres días más tarde, SCC convocó un acto de desagravio en el propio campus. Y, paralelamente, el Sindicato de Estudiantes de los Països Catalans (SEPC) convocó una concentración contra sus rivales, donde uno de los eslóganes más coreados fue el de ‘fuera fascistas de la universidad’. El acto acabó con escaramuzas en las que resultaron heridos un agente de seguridad de la UAB y un mosso.

Como consecuencia de este encontronazo, se creó en el campus la Plataforma Antifascista, que desde entonces fue la abanderada de las acciones contra los jóvenes antiindependentistas. “Nacemos para mostrar la verdadera cara de la moneda que colectivos como SCC, entre otros, intentan esconder apelando a la ‘democracia'”, rezaba uno de sus primeros tuits. Lo malo es que, a pesar de su nombre, solo monopoliza el derecho a existir.

Agresiones en diciembre
En diciembre pasado, tuvieron lugar los enfrentamientos más graves: SCC había organizado una sesión de cine-fórum en torno al documental ‘Disidentes. El precio de la discrepancia en la Cataluña nacionalista’. Y el 12 de ese mes, pusieron una carpa en el campus para publicitar el acto. La presión de los independentistas obligó a celebrar la exposición en un lugar no previsto (el que había sido reservado fue ocupado por los radicales independentistas). Ese día, algunos integrantes del Colectivo Barcelona con la Selección fueron acorralados en el campus por militantes de la Plataforma Antifascista, insultados y agredidos.

El 14 de marzo, hace tres meses, la situación volvió a tensarse: los jóvenes de SCC pusieron una carpa para repartir folletos animando a asistir a la manifestación del 19 de marzo bajo el lema 'Aturem el cop separatista' (‘Paremos el golpe separatista’) y los independentistas asaltaron la carpa tras quemar una bandera española. ‘Sin piernas, sin brazos, nazis a pedazos’ fue la consigna más coreada.

Los independentistas asaltaron la carpa tras quemar una bandera española.

El ‘pecado’ de este colectivo, afirma Lago, es llegar al campus “publicitando" sus "objetivos": "Ellos vieron peligrar su monopolio. Ahí comienzan a articular acciones”, añade. Los jóvenes de SCC (la organización antiindependentista más potente que existe en Cataluña) pasaron a ser el blanco de las acciones de los independentistas.

La Plataforma Antifascista, por su parte, asegura que la presencia de Joves de SCC comportó “la manifestación neonazi y ultra en nuestra universidad en dos ocasiones, hecho sin precedentes e intolerable. Como consecuencia de sus acciones, también entraron los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra en la universidad en tres casos, creando así un clima de tensión innecesario en el campus universitario”.

Josep Lago, por su parte, niega que su colectivo hubiese llamado a neonazis: “El 22 de abril, cuando hicimos un acto público en protesta porque tres días antes nos habían agredido, aparecieron algunos jóvenes de estética skin. Pero nosotros no les llamamos. Simplemente, fue un acto publicitado y alguien les debió de avisar. ¿Quién? Nosotros no ¿A quién beneficia que acudiesen allí? Que lo diga el SEPC. Si estaban allí, es porque alguien les avisó y nosotros no fuimos. Lo único que podemos decir es que detestamos la ideología y la forma de pensar de los neonazis”, señala a El Confidencial.

La violencia trasciende a profesores
Pero lo cierto es que las carpas de los jóvenes de SCC han sido sistemáticamente arrasadas en el último año por grupos violentos y ahora la violencia se ha extendido al día a día. “Han ido incrementando las presiones. Cuando nos encuentran por el campus, nos insultan. Nos llaman fascistas y pijos de mierda. Nos dan codazos al cruzarnos y a veces sueltan algún escupitajo. Y, paralelamente, hay una espiral de silencio para que la gente no denuncie”, subraya Lago. La intransigencia y la violencia ya trascienden incluso el ámbito estudiantil y en la puerta del despacho de Rafael Arenas, profesor en la UAB, fue colocada una pegatina con el logo 'FCK SCC' (‘Jódete, SCC’). Arenas había sido el presidente de SCC hasta el año pasado.

Los antiindependentistas se han reunido en varias ocasiones con la rectora, Margarita Arboix. “Nos da la sensación de que escurre el bulto y no sabe cómo atajar el problema. La impresión que sacamos después de varias reuniones es que quiere que nos cansemos y que dejemos las actividades. La última petición que le hicimos es para que borren las pintadas con insultos contra nosotros, porque nos perjudican mucho, pero nos dijo que el campus solo se pinta dos veces al año. Ha sido una decisión del equipo de gobierno, porque no hay dinero y no pueden hacer frente a los costes”. Arboix también dijo que la cúpula de la UAB trabaja para solucionar el conflicto. “Pero no hay conflicto. Lo que hay es una violencia unilateral por parte de personas radicales”.

Virginia Luzón, vicerrectora de Comunicación señala a El Confidencial que el equipo de gobierno propuso a los dos colectivos enfrentados su mediación, “pero fue rechazada por ambas partes. Nosotros seguimos abiertos a esa mediación porque es la única vía para solucionar el conflicto”. Luzón asegura que los dos grupos “tienen ideas muy diferentes y las defienden con vehemencia, aunque eso no es óbice para respetar democráticamente las ideas del otro. Lo que queremos dejar claro es que el campus ha de garantizar los principios de libertad y democracia. Y, como equipo de gobierno, consideramos que se ha de resolver el tema dentro de la propia UAB y de que hay líneas rojas que no se han de pasar, como son las agresiones y la violencia”.

La vicerrectora admite que ha habido “momentos muy tensos” y que “cuando hemos visto situaciones discriminadoras, hemos emitido comunicados manifestando nuestro rechazo más absoluto a determinadas acciones”. El primero de esos comunicados, añade, fue el pasado 13 de diciembre.
 


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