AGLI Recortes de Prensa   Lunes 26  Junio 2017

AIReF: la mentira sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas
Roberto Centeno elconfidencial 26 Junio 2017

EL AIReF o Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ni tiene autoridad, ni es independiente, ni responde de nada, es un organismo más para engañar a españoles sobre hacia donde va nuestra economía. Fue creada en 2013 a instancias de Bruselas –aunque la pagamos nosotros– y su objeto “garantizar el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera por las Administraciones Públicas”. ¡Sencillamente delirante! Miran a otro lado ante los incumplimientos y desequilibrios más flagrantes y ocultan lo esencial: como la imposibilidad de financiar el caos autonómico, el coste real del rescate de bancos y cajas, el final de la gigantesca burbuja de deuda que crece sin pausa, o como acaba de denunciar Cáritas "el 70% de las familias no percibe recuperación alguna y están empobreciendo la pobreza".

El AIReF ha validado todas las grandes mentiras económicas del Gobierno. Que la deuda pública es de 1,1 billones, cuando la total es de 1,46 billones. Que estamos creciendo por encima del 3 %, cifra que no coincide ni con los indicadores independientes de actividad y demanda, ni con la recaudación fiscal (+1,5% en en 2016 en términos homogéneos), y ya el colmo en el 1T2017 ni con la creación de empleo: no se puede crecer el 0,8% y destruir el 0,4% del empleo. Que estamos en un proceso de consolidación fiscal cuando en 2016 el objetivo de déficit público (2,8% del PIB) fue un 118% superior, el 6,1% del PIB, y mayor que en 2015. O que para crecer un euro necesitamos endeudarnos en dos, lo que significa que no estamos yendo hacia la recuperación si no hacia la quiebra.

Ignorar esta realidad es un delito penal, como lo fue el comportamiento del BdE tirando a la papelera la carta de los inspectores alertando de la inminencia de la crisis en 2006, y manipulando balances y mintiendo sin límite desde 2008. Como es también un delito el no haberse siquiera molestado en cuantificar el gigantesco despilfarro que supone el Estado autonómico totalmente fuera de control, lo que hace imposible la sostenibilidad de las Administraciones Públicas (AAPP), que es la función para la que fueron creados y que solo se mantiene mediante una burbuja de deuda insostenible, tanto que en el momento en que finalice la expansión cuantitativa del BCE y se inicie una subida de tipos, España suspenderá pagos. Cuando esto suceda (y sucederá), el desastre será tal que los responsables no se irán esta vez de rositas.

Y luego algo que afecta al montante de la deuda pública y en consecuencia a la sostenibilidad financiera de España. La gigantesca mentira del BdE de que el coste del rescate bancario ha sido de 60.600 millones, cuando las ayudas públicas -medidas de capitalización, adquisición de activos, garantías y avales, préstamos y líneas de liquidez- al sector bancario español oscilan entre los 730.000 millones y los 1,5 billones de euros, con unas pérdidas estimadas entre 200.000 y 300.000 millones de euros que se irán sumando a la deuda, una salvajada que obliga a una investigación a fondo y a procesar a todos los responsables. Pues bien, estos hechos junto con el modelo de Estado llevarán a la nación a la quiebra. El AIReF ni los menciona y nos cuentan la chorrada de que el déficit 2017 va a ser mayor del que dice Montoro, ¡menuda novedad!

La coartada del sistema
Cuando a mediados de 2014 el AIReF realizan su primer informe sobre el cumplimiento de objetivos de déficit y deuda, analizan las causas del incremento del incremento exponencial de la deuda desde 2008, mienten sin el menor recato, resulta que todo se hizo en forma impecable, fue culpa de los dioses. Esto resulta gravísimo, ¿cómo pretende arreglar nada si ignora igual que el BdE- cuya desvergüenza negando toda evidencia y responsabilidad resulta tan pavorosa, que en un Estado de derecho estarían todos en la cárcel – como el endeudamiento insostenible, el falseamiento masivo de balances, la ocultación brutal y gigantesca de activos tóxicos que siguen lastrando nuestro futuro, solo para proteger a banqueros, políticos y sindicalistas irresponsables y/o ladrones.

Y luego respecto al objetivo de conseguir una reducción de la deuda al 60% del PIB en 2020, se limita a decir que “existen riesgos de incumplimiento”, ¡pero qué disparate! En lugar de dar un puñetazo encima de la mesa y decir que vamos a la quiebra... A partir de aquí es siempre lo mismo. Denunciar parcialmente las cifras del Gobierno, lo que resulta irrelevante, porque la Comisión amplia los objetivos de déficit año tras año. Y cuando tampoco los cumplen, mira hacia otro lado. Sin embargo, y esto es lo grave, ocultan lo más importante, hacen como si la deuda fuera sostenible, mintiendo sobre el volumen de la misma y su crecimiento, como si las pensiones no estuvieran quebradas, y como si la clase trabajadora y la clase media no sufriera la mayor carga fiscal de toda la OCDE.

En 2014, su primer año triunfal, el gobierno elabora unos Presupuestos para 2015 de ciencia ficción, como es habitual. Objetivos de déficits públicos -4,2% 2015, -2,8% 2016, 1,1% 2017- que el AIRef no califican como lo que son: un dislate absoluto. En octubre, casi a fin de año, afirman que “es probable que el objetivo de estabilidad 2014 de un déficit del 5,5% se cumpla”, no ocurrió ni de lejos. Para 2015, con cifras ya hasta agosto, la AIReF afirmaría sin sonrojarse que los ingresos de las Seguridad Social de 109.833 millones, un +6,8%, no solo eran obtenibles, es que pueden ser superadas. Y, respecto al gasto, “no se observan riesgos significativos”. La realidad: los ingresos crecerían el 1,4% y los gastos 5,4 %, el objetivo de déficit de las pensiones que era del 0,6%, simplemente se doblaría.

Pasemos a los PGE- 2016, segundo año triunfal. El objetivo de déficit era el -2,8%, ficción que se mantuvo hasta abril momento en que De Guindos reconoció y pidió que se ampliara al 3,6%. La Comisión por orden de “jefa suprema”, Angela Merkel, para ayudar a Rajoy a no hundirse en las elecciones lo elevaría al 4,6% (¡si será por dinero, ya lo pagarán las generaciones futuras!), Montoro, a quien con toda razón le da lo mismo Juana que su hermana, miente sin límite y ni nadie le corrige, y cuando ven que ha mentido no pasa absolutamente nada, afirmaría que había cerrado el año en el 4,33%: “Hemos cumplido con holgura”. Y los juntaletras patrios aplaudiendo con las orejas.

¿Y que dijo la “autoridad independiente de responsabilidad fiscal y de los grandes expresos europeos”? Pues, para empezar, pidió relajar el objetivo de déficit a Extremadura, Murcia, Cataluña, Valencia y Aragón, los más golfos, los más despilfarradores y los que han recibido el grueso de los más de 200.000 millones de financiación extra del FLA a coste cero y que no devolverán jamás. Además, afirman que “no se debe demonizar a las CCAA”, o sea que el gran problema de España, un modelo de estado único el mundo donde los dos tercios del gasto (ex SS) lo realizan unas entidades periféricas totalmente descontroladas, donde la incompetencia, el despilfarro, la corrupción y el nepotismo alcanza cotas jamás alcanzadas en la historia de Europa. Es decir, los grandes culpables que nos están llevando a la ruina no deben ser demonizados. No tienen vergüenza.

Respecto a la opinión sobre los PGE2016, asómbrense o indígnense, porque fue esta: avaló en su informe el escenario macroeconómico en que se basaban los PGE2016, un escenario que simplemente no había por donde cogerlo. Y luego “el objetivo de déficit del Estado parece alcanzable. El crecimiento de los ingresos tributarios resulta, en su conjunto, plausible”, la previsión era de 193.520 millones o el +6,2%. La realidad 186.249 millones o un +2,3%, casi la tercera parte menos. En la Seguridad Social estiman imposible cumplir el objetivo de reducir el déficit al 0,3% y su estimación es del 1%, igual a 2015, sería casi el doble. Unos fenómenos de la previsión estos artistas.

Déficit 2016 y pensiones: el colmo de la mentira
Pero esto no es lo peor, lo más grave es que unas vez transcurrido el ejercicio y contarnos Montoro su particular versión de lo sucedido, “España cumplió el déficit pactado con Bruselas con el 4,33%”, el AIReF no sabemos con qué bases la da básicamente por buena, y pasa a la casilla siguiente: los PGE-2017. Comprobar directamente las déficits reales es imposible. Respecto al Estado, Montoro, se ha negado a facilitar las cifras, lo que ha llevado a la institución a querellarse judicialmente sin que esto le haya inmutado. Y, sin cifras, la comprobación directa es imposible. En cuanto a las CCAA, funcionan por libre. Como son autónomas, según el Constitucional no tienen por qué rendir cuentas a nadie, o sea que sus cifras no se comprueban y, quien no se las crea, peor para él.

Dar por buenas cifras sin poder comprobarlas es incomprensible, máxime cuando existe un método indirecto que permite su cálculo. En los tres casos mencionados se va a la web del BdE, que nos muestra el incremento de la deuda total – emisiones de bonos y obligaciones más préstamos concedidos por las entidades financieras y por el Estado a CCAA y CCLL, que deben incluirse porque jamás serán devueltos – y que para 2.016 que fue de 47.000 millones de euros. A esto deben añadirse los 20.200 millones sacados de la caja de las pensiones para poder pagar las mismas, por lo que el déficit de las AAPP 2016 ascendió a 67.200 millones de euros o el 6,1% del PIB.

Que el AIReF oculte a los españoles esta realidad, es colaboración necesaria en la ocultación de la realidad económica y financiera de la nación, pero dado su carácter de institución pública es también un delito penal de negligencia criminal en el cumplimiento de sus obligaciones, con consecuencias gravísimas para el futuro económico de la nación. Independientemente de lo que Montoro les haya dado ellos tenían procedimientos de comprobarlo y no lo han hecho.

Respecto a los PGE-2017, la opinión del AIReF de que el déficit no será del 3.1% como dice el Gobierno, sino del 4%, ¡pues claro que no será del 3.1%! ¿Cuándo ha dicho el Gobierno de Rajoy una sola verdad?, pero eso es irrelevante. Lo que sí es relevante es su afirmación de que las pensiones perderán solo 7 puntos de poder de compra en 10 años, una mentira propia de Juzgado de Guardia. El sistema de pensiones está quebrado y su supervivencia depende del endeudamiento.

Necesitará este año un endeudamiento de 10.000 millones de euros para mantenerse y de 20.000 millones al año a partir de 2018. Para cuadrar las cuentas se necesitaría un recorte de las pensiones del 20%, o un endeudamiento imposible de mantener, o subir los impuestos a las familias (su caladero preferido), donde una subida de 4 puntos en el IVA, lo que sería un expolio, solo aportaría 2.600 millones.

Pero hay algo peor que el AIReF no menciona y que resulta absolutamente escandaloso: “Las pensiones perderán siete puntos de poder de compra en 10 años”. El colmo de los colmos. Solo este año perderán un 2%, y luego veremos lo que dan de sí el endeudamiento y el expolio fiscal a las familias, si pierden solo un 10% será un milagro, pero a partir de 2019 entra en vigor la Ley de Sostenibilidad y las nuevas cohortes de jubilados verán recortadas sus pensiones brutalmente, porque solo se repartirán lo que haya en función de su esperanza de vida. ¿Se ha molestado el AIReF en hacer una simulación de lo que sucederá?, perderán un tercio de la pensión respecto al nivel actual. Este es el AIReF, la gran coartada del sistema y de la Comisión de Bruselas, como me explicaba Moscovici, para justificar que Eurostat diera por buenas las cifras falsas del BdE y el INE.

Grietas
Vicente Baquero gaceta.es 26 Junio 2017

Al igual que toda construcción que con el tiempo sufre un deterioro, por la humedad, el viento, las variaciones de temperatura o el propio desgaste de los materiales también las instituciones se resienten y necesitan una renovación.

No es por tanto algo inusual o extraordinario que las instituciones españolas que nacieron durante esa etapa de nuestra historia reciente denominada convencionalmente “transición”, se vean en la necesidad de replantear una serie de mecanismos electorales, organizaciones territoriales, y propuestas institucionales hechas en su día, en las circunstancias de entonces, que visto el resultado observado tras su puesta en marcha a lo largo de los 40 años transcurridos desde entonces, necesiten ajustes y rectificaciones. Lo que ya no resulta aconsejable es efectuar esa revisión perdiendo de vista cual fue la idea y el espíritu original de aquellos acuerdos.

Aquellas decisiones fueron asumidas por una nueva generación de españoles, tras la voluntad de olvido y la aquiescencia de las anteriores, aquellas que habían sido testigos materiales de las consecuencias del atraso de la periclitada monarquía, el desorden y violencia de la segunda republica, una cruenta guerra civil, las penurias de una posguerra y que paulatinamente pudieron asistir a la recomposición y desarrollo de España a partir de finales de los años cincuenta y sesenta: eran una nueva clase de españoles con voluntad política de concordia, que habían nacido como los descendientes del anterior conflicto, con una evidente voluntad de concordia, pero sin olvidar de donde se venía, la situación económica y social transformada en los años del desarrollo de la que se estaba disfrutando, y por ello en todo momento se fijó como principio ineludible para facilitar aquel proceso el axioma “de la ley a la ley”.

Tal decisión fue aceptada por la mayoría, nuevas y viejas generaciones, pues reconocía la legitimidad del régimen anterior y las justas aspiraciones de quienes deseaban una España más ideológicamente plural, que había quedado enterrada tras la guerra, dándole un nuevo protagonismo y una carta de legitimidad a esa izquierda renovada tras el conflicto y la posterior etapa de paz y desarrollo. No debemos olvidar que en Madrid, junto a los nuevos ministerios, durante muchos años de la etapa de Felipe Gonzalez y posterior de Aznar, convivieron estatuas y bustos de Franco, Prieto y Largo Caballero.

Lo que no resulta aceptable en la lógica de aquel histórico acuerdo, es pretender tras una serie de años de pacífica convivencia, con desgraciadas excepciones regionales, pretender darle un vuelco a aquel acuerdo y a la historia, para subvertir el orden de factores y buscar la legitimidad del nuevo contexto político, en un engarce con aquella república fracasada que a todos nos condujo a una guerra fratricida. Este cambio de propósitos de un sector de la izquierda española, resucitando una ideología y un conflicto para volver a avivar las llamas del odio entre españoles, es algo de consecuencias, imprevisibles en el corto plazo, y desde luego funestas en el largo. El viraje emprendido por el Presidente Zapatero, es una ruptura con aquel espíritu de la transición, ya que lo que pretende es ganar una guerra que se perdió por razones casi patológicas y borrar de la memoria colectiva al adversario, implantando un modelo de estado y una ideología que anule toda opinión contraria; en el fondo es la imposición de la vieja pretensión marxista de la sumisión de toda idea a la ortodoxia colectivista. Tal maniobra se apoyó en viejos aliados nacionalistas que llevaban agazapados décadas para resurgir con virulencia en Cataluña y País Vasco, ante la debilidad del nuevo estado español.

El giro hacia la radicalidad emprendido actualmente por un sector del partido socialista, con un Sanchez oportunista ambicioso al frente, así como la aparición de conocidos compañeros de viaje, medio marxistas medio anarquistas, que siempre se unen para derribar y destruir al contrario, pero que jamás se pondrán de acuerdo entre ellos, colabora al deterioro de esta situación política en España. Las reformas que sería de rigor aplicar a la constitución por parte de algunos sectores de esa “nueva izquierda”, que en realidad es precisamente la más rancia guerra civilista, aliada con los extremismos y separatismos, en un nuevo frente popular, constituye la mayor amenaza para el desarrollo pacífico de nuestra sociedad. No hace falta ser un genio para darse cuenta que si se produjera una alianza semejante y esta llegara al poder, ese sector de la sociedad española, hasta ahora pasivo, tomaría cartas en el asunto, nadie se deja expoliar sin poner oposición.

Es evidente que las reformas que el sistema requiere en realidad irían más en el sentido contrario al que pretenden imponer las actuales coaliciones de izquierda separatistas, de hecho una mayoría de los españoles si se les consultase la conveniencia de retroceder en las atribuciones y reducción del aparato autonómico acompañada de una reducción del gasto votarían a favor, por no hablar de la vuelta al mercado único o una tributación equitativa entre todos los españoles.

Por ello lo que se pretende no es tanto una rectificación de ciertas formalidades sino un cambio sustancial que repercutiría dramáticamente en las personas y las relaciones interregionales, no es cosmética política o legislativa, no estamos hablando de unas simples arrugas sino de grietas. Las diferencias entre una u otra concepción del estado no son académicas ni coyunturales, obedecen a formas distintas de concebir a la nación y a unas interpretaciones y significaciones opuestas de la historia de unas consecuencias esenciales. Son diferencias que marcan espacios y grietas tan profundas que no pueden resolverse simplemente a base “consensos”, sobre todo cuando estos no son más que medidas tácticas de alcance temporal hasta que las circunstancias aconsejen romperlos, como hemos visto y estamos viendo a diario. ¡Se suponía que muchos de estos problemas se habían zanjado en el 78 y ahora parece ser que no…! Desgraciadamente una vez más nos encontramos en una disyuntiva en que si los grupos mayoritarios no llegan a un acuerdo firme de estabilidad y seguridad jurídica de cara al futuro y prefieren enzarzarse en discusiones personales e ideológicas, seremos arrastrados por extremismos irracionales hasta un conflicto de cuya autoría luego todos se declararán inocentes…

Sánchez y el infantilismo de España
ANTONIO R. NARANJO elsemanaldigital 26 Junio 2017
El nuevo líder del PSOE es causa y efecto del mismo mal: el infantilismo político de España, que explica por qué ideas y actitudes nefastas encuentram sin embargo, fácil legitimación.

"La indignación moral es la estrategia tipo para dotar al idiota de dignidad"
Marshall McLuhan (1911-1980)

De no ser por la gravedad que encierra casi todo lo que ha hecho Pedro Sánchez en su congreso y en los días subsiguientes al cónclave, celebrado a la manera del reverendo Jim Jones en la ínclita Guyana con aquella bacanal de ego suicida, hasta tendría cierta gracia ver a todo un partido adulto comportándose como una tropa de chiquillos en el club de debate del instituto.

Allí tienen ustedes a los herederos directos o ideológicos de Besteiro, Azaña, Prieto, Negrín, Gómez Llorente, Felipe o Guerra -madre mía Darwin, no está tan claro que las especies evolucionen-, reunidos en torno a un líder denostado por los ciudadanos pero adorado por los engañados miembros de la orden, compitiendo para ver quién era más chachi con los cantos republicanos, más guay con la plurinacionalidad de España, más antiglobalización con Canadá o más molón con los parias de la tierra; como si nadie en ese nuevo minipsoe tuviera más de quince primaveras ni procediera del partido que más años ha gobernado en España y más crucial es en el freno a algunos de los desafíos estructurales que sufre el país.

Una izquierda razonable
Porque, no nos engañemos, por mucho y bueno que hagan -y hacen- el PP y Ciudadanos en frentes como el secesionismo, la burda respuesta estará siempre prefabricada: servirá con incluir su estupenda defensa del Estado de Derecho y de la convivencia constitucional en el saco, inexistente, de la caverna española, el reaccionarismo posfranquista y la antigualla ideológica que impulsa a esta recua centralista, jacobina, liberticia y por supuesto fascista simbolizada en la palabra 'Madrid'.

Sólo una izquierda razonable, con memoria y empuje, puede romper la propaganda secesionista -tan antigua como el dolor de muelas, tan ingenuamente alimentada por la propia España para esto- según la cual defender la Constitución es de derechas y oponerse al independentismo, en consecuencia, de antidemócratas.

Sólo la izquierda, al lado de los que ya lo hacen, puede transformar la enérgica defensa de los valores constitucionales en una cuestión genuinamente democrática y no en un capricho impositor ajeno a los valores más avanzados, la larga historia común y la defensa de una convivencia que dura 40 años y no tuvimos en España desde, al menos, la I República y hasta 1978.

Pero no, ahí tenían a esa mezcla de ignorancia supina y sectarismo crónico que se ha hecho cargo del PSOE haciéndose el moderno y adecentando la cochambre xenófoba del secesionismo con una apuesta por la "España plurinacional" que, en términos políticos, equivale a responder a Jack el Destripador, ese mítico desmembrador, con una propuesta a favor de la "cirugía creativa"

Infantilismo
O coqueteando, la muchachada, con el desprecio light a la Monarquía Parlamentaria por no saber ahorrarse otro canto gregoriano en favor de la Tercera República, reclamada por las Juventudes Socialistas, vivo ejemplo de que se puede ser bobo a cualquier edad pero sólo a algunas se demuestra con tanta vehemencia.

Como cada día escuchamos una parida que supera a la anterior pero empalidece ante la siguiente, nos hemos acostumbrado a triturarlas todas sin darle especial relevancia, como si fueran detritos efímeros que no dejan huella ni, en consecuencia, necesitan tomarse demasiado en serio.

Pero no es así. La desertificación intelectual del PSOE de Pedro Sánchez, el personaje político más nefasto que ha parido la democracia, coincide en el tiempo con el populismo más rancio en siglo y medio y con una crisis estructural de las recetas de los dos grandes modelos políticos clásicos que en el caso de la socialdemocracia es casi terminal y en el de la democracia cristiana y sus derivados, muy aguda.

Si en el viaje de construir una democracia se ha logrado insuflar en la ciudadanía la sana percepción de cuáles deben ser sus derechos, también se ha aminorado escandalosamente la contrapartida de las obligaciones y esfuerzos, insuflando un deplorable carácter subsidiado en el ánimo general que explica casi todos los males: como el que protesta tiene por definición razón y como el protestado tiene por la misma regla la responsabilidad única de solucionarlo, nos encontrarmos con un paisaje endémico de tipos cabreados que creen merecerlo todo sin preguntarse nunca cómo se puede lograr y qué cuota de responsabilidad propia es imprescindible incorporar al camino.

¿Pluriqué?
Ese infantilismo explica el intolerable secesionismo catalán, un montaje plañidero que ignora la objetiva relación de dependencia económica de la parte -Cataluña- sobre el todo -España- y pisotea con sevicia las normas y leyes que, paradójicamente, tutelan la existencia de las instituciones golpistas y de los cargos públicos que las malversan.

Y explica, también, el discurso sanchista y su éxito entre las bases: si la razón es una despreciable e incómoda herramienta para analizar la realidad y emitir a continuación un diagnóstico y una terapia; si todo se puede lograr por quererlo o pedirlo; si las emociones y los valores propios son en sí mismos más poderosos que los presupuestos, las normas y la aritmética y si, en definitiva, las relaciones del ciudadano con el Estado se sustentan exclusivamente en un tono victimista y pasivo; no es de extrañar que cualquier imbécil se permita desafiar a la democracia con un Golpe de Estado publicitado y que, en respuesta, cualquier otro imbécil le responda como si tuviera razón prometiéndole una imposible plurinacionalidad que sólo ha generado disturbios y dolor allá donde se ha ensayado, con Yugoslavia y la vieja URSS como emblemas de ello.

Un peligro público
Que la generación política del momento no es para tirar cohetes lo evidencia cada día la falta de valor, el ensimisimamiento y la funcionarización de una actividad por definición temporal. Pero que ese lamentable fenómeno ha alcanzado una especial virulencia en el PSOE con Pedro Sánchez, empieza a no ser discutible pero sí muy inquietante: un señor que ha palmado dos veces con estrépito; que ha arrojado al vertedero toda la memoria de su propio partido; que coloca de mano derecha a una asturiana incapaz de explicar en público la diferencia entre un Principado y un Reino, que se arroga los votos que no tiene incluyendo en el mismo saco del "cambio" a los Montescos de Podemos y los Capuletos de Ciudadanos y que, de postre, aviva la llama independentista con un discurso parvulario es, y que no se me enfaden sus prosélitos, un peligro público.

Carmena inventa la "querellación" para tapar su corrupción
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 26 Junio 2017

La naturaleza del comunismo tal y como quedó definida por Lenin y se practica en los partidos hechos a su imagen y semejanza, como el de Podemos, no busca sólo mandar sobre la gente sino dominar su voluntad. Eso es el Poder para el comunismo. Sólo así puede nacer el Hombre Nuevo, negando el Viejo que era antes o que siempre lleva dentro. Lo que impone el comunismo no es sólo que se acate su Poder, sino que se acepte como legítima su dictadura, que su víctima se identifique con las razones del verdugo para convertirla, a ella o a cualquier otra, en lo que es: víctima. Sólo así deja de serlo: asumiendo que lo será para siempre. Y ya no sufrirá.

Es lo que hacían los acusados en los juicios de Moscú de los que se cumplen ahora 80 años: aceptar los delitos más disparatados, crímenes que, por razones de edad, de lugar o de tiempo, no pudieron cometer, contactos con embajadas que nunca visitaron, en idiomas que nunca supieron, junto a personas de los que nunca oyeron hablar. Daba igual. Llegado el juicio, y tras ser insultados minuciosamente por el fiscal Vichinsky, confesaban lo que (a cambio de no matar a sus familias) habían ensayado la víspera, para que 'el idiota internacional', o sea, los periodistas occidentales que daban noticia de los procesos, los encontraran legales y con plenas garantías para los acusados y arrepentidos, alelados y pronto fusilados, pero beneficiarios de la Justicia de la Unión Soviética. Porque al fusilarlos, confesaban, la Revolución no sólo hacía Justicia, sino que a ellos les hacía un gran favor.

Para el triunfo de la mentira en aquellas burdas noticias que sobre los Procesos de Moscú servían los esbirros periodísticos de Stalin, lo esencial era la aceptación de la mentira, o lo que es lo mismo, la indiferencia por la verdad. Orwell nunca exageró: la verdad del comunismo es la mentira. "La primera de las fuerzas que mueven el mundo es la mentira", dice Revel en El conocimiento inútil, y es verdad. El Poder es absoluto cuando sus víctimas proclaman la mentira pese a lo que ven y a lo que les conviene.

Ese dominio del interior y no del exterior de la persona es lo que desde el principio de su tiranía, hace ahora cien años, caracterizó al Poder soviético y lo que denunciaron sin ningún éxito liberales y socialistas rusos. Era demasiado increíble para ser cierto. O demasiado incómodo. Era mejor pensar que exageraban, aunque fuera un poco, los que padecían a Lenin y a sus esbirros de la Cheka, el verdadero Partido Bolchevique, que convirtió la Santa Rusia en Meca del ateísmo, en un tipo de 'religión práctica' que, como dijo Bertrand Russell antes de pasarse a Moscú, se parecía mucho al Islam.
Podemos ya manda: se aceptan sus mentiras

Antes de caer en desgracia, Iñigo Errejón, el Trotskito de Pablenín, dijo que "ya tenían el Poder cultural" y les faltaba tomar el poder político. No es fácil discernir quién manda en la cultura, sobre todo cuando se trata de redomados ignorantes, analfabetos funcionales o sectarios analfabetos, como es el caso de la horda podemita. Pero saber si mandan los comunistas es fácil: basta ver si mienten y los demás fingen que es verdad o no se han dado cuenta de que es mentira. Y eso es justamente lo que está pasando. Pablenín y su Pablenina enhebran un montón de trolas, aderezadas con injurias y trufadas de datos falsos. Si los demás diputados se callan, se ríen o quitan importancia a las atrocidades que contra ellos vierte el cabecilla de la fuerza totalitaria más numerosa que se haya sentado nunca en las Cortes, es evidente que, por incomparecencia del adversario, ellos están ganando.

No hay mejor pasarela política ni termómetro más sensible que el de Madrid. Y el Ayuntamiento de Carmena va consiguiendo que se vayan resignando todos, de los concejales de la Oposición a la mayoría de los ciudadanos, hartos de quejarse en vano o de hablar con el Muro de Berlín. ¿Resignarse a qué? A la mentira. Nunca, en gobierno alguno, sea nacional, regional o municipal, ha habido tal cantidad de mentirosos, tan burdos, tan descarados y tan absolutamente impunes. Del Zapata a Rita Maestre, del 'Sobrinísimo' al 'Guillotinador', de la Mayer al Sánchez Mato, o 'Analfamato', no hay delito que no se sustancie en trola ni embuste que no camufle delito.

Tenía una trolita muy bonita en Canadá
Pero la alcaldesa Carmena, la Abuelita Lobo, ha batido esta semana todas las marcas de mendacidad podemita, algunas reputadas inalcanzables. Al principio, aprovechó que estaba alzando nieves en Canadá y sugirió a través de la Mano de la Reina, o sea del 'Sobrinísimo', que no tragaría las ruedas de molino servidas por la 'Papisa Pitita' diciendo que, pese al Código Ético de Podemos, no dimitirían los concejales Mayer y Sánchez Mato, que con Varela (expulsada de Madrid Destino) han sido imputados por delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y delito societario; por denunciar, contra el criterio de los técnicos municipales y a espaldas de Carmena, al Open de Tenis de Madrid, dando, sin concurso 100.000 euros a dos despachos amigos, para urdir un informe y llevarlo a la Fiscalía.

Pero al final, la cabra tira al monte, el comunista a la trola y, como bien predijo Martínez Almeida, esta anciana, que por su delicadísima salud debe viajar en Bussiness, está dispuesta a inmolarse por nosotros en las próximas elecciones, así que se envainó el mohín, renegó de sus dos ceses previos (Varela y Mayer), fingió que eran obleas las ruedas de 'Pitita', se olvidó de su queja tras saber que Mato y Mayer habían actuado a sus espaldas, y llegó a la prueba de la ignominia, que en el comunismo fetén es la del algodón: proclamar la mentira que más puede perjudicarla.

Y así lo hizo: esgrimió su condición de antigua jueza para inventar una figura jurídica que no existe en la legislación española, la 'querellación', derogando las que hay para los dos tipos presuntamente delictivos: "testigo e investigado" o "imputado", que así se llamaba hasta hace poco al "investigado".

Mato y Mayer, dijo "no son imputados sino querellados, ¿por qué van a tener que dimitir si no hay nada contra ellos? No hay nada contra ellos, así de simple".

Así de falso. "La providencia" esgrimida por la desvergonzada 'edila' tendría que ser la Divina Providencia, e incluso así, Mato, Mayer y Valera seguirían estando imputados -o investigados, nunca querellados-, por tres delitos: malversación de fondos, prevaricación y delito societario. Pero la apoteosis de la corrupción de la Verdad, de la Justicia y del más elemental decoro político llegó cuando en el escenario del Teatro Español declamó:

"Un político que es formalmente acusado de un delito de corrupción debe poner su cargo a disposición de los demás" (aquí, calderón: peeero…) "no tiene lógica hablar de dimisiones" (¿Qué nooo?) "No es el caso con el delito de prevaricación, que no es nada más que dictar una resolución que no es conforme a derecho, no tiene nada que ver con la corrupción".

Prevarigalupando y/o prevaricarmenando
Hete aquí que, aunque de avanzada edad, nos ha nacido una 'bacigalupa'. La prevaricación no es un error técnico, una aplicación discutible de la Ley . Es el peor de los delitos que puede cometer un funcionario público, sobre todo si es juez: "dictar una sentencia injusta a sabiendas". El mentirón de la alcaldesa ilustra lo que habrá hecho tantos años al dictar sus sentencias: lo que le ha dado la real gana, ajustando a sus ganas el Derecho.

Pero es que además omite el delito más grave, el indiscutible, al que, por oponerse repetidamente los técnicos del ayuntamiento, recurrieron Mato y Mayer: coger 100.000 euros, favorecer dos despachos privados, léase terceros (cuarto delito que omitió el juez y supongo recurrirá el fiscal) uno de ellos con motivos de animadversión personal a Gallardón, y que les hicieron el informe ad hoc que Mato & Mayer presentaron a la Fiscalía, por su cuenta y riesgo, que era el de la destitución por no decírselo a nadie.

Y aprovechando de forma repugnante su condición de antigua jueza para asustar a los periodistas jóvenes, la Camarada Carmena, Comisaria del Soviet de la Trola, culminó así la faena de engañabobos para requetenecios:

"Cuando los magistrados escriben una providencia dicen lo que dicen aunque se quiera ver lo que no hay; no hay imputación ninguna, punto".

O Carmena está ciega o deben imputarla por prevaricación, punto y coma. Debemos rebelarnos contra la tiranía de estos mentirosos redomados, punto y seguido. Es preciso echar a los comunistas de la política, antes de que los comunistas echen de la política a todos los ciudadanos. Punto final.

La obscenidad del poder político
Amando de Miguel Libertad Digital 26 Junio 2017

Bien está la canónica definición de democracia como el sistema para la sucesión pacífica en el poder político mediante el recurso a las elecciones regulares. Sin embargo, en la España democrática las elecciones no son muy regulares que digamos. Aunque lo que importa es que la sucesión en el poder se ve envuelta con todo género de caudillismos, corrupciones y trapacerías.

En el actual partido del Gobierno sobresale hasta el delirio el ansia de conservar el poder a toda costa. A eso lo llaman "estabilidad", a lo que parece la suprema virtud democrática. Se desmocha cualquier opción de liderazgo que no sea la devotio al jefe máximo. Se nota demasiado el mando desnudo. Pero la obscenidad se manifiesta aún más crudamente en lo que se llama "el principal partido de la oposición", que ahora se proclama así: "Somos la izquierda". Como si los otros de la siniestra radical o nacionalista no fueran también de la misma cuerda. Como tantas veces ocurre en la vida, la manifestación de superioridad esconde un lacerante complejo de inferioridad. Lo curioso es que en la España actual sí hay un solo partido de la derecha, pero son varios los de la izquierda.

Una cosa une a todas las fuerzas sedicentemente progresistas. No es el progreso de la nación, pues ni siquiera se identifican con ella, la vitanda España. El cincho que los ata en gavilla prometedora es el anhelo de eliminar al PP del poder sea como sea. Es más, parece que su idea obsesiva es que el PP no debe gobernar nunca, como heredero que es del odiado franquismo. Claro es, con una disposición tan reactiva no hay democracia que valga.

El gerifalte socialista manifiesta hasta el paroxismo que su meta en la vida consiste en expulsar a Rajoy del palacete de la Moncloa. (Él dice "Moncloa" sin artículo, para hacer ver que se trata de un palacio real). ¿A qué se debe tamaña obsesión? Muy sencillo. Con el Estado de Bienestar que nos hemos dado, el inquilino de la Moncloa ostenta el privilegio de nombrar, directa o indirectamente, a miles de cargos públicos, en el Estado o en el partido. Ahí reside la verdadera esencia del poder: hacer muchos favores. Así se explica que los partidos todos aspiren a ampliar todavía más el Estado de Bienestar en los distintos escalones (municipal, regional, estatal, europeo, internacional). Se entiende, el bienestar de los que mandan por encima de todo. Para ello se necesita que los pecheros (los que pagan los pechos o impuestos) sean tratados oficialmente como ciudadanos.

En lugar de esa obcecación por ocupar el poder, los políticos de todas las camadas deberían ir resolviendo paso a paso los problemas que aquejan a los sufridos súbditos. El de la posible secesión de algunas regiones no es el menor. Parece un sarcasmo insistir en la estolidez de que "España es una nación de naciones". Se podría haber proclamado también que "el PSOE es un partido de partidos". El disparate se convierte en patochada al saber que la nación, para el obrero que dirige el PSOE, "es un sentimiento". Seguramente confundió la nación con el patriotismo, virtud de la que carece y de la que ahora se habla poco.

Disfrutar del poder de hacer leyes ya es un privilegio y un legítimo placer. Lo obsceno es convertir esa facultad en un fin por sí misma. La lucha por el poder no debe reducirse a un "quítate tú para ponerme yo". Es la impresión que dan los debates en el Parlamento. Por cierto, qué hermoso sería que los señores diputados y senadores aplaudieran al orador con independencia de su adscripción a una u otra bancada, simplemente porque su intervención se considera plausible. Tristeza da la confesión de que un político aprueba la postura de su partido simplemente porque es lo que dice el jefe que es lo que debe sostenerse en público. Hasta ese punto de miseria moral ha llegado la doctrina de la disciplina de partido. Tal como se constituyen las Cortes, bastaría que en los escaños se sentaran solo los portavoces de los distintos partidos. Cada uno de ellos multiplicaría su voto por un coeficiente proporcional a los apoyos recibidos en las elecciones. Es evidente lo absurdo de la situación.

El poder político no debe ser un fin en sí mismo. Por eso convendría que los políticos hubieran trabajado con éxito en la vida civil antes de dedicarse a representar a la nación. Cuando la carrera dentro del partido constituye el principal mérito es que algo funciona mal. Por lo mismo, la duración de los mandatos en la política debería ser para un tiempo limitado de antemano. Lo peor de todo es que el paso por la política asegure después el enriquecimiento a través de los sillones en los consejos de administración de las grandes empresas privadas. Eso es lo que se llama plutocracia.

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Perplejos, a derecha, izquierda y centro
Pedro de Tena Libertad Digital 26 Junio 2017

La perplejidad es un estado de ánimo intelectual parecido a la duda paralizante del asno endosado a Buridán. Cuando uno está perplejo, la realidad supera la capacidad de nuestras entendederas y provoca en el interior una confusión supina. De su algarabía, emerge, como un síncope, la irresolución, la parálisis, el embotamiento. Hay quien se queda con la boca abierta y quien eleva las cejas por presión de unos ojos incrédulos ante el espectáculo.

Por la derecha, no hay guía para perplejos que nos explique esa estructura acrítica y acojonada en que se ha convertido la derecha española que representa el PP de Mariano Rajoy. Vale que la autoridad interna se sobreponga al debate para preservar la organización con desconfianza congénita hacia la democracia y sus "pesadeces" inútiles para tomar decisiones adecuadas. Pero algún mecanismo democrático hay que tener para impedir la desmoralización de los propios votantes. Ni Rajoy dimite, ni Montoro se va, ni Soraya autoriza biografías, jaja, ni nada de nada. En la calle Génova, no sólo no sale en la foto quien que se mueve, sino que todo se fía a la realidad metafísica de la "mayoría natural" que, pase lo que pase, preferirá electoralmente al PP. Hasta que diga basta, claro.

En la izquierda, a Pablo Iglesias le crece la incoherencia como una roncha visible, lo que es electoralmente peligroso. El timo de los "querellados" por "imputados", la última de Carmena, y su tortura de la lógica para salvar a Mato y Meyer de sus propias promesas, es de cachondeo general. Pero, peor aún, descolocados y con la garrapata trotskista dentro, sus fans moderados están abandonando el barco y se está rodeando de quemaiglesias o pegamonjas. Pablete, míralo y vete, se acordará toda su vida de haberle dicho que no a Pedro Sánchez cuando era menester ser cola de león y no cabeza de ratón. Pero, claro, su ego, que debe ser como la catedral de Burgos, sigue ahí.

Pedro Sánchez está en la apoteosis de la banalidad. Existen cada vez más serias dudas acerca de que tenga algún pensamiento que pueda ser tratado como una idea sólida. Lo del Tratado con Canadá ha sido una pócima eficaz para dejarnos ante la insoportable levedad de su ser. Pero es que el boquete que está dejando, con su mímesis izquierdista, en el centro político español es y podría ser decisivo. Y, por si fuera poco, el "largo caballero" fulmina sin compasión a sus oponentes internos. Qué joya.

Queda el simpaná de Ciudadanos, partido al que le han regalado el centro político y no sabe qué hacer con él salvo el ridículo bailando con la loba mellada de Triana o cambiando de compás en medio de cualquier canción.

O sea, crecen los perplejos, con la boca abierta ante el espectáculo de una casta política, toda ella, que silencia y atormenta cada día a la España que trabaja y espera que alguien la tenga en cuenta. Ilusos.

Al pan, pan, y al robo, robo
A la élite estatista, en este caso la holandesa, le ha salido por la culata el tiro de convocar a Toine Manders a comparecer en sede parlamentaria. El político libertario y experto en elusión legal de impuestos les ha dicho las verdades del barquero: los impuestos son un robo.
Juan Pina vozpopuli.es 26 Junio 2017

La Torquemada más actual del Viejo Continente es una mujer de treinta y ocho años, diputada del grupo equivalente a Unidos Podemos en la Tweede Kamer, la cámara baja holandesa. Como buena inquisidora del dios Estado, Renske Leijten se apuntó a la comisión parlamentaria que investiga la elusión de obligaciones fiscales. Leijten, dispuesta a ejercer de martillo de herejes —y cargada de esa convicción absoluta en su propia superioridad moral que tanto abunda en la izquierda radical—, se sentó hace unos días en la tribuna de esa comisión de caza de brujas. Se disponía a vapulear y condenar a la hoguera a un infiel especialmente odiado por todo el establishment estatista de su país, pero el tiro le salió por la culata: Toine Manders no es un hueso fácil de roer, y el vídeo de sus zascas a esta comisaria política la acompañará para siempre.

La lógica más aplastante y una deliciosa falta de autocensura caracterizan a este jurista de cuarenta y siete años. Fundador y primer presidente del Partido Libertario holandés —el primero que se constituyó a este lado del Atlántico, ya en 1993—, Manders ha trabajado toda su vida por las ideas de la Libertad. Pero lo que le diferencia de tantos otros contrapolíticos libertarios es que, además, ha dedicado también su vida profesional a defender en la práctica la libertad de sus conciudadanos. Primero se ganó la vida asesorando a los jóvenes sobre cómo evitar ese secuestro legal absolutamente repulsivo y sexista que es el servicio militar orbligatorio. No logró que se aboliera formalmente, pero sí contribuyó a su suspensión, que dura ya más de veinte años. Desde entonces, Manders se orientó a ayudar a la gente común, a las pymes y particulares, a establecer dentro de la legalidad los mecanismos necesarios para defenderse de las dentelladas del fisco.

Los impuestos más abusivos asolan desde hace seis o siete décadas a todo el Norte del continente. Aunque Holanda tenga fama de refugio fiscal, no lo es en absoluto para sus propios ciudadanos y residentes, sometidos a un expolio tributario que, como ocurre en todas partes, pesa sobre los pequeños empresarios pero no sobre las grandes corporaciones, cuya tributación efectiva es siempre muchos puntos inferior. Gracias al Colegio de Juristas de La Haya, dirigido por Manders, más de seis mil pequeños y medianos empresarios tuvieron acceso, a lo largo de los años, a unos servicios muy sofisticados de planificación fiscal nacional e internacional. Las estrategias de elusión, enteramente conformes a la legislación, se encontraban a la altura de las utilizadas por las multinacionales entrelazadas con el poder político.

Cuando conocí a Manders, durante el congreso del Partido Libertario celebrado en Utrecht en 2013, me comentó la injusticia de que algunos miembros de la familia real holandesa tuvieran estructuras de protección fiscal en el exterior mientras el ciudadano común se veía sometido a una creciente persecución. Ya por entonces, Manders se sabía espiado por la inteligencia holandesa y anticipaba que en cualquier momento podían lanzarse contra él. Holanda es un país modélico en materia de derechos civiles, pero no lo ha sido con él. El sistema le ha utilizado como icono para acabar con la hemorragia tributaria asustando a los pequeños contribuyentes. No mucho tiempo después de aquel congreso, Manders fue detenido en Chipre a petición holandesa, con todo lujo de fuegos artificiales, y encerrado sin garantías durante muchos meses en vulneración del debido proceso. Da igual que se le haya exonerado: el Estado logró lo que buscaba, que era hundirle el negocio y lanzar a la sociedad un aviso para navegantes digno del mismísimo Montoro. Por el camino, Manders ha perdido casi todo lo que tenía, incluída su casa, y ha terminado alojado junto a su familia en una vivienda social. Lo que no ha perdido es su prestigio como máximo experto europeo en materia de elusión legal de impuestos. Y por eso el parlamento holandés le exigió el otro día participar en la comisión y le tuvo una hora y media disertando sobre despachos panameños y demás.

Repugna ver a la diputada podemita decirle a la cara que debería estar agradecido porque, como hay impuestos, el Estado le ha facilitado una vivienda social y sus hijos van a la escuela. Manders habría podido estallar de ira pero le respondió con toda dignidad que esa vivienda se la han asignado tras quitarle la suya, y que eso se parece a lo que hacía la Alemania comunista cuando obligaba a los ciudadanos a quedarse en el país porque el Estado había “invertido” en su educación.

“De la misma manera que veía el servicio militar obligatorio como una gran injusticia, como una imposición de trabajos forzados a la población, creo que los impuestos constituyen una violación del derecho de propiedad”, declaró Manders en el parlamento, asegurando que todos tenemos el derecho a disfrutar del producto íntegro de nuestro trabajo o negocio, y que durante miles de años los impuestos se emplearon para enriquecer a reyes y nobles. “Después —explicó— se comenzó a dar a los ciudadanos ciertos servicios y ayudas para tratar así de legitimar la imposición fiscal, pero no se ha legitimado nada de nada.

El término correcto para referirse a la toma de tu propiedad bajo la amenaza del uso de la fuerza, sin que estés negándote a compensar por un daño ocasionado ni estés violando un contrato voluntariamente acordado, es el término robo, y eso es lo que hace el Estado: si no pagas viene a saquear tu casa y si te resistes físicamente te tratará como a un criminal. Incluso puede enjaularte durante años como a un animal por no presentar tu declaración”. Ya era hora de que se escucharan palabras como estas en sede parlamentaria, y qué bien se comprende por qué una férrea coalición estatista de todos los colores políticos impide la presencia habitual de estas ideas, vetando en todos los medios y foros posibles al libertarismo para que no se le conozca y no obtenga representación. Por ahora.

La reforma constitucional
Alejo Vidal-Quadras vozpopuli.es 26 Junio 2017

Las Fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad han programado un acto que, dentro de su ciclo sobre el necesario fortalecimiento de España, han querido dedicar a la reforma de la Constitución. Las dos preguntas que se van a plantear a los participantes son si una modificación de la Ley de leyes vigente podría contribuir a afrontar la crisis múltiple que padece España, política, moral, económica, institucional y de unidad nacional, y si procede aplicar o no el artículo 155 para atajar el golpe de Estado que los separatistas catalanes están preparando con publicidad y generosamente financiados por el Tesoro público. Ambas cuestiones tienen un indudable interés académico, político y práctico, aunque la respuesta que se puede dar en el plano teórico no coincida con la viabilidad material de lo que se proponga.

La Carta Magna aprobada por una mayoría aplastante de españoles en 1978 se ha desarrollado y mantenido en vigor durante cuatro décadas y, por consiguiente, existe ya una amplia experiencia sobre sus resultados, su calidad técnica y su adecuación a los cambios que el tiempo nos ha ido ofreciendo. Una conclusión que aparece como bastante probada es que el texto que contiene nuestro ordenamiento básico está plagado de lagunas, inconsistencias e imprevisiones. Se ha dicho y repetido que los sistemas de gobierno de las democracias liberales han de partir de un supuesto clave: la desconfianza hacia los gobernantes, es decir, la necesidad de controlar y vigilar al poder. Cuando unos seres humanos otorgan a otros, incluso voluntariamente, la capacidad de dictar leyes y dirigir la sociedad, les están atribuyendo automáticamente una facultad peligrosísima, que es la de abusar de los medios que se pongan en sus manos para cumplir con el cometido que se les encomienda.

En la Transición se asumió seráficamente que, por una parte, los nacionalistas, agradecidos y satisfechos por las amplísimas competencias de autogobierno de sus Comunidades Autónomas y el alto grado de reconocimiento otorgado a las lenguas vernáculas, discurrirían pacíficos y leales por la senda constitucional y, por otra, que la izquierda mantendría su compromiso con la integridad territorial de la Nación y con los principios esenciales del libre mercado. Asimismo, se creyó que estos dos sectores darían por cerradas definitivamente las heridas de la Guerra Civil y respetarían el espíritu de reconciliación imprescindible para una convivencia armónica y pacífica. Pues bien, ni una cosa ni la otra. En Cataluña ya se ha fijado fecha y procedimiento para liquidar a uno de los Estados nacionales más antiguos de Europa y, a nivel general, un Podemos dogmático y sectario y un PSOE dirigido por un amateur fluctuante están entregados con entusiasmo a acabar con el crecimiento, el empleo y las libertades civiles, a la vez que dispuestos a entregar maniatada la Nación a la furia destructora de los secesionistas.

La esperanza de que a estas alturas de la película una reforma constitucional que blinde la indivisibilidad de la soberanía nacional, implante una verdadera separación de poderes, arranque al país de las garras voraces de los partidos y garantice el derecho de propiedad y la libre empresa, sea posible y factible, no parece justificada. Y eso es así porque no se dispone de la mayoría social que pudiera respaldar una operación de semejante ambición y alcance ni tampoco las principales fuerzas parlamentarias albergan la energía, el coraje y las convicciones requeridas.

Ni siquiera una serie de retoques que corrigieran las deficiencias más notorias de la Ley Fundamental serían aceptados en el clima de maniqueísmo, rencor y revanchismo que nos aflige. Por ejemplo, la supresión del término “nacionalidades”, la garantía del uso de la lengua común en la enseñanza y en las relaciones con la Administración, la independencia de la Fiscalía, una clara delimitación de las competencias del Estado y de las Autonomías, la eliminación del Artículo 150.2, la atribución del recurso de amparo al Tribunal Supremo o el control por parte del Estado de los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia, entre otros varios puntos de evidente conveniencia, no conseguirían ahora el mínimo acuerdo que permitiera llevarlos adelante.

En cuanto a la aplicación del Artículo 155, salta a la vista que debiera haberse puesto en marcha hace ya bastante tiempo y que, salvo que este Gobierno de desideologizados funcionarios haya renunciado tácitamente a preservar la supervivencia de la Nación que le ha sido confiada, tendrá que activarse irremediablemente, aunque tarde, mal y seguramente sin la contundencia y la firmeza que una acción de esta naturaleza extrema demanda.

La Constitución del 78 fue fruto de un momento muy especial que confundió un espejismo con la realidad. Una realidad dura, desagradable y decepcionante que ni la retórica más encendida ni el voluntarismo más contumaz pueden ocultar.

Contra los bárbaros
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO El Mundo 26 Junio 2017

"Hay langosta de letrados". No recuerdo ahora si fue Quevedo o Torres de Villarroel el autor de esa delirante sentencia, pero no es preciso afinar más la cita. Quevedo los veía bajar, en Los Sueños, tan en tropel, a lomos de sus mulas, camino del infierno, que resultaba imposible a los demás condenados abrirse paso para llegar a su destino. Eran procesiones inacabables de leguleyos que habían dedicado la vida a confundir justiciables, enredar los problemas, crear pleitos o aplazar su solución, y animar la querulancia.

Me vienen a la cabeza estos recuerdos de una época en que se hacían pasar por letrados los pícaros y ejercían como tales catervas de embaucadores, al leer o escuchar cada día los disparates que se les ocurren a los actuales inventores de soluciones para la crisis del Estado. Unos ofrecen interpretaciones de la Constitución tan imaginativas como carentes de fundamento. Otros aseguran que la Constitución, ya en sus estertores últimos, ha de dejar paso a la democracia reconstituyente para que los pueblos que forman España elijan separadamente su destino. Esta clase de propuestas embusteras son impropias de partidos que cuentan con militantes y asesores estudiados capaces de plantear soluciones más meditadas. Pero las ansias de poder pierden a unos y las perversas ideologías nacionalistas a otros. El resultado, en todo caso, es que cada día nos inunda un torrente de despropósitos.

Remedando el título de un libro importante de Ronald Dworkin, propongo que nos tomemos la Constitución en serio. No para dejar de opinar sobre sus dictados, sino para hacerlo con cuidado. No digo que también con respeto porque incluyo dentro de la libertad de opinión cualquier manifestación dirigida a derribarla. Pero, lo que no resulta aceptable es la falta de seriedad. Tomarse la Constitución a chacota o a beneficio de inventario es algo que hicieron de continuo juristas y políticos españoles durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y así nos fue: de sobresalto en sobresalto, entre algaradas y trabucazos. Milagroso fue que, pese a todo, y aun sumada nuestra tradicional tendencia a la autocrítica destructiva, el país gozase de épocas de innegable progreso.

Me referiré, como ejemplos de lo que digo, a dos cuestiones que están provocando revuelo estos días: la existencia en España de un número imprecisado de naciones y el referéndum que ha anunciado el Gobierno de Cataluña para que los catalanes decidan si se independizan o no de España y constituyen una República independiente.

Cualquier provincia española puede ser una nación "en el sentido cultural", a poco que se empeñe en serlo. Los ingredientes necesarios no son difíciles de encontrar en cualquier parte de España. Hace falta un territorio que delimite el ámbito de la comunidad que se vaya a utilizar como referencia, una historia que recordar, costumbres en común que ensalzar y la voluntad de convivir. Lo demás, si no existe, se puede crear. Como demostró Eric Hobsbawm, la tradición se inventa. Y el nation building es un ejercicio con prosapia que ha ganado tanta proyección en nuestra actualidad política como los algoritmos en el universo digital.

No hace falta contar con una lengua propia para construir naciones. Ernest Renan, que tanto ha influido en que nos sigamos preguntando ¿qué es una nación?, después de que él dedicara su famoso libro a resolverlo, dijo que bastaba con que una colectividad conjugara un proyecto de vida en común. Esto es también lo que nuestro Ortega y Gasset consideró, años después, como decisivo. No hace falta, desde luego, una lengua propia distintiva, según el mismo Renan. Comunicarse en una lengua diferenciada no es imprescindible. Lo demostraron masivamente las nuevas Repúblicas constituidas en la América española; todas naciones independientes que hablaban un castellano bello y castizo.

Naciones en este sentido, si nos empeñamos, puede haber tantas en España como provincias, suponiendo que los cartageneros, jumillanos y otras naciones decimonónicas de menor tamaño acepten el desplante y no reivindiquen, por las mismas razones históricas, culturales y económicas, que hay comarcas en España con mucho predicamento nacional.

Otra cosa es que nos refiramos a la nación como titular de la soberanía. Esta cuestión tiene una solución tan inequívoca como la anterior. Nación en este sentido, coincide en nuestra tradición constitucional con las nociones de pueblo español y Estado español.

Lo recordaré brevemente: el discurso preliminar de la Constitución de 1812 presumía de que "La soberanía de la nación está proclamada del modo más auténtico y solemne en las leyes fundamentales de este Código...". Y el artículo 3, en consecuencia, establecía: "La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales".

Las Constituciones de 1845 y de 1876, las que gozaron de mayor tiempo de vigencia, optaron por repartir la soberanía entre la nación y el rey. Pero la atribución de la soberanía plena a la nación es el criterio que predominará en las Constituciones de 1837, 1869, 1931 y en la actual. La republicana de 1931 atraía la soberanía al «pueblo». Jiménez de Asúa advirtió que se había evitado específicamente el concepto «nación» porque resultaba más ambiguo y discutible que el de "pueblo". Era discutible el concepto «nación española», pero no el de "España". Se evitó aquél, y se incluyó éste en la Constitución de 1931.

El "carácter multinacional del Estado español" apareció en el programa del Partido Comunista de 1975, y en los congresos del PSOE de 1974 y 1976 se aludió a la "definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español". De estas influencias, sumadas a la presión vasco-catalana, derivó la acogida final, en el artículo 2 de la Constitución de 1978, del concepto de nacionalidad junto al de nación: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas".

Cuando la Constitución alude al sujeto constituyente, en el que reside la soberanía, se refiere en el preámbulo a la "nación española". En el artículo 1 se dice que el sujeto constituyente es "España". Y en el párrafo segundo del mismo artículo se hace residir la soberanía en el "pueblo español". De manera que tenemos tres sujetos fundantes con significación jurídica equivalente: "nación española", "España" y "pueblo español". Las «nacionalidades» que menciona el artículo 2 son garantizadas a partir de la Constitución, de manera que no se les reconoce el menor residuo de poder constituyente.

El Tribunal Constitucional ha confirmado reiteradamente que el concepto nación está vinculado a la titularidad de la soberanía. No hay otro sujeto soberano en el marco de la Constitución española. Autoatribuirse la soberanía es inconstitucional y la misma calificación merecen las apropiaciones parciales. Las nacionalidades se fundamentan y tienen su apoyo exclusivo en la Constitución misma y no pueden subvertirla.

El plurinacionalismo de que se habla ahora entre nosotros, para indicar que dentro de la nación española hay otras naciones sin Estado, solo puede entenderse de tres maneras: una puramente ideológica, porque hay gentes o partidos políticos que así lo creen; en la medida que expresan una opinión política es respetable, cualquiera que sea la densidad de su fundamento. La segunda, haría alusión a las naciones culturales, que en España son, como antes he indicado, un número indeterminado; es del todo inútil este concepto para montar soluciones duraderas y eficientes de organización del Estado. La tercera, apela a la existencia de más naciones soberanas dentro del soberano Estado español. En este caso, la gobernación común de naciones soberanas solo puede tener lugar en el marco de una confederación. Por tanto, esta tercera versión del plurinacionalismo conduciría a la implantación de una confederación como solución para la organización territorial de España.

Es posible que los defensores del plurinacionalismo aclaren que no han querido decir esto último. Como la acepción segunda del concepto, antes expuesta, no lleva a ninguna parte y la primera se queda en el recóndito lugar del pensamiento político, la conclusión es que se trata de propuestas sin sentido ni porvenir y que los promotores del alboroto plurinacionalista no han pensado ni un minuto en lo que han dicho. No se toman la Constitución en serio.

Quisiera comentar ahora el artificio que han montado los que creen que la única manera de consultar a una parte de los ciudadanos españoles sobre si quieren constituir una organización política propia, es decir, ejercer el derecho de autodeterminación, es celebrar un referéndum invitando a constituir un Estado independiente. Tendré que explicarlo más despacio otro día, porque los límites naturales de un artículo periodístico me impiden escribir mucho más. Pero reflexiónese sobre lo siguiente: en 1930 (Pacto de San Sebastián) los nacionalistas catalanes denominaron autodeterminación a la potestad de elaborar una norma que decidiría la organización de la Generalitat, sus poderes, las garantías de su conservación y las relaciones con el Estado. Aprobaron el proyecto en referéndum. Lo mismo hicieron en 1979 y en 2006: celebraron referéndums de autodeterminación. La idea sigue siendo fecunda (la he explicado con más detalle en los libros que cito abajo). Fecunda para Cataluña y también para resolver sus problemas de integración en el Estado. Debe inspirar las inevitables negociaciones políticas que algún día no lejano se iniciarán y desmiente también la tesis de que no pueden celebrarse consultas que afecten sólo al porvenir de una parte del territorio del Estado.

Resultaría muy pertinente ahondar un poco en la versatilidad de la Constitución de 1978 antes de proceder a demolerla. Sobre todo para no alentar proyectos de separación que no pueden prosperar y que si prosperaran solo podrían conducir, en poco tiempo, a reconstruir las relaciones de partida entre el Estado español y la parte díscola de Cataluña. Pero he aquí que los comentaristas locales han llenado centenares de páginas con interpretaciones asombrosas de nuestra Constitución apoyadas ¡en la Constitución de Canadá! ¡ o en la inexistente constitución escrita de Gran Bretaña! Han encontrado su oportunidad los comentaristas abusivos, capaces de sostener las tesis más indefendibles.

Retomo lo que decía al principio. Los actuales intérpretes ligeros e inestables del texto constitucional recuerdan a la tropa de buhoneros de ensalmos que se apoderó del asesoramiento de los conflictos en las edades medieval y moderna. Corrompieron hasta el lenguaje. Contra algunos de los autores que sirvieron de fuente de inspiración para alimentar tergiversaciones, clamó nuestro Antonio de Nebrija en su epigrama Adversus Barbaros.

Valga el recuerdo para marcar la orientación de la defensa del constitucionalismo en España: es necesario animar, otra vez, la lucha contra los bárbaros.

Santiago Muñoz Machado es catedrático y académico de número de las Reales Academias Española y de Ciencias Morales y Política. Es autor de una reciente trilogía sobre la crisis del Estado, formada por los libros 'Informe sobre España' (2012), 'Cataluña y las demás Españas' (2014) y 'Vieja y Nueva Constitución' (2016), publicados por la editorial Crítica.

LA OPOSICIÓN A BRUSELAS
Eslovaquia y la reubicación de refugiados
Ricardo Ruiz de la Serna gaceta.es 26 Junio 2017

Los países del Grupo de Visegrado -Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia- están presentando una oposición firme a la política de reubicación de refugiados de acuerdo con un sistema de cuotas que cada país debe aceptar. Esta política fue plasmada en septiembre de 2015 en Decisión (UE) nº 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia.

Sin duda, todos recordamos las terribles imágenes de los refugiados que huían de las guerras de Siria e Irak, así como de los miles de desesperados que escapaban de la pobreza, el hambre y el deterioro ambiental y que se les iban uniendo en su camino hacia Europa. Todo el continente se conmovió con la tragedia de los ahogamientos de aquellos que trataban de alcanzar las costas del sur del continente o que intentaban llegar por tierra sufriendo múltiples padecimientos. En uno y otro caso, abundaban aquellos que estaban en manos de tratantes de seres humanos. El clamor de la opinión publica en toda la Unión exigió -con justicia- que se diese ayuda humanitaria a tantas personas que la precisaban. No entraré ahora en cómo se ejecutó esa asistencia y en el caos de los asentamientos de Idomeni o la Jungla de Calais por señalar solo dos de ellos. Baste recordar, por ahora, que hubo una creciente indignación por la tragedia que se vivía en el continente. La decisión de abrir las fronteras para que miles cruzaran permitió la llegada de contingentes muy numerosos a Alemania y otros países. Las imágenes del recibimiento de aquellos que huían del desastre abrieron los informativos y alimentó, durante algunas semanas, la confianza en la solidaridad y el optimismo de la integración en las sociedades europeas.

Sin embargo, este entusiasmo no fue unánime. Entre quienes se opusieron a aquella decisión, ya estuvieron algunos países del Grupo de Visegrado. Además, desde septiembre de 2015 hasta hoy, los acontecimientos acaecidos -desde las agresiones sexuales del fin de año de 2015 en Alemania hasta los atentados terroristas en distintos países - han ido creando un escepticismo cada vez mayor entre los que inicialmente apoyaron la apertura de fronteras y la reubicación que la Decisión ordenaba.

El debate político-jurídico entre Bruselas y el Grupo de Visegradp, cuya postura, por cierto, comparten en silencio varios gobiernos más, pivota sobre dos puntos que resume la impugnación de la Decisión 2015/1601 que Eslovaquia presentó ante el Tribunal de Justicia y que, además, se ha visto apoyada por otras objeciones que, en materia de seguridad, se han ido formulando.

En efecto, la oposición eslovaca parte de una cuestión formal que, sin embargo, hace quebrar la legitimidad de la Decisión adoptada. El Consejo de la Unión Europea -que representa a los Gobiernos de los Estados miembros, adopta la legislación europea y coordina las políticas de la UE- prescindió de las orientaciones definidas por el Consejo Europeo, que no debe confundirse con el anterior Consejo y que, en este caso, es el foro donde se reúnen los ministros nacionales de los países de la UE para adoptar la legislación y coordinar las políticas. A esto se suma que la Decisión se adoptó mediante una injerencia en los derechos de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo dada su naturaleza de acto legislativo. Eslovaquia denuncia, en suma, la vulneración de los principios de seguridad jurídica, democracia representativa, equilibrio institucional y buena gobernanza.

Veamos, pues, un primer aspecto interesante. La oposición no se formula contra los mecanismos de la Unión, sino porque el propio Derecho de la Unión ha sido infringido. Eslovaquia no pide, pues, que se vulneren las reglas jurídicas de la UE, sino que se apliquen correctamente.

A esto se suma una cuestión de fondo que atañe no solo al procedimiento sino a la misma naturaleza de las medidas extraordinarias adoptadas por la afluencia repentina de nacionales de terceros países. Según esta objeción, la decisión es contraria al principio de proporcionalidad y -nótese bien- “resulta inadecuada e innecesaria para la consecución del objetivo perseguido”. Este punto es relevante porque Eslovaquia discute si, en realidad, la medida que la Decisión acuerda va a servir al fin propuesto. No se trata, pues, de no asentar a nadie, sino de valorar si la reubicación va a solucionar o no la tragedia humanitaria.

Hay que admitir que el recurso, interpuesto en diciembre de 2015, anticipó las preocupaciones que, a lo largo de estos casi dos años, han ido alimentando el debate sobre la cuestión en toda la Unión Europea: la integración de los recién llegados, el peligro para la cohesión social de los países de acogida -algunos de ellos, como es el caso de Eslovaquia- pequeño en territorio y en población- y, sobre todo, el riesgo para la seguridad que pueda suponer la infiltración de terroristas entre los acogidos en el espacio europeo.

A este respecto, los atentados terroristas que han golpeado a los países de Europa en los últimos dos años han dado una voz de alarma a los gobiernos nacionales. Tras la denuncia del incumplimiento en materia de reubicación de refugiados, es inevitable ver la inquietud por el peligro de entrada de terroristas y la amenaza que eso pueda suponer. Sería injusto pretender que todos los refugiados e inmigrantes económicos son terroristas -y, en realidad, nadie sostiene eso- pero sería irresponsable obviar el peligro que supondría, a la vista de los acontecimientos, una política como la que consagra la Decisión impugnada.

Así, ante el fracaso del plan de la Unión para asentar a 160.000 personas -apenas se han superado las 20.000- se han iniciado procedimientos sancionadores contra Polonia, Hungría y la República Checa, a las que previsiblemente se sumará el que se incoe contra Eslovaquia. Polonia y la República Checa ya han confirmado su oposición a la política y Hungría solo ha acogido a 12. La Unión ha tomado esto como un desafío a su propia autoridad.

Sin embargo, los motivos de la impugnación eslovaca deben advertirnos de la gravedad que tendría un paso en falso. No solo se discute la efectividad de la Decisión y si supone o no un peligro para la seguridad -que, por cierto, es competencia de los Estados nacionales- sino su misma legitimidad a la luz del principio de democracia representativa, es decir, de reflejo de la voluntad de los ciudadanos de los países de la Unión.

Así, lo que está en juego no es solo -siendo esto mucho- la política para con los refugiados, sino la consecuencia jurídica que pueda tener prescindir de los procedimientos legislativos que la misma Unión se ha dado y de las competencias que le corresponden a la luz de su propio Derecho. Nadie discute las obligaciones en materia humanitaria que los países y la propia Unión tienen hacia los refugiados y los inmigrantes económicos, sino la legitimidad y la efectividad de las disposiciones de la Decisión de 2015.

He aquí la trascendencia y la gravedad de lo que se dirime en ese procedimiento que Eslovaquia emprendió contra el Consejo de la Unión Europea.

El nacionalismo es la guerra
Ignacio Vázquez Moliní estrelladigital 26 Junio 2017

Poco antes de fallecer, en su último discurso desde la tribuna del Parlamento Europeo, François Mittterrand afirmaba con vehemencia que el nacionalismo es la guerra. A la vista de cómo desde entonces ha ido evolucionando esta triste Europa, no está uno muy seguro si aquellas palabras cayeron en saco roto o si, por el contrario, germinaron en algunas mentes no del todo adormecidas, poniéndonos a todos en guardia ante el peligro que subyace tras lo que pretenden unos y otros, ya sea en las otrora civilizadas tierras del centro del continente o en sus periferias mediterráneas y atlánticas.

Parece que existiera un interés por hacernos confundir dos nociones como son el Estado y la Nación que, al menos desde las dos guerras mundiales, y mucho más desde los últimos conflictos balcánicos, todos y cada uno de los europeos deberíamos tener meridianamente claras.

No parece sin embargo que tal sea el caso, a la vista del actual debate político que se está desarrollando en España, con la imposición unilateral de una visión partidista en algunas regiones, ni tampoco con unas propuestas reactivas que el nuevo responsable político del principal partido de la oposición saca de la chistera. El debate, a veces latente y en otras ocasiones agobiante, pero siempre tenso que se produce en otros países europeos tampoco clarifica el alcance de esos conceptos.

Quizás sería conveniente que los que confunden nación y Estado, al igual que los que distinguiéndolos perfectamente hacen como si lo ignorasen, recordaran con detenimiento algunas de las páginas más tristes de la Historia que todos, como europeos, compartimos.

También sería muy saludable que, en lugar de embrutecerse con sus propias proclamas hueras, leyesen a don José Ortega y Gasset. Aprenderían así a distinguir conceptos básicos, disfrutando, además, de una prosa extraordinaria como es la que fluye en todas sus páginas.

Ya en 1927, se interrogaba el maestro lanzando un desafío actualísimo: “¿quién hablando en serio y rigurosamente, cree saber lo que es una nación?” Añadiendo luego una segunda idea, denunciando esa confusión, todavía mayor, que pretende dar por cierto que el concepto de nación conlleve como esencial atributo jurídico el Estado, es decir, la soberanía separada.

Decía también Ortega, y no deberíamos olvidarlo, que “no es derramando fuera de sí misma la idea de región, centrifugándola hacia conceptos más amplios, cual es el de nación, o radicalmente cual es el de Estado, como se extrae de ella la mayor sustancia, sino al revés, reteniéndose en sus límites y aun recogiéndose hacia dentro de ella.” Lo que nos recuerda el filósofo, en definitiva, es que el Estado y su desarrollo han surgido siempre, no de la división racial, étnica o cultural, sino al contrario, de la agregación de grupos y elementos dispares. Y uno se permite añadir que, de no ser así, sólo nos quedaría ya la advertencia de François Mitterrand.

según un estudio publicado en reino unido
La inmigración masiva y el Islam, causas del cisma entre el pueblo y las élites europeas
Pepe G.-Saavedra gaceta.es 23

El Instituto Real de Asuntos Exteriores británico ha publicado una investigación que pone de manifiesto la tremenda brecha que existe entre las élites europeas y la ciudadanía en temas tan importantes como el apoyo a la UE, la inmigración masiva o el Islam.

El también conocido como Chatham House, una organización sin ánimo de lucro con sede en Londres, ha dado a conocer los resultados de su estudio: ‘’El futuro de Europa: Comparativa de las actitudes populares y de las élites’’.

Los resultados son abrumadores y reflejan dos modos de concebir la realidad europea muy diferentes. Mientras el 71% del ‘establishment’ comunitario siente que la Unión Europea le ha beneficiado, sólo el 34% de la gente ordinaria tiene la misma convicción. A la luz de los datos, la inmensa mayoría del pueblo no se siente correspondido por el proyecto de Bruselas.

La inmigración masiva es otro de los temas que genera más confrontación, tal y como recoge Breitbart. El 57% de los gobernantes están convencidos de que la crisis migratoria es buena para sus países y el 58% entiende que enriquecen la vida cultural del país de acogida.

En contraposición, únicamente el 25% de la ciudadanía ve algún tipo de beneficio en la llegada masiva de inmigrantes y el 62% entiende que su impacto en la cultura no es positivo.

En relación a la vinculación entre inmigración y la criminalidad, el 54% de las élites defiende que no hay ninguna conexión, un dato ligeramente superior al 51% del pueblo llano que entiende que la situación ha empeorado. Sobre los servicios públicos, el 49% de los círculos de poder defiende que la llegada masiva de extranjeros no genera ningún impacto en el Estado del bienestar. El 55% de la ciudadanía cree que sus derechos sociales han disminuido.

La incompatibilidad de Europa y el Islam
El impacto del Islam en las sociedades occidentales es otro de los temas que más debate ha generado en el seno de los Estados europa, sobre todo entre los más orientales. Países como Hungría o Polonia se han negado a acoger a los inmigrantes musulmanes por temor a ver su identidad y cultura engullidas por el multiculturalismo.

El 56% de la población europea está del lado de Viktor Orbán y denuncia el impacto negativo que el Islam causa en las sociedades europeas. Consideran que la inmigración de países musulmanes debería cesar.

El 55% de la población secunda la opinión del Gobierno húngaro de que las culturas europea y musulmana son irreconciliables, muy por encima del 35% de las élites. Donde sí existe consenso es en el apoyo a la prohibición del burka, con un 73% y 61%, respectivamente.

El estudio pone de relieve que los gobiernos conservadores de países como Hungría o Polonia llevan a cabo políticas con las que su ciudadanía sintoniza.

El estudio de Chatham House fue realizado entre diciembre de 20126 y febrero de 2017 en diez países encuestando a dos grandes grupos: 10.000 miembros del pueblo llano y 1.800 representantes de las élites europeas (políticos, periodistas, empresarios…).

Globalismo vs identidad
La separación entre el poder y la ciudadanía en el viejo continente es cada día más acusada.

Europa debate la segregación de sus Estados miembro en dos modalidades: los que apuestan por una integración total, y aquellos que abogan por el mantenimiento de la soberanía. Este modelo a dos velocidades no sólo se centra en el campo legal, fiscal, económico o de defensa. Desde hace unos meses los países también se han dividido entre aquellos que apuestan por la inmigración masiva y, en el otro extremo, el Grupo Visegrado.

República Checa forma parte -junto a Polonia, Hungría y Eslovaquia- de este selecto club identitario. Visegrado tiene un objetivo común: respetar los valores europeos, mantener su soberanía y combatir la inmigración masiva. A raíz de este último estudio de Chatham House, el Grupo Visegrado parece estar caminando en la dirección correcta y atendiendo a las demandas de sus ciudadanos.

Delirios de grandeza. España se la juega
“La grandeza no consiste en hacer todo aquello que se quiere, sino en querer todo aquello que se debe.” Cristina de Suecia
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 26 Junio 2017

Cuando una persona tiene tan alto concepto de si mismo que se supervalora y no acepta el consejo de las personas que la asesoran y toma decisiones poco meditadas, peligrosas para todos los que dependen de ella y capaces, en ocasiones, de poner en riesgo el destino de una nación; se puede decir, sin temor a equivocarse, que constituye un verdadero problema para todos aquellos que dependan de él. En España, por desgracia, gracias a quienes tuvieron la debilidad de votarle en las primarias del PSOE, tenemos un ejemplo verdaderamente representativo de uno de estos personajes que, a la humillación que se vio obligado a soportar cuando, desde su partido, lo desautorizaron y le apartaron de la Secretaría general y el tener que tragar, con la abstención de su partido, que su ser más odiado, que la persona a la que quisiera ver derrotada, el señor Rajoy, consiguiera, a pesar de todo, ser investido como presidente del gobierno del Estado español. Ya se habrán dado cuenta de que estamos hablando del señor Pedro Sánchez, reelegido en las primarias de su partido, como nuevo secretario general de la formación socialista. Un amargado vengativo.

Estos ególatras, pagados de sí mismo y dispuestos a todo con tal de conseguir sus objetivos que, en la mayoría de los casos, se centran en auparse al poder para que, desde tan confortable atalaya, poder hacer y deshacer a su antojo sin que, en su sicopatía narcisista, sean incapaces de buscar consejo, documentarse, sopesar los pros y los contras y utilizar el sentido común, antes de tomar cualquier decisión, aunque corran el riesgo el bienestar de la ciudadanía, los intereses del país, la seguridad de las personas, la unidad de la patria y las libertades del pueblo español; tienen una particularidad y es la de desconfiar de todos, buscar aliados de su propia calaña y ser propicios a maquinar, urdir y llevar a cabo contubernios para librarse de sus adversarios políticos, a la vez que se rodean de una guardia de corps adicta y con pocos escrúpulos, encargada de llevar a cabo, sin preguntar, sus disparatados proyectos.

En España nos encontramos, en estos momentos, ante uno de estos vaivenes políticos que tanto vienen caracterizando al señor Sánchez, capaz de pensar y decidir una cosa un día y desdecirse de ella, sin otra razón que la de llevar la contraria a la derecha, en este caso el PP. El tratado de libre comercio con Canadá (CETA), una vieja aspiración de la UE, por fin está de actualidad. Tras haberlo votado en el Parlamento Europeo y después de haberlo ratificado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el PSOE, repentinamente, anunció que votaría en contra y, como muestra de la veleidad de su nueva dirección, finalmente han decidido que se abstendrían; dando, con ello, la impresión de que, el nuevo secretario general del partido, anda dando bandazos sin otro objetivo que adoptar la postura contraria, en cualquier ocasión, sin atenerse a otras consideraciones, siempre que se trate de una propuesta del PP, no sólo de España, sino también del PPE.

Es obvio que se está preparando, entre Podemos y el nuevo PSOE, una suerte de entente para, como ya viene avisando el señor Sánchez, reproducir lo que ya se hizo en el famoso pacto del Tinell en contra del PP, consistente en crear un “cinturón sanitario” en torno del partido de la derecha española, con el único fin de dejarlo aislado, impedir que su actividad en el Congreso pueda tener resultados favorables e intentar, tan pronto como hayan llegado a un acuerdo con Podemos, sobre quienes pasarían a gobernar el país en ausencia del PP, y cuáles serían las compensaciones para el partido que permitiera al otro designar un presidente, seguramente, consistente en la cesión de importantes ministerios que permitieran tener controlados los puntos básicos del nuevo gobierno.

Ello, como ya está hablándose en estos días, supondría un acuerdo para que, con las fuerzas de ambas formaciones políticas, el PSOE pudiera formular (Podemos ya no puede hacerlo durante esta legislatura) una nueva moción de censura al gobierno de Rajoy, aunque para que tuviera éxito precisarían hacer juegos malabares con separatistas y otros partidos minoritarios al efecto de conseguir la mayoría suficiente para derribar al actual gobierno, en minoría, del PP. El hecho de que, el señor Sánchez, haya decidido convocar a Rivera de Ciudadanos y a Iglesias de Podemos a una reunión uno de estos días, indica claramente que no quiere perder tiempo y que está dispuesto a presentar su batalla cuanto antes.

En todo caso no le va a resultar fácil y, por mucho que haya tenido éxito en nombrar una nueva directiva afín a sus proyectos, es evidente que las heridas que ha dejado abiertas en su partido, con las exclusiones de toda la vieja guardia del PSOE y el confinamiento a sus “cuarteles de invierno” de Chimo Puig y Susana Díaz (que ya ha dejado claro que acepta a regañadientes el rechazo de su partido al citado CETA) que ha argumentado que acepta “por obligación” la postura de su partido y de su nueva dirección. Como en política, y especialmente en el PSOE, se ha visto que los cambios de humor son algo habitual y que tanto se sube como se baja; si el señor P. Pedro Sánchez sigue empeñado en convertirse en un nuevo Rodríguez Zapatero, a lo que viene apuntando maneras, y sus futuras actuaciones llevan el mismo sello que el del acuerdo con el Canadá, no sería nada raro que pronto se encuentre en una posición apurada, no sólo en su partido, sino ante sus propios votantes en legislativas que, recordemos, no son los miembros del partido que son los que lo han llevado a la secretaría general.

El problema es que, si el señor Sánchez es un intrigante pero, al mismo tiempo, un iluso, en el caso de Podemos, el señor Iglesias es un tipo peligroso, fanático y con recursos, experimentado en las técnicas comunistas y muy capaz de utilizar a Sánchez durante el tiempo que le convenga, mientras le siega la hierba debajo, usando para ello los ministerios que conseguiría a cambio de que colaborase con el líder del PSOE a deshacerse de Rajoy y del PP. España no está en situación de permitirse caer en manos de un partido comunista bolivariano, que utilice las mismas tretas que llevaron al poder a Chávez y, posteriormente, a Maduro. Por desgracia, se ha demostrado que todavía quedan, en nuestro país, importantes bolsas de nostálgicos del Frente Popular de 1936, que no tuvieron inconveniente en votar a un partido nuevo, apenas con unos meses de existencia, que consiguió un espectacular resultado, sacando cinco millones de votos.

El peligro de estas actitudes, completamente absurdas, de Sánchez ha quedado reflejado en la preocupación con la que el Parlamento de Bruselas ha recibido la noticia del desplante del PSOE desdiciéndose de su apoyo inicial al tratado de libre comercio con el Canadá y las recomendaciones que, desde aquella institución, se le han hecho al nuevo secretario de los socialistas españoles. No queremos ni siquiera imaginar las consecuencias que, para España y sus habitantes, tendría la implantación de un gobierno de izquierdas si, al grupo de Ciudadanos, se le ocurriera apoyar la moción de censura en contra del gobierno del PP. No parece que, por el momento, la intención de Albert Rivera sea la de compartir una alianza con el PSOE si este, a su vez, quiere tener a su lado al señor Iglesias de Podemos. Sin embargo, no podemos perder de vista que, el enemigo más directo para las aspiraciones electorales de Ciudadanos, un partido al que las encuestas parece que le van otorgando aumento de votos a costa de socialistas y, especialmente del PP, es precisamente el partido de Rajoy. Ambos tienen necesidad de apoyarse para evitar que las izquierdas pudieran llegar a coaligarse para apartar a Rajoy, no obstante, también es cierto que el señor Rivera tampoco está interesado en favorecer al PP, como lo viene demostrando votando con la oposición, en el Congreso, contra las propuestas de los populares. Una situación endiabladamente complicada que, naturalmente, tiene un tercer factor que influye en ella y es la amenaza del separatismo catalán y su posible influencia en el País Vasco que, basta observar las actuaciones de Urkullu jugando al equívoco, dando una de cal y otra de arena, pero, evidentemente, ojo avizor respecto a los progresos y retrocesos del independentismo catalán, para no perder comba en el caso de que, los catalanes, sacaran tajada de sus amenazas.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, y vistas las circunstancias que están concurriendo en la política actual de nuestro país, la evidente ojeriza demostrada por el PSOE, el nuevo PSOE de P.Sánchez, y su poca disposición a seguir la política sensata del señor Fernández ( otro de los defenestrados ), dispuesto a amargarle la vida en todo lo que pueda al actual Gobierno del PP; no da la sensación de que, esta nueva etapa, a la que va a tener que enfrentarse el PP, tenga visos de favorecer el interés del señor Rajoy de acabar la legislatura al frente del Gobierno. Difícil apuesta para un jugador el pronosticar el ganador en este juego, en el que está comprometido el futuro de la nación española.

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El TC, contra las reformas
FERNANDO PALMERO El Mundo 26 Junio 2017

EL CONSTITUCIONAL, el más político de nuestros tribunales, ha fallado en favor de las reclamaciones del nacionalismo catalán para anular la Ley de Unidad de Mercado, una norma que pretendía eliminar barreras y obstáculos burocráticos a las empresas en todo el país. Para el TC es prioritario que la Generalitat no pierda competencias, antes que establecer una legislación que evite a las empresas, y por tanto, también a los consumidores, tener que someterse a una legislación diferente en cada comunidad, algo que atenta contra la igualdad de los españoles en todo el territorio.

Aunque la anulación de los dos artículos de la Ley que la dejan sin efecto ha pasado bastante inadvertida, lo cierto es que la histórica pretensión de acabar con la fragmentación de nuestro mercado interno era una de las reformas más ambiciosas del Gobierno, tal y como vienen exigiendo los principales organismos internacionales. Pero el TC, como tribunal político que es, se ha pronunciado en favor de la hiperregulación y en contra de las reformas que favorezcan el libre mercado

La lengua como instrumento de poder
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 26 Junio 2017

Desde Montesquieu, dicen que el poder dimana del pueblo. Y puede ser verdad en su germen pero no en su ejercicio.

Es cierto, también, en puridad, que el poder tiene como destinatario al pueblo. Y sería verdad si tanto en el fondo como en la finalidad y los métodos tuviera como destinatario único el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el respeto a los ciudadanos como seres individuales sujetos a protección por detentar la fuente de los derechos. Pero todo aquel que no sea un ingenuo o un bisoño angelical sabe que no es así.

La regla de medida de la calidad de una democracia es el respeto a los derechos individuales, la aceptación del pluralismo político, cultural y social de una colectividad y la protección a cada ciudadano como sujeto único de derechos. Cuando se pone en valor la prevalencia de supuestos derechos colectivos y se manipulan de forma torticera conceptos del derecho natural para atribuir el reconocimiento de derechos a entelequias como “pueblo” “lengua” o “nación”, haciéndolos prevalecer sobre las personas, nos acercamos peligrosamente a las ideas totalitarias, maquilladas con formas democráticas.

Victor Klemperer, víctima del régimen nazi y analista de los mecanismos de dominio que empleó el Sistema, dice “en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas que imponía repitiéndolas millones de veces y que eran adoptadas de forma mecánica e inconsciente”. George L. Mosse en su libro “La nacionalización de las masas” analiza el fenómeno sorprendente de los fascismos en el siglo XX de las siguiente forma “[…] desde comienzos del siglo XIX, a través de la utilización de mitos y símbolos nacionales, y del desarrollo de una liturgia que permitiría participar al propio pueblo en dicho culto. El concepto de voluntad general se prestaría a la creación de unos mitos y a la de sus símbolos que dieran expresión concreta a la voluntad general. La caótica multitud que constituía el ‘pueblo’ se convirtió en un movimiento de masas que compartía la creencia en la unidad popular a través de una mística nacional”.

El problema radica cuando en nombre de esa nacionalización y como método para lograrla se saltan todas las normas de respeto al individuo para lograr esa cosmovisión colectiva y como término del proceso el salto a la independencia de una comunidad creada “ex novo” mediante la tergiversación de la historia, la creación de mitos y la reconfiguración de las percepciones de realidades creadas al efecto en una imagen que ni el mismo Orwell hubiera intuido.

En mi libro “Educación y Nacionalismo, Historia de un modelo” disecciono la utilización que hace el nacionalismo de la escuela, para la formación del espíritu nacional, perpetuando lo que Franco, en consonancia con los fascismos coetáneos, configuró para la formación de otra conciencia nacional, que en el fondo responde a los mismos parámetros. Franco fracasó porque iba a contracorriente en un contexto internacional postbélico donde las sociedades liberales iban ganando terreno. Pero no está claro que en el actual contexto de globalización no triunfen procesos de descomposición que ya se han comprobado como exitosos en los Balcanes, Kosovo, y otros lugares satélites de la antigua Unión Soviética. Solamente hay que introducir ciertas imágenes colectivas de enemigos exteriores, agravios y victimismos, unos cuantos símbolos, banderas y mitologías, modificar determinados episodios históricos para ahondar más en la artificiosa pero efectiva victimización; romper los lazos culturales y lingüísticos de comunicación, y, sobre todo, controlar férreamente la escuela, lo que en ella se imparte y los instrumentos de aculturación como son los profesores. Los grandes dictadores como Stalin, Mussolini, y el mismo Franco consideraron en su momento que controlando la escuela se controlaba la sociedad. Y, aunque fracasaron en el intento, no se equivocaban.

Estamos en un momento en el que se está analizando el nuevo “currículo vasco” para el sistema educativo, que es una extensión de los programas que se imparten en las ikastolas al resto del sistema, y que es un nuevo giro de tuerca en el proceso de elaboración de esos contenidos que lleven a lo que la Confederación de Ikastolas proponía como finalidad de su trabajo: “La ikastola tiene como sustancia educativa específica que se refleja en sus símbolos, mitos y ritos, en sus costumbres, tradiciones e historia, en sus fábulas, canciones y danzas y en su forma de relacionarse con Edmundo natural, de comunicarse y organizarse, de interpretar la vida, es decir, que se refleje en su genio y el espíritu del Pueblo Vasco” “El signo de identidad que ha de caracterizar a la Escuela Vasca, -pública o privada- es su condición de Bildaldun”. Esta proclama de intenciones casa perfectamente con el ideario del PNV, que se condensa, en cierta forma, en esta definición: “El mantenimiento y consolidación de nuestra cultura e identidad como nación pasa por una Escuela Vasca que potencie nuestra lengua a través de la euskaldunización; pero, además de la lengua, la cultura vasca se plasma en una historia y una geografía propias, así como en los logros y manifestaciones de toda índole que los vascos han producido a través del devenir histórico”. En definitiva, se trata de aplicar a machamartillo, a paso de buey pero con paso seguro, el plan de configuración de esa cosmovisión colectiva. Ello encaja, como anillo en el dedo, con la estrategia que en 1910 estableció un importante ideológo del nacionalismo, Eleizalde, que anunció lo que hemos visto ya aplicado de forma sistemática, sin oposición alguna de quien debiera haber ejercido sus funciones de Estado, es decir de quienes han pasado por los sucesivos gobiernos en España. Decía, de forma resumida, “Las etapas que debe recorrer todo nacionalismo normal, y, por tanto, el nuestro, son estas tres, y por este orden cronológico: primeramente la etapa social y cultural, en la que se va despertando y arraigando la conciencia de nacionalidad, y se va elaborando el programa socio-político que contiene las aspiraciones de la nacionalidad renaciente. Esta es la etapa fundamental, la etapa de las escuelas, de las academias y ateneos, de las publicaciones científicas.

Viene a continuación, aunque sin cerrar la primera que sigue subsistiendo, la etapa política, durante la cual el nacionalismo, por medio de sus representaciones parlamentarias y administrativas, trata de incorporar a la vida pública el conjunto de soluciones estudiadas y elaboradas durante la etapa anterior.

Finalmente y subsistiendo las dos primeras etapas se llega a la final, la del triunfo completo y pleno dominio, el cual será más estable y sólido cuandto más la conciencia se haya trabajado en las etapas anteriores. “ (El subrayado es mío).

LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Resulta sorprendente que los torpes y cegatos representantes de los partidos políticos no nacionalistas hayan colaborado de forma sumisa, borreguil y estúpida en el proceso de socialización nacionalista a través de la escuela, vulnerando cualquier principio lógico de respeto a la individualidad de nuestros niños y jóvenes, provocando un fracaso escolar inducido en amplias capas de la población –maquillado-; rebajando hasta la hilaridad los aprendizajes –no lo digo yo, lo afirman los examinadores internacionales-, y repercutiendo en una caída de los índices de comprensión verbal hasta el punto de dejarlos más debajo de diez centiles por debajo de la mediana estadística general. Y todo ello sin que nadie levante un dedo ni diga una sola palabra de crítica política. Con el aval y complicidad de sindicatos no nacionalistas –los nacionalistas se entiende que están para ello- y con el parabién del PP y del PSOE. Es inexplicable el fenómeno desde una visión de política comparada internacional.

En ello ha tenido mucho que ver la generalización de un modelo de inmersión lingüística fraudulenta que se ha basado en incumplir sistemáticamente lo establecido en la Ley de Normalización del Uso del Euskera, que establecía que se crearían modelos lingüísticos para adaptar la implantación del euskera a la realidad sociolingüística de cada zona, y para ello se creaban el modelo A (castellano como vehículo), D(euskera como vehículo) y B (mixto) según fueran zonas castellanohablantes, euskaldunes, o de transición. Tramposamente se fue expandiendo por la vía de los hechos –con la excusa de una falsa demanda de padres, inducida y coaccionada- la implantación generalizada del modelo de inmersión puro, contraviniendo el necesario ajuste entre entorno y escuela, e impidiendo el aprendizaje en lengua materna según recomiendan instancias internacionales, entre ellas la UNESCO, que en su boletín de 2003 afirmaba “Años de investigación han demostrado que los niños que inician su educación en la lengua materna tienen un mejor comienzo y exhiben un mejor desempeño que aquellos que son expuestos a un idioma nuevo al ingresar a la escuela”, recomendando a todas las naciones que respeten la lengua materna de los escolares como vehículo de aprendizaje principal.

Curiosamente lo mismo afirma el informe PILRS (de las evaluaciones internacionales de los resultados escolares en los niveles de instrucción primaria), colgado en la propia página web del Ministerio de Educación del Gobierno Español. Veamos: el Informe PIRLS, análisis PISA de la OCDE, en sus páginas 29 y 30 dice lo siguiente: “Lenguas habladas en casa. Debido a que el aprendizaje de la lectura depende en gran medida de la experiencia temprana de los niños con el lenguaje, la lengua o lenguas habladas en casa y la manera de utilizarlas son factores importantes en el desarrollo de la competencia lectora. Los niños cuyo conocimiento de la lengua empleada en la enseñanza formal de la lectura se sitúa sustancialmente por debajo de lo que es de esperar en los niños de esa edad, con mucha probabilidad se encontrarán en desventaja desde un primer momento. Además, el empleo de lenguas o dialectos diferentes en casa y en la escuela puede causar problemas a los alumnos a la hora de aprender a leer.”

Es evidente, cuando menos, que alumnos (no hay que decir que también alumnas) con dificultades congénitas o adquiridas de carácter verbal, o funcional en el área de la lectoescritura, alumnos inmigrantes con lengua nativa extranjera, transeúntes, minorías étnicas, etc, encuentran una barrera si no insalvable sí que les va a provocar un retraso escolar abocado a un fracaso y abandono escolar, con lo que ello implica en la formación de su personalidad. Pero a nivel general ello también va a suponer en los niños cuya primera lengua no sea la de la escuela, o cuya lengua dominante de contexto no sea la de aprendizaje, un retraso significativo a nivel instructivo y en la adquisición de la aptitud mental primaria de la comprensión verbal que va a ser instrumento fundamental de aprendizaje a lo largo de su vida.

Resulta curioso que los nacionalistas en otras épocas de la historia abogaran por esta tesis, cambiando al punto contrapuesto cuando les ha convenido. Veamos lo que decía Landeta, un importante representante nacionalista en el III Congreso de Estudios Vascos de 1920: “[…] si la lengua maternal del niño es la vasca en euskera debe recibir la educación y si la lengua materna es castellana en castellano” “[…] El medio, el instrumento necesario, preciso, para efectuar ese desarrollo, para llevar a cabo esa formación, es, y no puede ser otro, que la lengua. Y por eso la posesión perfecta de la lengua materna, sea cual fuere ésta, constituye la base y la esencia misma de la pedagogía” “Al maestro más inteligente y abnegado, pero que ignora la lengua de los niños, no le es posible disipar la atmósfera de aburrimiento e indiferencia que le rodea[…]” Quizás por eso mismo, en 1931, con ocasión de la elaboración del Estatuto de Estella la Sociedad de Estudios Vascos formulaba su propuesta en los siguientes términos: “Deben las escuelas rurales vascas clasificarse en dos grupos : a) Aquellos en donde toda la enseñanza ha de darse en idioma vasco y, b) Aquellas en donde procede usar el castellano como idioma general de enseñanza. Fundados en la realidad del problema, podemos asegurar que no existe ningún caso que justifique la existencia de un tercer grupo bilingüe. En el grupo (a) debe constituir el estudio de la lengua castellana materia obligatoria en todos los grados o cursos. En el grupo (b) debe constituir el estudio de la lengua vasca materia también obligatoria en todos los gados […]”.

Es obvio que estos principios que venían de fuentes directas del nacionalismo han sido trastocados y subvertidos. ¿Por qué?

1.- Para segregar al profesorado y crear una vía cribada de acceso a agentes muy activos de socialización cultural nacionalista, formados en unos centros con un fuerte ingrediente nacionalista a su vez. No hay más que comprobar la evolución del voto sindical para comprobarlo. Es una evidencia rotunda y drástica. La absoluta mayoría del profesorado vasco respira nacionalista, y una parte de él ha orbitado en torno a movimientos proetarras, lo cual es la antítesis del buen educador –adoctrinar es otra cosas-. Y se ha provocado una diáspora masiva del profesorado no “asimilable”. Eso es también claramente detectable en Cataluña.

2.- Con ello se facilita el currículum oculto que es el que permite adoctrinar al alumnado por vías no oficiales.

3.- Para eliminar las resistencias a la implantación de un curriculo vasco que impida la aplicación de los programas estatales, imposibilitando así la existencia de un sistema nacional de educación (español) imprescindible para que exista un Estado en su más genuino sentido y naturaleza, y unos planes homologables que permitan que los títulos académicos y profesionales lo sean al mismo tiempo. Es decir, vulnerando de forma explícita las normas constitucionales.

4.- Para, a través de la lengua, introducir una nueva visión política, etnocéntrica y antropológica en la población vasca, por muy artificiosa que sea ésta.

Quien controla la escuela controla la sociedad.
La responsabilidad última es de quienes tienen la responsabilidad de Estado en España.

¿Es tarde para corregirlo?
Bajo mi punto de vista si, pero que cada palo aguante su vela y de cuentas de su responsabilidad. Denunciando, yo me eximo de esa responsabilidad. Y llevo haciéndolo más de treinta años.

Por razones de espacio no desgloso los efectos y resultados que esta política está teniendo sobre la población escolar.

Ortuzar amenaza y se sube al carro de Cataluña.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 26 Junio 2017

Ya cantó la gallina, que no el gallo. Ya me parecía que el PNV terminaría por sacar su patita secesionista y posicionarse del lado de los que les han adelantado en eso de jugar al mus lanzando un órdago al Gobierno de España y a toda la nación con la amenaza de realizar un referéndum con el que avalar la declaración unilateral de independencia. Ahora resulta que el PNV se pone “estupendo” y su Presidente, Andoni Ortuzar, amenaza al Gobierno con quitarle su apoyo en esta legislatura “si hay alguna acción desproporcionada e injusta con Cataluña”. Indica como tal la “aplicación burda” del artículo 155 que, como ya deberían todos saber, es la única posibilidad que recoge la Constitución para abordar casos como el de la clara desobediencia y rebeldía del Gobierno y Parlamento de una comunidad autónoma. Lo que parece querer decir Ortuzar es que aplicar la Ley sería desproporcionado.

Por otro lado, considera que el referéndum debe celebrarse y esperar al resultado para al día siguiente sentarse a dialogar sobre el encaje de Cataluña y de Euskadi en España., porque el modelo actual “no funciona”. Y en eso puede que estemos de acuerdo. Pero la culpa no ha sido del modelo que simplemente era una descentralización administrativa, con aquello de acercar las Instituciones a los ciudadanos y que finalmente se ha convertido en un reino de taifas donde han campado a sus anchas los partidos políticos. Olvida este nacionalista de chaqueta reversible y camaleónica, y demagogo, que el encaje de ciertas autonomías, malamente reconocidas como “nacionalidades”, ya está recogido en la Constitución y precisamente con elitistas prebendas inasumibles en un Estado que dice garantizar la igualdad de todos los españoles con independencia, está sí, de su lugar de nacimiento o de residencia. El tema del “Concierto económico Vasco” o de los “Fueros de Navarra”, son vergonzosos ejemplos del precio del encaje. Un precio que se ha visto aumentado a lo largo de estos últimos 40 años por el apoyo mercenario de los partidos como CiU o PNV al Gobierno de España de turno que precisaba de sus votos para la gobernabilidad del Estado.

Obvia este impresentable personaje que ese referéndum es completamente ilegal, ya que un asunto que afecta a todos los españoles no puede trocearse a conveniencia de parte. Ese referéndum, de realizarse, sería un robo premeditado de la Soberanía Nacional que la Constitución solo reconoce al conjunto de todos los españoles y no a los ciudadanos concretos de una determinada región o autonomía. Por lo tanto, tal y como ha sentenciado el Tribunal Constitucional, el referéndum, y cualquier acción encaminada a su realización, serían ilegales y se cometerían delitos. Algo que se puso en conocimeinto de todos los componentes del Gobierno de la Generalidad y de la Mesa del Parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña, para evitar que se acogieran a la falta de una posición clara o de información. Están avisados y si incurren en deslealtad manifiesta y en desobediencia, estarán delinquiendo y es deber y potestad del Gobierno de España tomar las medidas acordes con la gravedad del desafío.

Considerar que aplicar la Ley es una desproporción, solo demuestra que el PNV justifica, como otros como PODEMOS ya han hecho, que los fines justifican los medios. Lo que pretende es que se cometa un delito y establecer un diálogo sobre las consecuencias de ese delito. Simplemente aberrante y propio de quien actúa hace tiempo desde el fariseísmo de una posición moderada que solo espera su oportunidad para subirse al carro del independentismo o lograr ventajas mayores en el futuro “encaje”. Mezquino, cobarde y oportunista. Algo típico de quienes en otros tiempos no dudaron en traicionar a España, o sumarse al bando vencedor de Franco con tal de sacar beneficio en sus aspiraciones. Lobos con piel de cordero que no han dudado en camuflarse y cohabitar con sus propios verdugos en un claro síndrome de Estocolmo.

Andoni Ortuzar, un líder que dice pretender llevar a Euskadi a las más altas cotas de autogobierno y de autonomía, y que anuncia que si no hubo un “choque de trenes” cuando se presentó el “plan Ibarretxe” fue porque el PNV no quiso, pero afirma que, tras Cataluña, será Euskadi la que exija un nuevo encaje en España. parece que ahora sí que habría otro "choque de trenes". Otra amenaza a la que nadie debería restarle importancia. Y es que el nacionalismo es insaciable, un cáncer que España debería extirpar cuanto antes. Estos partidos políticos son como los trolls de las redes sociales en internet. Existe una máxima y es la de “no alimentar a los trolls”, es decir, no darles cancha mediática de ningún tipo. Lo malo es que en este caso, las declaraciones al Diario vasco de este troll anti español, al menos merecen que se les dé máxima difusión para que todos los españoles sepan con quienes nos jugamos nuestro futuro. Y estos ya han dado sobradas muestras del futuro que nos proponen por las buenas o por las malas.

Yo a estos les proporcionaría una rotunda respuesta. Solo espero que el Gobierno no ceda a este nuevo chantaje. Si quieres credibilidad, primero debes hacerte respetar.

¡Que pasen un buen día! Y si pueden, busquen refugio del tórrido calor que seguimos padeciendo desde hace ya dos semanas.

Navarra Resiste
Los herederos de ETA aseguran su control sobre EH Bildu
  latribunadelpaisvasco.com 26 Junio 2017

EH Bildu es la gran formación política de la “izquierda abertzale”, conforme su propia nomenclatura, con estructura jurídica de coalición electoral en la que se integran cuatro partidos de procedencia muy diversa. Dicha entidad celebró un congreso decisivo, para su estructuración interna y el juego real de las diversas “sensibilidades” existentes en su seno, el pasado 17 de junio de 2017; al que calificaron como de “refundación”. Lo que se presentó como “novedad” fue este intento de trascender la fórmula de coalición electoral para dotarse de órganos con capacidad ejecutiva; especialmente su “Mesa Política” de 19 miembros con derecho a voto y otros dos más sin él. Su objetivo final: competir con el PNV y arrebatarle el liderazgo social, político e institucional. “Refundación”, “apertura a los independientes”, “reconocimiento del pluralismo”: ¿simples palabras o auténtico giro táctico? Lo veremos más adelante.

El principal de todos esos partidos sin duda alguna, tanto en número de militantes, cargos públicos, como proyección social, es Sortu: heredero directo de la expresión política de ETA Militar que ha conocido, al calor de los circunstancias legales, diversas denominaciones: Herri Batasuna, Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Acción Nacionalista Vasca, Euskal Herritarrok, Askatasuna, Bildu… Su líder más mediático, y seguramente el que disfruta de mayor prestigio tanto dentro como fuera de la organización, sigue siendo Arnaldo Otegi; quien tras su última estancia en prisión sigue liderando y marcando los nuevos ritmos. En la nueva Mesa Política de EH Bilbu, Sortu ocupa 12 puestos de los 19; casi dos tercios del total.

El segundo partido histórico de la coalición es Eusko Alkartasuna: la formación social-demócrata que fundara el navarro de origen -y guipuzcoano de adopción- Carlos Garaikoetxea, al escindirse del partido-madre EAJ-PNV con sus seguidores, allá por 1986. Tras unos primeros tiempos en los que jugó un papel relevante en la política vasca, el partido ha ido declinando hasta que, en la actualidad, se ha convertido en un mero satélite de la izquierda abertzale. Ciertamente, el propio Carlos Garaikoetxea, alarmado junto a otros “históricos”, se sumó, meses atrás, a un pequeño movimiento crítico a tal deriva; pero, pese a ello, los restos de su antaño criatura predilecta, están más marcados que nunca por el “Gran Hermano” etarra. Apenas dos escaños de la nueva Mesa Política, de un total de 19, son suyos.

Aralar, tercera formación de la coalición, es otra fuerza de izquierda abertzale que nació, formalmente el 29 de septiembre de 2001, como disidencia de Herri Batasuna; al no compartir la subordinación de la expresión política a la organización-líder, es decir, a ETA. En consecuencia, rechazaron la “violencia” política”, si bien por “consideraciones tácticas”, que no morales o de principios. Su escisión les generó no pocas dificultades de convivencia y de comprensión desde la izquierda abertzale “oficial”. De ideología “ecosocialista” e independentista, nunca alcanzó grandes cuotas de poder; no obstante, entre sus méritos siempre figurará que facilitara -con su pragmatismo y buenos oficios-el despegue del separatismo panvasquista en Navarra con el impulso de Nafarroa Bai, antecesor de Geroa Bai. Dos puestos en la Mesa.

El cuarto y último partido es Alternatiba, una pequeña formación comunista nacida en 2008 desde una de las facciones de la siempre convulsa y minoritaria Izquierda Unida vasca. Con apenas doscientos militantes, y con Oskar Matute como siempre sonriente coreógrafo de la izquierda abertzale en todos sus actos públicos, en la actualidad tiene el mismo peso político que Aralar y Eusko Alkartasuna (2 puestos en la MP); de modo que siempre se mostrarán agradecidos a Sortu, facilitándoles el control absoluto de la organización a los herederos de ETA.

Por último, un único puesto –el decimonoveno de la ejecutiva- se ha reservado para los “independientes” de los que tanto hablan; en la persona de la ex-presentadora y directiva de ETB Maddalen Iriarte.
El congreso del 17 de junio, apenas estudiado y seguido en Navarra pese a su relevancia, aportó algunas novedades.

La principal de todas: EH Bildu concebido como partido-coalición-movimiento; lo que es una simple traslación semántica de la tradicional concepción centralista y leninista del autodenominado MLNV. Entonces, y durante décadas, fue ETA la organización-vanguardia; Herri Batasuna en sus diversas denominaciones, la expresión política; diversos movimientos sociales, a modo de “aros de cebolla”, sus estructuras sectoriales especializadas. No olvidemos que, en su origen, Herri Batasuna -inicialmente Mesa de Alsasua (24 de octubre de 1977)- también fue una coalición: ANV, HASI, ESB y EIA. Posteriormente, EIA se marcharía, dando lugar a Euskadiko Ezkerra entre 1981 y 1982; incorporándose al resto de formaciones abertzales LAIA.

Ahora se repite, bajo la palabrería oficiosa propia del proceso y debate interno de las formaciones de EH Bildu, una operación análoga; pasando a controlar, por parte de los herederos directos de ETA, unas organizaciones que, al menos en origen, disfrutaban de una autonomía y una ideología propias. El cambio se ha justificado, según su propio documento interno, del siguiente modo: «la forma de una coalición, la estructura de un partido y el carácter de un movimiento (…) integra las característica de estas tres tradiciones organizativas: la riqueza ideológica de las coaliciones, la eficacia de las estructuras de partido y la horizontalidad y participación de los movimientos». Y ello es así, pues «queremos dar el salto y evolucionar de coalición de cuatro fuerzas políticas a sujeto político que incorpore también a sectores y personas independientes, con nuevas ideas y proyectos, no necesariamente identificadas con alguno de los partidos». Un verdadero logro táctico, pues además de asegurarse la solidez del proyecto y la fidelidad de sus socios, gana prestigio y una aparente aura de pluralidad al canalizar “culturas políticas” diversas.

Pero, ¿por qué se ha elegido este momento y no otro, antes o después? También lo explican: "En el Estado español no hay condiciones para una democratización y el ciclo del autonomismo se ha agotado. El vuelco en Nafarroa, la creación de la Mancomunidad Vasca o la amplia mayoría por el derecho a decidir en la CAV facilitan “un itinerario confederalista” en que los tres espacios podrían ir convirtiéndose en Estado por sus ritmos y vías e integrar finalmente si lo desean una República vasca".

Arnaldo Otegi, en una amplia entrevista concedida a Gara el 19 de junio, demuestra, además, ser un alumno aventajado del tantas veces mencionado Antonio Gramsci, al afirmar que "Vemos que la gente percibe a EH Bildu en un extremo del eje izquierda-derecha, en feminismo, en independentismo... y sin embargo ahí convivimos culturas muy diferentes: sectores socialdemócratas, comunistas, ecosocialistas... Desde mi punto de vista, esa síntesis conecta bien con las amplias mayorías del país, aunque aún no se haya traducido en mayoría electoral, porque esos son los valores hegemónicos".

Por lo que a Navarra se refiere, asegura que: “Todo el mundo es consciente de que EH Bildu está jugando un papel fundamental en el sostenimiento del cambio en Nafarroa. Y se reconoce. Dicho esto, hay una demanda de que el cambio tenga otra intensidad e incluso otra dirección en determinadas esferas. Sacar a UPN, como sacar a Maroto, era una condición imprescindible, pero no suficiente. El Gobierno del cambio tiene que hacer cambios. Con toda la responsabilidad del mundo, sabiendo lo que nos jugamos, decimos que la mayoría social que existe se tiene que ver reflejada en la acción de Gobierno”. Gramsci, puro Gramsci.

Sin duda hay que reconocer su capacidad de trabajo interno y de adaptación a las nuevas condiciones objetivas, sociales y políticas, en el contexto de la globalización, de los “escenarios vasco y navarro”. Bien harían sus rivales políticos en analizar las motivaciones de unos cambios aparentemente poco importantes y en poner en práctica las enseñanzas tácticas-organizativas derivadas de ese pragmatismo organizativo. En definitiva: nuevos escenarios, nuevas tácticas y nuevas formas de organización. Por el contrario, PP, UPN, Ciudadanos y PSN-PSOE, mantienen desde hace años los mismos estatutos y la misma cultura organizativa: la de ser “partidos de gestión del poder”. Lógicamente, tan rígida y precisa estructuración, propia de unas circunstancias políticas muy determinadas –democracia formal, juego parlamentario clásico, turnismo gubernamental-, impide trabajar de una manera eficiente desde la oposición; careciendo en consecuencia de experiencia y estructuras propias del trabajo de calle y de base.

Un pequeño paso, en suma, desde una gran estrategia. Que nadie se llame a engaños.

El adoctrinamiento en los colegios
El delirio educativo separatista: Del 'traidor español' a los 'países catalanes'
El objetivo de la encuesta, en la que se incluían cuestiones relativas al uso privado de la lengua, era conocer el grado de estima hacia el catalán.
La Gaceta 26 Junio 2017

El Instituto de Secundaria (IES) Pau Casesnoves del municipio mallorquín de Inca causó polémica esta semana al llevar a cabo una encuesta entre sus alumnos en la que preguntaba si procedían del "Estado español" o de los "Países Catalanes", un concepto con el que el separatismo se refiere a Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana como comunidad única y desligada de España.

El objetivo de la encuesta, en la que se incluían cuestiones relativas al uso privado de la lengua, era conocer el grado de estima hacia el catalán.

La oposición ha censurado este "adoctrinamiento" a los estudiantes. En un comunicado, Nuevas Generaciones del PP (NNGG) ha exigido a la Consejera de Educación de Baleares que abra una investigación sobre el caso "y se depuren responsabilidades", y le ha pedido que "demuestre la voluntad del Govern de acabar con esta clase de actuaciones". En este sentido, ha denunciado "el uso del sistema educativo público como herramienta de apología de ideas estrafalarias con las que la inmensa mayoría de docentes, padres y alumnos de las Islas no se identifican" y ha manifestado que "no puede achacarse a un hecho aislado", sino a una "estrategia deliberada y planificada" de la que el Gobierno autonómico no puede ser ajeno.

Cabe recordar que el PP rechazó la propuesta de equipo del candidato a la presidencia del partido en Baleares, José Ramón Bauzá, para garantizar la libertad de elección de lengua en la educación en el marco del XV Congreso regional de la formación que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Se impuso con claridad la inmersión en catalán y el "trilingüismo" para que los alumnos dominen las dos lenguas oficiales y el inglés, pero que no se concretó el modo de aplicarlo.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento balear, Xavier Pericay, ha criticado el "adoctrinamiento ideológico" que sería inherente a la citada encuesta. "Nos parece de todo punto inadmisible que se utilice el pretexto de la normalización de una lengua, sea la que sea, para inculcar en los alumnos un sentimiento de pertenencia que nada tiene que ver con la realidad ni con el marco legal establecido", ha aseverado.

No es la primera vez que se intensifica el adoctrinamiento político pancatalanista en los colegios. La Fundación Círculo Balear (FNCB) ya denunció que varias editoriales dedican en sus libros de texto de Lengua Catalana y Literatura de bachillerato temas enteros a contenidos políticos favorables a la Cataluña separatista y a los "Países Catalanes", y no hacen referencia alguna a la lengua y cultura balear. "Es intolerable que a los alumnos de Baleares se les adoctrine en el pancatalanismo, con una historia falsa, con conceptos anticonstitucionales, y todo ello promocionado ahora por el Gobierno de la socialista Armengol", dijo el presidente del Círculo Jorge Campos. Además, denunció la inacción del Estado que "no responde ante estos contenidos con alta carga ideológica".

En este sentido, el pasado mes de mayo, el ministerio de Educación reconoció no poder actuar de oficio frente al proceso de ingeniería social separatista vigente desde hace décadas en Cataluña después de un informe del sindicato de profesores AMES -sobre manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria- en el que concluía que los textos que manejan los alumnos incurren en “planteamientos ideológicos partidistas” y “tendenciosos”. El Ejecutivo señaló que "tiene limitado su margen de maniobra" dado que la competencia está en los profesores, que eligen los libros, y en las Comunidades Autónomas, que "permiten esa libertad".

Y no sólo en los libros. El Ayuntamiento de Cambrils -gobernado por ERC, CiU y PSC- aprobó una representación teatral en siete colegios en torno al asedio del municipio en 1640 en la que se insultaba al "traidor español" y se pedía "destrozar al enemigo castellano". Este municipio ya fue noticia por un lamentable vídeo grabado en el colegio Guillem Fortuny en el que se recreaba un pasaje de la Guerra de los Segadores. En la grabación, aparece un profesor obligando al niño que interpretaba a Felipe IV a decir proclamas como "Matar a todos" o "Destruir al ejército español".

III República federal
RAÚL DEL POZO El Mundo 26 Junio 2017

Estamos asistiendo a un culto al personalismo en el bloque de la derecha, y sobre todo, en el bloque de la izquierda. Mariano Rajoy ensaya su baile de Pilatos en Europa, Albert Rivera se codea con Ana Botín en el club Bilderberg; de Pedro y Pablo no se sabe si preparan un Gran Hermano para del liderazgo de la izquierda o traman una República federal con separatistas. Pedro Sánchez llevará a la primera reunión con Pablo Iglesias la cabeza de la CETA y la propuesta de un Govern de los republicanos del ERC, Podemos y el PSC cuando fracase el referéndum. Todos los partidos son presidencialistas, todos han alentado una concepción fetichista de sus cargos. Pedro Sánchez ha cambiado de caballo en medio de la riada y ha iniciado la contrarreforma para recuperar la izquierda después del abrazo aristocrático que estrujó al PSOE. Eso del abrazo aristocrático es una expresión de Nicolás Redondo. El gran Nicolás hacía referencia a los halagos y trampas con que los liberales hicieron primer ministro a Ramsay MacDonald, dirigente del Labour Party que era hijo de una lavandera.

Una de las primeras militantes que avisó al PSOE de su aburguesamiento fue Beatriz Talegón, en el Consejo de la Internacional Socialista cuando dijo: "Me sorprende que pretendamos la revolución desde un hotel de cinco estrellas". Según Juan Carlos Monedero, el mérito de la espontanea declaración se esfumó por la falta de reflexión en su partido después de unas semanas de protagonismo. Su desaparición fue tan rápida como su ascenso: sería expulsada por activista del 15-M. "La desideologización del PSOE -escribe Monedero- tenía necesariamente que terminar en una deriva tecnocrática y en el abuso del cinismo". Luego el desafío generacional del 15-M envejeció al PSOE y le arrebató la bandera roja.

«A mi no me asusta el cinismo, sino la estupidez -me dice un amigo cínico-. El mejor PSOE es el que dice una cosa y hace otra, el que es tres semanas de izquierda y cuatro años de centro». Tampoco le gusta esa histeria del nuevo PSOE por recuperar el márketing izquierdista y hasta republicano.

En el Congreso del PSOE, la Agrupación Socialista de Juventudes del Puente de Vallecas presentó una enmienda que no llegó al pleno en la que se pedía la convocatoria de un referéndum para instaurar la III República. El texto final solo recoge el anhelo republicano del partido; los de la Juventud retiraron la enmienda. Hace unos días en la Bombonera de Granada dieron una conferencia -jornada constituyente- sobre la República y sobre el "nuevo país que mereces", Pérez Tapias del PSOE, Antonio Maíllo de IU y Ana Terrón de Podemos, un triple alianza al revés. En Granada, según los asistentes "no había banderas del estanco, todas eran republicanas». Pedro Sánchez ha dicho en alguna ocasión: «Los republicanos nos sentimos bien representados en esta Monarquía". Pero se siente republicano por tradición. O sea que no sería disparatada una tentación, una vuelta a la extravagante República federal, por lo menos de pensamiento.

La Moncloa está segura de que no será necesario acudir a mecanismos de coerción constitucional
En Cataluña, sólo con jueces no basta
Lo deseable es que sea así, pero conviene no confundirse con la obstinación nacionalista
Periodista Digital 26 Junio 2017

EL Gobierno de Rajoy sabe que esta legislatura se juega y se resuelve políticamente en el escenario del conflicto creado por el separatismo catalán.

La inestabilidad que crea el desafío separatista es un lastre para concentrar esfuerzos en las reformas que aún necesita la economía española y reactivar el debate ideológico frente a la izquierda, del que el Partido Popular está ausente.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno contra el proceso separatista en Cataluña han sido básicamente judiciales, tanto ante los tribunales de la Justicia ordinaria como ante el Tribunal Constitucional.

Ya hay antecedentes de la inconstitucionalidad de cualquier referéndum unilateral y de la responsabilidad penal de los dirigentes nacionalistas que impulsan el proceso separatista. Y la previsión del Gobierno es mantener esta estrategia de réplicas ante los tribunales.

El planteamiento de acudir a los jueces es inevitable en un Estado de Derecho, pero no está siendo suficiente para frenar el proceso separatista, porque el problema sigue radicando en el mantenimiento de competencias en manos de la Generalitat con las que están alimentando ese proceso y poniendo al Gobierno central por detrás de los acontecimientos.

La Moncloa está segura de que esta estrategia dará sus frutos y no será necesario acudir al mecanismo de coerción constitucional previsto por el artículo 155 de la Carta Magna. Lo deseable es que sea así, pero a estas alturas conviene no confundirse con la obstinación de los nacionalistas catalanes.

Están aplicando su programa separatista paso a paso y ya no realizan actuaciones meramente formales, carentes de contenido jurídico. Se dejó pasar el anuncio de la convocatoria de referéndum para el 1 de octubre y de la pregunta de la consulta, pese a ser uno de esos actos preparatorios prohibidos por el Tribunal Constitucional.

Este desafío no siempre debe quedar reconducido a un terreno puramente legal.

El anuncio del referéndum y de la pregunta fue un acto con un contenido político perfectamente definido, que compromete a la Generalitat de Cataluña con un plan anticonstitucional.

No son los jueces quienes deben asumir a solas la responsabilidad de frenar este desafío, cuyo objetivo, más que plantar una frontera entre España y Cataluña, es desestabilizar el orden constitucional español y sembrar la confusión. Hace bien el Gobierno en tener prudencia, evitar el victimismo nacionalista, medir jurídicamente sus decisiones y asegurar el resultado de sus iniciativas.

Pero el problema no para de crecer y su raíz es el uso ilegítimo de competencias autonómicas por parte de la Generalitat. Mientras no se actúe directamente en el plano competencial catalán, de manera selectiva y proporcionada, el Estado seguirá a remolque.


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