AGLI Recortes de Prensa   Martes 27  Junio 2017

Hacienda somos usted y yo
Roberto Osa okdiario 27 Junio 2017

El mítico eslogan ‘Hacienda somos todos’ se creó para la campaña de la Renta de 1978, siendo ministro Francisco Fernández Ordóñez, y aguanta el paso de los años sin caducar, pero también sin ser precisamente efectivo, de hecho se puede decir que es la mayor idiotez que se ha podido escuchar en cuarenta años de democracia. Hacienda son los curritos, los autónomos, los trabajadores por cuenta ajena que pagamos la comilona de una panda de sinvergüenzas con nuestra nómina mensual, de la que se nos va una buena parte para sostener este viejo país de ladronzuelos. Hacienda es la camarera que carga mesas y sillas cada día a las ocho de la mañana para poner la terraza del bar que hay frente a mi casa. Hacienda es el agricultor que teme al pedrisco y la muchacha que te cura cuando vas al ambulatorio. Hacienda son los repartidores a los que toda esa turba de mangantes llama Caranchoa. Hacienda sois tu cartera y tú.

Montoro, muy pillo él, saca la lista de morosos en plena campaña de la Renta y poco tiempo después de sufrir el batacazo asestado por el Tribunal Constitucional a su infame amnistía fiscal. La lista es paritaria, al menos en el Top 10: cinco hombres y cinco mujeres. Nunca está de más saber los nombres de los defraudadores, desde luego uno se queda con cara de tonto cuando ve que gente como Patricia Conde o Kiko Matamoros deben más de un millón de euros cada uno. La presentadora se ha apresurado a decir que todo es un error, faltaría más. Espero que no se refiera al tipo de desliz que cometió ella hace unos años en redes sociales.

Esos milloncetes que nos deben los colaboradores televisivos son calderilla al lado de los 10 millones que adeuda Mario Conde o los 17 de Agapito García, que en lo que a personas físicas se refiere se lleva la palma del choriceo. El entramado empresarial de Arturo Fernández adeuda casi 20 millones de euros a Hacienda; no está nada mal para un señor que dirige la patronal madrileña y sabemos que se ha fundido más de 37.000 euros con una tarjeta black de Caja Madrid, además de estar investigado dentro de la trama Púnica por la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Arturito, que nos debe 20 millones, se ha cansado de pedir durante años el abaratamiento del despido, y lo consiguió. El rey le concedió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. ¿Hace falta decir algo más?

De las deudas mayores mejor ni hablamos: solo entre Nozar y Reyal Urbis —promotoras inmobiliarias, cómo no— ya casi suman 600 millones de euros. A su lado, los quince millones de Desguaces Latorre parece que no dan ni para comprar el pan. Y mientras yo sudando para rectificar mi declaración antes del 30 de junio, no vaya a ser que haya un error y encima me multen. Está por llegar el día en que alguno de estos mangantes se haga un Juan Carlos: “Lo siento me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Y acto seguido devuelva toda la pasta, eso sí; porque me temo que con Hacienda hay que ser más diligente que con los súbditos.

¿Quién reprochará a Rajoy la consulta secesionista?
Guillermo Dupuy Libertad Digital 27 Junio 2017

El único valor consultivo que tendrá la ilegal consulta secesionista del 1 de octubre, en caso de llegar a celebrarse, será el mismo que ya tuvo la del 9-N: constatar, una vez más, que la ley no se cumple en Cataluña. No digo yo que esto no sea razón más que suficiente para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, máximo responsable de cumplir y hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional. Sin embargo, está por ver que haya alguna formación con representación parlamentaria, o incluso algún medio de comunicación aparte de este, que reclame al presidente del Gobierno que asuma sus responsabilidades políticas por no haber cumplido –por segunda vez– su público compromiso de impedir que este nuevo desafío a nuestro Estado de Derecho llegue a consumarse.

Es cierto que a Rajoy le llovieron muchas críticas tras celebrarse el 9-N por parte de muchos que, tal y como dijo el presidente del Gobierno, "no se habían atrevido a decir qué querían que hiciera para impedirlo". Tal fue, efectiva y lamentablemente, el caso de la extinta UPyD de Rosa Diez, del Ciudadanos de Albert Rivera e incluso de la Plataforma Libres e Iguales, algunos de cuyos más publicitados integrantes, como Arcadi España, habían aplaudido hasta escasos días antes del 9-N la pasividad y el silencio del Gobierno de Rajoy como un "modo de limitar el ruido y hasta una sutil forma de desprecio".

Desde entonces hasta ahora, UPyD y la plataforma Libres e Iguales han abogado abiertamente por suspender la Administración autonómica en manos de los golpistas o por condicionar, al menos, su financiación extraordinaria a cargo del FLA a un público acatamiento del orden constitucional por parte de sus sediciosos responsables. Incluso Juan Luis Cebrián, en entrevista concedida a Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo, instó hace unos meses al Gobierno de Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución y a enviar a prisión a quien incumpla la ley.

Sucede, sin embargo, que una plataforma como Libres e Iguales no tiene ni puede tener representación parlamentaria, que UPyD la ha perdido y que los lúcidos pero aparentemente efímeros reproches de Cebrián al Gobierno de Rajoy por "no haber afrontado el desafío" y no haber ejercido su poder para hacer cumplir la ley" no han tenido, en ningún momento, reflejo editorial en El País.

Peor si cabe es el caso de Ciudadanos, formación que, a día de hoy, sigue, como el Gobierno del PP, sin atreverse a reivindicar la suspensión de la autonomía ni a condicionar su financiación extraordinaria a la renuncia de sus mandatarios a perpetrar nuevos delitos contra nuestra soberanía nacional. Como el PP de Rajoy, Ciudadanos se limita a confiar en que los funcionarios se rebelen contra los sediciosos mandatarios regionales empecinados en dejar en evidencia que no es necesario que Cataluña disponga de un Estado independiente en forma de República para que sus mandatarios regionales hagan los que le venga en gana y para que se constate la quiebra de nuestra nación entendida como Estado de Derecho.

A escasos cuatro meses del 1 de octubre, poco margen le queda al Gobierno de Rajoy para impedir de forma efectiva lo que la ley y sus propios compromisos verbales le obligan a impedir. Lo más que pueden es confiar es que sean las propias desavenencias entre los impulsores del mal llamado derecho a decidir o las bochornosas ofertas económicas que el Gobierno de Rajoy, con el respaldo de Cs, les ha ofrecido, las que les lleven a desconvocar esta nueva consulta ilegal para la que los golpistas ya tienen pregunta y fecha.

Sin embargo, si consuman su proyectado delito, tal y como ya hicieron el 9-N, no nos extrañe ver a Rajoy diciendo que él ha actuado con "proporcionalidad" y rechazando las críticas de quienes "no se han atrevido a decir qué querían que hiciera para impedirlo".

El amigo de los asesinos
OKDIARIO Editorial  27 Junio 2017

Juan Carlos Monedero es un estómago agradecido de la dictadura venezolana, siniestro altavoz en Europa del populismo chavista —también en la educación pública española— y amigo de la misma recua de asesinos que en los dos últimos meses ha matado a 75 personas y ha herido a más de 15.000. A pesar de la represión salvaje que padecen los ciudadanos del país caribeño, el bolsillo pesa más que la conciencia para el profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta el punto de retorcer la realidad y tratar de convertirla en una falsedad que justifique a los sicarios y exonere al dictador. De ahí que siga rindiendo pleitesía a Nicolás Maduro, el hombre que controlaba el Banco del Alba cuando le pagaron 425.000 euros por un informe que jamás presentó. Una cantidad que, para más inri, “olvidó” declarar a Hacienda para total descrédito de cualquier idea, lección o razonamiento que pueda salir de su boca.

Con la teoría asentada sobre los postulados de la izquierda radical y la billetera bien anclada en la gratitud al pagador —y financiador de Podemos junto a Irán— no es de extrañar que Monedero tenga la desvergüenza de llamar “fascistas” a la oposición venezolana. Habría que recordarle que criminalizar a aquéllos que luchan por la libertad es lo mismo que apoyar a los verdugos. Una diabólica connivencia a la que también se ha unido el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien justifica la acción del ejército con una frase lamentable: “Está muriendo gente de un lado y del otro”. La oposición es la gran mayoría de un país que parece más una mezcla de cárcel, campo de concentración y escenario de batalla que uno de los territorios más ricos en recursos de aquella región geográfica. Los ciudadanos luchan contra la injusticia armados con su voz, el régimen de Maduro, con fusiles y tanquetas. Pura democracia.

De ahí que los juicios de valor de Monedero valgan menos que nada. El ínclito ideólogo de Podemos se hizo rico y se hizo casta gracias a los mismos que hoy escandalizan con su represión a toda la comunidad internacional. Los gritos de Leopoldo López desde su celda advirtiendo de que lo estaban torturando han dado la vuelta al mundo. No obstante, no son motivos para el profesor de Ciencias Políticas, cuya fascinación por la Venezuela bolivariana viene de lejos. Primero fue Chávez, al que dedicó una frase elegíaca pocos meses antes de su muerte en marzo de 2013 que es ya todo un clásico de la cursilería lírica en español: “He amanecido con un Orinoco triste paseándose por mis ojos”, dijo ante la enfermedad del entonces dictador venezolano. Después se agarró a la urbe estatal ordeñada por Nicolás Maduro, al que aún hoy, cuestionado por cualquier líder que se precie, reitera su apoyo. Ni siquiera recapacita ante las palabras de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que denuncia “la ruptura del orden constitucional”. Monedero está bien amaestrado, no muerde la mano que le da de comer… aunque esa mano esté cubierta de sangre.

Cuidado con el NYT
José María Carrascal ABC 27 Junio 2017

Veinticuatro años leyendo diariamente el New York Times y casi veinte en las largas estancias que ahora paso en Nueva York me han enseñado dos cosas: que uno puede fiarse de su información, amplia, detallada, rigurosa, pero no de su opinión, sesgada, tendenciosa, sectaria incluso. Lo demuestra que casi nunca acierta en sus predicciones. Los candidatos que endosan los editoriales del NYT casi nunca ganan las elecciones. Más de una vez me he preguntado si sus editorialistas no leen los despachos de los reporteros que cubren la actualidad nacional e internacional. Pertenecen a esa élite intelectual que mira por encima del hombro al hombre de la calle y dio tantos votos a Trump en las últimas elecciones, atacándole.

Dicho esto, no les extrañará saber que, de seguir como corresponsal en Nueva York, hubiera escrito una crónica más o menos de esta guisa: "¡Albricias! El NYT endosa el referéndum catalán. Señal de que será un fracaso". Pero como columnista, me toca analizar el caso, y voy a hacerlo con la calma que requiere. De entrada, las fuentes son sospechosas. Que la mayor autoridad citada sea la de Arthur Brooks, que vivió en Barcelona y está casado con una catalana, apunta a una parcialidad difícil de superar. Todos sabemos que Cataluña lleva sometida durante cuatro décadas a un discurso soberanista que no respeta la verdad histórica ni la legitimidad constitucional de forma tan descarada como consecuente. Luego, que hayan sido los think tanks conservadores los principales apoyos de esa consulta, cuando en otros casos no han tenido inconveniente en apoyar fórmulas autoritarias, no es la mejor recomendación. Por último, la contradicción que encierra el endose del editorial al referéndum, "pero defendiendo que salga el no". Es la trampa que tienden los nacionalistas catalanes a los incautos, cuando han dicho que nunca renunciarán a la independencia.

Que Brooks no va engañado, sino consciente de las repercusiones de lo que aboga, lo reconoce al asegurar que "no tiene una opinión sobre la independencia". Ve riesgos en ella, pero también beneficios, "al dar la oportunidad a Cataluña de convertirse en una isla del libre comercio en el sur de Europa, como Hong Kong lo es en Asía". O sea, un gigantesco Gibraltar. ¡Como que Europa lo iba a consentir! Para paraíso fiscal, le basta el Peñon y como voladura de un Estado, le sobra la de Yugoslavia, infinitamente más reciente y frágil que España.

Una última advertencia sobre ese editorial: como Donald Trump se entere de que el New York Times ha endosado el referéndum catalán, cosa muy probable pues una de las primeras cosas que hace cada mañana es echar un vistazo a la prensa para tuitear luego a su antojo, seguro que se convierte en el mayor enemigo de la consulta. ¡Con lo que les ha costado a Mas, Puigdemont y Junqueras conseguir ese editorial! Mejor dicho: con lo que nos ha costado, pues lo de los dos concejales madrileños imputados es calderilla a su lado.

Víctimas, verdad y memoria
Editorial ABC 27 Junio 2017

Hace ocho años, el Congreso de los Diputados decidió, por unanimidad, dedicar todos los 27 de junio a las víctimas del terrorismo. Es un reconocimiento institucional de justicia, como es de justicia que los demócratas españoles honremos su memoria cada día y todos los días. Porque el recuerdo de las víctimas nos ayuda a defender la democracia y la convivencia pacífica en libertad, justo lo que el terrorismo intenta destruir para después imponer un proyecto totalitario levantado sobre el miedo y la mentira.

Elegimos un 27 de junio porque ese día, en 1960, la banda terrorista ETA cometió su primer asesinato: mató a una niña de sólo 22 meses, Begoña Urroz. Desde entonces, pero de forma muy especial desde que los españoles logramos poner en marcha nuestra democracia, hace ahora 40 años, el terrorismo de ETA nos ha golpeado, de forma inmisericorde, con un macabro goteo de atentados, secuestros, asesinatos y matanzas, como la de Hipercor de hace ya 30 años que recordábamos hace apenas unos días.

Este año celebramos momentos estelares de nuestra democracia tan memorables como las primeras elecciones libres, el inicio de la redacción de la Constitución o los Pactos de La Moncloa. Pero también recordamos el dolor causado por todos los atentados de ETA, una banda terrorista que, desde la Transición, buscó socavar nuestra convivencia en libertad.

Hemos logrado sobreponernos al lastre de esos enemigos de la democracia y les hemos derrotado porque sus crímenes no les han supuesto ningún rédito político. En la victoria tuvieron un papel muy destacado las víctimas, con su ejemplo de entereza y, también, con su exigencia de memoria, dignidad y justicia. Y ahora que ETA está derrotada, nos queda el triunfo de la verdad. Nos queda contar las cosas tal y como sucedieron; no dejar entreabierta ninguna rendija por la que puedan colarse la mentira o el olvido. Conseguirlo nos ayudará a plantar cara a las nuevas formas de terrorismo que, con creciente frecuencia, atacan a la convivencia en todo el mundo.

Porque el terrorismo busca la voladura de la democracia y el entierro de la libertad. Como su proyecto es totalitario, democracia y libertad son sus mayores enemigos. El terror busca desestabilizar a la sociedad por el desánimo y el desasosiego de sus gentes, pretende estremecerla para dinamitar la convivencia, carga el odio como arma con la que disparar contra nuestro deseo de vida en libertad.

Reivindicar la memoria de las víctimas puede ayudarnos, y mucho, a sobreponernos al doloroso desgarro del vil asesinato. Las víctimas representan a la sociedad agredida por unos malvados que deben ser respondidos con toda la deslegitimación social, política y, sobre todo, ética de las personas de bien. Intentarán escudarse en credos e ideologías. Nuestra primera obligación es desenmascararlos como lo que son: unos desalmados.

Las víctimas, a cambio, son la referencia moral que simboliza la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a sus enemigos. Si el terrorista busca cosificar a las víctimas, privándolas de su humanidad para rebajarlas al papel de una muesca más en su macabra ruleta contra la libertad, nosotros, los demócratas, al reivindicar la memoria de cada víctima, de todas las víctimas, reforzamos la defensa colectiva de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho.

El mundo afronta ahora la terrible amenaza del terrorismo yihadista. En España lo conocemos porque nos golpeó con inusitada crueldad en los atentados de marzo de 2004. Hacerle frente unidos, reforzando nuestra cooperación policial y judicial, y con la defensa de la memoria de las víctimas, nos hará más eficaces a la hora de afrontar esta amenaza.

En el Consejo Europeo del pasado fin de semana, España defendió ante nuestros socios la necesidad de dar mayor protagonismo a la defensa de las víctimas en la batalla contra el terror. A iniciativa de España, la Unión va a poner en marcha una "Carta Europea de Derechos de las Víctimas" que ayudará a garantizar y reforzar su protección en todos los países europeos. Porque al defender a las víctimas estamos reforzando la lucha contra el terror con la mejor arma: la dignidad de las personas inocentes.

Por nuestra experiencia, sabemos que la lucha contra los terroristas debe apoyarse en un conjunto de sólidos pilares. La prevención, con la vigilancia de la radicalización; la serenidad en la respuesta a los ataques; la unidad de todos los demócratas; la cooperación internacional; el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las reformas legales que refuercen nuestra capacidad de respuesta, y la garantía de que siempre prevalecerá el Estado de Derecho son los mejores acompañantes de la reivindicación de la memoria de las víctimas en la batalla contra el terrorismo. Seremos más eficaces en ese combate si lo hacemos unidos, y en el último Consejo Europeo hemos dado pasos muy relevantes en la dirección correcta.

Europa está en condiciones de afrontar unida esta lucha. La principal batalla es moral, porque los demócratas defendemos la vida y la libertad de las personas, mientras que el terrorismo busca destruir la vida y la libertad porque desprecia a la gente, porque la considera un estorbo a la hora de imponer su proyecto totalitario, sea cual sea ese proyecto totalitario.

Estamos en condiciones de ganar porque el terror quiere destrozar lo que todas las personas, de cualquier creencia, queremos por encima de todo: nuestra vida y nuestra libertad. Sabemos que la batalla no será ni fácil ni rápida. Conseguiremos ganarles si, frente al odio y al ansia de destrucción, contraponemos el mejor ejemplo: el de las víctimas. Hoy, en España, celebramos su día. En realidad, todos los días lo son y tenemos una impagable deuda con todas ellas y con sus familias. Sirvan estas líneas para rendirles el homenaje de memoria, dignidad, justicia y verdad que merecen.

ABC del optimismo
Nota del Editor 27 Junio 2017

Afirmar que los terroristas vascos han sido derrotados es tan falso como achacar los asesinatos del 11M a gentes lejanas. En el primer caso solo tienen que pasearse por Navarra y sufrir el castigo de quienes los apoyan y persisten en su empeño en desterrar el español imponiendo el vasco. En el segundo caso, siempre hay que preguntarse ¿quién se benefició? y no aparecen gentes lejanas por parte alguna.

Y solo faltaba que salieran los inútiles de de UE para poner algodones frente al terror.

La multitud a 40º en la calle repudiando los políticos
Antonio García Fuentes Periodista Digital 27 Junio 2017

Sintetizo así lo ocurrido en mi meridional ciudad, el diecisiete de junio, día que fue infernal por las muy altas temperaturas que había y que al coincidir en sábado, hizo que todo aquel que pudo, “huyera” al campo o a las playas cercanas, para cerca del agua, soportar esos calores asfixiantes, que asolaron esos días Andalucía. Indico todo ello por cuanto Jaén, es una capital ya demasiado saqueada y la que olvidada por todas las administraciones oficiales; lleva mucho tiempo en continua decadencia, habiendo perdido por tal motivo, una importante parte de su población, unida al resto de la provincia, la que en poco tiempo ha perdido veinte mil habitantes.

Pese a todo ello, el seis por ciento de la población capitalina, se echó a la calle, a manifestarse no contra un partido determinado, sino contra todos ellos por cuanto la población ha deducido que en general, es “una abandonada de todos los políticos y desde hace ya muchas décadas”; de ahí el que fuera negada la participación política a todos ellos, los que han tenido que así cargar con el repudio general, por lo merecido que lo tienen, tanto los partidos políticos, como los sindicatos obreros y demás “elementos oficiales u oficiosos” que viven generalmente de los ya confiscatorios impuestos que nos hacen pagarles; o sea que el repudio es en general a un sistema de gobierno que no se preocupa por equilibrar recursos y sólo les preocupan sus propios negocios y el vivir a lo grande y que lo pague el pueblo sin rechistar.

Ha sido (yo así lo veo) como “una rebelión pacífica pero indignada” hacia unos sistemas de gobiernos que por su voracidad, no van nada más que a cobrar ellos y el resto “que les den por donde les entre”. Tan es así que el ayuntamiento ya en quiebra, sólo se preocupa para que al final de mes, haya dinero para cobrar el alcalde, (que cobra como un ministro del gobierno nacional) concejales y una plantilla de empleados y “enchufados” insoportable para los recursos que debiera recaudar un municipio no sobrado de ellos y que se empobrece cada vez más. Para que ellos cobren un trimestre, han tenido que hipotecar los ingresos municipales del año que viene, y que pueden justificar serán cobrables por cuantos antecedentes puedan aportar, puesto que el prestamista no se fía y quiere apalancar la deuda de forma lo más segura posible, cosa lógica por demás.

Y esta es la triste realidad de mi ciudad, que en cierto modo es la de muchísimas otras y no solo de España, puesto que la política general que soportamos, yo estimo que ya ha llegado a las que en el pasado se pueden denominar, de “rebelión, pre-guerra o de guerra declarada; es ya el mundo en general el que siendo gobernado, por irresponsables, mercenarios, piratas y bandidos, ya ha entrado en una nueva situación de estallidos que empiezan siendo locales, pasan a grados mayores y así hasta llegar a esas situaciones que terminaron en lo que conocemos como primera y segunda guerras mundiales, donde la solución fue, “destruir mucho cuanto más mejor, para luego tener que reconstruir con lo que aparte de los millones de muertos que liquidaron para con ellos liquidar problemas, surgieran en la reconstrucción posterior, la cantidad de trabajos que dieran empleo a los vivos que quedaran”; no otra cosa solucionaron aquellas espantosas guerras y las que luego les sucedieron, puesto que la guerra en sí no acabó con la rendición de Japón o lo conquista del Berlín nazi, las guerras continuaron y siguen hoy continuando por gran parte del mundo, “donde a los interesados les interesa el que se siga consumiendo material de guerra”… ¿Qué siguen muriendo millones de hombres? Pues muy bien… “las hembras seguirán pariendo nuevos desgraciados a consumir en todos esos malditos teatros de sufrimiento y exterminio que nunca han faltado en este pobre mundo”… Quién sabe ya, si esto no es el sistema que han adoptado para que la especie no llegue al grado de que “se tengan que comer unos a los otros, crudos o cocinados”. Amén.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

Grandes frases del proceso catalán
Pablo Planas Libertad Digital 27 Junio 2017

El ciudadano censado en Cataluña está expuesto cada día a una intolerable radiación acústica de alta intensidad y contaminante densidad. La última punta en la escala Ritcher son unas declaraciones del alcalde de Blanes, provincia de Gerona. El señor Miquel Lupiáñez i Zapata, del "Partit dels Socialistes de Catalunya" (PSC), ha declarado que no es lo mismo Dinamarca que el Magreb. Más en concreto ha dicho: "En Cataluña se vive de otra manera; es lo mismo que pasa con Dinamarca frente al Magreb".

De la evacuación de Lupiáñez se infiere que España acaba de salir del Ramadán mientras que en Cataluña se celebran los juegos florales del solsticio de estío. Es raro ya de entrada porque una cierta población de Blanes celebra el ayuno mahometano y en el Magreb son muy quisquillosos con lo de meter a tunecinos, argelinos y marroquíes en el mismo saco. Lo mismo que les pasa a algunos catalanes, que se rebotan cuando de visita en Copenhague dicen que son de Barcelona y les llaman españoles y olé.

Lupiáñez i Zapata, ocho apellidos nórdicos y 57 años de edad, presume de que llegó a Cataluña con ocho, con el nombre de pila de Miguel y desde la Alpujarra. En 1998 se afilió al PSC y tomó el ascensor social hasta integrarse plenamente en la minoría dominante a la manera de Montilla. Y ha llegado a la conclusión de que España es un desierto y Cataluña un vergel. ¿Cómo explicarlo? ¿Mear Eau de Guardiola?

Segundo tema. Octavo lunes de huelga en el metro de Barcelona. El comité de empresa de Transportes Metropolitanos de Barcelona detiene el servicio en las horas punta. La alcaldesa Ada Colau no contesta y la concejala presidenta de la compañía, Mercedes Vidal, está desaparecida. Los usuarios se amontonan, peligro en los andenes, los guardias jurados regulan el acceso a las estaciones para evitar accidentes y los trabajadores del suburbano denuncian insultos y agresiones.

Vidal, Mercedes, es de los comunes, la nueva izquierda. En el Día de la Mujer Trabajadora declaró: "Somos las hijas de las que limpian y hemos venido a gobernar; que se acostumbren". Dadas las circunstancias, es difícil insultar más al amplio sector de usuarias del suburbano que tengan que salir de Cornellá Centre o de Santa Coloma Fondo para fregar suelos en Sagrada Familia.

Lo de Lupiáñez y Vidal es la aceptación del pensamiento de Jordi Pujol, que escribió:
El hombre andaluz no es un hombre coherente; es un hombre anárquico, un hombre destruido. Es, generalmente, un hombre poco hecho que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural y espiritual.

Era una ampliación de lo que dejó dicho el presidente de ERC Heribert Barrera:
El cociente intelectual de los negros de Estados Unidos es inferior al de los blancos.

Brexit, una oportunidad para España que los políticos se resisten a aprovechar
La atracción de firmas británicas tendría un impacto muy positivo sobre la economía, pero España no está en el radar de los inversores.
Libertad Digital 27 Junio 2017

Tanto el Gobierno central como la Comunidad de Madrid han repetido en diversas ocasiones que la salida del Reino Unido de la UE, conocido como Brexit, constituye una excelente oportunidad ara la economía española, ya que, si en algo coinciden la mayoría de expertos y analistas, es que grandes empresas y firmas de inversión que, hoy por hoy, tienen su sede en Londres acabarán trasladándose a otras capitales europeas para no perder su acceso al mercado común.

Sin embargo, esta favorable perspectiva que pintan ciertos políticos está muy lejos de convertirse en realidad, puesto que España carece de las facilidades regulatorias y fiscales que poseen otros países para atraer a los posibles candidatos británicos. En la actualidad, España no se encuentra entre los destinos favoritos de empresas afectadas por el Brexit, al ocupar la séptima posición del ranking. De acuerdo con los analistas y las declaraciones de distintos directivos, Frankfurt, Dublín o París son las opciones más valoradas por las distintas empresas como ubicaciones alternativas a Londres.

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Sin embargo, a pesar de las perspectivas actuales, "España cuenta con las capacidades y con el potencial necesario para mejorar sus expectativas", según el informe La oportunidad Brexit. Impacto económico en España de la atracción de empresas afectadas por el Brexit, elaborado por PwC para la Junta de Compensación de Valdebebas, que se presentó el lunes en Madrid.

Para ello, sería necesario que las distintas Administraciones Públicas aporten "su granito de arena, trabajando en un marco regulatorio y fiscal que incentive a las empresas internacionales a considerar España como un destino atractivo", añade el estudio. Tan sólo en la medida en que los responsables políticos sean capaces de avanzar en esta línea, adoptando reformas más liberalizadoras y flexibles en materia laboral, mercantil, inmobiliaria, financiera o fiscal, "España podrá competir de tú a tú o incluso contar con ventajas comparativas frente al resto de países aspirantes".

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En caso de que las autoridades asuman un papel más activo, trabajando en nuevos incentivos para situar a España en el radar de empresas e inversores, el impacto sobre la riqueza nacional generado por la actividad recurrente de las empresas atraídas representaría un incremento anual de entre 1.300 y 3.600 millones de euros (entre un 0,12% y un 0,32% del PIB actual). Esta estimación procede del impacto directo (la actividad de las propias empresas atraídas), el indirecto (proveedores beneficiados de estas empresas) y el inducido (gasto de los empleados), y se produciría de forma permanente, generado anualmente, mientras las empresas mantuvieran su actividad en España.

En base al escenario más optimista (escenario B), la contribución total al PIB nacional derivado de la actividad de las empresas atraídas equivaldría, por ejemplo, a más de dos veces el PIB generado por el sector pesquero nacional, al 60% del peso directo en el PIB de la industria textil y confección en España y al 75% de la contribución directa al PIB del sector de I+D en el país.

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Más de 53.000 nuevos empleos

Asimismo, el informe estima que el número de empleos en riesgo de relocalización que podrían ser atraídos a España, en el caso de darse las condiciones regulatorias óptimas, oscilaría entre los 5.400 y 13.900. En este contexto, los sectores más afectados por el Brexit serían el financiero y el tecnológico, que podrían recolocar a un mayor número de empleos fuera de Reino Unido, seguidos del farmacéutico, automoción y aeroespacial.

El efecto positivo de incentivar la atracción de empresas tendría igualmente impacto en el empleo nacional. En concreto, los escenarios definidos estiman la generación de entre 20.000 y 53.000 empleos nuevos y estables, que representan entre el 0,11% y el 0,29% del total de ocupados en España en 2016.

En el escenario más optimista, los sectores más beneficiados en términos de impacto de empleo directo e indirecto serían los servicios profesionales y empresariales, el comercio retail y la hostelería. La contribución total al empleo nacional, derivada de la actividad de las empresas atraídas a España, sería equivalente, por ejemplo, al 74% de los empleados del sector de telecomunicaciones en España, al número actual de empleados de la administración local de la Comunidad de Madrid y al 30% de los empleados del sector de la hostelería en Madrid.

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Madrid, destino favorito en España

Además, la mayor actividad económica y los empleos generados previstos contribuirían de forma directa a las arcas públicas: entre 430 y 1.450 millones de euros cada año. Este incremento de los ingresos públicos sería equivalente, por ejemplo, a las subvenciones totales al sector transporte en 2016, al 25% del presupuesto en Defensa para 2016 o al 58% del gasto presupuestario en Educación el pasado año.

Por último, los autores estiman que la Comunidad de Madrid cuenta con una serie de puntos fuertes que le permiten ser la principal alternativa española a Londres, entre ellos, que su capital es el principal centro de negocios del país; su localización estratégica y el ser considerada puente de Europa con Latinoamérica; su plataforma logística y la existencia de infraestructuras de primera clase, que permiten conexiones interiores e internacionales; su alta disponibilidad de oficinas a precio competitivo -entre ellas el más de 1 millón de m2 de suelo disponible en Valdebebas-; su entorno fiscal favorable para las empresas y trabajadores impatriados; su naturaleza de ciudad cosmopolita, que ofrece calidad de vida con un coste de vida competitivo; y un sistema educativo de alta calidad.


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El PNV y el salchichón
Cayetano González Libertad Digital 27 Junio 2017

Menos mal que el fin del bipartidismo iba a suponer, entre otras cosas, que los nacionalistas de uno y otro signo no fueran tan determinantes en la gobernabilidad de España. De momento, el apoyo de los cinco diputados del PNV a los Presupuestos Generales del Estado nos va a costar la friolera de 4.000 millones de euros. Algo que a Rajoy no le debe de quitar el sueño.

Habrá que reconocer al PNV una capacidad de saber sacar el máximo provecho a las situaciones políticas más dispares pactando con quien haga falta. Hagamos un somero repaso a su actual política de pactos: están en el Gobierno de Vitoria gracias al apoyo del PSE; también en las diputaciones forales y en los ayuntamientos más importantes del País Vasco han pactado con los socialistas cuando lo han considerado necesario; en Madrid, apoyan al PP y a Rajoy a cambio de los ya citados 4.000 millones de euros. Y en Navarra gobiernan con el apoyo de Bildu y Podemos. ¿Hay quien dé más?

Esta versatilidad para estar en todos los pactos la explicaba hace días, un poco a la vasca, Juan María Atutxa, exconsejero de Interior del Gobierno vasco: "Nosotros sacamos ahí lonchas de salchichón que no se pueden despreciar". Tiene razón Atutxa. El problema es que el salchichón ha tenido a veces un precio desorbitado y en otros casos incluso ha sido inmoral.

El PNV, al que en los círculos políticos y mediáticos de Madrid se ve ahora como un partido sensato en comparación con los que desde Cataluña plantean la separación de España, sigue teniendo el mismo ideario independentista de siempre. Y si renunciara a él no sería el PNV. De ahí que necesite de vez en cuando llevar a cabo gestos como el que tuvo la pasada semana el lehendakari Urkullu, que se desplazó a Barcelona para hacerse la foto con Puigdemont y defender el derecho de los pueblos a decidir.

El otrora su sindicato hermano, ELA-STV, ya ha anunciado que va a meterle toda la presión que pueda en la calle para que apueste por la vía catalana y plantee para el País Vasco un referéndum de independencia como el de Puigdemont y Junqueras. A esta idea ya se han apuntado con entusiasmo el sindicato genuino de la izquierda abertzale, LAB, y, por supuesto, Bildu. La historia reciente demuestra que cuando el PNV ha tenido que optar entre el hijo pródigo que se ha ido de casa –ETA y el mundo de la izquierda abertzale– o el que ha decidido quedarse –el resto– no ha tenido ninguna duda y ha elegido siempre al primero. Veremos qué hace en esta ocasión.

Dentro de unos días se van a cumplir los veinte años de la liberación, por parte de la Guardia Civil, del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, y del asesinato a cámara lenta por parte de ETA del joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua Miguel Ángel Blanco. Aquellos hechos –separados sólo por diez días– provocaron una gran reacción social y una enorme movilización, no solo contra ETA sino contra lo que dio en denominarse el nacionalismo obligatorio, que representaba el partido presidido en aquel tiempo por Arzalluz.

¿Qué hizo entonces el PNV? Asustarse ante esa reacción social, pensar que eso conllevaría el final de su hegemonía política; y para evitarlo decidió entenderse con ETA y firmar el Pacto de Estella, que entre otras lindezas contemplaba expulsar de las instituciones vascas a los partidos que –según las palabras del acuerdo– "tienen como objetivo la destrucción del País Vasco"; es decir, el PP y el PSE. Eso hizo el PNV: abandonar el espacio de los demócratas e irse a pactar con ETA con el cadáver de Miguel Ángel Blanco recién enterrado. Veinte años después, el PNV sigue loncheando el salchichón.

Educación
La suspensión judicial del plan lingüístico de Compromís aboca al caos el inicio de curso en Valencia
El TSJ no admite los argumentos de la Generalitat y alerta del “perjuicio irreparable” que provocaría a los alumnos que se matriculen en castellano.
Lorena Ortegaelespanol 27 Junio 2017

Golpe judicial a uno de los planes estrella de la Consejería de Educación del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha rechazado todos los argumentos esgrimidos por el Consell para levantar la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo que estaba previsto implantarse en las clases de Infantil del próximo curso. El TSJ decretó la paralización temporal el pasado mes de mayo. Desde entonces, desde el departamento que dirige el consejero Vicent Marzà (Compromís) habían insistido en que los argumentos esgrimidos en el recurso servirían para levantar la medida cautelar (la Sala no se ha pronunciado sobre el contenido del decreto) y llamaban a la calma. No había un plan B.

Este lunes, el TSJ daba a conocer que la Sección Cuarta de la Sala Contencioso-Administrativo rechaza uno por uno los argumentos y mantiene la paralización cautelar del decreto. El fallo no es firme pero la suspensión se mantiene en vigor hasta que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso que Educación ya ha anunciado que va a interponer.

La decisión judicial se conoce tres días antes de que finalice el proceso de matriculación en Infantil y fecha de hoy se desconoce cómo se debe actuar frente a esta suspensión.

La Consejería de Educación se limitó este lunes a enviar un comunicado en el que dejaba entrever su malestar por el varapalo judicial y no aclaraba en qué podía afectar la suspensión cautelar al actual proceso de matriculación. “La Consejería ha encargado un informe jurídico a la Abogacía (de la Generalitat) para delimitar con exactitud las medidas a emprender para dar cumplimiento a esta decisión del tribunal. Será a partir de este documento cuando se determinarán las instrucciones de inicio de curso y se remitirán a los centros educativos en las próximas semanas”, dice el comunicado.
Incertidumbre en los colegios

Los propios centros reconocían la incertidumbre tras conocer la ratificación de la suspensión del decreto. “No podemos hacer otra cosa que esperar a que nos den instrucciones”, decía Ginés Pérez, presidente de la Asociación de directores de Infantil y Primaria de la provincia de Valencia en declaraciones a Radio Valencia.

La Consejería de Educación basó su recurso en la falta de legitimidad de la institución demandante (la Diputación de Alicante) y en la improcedencia de la suspensión al entender que los efectos del decreto no se vislumbrarían hasta el curso 2023/24, que es cuando se tienen que expedir los certificados de inglés. Cabe recordar que el decreto implica la implantación de una vía única de nivel lingüístico a elegir por cada centro entre opciones que van desde estudiar todo en castellano (salvo las asignaturas de valenciano e inglés) a estudiarlo prácticamente todo en valenciano de forma progresiva. El decreto establece que, a mayor nivel de valenciano, los alumnos recibirán más clases de inglés de forma que pueden acabar con la capacitación en esta lengua al acabar la fase preuniversitaria.

El TSJ ve "perjuicio irreparable"
“Este argumento no puede aceptarse pues, si no entra en vigor inmediatamente, tampoco puede perjudicar la suspensión y ésta se ha declarado porque, conforme al decreto, existe perjuicio irreparable si se inicia la educación en un nivel y no puede modificarse (por otro superior), debiendo obtenerse el certificado de idiomas inferior”, establece el auto.

La Sala estima que, a pesar de “lo que insiste el letrado de la Generalitat”, la certificación “es diferente para los alumnos que opten por el básico, que siempre obtendrán una certificación inferior que los que lo hagan en el nivel avanzado y esta diferencia de niveles viene marcada por la enseñanza en castellano o valenciano”. Y prosigue: “Al finalizar el ciclo formativo, la acreditación será inferior para los que opten por el castellano. Y el hecho de que puedan completarla mediante un sistema a determinar evidencia que existe discriminación entre los que opten por el idioma castellano frente al valenciano, que no necesitarán complementación alguna para su acreditación de inglés”.

Sobre la falta de legitimidad de la Diputación, el auto establece que, aunque no se invadan sus competencias específicas, sí tiene un interés legítimo para salir en defensa de los derechos de sus ciudadanos que crea infringidos o menoscabados.

El auto de paralización cautelar no entra a analizar el fondo de la demanda, es decir, si el decreto vulnera o no derechos fundamentales. Será una sentencia posterior la que lo determine. Este auto, además, no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

La Consejería ya ha anunciado que recurrirá, pero admite en su comunicado que “la decisión de mantener la suspensión cautelar paraliza la aplicación de la norma hasta que el mismo tribunal decida sobre el fondo del asunto”. “No anula la norma en sí”, apuntan. Educación ya ha encargado a la Abogacía un recurso de casación al Supremo “para que levante estas medidas cautelares que ha impuesto el TSJ”. Desde el departamento de Marzá remiten además a un pronunciamiento de la Fiscalía en otro procedimiento contra el decreto en el que dice que el decreto “no lesiona ningún derecho fundamental”.

Padres de Alicante piden un nuevo proceso
La provincia de Alicante es donde más contestación social ha despertado este decreto. La Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (COVAPA) es la segunda con más representación en la Comunidad Valenciana y la primera en Alicante. Su presidente, Ramón López, habla de “incertidumbre” entre las familias y pide que se abra un nuevo proceso de matriculación “por si alguna optó por un centro por el nivel de plurilingüismo escogido y ahora se suspende la aplicación”.

Por su parte, desde la asociación mayoritaria, la Confederación Gonzalo Anaya, llaman a la calma, pero admiten la situación de incertidumbre generada. “No sabemos lo que va a pasar, la Consejería nos tiene que decir qué tenemos que hacer”, dice el secretario de organización, Marius Fullana. La Asociación de Directores de Infantil y Primaria asegura que desde Educación les han dicho que, de momento, sigan igual a la espera de las citadas instrucciones.

El PP ha pedido al consejero, Vicent Marzà, que emita “instrucciones urgentes e inmediatas” para que “las familias, los centros y los profesores sepan cómo actuar”.

'Desperdicis', los 'matones' que persiguen españolistas en la Universidad de Barcelona
Entre los presuntos agresores de la autodenominada Plataforma Antifascista de la UAB hay varios personajes vinculados a los grupos más radicales de la independencia
A. Fernández. Barcelona elconfidencial 27 Junio 2017

Los violentos del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) se nutren de elementos encuadrados en organizaciones con oscuros episodios a sus espaldas. Llevan algo más de un año acosando a los jóvenes 'españolistas' de Sociedad Civil Catalana (SCC), en una inquietante escalada de violencia que ha subido un peldaño en las últimas semanas. El campus de la UAB es, en estos momentos, un polvorín a punto de estallar, con una campaña abierta de los independentistas hacia sus rivales ideológicos. Cada carpa de SCC es inmediatamente destrozada y las paredes del recinto están plagadas de pintadas acusatorias. ¿Pensamiento único versus pluralidad? Lo malo es que la violencia se va adueñando también del día a día de la Universidad, enrareciendo la convivencia entre la familia educativa.

Por si fuera poco, ahora comienzan a aflorar no menos inquietantes informaciones: entre los presuntos agresores de la autodenominada Plataforma Antifascista de la UAB hay varios personajes vinculados a los grupos más radicales de la independencia, articulados en torno al polémico grupo Desperdicis, que ya llevan una década repartiendo violencia gratuita hacia todo lo que no suene a separatismo y una de cuyas últimas acciones sonadas fue la agresión a las chicas de Barcelona con la Selección.

Según las fotos realizadas a los violentos del campus (que acosan al colectivo Jóvenes de SCC), uno de los miembros de Desperdicis participa a menudo en el acoso universitario. Y al menos otros dos miembros han sido vistos en acciones violentas dentro del mismo campus. Algunos de estos radicales mantienen contactos y excelentes relaciones con el grupo Rudes Lleida, dos de cuyos miembros acaban de ser condenados por coacciones, daños y amenazas al apedrear, en octubre del 2014, un autobús de SCC, tras fracasar en su intento de que el vehículo fuese desalojado. Es una radiografía de la violencia gratuita separatista que se ha instalado en la sociedad catalana en los últimos años.

“Persecución ideológica”
“En la UAB existe una persecución ideológica. Lo denuncié en el propio claustro el pasado mes de diciembre”, explica a El Confidencial Isabel Fernández, directora del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Isabel vivió de cerca el acoso a los antiindependentistas en la Universidad. “El pasado marzo, cuando intentaban repartir folletos para asistir a la manifestación del 1 de marzo, yo estaba allí. Era la única profesora. Quemaron la bandera española que habían colocado los chavales, les rodearon, destrozaron la carpa y los jalearon. Y no hubo ni un comunicado de condena por parte del rectorado”.

Esta profesora asegura que los Mossos d’Esquadra no pueden entrar en el campus porque hay un protocolo que especifica que sólo pueden ir con el permiso de la rectora. “Yo llamé a la rectora pero no se me puso al teléfono. También llamé a los Mossos y me dijeron que sin permiso de ella no podían ir”. En parecidos términos se expresa Josep Lago, responsable de Jóvenes de SCC.

Desde la cúpula de la UAB, Virginia Luzón, vicerrectora de Comunicación, señala que “siempre que hay un acto de SCC, ponemos un refuerzo extra de personal de seguridad, que cuesta un pico al erario público. El mes de marzo, les recomendamos que en vez del martes, pusiesen la carpa el jueves, pero no quisieron. Y aun así pusimos a 14 efectivos extras de seguridad, además de informar a los Mossos. Por si fuera poco, siempre hay agentes de la Policía de paisano controlando el ambiente. Y ellos son los que avisan de que puede ser necesario que intervenga la Policía. Si alguien llama a los Mossos y no vienen, es porque los agentes que tienen infiltrados consideran que no es necesario, ya sea porque no hay actos delictivos o porque la situación puede ser controlada por el propio personal de seguridad de la UAB”. Luzón asegura que el protocolo no significa que la rectora tenga que dar permiso, sino “que puede pedir la intervención de la Policía por circunstancias extraordinarias”.

Polémica iniciativa excluyente
La polémica surge ahora en torno a la petición de expulsión de un colectivo de jóvenes que solicita otro colectivo. O sea, en torno a la campaña iniciada por la Plataforma Antifascista para expulsar del campus a sus rivales de SCC. Aunque al principio Luzón señala que “lo que se ha hecho es el inicio de recogida de firmas para que se expulse a los jóvenes de SCC del colectivo de entidades”, lo cierto es que los independentistas quieren borrarlos literalmente del mapa y expulsarlos del campus.

Los carteles oficiales de la campaña y las pintadas diseminadas por el campus no dejan lugar a dudas sobre las intenciones de la Plataforma Antifascista. ‘Campaña para la expulsión de Jóvenes de SCC de la UAB’, advierten los carteles. Para ello, la plataforma ha difundido un manifiesto con el que pide firmas. En este manifiesto, señala que la principal razón por la que piden la expulsión es que el colectivo de Jóvenes de SCC “tiene vínculos demostrados con la extrema derecha”, argumentando que “un grupo de neonazis de Sabadell acudió a un acto de esta sectorial en la Universidad”.

Pero la cúpula universitaria no está por la labor de expulsar a nadie del campus. “Desde el rectorado, no hacemos caso de la recogida de firmas. Eso no tiene más objetivo que el de conseguir una proyección mediática y ahí, algunos medios de comunicación se convierten en cómplices. Como equipo de gobierno, pensamos que no hay motivos para expulsar a nadie. Pero si hablamos de una expulsión del campus, mucho menos. Nosotros somos una universidad tolerante con todos los colectivos. Y creemos que todas las ideas y todas las ideologías han de tener espacios de diálogo. El respeto a las personas y a los espacios es imprescindible y se ha de garantizar. La tolerancia y la no discriminación son fundamentales”, asegura Virginia Luzón a este diario.

Desde el colectivo de Jóvenes de SCC, Josep Lago se queja también de que su colectivo es marginado. “Hemos sido excluidos de actividades. Por ejemplo, se organizó una feria de estudiantes y no nos dejaron participar. Y el pasado 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, lo mismo. La actitud del rectorado es que no ocupemos espacio público”, señala Lago a este diario.

Luzón, en cambio, desmiente esas acusaciones. “Es cierto que hubo una feria de estudiantes, pero eran estudiantes extranjeros en la Plaza Cívica del campus, por lo que no tenían cabida. Y el pasado 8 de marzo era para organizaciones específicas relacionadas con la mujer. Pero , evidentemente, nosotros somos tolerantes con todos los colectivos”.

El qué puede pasar en el futuro es aún una incógnita, aunque desde Jóvenes de SCC, Josep Lago advierte que “en ocasiones, la equidistancia se vuelve cómplice de la violencia”. Y añade: “Los radicales nacionalistas no sólo están desconcertados, sino también profundamente desesperados. Buscan, y llevan tiempo haciéndolo, un enemigo que no encontrarán para poder justificar sus acusaciones totalitarias”.

De ahí que critique la campaña de la Plataforma Antifascista, que asegura que SCC quiere condenar a tres estudiantes por rajar una bandera española “Mienten. SCC no quiere condenar a nadie. Éste no ha sido nunca nuestro objetivo”. La campaña, asegura, forma parte de la actitud de victimización que practica el independentismo, ya que el fiscal pide cárcel por coacciones a los miembros de SCC, no por rajar una bandera. La manipulación de la Plataforma Antifascista es evidente: en un cartel para defender a los acusados, hace referencia sólo a que “destripar un trapo no es ningún delito”, cuando las principales acusaciones son por delito ideológico y conculcar los derechos de los otros jóvenes, no por rajar una bandera.

La mano dura del fiscal
El escrito del fiscal detalla que el 19 de abril del 2016 miembros del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) “puestos de común acuerdo y actuando conjuntamente, guiados por su frontal animadversión a los postulados ideológicos de los voluntarios (aquí cita los nombres de los voluntarios que atendían la carpa de Jóvenes de SCC), que se hallaban tranquila y pacíficamente en la carpa, se aproximaron a los mismos y comenzaron a rodearles, increpándoles y amedrentándoles con gritos e insultos…”. El relato detalla cómo “con evidente ánimo de menosprecio antidemocrático y de humillación” destriparon una bandera española de los jóvenes, que tuvieron que “desmontar rápidamente la carpa y retirarse del lugar”. Minutos más tarde, los radicales rodearon a Rafael Arenas, profesor en la misma UAB y presidente de SCC, que interrumpió sus clases y se desplazó al lugar para interesarse por los hechos. En ese momento, “fue abordado por el grupo, lo rodearon también y le increparon con insultos como ‘Fora feixistes de la Universitat’”.

El fiscal de delitos ideológicos pide tres años de cárcel para cada uno de los tres acusados por “un delito continuado de coacciones para impedir el ejercicio de derechos fundamentales” y sólo “10 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas” por el tema del ultraje a la bandera. También pide una indemnización de 2.000 euros por “los daños morales” a los cuatro activistas de SCC que atendían la carpa.

El secretario de SCC, José Domingo, señala también a El Confidencial que la entidad cívica defenderá a los jóvenes agredidos a capa y espada. Además, ha emitido un comunicado denunciando la manipulación de la Plataforma Antifascista, que subraya que “su odio les ha llevado a realizar acciones violentas para impedir la libertad de expresión y el derecho de reunión a los que no piensan como ellos”. Y recuerda que “la actuación de los ‘falsos antifascistas’ en la UAB ya ha sido objeto de reproche por los Ayuntamientos de Cerdanyola del Vallès y de Terrassa, por grupos parlamentarios y por personalidades públicas. Estamos seguros de que la mayoría de la comunidad universitaria no ampara a personajes que pretenden que la Universidad quede presa de su ideología totalitaria”. La entidad antiindependentista asegura también que “la estrategia de victimización del acosador fracasará”.

COVITE SE PLANTA
Las víctimas de ETA no asistirán al homenaje del Congreso ‘por dignidad’
España gaceta.es 27 Junio 2017

El Congreso de los Diputados -el mismo lugar en el que partidos como EH Bildu, que se niega a condenar a ETA, tienen representación- rinde homenaje a las víctimas del terrorismo este martes. Pero no todas estarán presentes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) tiene “dignidad, coherencia y respeto” y es por eso por lo que ha decidido que no formará parte de esa foto.

“Las fuerzas políticas españolas, aun posicionándose contra el terrorismo, han optado por no vehicular una respuesta efectiva ante la presencia del brazo político de ETA en la Cámara”, ha denunciado la organización presidida por Consuelo Ordóñez, que ha anunciado que -al igual que ha hecho en los años 2013, 2014, 2015 y 2016- declina la invitación al homenaje.

La asociación de víctimas ha asegurado que no puede estar “en un homenaje organizado por una institución en la que se integran exmiembros de ETA orgullosos de haberlo sido y partidos orgullosos de centenares de asesinatos”.

‘El terrorismo no sólo son bombas y disparos’
En este sentido ha recordado que “el terrorismo no sólo son bombas y disparos, sino también radicalización y violencia que promueven quienes justifican el asesinato colectivo”.

COVITE ha señalado en reiteradas ocasiones a la clase política como la responsable de vivir en un escenario con más de 300 asesinatos sin esclarecer porque “no ha establecido mecanismos reales que afiancen la consecución de la Justicia”.

Al mismo tiempo ha recordado que “la izquierda abertzale atenta diariamente contra la memoria de los asesinados desde hemiciclos como el del Congreso de los Diputados o del Parlamento Vasco sin que nadie evite que el brazo político de ETA siga justificando el asesinato selectivo de seres humanos”.

Las víctimas de ETA ahora lo son del hostigamiento público e impune de la izquierda abertzale ante la inacción de las instituciones. Así lo viene denunciando desde hace años el colectivo, que reitera también que el Congreso “asiste impasible a los alardes de desmemoria de los herederos de Batasuna y del entorno de ETA, que promueve un relato irreal de décadas de asesinatos selectivos sin que el poder político termine de encauzar una respuesta efectiva”.

La diputada que pidió ‘un chaparrón de aplausos’ para los etarras de la T4
Marian Beitialarrangoitia es uno de los motivos por los que COVITE no asiste al homenaje del Congreso. La parlamentaria de EH Bildu pidió durante un acto público un aplauso para los etarras autores del atentado contra la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas en el que dos personas perdieron la vida.

“Antes de nada, este ánimo, abrazo y este chaparrón de aplausos, lo más caluroso posible, a Igor Portu, Mattin Sarasola y a todos los presos políticos vascos que se encuentran dispersados en las cárceles de Francia y España. ¡Os queremos!”, dijo el 12 de enero del 2008 durante la presentación de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en Pamplona.

También injurió gravemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al tachar de “torturadores” a los agentes de la Guardia Civil.

Pero su historial no terminó ahí. En marzo de 2015 criticó una operación de la Guardia Civil contra el entorno de ETA por considerarlo “un ataque grave a la convivencia”.

Tan sólo un mes después se posicionó en contra de la detención de miembros de la banda terrorista y calificó a la organización que agrupa a los familiares de los presos como una “asociación de víctimas”.

Covite ha recordado que concretó sus argumentos para no asistir en 2013 al acto del Congreso a través de un manifiesto que fue firmado por asociaciones de víctimas de Cataluña, Galicia, Extremadura, La Rioja y Canarias así como de víctimas del terrorismo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la de Amenazados Víctimas del Terrorismo (Zaitu) y la de Ertzainas y Familias Víctimas del Terrorismo (Aserfavite).

APOYO DE LA AEGC
La Guardia Civil, contra los ‘cachorros de ETA’ que reprobaron a cuatro agentes
España gaceta.es 27 Junio 2017

“Los cachorros de ETA siguen queriendo imponer sus ideas aunque sea por la fuerza y el miedo”, ha alertado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

Se han manifestado así después de que el Ayuntamiento de Vera de Bidasoa (Navarra) -con mayoría absoluta de EH Bildu- haya aprobado una moción en la que denuncia la “actitud” de unos agentes de la Benemérita por “crear una situación de grave peligro” sólo por pasear con su uniforme de trabajo “sin -a su juicio- ninguna necesidad”.

Lo ocurrido en la localidad navarra ha sido, advierten desde AEGC, la “última escenificación de la intolerancia del mundo abertzale”. Porque los agentes lo tienen claro: “por mucho que quieran hacernos creer que están a favor de la convivencia pacífica y en contra de la violencia, (…) la verdadera intención de los batasunos es euskaldunizar navarra”, han señalado.

‘El mundo abertzale quiere robar la identidad al pueblo navarro’
Los guardias civiles no encuentran una “explicación convincente” a la postura del concejal de la formación regionalista Unión del Pueblo Navarro (UPN), que se limitó a abstenerse en la votación en la que se pedía, además, el “repliegue total de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, y también del Ejército”.

La AEGC se ha solidarizado con los agentes de este municipio marcado por los postulados batasunos y ha denunciado que el mundo abertzale busca “robar la identidad al pueblo navarro para imponer la suya propia y dejar la seguridad de los ciudadanos en manos de sus gudaris”. “Los mismos que cumplen condena en la cárcel por matanzas como la de Hipercor -de la que se acaban de cumplir 30 años y en la que fueron asesinadas 21 personas-”, han añadido.

‘Los agentes velaban por que no se produjeran altercados en los que los cachorros abertzales son especialistas’
Los guardias civiles recuerdan a las formaciones políticas que han reprobado a sus compañeros en Vera de Bidasoa -EH Bildu y Herrirako- y a los que “cobardemente callaron -UPN-” que el Instituto Armado tiene plenas competencias en Navarra y dentro de ellas se encuentra la de velar por la seguridad en concentraciones públicas y “unas fiestas populares lo son”.

Cabe recordar que el texto de la moción hacía referencia al momento en el que los cuatro agentes reprobados paseaban con su uniforme de trabajo por el barrio de Altzate, que el pasado fin de semana se encontraba en fiestas.

“Ese día los compañeros cumplían con su obligación de asegurar que todo transcurría con normalidad y no se producían altercados en los que, precisamente, son especialistas los cachorros abertzales y no los guardias civiles”, han advertido.

La Guardia Civil seguirá trabajando ‘con dignidad y eficiencia’

La Asociación Española de Guardias Civiles espera ahora que los dirigentes de UPN “aclaren la postura que su representante defendió durante el pleno y nos digan si están de acuerdo con ella”.

“¿Considera UPN que los guardias civiles no realizamos bien nuestro trabajo, que somos una fuerza invasora que tiene que replegarse y que de la seguridad deben encargarse los gudaris de ETA?”, se preguntan los agentes. Mientras, aseguran, seguirán “trabajando con dignidad y eficiencia a pesar de ser los que menos medios tenemos a nuestro alcance y los peor pagados”.


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