AGLI Recortes de Prensa   Lunes 3 Julio 2017

¿'Sharia' en las Cortes?
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo  3 Julio 2017

Varios medios en Internet, casi ninguno español, se hicieron eco la semana pasada de la llamada de la policía de Estocolmo pidiendo ayuda porque ha perdido ya el control de 62 barrios -12 más en pocos meses- de la capital sueca, en los que milicias islámicas imponen la sharia y la policía no entra. Es decir, donde el Gobierno que pastorea el edén socialdemócrata les ordena no entrar. Evitemos la imagen de una Suecia en conflicto civil y religioso. La realidad, pase, la imagen, jamás.

Claro que se puede ver de otra forma: el Estado sueco renuncia a proteger la libertad de las mujeres musulmanas y de cualquier otra mujer, además de los gais, lesbianas, transexuales, travestis o inmorales que molesten estéticamente a la parapolicía islamista que manda en el barrio. Suecia, ayer escaparate de diversidad, lo es hoy de intolerancia. Tal vez porque lo que ayer se combatía como represión hoy se traga como multiculturalismo.

Estos días, en el WorldPride de Madrid, ha habido populosas y orgullosas manifestaciones, copadas por los partidos políticos, que habrán disfrutado sobre todo los que viven en lugares donde una opción sexual te condena ya en la escuela -siguen siendo casi todos- o de países islámicos donde la homosexualidad está prohibida; o penada con la horca, como Irán. Como siempre, se han hecho burlas a la Iglesia católica y se ha repetido lo mucho que el franquismo reprimía a los homosexuales, como si hubiera sido el único país de Occidente en hacerlo y, sobre todo, como si hoy, en Oriente y una parte cada vez mayor de Occidente la persecución, no sólo discriminación, por motivos sexuales, sigue aumentando donde manda el islam. No sé si alguna carroza aludiría al fenómeno. Hubiera sido novedad.

Lo que sí ha habido es algún silbido a Rivera, muchos a los del PP y grandes aplausos a Pablenin, que esta semana obtuvo el permiso del Congreso para seguir cobrando miles de euros al mes del régimen de Irán, el que ahorca en grúas a los homosexuales en estadios de fútbol. Siempre son muy aplaudidos los comunistas, cuyo icono, el Che, creó los campos de concentración de la UMAP para los gais cubanos.

En Cataluña hay ya pueblos donde impera de hecho la sharia. Cuando Iglesias, o Mezquitas, defienda un referéndum islámico por barrio -¿quién puede temer a las urnas?-, lo ovacionarán.

El PP se ha fundido el Fondo de Reserva en sus maniobras electorales
Se ha negado sistemáticamente a atajar el enorme déficit de la Seguridad Social: le ha sido mucho más cómodo y facilón echar mano, año tras año, de los recursos acumulados
Juan Ramón Rallo El Confidencial 3 Julio 2017

El Gobierno prestará 10.192 millones de euros a la Seguridad Social para afrontar el abono de las pagas extraordinarias a los pensionistas durante el presente ejercicio. ¿Por qué la Seguridad Social necesita de un crédito del Tesoro para afrontar los desembolsos de las pensiones? Pues porque gasta 20.000 millones de euros más de lo que ingresa.

¿Y por qué no se cubre ese déficit de 20.000 millones de euros echando mano del celebérrimo Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, según se nos prometió, era la garantía imperecedera de la sostenibilidad de nuestro sistema público? Pues por dos razones: la primera, que el Fondo está tiritando y solo le quedan recursos por valor de 11.602 millones de euros; la segunda, que el Gobierno se resiste a levantar el acta de defunción del Fondo para no afrontar el coste político que supondrá haberlo liquidado.

Y es que, en efecto, quien ha liquidado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha sido el Partido Popular: no porque, según han difundido tramposamente algunos políticos opositores, se lo haya fundido en corruptelas o rescates bancarios varios. No, el Partido Popular ha liquidado el Fondo de Reserva porque se ha negado sistemáticamente a atajar el enorme déficit de la Seguridad Social: le ha sido mucho más cómodo y facilón echar mano, año tras año, de los recursos acumulados en el Fondo que adoptar medidas para extinguir la brecha entre ingresos y gastos.

Así las cosas, entre 2012 y 2016, el Gobierno del PP extrajo 67.337 millones de euros del Fondo (una media de casi 13.500 millones anuales). Teniendo en cuenta que el gasto total en pensiones contributivas acumulado durante esos cinco ejercicios ascendió a 557.000 millones de euros (una media de 111.500 millones de euros anuales), el PP debería haber recortado las pensiones contributivas una media del 12% para evitar extraer recursos del Fondo de Reserva. O dicho de otra forma: el PP se ha ahorrado el coste político de rebajar las pensiones (o de subir exageradamente las cotizaciones sociales) merced a la rapiña del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De este modo, los de Rajoy han esquivado que los pensionistas españoles —el principal granero de sufragios del PP— les retiraran su apoyo en las elecciones de 2015 y de 2016: estamos ante un caso flagrante de ahorro forzoso del conjunto de los trabajadores españoles administrado en el beneficio electoral del partido gobernante.

Por supuesto, los habrá que blinden al PP de cualquier responsabilidad aseverando que la finalidad del Fondo era justamente esa: cubrir los déficits de la Seguridad Social tan pronto como aparezcan. Pero una cosa es emplearlo en cubrir los déficits transitorios del sistema —evitar fluctuaciones en las pensiones y en las cotizaciones sociales por desequilibrios temporales que tienden a revertirse— y otra, muy distinta, destinarlo a esconder los déficits estructurales. Los agujeros que no se corrigen por sí solos —sino que requieren de una reforma de las bases del sistema, ya sea para menguar los pagos o para incrementar los cobros— no deberían esconderse a costa de dilapidar el capital acumulado para hacer frente a desajustes transitorios: los agujeros persistentes deben enmendarse con reformas persistentes en el sistema.

Ciertamente, no es que el PP no haya promovido absolutamente ninguna reforma persistente en el sistema, sobre todo con efectos en el muy largo plazo. Sin la reforma de Zapatero de 2011 (que alargaba la edad de jubilación y aumentaba el número de años necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora) y sin la reforma de Rajoy de 2013 (que desindexaba las pensiones e introducía el Factor de Sostenibilidad a partir de 2019), se estima que el gasto en pensiones en 2050 sería nueve puntos del PIB superior al que finalmente será merced a esas reformas. Sin embargo, fijémonos en que las diferencias de gasto en 2017 derivadas de la reforma de Rajoy apenas suponen unas décimas del PIB en forma de ahorro: esto es, los 'recortes' se han concentrado en el muy largo plazo —momento en el que Rajoy ya no gobernará— confiando en que el Fondo de Reserva le permita superar sin altibajos financieros sus años de gobierno.

Es decir, Rajoy no ha hecho nada lejanamente suficiente para evitar el agotamiento del Fondo de Reserva de las pensiones: al contrario, lo ha aprovechado para maximizar sus probabilidades de reelección evitando trasladar a los pensionistas actuales parte del ajuste estructural que necesita la Seguridad Social. Ahora, finiquitado el Fondo ya cuasi por completo, se resiste a cerrarlo formalmente y, para ello, echa mano del endeudamiento público en las muy beneficiosas condiciones que permite la política monetaria expansiva del BCE: es decir, una vez ha vaciado el Fondo, traslada el agujero de las pensiones a los hombros del conjunto de los contribuyentes.

Todo antes que asumir sus responsabilidades: gobernar, esto es, tomar las medidas necesarias —por impopulares que sean— para que el sistema se vuelva sostenible. Demasiado para quienes solo aspiran a perpetuarse en el poder a costa de todos los ciudadanos.

España no avanza: Retrocede de forma alarmante

Antonio García Fuente Periodista Digital 3 Julio 2017

La sociedad humana, obra y responde como en lo individual obra y responde el cuerpo humano; si es atacada por cualquier síntoma de enfermedad, de inmediato “va mostrando ello”; primero de forma lenta y luego más acentuada y a medida que la enfermedad avanza. “Ese cuerpo y de forma instintiva va avisando de su estado de deterioro y si no se cura a tiempo, ese cuerpo muere y desaparece”; así de claro y sencillo. ¿Qué está ocurriendo no sólo en España sino en todas las sociedades modernas y que se dicen avanzadas, cuando la realidad es que están en un proceso de pudrición y con enfermedades mortales que no saben o no pueden detener los que dicen gobernarlas, cuando ellos mismos no han aprendido aún a gobernarse por sí mismos?

Un síntoma muy contundente ocurre el 17 de Junio en mi misma ciudad; donde un seis por ciento de la población y pese a los 40º de calor asfixiante que a los 19 horas hay en la calle, siete mil personas se manifiestan indignadas, para repudiar no a un partido, sino a todos los que han mangoneado la ciudad durante cuarenta años; o sea que repudian a todos los políticos, a los que ni dejan que entren en la manifestación; lo que ya es un ejemplo insólito y del que no tengo noticias se diese otro caso en lugar alguno de Europa. ¿Motivos? pésimos gobiernos y exceso de impuestos que nos tienen asfixiados.

Los sistemas de enfrentamiento político no sirven ya para nada, por tanto aquello de “izquierdas-derechas-centro”; ya son cadáveres momificados, que lo mejor que habría que hacer con ellos, es quemarlos en público y pensar en otros sistemas, que no sean el robo, el engaño, el abuso de todo tipo y todas las demás secuelas, de sistemas de dominio por la fuerza, que son los que han imperado y siguen imperando; por tanto al vencer, “los hunos” son derrotados “los hotros”; bárbaros ambos que solo querrán venganza y por tanto un tener que volver a igual situación de la que partieron cuando lo hicieran en principio. La solución sería “diálogo, equidad y justicia”, pero valores de este tipo no pasan por las duras cabezas de los que dicen gobernarnos y por ello no hay soluciones, que existen y deben imponerse en bien de todos. No hay estadistas, abundan por el contrario “los vividores y parásitos”.

Por ello,. "Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil (J. Ortega y Gasset). Y a lo que YO LE AÑADO: El sistema de gobierno no es el malo, los malos son los que lo manejan con arreglo a sus perversos instintos, por tanto el nombre no dice nada en sí. En cuanto a quién me asigne militancia en alguno, le señalo como bastante bruto, puesto que el inteligente que lea mi producción, lo que puede decir es simplemente lo que es mi realidad; "YO SOY MI PARTIDO Y MI CIRCUNSTANCIA"; NO HE VENDIDO MI PENSAMIENTO A NADIE, NI A MÍ MISMO. Claro que para llegar a ese punto hay que tener un caletre que pocos llegan a tener.

En España (como en realidad ocurre en el resto) lo que existe es “un tornillo sin fin”, con una tuerca que siempre avanza en el sentido de apretar y en ese sentido, las fuerzas negativas avanzan sin cesar” y en ello seguimos en el 2017.

Por ello y entrando hoy cuando escribo en un buen artículo, que nos dice con toda claridad lo que nos puede pasar si “la tuerca sigue apretando”; yo aporto mis pensamientos por si sirven; para algo, en esta situación estéril y de ruina a que nos han llevado “los nuevos mercenarios y que aspiran a conquistar a los otros ya apostados en los lugares idóneos”; ya que la regeneración de España no les importa nada a ninguno; lo que quieren es lograr el poder para explotarlo al máximo, como han hecho todos los que les han precedido; “el pueblo y como siempre no les importamos nada”.

Entren en la siguiente dirección, lean el contenido y respuestas y juzguen ustedes mismos: http://www.vozpopuli.com/europa-_parque_tematico/Podemos-proyecto-politico-Espana_7_1037366256.html

La situación actual no es otra cosa que lo que indica la inmortal ley de causa efecto. Soportamos una política de ladrones y mercenarios, amén de explotación del pueblo sin piedad alguna; el resultado no puede ser otro, que las nuevas "bandas de mercenarios" que van a por el poder para apropiárselo y seguir con el expolio o incluso explotarlo mucho más, enmudeciendo al pueblo, encarcelándolo o incluso matándolo. No hay gente honrada dispuesta a pecho descubierto ir a la política a GOBERNAR CON EQUIDAD Y JUSTICIA.

Puede que terminemos en otros fatídicos años treinta (1930-1940) y no creo que apareciera un nuevo Franco, que al menos, supo reconstruir aquella España devastada... así es que ojo, donde depositan el voto próximo, después no habrá marcha atrás... YA SERÁ TARDE y entonces, “nuevas riadas de sangre sudor y lágrimas y todas las terribles secuelas que sufrimos los que fuimos víctimas de aquellas barbaries en la terrible y consecuencias anteriores y posteriores de lo que se conoce en la Historia, como “Guerra civil española de 1936-1939”. Amén.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

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La república bolivariana de Cataluña y Montoro

Marta Rovira y Jordi Turull son los autores de la Ley de Transitoriedad Jurídica, flagrante caso de bolivarianismo según El País. Soria ha escrito un libro sobre Montoro
Pablo Planas Cronica Global 3 Julio 2017

El proceso es un mondongo, que según la RAE es el amasijo de intestinos del que salen los callos y la piel de los embutidos. Sólo la estulticia contemplativa y rumiante del Gobierno permite al Govern su estólido ejercicio. No existe ningún plan más allá del Plan, que es el choque, la tensión, el jaleo y la pura provocación. ¿Sanidad, educación, vivienda, turismo, transportes? Eso importa una higa en el ejecutivo de Puigdemont, Junqueras y Romeva, empeñados en colar que una caja de los juegos reunidos es lo mismo que un casino en Las Vegas.

Como quiera que en La Moncloa no hacer nada también es tendencia, el bloque soberanista despliega sus intenciones sin mayor freno que la propia y abisal incompetencia de sus promotores, que pretenden descargar una hipotética constitución republicana sobre las comunidades de vecinos. A la manera bolivariana, según la portada de El País. Javier Casqueiro y Miquel Noguer redactan la información en el diario de Prisa sobre los disparatados propósitos: "La Generalitat de Cataluña propone, en su retocado borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ) al que ha tenido acceso El País, activar un proceso “participativo de base ciudadana” para redactar y aprobar la hipotética Constitución de la República catalana. Antes, sin embargo, la ley proclama ya esa República y se erige en “norma suprema” mientras no haya una Constitución. Desde la supuesta celebración del referéndum por la independencia, el 1 de octubre, durante seis meses se planteará un debate asambleario y social, al que seguirían unas elecciones constituyentes para refinar esas ideas y redactar una Constitución. Si esa norma fuese ratificada por la “Asamblea constituyente” se convocaría otro referéndum y nuevas elecciones".

Continúa con los autores del desafuero: "El corregido texto de la Ley de Transitoriedad Jurídica (esa especie de preconstitución catalana) ha sido redactado ahora en coordinación por Marta Rovira, secretaria general y número dos de ERC y portavoz de Junts pel Sí en el Parlament catalán, y por Jordi Turull, presidente del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y miembro de la dirección del PDeCAT".

Rovira y Turull, dos auténticos titanes jurídicos bajo la supervisión de Carles Viver, el hijo de Salvador Esteve y la consejera Borràs, también hija de. Grandes "freedom fighters". Habrá que pensar en grandes cambios en el callejero. Es inaceptable que Marta Rovira aún no tenga una avenida en Berga y Turull una rotonda en Palafrugell.

Como es lunes, toca encuestas. En La Razón se preguntan qué pasaría en un referéndum de verdad y cocluyen que el "no" ganaría por cuatro puntos. Andrés Rojo traduce los datos: "La primera pregunta del estudio reproduce la que la Generalitat pretende que aparezca en la papeleta del primero de octubre: '¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?'. 4,6 puntos porcentuales separan la respuesta mayoritaria –el 'no' a la secesión del resto de España– de los partidarios de la independencia. Concretamente el 'sí' se situaría en un 44%, el 'no' en un 48,6% y existiría un 7,4% de indecisos. En el análisis de ese 44%, sin embargo, aparece un dato ciertamente preocupante ya que a continuación se preguntó a los favorables a la independencia si mantendrían su voto afirmativo en la consulta en el caso de que ello supusiera la salida de Cataluña de la Unión Europea. Nada menos que un 81,5% de los independentistas catalanes seguirían queriendo un Estado propio a pesar de que ello provocará la salida del euro de la nueva nación".

La encuesta de La Vanguardia va sobre unas posibles autonómicas en las que ERC arrasaría y tendría dos opciones para formar gobierno, un apaño nacionalista como hasta ahora o un tripartito de izquierdas. Según el sondeo, el PDeCAT y Ciudadanos pugnarían por la segunda plaza. Los republicanos obtendrían 43 escaños frente a los 23 de Ciudadanos y los mismos convergentes. El PSC sacaría 17, los comunes, 12, igual que el PP, y cinco la CUP.

Otro sondeo, en El Confidencial, refuta las magníficas expectativas que el diario vanguardino otorga al partido de los Pujol, Mas y Puigdemont. Se sostiene en la crónica que acompaña el trabajo demoscópico que "Esquerra Republicana de Catalunya sería la gran beneficiada de un adelanto de las autonómicas. Es la fuerza que está capitalizando el proceso soberanista y la que se hace fuerte frente a su socio en el Govern, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), la antigua Convergència, que no llegaría ni al 10% de los votos y se hundiría por debajo del PP. El partido de Oriol Junqueras ganaría con holgura unos nuevos comicios, anotándose un 30,9%, doblando al siguiente de la tabla, Ciudadanos".

Por un lado, el ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, es el inevitable pepino de las ginebras con tónica, el gazpacho de bote y las ensaladas verdes de los huevos duros. Sus compañeros de gabinete le temen más que a Pablo Iglesias. Por otro lado, quienes han sido chicos de Rajoy son grandes letraheridos. Ahí los tres libros que publica Margallo al año (según dice), el "libro" de Guindos en el que afirma que en España existe la dación en pago (puestos a mentir, a tope) y uno que ha escrito Soria, ese titán del ramo de la Industria al que se le olvidó una empresa en Panamá.

Inaudito. El señor Soria y un libro. ¿Qué será lo próximo? ¿Las memorias de Sergio Ramos? El caso es que Carlos Segovia firma el texto en El Mundo sobre la peripecia literaria de Soria y sus problemas con Montoro: "El ex ministro de Industria José Manuel Soria ha redactado un explosivo libro en el que revela como detonante de su dimisión que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alarmó a Mariano Rajoy con una vieja cuenta suiza de su madre. Relata que él había liquidado y declarado al Fisco esta cuenta, pero se negó a tener que hablar de su madre en el Parlamento para apartarla de la polémica. Le pareció indignante la actitud de Montoro y lo tomó como un ajuste de cuentas por desencuentros del pasado en el Gobierno".

Sigue: "En este libro sobre sus vivencias políticas, Soria lanza fuertes críticas a Montoro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y a grandes grupos eléctricos y audiovisuales, entre otros. El propio Soria ha informado ya del contenido de su libro a miembros del Gobierno y del PP, según confirman fuentes de su entorno a El Mundo. Estas fuentes puntualizan que aún no ha decidido si lo va a publicar, aunque está terminado y cuenta con 150 páginas".

Quedan menos de 24 horas para que Puigdemont, Junqueras, Rovira y Turull ilustren al orbe en el Parlament sobre cómo se hace un referéndum exprés y se proclama una república en diez minutos o menos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, va por ahí hablando de la consulta, pero se mantiene muda respecto al noveno lunes de huelga de Metro. Señora, haga su trabajo, por favor.

3 de julio: Anatolio de Constantinopla, Dato, Heliodoro, Tomás apóstol y Trifón.

Los medios catalanes colaboradores eficaces del golpe separatista
La Vanguardia y TV3 en vanguardia de la campaña por el referéndum
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 3 Julio 2017

Es evidente que, el señor Puigdemont y su adversario político, pero colaborador necesario en este folletín en el que se ha convertido el desafío catalán, por intentar conseguir llevar a cabo el famoso referéndum “por el derecho a decidir”, el señor Juncadella, ante la imposibilidad de torcer la voluntad del Gobierno de la nación; su impotencia ante la posición de los partidos mayoritarios en el Parlamento español, contrarios al “process” , y sus derrotas ante los tribunales en todos los intentos que han realizado para conseguir una sentencia que favoreciera sus aspiraciones independentistas; no les ha quedado más remedio que liarse la manta a la cabeza, presionados por sus socios, especialmente por los anarquistas de la CUP que, en su papel de sostenedores del gobierno catalán, se atribuyen del derecho de defensores máximos del referéndum secesionista, y han enfocado, en una decisión suicida, su ofensiva hacia la anunciada consulta del 1 de octubre, pese a que ya se les ha advertido, por activa y por pasiva, que no se les va a consentir que se celebre semejante dislate.

Ya lo anunciaron y efectivamente, valiéndose de sus influencias, amenazas, chantajes e influencias de las que gozan en los medios de comunicación más importante del país y de las emisoras de TV, en especial al TV3 catalana y su bandera enseña La Vanguardia, del grupo Godó, que no se sabe si es porque esta cogida de sus teóricos cataplines a causa de la subvención que percibe del Gobern por la emisión en catalán del periódico o por el resto de ayudas y ventajas que obtiene de la Generalitat, lo cierto es que no ha tardado ni un día en sacar sus baterías y empezar a lanzar obuses propagandísticos, como ha sido el publicar una encuesta con toda clase de detalles sobre lo que, según ellos y la empresa GAD3, la autora del estudio, va a ocurrir el día 1º de octubre cuando, piensan ellos, se van a abrir los colegios electorales y una parte de los catalanes (reconocen que pueden llegar a ser un 54% del censo, los que acudan a ellos) comparezcan ante las urnas para depositar en ellas su voto. Según esta encuesta votarán, de los que acudan a las urnas, un 42,5% apoyando la independencia de Cataluña de España.

Como somos muy malos matemáticos, como gente de letras que somos, podemos estar equivocados, por lo que nos disculpamos de antemano por nuestra ignorancia; en todo caso nos parece que el resultado sobre el 100% de catalanes que pueden ejercer el voto, si sólo votaran el 54%, no les da a derecho a pensar que los que no votan son personas que, por diversas causas, no han podido hacerlo, porque, en este caso, lo evidente es que, si se trata de un referéndum ilegal, serán muchos los que no acudirán por rechazo a semejante ilegalidad. Lo que nos hace pensar que, en definitiva, sólo un 23 % escaso de los ciudadanos catalanes con derecho a voto serían, si aciertan los de la encuesta, los que apoyarían el romper con España, para crear un estado libre catalán.

En todo caso, no creemos que el tema se pueda centrar en lo que resultaría del referendo que pretenden celebrar los nacionalistas, sino de sí, esta consulta ilegal, pueda llegar a celebrarse, se puedan abrir los colegios electorales, existan las urnas precisas para poder depositar los votos y los miembros de las respectiva mesas van a poder constituirse en la forma en la que está dispuesto en la ley electoral, una a la que no se pueden acoger por resultar todos los actos que se celebren en este sentido, por disposición del TC, nulos de pleno derecho. El señor Puigdemón, en su sicopático arrebato de locura, habla del “miedo” que nos pueden infundir al resto de españoles los separatistas catalanes; de lo que los 500 municipios que se han mostrado en disposición de proporcionar locales para las votaciones van a poder influir en el ánimo de las instituciones estatales, cada una según sus responsabilidades, que van a tener la misión de impedir que este desafío a la Constitución, esta enmienda al voto de los españoles que decidieron que España era una e indivisible o que la misión de las fuerzas de seguridad del Estado obligadas a hacer que se respete la legalidad, algo que no cabe en la mente de ningún español, una gran mayoría, sin duda, pueda poner en duda seguros de que, en esta ocasión, el gobierno que ha estado vacilando durante años, cuando debería de haber acabado con esta amenaza desde hace tiempo, va a cumplir con su obligación sin parar mientes en los votos que le pueda costar; sin consideraciones o mojigaterías que pudieran dar lugar a interpretaciones equívocas o sin cuestionarse las posibles reacciones a las que habrá, sin duda, que hacer frente, por los medios que fueran precisos.

Hay medios para hacerlo y tampoco hay que sobrevalorar las expresiones, más o menos amenazantes, de algunos nacionalistas bocazas y exaltados que, cuando llega el momento de tener que demostrar su valentía encogen la cola bajo el culo y echan a correr. Conviene recordar la vergonzosa entrega de Barcelona a las tropas del general Franco, cuando se habían cansado de repetir aquel slogan de la Pasionaria, con el que animaba a las tropas republicanas, cuando gritaba: “no pasarán” y pasaron, vaya si lo hicieron y sin que fueran recibidos ni con un solo tiro de los encargados de defenderla.

No hay duda de que, a los que nos sentimos españoles, antes que nada, nos van a quedar unos meses de dificultades, un tiempo de mantenerse firmes y no dejarse arrastrar por miedos ni por otras consideraciones que no sean permanecer fieles a nuestros principios, permaneciendo a las órdenes del Estado español y sin dejarnos condicionar por lo que se nos pueda indicar, lo que intenten obligarnos a hacer o lo que, los separatistas, intenten hacernos creer. Basta escuchar lo que han llegado a decir personas como la Neus Munte, la Pilar Raola, el señor Cuni, el señor Puigdemont y toda la camarilla de tiralevitas que forman la plana mayor del separatismo catalán. Todos ellos mienten, hablan de democracia cuando lo que hacen está, precisamente, en contra de la democracia, hablan de mayorías cuando la mayoría de los españoles no acepta su posicionamiento; hablan de historia cuando todos son pamemas y nada de lo que dicen se corresponde con la verdad histórica de Cataluña, que nunca ha sido una nación independiente y sólo llegó a ser uno más de los condados de la corona de Aragón. Hablan de guerra de Independencia cuando se trataba de la guerra de Sucesión y, en aquellos momentos, lo hicieron juntamente con Castilla en contra de los Borbones de Felipe V y en favor de los Austrias.

Sólo una cuestión. Si después de tanto tiempo de darles cuerda, si tras años de estar soportando, estoicamente, que se nos suban a las narices estos señores que intentan rebelarse en contra de la Constitución, que se han levantado en contra de las instituciones patrias y han tomado el camino del enfrentamiento y la desobediencia, sin hacer caso del Gobierno, de las Cortes, de los Tribunales de Justicia ni de lo que se les ha indicado desde la UE, respeto a su futuro fuera de ella; el actual Gobierno deja, una vez más, de cumplir con su obligación, de aplicar la ley con toda la fuerza precisa o se presta a chanchullos, salidas deshonrosas o concesiones timoratas que pudieran significar una deshonra, una capitulación o se pudiera entender como una claudicación ante la Generalitat; deberemos considerar que han traicionado a España y, en consecuencia, nuestros votos deberán buscar otro destinatario que recoja mejor nuestros principios, que defienda nuestros valores y que tenga la valentía de enfrentarse a aquellos que pretenden vencernos. Cuando llegue el momento de seguir a todos aquellos valientes españoles que supieron morir para que España no cayera en manos de quienes sólo deseaban para ella su rendición ante quienes sólo esperaban llegar al poder para acabar con ella. Puede que parezca algo obsoleto, pero, si seguimos por la senda que nos vienen marcando los nuevos partidos políticos de extrema izquierda o los secesionistas catalanes, corre peligro el futuro de España y, en consecuencia el de nuestros hijos y nietos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no nos duelen prendas el significarnos en apoyo de quienes, aun viéndose en la necesidad de vivir en Cataluña, tienen la valentía, el decoro y las convicciones que corresponden a los que se sienten españoles primero de todo y luego catalanes. Seguramente que nos quedan meses en los que vamos a poder contemplar movimientos con los que no vamos a estar de acuerdo y, casi seguro, que vamos a tener que tomar decisiones difíciles, pero vale la pena arriesgarse si, con ello, defendemos nuestros derechos como españoles.

ante el recurso del parlamento catalán
Varapalo al Gobierno: el TC desarma a Competencia para actuar contra las CCAA
El alto tribunal le concede al Gobierno de Puigdemont que la CNMC no tiene legitimidad para paralizar la aplicación de una norma simplemente con acudir a la vía de lo contencioso
Carlos Sánchez El Confidencial 3 Julio 2017

La sentencia es nítida y no deja lugar a dudas: la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) carece de legitimidad para actuar de oficio o a instancias de una empresa contra las decisiones que adopten las comunidades autónomas. O expresado de otra forma, las autoridades de competencia se quedan sin munición para disparar contra normas regionales que consideren que vulneran el principio constitucional que protege la unidad de mercado.

Así lo establece el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia sobre la Ley 20/2013, elaborada por el Ministerio de Economía para garantizar que barreras administrativas o de otra índole puedan impedir la libre circulación de bienes y mercancías por todo el territorio nacional. Lo que dice el TC es que Cataluña tenía razón en su reclamación. El Parlamento catalán —también la Generalitat— entendía que la CNMC no tiene legitimidad para paralizar la aplicación de una norma simplemente con acudir a la vía de lo contencioso.

La ley legitimaba a las autoridades de competencia a interponer mediante un recurso la suspensión inmediata de una disposición, acto o resolución sin que se exigiera algún tipo de fianza, dando a este organismo, como se dice en la reclamación, un “privilegio procesal”.

El TC recuerda que “una cosa es que la legislación, en coherencia con su papel de regulador, garantice la actuación independiente de este organismo [la CNMC] y otra bien distinta es que sus funciones, relacionadas con el buen funcionamiento de los mercados y sectores económicos, prevalezcan de forma incondicionada sobre las decisiones adoptadas por las administraciones autonómicas en el ejercicio de las competencias que les atribuyen la Constitución y los estatutos de autonomía”.

Es más, el TC recuerda que el poder de vigilancia no puede colocar a las comunidades autónomas en una situación de “dependencia jerárquica” respecto de la Administración del Estado, pues tal situación “no resulta compatible con el principio de autonomía y con la esfera competencial que de este deriva”. El TC, de hecho, sostiene que la posibilidad de suspensión automática en relación con actos de las comunidades autónomas es una potestad atribuida directamente por la Constitución “a unos órganos y no a otros y exclusivamente para los procesos constitucionales”.

Economía invierte la lógica
El Constitucional argumenta que el instrumento procesal puesto en manos de la CNMC para forzar la suspensión automática del objeto procesal “invierte la lógica de la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa” que excede de lo que la doctrina constitucional ha considerado “admisible”. De hecho, recrimina al Ministerio de Economía, autor de la ley, que “ni siquiera se requiere que la CNMC, como le sucede al Gobierno en sede constitucional, acredite las razones que justificarían el mantenimiento de la suspensión”.

Es por eso que llega a la conclusión de que la suspensión automática de los actos y disposiciones autonómicas supondría una “forma de control” sobre la actuación de la Administración autonómica, además de no prevista constitucionalmente, “incompatible con el principio de autonomía y con la esfera competencial que de esta deriva”.

El TC va más allá y cuestiona hasta la exposición de motivos, que justifica la ley a la luz de que la “fragmentación” del mercado nacional perjudica la competitividad de la economía española. Pero los magistrados del Constitucional, por el contrario, consideran que “los obstáculos y trabas” a la actividad económica, que surgirían de lo que el preámbulo de la norma denomina “fragmentación del mercado nacional”, no serían sino una consecuencia más de la “pluralidad regulatoria” que se deriva del legítimo ejercicio por parte de las comunidades autónomas de las competencias estatutariamente atribuidas.

El TC, incluso, recuerda al Gobierno que el texto constitucional garantiza tanto la unidad de España como la “autonomía de sus nacionalidades y regiones”, lo que necesariamente obliga a buscar un “adecuado equilibrio” entre ambos principios, pues la unidad del Estado, sentencia, “no es óbice para la coexistencia de una diversidad territorial que admite un importante campo competencial de las comunidades autónomas”. Es decir, que la llamada “fragmentación” es fruto del “normal funcionamiento del Estado autonómico”.

¿Y cómo se garantiza la unidad de mercado? El TC argumenta que este principio constitucional se encuentra directamente promovido a través de la reserva competencial al Estado de ámbitos materiales concretos de manera “exclusiva y excluyente”.

El TC, igualmente, tumba el artículo 19 de la ley impugnada, que establece que cualquier operador legalmente establecido (las empresas), o bien cualquier producto legalmente producido y puesto en circulación, podrá ejercer la actividad económica, y circular, en todo el territorio español sin que quepan en principio nuevas autorizaciones o trámites adicionales de otras administraciones territoriales diferentes.

El TC, sin embargo, considera que el sistema de distribución de competencias queda “alterado sustancialmente” por el hecho de que a partir de ahora aquella comunidad autónoma que en ejercicio de sus competencias decida establecer la normativa menos interventora posible o no establecer regulación alguna “conseguirá que su norma se aplique en todo el territorio nacional, por encima de lo que se haya establecido en otras normativas autonómicas aprobadas en ejercicio de sus propias competencias”.

Su conclusión es que este “menoscabo” viene dado por la supresión del principio de territorialidad respecto de las competencias autonómicas relacionadas con el ejercicio de actividades económicas, las cuales verán reducida su eficacia en el propio territorio autonómico “tanto desde el punto de vista subjetivo como material”.

Iniciativa Legislativa Popular
Asociaciones en defensa de la libertad de elección de lengua proponen la aprobación de una Ley Estatal que garantice el estudio y el uso del español
www.latribunadelpaisvasco.com 3 Julio 2017

Representantes de la Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez; de Galicia Bilingüe, Gloria Lago; de la Fundación Nacional Círculo Balear, Jorge Campos; así como representantes de entidades pro libertad de elección de lengua de País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra y Aragón, han anunciado hoy que han elaborado una propuesta de ley nacional "que garantice nuestros derechos lingüísticos, respetando los de los hablantes de las lenguas cooficiales, y la llevaremos al Parlamento español en forma de Iniciativa Legislativa Popular".

Los firmantes del anuncio explican que "a lo largo de este año hemos visto cómo la falta de libertad de lengua para los hispanohablantes empeora en Cataluña, País Vasco, Islas Baleares y Galicia, sobre todo en el ámbito educativo, siendo la Comunidad Valenciana donde este ámbito ha empeorado de forma más notable. En Cataluña ya no se puede estudiar ninguna asignatura en español. En el País Vasco se entorpece la elección de la línea en nuestra lengua. En Baleares, Galicia, o Comunidad Valenciana se aprueban normas que la eliminan de asignaturas clave, disfrazando esta imposición bajo nombres como 'trilinguismo' o 'plurilinguismo'".

"Vemos cómo se propone que los poderes públicos garanticen el uso del catalán, euskera, y gallego incluso en lugares de España donde éstas no son oficiales, mientras siguen sin restablecerse los derechos que nos han quitado a los hispanohablantes. Por otra parte, tanto el discurso sobre una pretendida plurinacionalidad de España, como los pactos que se plantean para blindar la imposición de lengua a cambio de una hipotética paz con el independentismo, o las propuestas de cambios en la Constitución, son una nueva amenaza para los derechos de los hispanohablantes".

Los responsables de estas agrupaciones en defensa del español explican que, ante la gravedad de la situación, "las entidades defensoras de la libertad de elección de lengua hemos decidido pasar a la acción de forma conjunta. Hemos elaborado una propuesta de ley nacional que garantice nuestros derechos lingüísticos, respetando los de los hablantes de las lenguas cooficiales, y la llevaremos al Parlamento español en forma de Iniciativa Legislativa Popular. Lo haremos bajo el paraguas de un anueva entidad: Hablamos Español, que informará y llamará a la sociedad española a participar. La denominada 'normalización lingüística' se sostiene gracias a la desinformación y a las campañas de los partidos que se benefician de crear diferencias, y del 'lobby' que ha convertido la conservación de lenguas minoritarias en un gran negocio.

"La ley que hemos elaborado", explican los proponentes, "se basa en el principio de elección lingüística, y es por ello homologable a las que se aplican en los países europeos en los que existen dos o más lenguas oficiales en un territorio. Esta la única manera de que se respete la igualdad de derechos. No queremos quitarle derechos a nadie, pero tampoco queremos que se pisoteen los nuestros".

"Con esta ley queremos lograr básicamente lo siguiente:
Queremos que haya líneas para poder estudiar todas las asignaturas en español en toda España, también en las comunidades autónomas con otra lengua, aprendiendo la lengua cooficial como asignatura.

Queremos ver nuestro idioma en hospitales, en documentos oficiales, en campañas sanitarias, formularios, impresos, en las indicaciones de edificios públicos, en los boletines de notas, en las señales de tráfico, y en la información turística. Queremos que la atención al ciudadano en las comunidades con dos lenguas sea bilingüe. Esto no implicará que todos los empleados públicos deban conocer la lengua cooficial con el castellano en el territorio, sino que bastará con que la administración en su conjunto organice sus recursos humanos para satisfacer tales derechos, como se hace en otros países.

Queremos que las ayudas a jóvenes creadores en las comunidades bilingües sean concedidas también a los escritores y creadores que usan el español, y que la cultura en español deje de estar excluida de la vida oficial.

Queremos que no se hurten palabras a nuestro idioma. Que los topónimos en español de larga tradición histórica dejen de estar prohibidos en el ámbito oficial.

Queremos que no se excluya ni se penalice el uso del español a la hora de solicitar una ayuda pública.

El problema de la exclusión del español en las comunidades con cooficialidad lingüística nos afecta a todos, a los que vivimos en ellas, y a las personas que se trasladan a vivir donde nosotros vivimos desde otros lugares de España por motivos personales o de trabajo, algunos de ellos obligados a un traslado forzoso por su profesión. Todas estas personas no pueden escolarizar a sus hijos en español".

Los impulsores de esta iniciativa reconocen que será difícil. "Quienes llevamos tiempo trabajando en esto sabemos que detrás de la promoción y conservación de estas lenguas hay intereses políticos y también económicos. Intetarán ponernos mil trabas, pero tenemos muy claro nuestro objetivo. Queremos que el derecho a usar y ser educado en español quede al margen del mercadeo político, que se conciencen de ello todos los partidos, los de derecha y también los de izquierda, que se han echado en brazos del nacionalismo, olvidando que los niños de familias de las clases más desfavorecidas económicamente, a quienes ellos dicen defender, son los más perjudicados por estas políticas. Tenemos que entregar 500.000 firmas acreditadas, ante el Parlamento. Una vez presentada la Iniciativa Legislativa Popular, tendremos nueve meses para reunirlas. A partir de hoy comenzamos a organizar equipos y a recaudar los fondos necesarios para poner en marcha la campaña de recogida de firmas".

Más información en www.hispanohablantes.es

La ILP del español paños calientes contra una imposición inadmisible.
Nota del Editor 3 Julio 2017

Cualquier propuesta que incluya la obligatoriedad de estudiar cualquier lengua regional está fuera de lugar, por tanto el aprendizaje obligatorio de cualquier lengua regional como asignatura es una imposición inadmisible. La constitución estañola no establece deber de conocer lengua regional alguna a pesar de los disparates anticonstitucionales del tribunal  anticonstitucional.

Societat Civil Catalana: los complejos equilibrios entre PSC, PP y C’s
La principal entidad de la oposición civil al nacionalismo catalán renueva su cúpula pero mantiene las cuotas de partido
Alejandro TerceroCronica Global 3 Julio 2017

Hace unos días, Societat Civil Catalana (SCC) anunciaba el relevo de cuatro de los miembros de su junta directiva. Irene Álvarez, Xavier Marín, José Rosiñol y Óscar Uceda sustituían a Joaquim Coll, Rafael Arenas, Juan Mellen y Montse Baras al frente de la entidad.

Mucho se ha escrito sobre los entresijos de esta organización que, en muy poco tiempo, se ha convertido en un referente de la oposición civil al nacionalismo y al independentismo catalán. Pero, ¿quién está realmente detrás de SCC? ¿Quién la controla?

Lo cierto es que la irrupción de SCC en abril de 2014 supuso un rayo de esperanza para los catalanes no nacionalistas. En aquel momento, el denominado proceso independentista se encontraba en su apogeo y las entidades de la sociedad civil contrarias al proyecto secesionista, aunque numerosas y con larga trayectoria, eran pequeñas, estaban descoordinadas y carecían de la financiación suficiente para dar una respuesta eficaz. En cambio, las principales asociaciones nacionalistas, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural —entre otras—, contaban con el apoyo económico y mediático casi ilimitado de la Administración catalana, además de la simpatía de los principales medios de comunicación locales, generosamente subvencionados.

SCC tuvo claro desde el primer momento que, para lograr su objetivo, debía construir una alternativa transversal, lo que significaba contar con la complicidad de los partidos políticos no independentistas, esto es, PSC, PP, C’s, ICV-EUiA y UDC. Los nombres que a lo largo de estos tres años de vida han integrado el equipo directivo de la entidad confirman esa estrategia, pero mantener ese equilibrio no ha sido fácil. Y es que en más de una ocasión la lucha de la asociación por mantener su independencia ha chocado con los intereses de los partidos.

La etapa de Bosch
La primera junta directiva de la entidad mostraba ese delicado juego de contrapesos. Josep Ramon Bosch —cercano al PP— era el presidente, y le acompañaban en la vicepresidencia primera Joaquim Coll —vinculado al PSC—, en la vicepresidencia segunda, José Rosiñol —independiente pero muy bien relacionado con Bosch, y quien ejerció de presidente interino en la fase de constitución de SCC—, y en la tercera, Susana Beltrán —que meses después se convirtió en diputada autonómica de la mano de C’s—.

El resto de la junta la completaban José Domingo —exdiputado de C’s en el Parlament y actualmente en la órbita de la Plataforma Ahora, el proyecto socialdemócrata que promueve Gorka Maneiro—, Rafael Arenas —independiente de izquierdas, que posteriormente sería presidente de la entidad—, Juan Arza —vinculado al PP—, Ferran Brunet —liberal—, Sixto Cadenas —vinculado al PP—, Isabel Fernández Alonso —independiente de izquierdas—, Mariano Gomà —independiente y actual presidente de SCC—, Juan Mellen —relacionado con Duran i Lleida—, Francesc Moreno —exmilitante del PSC—, Daniel Perales —independiente de izquierdas— y Álex Ramos —vinculado al PSC—.

Esa primera junta directiva también refleja los problemas que, desde su nacimiento, se encontraron los promotores de SCC para incluir en su proyecto a personas relevantes de la órbita de UDC, de ICV-EUiA y de la entonces incipiente Podemos, pese a que esa fue —y sigue siendo— su intención, con el objetivo de visualizar un frente lo más amplio y plural posible ante el independentismo.

Rafael Arenas toma el relevo
En septiembre de 2015, se produce un relevo en la presidencia de la entidad, lo que se aprovecha para introducir algunos cambios en la junta. Bosch dejó de ser la cabeza visible de SCC y le sustituyó Arenas. El detonante de esa sustitución fue la causa judicial abierta contra el primer presidente de la entidad por unas presuntas injurias contra destacados activistas independentistas. Un proceso judicial que, meses después, fue archivado, pero que supuso la primera crisis interna.

La renovación de la dirección también incluyó la supresión de las vicepresidencias segunda y tercera, lo que dejaba al tándem Arenas-Coll como cabezas visibles de la entidad, y con Domingo como número tres con el cargo de secretario. Además, Mercè Vilarrubias —cercana al PSC— se incorporó al equipo en sustitución de Beltrán, recién elegida diputada autonómica por C’s.

Gomà, el actual presidente
El tercer cambio relevante en la junta directiva de SCC tuvo lugar en octubre de 2016. Arenas pasó a ser vocal, cediendo la dirección a Gomà —actual presidente— y Coll dejó la vicepresidencia para ocupar una vocalía. De nuevo, se volvió a la estructura de tres vicepresidencias, ocupadas por Domingo, por Ramos y por una nueva incorporación: Miriam Tey —inicialmente en la órbita del PP, de hecho fue directora del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, entre 2003 y 2004, aunque posteriormente tuvo una aproximación a C's—. También se integró en la dirección a Manuel Miró —cercano al PP—, Montserrat Baras —vinculada a C’s— y Nuria Plaza —en la órbita del PSC—. De nuevo, SCC hacía encaje de bolillos para no romper el equilibrio entre afines a PP, PSC y C’s.

Un equilibrio que SCC ha sabido rentabilizar muy bien. Una muestra de ello fue la consecución del Premio Ciudadano Europeo 2014 otorgado por el Parlamento Europeo. Un galardón que legitimó (y dio prestigio) la labor de la entidad y que hubiese sido imposible lograr sin la actuación conjunta de los representantes de PSC, PP y C’s en Bruselas.

La crisis por el pacto PSOE-C's
Pero no todo ha sido un camino de rosas en el seno de la entidad. En febrero de 2016, SCC valoró “positivamente” el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para tratar de lograr la investidura de Pedro Sánchez. El enfado de los miembros de la junta directiva más cercanos al PP —que denunciaron la ruptura de la neutralidad acordada ante este tipo de situaciones— derivó en una crisis interna cuyas consecuencias tardaron meses en disiparse.

Los últimos cambios introducidos en la junta directiva de SCC van en la línea de mantener las cuotas de partidos. Xavier Marín ha ostentado durante muchos años cargos orgánicos en CCOO, UGT y el PSC —donde ha dirigido la Escola Xavier Soto y ha sido consejero nacional del partido—; Óscar Uceda ha sido coordinador de C’s en Lleida y candidato del partido al Congreso de los Diputados, e Irene Álvarez está cercana al PP. Además, se mantiene la tradición según la cual los antiguos dirigentes, una vez dejan sus cargos directivos, siguen vinculados a la organización y continúan colaborando activamente con ella.

Imagen pública transversal
En los actos públicos más recientes, la entidad ha mantenido esa imagen de transversalidad que, desde su origen, tanto le ha preocupado. Así ocurrió esta misma semana, en una jornada que organizó para reivindicar la implantación de una tarjeta sanitaria única para toda España, que tuvo como ponentes al diputado de C’s Jorge Soler, a la diputada del PSC Assumpta Escarp, y al diputado del PP Santi Rodríguez.

También cuidaron mucho la presencia de miembros de los tres partidos en la última manifestación convocada por SCC, que tuvo lugar en marzo pasado para protestar contra los planes secesionistas del Govern, y que en la cabecera contó con la presencia de Alberto Fernández Díaz (PP), Carlos Carrizosa (C’s) y David Pérez (PSC).

"Tensiones positivas"
El propio Gomà reconoce a Crónica Global que la entidad siempre ha buscado “mantener un equilibrio de fuerzas en la junta” desde la “independencia”. “SCC nace con voluntad de ser transversal, es nuestra razón de ser”, subraya. Y asegura: “Ahora es cuando vamos a tener un equilibrio mayor” entre miembros con sensibilidades cercanas al PSC, al PP y a C’s.

Sin embargo, el presidente de SCC admite que ha habido “tensiones” internas en más de una ocasión, pero insiste en que estas se han circunscrito en un ámbito de “normalidad” y que siempre han sido “positivas”. En este sentido, Gomà destaca que SCC se ha convertido en el principal foro en el que conviven sin estridencias representantes de las tres principales formaciones constitucionalistas de Cataluña.

Por otra parte, Gomà rechaza etiquetarse y se define como “neutral e independiente”. Y achaca los cambios periódicos en la dirección de SCC al desgaste personal que genera este tipo de cargos. “Somos como una diligencia que va a toda castaña por el Oeste, y de vez en cuando hay que cambiar los caballos, mientras que los otros [en referencia a las entidades soberanistas] van con gasolina”, sentencia.

Psicólogos al servicio de la ingeniería social
Así le manipula el ‘neolenguaje’ independentista
Rafael Núñez Huesca Gaceta.es 3 Julio 2017

‘Nomen est omen’. El nombre es el destino, o condiciona el destino. Es algo que sabe muy bien el nacionalismo, experto en generar neologismos y cambiar el significado de las palabras para que encajen con sus pretensiones políticas. Ahora, por vez primera, sale a la luz un documento donde psicólogos de la ANC dan instrucciones sobre cómo elaborar un relato persuasivo.

El nacionalismo aprovechó la instauración democrática en España y las competencias autonómicas para llevar a cabo una gigantesca labor de ingeniería social. El lenguaje, las palabras, en tanto portadoras de ideas, han sido y son parte fundamental de dicha labor. Las palabras, su modificación, alteración o sustitución por otras más adecuadas ha sido una constante.

Banda terrorista pasó a ser “grupo armado”, un atentado, una “acción”, el separatismo es hoy “soberanismo”, “normalización lingüística” significa sumergir a los niños en el monolingüismo, la ruptura es ahora “desconexión”,el proceso separatista es un impoluto “proceso constituyente”, y por supuesto, el término administrativo “Estado” sustituye a la nación, a España, vocablo desterrado y del que se obvian también sus derivados.

La forma en la que presentar las ideas es determinante para que triunfen o fracasen. Cuando el referendo quebequés del 98, los estudios sociológicos advertían que el apoyo a la secesión bajaba 20 puntos si se empleaba el término “independencia” en lugar de “soberanía”. Y ocurría lo mismo con el aséptico “decidir” y el controvertido “separarse”.

El exitoso ‘dret a decidir’
Existe una construcción que ha alcanzado gran predicamento y que ha contribuido a moldear la realidad sociológica catalana, es el “derecho a decidir”, una fórmula no sólo más aceptable que “independencia” sino difícilmente cuestionable. Aboga por darle a la ciudadanía la posibilidad de escoger, reconocerle al pueblo un derecho. La potencia de la construcción la hace casi irrefutable. Para desenmascararla hace falta demasiado tiempo y demasiados argumentos, mientras que la citada fórmula es directa, emocional y apela a un valor tan elevado en el imaginario colectivo como el principio democrático.

Una construcción léxica coherente y seductora, si es suficientemente replicada por medios y líderes de opinión, acabará por crear el marco mental deseado. Es lo que ha ocurrido en Cataluña, donde las subvenciones públicas a los medios han sometido sus líneas editoriales y donde la espiral del silencio ha invisibilizado las voces contrarias a la secesión.

“Dependentista”, la última palabra de la neolengua
El pasado 18 de marzo de 2017 la ‘Assemblea Nacional Catalana’ celebró su Séptimo Consejo de Asambleas sectoriales. Durante la presentación del acto, el presidente de la entidad, Jordi Sànchez, afirmaba que había “que comunicar bien toda esta información que generamos, y eso comporta simplificar el mensaje para ser comunicado, que puede comportar incluso tener que amputar un mensaje a fin de que llegue y sea sólido, coherente, potente”.

Durante el consejo se abordó con particular énfasis el asunto de la comunicación; los resultados y las conclusiones aparecen reflejadas en el informe del citado Séptimo Consejo de Asambleas sectoriales. El texto, elaborado por el sectorial de psicología de la ANC, se ha empezado a entregar a las delegaciones locales ahora, a apenas tres meses del pretendido referéndum, y resulta particularmente revelador. Se habla de palabras prohibidas y otras en las que hay que abundar con el fin de “influir en los indecisos”, en los independentistas “acobardados”; en definitiva, ampliar la base social, gran obsesión del separatismo desde que dio comienzo el ‘procés’.

Titulaba La Vanguardia el pasado 26 de junio: “La ANC anima a decir “dependentista” y no “unionista””. Se trata, efectivamente, de una de las consignas que más han llamado la atención, pues “unionismo” es un término que viene usándose con profusión en los círculos independentistas. Si bien es cierto que hace ya algunos meses, Josep Lluis Carod-Rovira, desde su tribuna en ‘Nació Digital’ advertía de que “lo contrario de la independencia no es la unidad, sino la dependencia, de modo que sería más acertado hablar de independentistas (aquellos que quieren que Cataluña sea independiente) y dependentistas (los partidarios de algún tipo de dependencia de algún otro ente político, sea de carácter autónomo, federal o confederal)”.

Sustituir términos de contenido negativo por conceptos atractivos
Se trata de evitar conceptos que puedan generar rechazo y emplear otros, que como el ya celebérrimo ‘dret a decidir’, conciten adhesión. Así, hay que evitar el verbo “romper” y sustituirlo por “emanciparse” o “hacernos grandes” o “hacernos adultos”. El equipo de psicólogos pone un ejemplo ideal y repleto de valores positivos: “Nos unimos para la emancipación del pueblo catalán”. “Unión”, “emancipación” y “pueblo”.

Se recomienda igualmente no usar el término “desobediencia”, pues podría “asustar”, y en caso de necesidad, “desobediencia” habría de ir seguida de “pacífica”. Sea como fuere, lo mejor será emplear siempre fórmulas en positivo, verbigracia, “aplicar el mandato de los ciudadanos de Cataluña” (en lugar de “violentar las leyes”), tal y como por otra parte vienen haciendo ya los líderes separatistas.

También existe un listado de palabras “que hace falta que hagamos nuestras”, todas referidas a valores ampliamente respetados por la opinión pública y algunas de ellas usadas por los partidos e instituciones contrarios a la secesión: “unión”, “convivencia”, “respeto”, “tolerancia”, “democracia” o “plurilingüismo”. Se trataría, pues, de respetando los significantes, cambiar los significados, llegándose al caso, por ejemplo, de reclamar la “unión” como valor propio al tiempo que lleva a cabo una política de fragmentación territorial, emocional y lingüística.

Desterrar el condicional: la independencia se producirá
No se les escapa a los psicólogos de la ANC la importancia de emplear los tiempos verbales adecuados. Hay que generar la sensación de que la secesión es inminente e ineludible: “El tiempo verbal es un elemento determinante para comunicar la seguridad del emisor”. Así, instan a usar el futuro y nunca el condicional: “Cuando seamos libres” y no “Si fuéramos libres”.

La ingeniería del lenguaje cuenta con públicos objetivo perfectamente clasificados. Por una parte “ciudadanos que no tienen una opción personal definida”, esto es, indecisos; por otra parte contrarios a la ruptura pero “potencialmente persuasibles, quizá hacia la abstención”; “los tendentes a la abstención”, y por último, los partidarios de la secesión “susceptibles de acobardarse o de experimentar desánimo si la presión psicológica y la amenaza se incrementara mucho”.

Hay, por supuesto, ideas que por las reminiscencias que de ellas se derivan, quedan absolutamente vetadas. Es el caso de “separación”, cuya alternativa sería “divorcio amistoso”, una fórmula doblemente recomendable pues pondría a España y a Cataluña en pie de igualdad -“divorcio”- y además subrayaría una pretendida ausencia de conflicto (“amistoso”).

Otras de las palabras “que hay que disociar del discurso de la ANC” son “deriva”, “ruptura”, “desmembración”, “enfrentamiento”, “fronteras”, “secesión”, “separatismo”, “robo”, “desafío”, “traición” o “imposición”. Los psicólogos advierten que sólo se podrán usar “si es para criticar al otro bando por usarlas o apropiarse de ellas indebidamente”.

El campo semántico propio, una larga tarea por hacer
Entre las muchas tareas pendientes que tienen los partidos políticos, asociaciones y escasísimos medios catalanes contrarios al separatismo, está la de renunciar a las figuras e imaginarios nacionalistas, el de construir y consolidar un campo semántico propio. No resignarse a que la disputa política se dirima siempre en el campo y con las reglas del adversario.

Aquí está casi todo por hacer. No existe, ni siquiera, un nombre de consenso, una denominación que reúna a los catalanes que se sienten normalmente españoles. Frente a los vocablos aglutinadores “independentista” o “soberanista”, no se opone sino una amalgama de denominaciones, la mayoría salidos, además, del laboratorio lingüístico nacionalista.

¿Cómo llamar los catalanes contrarios a la secesión?
Es el caso de ‘unionista’, en cuyos ecos aún se escucha los disparos del Ulster. Amén de que para llevar a cabo la acción de unir ha de partirse, necesariamente, de la fragmentación, y no es el caso de España. Unionistas son los irlandeses que buscan completar la unidad perdida de la isla.

La voz “españolista”, al contrario que “catalanista”, que goza de un amplio consenso y normalidad, incomodará a muchos en Cataluña, donde España y sus derivados acusan el desprestigio de cuatro décadas de nacionalismo.

Definirse en negativo, “no-independentista”, sería igualmente un error en tanto reconoce todo el protagonismo al concepto original, “independentista”, en contra del cual se genera la definición. Amén de que ningún publicitario ni propagandista daría por bueno un concepto negativo, una idea precedida de un “no”.

Quizá “constitucionalista” sea el más recurrente. Pero es insuficiente e imperfecto pues, frente a un escenario épico y sentimental, “constitucionalista” sólo ofrece un frío marco legal. Nada puede hacer un término exclusivamente jurídico, habermasiano si se quiere, frente a una marea de emoción identitaria. Además de que, si durante los años del plomo etarra la Constitución revestía a sus defensores de un halo de responsabilidad y sensatez, hoy, sobre todo desde la irrupción de los nuevos partidos, la Carta Magna parece haber envejecido súbitamente y a pocos evoca ya las connotaciones positivas de antaño.

Aragón promueve el secesionismo en los colegios
LAURA M. MATEO El Mundo  3 Julio 2017

El Gobierno de Javier Lambán reparte una revista de corte independentista entre los escolares

"La Gran Cataluña, la nacionalidad catalana, no se reduce a la Cataluña estricta, sino que comprende también, como todo Dios sabe, Valencia, las Islas Baleares, el Rosellón, Andorra, el Alguer, y las tierras atribuidas injustamente a las provincias aragonesas". Es una de las frases publicadas en la revista Temps de Franja, editada por la Iniciativa Cultural de la Franja y que el Gobierno de Aragón reparte en 39 centros educativos y culturales de la zona oriental de Aragón. La Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán (PANHC) denuncia que el Gobierno financie y reparta en los centros escolares una publicación con contenidos independentistas. Desde el Gobierno de Aragón aseguran no haber encontrado nada inapropiado en la revista.

La Plataforma recoge en un documento al que ha tenido acceso este diario algunos de los artículos que considera polémicos e inapropiados por respaldar la independencia e incluir a Aragón en los denominados "Països Catalans". Por ejemplo, en uno de los números escriben: "si Cataluña no llega en poco tiempo a la soberanía, yo y muchos quedaremos decepcionados, pero sobre todo lo lamentaremos porque el futuro con España será inviable y mucho más negro y, en esta oscuridad, no dude, también se verán arrastradas nuestras comarcas". En otros ejemplares posteriores se califica, respectivamente, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de "virtuosa de la democracia" por poner en jaque a "un Estado tan viciado como la España postfranquista" y se le pregunta al que fuera diputado de la CUP, Quim Arrufat, en una entrevista: "¿Cómo se puede volver a equiparar la situación política entre Cataluña y el resto de los Países Catalanes?". Además, la revista cuenta con una sección fija dedicada a los "Països Catalans".

La revista Temps de Franja se edita desde el año 2000 y recibió subvenciones del gobierno socialista hasta el año 2013, cuando el gobierno del Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés suprimió la financiación de la revista y las suscripciones a los colegios. Se retomaron posteriormente en 2016 bajo el Gobierno del Partido Socialista de Francisco Javier Lambán, que gobierna junto a Chunta Aragonesista. María José Ferrando, diputada del Partido Popular de Aragón, asegura que no hubo una "razón política" detrás de la decisión y que las suscripciones se suspendieron por contravenir el "respeto de los hablantes". Jesús Guerrero, diputado del Partido Aragonés, va más allá y se manifiesta en contra de que el Gobierno "financie con dinero público un panfleto" que va contra los intereses aragoneses. "No estamos en contra de Cataluña, es más lo que nos une que lo que nos separa, estamos en contra del devenir independentista catalán", añade.
Extracto de uno de los números de 'Temps de Franja'.

Respaldo a las lenguas minoritarias
La polémica revista volvió a repartirse en los centros escolares el pasado año. El Gobierno de Aragón lo hizo público en una nota en su boletín oficial en mayo de 2016 en el que confirmaba que "39 centros educativos de la zona oriental de Aragón (Primaria, Secundaria, escuela de idiomas y centros de adultos) en los que se imparte la asignatura de catalán recibirán la revista Temps de Franja que incluirá un suplemento escolar donde se plasmará la participación tanto del alumnado como del profesorado". Una iniciativa -mediante la que también se difundieron otras publicaciones aragonesas- que costó, según el Gobierno regional, 5.000 euros.

Fuentes de la Dirección General de Política Lingüística de Aragón consultadas por este diario explican que la revista se distribuye como parte de su programa de respaldo a las lenguas minoritarias de Aragón, y que a los centros escolares solo llegan aquellos números que van acompañados del suplemento Temps d'Escola, dirigido especialmente a la infancia. Sobre los contenidos de corte independentista, afirman que siempre revisan las publicaciones que se difunden en los centros escolares y no habían detectado contenidos inapropiados en los números difundidos.

La última subvención que recibió la revista fue el pasado mes de diciembre, cuando la Associació Cultural del Matarranya -una de las asociaciones editoras pertenecientes a la Iniciativa Cultural de la Franja- concurrió a una convocatoria de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para iniciativas culturales en materia lingüística. La asociación recibió entonces 2000 euros para continuar editando la publicación.

Desde la PANHC se pide el cese de las subvenciones y, sobre todo, del reparto a los colegios. Su presidente, Luis Miguel López, denuncia que la revista difunda contenidos independentistas anexionándose territorios aragoneses en lo que denominan "Països Catalans" y lamenta "la catalanización que el Gobierno de Lambán está haciendo de la Comunidad".

Ideas difundidas
«Futuro inviable con España». Aseguran que el futuro con España es «inviable» y que las comarcas aragonesas se verán «arrastradas» si Cataluña no se independiza.
«La Gran Cataluña». Describen cómo es «La Gran Cataluña», incluyendo las tierras «atribuidas injustamente a las provicias aragonesas».
«Virtuosa de la democracia». Califican a Carme Forcadell de «virtuosa de la democracia» por poner «en jaque a la España posfranquista».


 


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