AGLI Recortes de Prensa   Martes 4 Julio 2017

Quinientas mil razones para defender el español
EDITORIAL Libertad Digital 4 Julio 2017

Organizaciones cívicas lanzan una campaña en pro de una iniciativa legislativa que tenga por fin la garantización del derecho constitucional a estudiar en español.

España es un país donde la mera utilización de la única lengua común de todos los españoles puede acarrear a quien lo haga graves problemas y perjuicios, fruto de la proscripción intolerable de que es objeto en las comunidades que disponen de otra lengua propia. De ello son testigos las principales asociaciones cívicas en defensa de la libertad de la elección de lengua, que acaban de poner en marcha una campaña destinada a llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa que tenga por fin la garantización del derecho constitucional a estudiar en español.

El objetivo principal de esta iniciativa es que en toda España haya itinerarios que permitan estudiar todas las asignaturas en español. Resulta delirante que haya regiones donde no se pueda estudiar en español. Además de una aberración pedagógica, representa por encima de todo una flagrante vulneración de los derechos individuales y un claro atentado a la Constitución. Porque no es el castellano el perseguido, sino el ciudadano que quiere utilizarlo con normalidad en territorios dominados por el nacionalismo.

Se ha confundido el legítimo derecho al uso de las lenguas regionales con la vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes. Lo advirtieron hace casi cuatro décadas los firmantes del Manifiesto de los 2.300, cuando denunciaron los desmanes de unos nacionalistas que en cuanto tuvieron ocasión trataron al castellano como denunciaban que se comportaba el franquismo con las lenguas minoritarias.

Treinta y seis años después de aquella denuncia cívica –con altísimo coste personal para algunos de sus artífices–, la situación dista de haber mejorado. Al contrario: los males entonces denunciados se han agravado y extendido, como ponen de relieve los numerosos casos de discriminación y las normativas autonómicas que erradican el idioma común de los centros de enseñanza, de la Administración y de los medios públicos de comunicación.

Las asociaciones cívicas promotoras de esta iniciativa legislativa necesitan obtener 500.000 firmas para llevar al Parlamento su propuesta. Por los españoles que sufren esta discriminación, por el futuro de los niños castellanohablantes en regiones nacionalistas y para avergonzar públicamente al Gobierno y a los partidos que toleran o promueven esta infamia, es de desear que las consigan a la mayor brevedad.

No se dejen engañar.
Nota del Editor 4 Julio 2017

Vayamos al grano. La aceptación de la obligatoriedad de estudiar como asignatura cualquier lengua regional es un disparate, es anticonstitucional por mucho que
el TC retuerza la CE y a estas alturas es inadmisible. Lo que hay que conseguir es la derogación de todas las leyes de lenguas regionales, causantes
de la destrucción de España.

Podemos y Groucho Marx
Alfonso Merlos Okdiario 4 Julio 2017

La coherencia y credibilidad de Pablo Iglesias y de no pocos cachorros podemitas en la reivindicación de los derechos de los homosexuales es similar a la que podríamos otorgar a Madame Pompadour dando lecciones de castidad, o a Al Capone impartiendo una conferencia sobre integridad y ética, o al propio Juan Carlos Monedero disertando sobre obligaciones y solidaridad tributaria. Tras el decorado de cartón piedra en el que el líder supremo del partido morado ha intentado okupar un lugar preeminente hace unas horas —en la caravana arcoiris del World Pride— late una sideral hipocresía, una actitud de burla insolente a los ciudadanos, sostenida e impune, al menos hasta hoy.

En efecto, difícilmente puede predicar la igualdad en los derechos ciudadanos —sea cual sea la orientación sexual de éstos— aquel al que le han llegado incesantes flujos monetarios desde un régimen oscuro y matón que no sólo cuelga en grúas a los gays: los persigue, los amenaza, los tortura hasta darles el sangriento escarmiento de la muerte transformada en un espectáculo público para regocijo de descerebrados varios y fundamentalistas de turbante. Pero así se las gasta Podemos. Un partido esencialmente marxista, no tanto por beber en las fuentes ideológicas de aquel filósofo y economista prusiano que escribió ‘El Capital’ —al que muchos de sus supporters probablemente no han leído en su vida— sino más bien por seguir al pie de la letra aquella antológica frase de película de Groucho Marx: “Éstos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. Y en ésas estamos.

A pesar de la reciente irrupción en la vida pública de esta formación que con excesiva frecuencia se arroga el monopolio de la regeneración, se ha convertido ya en tradición que una y otra vez sus dirigentes pastoreen a la sociedad y dirijan a la opinión pública desde una falsificada superioridad moral, regañando a quienes no comulgan con sus valores… precisamente cuando son ellos mismos los primeros en esconderlos o pisarlos, a su interés y conveniencia. Pero no sólo eso produce escándalo. A pesar de su estancamiento —cuando no de su desgaste en los sondeos de intención de voto– es alarmante que una parte del pueblo —aún millones de españoles— se ponga de perfil mirando para otro lado ante comportamientos tan contradictorios, tan incongruentes, tan insultantes, tan hirientes y, en ocasiones, de pura chacota. O que los silencien, o —peor aún— que los justifiquen de forma irracional, con argumentos torpes y romos.

Es triste que aquellos jóvenes que pusieron sus ingenuas esperanzas en Podemos pensando que, al contrario que los viejos actores de la Transición, no iban a “pontificar A” para terminar “haciendo B” estén, a las primeras de cambio, siendo engañados y estafados, sin ningún miramiento, con explicaciones pueriles y romas. El tiempo dirá si se caen del caballo y dejan tirado a Pablo y a quienes con él han instituido la verdadera cátedra del fariseísmo y de la impostura.

La España perdida
Guillermo Dupuy Libertad Digital 4 Julio 2017

Lo que está en juego no es la creación de una republica independiente sino la recuperación de esa parte de España al seno de nuestro Estado de derecho

Se ha dicho con razón que, a día de hoy, la ilegal consulta de 1 de octubre tiene más visos de no celebrarse por las dudas y falta de entusiasmo que suscita entre los propios partidarios del mal llamado derecho a decir que por el efecto disuasorio que haya podido causar en ellos las medidas que el Gobierno de Rajoy piensa tomar para impedirla, y de las que todavía no ha informado.

Buena y nueva muestra de ello nos la acaban de procurar tanto las declaraciones de este lunes de Puigdemont, en las que se mantiene firme en perpetrar el delito, cuanto menos, de desobediencia que conlleva la consulta, como las de su consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, en las que revela la división en el seno del Ejecutivo autonómico en rebeldía por las dudas que genera este nuevo desafío al Estado de Derecho por el hecho de que vaya a carecer, lógicamente, de cualquier reconocimiento jurídico.

Respecto a las declaraciones del primero, no es de extrañar que Puigdemont muestre su determinación a la hora de volver a saltarse la ley a la torera o que adelante que no aceptará ser inhabilitado por el Tribunal Constitucional: la pena de inhabilitación, a diferencia del artículo 155 de la Constitución, no es una medida aplicable para impedir la comisión de un delito sino para castigarlo, y hasta la fecha la única inhabilitación que se ha dictado ha sido la de alguien como Artur Mas, previamente inhabilitado políticamente por sus socios de gobierno, y al que se absolvió bochornosamente de las penas de prevaricación y malversación de fondos públicos. Ante una injusta sentencia como la del 9-N, que ni castiga ni disuade, no es de extrañar que Puigdemont saque pecho; más aun cuando el golpista ha suscrito el compromiso de hacer caso omiso al ordenamiento jurídico español, "especialmente las resoluciones del Tribunal Constitucional".

En cuanto a las declaraciones del Jordi Baiget, que tan cándido e injustificado entusiasmo han suscitado entre la prensa madrileña, debe quedar claro que el consejero catalán no pone en duda que se vaya a perpetrar otro 9-N, sino que el 1 de octubre vaya a ser cosa distinta que aquel ilegal "proceso participativo" del 2014 que "careció de censo y de validez jurídica". "Lo único que hará que el 1 de octubre no sea un 9-N", afirma Baiget, "es que, en vez de dos millones, vayan cuatro millones a votar".

Es evidente, en cualquier caso, que la llamada Ley de Referéndum que este martes hará pública Puigdemont no es otra cosa que parte de los preparativos del delito que los golpistas que rigen la Generalidad pretenden perpetrar en octubre: un nuevo y gravísimo delito de desobediencia y malversación de fondos públicos, con absoluta independencia de que se le llame "referéndum", "consulta" o "proceso participativo", o que sea perpetrado con o sin censo, con urnas de cartón o de metacrilato, con mucho o –como es más probable– escaso respaldo ciudadano. Porque lo que está en juego no es el reconocimiento en Cataluña de una república independiente sino la devolución de esa parte de España al seno de nuestro Estado de Derecho.

De Ortega Lara a Miguel Angel Blanco, venganza y traición
Veinte años después, ETA triunfará en su chantaje con los presos
Isabel San Sebastián. ABC. Periodista Digital 4 Julio 2017

UN tres de julio como hoy, hace veinte años, «Txapote» urdía el modo de vengar la humillante derrota infligida a ETA por la Guardia Civil con la liberación de José Antonio Ortega Lara.

Los terroristas habían exigido el acercamiento de los presos a cambio de la vida del funcionario secuestrado, pero la jugada se les había vuelto en contra gracias a la firmeza del Ejecutivo y a la brillante actuación de la Benemérita, ayudada por el soplo de un confidente debidamente incentivado con cargo a los fondos reservados, que exactamente para eso están.

En su primera entrevista con el ministro Mayor Oreja, Ortega Lara le expresó su convicción de que el Gobierno había obrado correctamente al no negociar con asesinos. Hoy sigue diciendo lo mismo, aunque la clase política nos haya dejado solos a quienes pensamos así.

«Txapote» optó por vengar la frustración de la serpiente sacrificando a un joven concejal popular, Miguel Ángel Blanco, a quien reservó una muerte especialmente horrible tras setenta y dos horas de calvario: dos tiros en la nuca con un arma de pequeño calibre a fin de prolongar su agonía.

Porque oficialmente la banda había exigido nuevamente que sus presos fuesen acercados a cárceles del País Vasco, pero en la práctica no había forma de salvar a Miguel Ángel. Se trataba de un asesinato a cámara lenta, perpetrado con alevosía. Quienes conocíamos el fondo oscuro de ese entramado criminal sabíamos que de nada servirían las súplicas y manifestaciones masivas. Blanco estaba sentenciado de antemano. ETA consumaba su venganza.

Tan atroz fue aquella ejecución anunciada que, por vez primera en treinta años, España entera dijo ¡basta! y se atrevió a plantar cara. Aparecieron millones de manos blancas y otras tantas voces airadas.

Las covachas donde abrevan los sicarios de terror tuvieron que cerrar sus puertas ante el miedo a ser asaltadas por gentes hartas de impunidad. Hasta el PNV, experto en recoger nueces del árbol agitado por ETA, se vio obligado a alinearse en el bando de la indignación, si bien lo hizo con la boca chica.

En la manifestación de Bilbao, mientras sujetaba la pancarta al lado de Carlos Iturgaiz, Javier Arzallus le decía: «Ahora estamos todos juntos en la cresta de la ola, pero en cuanto la ola baje cada cual volverá a su posición». Se equivocaba. Lo que pasó fue que todos se acabaron yendo a la posición de los nacionalistas, donde permanecen hoy.

Corría el año de 1997. Durante algún tiempo aún, el que mantuvo a José María Aznar en La Moncloa, ETA sufrió una persecución implacable que la llevó a una situación muy cercana al k.o. Entonces sobrevino el 11-M, José Luis Rodríguez Zapatero se proclamó vencedor de las elecciones celebradas el 15 y empezó la cuenta atrás del proceso de claudicación mal llamado «de paz».

El PP resistió hasta 2008, cuando alguien convenció a Rajoy de que esa oposición al «proceso» le había costado votos. De modo que la gaviota viró hacia «el diálogo», se subsumió en el «proceso» y, tras la victoria del 2011, aceptó llevar a cabo lo pactado por ZP. Bolinaga, torturador de Ortega Lara, obtuvo dos años de libertad regalada. Parot y demás ralea salieron en desbandada.

Txapote acaba de gozar de un generoso permiso para visitar a su padre enfermo. Y en breve esa exigencia histórica, el acercamiento de los presos, empezará a ser satisfecha, tal como contempla un apartado «discreto» del acuerdo de Presupuestos suscrito con el PNV (acaso sin conocimiento de Zoido). Veinte años después, ETA triunfará en su chantaje.

La farsa
Fernando Paz. Gaceta.es 4 Julio 2017

Si hay pocas cosas en España que no constituyan una farsa, desde luego la historia no es una de ellas. Especialmente en lo que hace a los periodos más recientes, adulterados hasta el abuso. Y la celebración del cuadragésimo aniversario de las elecciones de 1977 ha sido ocasión para su enésima mistificación interpretativa.

La farsa data de antiguo, promovida por unas instituciones interesadas en ignorar el azul mahón del camisero tardofranquista, pecado original de la gesta heroica de la transición. Una farsa que se soporta, año tras año, cada vez peor.

Pero la farsa, claro, no sería tal sin el ditirambo comunista -incesante martilleo de estos días- del Carrillo mártir democrático. Un mártir que renunció a sus sueños –según quiere el discurso oficial- sacrificados a la convivencia de los españoles; un Carrillo, hombre cabal y sensato, júzguese como se quiera su pasado –inevitable pináculo de la lisonja-.

La verdad es que Carrillo no quiso esa transición, que aceptó a regañadientes porque no tenía otro remedio. La verdad es que su proyecto era el de la huelga general a la muerte de Franco, pero viendo que el horno no estaba para bollos -la masiva participación popular en el referéndum de 1976- se la envainó; solo entonces se agostaron sus sueños subversivos y solo entonces, implacablemente realista, se abrazó a la rojigualda y al Borbón (hasta entonces “una marioneta incapaz de ninguna dignidad”) al que había amenazado muy poco oblicuamente, vía Oriana Fallaci -¡a finales de 1975!- con que “incluso le pueden matar”.

Porque la izquierda abominaba de la idea misma de transición -su proyecto repugnaba el acuerdo que esta exigía-; la transición estaba concebida “de la ley a la ley”, y el verdadero temor izquierdista no era que el aparato franquista no la hiciese, sino justo lo contrario: que la hiciese. Lo que les espantaba era que trajesen la democracia los Suárez, Rosón y Martín Villa –y no digamos los Areilza o los Fraga-, y no las masas populares con instintos revolucionarios que ellos aspiraban a dirigir, masas existentes solo en imaginarios atiborrados de exilio.

Imposibilitada de protagonizarla, durante décadas la izquierda reivindicó la transición como cosa propia, tratando de capitalizarla; resaltando el carácter popular del proceso, los protagonistas políticos se habrían limitado a ejecutar una serie de maniobras más o menos encaminadas a dar satisfacción a las demandas populares. Esto, claro, encaja en el esquema de todos los socialismos, pero lo hace mal con la realidad. Que es lo que pasa cuando se ignora la interpretación de la historia como una lucha entre élites.

Se pongan como quieran, la transición fue por obra y gracia de un monarca elegido por Franco, jurado ante Dios y las Cortes de España para cumplir los Principios Fundamentales del Movimiento. Un monarca que eligió sus presidentes y sus gobiernos, que cumplió los acuerdos concertados con los inspiradores foráneos del proceso, y que ejecutó su misión con una cierta pericia.

Después llegó la resignación de poder –“yo creí que esto iba a ser como lo de Franco, pero conmigo”- que le condujo a su papel de monarca constitucional; es el rey de la sala de juntas de Guernica, soportando el chaparrón del eusko gudariak, de un dontancredismo que la prensa quiso dignísimo pero que a mí siempre me pareció tirando a ovino, como haciendo virtud de la necesidad.

Eran las vísperas del 23-F, alfombra roja sobre la que el PSOE regresó al proscenio de la historia, y que inauguró lo que -según feliz ocurrencia de Kiko Méndez-Monasterio- podríamos llamar la era paquidérmica, la que se extiende entre dos elefantes, el blanco del 23-F y el de Botswana, donde empieza y donde termina el juancarlismo. Pero esa es ya otra historia.

En términos políticos, de la transición apenas queda sino la farsa en que la han convertido los hijos de quienes la hicieron –algo avergonzados, con probables motivos-, y los hijos de aquellos que nunca quisieron que se hiciera –creídos en que un mañana que les pertenece va a autorizar su reasignación histórica-.

En términos más populares, recordar la transición será evocar las imágenes en tonos chillones de Francisco Umbral, Miguel Bosé, Lalo Azcona y Mercedes Milá, cuando aún se decía “televisión en color”; será evocar los pezones y culos de los setenta, la pipa de Balbín, el “así gana el madrí” y las noches con García, el simpático e impostor “viejo profesor”, los trovadores comunistas con los niños de intercambio en Massachusetts, el cine de Garci, las noches de sábado con Bárbara Rey -las nuestras en la pantalla, se entiende- los trajes de pana de Felipe, las aristas afiladas del rostro abulense de Suárez y los tirantes patrioteros de Fraga.

Muchos de los protagonistas han desaparecido incluso físicamente, y desde hace un par de años no queda ningún diputado de aquellas primeras cortes de 1977. Otros, aún alientan en las sombras, pero apenas son ya algo más que su propia caricatura.

’62 ZONAS DE ALTA PELIGROSIDAD’
Suecia se rinde ante la sharia y le cede Estocolmo
La Gaceta  4 Julio 2017

El número de áreas denominadas “zonas de alta peligrosidad” por la aplicación de la sharia en Estocolmo ascendió a 62 en el primer semestre de 2017 respecto a las 55 censadas en diciembre de 2016.

Sólo es cuestión de tiempo. Según un informe del gobierno sueco, que recoge el diario Sharq al-Awsat, el número de áreas denominadas “zonas de alta peligrosidad” por la aplicación de la sharia en Estocolmo, ascendió a 62 en el primer semestre de 2017 respecto a las 55 censadas en diciembre de 2016.

Tal y como ha recogido Infobae, el jefe de la policía de Estocolmo, Lars Alversjo, ha declarado que “hay niveles de violencia como nunca se han visto en el país y hay varias zonas de Estocolmo que están quedando fuera de la esfera del Estado”.

También ha explicado que “el sistema jurídico, pilar en toda sociedad democrática, está colapsando en Suecia”. Asimismo, dicho informe muestra que el aumento no sólo incluye el número en cantidad, sino también el tamaño geográfico de dichas áreas.

Por su parte, el Servicio de Seguridad Sueco (Säkerhetspolisen) ha advertido que en el país se están infiltrando “cientos de islámicos que comparten la ideología del Estado Islámico, y en muchos lugares los funcionarios públicos solicitan escolta policial o protección para desplazarse a sus oficinas”.

Además, el servicio de seguridad ha denunciado que “unas 15.042 mujeres suecas han sufrido ataques sexuales durante el último año en zonas de la capital” donde la sharia es la única ley válida.

‘Es el final de la Suecia organizada’
Según recoge el citado diario, el experto en investigación sobre países desestabilizados y ganador en 2011 de la Orden de la Medalla de los Serafines de Suecia, Johan Patrick Engellau, ha escrito una carta a la Comisión de Seguridad Migratoria de la Unión Europea para advertir sobre la gravedad de la situación.

“Me temo que es el final de la Suecia organizada, decente e igualitaria que hemos conocido hasta ahora. Personalmente, no me sorprendería si se produjera un conflicto en forma de guerra civil. En algunos lugares del país, la guerra civil probablemente ya ha comenzado, aunque la coalición de gobierno no parece haberse enterado”, ha defendido Engellau.

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Agrupémonos todos en la lucha final sin saber hacia dónde vamos
Ernesto Ladrón de Guevara latribunadelpaisvasco 4 Julio 2017

La España de Goya recuerda demasiado a la actual

¿Y se alcen los pueblos con valor por “la Internacional”?, ¿Pero esta gente sabe algo de lo que dice?

El lema y el mensaje únicos de Pedro y Pablo son “acabemos con Rajoy, echemos al PP del poder” y devolvamos el poder al pueblo. En definitiva, tenemos un panorama parecido al de los años 30 del siglo XX pero en un contexto que en poco se le parece. El objetivo que se nos anuncia es el de bloquear al partido de Rajoy en su labor de gobierno, y agrupar todo tipo de siglas y proyectos sin fundamento y de lo más dispar para dar un vuelco a la situación, pero sin ninguna idea sólida ni ningún proyecto que se pueda calificar como viable y de solidez. Nada que tenga algún parecido con políticas constructivas.

La política con mayúsculas significa la unión patriótica de los ciudadanos para sacar al país adelante y atajar los principales problemas sistémicos que lo impiden avanzar. Es un planteamiento cívico, no ideológico sino idealista. Pero en España tenemos la lacra del paradigma contrario. Se hacen los etiquetados, la adscripción topológica de los espacios políticos, sin que aún sepamos a ciencia cierta lo que es izquierda o derecha desde el plano de la organización social, económica y política de la vida pública, en un entorno globalizado y con una construcción europea cuyo fin y objeto principal es que no se repitan los errores del siglo XX.

Si las referencias de la izquierda son Mao Tse Tung, Stalin, el régimen de Corea del Norte, el sistema político criminal de Maduro en Venezuela, o el régimen de los Castros en Cuba, con todos los padecimientos y desgracias producidos a la humanidad allí donde han acontecido, y los millones de asesinatos para asegurar el poder a sus respectivos dictadores, no parece que sea la forma más democrática de regir el mundo.

Si el plan es liquidar políticamente a los vencedores en las urnas y sustituirlos por una amalgama de fracasados electoralmente, no parece que sea el camino para una socialdemocracia, palabra compuesta por dos semantemas: el término socialización y el de democratización que de vez en cuando se convierten en antinómicos; y si no miren hacia Pedro Sánchez por si tuvieran dudas.

Si el camino para ello es asociarse con grupos políticos cuyo fin y objeto es destrozar territorialmente España, llevarla a un sistema feudal y tener como compañeros de viaje a quienes han propugnado vías conniventes con el terror (ETA y Terra lliure), o con los “camisas pardas” que agreden a los jóvenes de Sociedad Civil Catalana, a los que no son independentistas en la Universidad Autónoma de Barcelona, no parece que sea un camino demasiado limpio desde el punto de vista democrático ni desde el plano ético. Y nos recuerda demasiado a lo descrito por Manuel Álvarez y Roberto Villa en “1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”.

En lugar de hacer políticas constructivas, buscar caminos de entendimiento para lograr pactos que permitan una gobernabilidad, y el abordaje a los principales problemas que afectan a nuestra convivencia, se ha instalado el concepto de asalto al poder, sin el más mínimo respeto a las urnas, cuyo concepto básico es dejar al más votado que gobierne; o, en su caso, cambiar el sistema electoral para convertirlo en un sistema mayoritario que es lo que define primordialmente a los regímenes democráticos.

Hemos celebrado el cuarenta aniversario del régimen democrático-constitucional del 78. Podemos y demás ralea de izquierda marxista han despreciado de forma indignante el esfuerzo que hicimos gentes de todo signo para superar el largo periodo dictatorial y acercarnos lo más posible, sin volver a las andadas del enfrentamiento civil, a un sistema multipartidista –que no partitocrático- en una perspectiva de pluralismo social y político, y con unas reglas de juego que puedan ser revisadas desde un plano constructivo y cívico. Exijo a las nuevas generaciones respeto a aquel esfuerzo de democratización, y revisión de las normas de comportamiento colectivo que nos dimos con sufrimiento y riesgo tomando como punto de partida aquel ejemplar momento de nuestra historia, sin saltos al vacío ni funambulismos en la cuerda floja. Al menos que nos dejen vivir la vejez en paz ya que no pudimos disfrutar de una juventud tranquila. Un poco de respeto, por favor.

En consecuencia, la previsible unión para derribar al gobierno del Partido Popular se parece demasiado a un “quítate tu para ponerme yo”, pero por procedimientos ilegítimos.

Lo más representativo del cuadro político que describo fue el debate de la moción de censura de Podemos y sus adheridos y acólitos, como Bildu, o el clan de Tardá, con un discurso vacío de ideas, ayuno de proyectos e indefendible desde la perspectiva de un Estado con una deuda insostenible, con una crisis sistémica de la que no hemos salido precisamente por ser estructural –nos mienten pues este respiro que tenemos es coyuntural pero insostenible en el tiempo-, y con un Estado de las Autonomías que ya no sabemos si es autonómico, federal o confederal; sin respetar el mandato constitucional y vaciando de contenido los preceptos de la Carta Magna. Si la solución a los problemas es la unión de los especímenes que hablaron en la tribuna, que provocan el sonrojo en ciudadanos que tengan algún atisbo de sensatez, rebajando el listón de la política a niveles rayanos con la vulgaridad, la irracionalidad y el absurdo, pido a Dios que preserve a Rajoy por muchos años, pese a que no le voto ni pienso votarle. Es simplemente penoso.

Siempre que hay una crisis que arrasa la clase media y la proletariza deviene una marea totalitaria que empieza pareciendo blanda y acaba por ser dura, si se le deja alcanzar el poder. Se olvida, demasiadas veces, la importancia primigenia de la libertad y de los fundamentos de la democracia representativa, y se esbozan estrategias de “asalto al cielo” tan bien acuñada por Iglesias con su expresión de tintes revolucionarios.

Y esas tendencias autodestructivas siempre llegan de la mano de populismos cuyo sentido semántico tiene más que ver con la palabra “popularismos”, es decir una mezcla de demagogia e inconsistencia intelectual, de verborrea y estímulo a las tendencias más primarias del ser humano. El paradigma es aquella frase de Pablo Iglesias en Puerta del Sol, en Madrid, en los días previos de su moción de censura, diciendo que “Este País es mejor que su Parlamento”, como si el Parlamento surgiera del frío, como el título de la novela de John Le Carré, y no de las urnas, y por tanto como si no fuera representativo de la voluntad electoral. Es como si solamente reconociera legitimidad a su grupo de diputados en el Congreso y el resto hubiera llegado de un planeta lejano en una nave interestelar.

El problema no es que haya estos movimientos popularistas, sino que un sector de la ciudadanía tenga tan poca capacidad de análisis y actúe en torno a las cosas de comer de ombligo para abajo y no haciendo uso de la zona prefrotal del cerebro.

Me remito a las pruebas: vean la gestión en Valencia con los podemitas de Compromís y su imposición del catalán, miren hacia las tierras de Sancho III el Mayor, en estas vísperas de los Sanfermines, analicen los comportamientos de los amigos de los podemitas, los de Bildu-Sortu, tan proetarras ellos, observen la negativa del PNV y –sorpréndase sin que se les hiele el corazón- del PSE (PSOE) a homenajear y colocar un monolito en recuerdo a Miguel Angel Blanco en Bilbao, añadan a este cóctel unas gotas de independentismo del alcalde socialista de Blanes (Cataluña) y encontrarán las respuestas.

Y la respuesta es… “Virgencita, virgencita, déjame como estoy”, por favor.

Ortega Lara y Monedero
Pablo Planas Libertad Digital 4 Julio 2017

El inadaptado Pablo Rivadulla, alias Pablo Hasél, ha celebrado el vigésimo aniversario de la liberación de Ortega Lara con el siguiente mensaje en la twittercloaca:

Pablo Hasel @PabloHasel
Muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara y sin haber sido carceleros torturadores.

Rivadulla es un rapero apologeta del terrorismo con cincuenta mil seguidores en las fosas sépticas de las redes sociales que saltó a la fama porque ese gran amigo de las artes y la porra bolivariana apellidado Monedero le distinguió como uno de sus cantantes preferidos.

José Antonio Ortega Lara permaneció secuestrado por la banda terrorista ETA durante 532 días y noches en un cubículo de tres metros de largo, dos y medio de ancho y un metro ochenta de alto. Diecisiete meses sin ver a su familia, diecisiete meses sin vislumbrar el sol, diecisiete meses sin estirar las piernas, diecisiete meses encerrado en un zulo minúsculo comiendo mierda y contando los segundos en el corredor de la muerte del grupo criminal nacionalista vasco cuyas atrocidades fructificaron y se perpetúan en la escuela del terrorismo islámico.

La fotografía de Ortega Lara tras ser liberado por la Guardia Civil de aquella tortura es igual que la de los supervivientes de los campos de exterminio nazis, una prueba gráfica de la existencia del Mal complementada por el relato del criminal Bolinaga, esbirro etarra que se negó a informar a la Guardia Civil de dónde estaba el funcionario de prisiones a fin de matarlo de hambre. A ese engendro que custodiaba a Ortega Lara, un Gobierno del PP le puso en libertad en 2012 porque padecía cáncer. Falleció dos años y medio después.

El 1 de julio de 1997, agentes de la Guardia Civil liberaban a Ortega Lara. El 13 de ese mismo mes, los terroristas replicaban con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, un hombre de 29 años que era concejal del PP en Ermua y quien dos días antes había sido secuestrado cuando se dirigía a su trabajo gracias a la inestimable ayuda, información y colaboración de un edil batasuno compañero de plenos de la víctima.

Cuando ocurrió todo aquello, Rivadulla tenía once años, Monedero ya era un adulto y Pablo Iglesias casi, circunstancia que debería activar la memoria reciente de una sociedad que sufrió en sus carnes unas barbaridades cuya glosa se interpreta como conquistas de la libertad de expresión. En España, las fuerzas de seguridad y las víctimas del terrorismo derrotaron al terrorismo. Por contra, el relato nacionalista del terrorismo ha vencido a la verdad y a la historia. Es lo que ocurre cuando la izquierda considera a Ortega Lara un fantasma y al demediado de Rivadulla como un luchador de la libertad de expresión.

COMO DIA Y DECATHLON
Carrefour también se hace independentista: rotula en catalán e inglés y discrimina el castellano
OKDIARIO 4 Julio 2017

La cadena francesa de supermercados Carrefour discrimina el castellano en Cataluña en favor de otros idiomas. Y es que tras la remodelación de la céntrica tienda de las Ramblas, en Barcelona, la multinacional rotula sus carteles en catalán e incluso en inglés, pero decide no hacerlo en la lengua de Cervantes, hablada por la mayoría de la población.

Los hechos los denuncia el colectivo Dolça Catalunya, que lamenta la “hispanofobia” de la compañía que en España preside el francés Pascal Clouzard. Numerosos usuarios se han quejado por la discriminación del castellano y han asegurado que dejarán de comprar productos de Carrefour.

En las paredes del establecimiento, se puede ver cómo hay varios rótulos pero ninguno está en español. “Professional-professional” o “fixació-styling” son algunos de los ejemplos de carteles en catalán y en inglés.

También para informar del protocolo a la hora de pagar se olvida del castellano Carrefour. “Fila única, caixes ràpides, només cistelles / single queue, quick checkouts, baskets only”, recoge un rótulo que significa “fila única, cajas rápidas, sólo cestas”.

El caso es muy similar al de Decathlon, publicado por OKDIARIO. La firma francesa de material deportivo retiró el mes pasado una promoción publicitaria que se anunciaba en catalán, inglés e incluso francés, pero al igual que Carrefour, decidió no incluir la traducción al castellano.

Tras la denuncia de este periódico, los clientes lanzaron una campaña de boicot contra sus productos y la empresa se vio obligada a pedir disculpas y a proceder a la retirada de la promoción en cuestión. Sin embargo, y a pesar de la indignación, Decathlon justificó su actuación: “El castellano no es obligatorio en Cataluña”.

En esa línea, hace justo un año, también la cadena de supermercados DIA fue noticia al conocerse que informaba de su horario en catalán e inglés, pero no lo hacía tampoco en castellano. A raíz de conocerse la información, la multinacional recibió duras críticas por las redes sociales y muchos clientes pidieron no comprar en sus establecimientos.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Aragón dará carnés y ayudas a quienes se impliquen en la difusión de la fabla aragonesa
El objetivo es "tejer una red de colaboradores" para promocionar la lengua en lugares públicos como piscinas o bares y también en empresas.
Álvaro Sierra El Espanol  4 Julio 2017

El Gobierno de Aragón que preside el socialista Javier Lambán está decidido a promocionar la expansión de las "lenguas propias" en la región. Tras el fomento de la fabla o el aragonés y del catalán como lenguas vehiculares en los centros públicos, la aprobación de subvenciones para su difusión y la creación de la Academia Aragonesa de la Lengua, nace ahora un carnet de fidelización de la lengua aragonesa.

Según fuentes del Departamento de Educación, del que depende la política lingüística, la creación de este carnet servirá "para tejer una red de colaboradores comprometidos con la lengua aragonesa". Estos fieles serán identificados con un carnet propio que los acredita como difusores del aragonés. Su misión será concienciar del uso del aragonés en espacios públicos, centros culturales, empresas e incluso bares.

"Los ayuntamientos o comarcas interesadas deberán definir sus espacios públicos -bibliotecas, centros de salud, piscinas, etc.- como zonas de uso prioritario del aragonés", según informan desde la Consejería.

Ventajas y subvenciones
Además de las instituciones, a esta campaña de promoción del aragonés que se ha bautizado como Agora x l’aragonés, también se pueden sumar empresas y comercios, que obtendrán una serie de ventajas y que podrán optar también a subvenciones a tal efecto. Los beneficiarios tendrán la obligación de señalizar mediante un distintivo oficial su implicación en la campaña.

Otra de las novedades del nuevo programa para captar fieles a la lengua aragonesa, será la posibilidad de realizar clases voluntarias de aragonés con los llamados "mentores".

Actualmente, según el primer censo realizado por el Seminario aragonés de sociolingüística -vinculado a la Universidad de Zaragoza-, hay 25.556 hablantes del aragonés por todo el territorio de Aragón. Sólo 17.009 aragoneses reconocen que saben escribir en la lengua aragonesa. En total, según los datos aportados, menos de un 2% de la población hablan aragonés, una lengua que, según reconoce la UNESCO, está en peligro de extinción.

La Oficina del aragonés
La apuesta por la promoción del aragonés y del catalán es un objetivo político del Gobierno de Aragón que emana del compromiso del Partido Socialista con las fuerzas de izquierdas -Podemos e Izquierda Unida- que sustentan su gobierno, pero también por la influencia de sus socios nacionalistas de Chunta Aragonesista.

Hace pocas semanas, desde el Gobierno municipal de Zaragoza liderado por Zaragoza en Común (Podemos e IU), se creó una Oficina del aragonés para difundir la lengua en la capital aragonesa. La Oficina municipal ha sido dotada con un presupuesto de 25.000 euros. En principio, según fuentes municipales, "se gastará en material publicitario y campañas internas del Ayuntamiento".

El recién creado organismo municipal tendrá la labor de profundizar en la enseñanza y el conocimiento popular del aragonés, los convenios con las escuelas propias para su aprendizaje, las políticas de protección e, incluso, la posibilidad de utilizarlo en ámbitos oficiales.

"Más de mil años de historia"
La creación de la Oficina fue a iniciativa de Chunta Aragonesista, y el Gobierno municipal de Podemos recogió la idea para promoverla. El concejal Rivarés (Zaragoza en Común) reivindicó el aragonés como una lengua con “más de mil años de historia” y “un tesoro” que se debe preservar en Zaragoza. Según ha podido saber este periódico, desde el Gobierno municipal se pretende rotular más de cien calles en aragonés antes del fin de la legislatura.

La política aragonesa nunca ha sido capaz de mantener un consenso sobre el modelo lingüístico de la comunidad. En estos momentos todavía sigue vigente la Ley de Lenguas aprobada por el anterior gobierno autonómico (PP-PAR). Sin embargo, el gobierno actual (PSOE-CHA) introdujo una argucia legal para reconocer como "lenguas propias" el aragonés y el catalán. Un Aragón trilingüe: castellano, aragonés y catalán.

Recientemente, el Gobierno aragonés creó la Academia Aragonesa de la Lengua. Un organismo para regular la utilización de las lenguas propias en la comunidad aragonesa. Mediante dicha academia, con una dotación presupuestaria de 15.000 euros al año, se pretende crear una estrategia para expandir el uso del aragonés y el catalán. De hecho, la expansión del catalán en tierras aragonesas fue motivo de debate recientemente entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, desde el Ejecutivo catalán se pidió que la lengua catalana se proteja de manera jurídica y se reconozca como cooficial en Aragón.
 


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