AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 5 Julio 2017

Cataluña, dos veces rota
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo  5 Julio 2017

Cuando el políticamente difunto Artur Mas emprendió la campaña de sedición y secesión, alta traición y prevaricación, malversación de fondos y demás delitos anejos al Golpe de Estado de la Generalidad, Aznar dijo una frase que nadie creyó: "Antes de romperse España, se romperá Cataluña". Rajoy podría haber retomado el argumento -que, sobre ingenioso, se ha revelado certero- para hacer algo al respecto, pero Don Rencoriano, antes de darle la razón al que todo se lo dio, prefiere echársela a los cuatro perros de Montoro que, según dice Martín Beaumont, le guardan la finca en Jaén.

Sin embargo, el vaticinio de Aznar se basaba en tres sencillos datos: el primero es la diferencia de poder entre un Estado multisecular y una institución que, legal y materialmente, depende de ese Estado; el segundo, el diferente tamaño del Todo, que es España, y la Parte, que es Cataluña; y el tercero y más importante: la división de la opinión pública de Cataluña sobre España es mucho mayor que la de España con respecto a Cataluña.

Aznar también le indicaba a Rajoy el camino a seguir: actuar sobre esa fractura de Cataluña y apoyar a la parte de la sociedad catalana que no comulga con las ruedas de molino del separatismo, y que, pese a toda la violencia simbólica y real que padece, se niega a romper su participación en la común empresa española. Es un milagro, por la escasa oposición posible a la tiranía político-mediática, pero es.

A partir de esa Cataluña partida, la España inteligente, cuya lerda casta política está también partiéndose, aunque a espaldas de una opinión pública hartísima de la insultante fanfarria separatista, podría restaurar los consensos nacionales básicos. No constitucionales, porque cabe urdir una Constitución como proponen los socialistas: afirmando y negando a la vez la soberanía nacional, que reside en todo el pueblo español y es fuente de legitimidad de toda legalidad. Ese engendro declararía a las leyes a la vez legítimas e ilegítimas, proyecto muy natural en el golpismo-leninismo de Podemos pero estúpido y suicida en el PSOE. Si ese partido aún existe.

¿Y el PP y su Gobierno? ¿Existen? No lo parece. Rajoy sigue financiando a la Cataluña golpista, no a la leal, y, de paso, ha roto a Ciudadanos, que duda si jugar o no a la reforma constitucional. Sería jugar a la ruleta rusa.

La miseria de la política
Amando de Miguel Libertad Digital  5 Julio 2017

"De la política nadie espera nada, porque la política, suprema conciencia colectiva nacional, se reduce aquí al arte de la producción, reparto y consumo del presupuesto". La frase es de Miguel de Unamuno, publicada en 1898. Se podría suscribir hoy mismo. Es la mejor demostración de que en España no pasa el tiempo. La notoria diferencia es que el Presupuesto del Estado en 1898 era una bagatela y hoy resulta muy sustancioso. Pero subsiste la idea de que los gobernantes se dedican primordialmente a distribuir el dinero que penosamente ha extraído el Fisco del bolsillo de los contribuyentes. Falta en la política nacional (y no digamos en la llamada autonómica) grandes proyectos de transformación. Todo lo más se arguye que los Gobiernos están para crear puestos de trabajo, como si eso fuera su función. Incluso se han arrumbado algunas de las grandes obras del pasado inmediato, como los trasvases de cuencas o las centrales nucleares. Por lo visto se consideran fascistas.

Un gran proyecto sería hoy el compromiso de que, en el plazo de unos pocos lustros, surgieran en la enseñanza superior de España unos cuantos premios Nobel científicos. (No valen los premios de Literatura o de la Paz, que se conceden por razones ideológicas). Para ello habría que empezar por la renovación a fondo de la enseñanza primaria, pero andamos muy lejos de tal empeño. Al menos hay que confiar en que, dentro de poco, empezarán a sobresalir en la enseñanza superior los estudiantes que son hijos de inmigrantes extranjeros, especialmente los chinos. Es algo que ha ocurrido en otras sociedades occidentales. No se colige que España vaya a ser una excepción.

Lo malo de la política actual es lo mucho que se parece a la antigua. Destaca el "fulanismo", que dijo también el bilbaíno de Salamanca. Es decir, el exceso de razones particulares en el funcionamiento de los partidos políticos. Lo peor del fulanismo es que ahora se une a la corrupción. Nadie discute que la gran mayoría de los políticos son personas honradas, movidas por su vocación de servicio a la colectividad. Pero muchos ascienden por su apego al enriquecimiento personal a través de los contactos que permite la vida pública. Por desgracia, ese mismo valor es el que domina en las recientes promociones de egresados universitarios.

En la política, como en todo, imperan las modas, lo que se lleva, normalmente como un proceso mimético de lo que sucede en los Estados Unidos y que se percibe a través de las películas y la tele. No hay más que ver el entusiasmo con el que los partidos españoles han acogido ciertas novedades procedentes de los Estados Unidos. Por ejemplo, las llamadas primarias, que aquí se hacen sin el mínimo requisito de un registro público de los votantes. En cuyo caso no son más que una farsa democrática en aras del control oligárquico de las formaciones políticas.

El mimetismo se logra igualmente con las llamadas comisiones de investigación del Congreso y el Senado. Las hemos visto en las películas norteamericanas y nos impresionan. Pero aquí son otra cosa. Los miembros de las comisiones parlamentarias españolas ejercen más bien como fiscales o incluso jueces.Sus intervenciones parecen proclamas de los mítines, son realmente alegatos doctrinarios. La función latente de tales comisiones es que sus miembros logren más nombradía a través de la televisión. Naturalmente, no investigan nada, aunque solo sea porque carecen de medios para ello. Una comedia así se mantiene porque se crea la ilusión de que así somos una verdadera democracia. Es algo parecido a lo que ocurre con las primarias.

También hemos visto en las películas o en la tele cómo son las conferencias de prensa de los altos cargos. En este caso el mimetismo es perfecto. Solo que en España los periodistas no tienen el derecho a repreguntar, por lo que el alto cargo delante del atril se limita a salir por los cerros de Úbeda. Es decir, la pregunta queda sin respuesta cuando el alto cargo considera que no vale la pena contestarla. El colmo de la farsa es el de seguir hablando de conferencias de prensa cuando no se da pie a ningún tipo de preguntas. En ese caso resulta un misterio por qué los periodistas aguantan tal desprecio. No se recuerda que hayan plantado nunca a un político que utiliza el formato de la conferencia de prensa para hacer declaraciones más o menos propagandísticas.

Nos alojamos en el mundo de la imagen. Otra moda importada de los Estados Unidos es el formato de los mítines o asambleas de los partidos, sobre todo en los actos electorales. El político se sitúa frente a un atril o podio, pero no presidiendo la ceremonia, sino haciendo ver que detrás de él se sitúa una escogida muestra de participantes, normalmente jóvenes. Incluso se llega al mimetismo de que aparezca algún negro. De esa forma el espectador de la tele percibe siempre la imagen del orador apoyada por las caras entusiasmadas de los que se sientan a su espalda. Los cuales aparecen muy contentos porque así salen en la tele. Nadie ha podido averiguar cómo se seleccionan esos privilegiados. ¿Recibirán algún tipo de retribución? ¿Pagarán algo ellos por el privilegio?

Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

¿A quién pretende asustar Puigdemont?
Pablo Molina Libertad Digital  5 Julio 2017

Los nacionalistas catalanes amenazan por enésima vez con irse de España. Y además dando un portazo, en plan amante despechada que ha agotado todas las posibilidades de entendimiento con su pareja de siempre. No es ninguna novedad. Hace treinta años, el patriarca del separatismo ya anunciaba de vez en cuando que la secesión era su objetivo final. Era cuando Ansón lo proclamaba Español del Año, aunque hay que admitir que en aquellas fechas aún no se sabía que era un chori que había puesto a su familia a robar como una máquina perfectamente engrasada. Casi cuatro décadas después, el victimismo nacionalista, su propensión al desfalco y la ruina económica de la Generalidad han agudizado la necesidad de una justificación histórica que haga borrón y cuenta nueva de los problemas con la Justicia de su clase dirigente y repare el tremendo socavón de las finanzas del Gobierno regional.

Ya han anunciado una ley que pretende amparar legalmente el simulacro de referéndum previsto para primeros de octubre, a ver si antes de esa fecha el Gobierno de España se aviene a negociar. Si no es así se marcharán, convencidos de que sería una tragedia que el resto de los españoles no podríamos soportar.

Pues bien, se equivocan. A muchos nos encantaría ver hasta dónde son capaces de llegar con esa amenaza infantil que, en realidad, solo pone en riesgo su propia supervivencia como cleptocracia administrativa coaligada con partidos de la izquierda radical. Son como esos niños manipuladores que se autolesionan para que los papás les concedan un capricho, pero empleando gran cuidado en el proceso para no hacerse daño de verdad.

Lo pedagógico en estos casos es ver hasta dónde llegan en su locura y aplicar la ley con la debida contundencia, sin someterse a esa variante idiota de chantaje emocional. El problema es que los papás de la criatura, víctimas de un absurdo complejo de inferioridad, están dispuestos a seguirla malcriando a costa de los demás. Así pues, una vez más, cuarenta años después de que empezaran a robar y a insultarnos, vayan preparando las carteras, porque Rajoy y Pedro Sánchez van a acordar este jueves una oferta que, para nuestra desgracia común como españoles, los nacionalistas no podrán rechazar.

Cataluña y Europa
Enrique Arias Vega La voz libre  5 Julio 2017

Periodista y economista

El Estado español ya ha fracasado en Cataluña. Sólo así se explica que donde había un tres o un cuatro por ciento de independentistas hace treinta años, la cifra se aproxime ahora al cuarenta por ciento.

Por eso, resulta irrelevante que el referéndum ilegal de autodeterminación se celebrase el día 1 de Octubre o más tarde. O que, más probablemente, fuese sustituido por una confrontadora Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Lo sintomático y lo grave es que ha crecido exponencialmente un sentimiento de desafección hacia la comunidad española y los sentimientos, ya se sabe, no pueden reprimirse.

Por eso, digo, todos hemos fracasado en Cataluña: los que no se sienten a gusto con las instituciones actuales y los que creemos que nunca en la Historia se han tenido tantos derechos individuales y colectivos como ahora.

Lo cierto es que el Estado español actual poco o nada puede hacer para revertir las cosas. No puede otorgar muchas más competencias a la administración catalana porque, a estas alturas, a los sediciosos siempre les parecerían insuficientes, a la vez que enfadarían a otros territorios que se sentirían (ya se sienten) marginados respecto a los nacionalistas. Un planteamiento federal, incluso, sería considerado un retroceso por unos separatistas que no creen en una federación de iguales sino en su propia diferenciación y su independencia.

Se entiende, pues, mi creencia de que ante una probable DIU el Estado español, con o sin Rajoy al frente, se encontrase con las manos atadas, en un contexto muy diferente a aquel otro en el que distintos Gobiernos de la República usaron la persuasión y la fuerza para abortar el sedicente Estado Catalán de Macià y de Companys.

La única institución con capacidad persuasoria para evitar la independencia es, si quisiera hacerlo, la Unión Europea (UE). Si ésta se diese cuenta, como ya teme, de que el troceamiento de España iniciaría la desmembración de Europa y que tras Cataluña y otras regiones españolas quedarían engullidas en el vértigo independentista la Padania italiana, Flandes, Córcega, etc., etc., podría legítimamente hacer una declaración institucional reconociendo que cualquier territorio que se separe de un Estado miembro de la UE quedaría automáticamente excluido de ésta y que su situación aislada dentro de Europa no sería mejor que la de Kosovo.

No digo que con esto cambiase el panorama político catalán, no; sólo creo que los independentistas tendrían entonces todos los datos encima de la mesa y que su decisión sería mucho más meditada y más consecuente. Nada más.

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¿A qué espera Rajoy para sacar tarjeta amarilla?
El rugido del león El Espanol  5 Julio 2017

La preocupación más que comprensible de la sociedad española y catalana ante la escalada de presión del bloque independentista se ve agravada por la intranquilidad que genera la inacción del Gobierno ante el desafío. Este martes, los principales representantes de la Generalitat, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza, han dado a conocer formalmente ante un millar de personas en el Teatre Nacional de Catalunya la denominada ley del referéndum, que pretende legitimar la consulta anunciada para el 1 de octubre invocando su “inalienable” derecho a la autodeterminación.

El argumento no puede ser más falaz, ya que éste derecho, reconocido por la ONU en la década de los 60, vino a amparar a los países colonizados y no ha sido aplicado en Estados democráticos modernos. Pero ésta sería sólo la primera de las falacias sobre las que los independentistas tratan de legitimar su pulso al Estado.

Las trampas del proceso
Aunque no se puede obviar su vocación propagandística, la presentación de esta normativa, que declara al Parlament soberano para convocar un referéndum vinculante, no puede considerarse sólo como un ejercicio más de publicidad secesionista.

Estamos ante el exposición oficial de la ley diseñada por la autoridades catalanas y sus aliados de la CUP para activar la secesión sin cobertura legal, sin un censo electoral claro, sin la tutela de la Junta Electoral Central, y sin mayores garantías que el compromiso de neutralidad de los promotores de la ruptura.

La presentación pública de esta ley antecedería -según el plan previsto por Puigdemont- a su ratificación por la mayoría independentista en el Parlament. Es el colofón a una crisis de Govern en la que el presidente de la Generalitat ha dejado claro, con la destitución del consejero Jordi Baiget, que no permitirá la disidencia ni siquiera en las propias filas. Además, sus promotores han advertido de que tras la victoria del Sí declararán unilateralmente la independencia a las 48 horas, con la intención inequívoca de chantajear políticamente a los ciudadanos para embarcarlos en una ilegalidad y que legitimen con su voto -aunque sea para votar en contra- un proceso ilegal.

Un paso insuficiente
El Gobierno se limita a asegurar que el referéndum no se va a celebrar, pero la única medida fáctica que ha tomado es enviar una carta a 993 ayuntamientos catalanes para recordarles la obligación de “respetar la legalidad constitucional y estatutaria”. Se trata de un paso necesario pero a estas alturas insuficiente.

Ha llegado el momento de que el Gobierno actúe con toda la fuerza de la ley y de un modo proprocional a la gravedad del desafío. El Código Penal, que establece -artículos 544 y siguientes- penas de prisión para quienes “se alcen pública y tumultuariamente contra la aplicación de la Ley” y para quienes "provoquen, conspiren y propongan la sedición", encajaría muy probablemente en la deriva que ha tomado el procés. Es verdad que el acto de este martes carece de “efectividad jurídica". Peor no es menos cierto que ya hemos visto cómo multitudes independentistas organizadas acompañaban a altos cargos investigados a la puerta misma del TSJ catalán con el ánimo de amedrentar a los fiscales.

En cualquier caso, si la aplicación de la vía penal es interpretable, no hay ninguna razón para que Mariano Rajoy no saque una tarjeta amarilla política a Puigdemont mediante la aplicación, en su primera fase, del artículo 155 de la Constitución.

El 155 de la Constitución
El 155 faculta al Ejecutivo a “previo requerimiento al presidente de la Comunidad”, adoptar “las medidas medidas necesarias para obligar el cumplimiento forzoso” de la legalidad, incluida la suspensión del autogobierno. Los motivos que justifican la aplicación de este artículo son el incumplimiento “de las obligaciones de la Constitución” y actuar “de forma que atente gravemente contra el interés general”.

Aunque pueden existir dudas sobre si Puigdemont y sus aliados secesionistas han quebrantado de manera efectiva la Carta Magna, de lo que no cabe ninguna duda es de que sí han atropellado y atropellan insistentemente el interés general. La presentación de la ley del Referéndum, a la que seguirá en breve la de transitoriedad, constituye un esperpento cuya naturaleza histriónica no puede hacernos olvidar su parte más monstruosa y perversa.

Los separatistas no dudan
EDITORIAL Libertad Digital  5 Julio 2017

Es evidente la pretensión de los sediciosos de 'socializar el delito' e implicar al mayor número de personas en unos hechos con indudable trascendencia penal

Ya podrá Rajoy asegurar que impedirá la ilegal consulta separatista del 1 de octubre con la misma rotundidad con que garantizó que la del 9-N no se iba a celebrar. Ya podrá Pedro Sánchez poner en duda que los golpistas vayan a consumar este nuevo desafío al Estado de Derecho. Ya podrá el exconsejero catalán Francesc Homs estar "hasta los huevos" por la fulminante destitución del consejero Jordi Baiget a causa de unas declaraciones en las que se limitaba a cuestionar no tanto la celebración de la consulta como su carácter vinculante y su reconocimiento jurídico. Lo cierto es que Junts pel Sí y la CUP han puesto este martes determinación y letra a su nuevo desafío al ordenamiento jurídico presentando en el Parlamento autonómico la llamada Ley del Referéndum, con la que pretenden convocar esa nueva votación ilegal para que los catalanes decidan si quieren que Cataluña se convierta en un Estado independiente.

A ellos se han sumado tres diputados de Podemos y uno de EUiA, mientras que el resto de los diputados de Catalunya Sí que es Pot rechazaban, junto a los de Ciudadanos, PSC y PP, participar en este acto que los secesionistas han querido solemnizar asegurando: "[Es] la ley más importante que se tramitará en esta sede democrática".

Aunque ya se conocían algunos detalles de los preparativos del delito al que los secesionistas pretenden otorgar rango de ley suprema, llama la atención la pretensión de que las mesas electorales se formen, como en una convocatoria legal, por sorteo entre las personas que formen el censo, los residentes en Cataluña con derecho a voto. Más llamativo todavía, a la par que delictivo, es la pretensión de que los miembros de las mesas electorales elegidos por sorteo acudan a la misma de manera "obligatoria". También es reseñable la creación de un censo, que difícilmente "elaborará el Govern" sin violar también la Ley de Protección de Datos; o la creación de una "sindicatura electoral" formada por "juristas", con las funciones habituales de la Junta Electoral Central, pero con la diferencia de que sus miembros los elegirá el Parlamento autonómico "por mayoría absoluta"; es decir, bastarán los votos de Junts pel Sí y la CUP para designarlos.

Es evidente la pretensión de los sediciosos de otorgar a este cúmulo de delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos la apariencia de un referéndum legal con carácter vinculante. Tan evidente como la de socializar el delito e implicar al mayor número de personas en unos hechos con indudable trascendencia penal. Sin embargo, ello sólo es posible gracias a la cobarde e irresponsable dejación de funciones del Gobierno de Rajoy y de la clase política supuestamente constitucionalista, que, antes de suspender la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución, permiten a sus sediciosos gobernantes atentar gravemente contra el interés de España y de la propia Cataluña desde las instituciones del Estado.

Precisamente para evitar que personas con mando en plaza pudieran implicar a sus subordinados y a los ciudadanos en sus pretensiones de atentar contra el Estado de Derecho es por lo que se concibió el artículo 155 de marras.

Es cierto que los tribunales siempre podrán a posteriori acotar las responsabilidades y castigar exclusivamente a los cabecillas; pero castigar no es impedir la comisión de un delito; delito extraordinariamente grave que no dejará de serlo por muy chapucera que pueda ser su ejecución. Eso, por no hablar del escaso castigo que supuso absolver a los culpables del 9-N de los delitos de prevaricación, usurpación de funciones y malversación, tal y como bochornosamente ocurrió con aquel simulacro de juicio.

Ojalá el Gobierno se atreva, en cualquier caso, a restablecer el orden constitucional en Cataluña antes del 1 de octubre. A día de hoy, los separatistas ya han explicado muy detalladamente cómo piensan volver a vulnerar el ordenamiento jurídico sin que el Gobierno de la Nación se haya atrevido a explicar cómo piensa impedirlo. Como para que el Rey y, con él, todos los españoles no estén preocupados.

La República Bolivariana de Cataluña
Editorial www.vozpopuli.com  5 Julio 2017

Se ha insistido mucho en que la manipulación nacionalista, regada con abundante dinero público, es lo que hoy amenaza la unidad de España. Pero no habríamos llegado hasta aquí si una parte relevante de la sociedad catalana no hubiera sucumbido al narcisismo.

“En las humanidades, la desmoralización ha llegado al punto de una percepción general de que el estudio humanista no tiene nada que contribuir a la comprensión del mundo moderno. Los filósofos ya no explican la naturaleza de las cosas ni pretenden decirnos cómo vivir. Los estudiantes de literatura tratan el texto no como una representación del mundo real sino como un reflejo del estado interior del espíritu del artista. Los historiadores admiten un sentido de la irrelevancia de la historia […] y de la desolación de la nueva era en la que estamos entrando".

Estas palabras de Christopher Lasch anticipaban hace casi 40 años la inexorable ruptura con la racionalidad, que era el signo distintivo de la modernidad, y el advenimiento de un mundo postmoderno donde el narcisismo y la exaltación del Yo animaría a las personas a sumarse a los más absurdas y descabelladas iniciativas con tal de realizarse. Sin embargo, como el propio Lasch advertía, la supresión de la lógica y la racionalidad, de cualquier anclaje con la realidad histórica, sólo serviría para dibujar un horizonte en el que todos lucharían contra todos en pos de autorrealizaciones distintas, a cada cual más estrafalaria.

Esta parece ser la dinámica en la que el secesionismo catalán, de la mano de su oligarquía política, pretende sumir a toda Cataluña con la promesa de proporcionar al común una nueva identidad nacional a la medida de ese Yo narcisista que, ajeno a la realidad histórica y las leyes, llevará primero a los catalanes y después a todos los españoles al empobrecimiento, la frustración y, finalmente, la pérdida de libertad. Todo en nombre de un brumoso “derecho a decidir” que en realidad consiste en que unos pocos muy bien organizados, y mejor financiados, decidan en nombre de todos.

Así, no puede sorprendernos que ahora, tal y como desvelaba el diario El País, la Generalitat de Cataluña se decante, en el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica (LTJ), por un proceso “participativo de base ciudadana” para redactar y aprobar la Constitución de la República catalana; esto es, un proceso asambleario de corte netamente bolivariano, donde los intereses de unos, los delirios de otros y los súper egos de todos, impondrán al resto, secesionistas o no, una constitución llena de deseos, redactada como una interminable carta a los Reyes Magos, en la que constantes apelaciones a la democracia enmascararán su futilidad y, sobre todo, su carácter totalitario.

De hecho, ya la propia ley transitoria –secreta, por demás– se constituye en proto-constitución, y por tanto en inapelable “norma suprema”, hasta que los soviets ciudadanos confeccionen la nueva Constitución. Unos soviets en los que, claro está, sólo tendrán voz los secesionistas, puesto que los no secesionistas no van a participar en la confección de un Constitución a la que se oponen.

Curiosamente, eso sí, en la nueva ley de ruptura ha sido eliminado uno de los puntos más beligerantes de la anterior disposición final segunda sobre su entrada en vigor, donde se establecía que “Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento”. Y hay quien apunta que lo que se pretende con esta modificación es evitar la colisión.

Sin embargo, esta supresión del mecanismo automático que garantice sí o sí la escisión de Cataluña, lo que proporciona es una mayor discrecionalidad a los secesionistas, que ahora podrán decidir sobre la marcha qué estrategia adoptar frente a las iniciativas legales del gobierno central. Y así, jugando al gato y al ratón, manteniendo el pulso con el Estado hasta donde sea preciso, alcanzar la independencia sin correr riesgo alguno y, en su defecto, obtener un nuevo estatus que les libere de toda supervisión del gobierno central. Lo cual para unos supondría la anhelada impunidad frente a los tribunales españoles (PDeCat) y para otros (ERC) vía libre para imponer en Cataluña un régimen socialista de corte bolivariano.

Así, mezclando intereses particulares con ensoñaciones generales, mentiras históricas y deseos de autorrealización, el nacionalismo muestra una naturaleza bipolar. Porque, aunque se ha insistido mucho en que la manipulación nacionalista, regada con abundante dinero público, es lo que hoy amenaza la unidad de España, y también la renuncia del Estado, no habríamos llegado hasta aquí si una parte relevante de la sociedad catalana no hubiera sucumbido al narcisismo.

Ya en los 70 Tom Wolfe señaló que el nuevo narcisismo era como un "tercer gran despertar", un estallido de religiosidad orgiástica y extática. Sin embargo, para Lasch, Wolfe se equivocaba en lo religioso. El clima contemporáneo no es religioso sino terapéutico. Y el nacionalismo constituye una de la más socorridas y peligrosas terapias. Porque, cuando la realidad se impone, y los delirios de autorrealización se desvanecen, llega la frustración y, después, la inevitable dictadura. Y mucho nos tememos que esa, y no otra, sería la última parada de una hipotética República Bolivariana de Cataluña.

Un golpe que aviva el riesgo de fractura social en Cataluña
EDITORIAL El Mundo 5 Julio 2017

El desafio independentista en Cataluña continúa agudizándose y no es extraño, por tanto, que el Rey se encuentre "preocupado", tal como ayer admitió Pedro Sánchez tras su entrevista con Felipe VI. Con la pomposidad que acostumbran, las fuerzas soberanistas catalanas presentaron la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, que aglutina la arquitectura jurídica con la que piensan habilitar la convocatoria de una consulta secesionista que, de facto, liquidaría la soberanía nacional. "No hay ningún poder que pueda frenar el voto", aseguró ayer amenazante Carles Puigdemont. Su apuesta por la unilateralidad, además de vulnerar la legislación, situaría en una tesitura muy grave a la ciudadanía catalana.

Y ésta es, precisamente, una de las consecuencias más lacerantes del proceso soberanista. La sociedad catalana sufre desde 2012, cuando Artur Mas decidió abrazar la hoja de ruta separatista, los efectos de la polarización política que provoca la decisión de forzar la ruptura de Cataluña con el resto de España desde el desprecio a las leyes. Ahora, después de la presentación del proyecto que pretende encauzar el referéndum del 1 de octubre, lo que han logrado las fuerzas secesionistas es avivar el riesgo de fractura social, de consecuencias imprevisibles. Resulta políticamente irresponsable y éticamente inaceptable que Puigdemont, condicionado por una fuerza antisistema como la CUP, sitúe en el disparadero al conjunto de los ciudadanos catalanes, a los que se quiere obligar a elegir entre Cataluña o España, como si ambas opciones no encontraran un encaje en el ordenamiento legal desde hace cuatro décadas.

Pero el coste social, aun siendo quizá la más grave, no es la única consecuencia nociva del denominado 'procés'. Jurídicamente, el proyecto soberanista sigue sustentado en una norma destinada a quebrar el marco constitucional en Cataluña y que pivota sobre el derecho de autodeterminación, que la ONU solo reserva para las colonias, y Cataluña, obviamente, no lo es.

Según Junts pel Sí y la CUP, la ley del referénfum es una norma "suprema" para un "régimen excepcional" y una consulta "vinculante, oficial y amparada por una ley". En teoría, estos elementos son los que diferenciarían el referéndum del 1-O de la pantomima del 9-N. La realidad es que cualquier eventual consulta independentista constituye un golpe encubierto con el que se pretende trocear la soberanía nacional. El referéndum, por tanto, no cabe en la legislación actual. Pero es que, además, la normativa urdida por los independentistas no presenta las mínimas garantías democráticas:contempla que la participación en las mesas electorales del 1-O sea «obligatoria» y, aunque el sí se imponga solo con mayoría simple, prevé declarar la independencia de forma inmediata y sin fijar un mínimo de participación. Si gana el no, Puigdemont convocará elecciones autonómicas.

El acto de Junts pel Sí y la CUP fue un mero anuncio político, formulado por la mañana en una sala anexa en el Parlament y por la tarde en un evento retransmitido por TV3 y al que asistieron Puigdemont y Junqueras. Pero, en cuanto esta amenaza tenga concreción jurídica, el Estado debe recurrir a todos los instrumentos legales a su alcance para frenar los planes del Govern. Es evidente, tras la purga del conseller que se atrevió a dudar de la validez de la consulta, que Puigdemont y sus aliados han decidido meter el acelerador para forzar el choque con el Estado. La única respuesta posible sigue radicando en la ley, lo que incluye el recurso al Ejército, tal como sugirióCospedal.

El Gobierno tiene la legítima fuerza para detener la arbitrariedad y la falacia contraria a Derecho con la que el separatismo lleva a Cataluña a un callejón sin salida. Lo fundamental, por tanto, es la capacidad de las fuerzas constitucionalistas para articular una reacción conjunta. Y, en este sentido, no deja de ser preocupante -tal como se comprobó ayer- que el respaldo del PSOE y de Pedro Sánchez al Gobierno sea cada vez más tibio y ambiguo.

¿Para esto queréis la independencia, president?
OKDIARIO 5 Julio 2017

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, señalaba con acierto el pasado 30 de junio que el Govern de Cataluña intenta “chantajear” a los medios con publicidad institucional. Un apunte más que pertinente sobre una realidad peligrosa, ya que dichos medios llegan casi a la connivencia con los golpistas que tratan de partir España en dos. Esta práctica carcome la credibilidad de muchas de las publicaciones catalanas y define perfectamente la catadura moral tanto de quien lo propone como de quien lo acepta. No obstante, cualquier perversión siempre puede ir un paso más allá. Es el caso de la exclusiva que les trae OKDIARIO, en ella les contamos cómo la Generalitat de Carles Puigdemont ha entregado más de medio millón de euros en subvenciones a Hermes Comunicacions. Este grupo editor no tendría más interés, amén de su marcado sesgo nacionalista, si no fuera porque entre sus medios de referencia está Catalonia Today. Un libelo independentista dirigido por la mujer del president, Marcela Topor.

¿Para eso quieren la independencia, señor Puigdemont? ¿Para poder disponer del dinero de todos los catalanes sin el más mínimo control? El caso de la empresa de su mujer, carente de responsabilidad, ética y escrúpulos, no es el único. En su intento de secuestrar la diversidad informativa de Cataluña, el líder de los golpistas y sus compinches han entregado más de 11 millones de euros en ayudas a grupos informativos afines a lo largo de 2016. Entre ellas, Ara.cat, CESICAT o FUNDACC. Ninguna de las empresas nombradas tienen el más mínimo problema a la hora de exhibir su ideología política. Propaganda pagada con dinero público en una comunidad autónoma donde no están, precisamente, para hacer dispendios con los recursos de los contribuyentes. Cataluña debe más de 77.000 millones de euros a las arcas públicas y en los dos próximos años tendrá que devolver 9.500 millones al Fondo de Liquidez Autonómico. Mientras tanto, y con los servicios elementales pendiendo de un hilo, siguen financiando en los medios —algunos de familiares, como en el caso de Puigdemont— su deriva a ninguna parte.

La ley suprema
Santiago González El Mundo 5 Julio 2017

Homs ha dicho que está "hasta los huevos", señal de que el desánimo está empezando a cundir hasta en los representantes más conspicuos de la Catalunya triomfant. No es que Quico esté entre los políticos más inteligentes que uno haya conocido, pero siempre hay margen para espabilar. La destitución del conseller Baiges, que es del PdeCat, como él, ha hecho subir las aguas por las piernas de Homs hasta rozar el paralelo 38: ¿Por qué si todos estamos en esto, solo nos condenan a nosotros? Es una buena pregunta. No es que él fuera muy listo, pero peor habría sido que no se diese cuenta.

Estar hasta los huevos es una tradición en los políticos catalanes. Recuerden a Estanislao Figueras, primer presidente de la I República, que dijo en 1873 a su Consejo de Ministros: "Señores, voy a serles franco: estoy hasta los cojones de todos nosotros", cogió un tren y se marchó a Francia. Lo de darse el bote también es muy catalán. Los consellers de Companys practicaron la suerte con gran virtuosismo en octubre de 1934.

Uno lleva con resignación lo del oficio, pero cuando mira a Puigdemont, ese colega, le invade un profundo pesimismo antropológico y corporativo, pese a Kapuscinski y hace suya la vieja máxima: "no le digas a mi madre que soy periodista. La pobre cree que toco el piano en un prostíbulo". A ver: que Pujol, el fundador, era un chorizo parece harto sabido, pero tonto no era. Luego vino Mas, que perdió en inteligencia y no ganó en honestidad. Tengo ya escrito que Ibarretxe, junto a Artur Mas, parecía Gladstone. Luego vino Puigdemont, fuera elitismos. Y caretas, que allí manda quien manda, o sea, la CUP.

Ayer presentaron el proyecto de ley del Referéndum, llamada a ser 'la ley suprema' cuando se apruebe en agosto. Dos notas exóticas: dice que los Ayuntamientos pondrán sus locales a disposición de la Generalidad, pero añade que si no quieren, el Govern buscará otros (art. 30.2). También dice que los cargos de presidente de mesa y vocales son obligatorios, pero no dice bajo pena de qué. (32.1).

La clave es la impunidad. El periodista Urrosolo alcanzó a oír una conversación entre dos empresarios nacionalistas en el vestuario del Club Deportivo de Bilbao durante el Plan Ibarretxe: "Va a ser un desastre", decía uno de ellos, modelo Baiges. "Además, no se va a poder hacer", a lo que el segundo replicó: "¿Y si se puede?"

Habría que enviar un ejemplar del Código Penal a cada cargo de esta Merma: alcaldes, concejales, directores de centros públicos, diputados, consejeros, etc. para que no vuelvan a fingir ignorancia, como en el 9-N. Lo que nos habríamos ahorrado si Zapatero no hubiera derogado el artículo 506bis que puso Aznar en el Código Penal, con penas de cárcel para los presidentes que convocaran referendos ilegales. O sea, Puigdemont. Luego llegó Rajoy con una mayoría absoluta holgada, pero no se atrevió a tipificarlo de nuevo. A ver qué hace cuando Puigdemont firme el decreto. Una mayoría de españoles y al menos la mitad de los catalanes, se preguntan lo del empresario vasco, pero sin entusiasmo: ¿Y si se puede?

Golpe a la democracia
Editorial La Razon  5 Julio 2017

Nadie, o pocos, imaginaban que el «proceso» independentista iba a acabar como sus líderes anunciaron ayer: declarando la «república catalana» –de salir el «sí», claro está– en apenas dos días de conocerse el resultado del referéndum. Es decir, el próximo 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, Cataluña sería independiente, de España y de Europa. Cuesta imaginar que los miles, millones, de bienintencionados ciudadanos que acudieron a las grandes manifestaciones y otras demostraciones patrióticas, los que pusieron cara a la llamada «revolución de la sonrisa», lo hacían para dar un golpe de mano a la democracia española y, de paso, derrocar la Monarquía parlamentaria. Sin duda, se trata de la revolución de la sonrisa. Desde que Mas decidió ponerse al frente de la manifestación, se suponía que para mejorar el sistema fiscal y otros aspectos sobre el reconocimiento simbólico y nacional catalán, se ha recorrido un camino en el que pronto se puso un único objetivo final guiados por la inapelable «voluntad del pueblo»: romper con el resto de España sin atender a datos tan básicos como que más de la mitad de la sociedad catalana estuviese en contra de esta ruptura o que se ocultasen detalles nada menores, como que, de producirse la secesión unilateral, supondría el abandono de la Unión Europea.

Sin embargo, al conocerse ayer los detalles de la llamada Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña es inevitable concluir que algo de pérdida del sentido de la realidad y de enajenación política convierte en insustancial lo anunciado. Fue otro acto de trascendencia histórica, como no, pero que no dejó de ser puramente formal: de momento, los partidos convocantes no han registrado ninguna proposición de ley en la Mesa del Parlament. De producirse este paso, será recurrido por el Gobierno y suspendido el referéndum y la norma que lo ampara. Hay motivos de sobra, empezando por el hecho de que la Constitución no contempla este tipo de plebiscito en el que se pregunta sobre la unidad territorial y la soberanía nacional. El derecho a la autodeterminación al que se acogen está fuera del derecho internacional, ya que las resoluciones de las Naciones Unidas se centran en la situación específica de los pueblos coloniales, formulada en 1960 (resolución 1514) y ampliada en 1970 a la situación del pueblo palestino y el «apartheid» en Suráfrica, casos que no se corresponden con la realidad de Cataluña, por más victimismo que pongan los independentistas. El artículo 4.4 del plan presentado ayer es un ejemplo de la falta de garantías en dicho comicios y su innegable deriva autoritaria. El fundamental es que no cumple las normas básicas de la Ley de Claridad canadiense, siempre tan invocada, o de las recomendaciones de la UE para el referéndum de Montenegro –otro espejo donde se miran los independentistas–: una participación mínima del 50% del electorado, así como el 55% de votos afirmativos de los emitidos. En el artículo mencionado se dice que «si el recuento de votos validamente emitidos da como resultado que hay más afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña», sin tener en cuenta la abstención. Recordemos que en la consulta del 9-N los favorables a la independencia sumaron el 80,76% de los votos, pero sólo correspondía al 1,8 millones de un censo de 5,5 (la edad de participación era a partir de los 16 años y no de los 18), lo que supone que sólo votaron a favor de la secesión el 32,7% del censo. En caso de ganar de nuevo el «sí», lo que entraría dentro de lo normal en un referéndum con estas condiciones, dice el mismo artículo 4.4 que el Parlament, «dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados», «celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña».

Insistimos, Cataluña está en estos momentos en manos de un Gobierno irresponsable y manejado por un grupo radical del que depende, la CUP: de los ocho representantes que presentaron la ley, cuatro eran de Junts pel Sí y cuatro de la CUP –un grupo con tan solo 10 diputados–, lo que simboliza el papel rector de los antisistema en esta etapa final del «proceso». Es evidente que el Govern está a la deriva, que se ha abierto una vía peligrosa que sólo perjudicará a Cataluña y que el Gobierno de España no tiene más opción que aplicar la Ley en defensa del Estado de Derecho, que, a la postre, es lo que realmente ha abierto una grieta en el bloque independentista. La única fórmula para que los catalanes decidan en las urnas y desbloqueen la actual situación política es convocando elecciones autonómicas. Con la legalidad en la mano.

El régimen separatista catalán sigue su camino disparatado
Melchor Miralles Republica 5 Julio 2017

El bloque soberanista, Junts pel Sí y la CUP, siguen a lo suyo. Hoy han presentado en el Parlamento catalán la ley del Referéndum, que es a la democracia lo que la música militar es a la música, y ni eso. No hay funcionarios suficientes y buscan voluntarios dispuestos a incumplir la ley, no hay urnas ni quien quiera hacerlas, no hay censo, pero tienen una constitución que para ellos quisieran los más conspicuos bolivarianos y han puesto fecha para proclamar la Cataluña independiente. Al loro. Será el mismo día del referéndum, al día siguiente o al otro. Todo muy concreto, muy democrático, muy transparente. El dislate continúa, y la burguesía y los pijoprogres catalanes en la Costa Brava o la Cerdaña de vacatas, o preparando las maletas, como si no fuera con ellos.

El dislate es formidable. Y queda claro que en su camino a ninguna parte no hacen prisioneros. No cabe la disidencia. En los regímenes dictatoriales no se puede discrepar. Estos independentistas catalanes no admiten ni el sentido común. Puigdemont laminó a Jordi Baiget, consejero de Empresa y Conocimiento, por la osadía de decir que tenía dudas sobre la posibilidad de poder celebrar el referéndum el 1 de octubre. O sea, que ya sabe el personal en Cataluña lo que hay. En posición de firmes todo el mundo, y el que se salga de la fila, liquidado. Y si pudieran les enviaban a Siberia.

Puigdemont tiene a varios consejeros de su Gobierno en el punto de mira. Baiget no es el único. El cese de Baiget es un aviso a navegantes, pero va a haber más según se acerque la fecha y el presidente siga actuando de este modo. Y siguen las broncas internas tanto en la CUP como en el PDeCat e incluso en ERC. Están todos a la greña. Y el que se mueve no sale en la foto.

Con la famosa Ley, que a día de hoy es sólo una filtración a El País y un anuncio de que llegará, aunque la tienen niquelada, se viola la seguridad jurídica y se sobrepasan todos los límites. No se establece un mínimo de participación en el referéndum para declarar la independencia, porque, dicen, no lo reclama así la jurisprudencia y, además, para ellos Cataluña es un sujeto político soberano. A ellos se la bufa situarse al margen de la legalidad, porque, como Harry el sucio, ellos son la ley.

En los cambios que van introduciendo sobre el primer borrador de su constitución catalana no aparece nada que modifique lo relacionado con el poder judicial, que pretenden que esté bajo control estricto del poder político. Quieren tener sometidos a los jueces y arrebatar al Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional los casos que instruyen e investigan actualmente. Las promesas que hacen de que van a despolitizar el poder judicial no son más que patrañas, porque el texto legal que se han trajinado es claro como el agua clara. Será el Gobierno en que ejerza el control sobre jueces y fiscales, como sucede en todos los regímenes dictatoriales que se precien.

Y así está el patio. Los independentistas no paran, y van a aprovechar las vacaciones a saco. Tienen su plan pergeñado. Al milímetro. Y el Gobierno sigue firme en sus declaraciones, escasas, y no deja de hablarse en los ministerios y en todos los cenáculos políticos del momento en que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que en contra de lo que dice la mayoría no suspende la autonomía, sino que pone la cosas en su sitio y garantiza el cumplimiento de la Constitución y el estatuto de Autonomía, o sea, de las leyes vigentes. Pero ya se sabe que desee González hasta Rajoy, pasando por Aznar y Zapatero, los Gobiernos de España no han dado una, han sido cómplices por inacción del disparate de hoy y cuando han llegado lo han hecho tarde. Pues eso.

Cataluña contra Cataluña
Xavier SalvadorCronica Global  5 Julio 2017

En un lugar en el que se repite hasta la saciedad un vocabulario cargado de identidad (policía estatal, Estado español, tribunales estatales... hasta selección estatal he escuchado en alguna ocasión a algún becario radiofónico hablando de la Roja) no es de extrañar que el victimismo invada todos los espacios de debate político y contamine hasta límites exagerados el lenguaje de una generación más joven.

Charlar en Cataluña con cualquier menor de 40 años es garantía de que, entrados en materia política, existirán referencias al enemigo imaginario español, incluso aunque se trate de un convencido partidario de la Constitución. Si a todo ello se añade la constante escenografía que la Generalitat alienta y promueve nadie se puede extrañar de que toda una generación educada en el lamento nacionalista vea a cualquier ser del otro lado del Ebro como alguien vinculado al imperialismo colonial, repleto de falsas explotaciones económicas, manipulaciones culturales o de cualquier signo.

Quienes presentaron ayer en dos actos teatrales la ley de un referéndum? que no se celebrará siguieron criminalizando al Estado y a sus representantes, apelando a todos los elementos románticos propios del imaginario nacionalista, insistiendo en la estructural idea de que Cataluña es diferente y tiene un problema con el resto de España. Se da por hecho que el conflicto es bilateral, como la relación administrativa que se persigue desde tiempos inmemoriales: situarse en pie de igualdad, Estado con Estado, una casta dominante frente a sus equivalentes mesetarios.

Sin embargo, en el fondo de ese razonamiento se orilla lo que en realidad sucede: una lucha de poder de Cataluña contra Cataluña. De unos ciudadanos que pretenden quebrar un statu quo existente con otros que tendrían suficiente con alguna consecución que mejore la vida colectiva; de unos grupos dispuestos a lo que resulte necesario para mostrar su supremacía política? y cultural con otros desmovilizados y más preocupados por su cotidianeidad que por afrontar cualquier otro reto; de unos catalanes más ocupados por la salud, la educación y el bienestar individual y colectivo frente a aquellos que prefieren mangonear y lucrarse con el control directo de esas áreas de la comunidad.

Ahí, y no en otro lugar, es donde habita la discusión política catalana. Una irreal confrontación entre quienes persiguen que se imponga una votación sobre sus intereses frente a aquellos que no paran de votar una y otra ocasión en las elecciones autonómicas sin que nadie se ocupe de sus problemas reales mientras sí lo hacen de la entelequia soberanista. Esas dos Cataluñas están a punto de helarnos el corazón, como decía el poeta. Esas dos fracciones que el independentismo niega son las que ahora, ante la presión de una de ellas, caracterizan a una única Cataluña como realidad política, social y cultural: la del país dividido que asiste a muchos actos de una misma representación teatral, un drama para ser exactos, para el que una mayoría de ciudadanos no ha sacado entrada ni tiene interés en la obra.

Ortega Lara: 3×2
El Aguijón Gaceta.es  5 Julio 2017

Imagina malvivir encerrado en un ataúd retenido por unos terroristas. Imagina lo que pasaría por tu mente durante ese interminable periodo de tiempo. Imagina qué futuro te puede esperar en esas circunstancias.

Ortega Lara pasó 532 días en un zulo. Su delito, ser funcionario de prisiones y consagrar su trabajo a la aplicación práctica del artículo 25.2 de la Constitución.
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Para ETA, un “carcelero”con una vida normal, un trabajo normal y un presente normal era el blanco perfecto.

Le tocó a él, podría haber sido otro funcionario cualquiera, el objetivo de ETA era claro, chantajear al Gobierno utilizando a un mileurista que ganó su puesto de trabajo en la administración en una oposición.

Ortega sufrió en vida lo que un ser humano no puede aguantar. Fue rescatado en un oscuro agujero de 3x2x1,80 metros. Con 23 kilos menos y un aspecto demacrado, el funcionario se negó a salir cuando fue encontrado por la Guardia Civil. Su único objetivo en el momento de la liberación era la muerte, la única salida digna a aquel infierno que estaba padeciendo.

En la España del Siglo XXI, 20 años después, hemos pasado del respeto hacia el secuestrado y sus liberadores a un incipiente movimiento de comprensión y de miserable admiración hacia los verdugos etarras.

La nueva (vieja) extrema izquierda, representada por sus bufones de las redes sociales, considera a ETA como un movimiento político romántico que reunía argumentos suficientes para atentar contra el estado fascista español. Poco importan las consecuencias indirectas, víctimas inocentes, muertes de niños, familias destrozadas…

Mientras los ideólogos de la progresía patria exigen la excarcelación de asesinos y torturadores terroristas, se humilla a diario a las víctimas y a sus familiares.

Ortega Lara sufrirá el encierro el resto de sus días, ojalá sus secuestradores lo paguen, en esta vida o en otra.

Nace ‘Hablamos Español’
Así se está organizando la sociedad civil contra la discriminación del idioma español
Rafael Núñez Huesca Gaceta.es  5 Julio 2017

‘Hablamos Español’ nace en un momento en el que la discriminación hacia la lengua común se recrudece en casi todas las comunidades bilingües. Educación, toponimia, cultura, documentación oficial; son numerosos los ámbitos donde la plataforma dará la batalla. Buscan 500.000 firmas para que se les escuche en el Congreso.

‘Hablamos Español’ nace con un fin muy concreto: garantizar el derecho de los hispanohablantes de todo el país. Algo que en apariencia debería ser normal, “resulta imposible”, dicen sus promotores, en algunas autonomías.

Después del verano promoverán una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) en el Congreso. Deberán reunir al menos medio millón de firmas para que sea debatida en Las Cortes.

Denuncian que “en Cataluña ya no se puede estudiar ninguna asignatura en español. En el País Vasco se entorpece la elección de la línea en nuestra lengua, en Baleares, Galicia, o Comunidad Valenciana, se aprueban normas que la eliminan de asignaturas clave, disfrazando esta imposición bajo nombres como “trilingüismo” o “plurilingüismo” y, en Navarra se sustituye de forma progresiva la educación en español por la enseñanza en euskera’’.

La nueva plataforma está integrada por diferentes asociaciones autonómicas: la gallega ‘Galicia Bilingüe’, la catalana ‘Asociación por la Tolerancia’, la balear ‘Fundación Nacional Círculo Balear’, la navarra ‘Padres de Escuelas Infantiles de Pamplona’, el miembro del ‘Foro de Ermua’ Ernesto Ladrón de Guevara y diferentes asociaciones valencianas nacidas al albur de la nueva política lingüística proyectada en la Comunidad Valenciana.

Y es en esta última comunidad autónoma, explica la plataforma, “donde se ha empeorado de forma más notable”.
Marisol Legaz, responsable de la valenciana ‘No al decretazo, Sí a la elección’, explica a La Gaceta que el conseller valenciano de Educación, el nacionalista Vicent Marzà, “busca la sustitución lingüística”. Denuncia “fines políticos” en el cambio noramtivo que se está llevando a cabo y explica que su hijo de cinco años, el año que viene “no tendrá ni cinco minutos en castellano”. El mayor, caso de prosperar la nueva ley (está en los tribunales), no tendrá mejor suerte: “escuchará español en las clases de castellano y de matemáticas, una asignatura sin peso lingüístico. Mis hijos no van a aprender el lenguaje culto en español”.

Gloria Lago, veterana luchadora por la libertad de lengua
La presidenta de ‘Galicia Bilingüe’, Gloria Lago, es una de las principales promotoras del proyecto. Lago y su asociación lograron frenar la política lingüística del bipartito gallego (PSOE-BNG), aunque según ella misma reconoce a La Gaceta, su mayor éxito fue “romper el tabú” de la imposición del gallego, un asunto del que nadie se atrevía a hablar.

Su militancia le ha traído satisfacciones, pero también sinsabores. Pudo estar en el Parlamento gallego. El PP le ofreció un puesto de salida por Pontevedra. Y renunció: “No quise perder mi libertad”. Lago ha sufrido y sufre coacciones, insultos y amenazas. Pintaron su instituto, rompieron en varias ocasiones su coche. La policía le quiso asignar una escolta, y aunque ella la rechazó, sí estuvo sometida a una labor de contravigilancia. Tal era el riesgo que sufrió.

Lo cierto es que Gloria Lago, Licenciada en Filología Germánica y políglota (español, gallego, alemán, inglés y frances) no tenía ninguna necesidad de emprender una batalla por la libertad lingüística. Lo hizo movida por un “espíritu de justicia”. Es profesora de instituto y ha vivido en primera persona la evolución del sistema educativo hacia el monolingüismo. En las aulas y en el claustro. “En mi instituto antes tenía compañeros de Zamora o Zaragoza, algo que enriquecía la convivencia, las relaciones personales y hasta el sistema pedagógico; eso hace tiempo que dejó de ocurrir”.

Y detrás de todo, “el nacionalismo”
No tiene problemas en reconocer que gran parte del profesorado y del sistema educativo en su tierra está cooptado por el nacionalismo gallego: “el adoctrinamiento nacionalista es la norma”. Por eso su lucha, que ahora da el salto al ámbito nacional, no es sólo por la libertad de elección de lengua o el bilingüismo en la administración, también busca frenar el adoctrinamiento nacionalista en la enseñanza.

En ‘Hablamos Español’ se presentan al margen de cualquier partido político y “desencantados con los que en su día se comprometieron en la defensa del idioma común y luego han abandonado la reivindicación”. Un dardo dirigido al Partido Popular, que abanderó el bilingüismo en Galicia hasta que se hizo con la Xunta, y también a Ciudadanos, “que ha abdicado de sus postulados por la libertad de elección que tanto éxito les dieron en Cataluña”.

Objetivo: medio millón de firmas en 9 meses
Es por eso que, desencantados, buscan ahora que “el derecho a usar y ser educado en español quede al margen del mercadeo político, que se conciencien de ello todos los partidos, los de derecha y también los de izquierda, que se han echado en brazos del nacionalismo olvidando que los niños de familias de las clases más desfavorecidas económicamente, a quienes ellos dicen defender, son los más perjudicados por estas políticas’’.

Para acabar con las diferencias territoriales y defender el derecho al uso del castellano, el grupo ha elaborado una propuesta de ley “que garantice nuestros derechos lingüísticos, respetando los de los hablantes de las lenguas cooficiales”.

Llevarán la propuesta, como se ha dicho, a Las Cortes, en forma de Iniciativa Legislativa Popular. Desde el momento de su presentación tendrán nueve meses para reunir al menos 500.000 firmas.
Algunas de las reclamaciones por las que peleará ‘Hablamos Español’

• “Queremos que haya líneas para poder estudiar todas las asignaturas en español en toda España, también en las comunidades autónomas con otra lengua, aprendiendo la lengua cooficial como asignatura”, explican.

• “Queremos ver nuestro idioma en hospitales, en documentos oficiales, en campañas sanitarias, formularios, impresos, en las indicaciones de edificios públicos, en los boletines de notas, en las señales de tráfico, y en la información turística”.

• “Queremos que la atención al ciudadano en las comunidades con dos lenguas sea bilingüe. Esto no implicará que todos los empleados públicos deban conocer la lengua cooficial con el castellano en el territorio, sino que bastará con que la administración en su conjunto organice sus recursos humanos para satisfacer tales derechos, como se hace en otros países”.

• “Queremos que las ayudas a jóvenes creadores en las comunidades bilingües sean concedidas también a los escritores y creadores que usan el español, y que la cultura en español deje de estar excluida de la vida oficial”.

• “Queremos que no se hurten palabras a nuestro idioma. Que los topónimos en español de larga tradición histórica dejen de estar prohibidos en el ámbito oficial”.

• “Queremos que no se excluya ni se penalice el uso del español a la hora de solicitar una ayuda pública. El problema de la exclusión del español en las comunidades con cooficialidad lingüística nos afecta a todos, a los que vivimos en ellas, y a las personas que se trasladan a vivir donde nosotros vivimos desde otros lugares de España, por motivos personales o de trabajo, algunos de ellos obligados a un traslado forzoso por su profesión. Todas estas personas no pueden escolarizar a sus hijos en español’’.

El peligro que viene
Nota del Editor  5 Julio 2017

Quien quiera enterarse del problema de la imposición de las lenguas regionales, lo primero que tiene que hacer es ponerse en la piel de cualquier ciudadano español hablante que tiene que estar en cualquier región donde el español es lengua impropia. Si solo son relaciones con la administración regional o municipal, o simplemente circulando, ya tiene bastante castigo, y si tiene hijos, que se ponga a temblar.

Si quiere una información más detallada, solo tiene que leer el libro de Manuel Jardón o el de Fadice que puede descargar en nuestra primera página Ahi encontrará quienes iniciaron la lucha contra la imposiciòn de las lenguas regionales, desde el Manifiesto de los 2300 en adelante.

Cualquier posición que no sea la de derogar todas las leyes de lenguas regionales, es una cortina de humo para perpetuar más el desastre.

Asumir que sea obligatorio estudiar cualquier lengua regional, aunque solo como asignatura implica seguir rompiendo España y conculcando los derechos constitucionales y humanos de los español hablantes.

CATALUÑA
El Tribunal Constitucional avala que la Generalitat imponga los rótulos en catalán
MANUEL MARRACO. Madrid. El Mundo  5 Julio 2017

En cambio, rechaza que los comerciantes tengan la obligación de atender en esta lengua a sus clientes

El Tribunal Constitucional zanjó ayer el bloque más delicado de recursos vinculados a Cataluña: los referidos al uso de la lengua. En términos generales, avala las normativas cuestionadas, particularmente el derecho de la Generalitat a exigir la rotulación en catalán en los comercios. Por contra, rechaza que se pueda imponer a los comerciantes la obligación de atender en catalán al cliente que así lo desee.

Como en ocasiones anteriores, el TC ha logrado sacar adelante las sentencias que afectan a Cataluña por unanimidad, tras meses de trabajos iniciados con Pérez de los Cobos de presidente y culminados con Juan José González Rivas al frente del Tribunal.

El punto de encuentro más frecuente entre el bloque conservador mayoritario y la minoría progresista han sido las llamadas «interpretaciones conformes», que marcan cómo ha de entenderse un precepto para considerarlo dentro de la Constitución. El TC sólo notificó ayer el fallo de las sentencias; el texto se conocerá en los próximos días.

CÓDIGO DE COMERCIO. La ley recurrida por el Defensor del Pueblo establece que los consumidores tienen derecho «a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que escoja». El TC responde que no se puede imponer al comerciante la obligación de atender en catalán al cliente que lo pida. Como en resoluciones anteriores, distingue entre las obligaciones que puede tener la Administración frente al ciudadano -en las que sí se puede exigir el catalán- y la relación entre particulares, donde no cabe esa imposición.

«Consecuencia de ello es que, en el ámbito de las relaciones entre privados, tampoco cabe establecer un régimen sancionador frente a eventuales incumplimientos», añade el Tribunal, adelantando cuál será su criterio cuando en el futuro aborde el recurso contra el establecimiento de sanciones.

Este recurso -el más delicado y del que ha sido ponente el magistrado Pedro González Trevijano- también examinaba el derecho de la Generalitat a imponer la rotulación en catalán en los comercios. El TC avala esa opción, excluyendo únicamente de la obligación el nombre comercial del negocio. Como una especie de contrapartida, los magistrados recuerdan que el Estado central puede a su vez imponer el uso del castellano. Así ocurre ya, por ejemplo, con los etiquetados, que son bilingües al converger obligaciones impuestas por ambas administraciones.

LEY DEL CINE. El punto controvertido sobre esta norma -en la que también el consenso resultó trabajoso- era la imposición a exhibidores y distribuidores de que la mitad de las películas estuviera doblada o subtitulada al catalán. El TC ve esa cifra «desproporcionada», pero no se limita a anularla, sino que la sustituye por la del 25%. La sentencia -de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Xiol- ha tenido en cuenta la proporción que en otros países se reserva al cine europeo. Aunque varía bastante, la media está en torno a ese 25% finalmente consensuado.

LEY AUDIOVISUAL. En la línea de sentencias anteriores, el TC considera que la previsión de que «la lengua normalmente utilizada por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual públicos sea el catalán» es constitucional, siempre que «no suponga la exclusión del castellano». También dan luz verde a la pretensión de que la mayoría de los canales se expresen en catalán, puesto que entiende que «se persigue la normalización lingüística, sin excluir el castellano».

Por contra, sí es inconstitucional la exigencia de «hacer una separación clara entre informaciones y opiniones», cuyo incumplimiento acarrea sanciones. El TC estima que podría causar «un efecto desalentador» en el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo en las tertulias, donde se mezclan información y opinión. Esta sentencia resuelve el más antiguo de los recursos pendientes, que databa de 2006.

ACOGIDA DE INMIGRANTES. El TC considera inconstitucional el apartado «que impide a los extranjeros que no hayan acreditado un determinado nivel de conocimiento del catalán acceder a ese mismo servicio de formación en lengua castellana». A su juicio, no garantiza la formación en las dos lenguas, al condicionar el acceso a la formación en castellano a la consecución de un nivel de catalán.

Discriminación lingüística
Carrefour se enfrenta a un boicot por no 'hablar' español en Cataluña
Llamamiento en las redes sociales contra la cadena francesa de supermercados, que rotula en catalá e inglés pero no en castellano
 La voz libre  5 Julio 2017

Madrid.- Varios usuarios de Twitter están en pie de guerra contra Carrefour tras saberse que la cadena francesa de supermercados discrimina el español en Cataluña en favor de otros idiomas.

Según ha denunciado ‘Dolça Catalunya’ en diferentes fotografías, la rotulación de Carrefour está en catalán y en inglés, pero no en español, idioma cooficial en Cataluña. Así, en los carteles repartidos por el supermercado se puede leer “Professional-professional” o “fixació-stalyng”.

Además, para informar del protocolo a la hora de pagar, la cadena francesa olvida el castellano. “Fila única, caixes ràpides, només cistelles / Single queue, quick checkouts, baskets only”, recoge un rótulo que significa “Fila única, cajas rápidas, sólo cestas”.

Al abandonar el supermercado también hay un rótulo en el que se invita al cliente a regresar, pero éste vuelve a estar únicamente en catalán e inglés: “Ens agrada quan tornes / We like it when you come back”.

Algunos catalanes han hecho constar sus quejas a Carrefour, y esta es la respuesta que están recibiendo: “En primer lugar, desearía darle las gracias por haber tomado la iniciativa de escribirnos, y ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra web. En relación a su e-mail, le informamos que desde Centros Comerciales Carrefour, cumplimos las normativas legales vigentes en las diferentes comunidades autónomas. Concretamente refriéndose a sus comentarios, indicarle que la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña obliga a los establecimientos a tener toda la información en catalán, tanto en los catálogos que se buzonean, como en la identificación de los productos en los lineales, y en general en toda la publicidad que ofrecemos a nuestros clientes. No obstante y teniendo en cuenta su comentario, daremos traslado al departamento correspondiente para que tengan en cuenta, si es posible su comentario. Lamentamos profundamente las molestias que hayamos podido ocasionarle y esperamos que acepte nuestras disculpas, de igual modo esperamos seguir contando con su confianza para poder ofrecerle en el futuro, el servicio que Vd. merece y al que nosotros aspiramos”.

Esta respuesta es falsa o insuficiente para muchos, que están expresando su indignación en las redes sociales, llamando incluso al boicot contra la cadena de supermercados.

Los agricultores cargan contra la ANC por utilizarles para promocionar la independencia de Cataluña
Borja Jiménez okdiario  5 Julio 2017

La última ocurrencia de la ANC (la Asamblea Nacional que pagamos todos los españoles) ha sido la de que los agricultores de la región sieguen los campos en forma de ‘sí’, en una obvia referencia al referéndum ilegal.

La ANC se encuentra en plena campaña independentista. La de que los agricultores sieguen en forma de sí ha sido la última, pero no la única idea del organismo público para recabar más apoyo a la independencia de Cataluña. Sin embargo, sí ha sido la ocurrencia que más polémica ha desatado, toda vez que los agricultores no han salido de su asombro con esta iniciativa.

Para que los agricultores los llevasen a cabo, la ANC no dudó en ilustrar con un vídeo cómo quiere que los payeses sieguen en forma de sí a la independencia.
Los agricultores cargan contra la ANC por utilizarles para promocionar la independencia de Cataluña

Los agricultores, en cólera
Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cataluña (ASAJA-Cataluña) han explicado a este periódico que ellos “no van a recomendar que hagan eso, ni para ‘sí’ ni para ‘no'”. Y es que, bajo el punto de vista de esta asociación, “las prácticas agrícolas son algo bastante más serio” que eso: “La agricultura no está para ir haciendo el burro con el tractor”.

Aun así, desde la Asociación explican a OKDIARIO que “seguro que habrá agricultores que lo hagan”, pero ellos desaconsejan a toda costa “hacer el tonto con sus tractores”, y “menos con posturas radicales”.

Más ‘ocurrencias’ de ANC
Entre otras ocurrencias, la ANC pretende promocionar la independencia de Cataluña, por ejemplo, haciendo la de desplegar la estelada más grande del mundo. Para ello, solicitan la colaboración de 150 voluntarios que puedan ayudar a portar la bandera en Sant Cugat el próximo 8 de julio.

Promoción para la estelada más grande del mundo.
Pero también son muy del gusto de mezclar conceptos para aprovechar el auge de algo. Por ejemplo, en el recién celebrado día del orgullo gay, los independentistas no dejaron pasar la oportunidad de meter su propaganda, tal y como podemos ver en la siguiente imagen (retwitteada por ANC).

Por último, la ANC ha vuelto a poner a la venta sus ya tradicionales camisetas pro-independencia.


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