AGLI Recortes de Prensa   Viernes 7 Julio 2017

La verdadera Constitución española.
José Javier Esparza Gaceta.es 7 Julio 2017

“El artículo 155 es tan constitucional como las autonomías, dice Felipe González”. Es verdad. Pero es una verdad blasfema, pecaminosa. Porque la verdadera Constitución de la democracia española no es el texto de 1978, sino la densa red de pactos –explícitos e implícitos- tejida desde 1977 y que, entre otras cosas, otorgó a los nacionalistas el monopolio del poder en sus regiones.

Fue una fórmula de pasteleo –típicamente borbónica- para tener a todo el mundo contento por el habitual método de repartir los trozos de la tarta nacional. Por eso nunca nadie -tampoco González- ha molestado a los separatistas cuando hacían mangas y capirotes de la ley.

Por eso, hoy, a la mayoría del coro le parece horrible aplicar el artículo 155, es decir, utilizar la Constitución escrita para rectificar los dislates de la constitución verdadera, que es el pasteleo pactado.

Por eso, también, la democracia española no es cabalmente tal, sino más bien una partitocracia donde los pactos entre los distintos cacicatos políticos, territoriales, económicos, mediáticos y demás pesan mucho más que cualquier ley escrita. Nuestra Constitución sólo es un catecismo concebido para ser violado por los mismos sacerdotes que le rinden culto. Y nuestra democracia, una especie de rutinario sacrilegio institucional.

Nadajoy y Esquizosánchez
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 7 Julio 2017

Desde que Flaubert alumbrara las figuras de Bouvard y Pécuchet, dos tontos de remate con ínfulas de sabios, no veía Europa en la realidad ni en la ficción una cumbre de necedad como la protagonizada ayer por el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que ante el reto separatista catalán han llegado al acuerdo de que el Gobierno no hará nada y la oposición, si quisiera hacerlo, se lo impediría. Falta el fulminante de un muerto, un tonto suicida o una provocación calculada, para que el odio contra todo lo español, sembrado concienzudamente durante décadas, se convierta en un incendio ingobernable. Pues bien, Rajoy -o Nadajoy, porque el presidente es el Hombre Nada, un Hombre Bala sin cañón- ha anunciado que, ante la inminencia de un incendio en Cataluña, licencia a los bomberos. Hay que evitar ante todo que el fuego, como suele, se haga la víctima. Psicológicamente descubierto y confundido, él sólo se apagará.

Su contertulio es un esquizo que parece diseñado por Deleuze y Guattari, capaz de decir dos cosas opuestas no en un día o un discurso sino en una misma frase. Pedronono, ahora Sisinono o Esquizosánchez, dijo que está bien que Nadajoy no haga nada pero que debe hacer algo, o sea, nada. Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior con Tigrekán (que pide la aplicación del artículo 155 de la Constitución) y portavoz de un partido enajenado al que, lógicamente, no pertenece, confirmó que van a cuidarse de que Nadajoy eso: nada. Pero, desechado el hecho, no se echa la siesta. Duerme con un ojo abierto. Mariano, a pierna suelta.

La prensa adicta, que le llama cariñosamente 'Na'joy', confirmó ayer que el encuentro de la Nada con el Sí-No satisfizo gratamente al Jefe del Ejecutivo, que aunque nunca pensó ejecutar nada, se confirmó en su decisión de no aplicar (contempla todos los escenarios, menos éste) lo que tantos y tan tontamente le piden.

¡Qué imprudencia sería aplicar el primer tramo del artículo 155, que consiste en avisar al funcionario o empleado público que ha anunciado una ilegalidad de que, si no se retracta, será suspendido en sus funciones y afrontará las consecuencias penales de sus actos! ¡Si sólo son malversación de fondos públicos, sedición, rebelión y atentado contra el interés general! Nada hará Nadajoy. Y Esquizosánchez aplaudirá. Y silbará.

Cataluña: el lento diseño de una traición
Roberto L. blanco Valdés La Voz 7 Julio 2017

No voy a insistir en lo evidente: la pretendida base jurídica sobre la que el secesionismo ha montado su golpe de Estado es un dislate formidable teorizado por juristas corruptos y tontos de remate: todo es ilegal y delictivo, todo apunta a una crisis constitucional sin precedentes en la Europa democrática y todo conduce a una gravísima quiebra de la convivencia en Cataluña de la que el nacionalismo es el único culpable.

Tal monstruosidad se sostiene además sobre una red nauseabunda de patrañas. José Borrell y Joan Llorach desvelaron la inmensa bola del «España nos roba», supuesta justificación económica de la independencia, en Las cuentas y los cuentos de la independencia (Libros de la Catarata, 2015). Y quien esto escribe cree haber hecho lo propio ante la desvergonzada farsa política que supone vincular, en relación de causa a efecto, la sentencia del Tribunal Constitucional (TCE) sobre el Estatuto (un pellizco de monja en realidad) y el referendo secesionista. En mi libro El laberinto territorial español (Alianza Editorial, 2014) dejo constancia de las numerosas resoluciones del Parlamento catalán que ¡desde 1989! -mucho antes, por tanto, de la sentencia estatutaria- exigían ya la celebración de un referendo de autodeterminación.

No, ni «España nos roba», ni «España recorta nuestra autonomía». La verdadera realidad es muy distinta: la del nacionalismo que, con la falsaria careta de la lealtad institucional, trabajó desde la puesta en marcha del Estado autonómico en la construcción nacionalitaria: el cínico fer país. Y así, mientras Pujol dirigía el cotarro y montaba presuntamente para enriquecerse un grupo criminal con su familia, el nacionalismo utilizaba todo su poder para desprestigiar la idea de España y fortalecer la de una nación catalana imaginaria, utilizando como principales instrumentos de manipulación la lengua, la educación y la cultura.

Esa es la historia. Ni agravios, ni ofensas, ni saqueos. Solo la buena fe de un país entero, incluida más de la mitad de Cataluña, que creyó ingenuamente que el nacionalismo era leal mientras crecía el huevo de la serpiente de la secesión sin que nadie hiciese nada, incluso cuando el engaño fue evidente. Tan escandalosa impunidad explica, de hecho, el grado de insolencia temeraria al que ha llegado el independentismo, convencido de que puede ciscarse en la Constitución, violar las leyes, organizar un referendo delictivo y declarar la independencia a lo golpista en un Estado de derecho en la Europa del siglo XXI sin que le paren los pies como es debido y de inmediato. Solo el que imaginen que es posible tal locura da idea del deterioro que por culpa del nacionalismo y de sus cómplices ha sufrido nuestro Estado de derecho, que encarcela sin contemplaciones a un alcalde que ha recibido dos botellas de vino de regalo mientras se muestra incapaz de chistarle a quienes llevan años organizando una sublevación que podría acabar en una auténtica tragedia.

La ecuación imposible de Pedro Sánchez
Alejo Vidal-Quadras Gaceta.es  7 Julio 2017

Ante el golpe de Estado que el Gobierno y la mayoría del Parlamento de Cataluña están perpetrando a bombo y platillo financiado por la Hacienda estatal -España es, sin duda, diferente- el resucitado Secretario General del Partido Socialista viene insistiendo en que Mariano Rajoy “ha de dar un paso” para solucionar el “conflicto” mediante el “diálogo y el pacto”. Su posición en este gravísimo asunto, como es costumbre en él, oscila entre la contradicción y la ambigüedad. Por una parte, afirma que el PSOE está del lado de la Constitución y la ley, pero por otra no deja de debilitar al Estado en su enfrentamiento con la sedición separatista al exigir continuamente que se negocie con los golpistas y calificar de “amenazas” cualquiera de las escasas manifestaciones de firmeza emitidas por las instancias centrales. Se supone que cuando recomienda tan enfáticamente que se busque un acuerdo con los sediciosos habrá pensado cuales han de ser los términos del mismo. Sin embargo, jamás lo aclara y mantiene esa mágica solución “negociada” en el misterio.

Su extraño invento de la “plurinacionalidad” y del reconocimiento de las distintas “naciones” que forman nuestro país, tampoco se caracteriza por su precisión. Porque, veamos, ¿nos podría decir el número y denominación de esos entes que hasta ahora, según él, no han sido suficientemente “reconocidos”? ¿Son Cataluña, el País Vasco y el resto de algo que dudosamente se seguiría llamando España? ¿O hay que añadir Galicia? ¿Y qué pasa con Andalucía? ¿Es la vetusta Castilla también una nación? ¿Dónde quedan las demás Comunidades Autónomas hoy existentes en ese reparto de vitolas nacionales? En fin, un galimatías que únicamente aporta confusión y nuevos problemas. Además, disponer de Gobierno, Parlamento, capacidad legislativa, presupuesto propio, bandera, himno, policía, lengua cooficial, que en la práctica es super-oficial al haber expulsado al castellano del espacio público, y generosos fondos para evitar su quiebra, ¿No es reconocimiento bastante? ¿Qué más les daría el ínclito Sánchez a los nacionalistas para calmar su narcisismo obsesivo y su apetito de poder insaciable?

Dice Sánchez que la soberanía nacional es una, que eso no se discute, pero que hay que acomodar en la Constitución a las “naciones culturales”. Parece que no se ha enterado de que eso es precisamente lo que hace nuestro ordenamiento, permitir que la diversidad cultural y lingüística de España se exprese con todo vigor, en ocasiones hasta extremos esperpénticos con serias vulneraciones de derechos y libertades individuales. Si el pacto de la Transición consistió en descentralizar el Estado hasta un nivel de los más altos que existen en el mundo para apaciguar las ansias identitarias de los nacionalismos catalán y vasco y el resultado ha sido un manotazo que ha tirado al suelo las fichas del tablero, ¿No habrá llegado el momento del palo habida cuenta de que las zanahorias de tamaño creciente lo que han producido es el envalentonamiento de los desleales hasta el desafío final al que ahora intentamos, tarde y mal, hacer frente?

Pedro Sánchez no se comporta responsablemente y acumula los despropósitos porque su esquema mental está básicamente desviado. Sus prioridades no son la estabilidad, la legalidad y el bienestar de los españoles, sino acabar con el Gobierno del PP para sustituirlo. Ese enfoque perverso le impide apoyar a Rajoy en un tema tan trascendental como la supervivencia de España como Nación política, es decir, indivisa y soberana, ya que su objetivo es otro, la caída del Ejecutivo, y para conseguirlo está dispuesto a poner en riesgo ciegamente aquello sin lo cual no será Presidente de nada porque no habrá nada que presidir.

En Matemáticas es bien sabido que hay ecuaciones que carecen de solución. Sánchez, oscilando entre la superficialidad, la ambición y la falta de inteligencia, se ha convertido en un aliado involuntario de los separatistas al plantear el problema territorial de forma absurda.

Si se quiere otra prueba de la absoluta falta de rigor de tan leve aspirante a La Moncloa basta oírle cuando denuncia que en España el Estado del Bienestar se ha reducido “a la mínima expresión”. Pues bien, nuestro gasto social en 2014 fue del 26,8% del PIB, porcentaje superior al de Alemania u Holanda, por citar dos ejemplos no sospechosos.

Hace tiempo que la sociedad española ha detectado, y esa constatación se refleja recurrentemente en los estudios de opinión, que uno de los peores obstáculos para que seamos un país próspero, seguro y competitivo, es la mediocridad, la incompetencia, la codicia y la bajeza moral de nuestra clase política. La actitud de Pedro Sánchez ante la ofensiva separatista es la mejor muestra de que esta percepción colectiva está sólidamente fundamentada.

Cataluña y el ridículo político
José Luis González Quirós www.vozpopuli.com 7 Julio 2017

Es ridículo lo que produce risa, pero la risa puede deberse a muchas causas, no todas graciosas. La política debiera ser, en principio, un ámbito en el que lo ridículo no tuviese cabida, un asunto serio y genéricamente discreto en el que los agentes negocian y deciden lo que conviene a los más, pero en los tiempos que corren se ha hecho excesivamente importante la dimensión espectacular de lo público, fruto, sin duda, de la impronta de los totalitarismos que han buscado anular la política y sustituirla por los espectáculos de masas, por una imaginería en la que un todos imaginario anula completamente lo individual, lo singular, y, entre otras cosas, el derecho a discrepar.

Cuando la política decae y se deja en manos de farsantes y totalitarios todo se convierte en espectáculo, en representación, en eventos que sustituyen con presunta ventaja la capacidad ciudadana de decidir, que ocultan e impiden la verdadera representación de la pluralidad en que siempre consisten las democracias. Maduro, Kim Jong-un, y hasta Trump, en más de una ocasión, saben bastante del caso, un asunto en que Goebbels y Hitler fueron los auténticos maestros.

La escenografía catalana
Los separatistas catalanes decidieron, hace ya tiempo, que su única vía de salida era precisamente el espectáculo, una serie continuada de apariciones teatrales enteramente al margen de los cauces políticos ordinarios. A poco que se analice esa conducta se verá que asume dos supuestos muy discutibles: el primero, que la afirmación de la voluntad política se puede fundar en imágenes, y el segundo que se espera que esa serie de eventos teatrales culmine con algún hecho que permita el salto de la ficción sostenida a una realidad dramática, en plata, que algo o alguien rebase el ámbito de lo ficticio y lo convierta en un drama real, que la casualidad venga en auxilio de la superchería. Por loco que pueda parecer, el planteamiento no es del todo absurdo, porque cuando se insiste en presentar una Cataluña oprimida, privada de su identidad, sometida a saqueo, deseosa de una libertad sin atadura alguna, es fácil que alguno de los abducidos por el relato fantástico de la secesión trata de romper el nudo gordiano y prenda la mecha de la revolución, como también sería fácil que alguien perdiese los nervios harto de soportar tanta mojiganga.

Del derecho a decidir a la secesión automática
La retórica separatista se convulsiona ante la inminencia de una fecha no menos mágica que cualquiera de los discursos previos. De reivindicar un quimérico y brumoso derecho a decidir se está pasando a declarar la independencia sin censo, sin urnas, sin participación, sin garantías, sin ninguna especie clara de respaldo legal ni de mayoría política. El mítico proceso en que se inscribe el cambio es un auto singular, un sainete sin libreto previo, que se escribe a medida que se ejecuta, un auténtico happening, aunque la participación del público sea todo menos general y entusiástica.

No olvidemos que se trata de una invención, de algo nuevo, ridículo, pero enteramente inédito. Las secesiones que en el mundo han sido se han hecho o por acuerdo entre las partes, o por las bravas, con violencia, naturalmente, pero nuestros secesionistas son muy creativos, quieren inventar un modelo nuevo, una secesión surrealista, daliniana, sin acuerdo y sin sangre, por el mero afirmar su existencia, pero con efectos supuestamente reales. Nadie ha estudiado qué pasaría después, pero tomarse en serio esa clase de cuestiones representaría una traición al método elegido, a la imaginación, y eso es algo a lo que no pueden renunciar quienes han supuesto que no hay otra realidad que la que crea su palabra.

En este escenario las leyes pueden ser secretas, las urnas virtuales, los censos imprecisos, los controles brumosos, todo da igual porque lo único que importa es el resultado y ese está fuera de cualquier discusión. Ha acertado Rajoy al calificar de autoritario este procedimiento, pero hay que reconocer que se trata de un autoritarismo, una vez más, de género único, un autoritarismo sin poder y sin brazo que pueda ejecutar sus dictados, más allá de la pura imaginación, pero, si el Estado vacilase, la ficción podría convertirse en una ruina nada imaginaria.

El difícil papel del Gobierno en defensa del Estado
Los ciudadanos podemos considerar ridículo todo lo que dicen y hacen Puigdemont y comparsa, pero el Gobierno no puede limitarse a contener educadamente la risa. Todo lo que está pasando se ha hecho posible porque desde 1977, se viene considerando que es tolerable ceder en algunas cosas esenciales a ver si los nacionalistas catalanes acaban dándose por satisfechos. Es evidente que esa estrategia ha fracasado, y que haber tolerado que se incumplan leyes o que se haga mofa y befa de los tribunales no ha servido para nada. Ahora estamos ante un momento y una situación que, por surrealistas que sean, no permiten mirar hacia otro lado. El Gobierno, con el mayor de los apoyos posibles, no puede considerar optativa la aplicación de la ley, porque, como ha dicho recientemente Aznar, han dado una patada a la mesa en que cupiere negociar. El papel del Gobierno puede ser difícil, pero su responsabilidad es insoslayable, porque la independencia de Cataluña es un imposible real y cumple poner en su sitio a todo aquel que pretenda darla por hecha, con los medios que fuere, sin vacilaciones, sin ignorar la magnitud del desafío presente, sin dudas ni salidas de tono.

No está en juego únicamente la unidad de España, está también en juego el respeto a la ley y a los procesos constitucionales como garantía de nuestra libertad colectiva y de nuestra paz civil. Tal vez se pueda soportar que la independencia se anuncie en un escenario, pero las instituciones catalanas que den vida a cualquier afirmación de ese tipo en un soporte oficial no deben permanecer en píe ni un minuto, sea cual sea la vía que se escoja para ponerlas en su sitio. El ridículo no puede convertirse en norma, y el artículo 155, y unos cuantos más, también forma parte de la Constitución, como acaba de recordarnos Felipe González.

Pedro Sánchez y la oposición
Los políticos no pueden escoger el escenario en el que entran en acción, eso sería demasiado fácil. Pedro Sánchez deberá dejar de hacer pompas de jabón con las palabras y poner píes en pared para detener en seco cualquier intentona secesionista, sin caer en el estúpido error de echar la culpa a los separadores. Y con Sánchez, los demás: todos han de aprender que en política no vale todo, y que, frente a una ridícula intentona de secesión, ante un separatismo de opereta, hay que tener la misma firmeza y claridad de propósito que se tendría contra cualquier acción que atentase al interés común de la libertad y la prosperidad de todos. No se puede jugar a nada con los que rompen la baraja, y, aclarado esto, siempre volverá la hora de la política que nunca está de más y jamás debiera confundirse con las manera ridículas y totalitarias de quienes no entienden que, además de ellos, también existimos todos los demás.

Parar el golpe
Mikel Buesa Libertad Digital 7 Julio 2017

Llegados a este punto, a menos de tres meses de que se perpetre el golpe al Estado por los nacionalistas catalanes, lo que queda es prepararse para pararlo. Dejaremos para cuando todo haya acabado el reparto de responsabilidades, pues no todo cabe atribuirlo a esa colección de fuerzas independentistas que han encontrado su oportunidad para intentarlo. También ha habido por parte de los partidos llamémosles constitucionalistas errores de bulto, que van desde la minusvaloración de la capacidad de los secesionistas hasta el miedo a dejar de hablarles con suavidad para no herir sus sentimientos —mientras ellos se pasaban los nuestros por el forro—, pasando por la tecnocrática y falsa creencia de que el asunto es sólo cuestión de los tribunales o por la elaboración de un confuso discurso federalista que no conduce a ninguna parte conocida pero que, al parecer de sus promotores, es como el bálsamo de Fierabrás. De lo que ahora se trata es de parar el golpe, pues es nítida la voluntad política de llevarlo a efecto, aun cuando pueda haber más casos de cobardía como el del consejero Baiget —más atento a conservar su patrimonio que sus principios— o de compañeros de aventura que están "hasta los huevos".

En los medios de comunicación y en algunas declaraciones públicas de políticos sin responsabilidad de gobierno —pues Rajoy para esto es una tumba— se ha especulado con que la última ratio para todo este asunto sería o bien la aplicación del artículo 155 de la Constitución, para intervenir la autonomía de Cataluña y suspenderla parcialmente, o bien declararlo como situación de interés para la seguridad nacional y, en virtud de ello, poner a los Mossos d'Esquadra bajo las órdenes del delegado del Gobierno en la región. Otros, como yo y, más recientemente, el catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban, hemos hecho referencia al artículo 116 de la Carta Magna, relativo a los estados excepcionales que obligan a suspender las garantías constitucionales. Cuál vaya a ser la manera concreta, la vía jurídica, a través de la cual el Gobierno tenga la intención de parar el golpe, no lo sabemos. Pero lo que sí conocemos, pues para eso está la historia, es que los golpes al Estado no se frenan sólo porque haya leyes, tribunales y fuerzas policiales o militares. Es necesaria una voluntad política irrefrenable para poner en juego tales medios. Se requiere asimismo el apoyo de los partidos y de la población, no sólo para su puesta en acción, también para aceptar las consecuencias —sin duda desagradables— que el empleo de la violencia legítima necesariamente producirá. Y se necesita inteligencia y habilidad para conducir esa violencia, en el menor tiempo posible, al logro del objetivo deseado.

Sin embargo, eso no es todo. Hay que contar también con que los nacionalistas no son estúpidos; con que, entre ellos, hay suficiente patriotismo como para que estén dispuestos a llegar hasta el final; y también con que cuentan con medios para que ese final satisfaga sus deseos. Es fácil decir que se pone a las fuerzas policiales bajo el mando del delegado del Gobierno, pero bien puede ocurrir que sus miembros sean leales a las autoridades de la Generalitat. Es también fácil pensar que, tomadas las medidas excepcionales que se tomen, los funcionarios se supeditarán al poder Estado; pero eso está por ver, pues entre ellos hay sin duda numerosos secesionistas. Y sobre todo es fácil considerar que, en una sociedad dividida y polarizada en torno a la independencia como la catalana, no vaya a haber iniciativas civiles para defenderla, incluso con armas.

Todo esto parece que nadie lo tiene en cuenta, o que se prefiere que no existiera. Pero está ahí, como la experiencia histórica demuestra. El último golpe de Estado que se vivió en Cataluña —como, por otra parte, en el resto de España— fue el del 18 de julio de 1936. Entonces hubo fuerzas militares que se volvieron contra la República y, en Cataluña, contra la Generalitat. También hubo militares que defendieron al régimen republicano. Lo mismo hicieron, en el caso catalán, las fuerzas policiales —mossos, guardias de asalto y guardias civiles—, muy capazmente dirigidas por el comisario general de Orden Público de la Generalitat. Y se armó una milicia popular, dirigida por la CNT y la FAI, que llegó a movilizar a 30.000 combatientes. El asunto, como todos sabemos, se resolvió contra los mejor armados, los que contaban con la artillería y el equipo pesado pero que carecieron de suficiente competencia en el mando. Hubo además muchos factores fortuitos, imposibles de prever, en aquellos combates que apenas duraron dos días: heroísmo, inteligencia, lealtad, fuerza, visión táctica, azar, voluntad política.

La lección de aquel embate es sencilla: la suerte no está echada y nadie puede decir, razonablemente, cuál vaya a ser el resultado final. Por eso debemos desconfiar de los políticos que, de manera taxativa, dicen que lo de Cataluña no va a ocurrir pero no son capaces de señalar cómo no va a ocurrir. A ellos cabe recordarles la sentencia escrita, en Macbeth, por William Shakespeare:

Si puedes ver en las semillas del tiempo,
y decir qué grano germinará y cuál no,
entonces háblame.

STOP, la unidad de la patria está en juego
Es necesario practicar una cirugía a fondo
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 7 Julio 2017

A medida que van pasando los días los augurios de este modesto cronista se van haciendo realidad. Hubo unos tiempos en los que ya avanzábamos la posibilidad de que este problema catalán tenía todos los visos de acabar de la peor manera, hasta el punto de que, el Estado español pudiera llegar a verse precisado a recurrir al Art.º 8º de la Constitución, una referencia que, por entonces, ningún periódico, TV, tertulia de radio o comentarista político se hubiera atrevido a mencionar, en el bien entendido de que era imposible imaginar que, en ningún caso, el problema catalán pudiera llegar a comportar la necesidad utilizar semejante recurso. Se ponía en cuarentena, incluso, que fuera necesaria la aplicación del Art.º 155 de la Constitución, hablándose de una simple intervención descafeinada de la autonomía, reducida a la ocupación de algunas consellerías por funcionarios enviados por el Gobierno central. Se pensaba que, con ello, se tendría suficiente para aplacar los ánimos exaltados de los separatistas, que entrarían en razón con algunos simples toques de autoridad.

Hoy, cualquier periódico que ustedes cojan, cualquier emisora de radio que quieran escuchar o incluso cadena de TV a la que quieran recurrir, les hará referencia, con mayor o menor claridad, a la posibilidad de que la situación en Cataluña, con 500 ayuntamientos rebeldes que han anunciado despreciar la Ley de leyes y se han ofrecido a prestar locales para la celebración de este referéndum, ilegal a todas luces y que, los separatistas catalanes, impulsados por la CUP, están decididos a celebrar su referéndum, pese a que todos saben que ello significa enfrentarse al Estado de Derecho y que, de una forma u otra, van a tener que enfrentarse a la reacción del Gobierno español, aunque fuere, en último extremo, utilizando las fuerzas armadas, como último recurso para poner paz en la autonomía catalana.

Si ya en las Baleares se están dando muestras, por parte de algunos catalanistas convencidos, actualmente al frente del gobierno de las islas, de pretender añadirse al independentismo catalán y, en el País Vasco, el señor Urkullu se mantiene expectante empujando al Gobierno a abrir los caminos para encontrar una solución política a lo que ellos denominan el problema de los vascos; de modo que, desde otro ángulo de vista más inteligente, pero con la misma finalidad, buscan el mismo resultado que los separatistas catalanes. Últimamente, también en Aragón ya están apareciendo grupos que se están añadiendo al intento de descuartizar la nación española, reclamando para sí la extensión de la catalanidad para su propia autonomía.

El cáncer existe y sólo es cuestión de tiempo, si no se practica una cirugía a fondo y se extirpa radicalmente esta metástasis, que llegue un momento en el que será imposible impedir que todo el país caiga en manos de quienes buscan convertirlo en una serie de pequeños cantones, inermes ante las grandes naciones, incapaces de subsistir por si mismos y enfrentados a aquellos que los rodeen, sin posibilidad alguna de sobrevivir y condenados, tarde o temprano, a caer bajo la órbita de otras naciones o bien a acabar convertidos en una federación bajo la dirección de un gobierno comunista que, en definitiva, son los que vienen maquinando para conseguirlo.

Es obvio que, si se hubiera actuado en otro momento, si no se hubiera contemporizado tanto y se hubiera tratado con más inteligencia el tema de la información, se hubieran contrarrestado las informaciones sesgadas de los nacionalistas, se hubiera controlado la enseñanza manipulada que se les han dado a los niños en las escuelas catalanas, se hubieran explicado a través de los medios de comunicación, las consecuencias que para Cataluña le reportaría el separarse del resto de España y no se les hubiera permitido a los políticos catalanes que incumplieran las leyes, atacaran el castellano como si se tratara de un enemigo a batir y dejaran de cumplir las sentencias de los tribunales que les obligaban a rectificar sus trasgresiones de la normativa vigente; es evidente que, en estos momentos, el problema no hubiera alcanzado las dimensiones que ha conseguido adquirir.

Cuando la señora Cospedal, ministra de Defensa, en un acto castrense celebrado en el patio del Ministerio, el martes pasado, ha tenido que recordar “por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil ( los dos cuerpos militarizados del Estado) se encuentran donde se haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución, pero también la integridad y la soberanía de España”; no creemos que se haya debido a la casualidad, más bien a que ha sido un toque de atención, un aviso y un recordatorio a los separatistas catalanes, recordándoles que, por encima de todo, en esta nación todavía nos queda un Ejército, poco numeroso, pero bien entrenado que, en un momento dado, puede acabar poniendo las cosas en su sitio, si es que algunos decidieran pretender convertir Cataluña en un polvorín, intentando utilizar la desobediencia civil, el caos en las calles o la insurrección en contra de las autoridades legítimas de la nación española.

Es importante recordar la forma canallesca con la que, en esta autonomía catalana, se ha tratado a las FF. AA por las autoridades civiles y por los políticos. La alcaldesa Colau, en un stand del Ejército en una feria de la juventud, recriminó a los oficiales que estaban al frente de aquella oficina, diciéndoles que no eran bien recibidos en aquel lugar. Se da la circunstancia de que, los aviones del Ejército tampoco pueden sobrevolar Barcelona, porque los consideran una provocación, ni los transportes de tropas pueden circular por sus calles; todo ello como si, en realidad, Cataluña estuviera vedada el resto de España y que los soldados españoles no tuvieran derecho, como en el resto del país, a transitar libremente por todo el país.

Deseamos que el sentido común acabe imponiéndose, esperamos que en el último momento la sensatez haga reflexionar a quienes están desafiando, con sus amenazas de secesión, al resto de los españoles y que desistan de sus proyectos, en bien de todos los ciudadanos que residimos en esta autonomía. Pedimos al Gobierno de la nación que sepa actuar con la debida energía para evitar que quienes buscan enfrentarnos los unos con los otros, lo consigan. No obstante, hay algo que debería estar por encima de cualquier otra consideración y es que, bajo ninguna excusa, sea lo que sea que deba hacer el Gobierno, en modo alguno se permita que quienes han puesto en esta situación a nuestra patria, quienes han intentado imponernos sus leyes y privarnos de nuestra nacionalidad de españoles, saquen el más mínimo beneficio de esta intentona de golpe de Estado, de modo que nunca se pudieran ufanar de haber sido capaces de doblegar a los españoles.

Hace unos años esta nación vivía pacíficamente, la gente tenía trabajo y los pequeños problemas que surgían en la convivencia de los ciudadanos se solucionaban pacíficamente y sin mayores problemas. Vino la crisis y parece como, si las tripas de nuestro país se revolvieran en un inmenso retortijón, todo empezó a fallar, se acabó el trabajo, quebraron las empresas, la construcción cayó en picado y vino el hundimiento de la economía y los años de recortes, rebajas de salarios, despidos, problemas de financiamiento, caída de las bolsas, aumento del déficit público, el paro incontrolable y el desplome de la moral de los españoles. Cuando hemos conseguido, con un gran esfuerzo colectivo, empezar a superar aquella época de problemas y amarguras, cuando empezaban a despuntar los primeros signos de optimismo y la maquinaria de la industria y el comercio iniciaba su despertar con los primeros signos de recuperación, España se ha visto enfrentada a otro desafío: la aparición de los comunistas bolivarianos, representados por Podemos y sus activistas, herederos del 15M y los nacionalistas catalanes. Ambos grupos han intentado aprovechar el momento en el que se empezaba a despejar el horizonte económico de España, para intentar sembrar la discordia y sacar tajada del descontento de quienes todavía no han tenido tiempo de aprovecharse de la mejora. Si hubieran esperado más ya les hubiera resultado más difícil porque, como se está comprobando, cada día mejoran las cosas, hay más trabajo, disminuye el desempleo, aumentan los contratos indefinidos, a pesar de que los sindicatos lo niegan y estamos entrando en una nueva era en la que, a pesar de los malos augurios de aquellos que desean que todo vaya mal para sacar provecho del descontento de la gente, el país está entrando, con fuerza, en otra época en la que se van percibiendo los primeros síntomas de una prosperidad.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos convencidos de que, si el Gobierno se mantiene firme, si se agostan estos intentos revolucionarios de algunos catalanes y se pacifica la nación, es muy posible que ella sola, sin necesidad de la ayuda de los políticos ni de que los comunistas echen a perder todo aquello que ya conseguimos sin su ayuda, tendremos la oportunidad de recuperar, al menos una buena parte, de aquellos años de bonanza de los que la crisis nos privó.

Otra decisión funcionarial
EDITORIAL Libertad Digital 7 Julio 2017

El Gobierno ha cerrado esta semana lo que los principales sindicatos de funcionarios han calificado como un "acuerdo histórico", tras el que se pondrá en marchala mayor oferta de empleo público para la Administración Central de la historia. Se trata de 20.352 nuevas plazas: 10.606 en convocatoria ordinaria, 4.246 en convocatoria extraordinaria y 5.500 de promoción interna. Es una noticia que se une al anuncio que hace unos meses hacía el Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre la conversión de más de 265.000 interinos en funcionarios de aquí a 2020 y a las promesas de importantes subidas de sueldo a los funcionarios a partir de 2018.

Para los buenos funcionarios, las tres serán buenas noticias: mejores salarios que les incentiven a quedarse en la Administración, compañeros interinos que adquieren plaza propia y ampliación de plantillas en algunos departamentos con carencias (quizás el más necesitado sea Justicia), en los que hace tiempo que la asistencia que se presta al ciudadano está al límite de lo que debe exigirse en un país desarrollado. Sin embargo, los demás contribuyentes –es decir, la inmensa mayoría– no pueden estar tan contentos: serán ellos los que paguen las promesas de Rajoy, Montoro y Sáenz de Santamaría, sin que esté claro que vaya a redundar en una mejora de los servicios recibidos.

Se dirá que el número de trabajadores del sector públicoes inferior al de la mayoría de los países de la UE. Pero no se contará que sus remuneraciones también son superiores a la media. Según las estadísticas oficiales de la OCDE, si se mide en términos relativos, es decir, de acuerdo a la riqueza per cápita y a los sueldos del sector privado, España es el segundo país que mejor paga a sus funcionarios, tras Luxemburgo. De hecho, en gasto total en empleo público sobre el PIB, España está en la media de la UE y por encima de países como Alemania, Reino Unido, Italia o Irlanda.

Pero ni una cifra (la del número total de empleados públicos) ni la otra (sus sueldos) son en realidad lo más importante, aunque la discusión acabe girando siempre en torno a ellas. Aquí también las estadísticas pueden ocultar más información de la que aportan a primera vista. Lo importante no es quién paga (si es la Administración o una empresa en teoría privada), sino el régimen del trabajador, la organización de la entidad que lo emplea y la capacidad del ciudadano para obtener el servicio que demanda (y para que cambie esa situación si no lo logra).

Porque, ¿quién es más funcionario, el trabajador de una empresa pública española en teoría independiente de la Administración pero colocado a dedo por el partido político de turno, con un salario fuera de mercado y blindado contractualmente, o un empleado público sueco (sólo el 1% de ellos tiene estatus de funcionario), que no tiene su puesto de trabajo garantizado, cobra de una escala salarial en función de su rendimiento y debe responder de sus logros año a año? Pues bien, el primero muchas veces no aparecerá en las estadísticas sobre empleados públicos y el segundo lo hará siempre.

Habría mucho que discutir sobre la oportunidad de esta oferta si esos 20.000 nuevos puestos fueran del segundo tipo. ¿Son necesarios tantos? ¿No se puede mover a funcionarios de Administraciones con excedentes hacia otras en las que haya deficiencias? ¿Cuánto costará? Son muchas preguntas sin una respuesta clara, pero sería un debate interesante. Incluso en ámbitos liberales donde se abogue por una Administración más pequeña y menos intrusiva podría aceptarse que en ese proceso de modernización hubiera necesidades por cubrir con nuevos empleados.

El problema es que se sabe que estos 20.000 puestos serán simplemente más de lo mismo, incluyendo numerosos concursos en teoría abiertos en los que las condiciones de acceso (los famosos baremos y puntos) hacen casi imposible que alguien de fuera supere a los que ya están dentro de la Administración, sin que importe demasiado cómo consiguieron su puesto originalmente. La funcionarización de los interinos será un acto de justicia para muchos de ellos, que llevan años trabajando codo con codo con sus compañeros; pero también será una forma de consolidar el puesto en la Administración de otros que, en su día, entraron en la misma gracias a conexiones políticas o personales.

La Administración española necesita una reforma en profundidad que comience en las pruebas de acceso (pocas cosas hay más absurdas, desde un punto de vista económico, que meter a algunos de los mejores universitarios en una habitación a memorizar temas durante cinco, siete o diez años) y termine en el diseño de las remuneraciones (qué sentido tiene que casi el único mérito para ganar más o ascender sea la antigüedad). Hay que alejarla del poder político (por ejemplo, con ese estatuto del directivo de la función pública que nunca se aprueba) y acercarla al ciudadano (con trabajadores y departamentos a los que se les exige un desempeño y que son premiados y castigados en función de si logran o no sus objetivos).

En definitiva, hay que intentar que se parezca más a los mejores ejemplos del sector privado y se aleje de esa asfixiante burocracia kafkiana y decimonónica en la que el ciudadano de a pie se ve enredado en demasiadas ocasiones. Puede que el modelo no esté demasiado lejos: buena parte de la ilusión que ha despertado Emmanuel Macron entre los franceses se debe a sus promesas de reforma del sector público, del que ha dicho que conseguirá que sea una administración más ágil, que se ponga al servicio del ciudadano y no ponga al ciudadano a su servicio.

Pero, claro, para conseguir esto se necesitaría audacia política para romper inercias, una visión a largo plazo que no se limite a lo que ocurrirá en las próximas elecciones, valentía para enfrentarse a los intereses creados, deseo de cambiar las cosas de verdad y no sólo de forma cosmética, ambición por acercar el país a los que mejor lo hacen y no sólo por mantener la nave a flote. En definitiva, apostar al sobresaliente y no al aprobado raspado. Nada de esto sobra en el Gobierno. Y, desde luego, no está en la lista de prioridades del presidente.

Mariano Rajoy es un funcionario que preside un Gobierno de funcionarios en un Parlamento dominado por funcionarios. Ni él ni los que le rodean creen que haya que cambiar nada en la Administración. Probablemente pocos logros de su vida le hagan sentirse más orgulloso que el de haberse convertido en el registrador de la propiedad más joven de España (lo que fue muy meritorio, sin duda). El anuncio de este jueves, además, le asegura paz social con los sindicatos, un buen puñado de votantes agradecidos en las próximas elecciones, continuidad en cómo se han hecho las cosas desde que él tiene memoria, tranquilidad en los pasillos ministeriales que tanto conoce y estima. Si además, como es el caso, el coste lo asume el callado, sufrido y casi siempre ignorado contribuyente... puede pensar que la jugada le ha salido perfecta.

Sí, es una decisión funcionarial en el peor sentido del término. Otra más de este Gobierno.

Al Qaeda: lo que no la mata la hace más fuerte
Mario Noya Libertad Digital  7 Julio 2017

Lean How Al-Qaeda Survived Drones, Uprisings, and the Islamic State, libro que da cuenta de una muy sustancial jornada de trabajo organizada el pasado 17 de marzo por el imprescindible Washington Institute for Near East Policy sobre "la naturaleza de la amenaza actual", la yihadista, y sabrán que la Al Qaeda que todos –empezando naturalmente por Barack Obama– daban por muerta luego de la caza, captura y ejecución de Osama ben Laden el 2 de mayo de 2011 en Abotabad, Pakistán, está vivísima y hará que salten todas las alarmas.

La ominosa red terrorista parecía tener los días contados, sí, y que la Primavera Árabe que en ese mismo 2011 puso patas arriba Oriente Medio iba a terminar de rematarla, por obra y gracia de una juventud humillada y ofendida que, en Egipto como en Túnez y finalmente en Siria, llenó las plazas a reventar y se hizo dueña y señora de Twitter, monumental ágora, ay, demasiado virtual.

Esa Al Qaeda moribunda se encontró entonces aliviada de presiones y ante el prodigio de ver caer uno detrás de otro a regímenes a los que detestaba pero no podía doblegar. Y se dedicó a llenar el vacío que dejaron y que no supieron ni pudieron llenar aquellos jóvenes arrasados por los hunos y por los hotros e ignorados o, peor, despreciados por un Occidente, cuando no estúpido, abominablemente cínico o miserable. Con el paso muy cambiado, o lentísimo de reflejos, EEUU siguió golpeando a Al Qaeda en Pakistán y Afganistán sin percatarse de que Al Qaeda estaba ya también asentada en buena parte del norte de África. Y sobre todo en Siria e Irak, donde los hombres de Aymán al Zawahiri volvieron a sacar petróleo de las peores circunstancias.

En Siria e Irak, el Estado Islámico, tras romper tumultuosamente con Al Qaeda, logró victorias asombrosas que acabaron por dinamitar esos países y le permitieron proclamar un califato con dominio formidable sobre vastas extensiones de territorio y ciudades tan importantes como Mosul, la tercera ciudad de Irak (diga lo que diga el latiguillo teletípico, es la tercera y no la segunda: la segunda es sin la menor de las dudas Basora). Con el Estado Islámico desatado, librando campañas de exterminio contra minorías religiosas, aniquilando patrimonio milenario, perpetrando auténticas carnicerías en el corazón de Europa y haciendo lo que jamás hizo Al Qaeda, es decir, controlar un territorio de la misma manera en que lo hace, precisamente, un Estado, la organización fundada por Osama ben Laden dejó de ser el paradigma de la amenaza islamista en el imaginario global y de acaparar el interés de los actores más relevantes en el panorama internacional. Tesitura que aprovechó para recomponerse, consolidarse y cambiar de manera de proceder. Frente al Estado Islámico perentorio y arrogante, Al Qaeda prefería trabajarse a las poblaciones y organizaciones islamistas locales, cooperar en lugar de comandar, hacer una dawa de largo aliento que le permitiera echar duraderas raíces profundas. Como consecuencia, el EI se está viniendo abajo rodeado de enemigos y sin nadie que le ayude mientras Al Qaeda no sólo no retrocede sino que incluso gana o afianza posiciones y se dispone a recibir con los brazos abiertos a los cada vez más numerosos desertores de la organización del desaparecido (¿también muerto?) Abubaker al Bagdadi.

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Cuando el califato del Estado Islámico termine de colapsar, Al Qaeda seguirá ahí, advierten monterrosinos los expertos en terrorismo islamista consultados por el Washington Institute. Una Al Qaeda fortalecida por lo que no la ha matado, la guerra de los drones y las espectaculares operaciones especiales del presidente Obama y el propio Estado Islámico que surgió de sus entrañas y acabó por disputarle la hegemonía en el universo yihadista.

© Revista El Medio

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UN SILENCIO VERGONZOSO
Bieito Rubido ABC 7 Julio 2017

Algo estamos haciendo mal en España cuando las minorías vociferantes, y a veces violentas, se imponen sobre la inmensa mayoría silenciosa y acobardada. Los de la CUP tienen prácticamente secuestrado al supuesto nacionalismo moderado. Su última ocurrencia consiste en convertir la catedral de Barcelona en un economato. Lo de la ikurriña ilegal en el balcón del Consistorio pamplonés durante el Chupinazo es el enésimo ejemplo de cómo un fanatismo separatista suplanta a la voluntad general.

En Pamplona ganó las elecciones UPN con diez concejales, Bildu sacó la mitad, cinco; igual que Geroa Bai. Resultado: desgobierna Bildu. Lo mismo ocurre en la Comunidad foral. Ambas instituciones están presididas por quienes no fueron los más votados. Mientras, en Venezuela, los amigos de Podemos escriben una de las páginas más tétricas y trágicas de este siglo. Ellos, al parecer, no tienen nada que decir. Como carecen de opinión cuando ahorcan a homosexuales en Irán. En política no vale todo. La extrema izquierda de Pablo Iglesias tiene mucho que explicar, pero calla vergonzosamente.

NO APOYAN APLICAR EL 155
Los tres partidos ‘constitucionalistas’ rechazan aplicar la Constitución
Pepe Gª Saavedra Gaceta.es  7 Julio 2017

Los tres partidos con representación parlamentaria del bloque constitucionalista han rechazado esta semana el empleo del artículo 155 que contempla la Carta Magna. Sólo hay un partido que ha defendido públicamente la suspensión de la autonomía catalana, VOX.

En cada discurso, los líderes de PP, PSOE y Ciudadanos insisten en la defensa de la legalidad y la Constitución en Cataluña, pero no avanzan cómo hacerlo. Mientras, el separatismo avanza sin nadie que frene su plan para romper España. La fecha de la secesión ha sido fijada para el próximo 1 de octubre y, por el momento, el Gobierno ha decidido no actuar.

La Generalitat tramita la compra de urnas, explica cómo será una hipotética ‘república catalana’, anuncia que la ruptura se consumará 48 horas después de la votación y que, como defendió esta semana Oriol Junqueras en el programa Al Rojo Vivo, les es indiferente que sólo participe un 20 en el referéndum ilegal para declarar la independencia.

El Gobierno, en su ya tradicional inmovilismo, se ha limitado a asegurar que no habrá votación y a enviar a todos los ayuntamientos una carta en la que les explica las consecuencias de participar en la consulta. Estos consistorios, para evitar problemas futuros, no están cursando el acuse de recibo y pretenden alegar desconocimiento en caso de que la justicia actúe.
La aplicación del artículo 155

El autodenominado bloque constitucionalista, a la luz de esta sucesión de acontecimientos, parece haber llegado a una única conclusión: no se aplicará el artículo 155. Por uno u otro motivo, tanto PP como PSOE y Ciudadanos han rechazado su implementación por el momento.

Para el PP no es necesario
El presidente del Gobierno ha pedido esta semana a los catalanes ‘’sensatos y moderados’’ que tengan confianza en el futuro frente “delirios autoritarios y frentistas”.

Con confianza, así pretende Rajoy frenar el avance separatista. Muchos de esos catalanes ‘’sensatos y moderados’’ a los que se dirige han denunciado en diferentes ocasiones sentirse ‘’abandonados’’ por el Ejecutivo que preside.

El líder del PP considera que por el momento no hay motivos para la suspensión de la autonomía de Cataluña. Su intención es que el Tribunal Constitucional actúe y evite la implementación del 155, recurso legal del que dispone el Gobierno.

“El Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización”, destacaba este martes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de intentar solventar el problema catalán y cuya actuación por el momento no está dando sus frutos.

Sánchez no lo apoyará
Este jueves, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se veían las caras por primera vez después de la victoria del socialista en las primarias de su partido. Aunque se ha podido saber que durante el encuentro ambos líderes no han tratado la aplicación del 155, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha subrayado que su partido nunca lo apoyará.

La ejecutiva del PSOE entiende que “esa solución nunca sería procedente ni la apoyaría”, tal y como ha remarcado Robles.

C’s también se baja del carro
La posición de Ciudadanos, cuyo bastión es precisamente Cataluña, siempre ha sido bastante ambigua. A medio camino entre los partidos tradicionales, los de Albert Rivera se han mostrado más contundentes en la defensa de la legalidad que los socialistas pero a la vez críticos con la pasividad demostrada por el PP.

Pero este jueves, Rivera ha dejado clara la postura de su formación en una hipotética aplicación del mecanismo que otorga la Constitución: “no hace falta gritar” ni tampoco aplicar el artículo 155 de la Constitución para que el Estado recupere determinadas competencias.

“Yo soy más partidario de evitar los delitos que de perseguirlos”, ha subrayado Rivera, que ha dejado claro que la intención de su partido es aglutinar una mayoría alternativa en contra de la secesión en unas nuevas elecciones regionales.

VOX, el único partido que lo apoya.
La formación que preside Santiago Abascal ha sido la única que ha defendido públicamente la suspensión de la autonomía en Cataluña para evitar la ruptura de España.

La semana pasada, el pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobaba una moción promovida por VOX en la que se solicitaba formalmente al Gobierno central la aplicación del 155 en la región.

Dicha moción fue defendida en el pleno por Javier Ortega, Secretario General de VOX, quien manifestó que “ante el golpe de Estado perpetrado desde una Institución del propio Estado, un acto ilegítimo e ilegal, el Gobierno de España debe cumplir el mandato otorgado por el pueblo español que no es otro que preservar nuestra convivencia, nuestro Estado de derecho y la Unidad de la Nación española”. Por esta defensa de la unidad de España, Ortega sufrió un intento de agresión:

¿Cómo funciona el artículo 155?
“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2.Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

Esto es lo que dice literalmente el artículo constitucional, que aparece en las cartas magnas de otros países de nuestro entorno. En el caso de España, no contempla la suspensión efectiva de la autonomía ni la disolución de sus instituciones, sino la adopción por parte del Ejecutivo central de sus competencias -o parte de ellas-.

Se tiene que dar una situación extrema y que atente contra el interés general de España (condiciones que se darían en caso de una amenaza secesionista).

El procedimiento de aplicación sería el siguiente:
-El Gobierno requiere a las autoridades de la región incumplidora que cesen en sus acciones.

-En caso de que el apercibimiento fuese rechazado, el Senado deberá aprobar por mayoría absoluta las propuestas de actuación del Gobierno en dicha región.

-No es preceptivo un dictamen del Tribunal Constitucional sobre la idoneidad o no de la aplicación del artículo.
 


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