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Sigue siendo necesaria la disciplina
presupuestaria
EDITORIAL El Mundo 8 Julio 2017
El Gobierno anunció ayer una macrooferta de empleo público que
incluye más de 20.400 nuevas plazas, a las que se suman otras casi
7.800 de promoción interna. Se trata de una convocatoria reveladora.
Primero porque con ella, la Administración General del Estado creará
empleo neto por primera vez en siete años. Y segundo porque no es
exagerado decir que consuma el fin de la austeridad que venía
marcando la política económica desde que en mayo de 2010 el entonces
presidente José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a acometer
el primer gran recorte de gasto social de la crisis más dura de la
Democracia.
La decisión de poner fin a la congelación de las contrataciones en
la función pública nos obliga a recordar que España ha perdido una
oportunidad única en los últimos años para reducir el colosal tamaño
de su Administración. Mientras la crisis forzó al sector privado a
someterse a una catarsis para mejorar su competitividad, el sector
público se ha mantenido sin apenas modificaciones. El esfuerzo de la
ciudadanía y los empresarios es lo que está permitiendo que nuestro
país crezca por encima de la media europea con un modelo más
productivo en el que las exportaciones tienen cada vez un peso
mayor.
Es cierto que entre las nuevas plazas de funcionarios que se van a
convocar figuran algunas para reforzar la Agencia Tributaria -con
nuevos inspectores- o la Justicia.Se trata de segmentos que tienen
que estar dotados de recursos para prestar un mejor servicio a la
ciudadanía. Sin embargo, eso no quita que el sector público tenga
pendiente una remodelación en profundidad que pasa por un
adelgazamiento de sus estructuras.
La sobriedad presupuestaria que ha marcado la gestión económica de
Mariano Rajoy está dando paso poco a poco a un incremento del gasto
que ya se empezó a vislumbrar en las negociaciones de los
Presupuestos para 2017, pero que se va a agudizar en la negociación
presupuestaria para el próximo año. El avance de esta nueva
coyuntura lo hemos visto esta semana. No sólo con esa
macroconvocatoria de plazas de empleo público. También en la rebaja
fiscal pactada con Ciudadanos a cambio de su apoyo para sacar
adelante el techo del gasto. Lo que ha hecho el Gobierno es un
parche y no una reforma profunda del modelo impositivo como la
recomendó la última comisión de expertos.
Otro ejemplo del cambio de criterio del Gobierno han sido los 1.200
millones de euros extra para las comunidades autónomas que el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro consiguió que aprobara ayer
en Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso sí, con la
abstención de Extremadura tras desmarcarse el socialista Fernández
Vara de la postura de Ferraz. El propio Montoro reconoció que estas
dos decisiones responden a «razones políticas» por la necesidad que
tiene el Gobierno de buscar apoyos parlamentarios para sacar
adelante la próxima semana la votación en el Congreso del techo de
gasto, trámite necesario para empezar a elaborar los Presupuestos de
2018.
Sin embargo, pese a su debilidad parlamentaria, el Gobierno no debe
renunciar al rigor presupuestario que ha marcado su exitosa gestión
económica. No hay que olvidar que España está todavía tutelada por
Bruselas para reducir el déficit público.
España crecerá este año por encima del 3%. Pero todavía arrastra un
elevado déficit estructural que en el mejor de los casos situará el
desfase entre ingresos y gastos este año en el 3,1%. Es lógico que
el Gobierno premie a la ciudadanía por la mejoría de la recaudación.
Pero esa decisión no debe estar supeditada al mercadeo de votos en
el Congreso para aprobar los Presupuestos. La disciplina
presupuestaria sigue siendo necesaria y hay reformas dolorosas (como
la de la función pública) que todavía están por acometer. Con un
Ejecutivo en minoría, el Parlamento tiene que actuar con
responsabilidad y no supeditar las negociaciones a intereses
electoralistas.
La memoria histórica no se aplica a los
criminales soviéticos
Juan E. Pflüger Gaceta.es 8 Julio 2017
En el madrileño cementerio de Fuencarral hay un mausoleo con un
monumento dedicado a los voluntarios soviéticos que murieron durante
su participación en la Guerra Civil.
En las placas que contiene está el nombre de 182 muertos, aunque no
es una lista completa ya que fueron algo más de 200 los caídos
soviéticos en la “Guerra de España”.
El pasado mes de abril, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
ordenaba la retirada del monumento a los miembros de la Legión
Cóndor que se encontraba en el Cementerio de La Almudena. Alegaba
que se hacía en virtud de la Ley de Memoria Histórica.
Pero no ha hecho lo mismo con un monumento que conmemora a los más
de 2000 voluntarios comunistas que vinieron a España a asesinar
españoles y que venían de la peor y más criminal tiranía que ha
conocido la historia: la Unión Soviética de Stalin.
Como bien saben lo vecinos del barrio de Montecarmelo de Madrid, en
el que se encuentra el cementerio de Fuencarral, cada pocos meses
grupos de personas con banderas comunistas y republicanas realizan
un homenaje a los 182 caídos allí recordados.
Algo que no podrán hacer quienes consideren dignos de recuerdo a los
miembros de la Legión Cóndor. Son las paradojas de una memoria
histórica selectiva, empeñada en borrar solamente a la mitad de los
que combatieron en la Guerra Civil.
Una ayuda soviética descomunal
La Unión Soviética envió un contingente de 2.000 combatientes a la
Guerra Civil española. Bajo la excusa de que eran voluntarios, algo
que era totalmente falso puesto que eran agentes militares y de la
policía política secreta -el NKVD- que vinieron a España para
intentar instaurar un régimen criminal como el que se había impuesto
en Rusia tras la revolución soviética de 1917.
Entre esos 2.000 agentes de Stalin -a los que se rinde homenaje en
Fuencarral desde la construcción del monumento en 1989- había casi
800 pilotos de combate militares, 350 conductores de carros de
combate, artilleros, marineros, 220 asesores militares, 340 asesores
técnicos y más de 200 traductores. Estos tres últimos grupos eran
los miembros de la policía secreta, el terrible NKVD -antecesor de
la KGB- que intentaban implantar el comunismo revolucionario en la
España republicana.
Pero esta no fue la única ayuda enviada por Stalin a España para
imponer el comunismo -ojo, no eran demócratas que defendían la
república española como se viene vendiendo desde los partidos de
izquierda- mucho más importante fue la ayuda militar. Una ayuda que
se pagó con las reservas del oro del banco de España.
La URSS mandó a España 400 carros de combate -los T-26-, más de 700
aviones -entre los que destacan los chatos y los mosca, es decir,
los Polikarpov I-15 e I-16-, 1700 piezas de artillería, 450.000
fusiles Mosin-Nagant, 20.500 ametralladoras DPM, 60 vehículos de
combate blindados no artillados y más de 30.000 toneladas de
municiones.
Un monumento muy revolucionario
El monumento que rinde homenaje a los agentes comunistas soviéticos
en España contiene todos los elementos propios de la iconografía de
la URSS. Un grupo de soldados soviéticos avanza hacia un arco del
triunfo partido que tiene la leyenda: “A la memoria de los
voluntarios soviéticos. 1936-1939”.
Al otro lado del arco se representa un mapa de España hacia el que
avanzan los agentes de Stalin. Tras los soldados, una figura
representa a la Madre Rusia, que mantiene una actitud de despedida a
los supuestos voluntarios. En los laterales del arco del triunfo se
encuentran los nombres de 182 de los casi doscientos soviéticos que
perdieron la vida en España.
En los homenajes, que los nostálgicos del gulag les brindan cada
pocos meses, no faltan los símbolos de la URSS. Hoces y martillos
sobre fondo rojo, imágenes de Stalin y Lenin, puños en alto y la
internacional -el himno bajo cuyas estrofas se han asesinado a más
de cien millones de personas durante el siglo XX- entonada por los
fieles a un régimen felizmente fulminado en 1989. El mismo año en el
que curiosamente se erigía el monumento que como reliquia del
comunismo perdura en el madrileño cementerio de Fuencarral.
Carta lacrada a Pablo Iglesias (3)
José García Domínguez Libertad Digital 8 Julio 2017
Caro Pablo:
Al modo de lo que aquí, en Cataluña, ocurrió con todos esos padres
de la Iglesia de los que te di cumplida noticia la semana pasada,
también el resto de lo que tú acaso llamarías trama, o sea las
clases dirigentes locales de cuando el Antiguo Régimen, comenzaron a
avanzar en ese peculiar proceso de coexistencia lingüística al que
los filólogos designan con el término algo alambicado de diglosia.
Como bien sabes, la voz diglosia remite a los usos distintos que un
mismo hablante realiza de las lenguas que maneja en su vida
cotidiana en función del contexto social en que se encuentre.
Por ejemplo, siendo niño, mis profesores del colegio impartían las
clases siempre en castellano, pero la mayoría de ellos se pasaban al
catalán en el instante mismo de pisar la puerta de la calle. Muchos
años después, cuando yo mismo fui profesor, solía ocurrir lo
contrario: las clases se desarrollaban en catalán, si bien el
castellano volvía a irrumpir en escena en cuanto sonaba el timbre de
salida de las aulas. Pero no creas que esa relación algo esquizoide
que mantenemos con las lenguas de uso habitual constituye un
fenómeno novedoso. De hecho, es algo que viene ocurriendo de forma
continuada en Cataluña desde, más o menos, los inicios del siglo XV,
o sea desde siempre. Tú, Pablo, que eres un intelectual, no te
deberías dejar impresionar por toda esa hojarasca falsaria, la que
da forma al relato catalanista sobre la persecución secular de la
lengua.
Una mitología, la del pretendido holocausto lingüístico, que sitúa
el instante germinal del exterminio planificado en el Decreto de
Nueva Planta. Has de saber que por aquel entonces la diglosia ya
estaba plenamente instalada entre los estamentos rectores de
Cataluña. Al punto de que la mítica Nueva Planta, de hecho, no
cambió nada a ese respecto. La supresión del uso del catalán en los
documentos oficiales de la monarquía, que a eso se redujo en
realidad el asunto, tuvo, más o menos, idéntica trascendencia
práctica que el orillamiento progresivo del latín en la burocracia
eclesiástica. Mucho antes de 1714, los nobles, los caballeros y los
buenos burgueses de Barcelona ya educaban a sus hijos en castellano,
acudían al teatro en castellano, leían libros en castellano y
hablaban con soltura notable en castellano cuando se topaban con un
interlocutor cuya lengua fuese esa. Eso sí, todo lo demás seguían
haciéndolo en catalán. Como ves, una situación no demasiado distinta
a la que hoy mismo se puede observar en la misma Barcelona.
Porque hay una razón poderosa que explica que los catalanes de hace
quinientos años se interesasen por aprender castellano y no, por
ejemplo, japonés o sueco. Es la misma razón que yace tras el afán de
todos los padres españoles de hoy para que sus hijos dominen el
inglés: la necesidad. Algo, el utilitarismo, ese pragmático rasgo
universal de la condición humana, que choca de bruces con el relato
romántico de los nacionalistas a cuenta de lo que ellos tienen por
la quintaesencia metafísica de la identidad, que no otra cosa
representa el idioma a sus ojos.
Así, en la catequesis histórica que recibe la población escolar
catalana actual, el año 1714 constituye un traumático punto de
inflexión sociolingüístico. Según se les explica, el célebre Decreto
de Nueva Planta, una imposición punitiva de la nueva dinastía
borbónica, habría introducido el uso forzado de una lengua tan ajena
como desconocida hasta aquel entonces, la castellana por más señas.
Narración canónica que solo plantea un pequeño problema operativo, a
saber, que no se compadece en absoluto con la verdad. Contra lo que
tanto les hubiese gustado a nuestros nacionalistas contemporáneos,
la gradual penetración de la lengua castellana en Cataluña a partir
de la Baja Edad Media fue un proceso esencialmente endógeno, no
exógeno.
De ahí que tras la derrota y ulterior rendición de la ciudad de
Barcelona a las tropas del Duque de Berwick resulte imposible
detectar ningún cambio en los hábitos lingüísticos de los estamentos
dirigentes de la Cataluña de entonces. Tal como ya te indiqué ahí
atrás, para un nacionalista de principios del siglo XXI la lengua
constituye el rasgo fundamental del sentimiento de pertenencia de
los catalanes. Pero para un catalán cualquiera del XV, del XVI, del
XVII o del XVIII la lengua vernácula no tenía mayor importancia. No
significaba nada especial más allá de su condición de mero
instrumento para comunicarse con el prójimo. Las tropas de Felipe V
que pusieron cerco a la ciudad en 1714 venían de fuera (aunque, como
también sabes de sobra, muchos de los asaltantes eran tan catalanes
como los asaltados), pero el castellano ya llevaba más de dos siglos
instalado dentro de sus murallas cuando el abogado Rafael de
Casanovas decidió rendirse. ¿Cómo entender si no que un ilustre
antepasado del también ilustre Martí de Riquer, cierto Anton de
Sabater, pudiera pronunciar el discurso oficial de recibimiento a
las tropas borbónicas en Barcelona en el más impecable, barroco y
florido de los castellanos?
Tuyo afectísimo.
Cómo joder a España
Manuel Trallero Cronica Global 8 Julio 2017
No se atribulen ustedes demasiado haciendo cábalas sobre las causas
que han llevado a Cataluña al punto en que nos encontramos. La
principal motivación --lo cual no quiere decir que sea ni mucho
menos la única-- de todo cuanto acontece es la enunciada más arriba.
Ello no excluye, claro está que no existan a partir de esta
principal otras, llamémosle, metas volantes como bien puede ser la
independencia de Cataluña, pero en cualquier caso se trata de un
objetivo secundario y hasta cierto punto menor. Cataluña, la lengua
catalana, la nación milenaria y toda la restante parafernalia les
importan absolutamente una higa y se la trae al fresco con tal de
reducir a España y a los españoles a la simple condición de boñigas.
La sentencia de Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, incluso
la poco más que simbólica recogida de firmas del PP contra el mismo,
las balanzas fiscales, el déficit en infraestructuras es solo
munición para el día el día. Lo otro, la independencia y los cuentos
de María Sarmiento, ya llegarán o no, pero de momento nadie les
quita lo bailado.
Es tal la interiorización del odio a España que el alcalde
--socialista para mayor inri-- de la población de Blanes, para
justificar el referéndum, comparó a Cataluña con Dinamarca y al
resto de España con el Magreb. El señor Lupiáñez, que así se
apellida el edil, es oriundo de un pueblecito de la provincia de
Granada. Es un odio comparable al que se profesaban a los serbios a
los bosnios, o los hutus a los tutsis. Hemos pasado de la
conllevancia resignada de Ortega y Gasset al estado de
encabronamiento.
Desde el modelo educativo catalán, que es una simple formación del
espíritu nacional, hasta los medios de comunicación en catalán, en
donde la ridiculización y escarnio se hace o bien con personajes
españoles o en lengua española. Para el resto de la programación no
existe tal idioma, ni existe España sino el Estado español,
denominación franquista de España. Los españoles todavía llevamos
boina, somos bajitos y bebemos en botijo.
Hemos pasado de la "España subvencionada" con nuestro dinero y del
"España nos roba", a que "la democracia española es una democracia
de baja intensidad", "España es como Turquía", "España es una
anomalía". "Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha
puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia
en la Europa del siglo XXI", dijo Pep Guardiola. Y Anna Simó, de
ERC: "Ganaremos al franquismo porque también ejerceremos nuestra
democracia". He ahí el quid de la cuestión. Por medio de una
presunta memoria histórica se ha hecho creer que el franquismo ha
quedado inconcluso, que continúa ahí mismo. "La deriva nazi del
Partido Popular", escribió el maestro Josep Fontana. Y así, aquella
derrota que los franquistas supuestamente infligieron a Cataluña --y
quien dice los franquistas puede decir Felipe V y así
sucesivamente-- hoy podrá ser resarcida con el tocomocho ese del
referéndum de marras.
El Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek aseguraba que "los
pueblos aprenden del desastre producido por sus errores". Por lo
visto, los catalanes no.
Nebrija y el destino del español
Ricardo Ruiz de la Serna Gaceta.es 8 Julio 2017
Esta semana se han cumplido 495 años de la muerte de Elio Antonio de
Nebrija (1441-1522), que, en realidad, se llamaba Antonio Martínez
de Cala y Xarava. Se trata de uno de los grandes humanistas de la
historia de España. Venía de una familia de conversos. Estudió en la
Universidad de Salamanca y a los 19 años partió para Italia, que en
aquella época vivía el apogeo del Renacimiento. Ingresó en el
Colegio de San Clemente de Bolonia en 1463 para estudiar Teología.
Se quedó en la ciudad diez años más. Regresó a España allá por 1470.
En 1473 entró como profesor de Gramática y Retórica en la
Universidad de Salamanca. En 1502 colaboró en uno de los grandes
proyectos humanistas de Europa: la Biblia Políglota Complutense, que
costeó el Cardenal Cisneros. Imaginen ustedes por un momento la
magnitud del empeño: una Sagrada Escritura que comprendiese los
mejores textos en hebrero, arameo, latín y griego. El cardenal contó
con conversos como Pablo Coronel y Alfonso de Zamora, con el griego
Demetrio Ducas y con Hernán Núñez de Toledo, apodado “el Pinciano”.
Con este equipo colaboró nuestro Nebrija, que corrigió el texto
latino de la Vulgata de San Jerónimo. En 1522, hace ahora casi cinco
siglos, murió en Alcalá de Henares.
La influencia del romano Lorenzo Valla (1406/1407- 1457), cuyo
nombre todo humanista debe pronunciar en pie y con el sombrero en
mano, llevó a Nebrija a escribir su insigne “Gramática castellana”
(1492), que publicó poco meses antes de que Colón descubriese
América. La Gramática es del 12 de agosto de aquel año. Rodrigo de
Triana –que, sin embargo, tal vez naciera en Lepe y no en el popular
barrio sevillano- avistaría tierra el 12 de octubre. Apenas dos
meses después de que Nebrija alumbrase su obra más famosa. En ella,
está recogida la antigua idea romana de que el latín iba unido
indisolublemente a la idea de la grandeza imperial. Lengua e imperio
florecieron juntos y juntos se hundieron al final. El gramático
español siguió al romano en la afirmación de la elegancia y
perfección de la lengua latina. Para Nebrija, el español sería tanto
más noble cuanto más se acercase al latín y, en consonancia, así
sería la suerte del imperio que en aquel momento nacía.
Uno debe detenerse un instante a pensar en la hora que vivía España.
Desde la Península Ibérica, españoles –castellanos, aragoneses,
vascos, andaluces, gallegos…- y portugueses estaban cambiando la
visión del mundo. Si el humanismo italiano fijó los cánones y las
modas de su tiempo, fueron los humanistas de la Monarquía Hispánica
quienes los llevaron a su culmen en todo el continente desde Flandes
hasta Sevilla. Solo así puede comprenderse en toda su dimensión una
figura como la del rey Felipe II en el siglo siguiente. Este
humanismo y su confianza en el ser humano y sus posibilidades
inspiraron a los descubridores del Nuevo Mundo. Por supuesto, no
todos eran latinistas, pero todos compartían esa visión del mundo y
de la historia que veía en Las Españas una nueva Roma.
Cuando Nebrija dedicó su Gramática a la reina Isabel I de Castilla,
le recordó: “que siempre la lengua fue compañera del imperio; y de
tal manera lo siguió, que juntamente començaron, crecieron y
florecieron, y después junta fue la caída de entrambos”. En unas
pocas líneas, este humanista –que había vivido la tragedia del
Edicto de Granada que expulsaba a los judíos de las Coronas de
Castilla y Aragón y que vería poco después el descubrimiento de
América- le daba a la Reina Católica una lección de teoría política
y de historia. España duraría lo que durase su lengua.
Gracias a los cientos de millones de americanos que hoy hablan, aman
y rezan en español, Nebrija puede descansar tranquilo. En estos días
se han conocido novedades acerca de las excavaciones del Gran
Tzompantli –el altar de las calaveras- que describió Bernal Díaz del
Castillo y que estaba frente al Templo Mayor en Tenochtitlán. Se
trata de dos torres con cientos de cráneos incluyendo algunos de
mujeres y niños. Se duda, así, de que solo los guerreros fuesen
sacrificados al dios Huitzilipochtli. El lector ha de imaginarse
esas montañas de cráneos pudriéndose al sol que debieron de
contemplar aterrorizados Cortés y sus hombres cuando llegaron a la
capital del imperio azteca. Escribieron sus relatos en esa misma
lengua –menos latinizada pero viva y palpitante- que los guerreros,
los misioneros y los comerciantes llevaron a América. La empresa
americana dio al español un caudal prodigioso de palabras, giros y
expresiones que aun hoy nos admira. Vayan a la cancha de Boca –que
lleva el precioso nombre de “La Bombonera”- un día de partido o
escuchen las letras que se cantan en el Festival de la Leyenda
Vallenata para admirar la riqueza de una lengua que ya tiene casi
mil años.
España perdió el imperio, pero su lengua es universal y sigue
creciendo. A ambos lados del océano y por todo el mundo, el número
de hablantes crece y se multiplica. La historia que comenzó con las
jarchas y las Glosas Silenses y Emilianenses nos llevó a García
Márquez y a Borges. Es un viaje que aún no ha terminado. Creo que
Nebrija, que estará en el paraíso de los humanistas –que debe de
tener una infinita biblioteca- estará dando gracias al Creador por
esta obra admirable.
******************* Sección "bilingüe"
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Nacimiento y extinción del Espíritu de Ermua
EDITORIAL Libertad Digital 8 Julio 2017
Al conmemorar el vigésimo aniversario del secuestro y asesinato del
edil del PP Miguel Ángel Blanco resulta ineludible evocar el
nacimiento y la posterior evolución del denominado Espíritu de
Ermua. Aquel asesinato a cámara lenta, perpetrado como consumación
del chantaje terrorista que exigía el inmediato acercamiento de los
presos de ETA al País Vasco pero también como venganza por la
reciente liberación –por parte de la Guardia Civil– de José Antonio
Ortega Lara tras 532 días de inhumano cautiverio, produjo en toda
España, y muy especialmente en el País Vasco, unas manifestaciones
de repulsa jamás vistas. Fue ese un movimiento cívico y espontáneo
que desbordó a la clase política, a la que, lejos de reclamar alguna
clase de apaciguador entendimiento con los terroristas, exigía el
aislamiento social y político del entorno etarra, así como una lucha
antiterrorista que hiciera uso de todos los mecanismos del Estado de
Derecho. "A por ellos, con la ley y la palabra, a por ellos", fue
una de las muchas y combativas proclamas que se escucharon en
aquella masiva manifestación de Madrid, a la que acudieron cerca de
dos millones de personas y en la que no hubo cabecera oficial, pues
fue tomada una ciudadanía que clamaba, no por el apaciguamiento,
sino por la derrota de ETA.
Pronto, sin embargo, algunos políticos nacionalistas se fueron a por
la ETA; pero no para combatirla, precisamente, sino para negociar
una tregua bajo el repugnante compromiso de buscar una estructura
"única y soberana" para lo que ellos denominan Euskal Herria y para
romper los acuerdos que el PNV mantenía con el PP y el PSOE. Así, el
12 de septiembre de 1998, poco más de un año después del asesinato
de Miguel Ángel Blanco, las formaciones nacionalistas vascas
firmaban en la localidad navarra de Estella un ominoso acuerdo que
dio pie a que los terroristas hicieran público, cuatro días después,
un no menos infame comunicado en el que anunciaban una "tregua
indefinida" y en el que se daba un voto de confianza a las
formaciones que habían suscrito el Pacto de Estella.
Inmediatamente, el nacionalismo vendió aquel tergiversado anuncio de
tregua indefinida de los terroristas como una "oportunidad para la
paz". La oposición socialista reclamó al Gobierno del PP que no
cayera en el "inmovilismo" y su líder, Joaquín Almunia, pidió al
Ejecutivo una "política de gestos". El propio José María Aznar, al
que ETA había querido asesinar cuando aún no había llegadpo el
Gobierno, accedió a mantener "contactos" con lo que denominó el
"entorno del movimiento vasco de liberación", advirtiendo
claramente, no obstante, que no se pagaría un "precio político" por
el hecho de que ETA dejara de matar. La "generosidad" que reclamaba
la oposición y que entonó el propio Gobierno creó indudable tensión
en el seno del Ejecutivo, donde el ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja, advertía lúcidamente de que todo era una "trampa".
No obstante, tras el escalonado acercamiento de más de un centenar
de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y un contacto
con ETA en el que los emisarios del Gobierno verificaron la nula
voluntad de los terroristas de renunciar a aquello por lo que habían
matado y, en realidad, anunciado su tregua, el Gobierno del PP dio
por cancelado todo diálogo con la organización terrorista.
Las formaciones nacionalistas, por su parte, si bien siguieron
durante meses criticando el "inmovilismo" del Gobierno, tampoco
avanzaron lo suficiente –a juicio de la propia ETA– en su compromiso
de ruptura con el Estado. Así las cosas, la banda terrorista dio por
finalizada su tregua en noviembre de 1999, asesinando pocos días
después a otro español apellidado Blanco, el coronel Pedro Antonio
Blanco.
La brutal campaña criminal que ETA desató a partir de entonces
reactivó, sin embargo, el Espíritu de Ermua. El PSOE, temeroso de
que la sociedad le reprochara falta de apoyo a la política de
relativa firmeza del PP, corrió a buscar un acuerdo con el Gobierno
para que la política antiterrorista quedara fuera de la controversia
electoral, pero en el que se incluía un oportuno reproche a los
nacionalistas por haber querido poner un precio político a la paz.
Así, el 8 de diciembre de 2002, PP y PSOE firmaban el llamado
Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, y año y medio
después se aprobaba la Ley de Partidos, por la cual se decretaría la
suspensión total de las actividades de Batasuna y, en marzo de 2003,
su total disolución.
Aquella ofensiva social, legal, política y policial contra ETA,
expresión insuperable del Espíritu de Ermua, llevó a la organización
terrorista a su trance más agónico. No obstante, pronto hubo
quienes, cegados por el espejismo del apaciguamiento o por la
ideología, corrieron a dar oxígeno a la banda terrorista. Tal fue el
caso de los separatistas de ERC, liderados por el entonces
vicepresidente de la Generalidad, y futuro socio de Gobierno de
Zapatero, Josep-Lluís Carod Rovira, quien se entrevistó en enero de
2004 en Perpiñán con miembros de la banda terrorista para
reclamarles una tregua circunscrita a Cataluña, solicitud a la que
ETA accedió apenas un mes después. También fue el caso del propio
Partido Socialista del País Vasco, que, a pesar de estar
supuestamente en vigor el Acuerdo por la Libertades, ya había
establecido los primeros contactos clandestinos con el entorno
etarra para lograr una tregua para toda España.
A la inesperada victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las
elecciones de 2004, violentadas por la espantosa matanza del 11 de
marzo y en las que las sedes del PP fueron sometidas a asedio, le
siguió poco tiempo después un silenciado comunicado de ETA en el que
se reclamaba al nuevo presidente del Gobierno "gestos para
Euskalherria tan valientes como los dados en Irak", en referencia a
la decisión de Zapatero de retirar inmediatamente las tropas
españolas de aquel país.
A comienzos de mayo de 2005 el diario El País informaba
oficiosamente de la disposición del Gobierno a negociar con los
neobatasunos la reforma del Estatuto de Guernica y "dar una salida a
los presos" si ETA declaraba una tregua "cuanto antes". Pocos días
después, el 17 de mayo de 2005, el Congreso aprobaba, con la rotunda
oposición del PP, una resolución favorable al diálogo con ETA si los
terroristas dejaban las armas.
Tras casi un año en el que se celebraron multitudinarias
manifestaciones en las que las propias asociaciones de víctimas, con
el respaldo del PP, habían enarbolado el Espíritu de Ermua y
mostrado su oposición a cualquier diálogo y a cualquier concesión a
los terroristas, ya fuese política o penitenciaria, ETA anunció –en
marzo de 2006– un "alto el fuego permanente" que, por cierto, no
incluía el cese del robo de armamento ni el de la extorsión del
denominado impuesto revolucionario. Precisamente, y a fin de no
poner en peligro el nausebundo proceso de negociación en marcha, en
mayo de ese año agentes policiales alertaron en el bar Faisán a unos
miembros del aparato de extorsión de la banda de que iban a ser
detenidos por orden de un juez, lo que terminó por desbaratar la
operación policial.
El 30 de junio Zapatero anunció formalmente el inicio del diálogo
con ETA, justificando su decisión en el anuncio de alto el fuego de
los criminales después de tres años sin atentados con muertos.
Ni aquel anuncio de ETA ni la designación de Gregorio Peces Barba
como alto comisionado para las víctimas habían anestesiado el
Espíritu de Ermua, que todavía anidaba en buena parte de la sociedad
española y muy especialmente en las asociaciones de víctimas. Las
multitudinarias manifestaciones en contra de la negociación con los
terroristas se siguieron sucediendo con el apoyo de un PP muy
combativo que había acusado al Gobierno de Zapatero de "traicionar a
los vivos y a los muertos". Por su parte, el Ejecutivo hacía guiños
públicos a ETA; así, Zapatero aseguró que la "paz" permitiría que
"todo" tuviera "cabida", tuviera el "alcance" que tuviera. Su
Fiscalía General del Estado, encabezada por Cándido Conde-Pumpido,
animaba a jueces y fiscales a no interpretar la Ley de Partidos como
un "Guantánamo electoral", al tiempo que les pedía, cursi y
bochornosamente, que sus togas no eludieran "el contacto con el
polvo del camino" y que la ley no fuera un "obstáculo para la paz".
Mientras tanto, las negociaciones con los terroristas seguieron, con
altibajos su curso; sólo fueron clara pero temporalmente
interrumpidas por el atentado de la ETA en la T-4 de Barajas en
diciembre de 2006, en el que fueron asesinados dos individuos de
nacionalidad ecuatoriana, Carlos Alonso Palate y Diego Armando
Estacio. Los terroristas culparon de las muertes al Gobierno por no
haber desalojado el aeropuerto a pesar de las tres supuestas
llamadas de preaviso y justificaron la colocación de la furgoneta
bomba por la oposición del Ejecutivo a "cumplir sus compromisos".
Aun así, la banda terrorista tuvo la desfachatez de decir que
mantenía la vigencia del alto el fuego, por lo que pronto se
restablecieron las negociaciones, en las que participaron, entre
otros, futuro vocal del Manuel Gómez Benítez, posteriormente miembro
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y José Antonio
Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, sanguinario etarra sobre el que
pesaba desde 2002 una orden de búsqueda y captura por su implicación
en la matanza de la casa cuartel de Zaragoza.
En dichas negociaciones se llegó a ofrecer, tal y como años después
vinieron a confirmar las propias actas de la banda incautadas en
Francia, la derogación de la Doctrina Parot. No resultó sorprendente
el contenido de aquellas actas, habida cuenta de que la Fiscalía
General del Estado se había alineado públicamente con la defensa del
etarra Henri Parot y el Gobierno proponía al socialista Luis López
Guerra, notorio detractor de dicha doctrina, como magistrado del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que los abogados
etarras recurrieron la negativa del Supremo a derogarla. Eso, sin
olvidar la campaña de una agresividad sin precedentes que el PSOE
había lanzado públicamente contra el entonces presidente del
Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, por su respaldo a la
misma.
Tampoco se puede olvidar, a la hora de recordar aquellos años, la
inicua y prematura excarcelación del sanguinario Iñaki de Juana
Chaos, tras su teatral huelga de hambre, ni los nulos esfuerzos por
volver a detenerlo tras requerir la Justicia ue fuera sometido a un
nuevo procesamiento.
En mayo de 2011, el Tribunal Constitucional, en una de las
sentencias políticas más escandalosas de su historia, decidió
suspender la ilegalización de Bildu dictada por el Supremo. Dos
meses después, ETA celebró en un silenciado comunicado los buenos
resultados obtenidos en las elecciones autonómicas por su nueva y
tolerada marca electoral, y se jactó de haber ganado "la batalla
política e ideológica de la ilegalización".
En octubre de ese mismo año, la banda emitió un nuevo comunicado en
el que, si bien cambiaba el calificativo de su alto el fuego de
"permanente" a "definitivo", seguía vanagloriándose de su historial
criminal y utilizando un lenguaje chantajista contra los Estados
francés y español. Sin embargo, recibió el aval del candidato
socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
de su rival popular, Mariano Rajoy, quien llegó a decir, pese a la
derogación de facto de la Ley de Partidos, que el comunicado etarra
no era fruto de "ninguna concesión política".
Ese aval de Rajoy y, sobre todo, su llegada al poder en las
elecciones del 20 de noviembre de ese mismo año marcaron un punto de
inflexión en la actitud del PP ante la sucia y vil paz de ETA. Así,
el nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nada más tomar
posesión del cargo calificó de "ejemplar" la labor de sus
antecesores y aseguró: "Para que lo sepa todo el mundo: me consta
que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en
suspenso el Estado de Derecho".
La excarcelación de Iosu Uribetxebarria Bolinaga, secuestrador y
torturador de Ortega Lara, en agosto de 2012, escandalosamente
justificada por el Gobierno de Rajoy por un falso "imperativo
legal", fue un mazazo para las víctimas del terrorismo, sólo
superado por el que recibirían poco más de un año después, cuando el
Tribunal de Estrasburgo emitió una sentencia –con el decisivo
concurso del ya mencionado Luis López Guerra– contra la Doctrina
Parot. El Gobierno de Rajoy la asumió hasta el punto de que se
benefició de ella no sólo la etarra Inés del Río, objeto de la
sentencia de la que entendió Estrasburgo, sino todos los reclusos
que seguían en prisión como consecuencia de la Parot y acometió una
excarcelación masiva de etarras... y de violadores y asesinos en
serie, algunos de los cuales ya han reincidido en sus conductas
criminales.
Hoy, veinte años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y del
nacimiento del Espíritu de Ermua, la sociedad española vive
cómodamente instalada en una paz indigna, en la que los terroristas,
ciertamente, ya no matan ni secuestran, mientras la unidad nacional
y el Estado de Derecho son objeto de amenazas formidables; una paz
en la que los voceros de ETA tienen financiación y acrecentada
representación política; una paz bajo la que siguen sin esclarecerse
más de 300 asesinatos de ETA y en la que etarras en paradero
sobradamente conocido por las autoridades, como Juana Chaos o Josu
Ternera, siguen sin ser detenidos.
La memoria, la dignidad y la justicia que merecen Miguel Ángel
Blanco y todas las demás víctimas del terrorismo exigían y exigen
más, muchísimo más.
Lavando cerebros
OKDIARIO 8 Julio 2017
Usar a los niños como munición política y tratar de lavar sus
cerebros es propio de regímenes totalitarios. No hace falta poner
ejemplos concretos, sólo hay que echar un vistazo a la historia del
siglo XX para comprobar quiénes y cómo usaron a los menores para
formar parte de su propaganda. España padece actualmente uno de los
niveles políticos más bajos de toda su historia. Entre populistas y
radicales han hecho de la frivolidad y del show por el show una
manera de concebir la actividad institucional que, por ahora, ha
llegado para quedarse. Hábitos que hasta hace poco hubieran sido
considerados auténticas aberraciones colonizan las sesiones
plenarias de las cámaras locales, autonómicas y nacionales. No
obstante, los golpistas catalanes siempre son capaces de ir un paso
más allá y ahondar en el dislate contextual que padecemos. Han
amenazado a los españoles, al Estado, al Rey, al presidente del
Gobierno, a los empresarios que utilizan el español en Cataluña, a
las multinacionales… y ahora también utilizan a los menores de edad.
Pocas cosas hay más grotescas que mezclar deporte y juventud para
tratar de afianzar unos determinados pensamientos políticos. Más si
se trata de los postulados de una banda que pretende partir España
en dos y que ha llevado la ruina económica más absoluta hasta
Cataluña. Capitanes de un barco que está a punto de alcanzar el
mismo puerto que el Titanic: ninguno. Los independentistas
aprovechan las competiciones deportivas amateur para lavar el
cerebro de los jóvenes. Así ha ocurrido en el II Campeonato Europeo
de Twirling. En una imagen que parece más propia de Corea del Norte
que de una región española, los niños aparecen en el evento portando
esteladas y ante un cartel que dice: “Una nación, una selección”.
Una manera de mostrarse ante los medios internacionales —el Twerling
es un deporte muy popular en Estados Unidos— pero que, al contrario
de lo que pretenden, emparenta a los secesionistas con la ranciendad
más absoluta. Si este es el futuro social, educacional y cultural
que le espera a Cataluña, por su bien que el Gobierno acabe cuanto
antes con la pantomima de Puigdemont y compañía.
Cuándo empezó la derrota de ETA
Javier Fernández-Lasquetty Libertad Digital 8 Julio 2017
El terrorismo de ETA ha martirizado España durante casi 50 años, la
mayoría de los cuales ya en un régimen de plenas libertades
políticas. HaN asesinado a 857 personas, cada una de ellas una
persona con una vida de la que nadie tenía derecho a disponer. En
este momento el partido que es el brazo político de la banda
terrorista ETA, Bildu, gobierna en decenas de ciudades y pueblos del
País Vasco y de Navarra, y es el segundo partido en el Parlamento
vasco. Es decir, se han ido acercando a sus objetivos de imposición
de un poder liberticida, ya sin tener siquiera que disparar para
conseguirlo. Rodríguez Zapatero negoció con ellos para sacarlos de
la ilegalidad y evitarles la derrota. Rajoy ha permitido que la
traición de Zapatero siguiera su curso.
Pero hubo un tiempo en el que en España al terrorismo se le combatió
y se le ganó. Fue el tiempo en el que gobernó José María Aznar
(1996-2004), y se hizo con una estrategia política aplicada dentro
de la ley, y con toda la fuerza de la ley. La ley que protege la
libertad de cada individuo frente a quienes quieren imponer sus
opiniones por la fuerza y con la violencia.
Estos días recordamos los momentos más dramáticos de la lucha de los
españoles contra el terrorismo. Se cumplen 20 años desde que, en
julio de 1997, la Guardia Civil liberó a José Antonio Ortega Lara,
secuestrado y encerrado vivo durante 532 días en un agujero inmundo.
La explosión de alegría de los españoles fue inmediatamente
congelada por ETA, que pocos días después secuestró y asesinó con
lenta crueldad al joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Por
primera vez centenares de miles de vascos salieron a la calle, como
el resto de los españoles, a gritar sin miedo su ansia de libertad.
Muchas veces se ha dicho que ese fue el principio del fin de ETA,
pero yo creo que ese comienzo de la derrota de ETA empezó
exactamente un año antes, en mayo y junio de 1996, cuando llegó
Aznar al gobierno y sustituyó la estrategia derrotista y acomplejada
de Felipe González por una estrategia de derrota total de la banda a
través de la aplicación de la ley. La liberación de Ortega Lara, el
asesinato de Miguel Ángel Blanco y la reacción ciudadana masiva
fueron decisivamente importantes, además de moralmente emocionantes.
Pero nada de todo ello se hubiera producido si antes no hubiera
existido una determinación política de ganar la batalla mediante la
aplicación de los principios.
Las primeras semanas del gobierno de Aznar, en mayo de 1996, fueron
también en este punto determinantes. El propio José María Aznar lo
ha contado en sus memorias y en numerosas entrevistas, lo mismo que
Jaime Mayor Oreja. El libro España, camino de libertad, editado por
FAES, describe muy bien cómo en las primeras semanas de gobierno de
Aznar se van descubriendo toda una serie de hilos de contacto y
"tomas de temperatura" que Felipe González mantenía con ETA,
incluyendo al argentino Pérez Esquivel, entre otros expertos en
moverse en las tinieblas.
Lo que todo el mundo recomendaba a Aznar era que continuara adelante
con esos contactos, para buscar una manera de pactar o capitular
ante ETA. Aznar hizo todo lo contrario: despidió a todos e hizo
llegar muy claro el mensaje de que no habría pactos bajo la mesa con
los terroristas. Tomar esa decisión debió ser difícil, pero mucho
más lo fue mantenerla, especialmente cuando la pistola apuntaba a la
sien de un joven como Miguel Ángel Blanco. Pero los resultados
fueron espectaculares: en pocos años los terroristas habían quedado
reducidos a un puñado de pistoleros acorralados y los dirigentes de
la banda criminal eran detenidos a las semanas de ponerse al frente
de sus cada vez menores huestes. Al mismo tiempo la violencia
callejera era enérgicamente perseguida hasta casi hacerla
desaparecer. Y lo más importante: el brazo político de ETA fue
ilegalizado en aplicación de los mecanismos del Estado de Derecho,
convalidados por los tribunales internacionales.
Así fue como ETA fue derrotada. Lo primero, los principios: la
libertad se defiende con la ley, pero aplicando todo el peso de la
ley. Después, la política definida a partir de esos principios. A
continuación, la determinación de mantenerse firme en esa política y
llevarla hasta el final. Y después, solo después, viene el éxito y
el triunfo.
Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco, junto con muchos miles de
personas, fueron víctimas. Pero entonces tenía sentido: eran
víctimas porque España no se rendía. Ahora, después de la vuelta de
Zapatero a la negociación con ETA, inalterada por Mariano Rajoy, es
cuando sus familiares se preguntarán qué sentido tiene ahora su
sacrificio.
Marco histórico de una democracia fallida
Pío Moa. Gaceta.es 8 Julio 2017
¿Había notado ud que los ataques al franquismo vienen de los
políticos e intelectuales más corruptos y falsarios?
:pic.twitter.com/rUPtw9Fdlf
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Resulta realmente insoportable escuchar día tras día la mentiras,
miserias y majaderías de unos politicastros corruptos que con sus
“diálogos” no solo han hundido la democracia, sino que van camino de
hundir al país. Escuchar a tantos comentaristas y analistas
engolfarse en especulaciones sobre lo que quiere, dice o hace tal o
cual delincuente político. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Una y otra vez me he remitido al referéndum de diciembre de 1976,
cuando se dilucidó popularmente la opción de reforma o de ruptura
con el franquismo. La llamada reforma era un cambio drástico, es
decir, a una democracia, pero partiendo legalmente del franquismo y
apoyándose en la excelente herencia dejada por aquel régimen. La
ruptura suponía saltar atrás por encima de cuarenta años fructíferos
para enlazar con la supuesta legalidad democrática del Frente
Popular o la república (no eran en absolutamente lo mismo, pero la
supina ignorancia histórica de los políticos e historiadores
habituales los confunde: la república fue un régimen caótico, el
Frente Popular fue simplemente criminal).
Hacia 1976, la gente tenía una idea pasable de los enormes
beneficios del franquismo, porque los venía experimentando, y una
gran parte de ella recordaba todavía las delicias del Frente
Popular. La idea absurda de que la guerra había enfrentado a la
democracia con el “fascismo” o “la reacción”, sonaba extraña a casi
todo el mundo, aun sin tener idea clara de ella, porque el propio
régimen apenas hablaba de la guerra. Cierto que esa falsedad
esencial era pregonada ya intensamente en la universidad, por obra
sobre todo de la propaganda comunista, cada vez más acogida por
otros muchos, por supuesto por los separatistas, parte de la
Iglesia, etc.; pero muy pocos la creían, sin que ello supusiera un
análisis preciso de la cuestión: simplemente no se la entendía así.
Por ello en el referéndum –más votado que la posterior
Constitución—la inmensa mayoría rechazó una ruptura demencial y se
inclinó por la llamada reforma, es decir, por la evolución
democrática a partir de la legitimidad franquista: una legitimidad
de origen por haber derrotado al totalitarismo y al separatismo; y
una legitimidad de ejercicio, por sus resultados espléndidos. El
mensaje del pueblo era ese, y era muy claro. Sin embargo la
falsificación comenzó casi inmediatamente, bajo unos políticos, con
Suárez en cabeza, y un monarca frívolos, incultos e ignorantes.
Estos quisieron convertir en prenda de democracia el olvido de su
propio origen y la aceptación de la idea básica del rupturismo: que
democracia y antifranquismo equivalían. En aquella radical
falsificación los demócratas reales resultarían los comunistas y
etarras, auténticos luchadores contra Franco. La derecha salida del
régimen anterior y organizadora de la transición empezó, pues por
tratar de olvidar y hacer olvidar su procedencia y terminaría por
aceptar explícitamente la tesis rupturista, renegando de sus padres
y abuelos que habían librado a España, entre tantas otras cosas, del
totalitarismo, la disgregación y la guerra mundial. Así, lo mismo
condenaban tranquilamente el alzamiento del 18 de julio del 36 que
bendecían a las Brigadas Internacionales, especie de ejército
particular de Stalin.
No obstante, la realidad histórica, sociológica y económica legada
por el franquismo era demasiado fuerte y evidente como para poder
ser liquidada de la noche a la mañana. Fue precisa una labor muy
persistente y tenaz de falsificación de la historia por parte de
políticos, intelectuales e historiadores de tres al cuarto. Apoyada
desde fuera por unos países democratizados por la intervención
militar del ejército useño, mientras que en España la democracia
nacía de su propia evolución pacífica. Labor que pudo hacerse porque
a ella terminó sumándose, como digo, el propio PP. Y así, la ruptura
fue consumada finalmente por el gobierno socialista de Zapatero, y
legalizada con la ley de memoria histórica, una ley totalitaria
digna de la Cuba castrista o de Corea del Norte, en la que los
peores asesinos y torturadores del Frente popular y los mismos
etarras aparecen como “víctimas del franquismo” y “luchadores por la
libertad”.
Y no es en modo alguno casual que los autores de este proceso hayan
hecho una Constitución defectuosa y elaborada de forma irregular;
que hayan amparado, fomentado y financiado la propaganda
separatista; que hayan rescatado a la ETA del borde del abismo para
convertir sus asesinatos en un modo aceptado y premiado de hacer
política; que vengan entregando fraudulentamente la soberanía
española a la burocracia de Bruselas; transformando el ejército en
una tropa cipaya en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y
en lengua ajena; convirtiendo una humillante y parasitaria colonia
en nuestro territorios en un emporio de negocios opacos para la
potencia invasora; fomentando una auténtica colonización cultural
por el inglés; un proceso de destrucción de la familia, de abortismo
masivo, de impulso al despotismo LGTBI; un proceso de corrosión de
la justicia, hoy tan desprestigiada, y de corrupción generalizada;
la aceptación implícita o explícita de la leyenda negra, según la
cual España tiene una historia “enferma” “inquisitorial”, “nefasta”
que debería ser corregida por las ideúchas incoherentes de tales
políticos y demás.
Estos y otros datos definen justamente una democracia fallida, cuyo
origen está en la traición, por parte de la derecha, del mensaje del
referéndum de 1976. Los políticos hablan de la democracia al modo
como los comunistas hablaban de sus regímenes: como unos valores
retóricos autosuficientes al margen de la historia y de sus
resultados reales; como una palabra mágica que cada cual trata de
explotar en su beneficio particular. En España ni la derecha ni la
izquierda han tenido nunca pensamiento democrático, y la mejor
prueba está precisamente en este proceso. En La guerra civil y los
problemas de la democracia he analizado varios aspectos de este
hecho, y me parecen claras dos necesidades: en primer lugar una
resistencia enérgica a estas tendencias cuyo carácter desastroso no
precisa mucha teorización; y en segundo lugar una elaboración
teórica e histórica que fundamente esa resistencia más allá de la
simple oposición al despotismo.
Martillos de herejes en Cataluña
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 8 Julio 2017
Tenía que llegar la hora. Se hablaba mucho –y con razón– de la
fractura de la sociedad catalana. Solo los astutos patrocinadores de
la secesión negaban que este fenómeno tóxico existiera y se
atribuían la representación de un pueblo homogéneo y disciplinado,
que marchaba detrás de ellos y de su bandera sectaria estelada, que,
para más inri, no es la enseña tradicional de Cataluña ni la
nacional de España. La disociación era, por supuesto, evidente:
Artur Mas, moderno Atila a cuyo paso no volvía a crecer la hierba,
tomó la iniciativa cuando dinamitó su propio partido con una carga
explosiva cuyos efectos secundarios se hicieron sentir en
instituciones, empresas, clubes sociales y deportivos, círculos
religiosos y peñas de amigos. Carles Puigdemont está completando el
trabajo de demolición supervisado por los neandertales de la CUP.
Los números desmienten las patrañas de los secesionistas: estos
nunca han tenido más que el 36% de los votos sobre el censo y el
47,8% sobre los emitidos. Sin embargo, las grietas no aparecían en
la fachada. Hasta ahora.
Enconos reprimidos
Las élites tienen un instinto muy fino para captar la acechanza del
peligro. Se parecen, en esto, a los animalitos que buscan refugio
anticipándose a los desastres naturales porque los ha captado su
sexto sentido. En el caso de las élites, la reacción consiste en
cerrar filas, presionar a los factores de poder que tienen más cerca
y hacer públicas las respuestas racionales a los problemas que
plantean los descarriados. En Cataluña percibieron que su bienestar,
sus libertades y los frutos de sus iniciativas empresariales y
profesionales estaban amenazados. Y la fractura social que
permanecía camuflada se hizo visible.
Aparecen manifiestos. Se movilizan políticos, juristas, empresarios
e intelectuales, veteranos y novatos. Se destapan enconos
reprimidos. Josep Antoni Duran Lleida descarga, por ejemplo, un
torrente de verdades que debió de guardar en el armario durante
mucho tiempo ("Drama, farsa y ridículo",LV, 23/6):
Crea consternación constatar cómo el Govern catalán, con la falacia
de avanzar la hora de los éxitos, nos lleva con radicalidad al
precipicio que es el peor de los fracasos.
(…)
¿No es sustituir la realidad afirmar que con la independencia
unilateral Catalunya permanecerá en la UE? (…) ¿No se sabía que la
Comisión de Venecia diría que no se puede hacer ningún referéndum
que no se ajuste a la Constitución? ¿No se sabe que no habrá ningún
organismo internacional que diga que España es un Estado
autoritario? ¿No tenemos bastante con lo que han dicho Juncker,
Tusk, Merkel… o, para no ir más lejos, Macron la semana pasada:
"Tengo un solo interlocutor, socio y amigo. España entera"? ¡Dios
mío, en manos de quién estamos!
(…)
En todo caso, quede claro que en Catalunya hay muchísimas personas
que no estamos dispuestas a aceptar el chantaje de que o bien se
está con el referéndum unilateral o bien integras la nómina de
catalanes malos, fascistas y botiflers. ¡Basta! Un dirigente del
proceso decía que el 1 de octubre había que optar por la dignidad o
la imposición –¡siempre la épica!– y al preguntarle con quién
estaba, respondió que con los demócratas. ¡Pues conmigo que no
cuenten!
Un equipo de psiquiatras
La nómina de "catalanes malos, fachas y botiflers" crece a medida
que se sienten más abrumados por la presión del chantaje de la
nomenklatura embarcada en el referéndum ilegal. Un centenar de
personalidades apela a la "dignidad democrática" para reclamar la
suspensión de lo que no se atreven a llamar pucherazo aunque lo sea
(LV, 30/1). Francesc-Marc Álvaro, "intelectual orgánico de los
independentistas catalanes" (Antoni Fernández Teixidó dixit) da la
voz de alarma ("Partidos para la derrota", LV, 22/6):
Con pocos días de diferencia se han presentado dos partidos que
pretenden levantar la bandera del catalanismo no independentista
desde el centroderecha: Lliures (inspirado por el ex convergente
Fernández Teixidó) y Units per Avançar (inspirado por el ex líder de
Unió Democràtica, Duran Lleida). (…) Ese algo que quieren
reencontrar desde Lliures y desde UpA no es más que un electorado
teóricamente autonomista, moderado, integrado por clases medias que
basculan entre el centroderecha y el centroizquierda, y que quieren
políticas híbridas que aseguren riqueza, bienestar, cohesión social
y orden.
Le ofende, al martillo de herejes catalanes, que antiguos
correligionarios suyos se dirijan a sus conciudadanos pensantes para
exhortarlos a salvar su patrimonio material, cultural y moral, del
naufragio en la ciénaga totalitaria que les está preparando el
contubernio maximalista al que el mismo Álvaro pidió discreción y
paciencia en más de una oportunidad. Discreción y paciencia son dos
virtudes que estos contumaces nunca podrán asimilar: Oriol Junqueras
"amenazó con paralizar durante una semana la economía catalana" (LV,
13/11/2013), y ahora las sectoriales de la ANC proponen "ir todos al
mismo tiempo a sacar dinero del banco" si se veta el referéndum (LV,
26/6). No es extraño que los observadores más ecuánimes propongan
que este alzamiento no lo sofoque la Guardia Civil sino un equipo de
psiquiatras.
Ingredientes anarco-leninistas
Resignado, por lo visto, a ser él también radical, Álvaro arremete
contra los empresarios del Cercle d'Economia, la mayoría de los
cuales recibieron en Sitges al presidente Carles Puigdemont "con
frialdad polar y algún gesto de mala educación". Tratándolo "como si
fuera un apestado en vez de tratarlo como alguien que ostenta la
máxima responsabilidad democrática" ("Empresarios y presidentes",
LV, 29/5). Y para que nadie olvide los ingredientes
anarco-leninistas que la CUP ha incorporado al proceso, añade:
La frialdad del recibimiento del Cercle en Sitges no daña a
Puigdemont, al contrario. Nos recuerda que el proceso también es
-desde el primer día- una lucha de clases posmoderna, que nace de la
convicción de que los que más pagan para garantizar el sistema son
también los más maltratados.
En su respuesta al arriba citado anatema de Álvaro contra los
herejes catalanes, Antoni Fernández Teixidó hace hincapié en esta
apropiación del independentismo por los partidarios de la lucha de
clases y de la beligerancia contra el sistema presuntamente
maltratador ("Lliures, en defensa del catalanismo", LV, 30/6):
Álvaro olvida que en Lliures defendemos que el proceso ha implicado
una letal izquierdización de la política catalana. El PDECat y una
parte del electorado se han desplazado hacia la izquierda porque
inevitablemente el independentismo, si quiere tener éxito, tiene que
ir ligado al izquierdismo. (….) Un hombre de orden como
Francesc-Marc Álvaro, tendría que poder escribir, si quiere, que el
llamamiento a la insumisión y a la desobediencia se sabe como
empieza pero se ignora como acaba.
Un tiro en el pie
El maridaje entre los trepadores de la rancia clase política
nacionalista y los energúmenos de la izquierda más atrabiliaria
genera esperpentos fuera de serie. Así es como otro martillo de
herejes catalanes, se disparó un tiro en el pie con una columna
cargada de razones cuya conclusión equivale, literalmente, a un
vómito sobre su propia tropa secesionista. "El vómito" se titula
precisamente el artículo (LV, 1/7) en que Pilar Rahola despotrica
contra la presentación, en una sala pública, del libro Stalin
insólito, mamarracho que hace una apología desmesurada del dictador,
al que califica de "líder obrero muy importante", y que asegura que
los campos de deportación soviéticos, los temibles gulags, eran
"fábulas del locuaz A. Solzhenitsin". Rahola pone el dedo en la
llaga:
Nadie se ha movilizado, y menos desde la izquierda pura y dura, no
se han elevado críticas indignadas, no se ha intentado parar el
evento en la Fiscalía, y un partido del Ayuntamiento, la CUP, no
solo no se ha asqueado de ver su ciudad contaminada por el
negacionismo, el odio y la exaltación del mal, sino que ha cedido un
local público a mayor gloria de la gloria de este asesino.
(…)
Primero fue la exposición de Franco, después una defensora del
terrorismo palestino y ahora un elogio de Stalin: hay una izquierda
que es de vómito.
Una verdad como la copa de un pino. Pero cuidado, señora Rahola,
porque el vómito que usted reclama con justicia va a pringar el
traje de su amado líder de la secesión, que marcha -prietas las
filas- junto a esos crápulas de izquierda que usted denuncia con
argumentos irrefutables. Crápulas que le dictan la hoja de ruta
hacia la república chavista y le dosifican los votos para que siga
siendo presidente de la Generalitat. Y cuidado, también, porque el
vómito caerá sobre quienes, convertidos en martillos de herejes en
Cataluña, teledirigen el operativo de involución totalitaria
compartiendo tácticas y estrategias con esos archiconocidos crápulas
de izquierda.
Los detritos del estalinismo son la droga que el secesionismo se
inyecta para tenerse en pie.
¿”Terrorismo jurídico” en la sui generis
democracia española?
Germán Gorráiz López www.diariosigloxxi.com 8 Julio 2017
El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John
Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado
por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así,
distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en
términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se
ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en
sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree
investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en
sus planos físico y virtual e incluso, en nombre de la sacro-santa
seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad (
habeas corpus) de las personas. Todo ello serían síntomas de una
peligrosa deriva totalitaria del sistema democrático que tendría
como paradigma el llamado “affaire Alsasua”, en el que siete jóvenes
de la localidad navarra de Alsasua podrían ser condenados a penas
estratosféricas de 52 años de prisiónalser acusados de “delitos de
terrorismo” tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y
sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y
que en su día fue calificado por juristas y por el Jefe de la
Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”.
¿”Terrorismo jurídico” en la sui generis democracia española?
Para entender la actual situación distópica, se antoja necesario
repasar la silente deriva involucionista de la actual democracia
española.Un hito fundamental en la espiral involucionista del
régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de
Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José
Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de
excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la
aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley
Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad
por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura
franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de
cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza
real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al
control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor
de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias
delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas
confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General
de la Guardia Civil con Felipe González.
La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica
7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del
llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su
escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la
Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la
cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel
hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “
que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima). En el
paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente
modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los
derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la ultimísima firma entre
Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la
falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos
terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un
ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en
palabras de Manuel Cancio Meliá (artículo 573.1).
El objetivo último sería criminalizar a grupos y entidades díscolos
y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado
español, elementos constituyentes de la llamada “perfección
negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para
designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema,
masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y cuyo penúltimo
episodio sería el “affaire Alsasua” que según dictamen del Tribunal
Supremo “ tendría encaje en el artículo 573.1 del Código Penal” y en
consecuencia será juzgado por la Audiencia Nacional como “hechos
constitutivos de un delito de terrorismo” con penas estratosféricas
de 52 años para cada uno de los 7 encausados. Ello supondrá un
ejercicio de “terrorismo jurídico” por parte del Estado español que
generará una inmediata reacción de repulsa popular en todo el Estado
española así como institucional (Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra
y cargos autonómicos de Podemos) y que terminará necesariamente en
el Tribunal Europeo de Estrasburgo.
La espiral del silencio de la mass media del establishment español
La mencionada deriva totalitaria del Estado español estaría amparado
por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas
del establishment (PRISA, Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, Grupo
Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unidad Editorial, TVE y Mediaset
España), teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth
Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión
pública: nuestra piel social” (1977). Dicha teoría simbolizaría “la
fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través
de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo
signo”, (todo el entorno abertzale es ETA), con lo que se produciría
un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva. Sin
embargo,la teórica política judío-alemana Hannah Arendt en su libro
“Eichmann en Jerusalén”, subtitulado “Un informe sobre la banalidad
del mal”, nos ayudó a comprender las razones de la renuncia del
individuo a su capacidad crítica (libertad) al tiempo que nos alerta
de la necesidad de estar siempre vigilante ante la previsible
repetición de la “banalización de la maldad” por parte de los
gobernantes de cualquier sistema político, incluida la sui-genéris
democracia española, pues según Maximiliano Korstanje “el miedo y no
la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a su voluntad
crítica pero es importante no perder de vista que en ese acto el
sujeto sigue siendo éticamente responsable de su renuncia”.
Los no independentistas temen un aumento de
la tensión
Entidades civiles de Cataluña muestran su rechazo al referéndum
ilegal del 1 de octubre
DANIEL TERCERO Barcelona. ABC 8 Julio 2017
Rechazo total. Algunas de las entidades cívicas más importantes de
la sociedad civil catalana críticas con la deriva secesionista de la
Generalitat señalan que el proyecto de ley del referéndum
–presentado al público esta semana– es un texto sin valor jurídico y
fuera de toda lógica. Advierten, en declaraciones para ABC, que la
situación política se enrarecerá aún más en Cataluña en las próximas
semanas, pero se muestran convencidas de que a partir del 2 de
octubre hay que volver a construir.
Teresa Freixes es la presidenta de Concordia Cívica Catalana.
Freixes recuerda que el proyecto de ley con el que la Generalitat de
Cataluña pretende convocar la consulta para el 1 de octubre «no
tiene ninguna base jurídica», ya que el derecho a la
autodeterminación solo se aplica a colonias o a territorios con
minorías sojuzgadas.
El derecho a la autodeterminación solo se aplica a colonias o
territorios con minorías «sojuzgadas»
No es el caso de Cataluña. «Lo de Kosovo, que la ONU permitió la
secesión unilateral, es una excepción, ya que en Kosovo había una
minoría albanesa que estaba siendo maltratada por los serbios».
Josep Bou está al frente de la entidad Empresaris de Catalunya, una
asociación que se centra en aspectos económicos, y por lo tanto
preocupada por las consecuencias que podría tener en la economía un
conflicto como el nacionalista si se enquista.
«Se les va a caer todo el entramado que se sustenta con esta ley del
referéndum porque es, solo, un paso más al abismo. Además, el
independentismo nunca ha tenido apoyo internacional», señala Bou.
Los dos tercios del Estatuto
Por su parte, Àlex Ramos, vicepresidente de Societat Civil Catalana,
recuerda que no deja de ser sintomático, de la poca calidad
democrática que rodea a la reivindicación política independentista,
que «para cambiar una coma del Estatuto se necesiten las dos
terceras partes de los diputados en el Parlamento autonómico y para
declarar la secesión quieran hacerlo sin un mínimo de participación
y solo por un voto más en el resultado». Ramos añade que estamos
viviendo los últimos coletazos de un «proceso fracasado» y, en clave
optimista, augura que tras el 2 de octubre «habrá que coser lo
descosido y volver a construir juntos».
Eduardo López-Dóriga es el presidente de la Asociación por la
Tolerancia. «El proyecto de ley no se sustenta en ningún tipo de
legalidad vigente en España. No tendrá recorrido. Es una declaración
de intenciones del PDECat, ERC y la CUP. Eso sí, puede que lleguen a
hacer una charanga como la del 9-N», añade López-Dóriga, que
defiende la aplicación de la ley «sin complejos»: «¿Ha pasado algo
después de que Homs dejase el escaño en el Congreso? Hemos de estar
tranquilos, pero, a la vez, exigir al Gobierno que actúe y que no
caiga en la trampa de pactar con los nacionalistas, que es la línea
del PSOE, lamentablemente».
Al frente de Impulso Ciudadano está José Domingo. Su valoración no
difiere a la de las otras entidades civiles. En la misma línea que
López-Dóriga, recuerda que «si la Generalitat lleva a cabo acciones
revolucionarias, esto tiene que tener consecuencias porque España es
una democracia consolidada». Y añade: «La ley del referéndum es un
artefacto con el que los independentistas quieren calibrar su
fuerza. Tratan de tensar a las instituciones españolas. El problema
es grave. No se puede mirar hacia otro lado».
Oltra no cede y ejecuta su “limpieza
lingüística” despidiendo a 1.200 profesores
ESdiario 8 Julio 2017
Tras viralizarse la carta publicada por un profesor que tras 31 años
como maestro va a ser despedido por la depuración lingüística de
Compromís, ESdiario saca a la luz un nuevo escándalo.
A diferencia de lo que ha ocurrido en otras CCAA con dos lenguas
oficiales y que ofrecen a sus docentes horas de formación gratuita
para poder acogerse al requisito lingüístico, en el caso del
Gobierno Valenciano de Mónica Oltra y Ximo Puig se está despreciando
el currículo académico de 1.200 profesores simplemente por no tener
una certificación de que hablan y escriben en valenciano.
Así lo ha denunciado nuevamente el sindicato CSIF, que ha solicitado
en la última reunión de la Mesa de Seguimiento del Acuerdo de
Interinos que se alargue la moratoria para obtener la capacitación
en valencià. Al menos mientras se realizan más exámenes
extraordinarios en julio y septiembre, ya que durante el tiempo que
ha durado la moratoria para que los maestros obtuvieran el título de
valenciano "ni se ha proporcionado la suficiente información para
obtener el requisito de capacitació en valencià ni se han hecho las
suficientes convocatorias de examen". La última convocatoria fue un
curso que se inició en febrero, con fecha de examen el 5 de mayo.
De no subsanarse esta situación "se van a quedar en la calle 1.200
profesionales que desarrollan un trabajo valioso por la imposición
lingüística, además de otros muchos que cubren sustituciones". El
pasado 27 de junio el sindicato llevó a cabo una concentración de
protesta en Alicante en la que participaron numerosos docentes
afectados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF) explica que sus servicios jurídicos van a presentar recurso
contencioso contra la resolución de la Consejería que, en su
apartado 13, especifica que no adjudicará vacante el próximo curso a
los docentes que no cuenten con el requisito en valenciano.
Esta situación que padece el profesorado valenciano ha tenido amplia
repercusión en redes sociales tras viralizarse la carta publicada
por el profesor Vicente Jover Robles, que ejerciendo en una zona
castellano parlante de la provincia de Valencia como Requena-Utiel y
tras 31 años como maestro va a ser despedido por esta depuración
lingüística que está llevando a cabo la Generalitat valenciana del
PSOE y Compromís y que tiene como ideólogo al polémico consejero de
Educacion, Vicent Marzá.
Se da la paradoja que en la Comunidad valenciana, a lo largo de
todas sus comarcas hay zonas claramente castellanoparlantes por
tradición e historia (prácticamente el 25% del territorio) y donde
jamás ha sido necesario acreditar que se habla valenciano para poder
ejercer como maestro. Salvo contadas excepciones, la tónica general
a la hora de trabajar en la función pública siempre ha sido la de
puntuar el valenciano como un mérito y no como un requisito o una
obligación. Una tendencia que está cambiando de mano del bipartido
de Valencia, que domina en materia de Educación y Cultura, con un
Compromís de Oltra y Marzá cada vez más catalanista, un partido
socialista que parece dejarse pisar y un Podemos que aplaude la
jugada desde la sombra.
Por el momento los tribunales valencianos ya han dejado en evidencia
por tres ocasiones a la Consejería de Educación al suspender el
Tribunal Superior de Justicia el decreto de plurilingüismo.
Los independentistas obligan a niños a
desfilar con esteladas con sus ‘selecciones’ deportivas
Luz Sela okdiario 8 Julio 2017
Los independentistas aprovechan las competiciones deportivas en las
que participan con su propia selección para adoctrinar a niños.
Así ocurrió, el pasado fin de semana, en el II Campeonato Europeo de
Twirling, celebrado en Tortosa (Tarragona) y en el que la selección
catalana se hizo con el título. El propio alcalde, Ferran Bel (CDC),
no tuvo reparo en ‘tuitear’ una fotografía del evento en el que se
ve a niños portando la estelada en el pabellón deportivo municipal y
ante un cartel independentista: “Una nación, una selección”.
El ‘twirling’ es una de las modalidades deportivas-importado de EEUU
y consistente en el movimiento rítmico de un bastón- que los
secesionistas han utilizado en los últimos años para defender una
selección propia. De hecho, Cataluña cuenta con la Federación
Catalana de Twirling, que compite internacionalmente en distintos
certámenes deportivos.
En 2012, el Tribunal Constitucional dictaminó que Cataluña podría
disponer de selecciones deportivas en los casos en los que no
interfiera en las competencias e intereses del Estado. Eso significa
en la práctica que las especialidades sean muy minoritarias, como es
el caso.
El ‘twirling’ cuenta con escaso arraigo en nuestro país y en la
propia comunidad, pero, a cambio de dar visibilidad a los deseos de
los independentistas, es objeto de subvenciones públicas a través
del Consejo Catalán de Deportes. Este año, por ejemplo, recibirá
36.000 euros, la mitad de sus gastos previstos.
Lo mismo ocurre con otras especialidades, poco concurridas y
procedentes en su mayoría de otros países. La de dardos, por
ejemplo, recibe 47.134 euros, la de ‘korfball’-similar al baloncesto
y de origen holandés-111.000 euros, el ‘pitch and putt’-irlandés y
parecido al golf-83.600 euros. La Federación Catalana de Palomas
Mensajeras, también incluida en estas subvenciones, recibe 19.000
euros anuales.
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