AGLI Recortes de Prensa   Sábado 8 Julio 2017

Sigue siendo necesaria la disciplina presupuestaria
EDITORIAL El Mundo 8 Julio 2017

El Gobierno anunció ayer una macrooferta de empleo público que incluye más de 20.400 nuevas plazas, a las que se suman otras casi 7.800 de promoción interna. Se trata de una convocatoria reveladora. Primero porque con ella, la Administración General del Estado creará empleo neto por primera vez en siete años. Y segundo porque no es exagerado decir que consuma el fin de la austeridad que venía marcando la política económica desde que en mayo de 2010 el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a acometer el primer gran recorte de gasto social de la crisis más dura de la Democracia.

La decisión de poner fin a la congelación de las contrataciones en la función pública nos obliga a recordar que España ha perdido una oportunidad única en los últimos años para reducir el colosal tamaño de su Administración. Mientras la crisis forzó al sector privado a someterse a una catarsis para mejorar su competitividad, el sector público se ha mantenido sin apenas modificaciones. El esfuerzo de la ciudadanía y los empresarios es lo que está permitiendo que nuestro país crezca por encima de la media europea con un modelo más productivo en el que las exportaciones tienen cada vez un peso mayor.

Es cierto que entre las nuevas plazas de funcionarios que se van a convocar figuran algunas para reforzar la Agencia Tributaria -con nuevos inspectores- o la Justicia.Se trata de segmentos que tienen que estar dotados de recursos para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Sin embargo, eso no quita que el sector público tenga pendiente una remodelación en profundidad que pasa por un adelgazamiento de sus estructuras.

La sobriedad presupuestaria que ha marcado la gestión económica de Mariano Rajoy está dando paso poco a poco a un incremento del gasto que ya se empezó a vislumbrar en las negociaciones de los Presupuestos para 2017, pero que se va a agudizar en la negociación presupuestaria para el próximo año. El avance de esta nueva coyuntura lo hemos visto esta semana. No sólo con esa macroconvocatoria de plazas de empleo público. También en la rebaja fiscal pactada con Ciudadanos a cambio de su apoyo para sacar adelante el techo del gasto. Lo que ha hecho el Gobierno es un parche y no una reforma profunda del modelo impositivo como la recomendó la última comisión de expertos.

Otro ejemplo del cambio de criterio del Gobierno han sido los 1.200 millones de euros extra para las comunidades autónomas que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro consiguió que aprobara ayer en Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso sí, con la abstención de Extremadura tras desmarcarse el socialista Fernández Vara de la postura de Ferraz. El propio Montoro reconoció que estas dos decisiones responden a «razones políticas» por la necesidad que tiene el Gobierno de buscar apoyos parlamentarios para sacar adelante la próxima semana la votación en el Congreso del techo de gasto, trámite necesario para empezar a elaborar los Presupuestos de 2018.

Sin embargo, pese a su debilidad parlamentaria, el Gobierno no debe renunciar al rigor presupuestario que ha marcado su exitosa gestión económica. No hay que olvidar que España está todavía tutelada por Bruselas para reducir el déficit público.

España crecerá este año por encima del 3%. Pero todavía arrastra un elevado déficit estructural que en el mejor de los casos situará el desfase entre ingresos y gastos este año en el 3,1%. Es lógico que el Gobierno premie a la ciudadanía por la mejoría de la recaudación. Pero esa decisión no debe estar supeditada al mercadeo de votos en el Congreso para aprobar los Presupuestos. La disciplina presupuestaria sigue siendo necesaria y hay reformas dolorosas (como la de la función pública) que todavía están por acometer. Con un Ejecutivo en minoría, el Parlamento tiene que actuar con responsabilidad y no supeditar las negociaciones a intereses electoralistas.

La memoria histórica no se aplica a los criminales soviéticos
Juan E. Pflüger Gaceta.es 8 Julio 2017

En el madrileño cementerio de Fuencarral hay un mausoleo con un monumento dedicado a los voluntarios soviéticos que murieron durante su participación en la Guerra Civil.

En las placas que contiene está el nombre de 182 muertos, aunque no es una lista completa ya que fueron algo más de 200 los caídos soviéticos en la “Guerra de España”.

El pasado mes de abril, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ordenaba la retirada del monumento a los miembros de la Legión Cóndor que se encontraba en el Cementerio de La Almudena. Alegaba que se hacía en virtud de la Ley de Memoria Histórica.

Pero no ha hecho lo mismo con un monumento que conmemora a los más de 2000 voluntarios comunistas que vinieron a España a asesinar españoles y que venían de la peor y más criminal tiranía que ha conocido la historia: la Unión Soviética de Stalin.

Como bien saben lo vecinos del barrio de Montecarmelo de Madrid, en el que se encuentra el cementerio de Fuencarral, cada pocos meses grupos de personas con banderas comunistas y republicanas realizan un homenaje a los 182 caídos allí recordados.

Algo que no podrán hacer quienes consideren dignos de recuerdo a los miembros de la Legión Cóndor. Son las paradojas de una memoria histórica selectiva, empeñada en borrar solamente a la mitad de los que combatieron en la Guerra Civil.

Una ayuda soviética descomunal
La Unión Soviética envió un contingente de 2.000 combatientes a la Guerra Civil española. Bajo la excusa de que eran voluntarios, algo que era totalmente falso puesto que eran agentes militares y de la policía política secreta -el NKVD- que vinieron a España para intentar instaurar un régimen criminal como el que se había impuesto en Rusia tras la revolución soviética de 1917.

Entre esos 2.000 agentes de Stalin -a los que se rinde homenaje en Fuencarral desde la construcción del monumento en 1989- había casi 800 pilotos de combate militares, 350 conductores de carros de combate, artilleros, marineros, 220 asesores militares, 340 asesores técnicos y más de 200 traductores. Estos tres últimos grupos eran los miembros de la policía secreta, el terrible NKVD -antecesor de la KGB- que intentaban implantar el comunismo revolucionario en la España republicana.

Pero esta no fue la única ayuda enviada por Stalin a España para imponer el comunismo -ojo, no eran demócratas que defendían la república española como se viene vendiendo desde los partidos de izquierda- mucho más importante fue la ayuda militar. Una ayuda que se pagó con las reservas del oro del banco de España.

La URSS mandó a España 400 carros de combate -los T-26-, más de 700 aviones -entre los que destacan los chatos y los mosca, es decir, los Polikarpov I-15 e I-16-, 1700 piezas de artillería, 450.000 fusiles Mosin-Nagant, 20.500 ametralladoras DPM, 60 vehículos de combate blindados no artillados y más de 30.000 toneladas de municiones.

Un monumento muy revolucionario
El monumento que rinde homenaje a los agentes comunistas soviéticos en España contiene todos los elementos propios de la iconografía de la URSS. Un grupo de soldados soviéticos avanza hacia un arco del triunfo partido que tiene la leyenda: “A la memoria de los voluntarios soviéticos. 1936-1939”.

Al otro lado del arco se representa un mapa de España hacia el que avanzan los agentes de Stalin. Tras los soldados, una figura representa a la Madre Rusia, que mantiene una actitud de despedida a los supuestos voluntarios. En los laterales del arco del triunfo se encuentran los nombres de 182 de los casi doscientos soviéticos que perdieron la vida en España.

En los homenajes, que los nostálgicos del gulag les brindan cada pocos meses, no faltan los símbolos de la URSS. Hoces y martillos sobre fondo rojo, imágenes de Stalin y Lenin, puños en alto y la internacional -el himno bajo cuyas estrofas se han asesinado a más de cien millones de personas durante el siglo XX- entonada por los fieles a un régimen felizmente fulminado en 1989. El mismo año en el que curiosamente se erigía el monumento que como reliquia del comunismo perdura en el madrileño cementerio de Fuencarral.

Carta lacrada a Pablo Iglesias (3)
José García Domínguez Libertad Digital 8 Julio 2017

Caro Pablo:
Al modo de lo que aquí, en Cataluña, ocurrió con todos esos padres de la Iglesia de los que te di cumplida noticia la semana pasada, también el resto de lo que tú acaso llamarías trama, o sea las clases dirigentes locales de cuando el Antiguo Régimen, comenzaron a avanzar en ese peculiar proceso de coexistencia lingüística al que los filólogos designan con el término algo alambicado de diglosia. Como bien sabes, la voz diglosia remite a los usos distintos que un mismo hablante realiza de las lenguas que maneja en su vida cotidiana en función del contexto social en que se encuentre.

Por ejemplo, siendo niño, mis profesores del colegio impartían las clases siempre en castellano, pero la mayoría de ellos se pasaban al catalán en el instante mismo de pisar la puerta de la calle. Muchos años después, cuando yo mismo fui profesor, solía ocurrir lo contrario: las clases se desarrollaban en catalán, si bien el castellano volvía a irrumpir en escena en cuanto sonaba el timbre de salida de las aulas. Pero no creas que esa relación algo esquizoide que mantenemos con las lenguas de uso habitual constituye un fenómeno novedoso. De hecho, es algo que viene ocurriendo de forma continuada en Cataluña desde, más o menos, los inicios del siglo XV, o sea desde siempre. Tú, Pablo, que eres un intelectual, no te deberías dejar impresionar por toda esa hojarasca falsaria, la que da forma al relato catalanista sobre la persecución secular de la lengua.

Una mitología, la del pretendido holocausto lingüístico, que sitúa el instante germinal del exterminio planificado en el Decreto de Nueva Planta. Has de saber que por aquel entonces la diglosia ya estaba plenamente instalada entre los estamentos rectores de Cataluña. Al punto de que la mítica Nueva Planta, de hecho, no cambió nada a ese respecto. La supresión del uso del catalán en los documentos oficiales de la monarquía, que a eso se redujo en realidad el asunto, tuvo, más o menos, idéntica trascendencia práctica que el orillamiento progresivo del latín en la burocracia eclesiástica. Mucho antes de 1714, los nobles, los caballeros y los buenos burgueses de Barcelona ya educaban a sus hijos en castellano, acudían al teatro en castellano, leían libros en castellano y hablaban con soltura notable en castellano cuando se topaban con un interlocutor cuya lengua fuese esa. Eso sí, todo lo demás seguían haciéndolo en catalán. Como ves, una situación no demasiado distinta a la que hoy mismo se puede observar en la misma Barcelona.

Porque hay una razón poderosa que explica que los catalanes de hace quinientos años se interesasen por aprender castellano y no, por ejemplo, japonés o sueco. Es la misma razón que yace tras el afán de todos los padres españoles de hoy para que sus hijos dominen el inglés: la necesidad. Algo, el utilitarismo, ese pragmático rasgo universal de la condición humana, que choca de bruces con el relato romántico de los nacionalistas a cuenta de lo que ellos tienen por la quintaesencia metafísica de la identidad, que no otra cosa representa el idioma a sus ojos.

Así, en la catequesis histórica que recibe la población escolar catalana actual, el año 1714 constituye un traumático punto de inflexión sociolingüístico. Según se les explica, el célebre Decreto de Nueva Planta, una imposición punitiva de la nueva dinastía borbónica, habría introducido el uso forzado de una lengua tan ajena como desconocida hasta aquel entonces, la castellana por más señas. Narración canónica que solo plantea un pequeño problema operativo, a saber, que no se compadece en absoluto con la verdad. Contra lo que tanto les hubiese gustado a nuestros nacionalistas contemporáneos, la gradual penetración de la lengua castellana en Cataluña a partir de la Baja Edad Media fue un proceso esencialmente endógeno, no exógeno.

De ahí que tras la derrota y ulterior rendición de la ciudad de Barcelona a las tropas del Duque de Berwick resulte imposible detectar ningún cambio en los hábitos lingüísticos de los estamentos dirigentes de la Cataluña de entonces. Tal como ya te indiqué ahí atrás, para un nacionalista de principios del siglo XXI la lengua constituye el rasgo fundamental del sentimiento de pertenencia de los catalanes. Pero para un catalán cualquiera del XV, del XVI, del XVII o del XVIII la lengua vernácula no tenía mayor importancia. No significaba nada especial más allá de su condición de mero instrumento para comunicarse con el prójimo. Las tropas de Felipe V que pusieron cerco a la ciudad en 1714 venían de fuera (aunque, como también sabes de sobra, muchos de los asaltantes eran tan catalanes como los asaltados), pero el castellano ya llevaba más de dos siglos instalado dentro de sus murallas cuando el abogado Rafael de Casanovas decidió rendirse. ¿Cómo entender si no que un ilustre antepasado del también ilustre Martí de Riquer, cierto Anton de Sabater, pudiera pronunciar el discurso oficial de recibimiento a las tropas borbónicas en Barcelona en el más impecable, barroco y florido de los castellanos?

Tuyo afectísimo.

Cómo joder a España
Manuel Trallero Cronica Global 8 Julio 2017

No se atribulen ustedes demasiado haciendo cábalas sobre las causas que han llevado a Cataluña al punto en que nos encontramos. La principal motivación --lo cual no quiere decir que sea ni mucho menos la única-- de todo cuanto acontece es la enunciada más arriba. Ello no excluye, claro está que no existan a partir de esta principal otras, llamémosle, metas volantes como bien puede ser la independencia de Cataluña, pero en cualquier caso se trata de un objetivo secundario y hasta cierto punto menor. Cataluña, la lengua catalana, la nación milenaria y toda la restante parafernalia les importan absolutamente una higa y se la trae al fresco con tal de reducir a España y a los españoles a la simple condición de boñigas. La sentencia de Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, incluso la poco más que simbólica recogida de firmas del PP contra el mismo, las balanzas fiscales, el déficit en infraestructuras es solo munición para el día el día. Lo otro, la independencia y los cuentos de María Sarmiento, ya llegarán o no, pero de momento nadie les quita lo bailado.

Es tal la interiorización del odio a España que el alcalde --socialista para mayor inri-- de la población de Blanes, para justificar el referéndum, comparó a Cataluña con Dinamarca y al resto de España con el Magreb. El señor Lupiáñez, que así se apellida el edil, es oriundo de un pueblecito de la provincia de Granada. Es un odio comparable al que se profesaban a los serbios a los bosnios, o los hutus a los tutsis. Hemos pasado de la conllevancia resignada de Ortega y Gasset al estado de encabronamiento.

Desde el modelo educativo catalán, que es una simple formación del espíritu nacional, hasta los medios de comunicación en catalán, en donde la ridiculización y escarnio se hace o bien con personajes españoles o en lengua española. Para el resto de la programación no existe tal idioma, ni existe España sino el Estado español, denominación franquista de España. Los españoles todavía llevamos boina, somos bajitos y bebemos en botijo.

Hemos pasado de la "España subvencionada" con nuestro dinero y del "España nos roba", a que "la democracia española es una democracia de baja intensidad", "España es como Turquía", "España es una anomalía". "Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI", dijo Pep Guardiola. Y Anna Simó, de ERC: "Ganaremos al franquismo porque también ejerceremos nuestra democracia". He ahí el quid de la cuestión. Por medio de una presunta memoria histórica se ha hecho creer que el franquismo ha quedado inconcluso, que continúa ahí mismo. "La deriva nazi del Partido Popular", escribió el maestro Josep Fontana. Y así, aquella derrota que los franquistas supuestamente infligieron a Cataluña --y quien dice los franquistas puede decir Felipe V y así sucesivamente-- hoy podrá ser resarcida con el tocomocho ese del referéndum de marras.

El Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek aseguraba que "los pueblos aprenden del desastre producido por sus errores". Por lo visto, los catalanes no.

Nebrija y el destino del español
Ricardo Ruiz de la Serna Gaceta.es 8 Julio 2017

Esta semana se han cumplido 495 años de la muerte de Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), que, en realidad, se llamaba Antonio Martínez de Cala y Xarava. Se trata de uno de los grandes humanistas de la historia de España. Venía de una familia de conversos. Estudió en la Universidad de Salamanca y a los 19 años partió para Italia, que en aquella época vivía el apogeo del Renacimiento. Ingresó en el Colegio de San Clemente de Bolonia en 1463 para estudiar Teología. Se quedó en la ciudad diez años más. Regresó a España allá por 1470. En 1473 entró como profesor de Gramática y Retórica en la Universidad de Salamanca. En 1502 colaboró en uno de los grandes proyectos humanistas de Europa: la Biblia Políglota Complutense, que costeó el Cardenal Cisneros. Imaginen ustedes por un momento la magnitud del empeño: una Sagrada Escritura que comprendiese los mejores textos en hebrero, arameo, latín y griego. El cardenal contó con conversos como Pablo Coronel y Alfonso de Zamora, con el griego Demetrio Ducas y con Hernán Núñez de Toledo, apodado “el Pinciano”. Con este equipo colaboró nuestro Nebrija, que corrigió el texto latino de la Vulgata de San Jerónimo. En 1522, hace ahora casi cinco siglos, murió en Alcalá de Henares.

La influencia del romano Lorenzo Valla (1406/1407- 1457), cuyo nombre todo humanista debe pronunciar en pie y con el sombrero en mano, llevó a Nebrija a escribir su insigne “Gramática castellana” (1492), que publicó poco meses antes de que Colón descubriese América. La Gramática es del 12 de agosto de aquel año. Rodrigo de Triana –que, sin embargo, tal vez naciera en Lepe y no en el popular barrio sevillano- avistaría tierra el 12 de octubre. Apenas dos meses después de que Nebrija alumbrase su obra más famosa. En ella, está recogida la antigua idea romana de que el latín iba unido indisolublemente a la idea de la grandeza imperial. Lengua e imperio florecieron juntos y juntos se hundieron al final. El gramático español siguió al romano en la afirmación de la elegancia y perfección de la lengua latina. Para Nebrija, el español sería tanto más noble cuanto más se acercase al latín y, en consonancia, así sería la suerte del imperio que en aquel momento nacía.

Uno debe detenerse un instante a pensar en la hora que vivía España. Desde la Península Ibérica, españoles –castellanos, aragoneses, vascos, andaluces, gallegos…- y portugueses estaban cambiando la visión del mundo. Si el humanismo italiano fijó los cánones y las modas de su tiempo, fueron los humanistas de la Monarquía Hispánica quienes los llevaron a su culmen en todo el continente desde Flandes hasta Sevilla. Solo así puede comprenderse en toda su dimensión una figura como la del rey Felipe II en el siglo siguiente. Este humanismo y su confianza en el ser humano y sus posibilidades inspiraron a los descubridores del Nuevo Mundo. Por supuesto, no todos eran latinistas, pero todos compartían esa visión del mundo y de la historia que veía en Las Españas una nueva Roma.

Cuando Nebrija dedicó su Gramática a la reina Isabel I de Castilla, le recordó: “que siempre la lengua fue compañera del imperio; y de tal manera lo siguió, que juntamente començaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de entrambos”. En unas pocas líneas, este humanista –que había vivido la tragedia del Edicto de Granada que expulsaba a los judíos de las Coronas de Castilla y Aragón y que vería poco después el descubrimiento de América- le daba a la Reina Católica una lección de teoría política y de historia. España duraría lo que durase su lengua.

Gracias a los cientos de millones de americanos que hoy hablan, aman y rezan en español, Nebrija puede descansar tranquilo. En estos días se han conocido novedades acerca de las excavaciones del Gran Tzompantli –el altar de las calaveras- que describió Bernal Díaz del Castillo y que estaba frente al Templo Mayor en Tenochtitlán. Se trata de dos torres con cientos de cráneos incluyendo algunos de mujeres y niños. Se duda, así, de que solo los guerreros fuesen sacrificados al dios Huitzilipochtli. El lector ha de imaginarse esas montañas de cráneos pudriéndose al sol que debieron de contemplar aterrorizados Cortés y sus hombres cuando llegaron a la capital del imperio azteca. Escribieron sus relatos en esa misma lengua –menos latinizada pero viva y palpitante- que los guerreros, los misioneros y los comerciantes llevaron a América. La empresa americana dio al español un caudal prodigioso de palabras, giros y expresiones que aun hoy nos admira. Vayan a la cancha de Boca –que lleva el precioso nombre de “La Bombonera”- un día de partido o escuchen las letras que se cantan en el Festival de la Leyenda Vallenata para admirar la riqueza de una lengua que ya tiene casi mil años.

España perdió el imperio, pero su lengua es universal y sigue creciendo. A ambos lados del océano y por todo el mundo, el número de hablantes crece y se multiplica. La historia que comenzó con las jarchas y las Glosas Silenses y Emilianenses nos llevó a García Márquez y a Borges. Es un viaje que aún no ha terminado. Creo que Nebrija, que estará en el paraíso de los humanistas –que debe de tener una infinita biblioteca- estará dando gracias al Creador por esta obra admirable.

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Nacimiento y extinción del Espíritu de Ermua

EDITORIAL Libertad Digital 8 Julio 2017

Al conmemorar el vigésimo aniversario del secuestro y asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco resulta ineludible evocar el nacimiento y la posterior evolución del denominado Espíritu de Ermua. Aquel asesinato a cámara lenta, perpetrado como consumación del chantaje terrorista que exigía el inmediato acercamiento de los presos de ETA al País Vasco pero también como venganza por la reciente liberación –por parte de la Guardia Civil– de José Antonio Ortega Lara tras 532 días de inhumano cautiverio, produjo en toda España, y muy especialmente en el País Vasco, unas manifestaciones de repulsa jamás vistas. Fue ese un movimiento cívico y espontáneo que desbordó a la clase política, a la que, lejos de reclamar alguna clase de apaciguador entendimiento con los terroristas, exigía el aislamiento social y político del entorno etarra, así como una lucha antiterrorista que hiciera uso de todos los mecanismos del Estado de Derecho. "A por ellos, con la ley y la palabra, a por ellos", fue una de las muchas y combativas proclamas que se escucharon en aquella masiva manifestación de Madrid, a la que acudieron cerca de dos millones de personas y en la que no hubo cabecera oficial, pues fue tomada una ciudadanía que clamaba, no por el apaciguamiento, sino por la derrota de ETA.

Pronto, sin embargo, algunos políticos nacionalistas se fueron a por la ETA; pero no para combatirla, precisamente, sino para negociar una tregua bajo el repugnante compromiso de buscar una estructura "única y soberana" para lo que ellos denominan Euskal Herria y para romper los acuerdos que el PNV mantenía con el PP y el PSOE. Así, el 12 de septiembre de 1998, poco más de un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, las formaciones nacionalistas vascas firmaban en la localidad navarra de Estella un ominoso acuerdo que dio pie a que los terroristas hicieran público, cuatro días después, un no menos infame comunicado en el que anunciaban una "tregua indefinida" y en el que se daba un voto de confianza a las formaciones que habían suscrito el Pacto de Estella.

Inmediatamente, el nacionalismo vendió aquel tergiversado anuncio de tregua indefinida de los terroristas como una "oportunidad para la paz". La oposición socialista reclamó al Gobierno del PP que no cayera en el "inmovilismo" y su líder, Joaquín Almunia, pidió al Ejecutivo una "política de gestos". El propio José María Aznar, al que ETA había querido asesinar cuando aún no había llegadpo el Gobierno, accedió a mantener "contactos" con lo que denominó el "entorno del movimiento vasco de liberación", advirtiendo claramente, no obstante, que no se pagaría un "precio político" por el hecho de que ETA dejara de matar. La "generosidad" que reclamaba la oposición y que entonó el propio Gobierno creó indudable tensión en el seno del Ejecutivo, donde el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, advertía lúcidamente de que todo era una "trampa".

No obstante, tras el escalonado acercamiento de más de un centenar de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y un contacto con ETA en el que los emisarios del Gobierno verificaron la nula voluntad de los terroristas de renunciar a aquello por lo que habían matado y, en realidad, anunciado su tregua, el Gobierno del PP dio por cancelado todo diálogo con la organización terrorista.

Las formaciones nacionalistas, por su parte, si bien siguieron durante meses criticando el "inmovilismo" del Gobierno, tampoco avanzaron lo suficiente –a juicio de la propia ETA– en su compromiso de ruptura con el Estado. Así las cosas, la banda terrorista dio por finalizada su tregua en noviembre de 1999, asesinando pocos días después a otro español apellidado Blanco, el coronel Pedro Antonio Blanco.

La brutal campaña criminal que ETA desató a partir de entonces reactivó, sin embargo, el Espíritu de Ermua. El PSOE, temeroso de que la sociedad le reprochara falta de apoyo a la política de relativa firmeza del PP, corrió a buscar un acuerdo con el Gobierno para que la política antiterrorista quedara fuera de la controversia electoral, pero en el que se incluía un oportuno reproche a los nacionalistas por haber querido poner un precio político a la paz. Así, el 8 de diciembre de 2002, PP y PSOE firmaban el llamado Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, y año y medio después se aprobaba la Ley de Partidos, por la cual se decretaría la suspensión total de las actividades de Batasuna y, en marzo de 2003, su total disolución.

Aquella ofensiva social, legal, política y policial contra ETA, expresión insuperable del Espíritu de Ermua, llevó a la organización terrorista a su trance más agónico. No obstante, pronto hubo quienes, cegados por el espejismo del apaciguamiento o por la ideología, corrieron a dar oxígeno a la banda terrorista. Tal fue el caso de los separatistas de ERC, liderados por el entonces vicepresidente de la Generalidad, y futuro socio de Gobierno de Zapatero, Josep-Lluís Carod Rovira, quien se entrevistó en enero de 2004 en Perpiñán con miembros de la banda terrorista para reclamarles una tregua circunscrita a Cataluña, solicitud a la que ETA accedió apenas un mes después. También fue el caso del propio Partido Socialista del País Vasco, que, a pesar de estar supuestamente en vigor el Acuerdo por la Libertades, ya había establecido los primeros contactos clandestinos con el entorno etarra para lograr una tregua para toda España.

A la inesperada victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004, violentadas por la espantosa matanza del 11 de marzo y en las que las sedes del PP fueron sometidas a asedio, le siguió poco tiempo después un silenciado comunicado de ETA en el que se reclamaba al nuevo presidente del Gobierno "gestos para Euskalherria tan valientes como los dados en Irak", en referencia a la decisión de Zapatero de retirar inmediatamente las tropas españolas de aquel país.

A comienzos de mayo de 2005 el diario El País informaba oficiosamente de la disposición del Gobierno a negociar con los neobatasunos la reforma del Estatuto de Guernica y "dar una salida a los presos" si ETA declaraba una tregua "cuanto antes". Pocos días después, el 17 de mayo de 2005, el Congreso aprobaba, con la rotunda oposición del PP, una resolución favorable al diálogo con ETA si los terroristas dejaban las armas.

Tras casi un año en el que se celebraron multitudinarias manifestaciones en las que las propias asociaciones de víctimas, con el respaldo del PP, habían enarbolado el Espíritu de Ermua y mostrado su oposición a cualquier diálogo y a cualquier concesión a los terroristas, ya fuese política o penitenciaria, ETA anunció –en marzo de 2006– un "alto el fuego permanente" que, por cierto, no incluía el cese del robo de armamento ni el de la extorsión del denominado impuesto revolucionario. Precisamente, y a fin de no poner en peligro el nausebundo proceso de negociación en marcha, en mayo de ese año agentes policiales alertaron en el bar Faisán a unos miembros del aparato de extorsión de la banda de que iban a ser detenidos por orden de un juez, lo que terminó por desbaratar la operación policial.

El 30 de junio Zapatero anunció formalmente el inicio del diálogo con ETA, justificando su decisión en el anuncio de alto el fuego de los criminales después de tres años sin atentados con muertos.

Ni aquel anuncio de ETA ni la designación de Gregorio Peces Barba como alto comisionado para las víctimas habían anestesiado el Espíritu de Ermua, que todavía anidaba en buena parte de la sociedad española y muy especialmente en las asociaciones de víctimas. Las multitudinarias manifestaciones en contra de la negociación con los terroristas se siguieron sucediendo con el apoyo de un PP muy combativo que había acusado al Gobierno de Zapatero de "traicionar a los vivos y a los muertos". Por su parte, el Ejecutivo hacía guiños públicos a ETA; así, Zapatero aseguró que la "paz" permitiría que "todo" tuviera "cabida", tuviera el "alcance" que tuviera. Su Fiscalía General del Estado, encabezada por Cándido Conde-Pumpido, animaba a jueces y fiscales a no interpretar la Ley de Partidos como un "Guantánamo electoral", al tiempo que les pedía, cursi y bochornosamente, que sus togas no eludieran "el contacto con el polvo del camino" y que la ley no fuera un "obstáculo para la paz".

Mientras tanto, las negociaciones con los terroristas seguieron, con altibajos su curso; sólo fueron clara pero temporalmente interrumpidas por el atentado de la ETA en la T-4 de Barajas en diciembre de 2006, en el que fueron asesinados dos individuos de nacionalidad ecuatoriana, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Los terroristas culparon de las muertes al Gobierno por no haber desalojado el aeropuerto a pesar de las tres supuestas llamadas de preaviso y justificaron la colocación de la furgoneta bomba por la oposición del Ejecutivo a "cumplir sus compromisos".

Aun así, la banda terrorista tuvo la desfachatez de decir que mantenía la vigencia del alto el fuego, por lo que pronto se restablecieron las negociaciones, en las que participaron, entre otros, futuro vocal del Manuel Gómez Benítez, posteriormente miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, sanguinario etarra sobre el que pesaba desde 2002 una orden de búsqueda y captura por su implicación en la matanza de la casa cuartel de Zaragoza.

En dichas negociaciones se llegó a ofrecer, tal y como años después vinieron a confirmar las propias actas de la banda incautadas en Francia, la derogación de la Doctrina Parot. No resultó sorprendente el contenido de aquellas actas, habida cuenta de que la Fiscalía General del Estado se había alineado públicamente con la defensa del etarra Henri Parot y el Gobierno proponía al socialista Luis López Guerra, notorio detractor de dicha doctrina, como magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que los abogados etarras recurrieron la negativa del Supremo a derogarla. Eso, sin olvidar la campaña de una agresividad sin precedentes que el PSOE había lanzado públicamente contra el entonces presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, por su respaldo a la misma.

Tampoco se puede olvidar, a la hora de recordar aquellos años, la inicua y prematura excarcelación del sanguinario Iñaki de Juana Chaos, tras su teatral huelga de hambre, ni los nulos esfuerzos por volver a detenerlo tras requerir la Justicia ue fuera sometido a un nuevo procesamiento.

En mayo de 2011, el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias políticas más escandalosas de su historia, decidió suspender la ilegalización de Bildu dictada por el Supremo. Dos meses después, ETA celebró en un silenciado comunicado los buenos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas por su nueva y tolerada marca electoral, y se jactó de haber ganado "la batalla política e ideológica de la ilegalización".

En octubre de ese mismo año, la banda emitió un nuevo comunicado en el que, si bien cambiaba el calificativo de su alto el fuego de "permanente" a "definitivo", seguía vanagloriándose de su historial criminal y utilizando un lenguaje chantajista contra los Estados francés y español. Sin embargo, recibió el aval del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de su rival popular, Mariano Rajoy, quien llegó a decir, pese a la derogación de facto de la Ley de Partidos, que el comunicado etarra no era fruto de "ninguna concesión política".

Ese aval de Rajoy y, sobre todo, su llegada al poder en las elecciones del 20 de noviembre de ese mismo año marcaron un punto de inflexión en la actitud del PP ante la sucia y vil paz de ETA. Así, el nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nada más tomar posesión del cargo calificó de "ejemplar" la labor de sus antecesores y aseguró: "Para que lo sepa todo el mundo: me consta que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho".

La excarcelación de Iosu Uribetxebarria Bolinaga, secuestrador y torturador de Ortega Lara, en agosto de 2012, escandalosamente justificada por el Gobierno de Rajoy por un falso "imperativo legal", fue un mazazo para las víctimas del terrorismo, sólo superado por el que recibirían poco más de un año después, cuando el Tribunal de Estrasburgo emitió una sentencia –con el decisivo concurso del ya mencionado Luis López Guerra– contra la Doctrina Parot. El Gobierno de Rajoy la asumió hasta el punto de que se benefició de ella no sólo la etarra Inés del Río, objeto de la sentencia de la que entendió Estrasburgo, sino todos los reclusos que seguían en prisión como consecuencia de la Parot y acometió una excarcelación masiva de etarras... y de violadores y asesinos en serie, algunos de los cuales ya han reincidido en sus conductas criminales.

Hoy, veinte años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y del nacimiento del Espíritu de Ermua, la sociedad española vive cómodamente instalada en una paz indigna, en la que los terroristas, ciertamente, ya no matan ni secuestran, mientras la unidad nacional y el Estado de Derecho son objeto de amenazas formidables; una paz en la que los voceros de ETA tienen financiación y acrecentada representación política; una paz bajo la que siguen sin esclarecerse más de 300 asesinatos de ETA y en la que etarras en paradero sobradamente conocido por las autoridades, como Juana Chaos o Josu Ternera, siguen sin ser detenidos.

La memoria, la dignidad y la justicia que merecen Miguel Ángel Blanco y todas las demás víctimas del terrorismo exigían y exigen más, muchísimo más.

Lavando cerebros
OKDIARIO 8 Julio 2017

Usar a los niños como munición política y tratar de lavar sus cerebros es propio de regímenes totalitarios. No hace falta poner ejemplos concretos, sólo hay que echar un vistazo a la historia del siglo XX para comprobar quiénes y cómo usaron a los menores para formar parte de su propaganda. España padece actualmente uno de los niveles políticos más bajos de toda su historia. Entre populistas y radicales han hecho de la frivolidad y del show por el show una manera de concebir la actividad institucional que, por ahora, ha llegado para quedarse. Hábitos que hasta hace poco hubieran sido considerados auténticas aberraciones colonizan las sesiones plenarias de las cámaras locales, autonómicas y nacionales. No obstante, los golpistas catalanes siempre son capaces de ir un paso más allá y ahondar en el dislate contextual que padecemos. Han amenazado a los españoles, al Estado, al Rey, al presidente del Gobierno, a los empresarios que utilizan el español en Cataluña, a las multinacionales… y ahora también utilizan a los menores de edad.

Pocas cosas hay más grotescas que mezclar deporte y juventud para tratar de afianzar unos determinados pensamientos políticos. Más si se trata de los postulados de una banda que pretende partir España en dos y que ha llevado la ruina económica más absoluta hasta Cataluña. Capitanes de un barco que está a punto de alcanzar el mismo puerto que el Titanic: ninguno. Los independentistas aprovechan las competiciones deportivas amateur para lavar el cerebro de los jóvenes. Así ha ocurrido en el II Campeonato Europeo de Twirling. En una imagen que parece más propia de Corea del Norte que de una región española, los niños aparecen en el evento portando esteladas y ante un cartel que dice: “Una nación, una selección”. Una manera de mostrarse ante los medios internacionales —el Twerling es un deporte muy popular en Estados Unidos— pero que, al contrario de lo que pretenden, emparenta a los secesionistas con la ranciendad más absoluta. Si este es el futuro social, educacional y cultural que le espera a Cataluña, por su bien que el Gobierno acabe cuanto antes con la pantomima de Puigdemont y compañía.

Cuándo empezó la derrota de ETA
Javier Fernández-Lasquetty Libertad Digital 8 Julio 2017

El terrorismo de ETA ha martirizado España durante casi 50 años, la mayoría de los cuales ya en un régimen de plenas libertades políticas. HaN asesinado a 857 personas, cada una de ellas una persona con una vida de la que nadie tenía derecho a disponer. En este momento el partido que es el brazo político de la banda terrorista ETA, Bildu, gobierna en decenas de ciudades y pueblos del País Vasco y de Navarra, y es el segundo partido en el Parlamento vasco. Es decir, se han ido acercando a sus objetivos de imposición de un poder liberticida, ya sin tener siquiera que disparar para conseguirlo. Rodríguez Zapatero negoció con ellos para sacarlos de la ilegalidad y evitarles la derrota. Rajoy ha permitido que la traición de Zapatero siguiera su curso.

Pero hubo un tiempo en el que en España al terrorismo se le combatió y se le ganó. Fue el tiempo en el que gobernó José María Aznar (1996-2004), y se hizo con una estrategia política aplicada dentro de la ley, y con toda la fuerza de la ley. La ley que protege la libertad de cada individuo frente a quienes quieren imponer sus opiniones por la fuerza y con la violencia.

Estos días recordamos los momentos más dramáticos de la lucha de los españoles contra el terrorismo. Se cumplen 20 años desde que, en julio de 1997, la Guardia Civil liberó a José Antonio Ortega Lara, secuestrado y encerrado vivo durante 532 días en un agujero inmundo. La explosión de alegría de los españoles fue inmediatamente congelada por ETA, que pocos días después secuestró y asesinó con lenta crueldad al joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Por primera vez centenares de miles de vascos salieron a la calle, como el resto de los españoles, a gritar sin miedo su ansia de libertad.

Muchas veces se ha dicho que ese fue el principio del fin de ETA, pero yo creo que ese comienzo de la derrota de ETA empezó exactamente un año antes, en mayo y junio de 1996, cuando llegó Aznar al gobierno y sustituyó la estrategia derrotista y acomplejada de Felipe González por una estrategia de derrota total de la banda a través de la aplicación de la ley. La liberación de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la reacción ciudadana masiva fueron decisivamente importantes, además de moralmente emocionantes. Pero nada de todo ello se hubiera producido si antes no hubiera existido una determinación política de ganar la batalla mediante la aplicación de los principios.

Las primeras semanas del gobierno de Aznar, en mayo de 1996, fueron también en este punto determinantes. El propio José María Aznar lo ha contado en sus memorias y en numerosas entrevistas, lo mismo que Jaime Mayor Oreja. El libro España, camino de libertad, editado por FAES, describe muy bien cómo en las primeras semanas de gobierno de Aznar se van descubriendo toda una serie de hilos de contacto y "tomas de temperatura" que Felipe González mantenía con ETA, incluyendo al argentino Pérez Esquivel, entre otros expertos en moverse en las tinieblas.

Lo que todo el mundo recomendaba a Aznar era que continuara adelante con esos contactos, para buscar una manera de pactar o capitular ante ETA. Aznar hizo todo lo contrario: despidió a todos e hizo llegar muy claro el mensaje de que no habría pactos bajo la mesa con los terroristas. Tomar esa decisión debió ser difícil, pero mucho más lo fue mantenerla, especialmente cuando la pistola apuntaba a la sien de un joven como Miguel Ángel Blanco. Pero los resultados fueron espectaculares: en pocos años los terroristas habían quedado reducidos a un puñado de pistoleros acorralados y los dirigentes de la banda criminal eran detenidos a las semanas de ponerse al frente de sus cada vez menores huestes. Al mismo tiempo la violencia callejera era enérgicamente perseguida hasta casi hacerla desaparecer. Y lo más importante: el brazo político de ETA fue ilegalizado en aplicación de los mecanismos del Estado de Derecho, convalidados por los tribunales internacionales.

Así fue como ETA fue derrotada. Lo primero, los principios: la libertad se defiende con la ley, pero aplicando todo el peso de la ley. Después, la política definida a partir de esos principios. A continuación, la determinación de mantenerse firme en esa política y llevarla hasta el final. Y después, solo después, viene el éxito y el triunfo.

Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco, junto con muchos miles de personas, fueron víctimas. Pero entonces tenía sentido: eran víctimas porque España no se rendía. Ahora, después de la vuelta de Zapatero a la negociación con ETA, inalterada por Mariano Rajoy, es cuando sus familiares se preguntarán qué sentido tiene ahora su sacrificio.

Marco histórico de una democracia fallida

Pío Moa. Gaceta.es 8 Julio 2017

¿Había notado ud que los ataques al franquismo vienen de los políticos e intelectuales más corruptos y falsarios? :pic.twitter.com/rUPtw9Fdlf
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Resulta realmente insoportable escuchar día tras día la mentiras, miserias y majaderías de unos politicastros corruptos que con sus “diálogos” no solo han hundido la democracia, sino que van camino de hundir al país. Escuchar a tantos comentaristas y analistas engolfarse en especulaciones sobre lo que quiere, dice o hace tal o cual delincuente político. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Una y otra vez me he remitido al referéndum de diciembre de 1976, cuando se dilucidó popularmente la opción de reforma o de ruptura con el franquismo. La llamada reforma era un cambio drástico, es decir, a una democracia, pero partiendo legalmente del franquismo y apoyándose en la excelente herencia dejada por aquel régimen. La ruptura suponía saltar atrás por encima de cuarenta años fructíferos para enlazar con la supuesta legalidad democrática del Frente Popular o la república (no eran en absolutamente lo mismo, pero la supina ignorancia histórica de los políticos e historiadores habituales los confunde: la república fue un régimen caótico, el Frente Popular fue simplemente criminal).

Hacia 1976, la gente tenía una idea pasable de los enormes beneficios del franquismo, porque los venía experimentando, y una gran parte de ella recordaba todavía las delicias del Frente Popular. La idea absurda de que la guerra había enfrentado a la democracia con el “fascismo” o “la reacción”, sonaba extraña a casi todo el mundo, aun sin tener idea clara de ella, porque el propio régimen apenas hablaba de la guerra. Cierto que esa falsedad esencial era pregonada ya intensamente en la universidad, por obra sobre todo de la propaganda comunista, cada vez más acogida por otros muchos, por supuesto por los separatistas, parte de la Iglesia, etc.; pero muy pocos la creían, sin que ello supusiera un análisis preciso de la cuestión: simplemente no se la entendía así.

Por ello en el referéndum –más votado que la posterior Constitución—la inmensa mayoría rechazó una ruptura demencial y se inclinó por la llamada reforma, es decir, por la evolución democrática a partir de la legitimidad franquista: una legitimidad de origen por haber derrotado al totalitarismo y al separatismo; y una legitimidad de ejercicio, por sus resultados espléndidos. El mensaje del pueblo era ese, y era muy claro. Sin embargo la falsificación comenzó casi inmediatamente, bajo unos políticos, con Suárez en cabeza, y un monarca frívolos, incultos e ignorantes. Estos quisieron convertir en prenda de democracia el olvido de su propio origen y la aceptación de la idea básica del rupturismo: que democracia y antifranquismo equivalían. En aquella radical falsificación los demócratas reales resultarían los comunistas y etarras, auténticos luchadores contra Franco. La derecha salida del régimen anterior y organizadora de la transición empezó, pues por tratar de olvidar y hacer olvidar su procedencia y terminaría por aceptar explícitamente la tesis rupturista, renegando de sus padres y abuelos que habían librado a España, entre tantas otras cosas, del totalitarismo, la disgregación y la guerra mundial. Así, lo mismo condenaban tranquilamente el alzamiento del 18 de julio del 36 que bendecían a las Brigadas Internacionales, especie de ejército particular de Stalin.

No obstante, la realidad histórica, sociológica y económica legada por el franquismo era demasiado fuerte y evidente como para poder ser liquidada de la noche a la mañana. Fue precisa una labor muy persistente y tenaz de falsificación de la historia por parte de políticos, intelectuales e historiadores de tres al cuarto. Apoyada desde fuera por unos países democratizados por la intervención militar del ejército useño, mientras que en España la democracia nacía de su propia evolución pacífica. Labor que pudo hacerse porque a ella terminó sumándose, como digo, el propio PP. Y así, la ruptura fue consumada finalmente por el gobierno socialista de Zapatero, y legalizada con la ley de memoria histórica, una ley totalitaria digna de la Cuba castrista o de Corea del Norte, en la que los peores asesinos y torturadores del Frente popular y los mismos etarras aparecen como “víctimas del franquismo” y “luchadores por la libertad”.

Y no es en modo alguno casual que los autores de este proceso hayan hecho una Constitución defectuosa y elaborada de forma irregular; que hayan amparado, fomentado y financiado la propaganda separatista; que hayan rescatado a la ETA del borde del abismo para convertir sus asesinatos en un modo aceptado y premiado de hacer política; que vengan entregando fraudulentamente la soberanía española a la burocracia de Bruselas; transformando el ejército en una tropa cipaya en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena; convirtiendo una humillante y parasitaria colonia en nuestro territorios en un emporio de negocios opacos para la potencia invasora; fomentando una auténtica colonización cultural por el inglés; un proceso de destrucción de la familia, de abortismo masivo, de impulso al despotismo LGTBI; un proceso de corrosión de la justicia, hoy tan desprestigiada, y de corrupción generalizada; la aceptación implícita o explícita de la leyenda negra, según la cual España tiene una historia “enferma” “inquisitorial”, “nefasta” que debería ser corregida por las ideúchas incoherentes de tales políticos y demás.

Estos y otros datos definen justamente una democracia fallida, cuyo origen está en la traición, por parte de la derecha, del mensaje del referéndum de 1976. Los políticos hablan de la democracia al modo como los comunistas hablaban de sus regímenes: como unos valores retóricos autosuficientes al margen de la historia y de sus resultados reales; como una palabra mágica que cada cual trata de explotar en su beneficio particular. En España ni la derecha ni la izquierda han tenido nunca pensamiento democrático, y la mejor prueba está precisamente en este proceso. En La guerra civil y los problemas de la democracia he analizado varios aspectos de este hecho, y me parecen claras dos necesidades: en primer lugar una resistencia enérgica a estas tendencias cuyo carácter desastroso no precisa mucha teorización; y en segundo lugar una elaboración teórica e histórica que fundamente esa resistencia más allá de la simple oposición al despotismo.

Martillos de herejes en Cataluña
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 8 Julio 2017

Tenía que llegar la hora. Se hablaba mucho –y con razón– de la fractura de la sociedad catalana. Solo los astutos patrocinadores de la secesión negaban que este fenómeno tóxico existiera y se atribuían la representación de un pueblo homogéneo y disciplinado, que marchaba detrás de ellos y de su bandera sectaria estelada, que, para más inri, no es la enseña tradicional de Cataluña ni la nacional de España. La disociación era, por supuesto, evidente: Artur Mas, moderno Atila a cuyo paso no volvía a crecer la hierba, tomó la iniciativa cuando dinamitó su propio partido con una carga explosiva cuyos efectos secundarios se hicieron sentir en instituciones, empresas, clubes sociales y deportivos, círculos religiosos y peñas de amigos. Carles Puigdemont está completando el trabajo de demolición supervisado por los neandertales de la CUP.

Los números desmienten las patrañas de los secesionistas: estos nunca han tenido más que el 36% de los votos sobre el censo y el 47,8% sobre los emitidos. Sin embargo, las grietas no aparecían en la fachada. Hasta ahora.

Enconos reprimidos
Las élites tienen un instinto muy fino para captar la acechanza del peligro. Se parecen, en esto, a los animalitos que buscan refugio anticipándose a los desastres naturales porque los ha captado su sexto sentido. En el caso de las élites, la reacción consiste en cerrar filas, presionar a los factores de poder que tienen más cerca y hacer públicas las respuestas racionales a los problemas que plantean los descarriados. En Cataluña percibieron que su bienestar, sus libertades y los frutos de sus iniciativas empresariales y profesionales estaban amenazados. Y la fractura social que permanecía camuflada se hizo visible.

Aparecen manifiestos. Se movilizan políticos, juristas, empresarios e intelectuales, veteranos y novatos. Se destapan enconos reprimidos. Josep Antoni Duran Lleida descarga, por ejemplo, un torrente de verdades que debió de guardar en el armario durante mucho tiempo ("Drama, farsa y ridículo",LV, 23/6):

Crea consternación constatar cómo el Govern catalán, con la falacia de avanzar la hora de los éxitos, nos lleva con radicalidad al precipicio que es el peor de los fracasos.
(…)
¿No es sustituir la realidad afirmar que con la independencia unilateral Catalunya permanecerá en la UE? (…) ¿No se sabía que la Comisión de Venecia diría que no se puede hacer ningún referéndum que no se ajuste a la Constitución? ¿No se sabe que no habrá ningún organismo internacional que diga que España es un Estado autoritario? ¿No tenemos bastante con lo que han dicho Juncker, Tusk, Merkel… o, para no ir más lejos, Macron la semana pasada: "Tengo un solo interlocutor, socio y amigo. España entera"? ¡Dios mío, en manos de quién estamos!
(…)
En todo caso, quede claro que en Catalunya hay muchísimas personas que no estamos dispuestas a aceptar el chantaje de que o bien se está con el referéndum unilateral o bien integras la nómina de catalanes malos, fascistas y botiflers. ¡Basta! Un dirigente del proceso decía que el 1 de octubre había que optar por la dignidad o la imposición –¡siempre la épica!– y al preguntarle con quién estaba, respondió que con los demócratas. ¡Pues conmigo que no cuenten!

Un equipo de psiquiatras
La nómina de "catalanes malos, fachas y botiflers" crece a medida que se sienten más abrumados por la presión del chantaje de la nomenklatura embarcada en el referéndum ilegal. Un centenar de personalidades apela a la "dignidad democrática" para reclamar la suspensión de lo que no se atreven a llamar pucherazo aunque lo sea (LV, 30/1). Francesc-Marc Álvaro, "intelectual orgánico de los independentistas catalanes" (Antoni Fernández Teixidó dixit) da la voz de alarma ("Partidos para la derrota", LV, 22/6):

Con pocos días de diferencia se han presentado dos partidos que pretenden levantar la bandera del catalanismo no independentista desde el centroderecha: Lliures (inspirado por el ex convergente Fernández Teixidó) y Units per Avançar (inspirado por el ex líder de Unió Democràtica, Duran Lleida). (…) Ese algo que quieren reencontrar desde Lliures y desde UpA no es más que un electorado teóricamente autonomista, moderado, integrado por clases medias que basculan entre el centroderecha y el centroizquierda, y que quieren políticas híbridas que aseguren riqueza, bienestar, cohesión social y orden.

Le ofende, al martillo de herejes catalanes, que antiguos correligionarios suyos se dirijan a sus conciudadanos pensantes para exhortarlos a salvar su patrimonio material, cultural y moral, del naufragio en la ciénaga totalitaria que les está preparando el contubernio maximalista al que el mismo Álvaro pidió discreción y paciencia en más de una oportunidad. Discreción y paciencia son dos virtudes que estos contumaces nunca podrán asimilar: Oriol Junqueras "amenazó con paralizar durante una semana la economía catalana" (LV, 13/11/2013), y ahora las sectoriales de la ANC proponen "ir todos al mismo tiempo a sacar dinero del banco" si se veta el referéndum (LV, 26/6). No es extraño que los observadores más ecuánimes propongan que este alzamiento no lo sofoque la Guardia Civil sino un equipo de psiquiatras.

Ingredientes anarco-leninistas
Resignado, por lo visto, a ser él también radical, Álvaro arremete contra los empresarios del Cercle d'Economia, la mayoría de los cuales recibieron en Sitges al presidente Carles Puigdemont "con frialdad polar y algún gesto de mala educación". Tratándolo "como si fuera un apestado en vez de tratarlo como alguien que ostenta la máxima responsabilidad democrática" ("Empresarios y presidentes", LV, 29/5). Y para que nadie olvide los ingredientes anarco-leninistas que la CUP ha incorporado al proceso, añade:

La frialdad del recibimiento del Cercle en Sitges no daña a Puigdemont, al contrario. Nos recuerda que el proceso también es -desde el primer día- una lucha de clases posmoderna, que nace de la convicción de que los que más pagan para garantizar el sistema son también los más maltratados.

En su respuesta al arriba citado anatema de Álvaro contra los herejes catalanes, Antoni Fernández Teixidó hace hincapié en esta apropiación del independentismo por los partidarios de la lucha de clases y de la beligerancia contra el sistema presuntamente maltratador ("Lliures, en defensa del catalanismo", LV, 30/6):

Álvaro olvida que en Lliures defendemos que el proceso ha implicado una letal izquierdización de la política catalana. El PDECat y una parte del electorado se han desplazado hacia la izquierda porque inevitablemente el independentismo, si quiere tener éxito, tiene que ir ligado al izquierdismo. (….) Un hombre de orden como Francesc-Marc Álvaro, tendría que poder escribir, si quiere, que el llamamiento a la insumisión y a la desobediencia se sabe como empieza pero se ignora como acaba.

Un tiro en el pie
El maridaje entre los trepadores de la rancia clase política nacionalista y los energúmenos de la izquierda más atrabiliaria genera esperpentos fuera de serie. Así es como otro martillo de herejes catalanes, se disparó un tiro en el pie con una columna cargada de razones cuya conclusión equivale, literalmente, a un vómito sobre su propia tropa secesionista. "El vómito" se titula precisamente el artículo (LV, 1/7) en que Pilar Rahola despotrica contra la presentación, en una sala pública, del libro Stalin insólito, mamarracho que hace una apología desmesurada del dictador, al que califica de "líder obrero muy importante", y que asegura que los campos de deportación soviéticos, los temibles gulags, eran "fábulas del locuaz A. Solzhenitsin". Rahola pone el dedo en la llaga:

Nadie se ha movilizado, y menos desde la izquierda pura y dura, no se han elevado críticas indignadas, no se ha intentado parar el evento en la Fiscalía, y un partido del Ayuntamiento, la CUP, no solo no se ha asqueado de ver su ciudad contaminada por el negacionismo, el odio y la exaltación del mal, sino que ha cedido un local público a mayor gloria de la gloria de este asesino.
(…)
Primero fue la exposición de Franco, después una defensora del terrorismo palestino y ahora un elogio de Stalin: hay una izquierda que es de vómito.

Una verdad como la copa de un pino. Pero cuidado, señora Rahola, porque el vómito que usted reclama con justicia va a pringar el traje de su amado líder de la secesión, que marcha -prietas las filas- junto a esos crápulas de izquierda que usted denuncia con argumentos irrefutables. Crápulas que le dictan la hoja de ruta hacia la república chavista y le dosifican los votos para que siga siendo presidente de la Generalitat. Y cuidado, también, porque el vómito caerá sobre quienes, convertidos en martillos de herejes en Cataluña, teledirigen el operativo de involución totalitaria compartiendo tácticas y estrategias con esos archiconocidos crápulas de izquierda.

Los detritos del estalinismo son la droga que el secesionismo se inyecta para tenerse en pie.

¿”Terrorismo jurídico” en la sui generis democracia española?
Germán Gorráiz López www.diariosigloxxi.com 8 Julio 2017

El término distopía fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill en contraposición al término eutopía o utopía, empleado por Tomas Moro para designar a un lugar o sociedad ideal. Así, distopía sería “ una utopía negativa donde la realidad transcurre en términos antagónicos a los de una sociedad ideal”. Las distopías se ubican en ambientes cerrados o claustrofóbicos enmarcados en sistemas antidemocráticos, donde la élite gobernante se cree investida del derecho a invadir todos los ámbitos de la realidad en sus planos físico y virtual e incluso, en nombre de la sacro-santa seguridad del Estado, a eliminar el principio de inviolabilidad ( habeas corpus) de las personas. Todo ello serían síntomas de una peligrosa deriva totalitaria del sistema democrático que tendría como paradigma el llamado “affaire Alsasua”, en el que siete jóvenes de la localidad navarra de Alsasua podrían ser condenados a penas estratosféricas de 52 años de prisiónalser acusados de “delitos de terrorismo” tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por juristas y por el Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”.

¿”Terrorismo jurídico” en la sui generis democracia española?
Para entender la actual situación distópica, se antoja necesario repasar la silente deriva involucionista de la actual democracia española.Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1.985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo “La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, publicado en el diario “El País”, como “la aplicación de facto del estado de excepción encubierto”. Dicha Ley Anti-terrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA), sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficitica) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.

La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado “delito de exaltación del terrorismo” y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado “Pacto por la Justicia y las Libertades” de 2003 que instauraba de facto “la cadena perpetua estratosférica” al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la “crueldad del régimen de Franco “ que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima). En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la ultimísima firma entre Rajoy y Sánchez del llamado “pacto antiyihadista” que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista “convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional” en palabras de Manuel Cancio Meliá (artículo 573.1).

El objetivo último sería criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español, elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal” y cuyo penúltimo episodio sería el “affaire Alsasua” que según dictamen del Tribunal Supremo “ tendría encaje en el artículo 573.1 del Código Penal” y en consecuencia será juzgado por la Audiencia Nacional como “hechos constitutivos de un delito de terrorismo” con penas estratosféricas de 52 años para cada uno de los 7 encausados. Ello supondrá un ejercicio de “terrorismo jurídico” por parte del Estado español que generará una inmediata reacción de repulsa popular en todo el Estado española así como institucional (Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y cargos autonómicos de Podemos) y que terminará necesariamente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

La espiral del silencio de la mass media del establishment español
La mencionada deriva totalitaria del Estado español estaría amparado por la “espiral del silencio” de los medios de comunicación de masas del establishment (PRISA, Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, Grupo Zeta, Editorial Prensa Ibérica, Unidad Editorial, TVE y Mediaset España), teoría formulada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en su libro “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social” (1977). Dicha teoría simbolizaría “la fórmula de solapamiento cognitivo que instaura la censura a través de una deliberada y sofocante acumulación de mensajes de un solo signo”, (todo el entorno abertzale es ETA), con lo que se produciría un proceso en espiral o bucle de retroalimentación positiva. Sin embargo,la teórica política judío-alemana Hannah Arendt en su libro “Eichmann en Jerusalén”, subtitulado “Un informe sobre la banalidad del mal”, nos ayudó a comprender las razones de la renuncia del individuo a su capacidad crítica (libertad) al tiempo que nos alerta de la necesidad de estar siempre vigilante ante la previsible repetición de la “banalización de la maldad” por parte de los gobernantes de cualquier sistema político, incluida la sui-genéris democracia española, pues según Maximiliano Korstanje “el miedo y no la banalidad del mal, hace que el hombre renuncie a su voluntad crítica pero es importante no perder de vista que en ese acto el sujeto sigue siendo éticamente responsable de su renuncia”.

Los no independentistas temen un aumento de la tensión
Entidades civiles de Cataluña muestran su rechazo al referéndum ilegal del 1 de octubre
DANIEL TERCERO Barcelona. ABC 8 Julio 2017

Rechazo total. Algunas de las entidades cívicas más importantes de la sociedad civil catalana críticas con la deriva secesionista de la Generalitat señalan que el proyecto de ley del referéndum –presentado al público esta semana– es un texto sin valor jurídico y fuera de toda lógica. Advierten, en declaraciones para ABC, que la situación política se enrarecerá aún más en Cataluña en las próximas semanas, pero se muestran convencidas de que a partir del 2 de octubre hay que volver a construir.

Teresa Freixes es la presidenta de Concordia Cívica Catalana. Freixes recuerda que el proyecto de ley con el que la Generalitat de Cataluña pretende convocar la consulta para el 1 de octubre «no tiene ninguna base jurídica», ya que el derecho a la autodeterminación solo se aplica a colonias o a territorios con minorías sojuzgadas.

El derecho a la autodeterminación solo se aplica a colonias o territorios con minorías «sojuzgadas»

No es el caso de Cataluña. «Lo de Kosovo, que la ONU permitió la secesión unilateral, es una excepción, ya que en Kosovo había una minoría albanesa que estaba siendo maltratada por los serbios».

Josep Bou está al frente de la entidad Empresaris de Catalunya, una asociación que se centra en aspectos económicos, y por lo tanto preocupada por las consecuencias que podría tener en la economía un conflicto como el nacionalista si se enquista.

«Se les va a caer todo el entramado que se sustenta con esta ley del referéndum porque es, solo, un paso más al abismo. Además, el independentismo nunca ha tenido apoyo internacional», señala Bou.

Los dos tercios del Estatuto
Por su parte, Àlex Ramos, vicepresidente de Societat Civil Catalana, recuerda que no deja de ser sintomático, de la poca calidad democrática que rodea a la reivindicación política independentista, que «para cambiar una coma del Estatuto se necesiten las dos terceras partes de los diputados en el Parlamento autonómico y para declarar la secesión quieran hacerlo sin un mínimo de participación y solo por un voto más en el resultado». Ramos añade que estamos viviendo los últimos coletazos de un «proceso fracasado» y, en clave optimista, augura que tras el 2 de octubre «habrá que coser lo descosido y volver a construir juntos».

Eduardo López-Dóriga es el presidente de la Asociación por la Tolerancia. «El proyecto de ley no se sustenta en ningún tipo de legalidad vigente en España. No tendrá recorrido. Es una declaración de intenciones del PDECat, ERC y la CUP. Eso sí, puede que lleguen a hacer una charanga como la del 9-N», añade López-Dóriga, que defiende la aplicación de la ley «sin complejos»: «¿Ha pasado algo después de que Homs dejase el escaño en el Congreso? Hemos de estar tranquilos, pero, a la vez, exigir al Gobierno que actúe y que no caiga en la trampa de pactar con los nacionalistas, que es la línea del PSOE, lamentablemente».

Al frente de Impulso Ciudadano está José Domingo. Su valoración no difiere a la de las otras entidades civiles. En la misma línea que López-Dóriga, recuerda que «si la Generalitat lleva a cabo acciones revolucionarias, esto tiene que tener consecuencias porque España es una democracia consolidada». Y añade: «La ley del referéndum es un artefacto con el que los independentistas quieren calibrar su fuerza. Tratan de tensar a las instituciones españolas. El problema es grave. No se puede mirar hacia otro lado».

Oltra no cede y ejecuta su “limpieza lingüística” despidiendo a 1.200 profesores
ESdiario 8 Julio 2017

Tras viralizarse la carta publicada por un profesor que tras 31 años como maestro va a ser despedido por la depuración lingüística de Compromís, ESdiario saca a la luz un nuevo escándalo.

A diferencia de lo que ha ocurrido en otras CCAA con dos lenguas oficiales y que ofrecen a sus docentes horas de formación gratuita para poder acogerse al requisito lingüístico, en el caso del Gobierno Valenciano de Mónica Oltra y Ximo Puig se está despreciando el currículo académico de 1.200 profesores simplemente por no tener una certificación de que hablan y escriben en valenciano.

Así lo ha denunciado nuevamente el sindicato CSIF, que ha solicitado en la última reunión de la Mesa de Seguimiento del Acuerdo de Interinos que se alargue la moratoria para obtener la capacitación en valencià. Al menos mientras se realizan más exámenes extraordinarios en julio y septiembre, ya que durante el tiempo que ha durado la moratoria para que los maestros obtuvieran el título de valenciano "ni se ha proporcionado la suficiente información para obtener el requisito de capacitació en valencià ni se han hecho las suficientes convocatorias de examen". La última convocatoria fue un curso que se inició en febrero, con fecha de examen el 5 de mayo.

De no subsanarse esta situación "se van a quedar en la calle 1.200 profesionales que desarrollan un trabajo valioso por la imposición lingüística, además de otros muchos que cubren sustituciones". El pasado 27 de junio el sindicato llevó a cabo una concentración de protesta en Alicante en la que participaron numerosos docentes afectados. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que sus servicios jurídicos van a presentar recurso contencioso contra la resolución de la Consejería que, en su apartado 13, especifica que no adjudicará vacante el próximo curso a los docentes que no cuenten con el requisito en valenciano.

Esta situación que padece el profesorado valenciano ha tenido amplia repercusión en redes sociales tras viralizarse la carta publicada por el profesor Vicente Jover Robles, que ejerciendo en una zona castellano parlante de la provincia de Valencia como Requena-Utiel y tras 31 años como maestro va a ser despedido por esta depuración lingüística que está llevando a cabo la Generalitat valenciana del PSOE y Compromís y que tiene como ideólogo al polémico consejero de Educacion, Vicent Marzá.

Se da la paradoja que en la Comunidad valenciana, a lo largo de todas sus comarcas hay zonas claramente castellanoparlantes por tradición e historia (prácticamente el 25% del territorio) y donde jamás ha sido necesario acreditar que se habla valenciano para poder ejercer como maestro. Salvo contadas excepciones, la tónica general a la hora de trabajar en la función pública siempre ha sido la de puntuar el valenciano como un mérito y no como un requisito o una obligación. Una tendencia que está cambiando de mano del bipartido de Valencia, que domina en materia de Educación y Cultura, con un Compromís de Oltra y Marzá cada vez más catalanista, un partido socialista que parece dejarse pisar y un Podemos que aplaude la jugada desde la sombra.

Por el momento los tribunales valencianos ya han dejado en evidencia por tres ocasiones a la Consejería de Educación al suspender el Tribunal Superior de Justicia el decreto de plurilingüismo.

Los independentistas obligan a niños a desfilar con esteladas con sus ‘selecciones’ deportivas
Luz Sela okdiario 8 Julio 2017

Los independentistas aprovechan las competiciones deportivas en las que participan con su propia selección para adoctrinar a niños.

Así ocurrió, el pasado fin de semana, en el II Campeonato Europeo de Twirling, celebrado en Tortosa (Tarragona) y en el que la selección catalana se hizo con el título. El propio alcalde, Ferran Bel (CDC), no tuvo reparo en ‘tuitear’ una fotografía del evento en el que se ve a niños portando la estelada en el pabellón deportivo municipal y ante un cartel independentista: “Una nación, una selección”.


El ‘twirling’ es una de las modalidades deportivas-importado de EEUU y consistente en el movimiento rítmico de un bastón- que los secesionistas han utilizado en los últimos años para defender una selección propia. De hecho, Cataluña cuenta con la Federación Catalana de Twirling, que compite internacionalmente en distintos certámenes deportivos.

En 2012, el Tribunal Constitucional dictaminó que Cataluña podría disponer de selecciones deportivas en los casos en los que no interfiera en las competencias e intereses del Estado. Eso significa en la práctica que las especialidades sean muy minoritarias, como es el caso.

El ‘twirling’ cuenta con escaso arraigo en nuestro país y en la propia comunidad, pero, a cambio de dar visibilidad a los deseos de los independentistas, es objeto de subvenciones públicas a través del Consejo Catalán de Deportes. Este año, por ejemplo, recibirá 36.000 euros, la mitad de sus gastos previstos.

Lo mismo ocurre con otras especialidades, poco concurridas y procedentes en su mayoría de otros países. La de dardos, por ejemplo, recibe 47.134 euros, la de ‘korfball’-similar al baloncesto y de origen holandés-111.000 euros, el ‘pitch and putt’-irlandés y parecido al golf-83.600 euros. La Federación Catalana de Palomas Mensajeras, también incluida en estas subvenciones, recibe 19.000 euros anuales.


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