AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 12 Julio 2017

Se enrocan en la indignidad
EDITORIAL Libertad Digital 12 Julio 2017

A pesar de los requerimientos de los grupos municipales de PP y Ciudadanos, y de la insistencia de organizaciones civiles comprometidas con la conmemoración del vigésimo aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Angel Blanco, el Ayuntamiento neocomunista de Madrid no colgará en su fachada una pancarta de homenaje al concejal de Ermua cuya muerte a manos de ETA conmovió a España entera.

Manuela Carmena niega así un gesto de respeto a la memoria del concejal vasco, en un espacio público que presta con tanta prodigalidad a la promoción de todo tipo de ocurrencias de su equipo de Gobierno.

Carmena trata de zafarse de las críticas a su actitud mezquina aludiendo a un inexistente agravio comparativo con otras víctimas del terrorismo. En primer lugar, es evidente que el asesinato de Miguel Ángel Blanco tuvo una trascendencia especial. Tanto por el contexto en el que se cometió como por la tremenda reacción que suscitó en el pueblo español, ese crimen tuvo una significación que justifica plenamente esta conmemoración. Pero es que, además, dedicar un homenaje público a Miguel Ángel Blanco es hacerlo con todas las víctimas del terrorismo, representadas en el sufrimiento y la muerte del joven concejal vasco, asesinado con especial crueldad por la organización terrorista a la que la izquierda podemosa se desvive por blanquear.

A raíz de los justificados reproches lanzados contra su alcaldesa, los dirigentes de Podemos tratan de pasar a la ofensiva acusando al Partido Popular de utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo. La asombrosa acusación proviene de políticos que todavía hoy se jactan de haber participado en las nauseabundas algaradas que tuvieron por objetivo las sedes del PP tras el 11-M, en las que se utilizó de la manera más vil el asesinato de 192 españoles para machacar a un Gobierno democrático.

Ni entonces tuvieron escrúpulos ni ahora tienen dignidad política. Sus reparos a que la capital de España rinda tributo a la memoria de Miguel Ángel Blanco vuelve a dejarlos en evidencia: siempre abrazan las más infectas causas y siempre tratan de distanciarse de todo lo que tenga que ver con la Libertad y España.

Sánchez prepara su jugada en Cataluña
Roberto L. Blanco Valdés La voz 12 Julio 2017

Pese a su inmensa diferencia (la que existe entre la presencia y la ausencia de violencia), el desafío que supone la sublevación secesionista catalana presenta dos elementos en común con el del terrorismo vasco durante casi cinco décadas. El primero es evidente: lograr la independencia de una parte del territorio nacional. Un objetivo que no deja de ser idéntico por el hecho de que los pistoleros de ETA intentasen alcanzarlo por medio del terror y los secesionistas a través de una sublevación de las instituciones, que piensan culminar en un golpe de Estado contra nuestra democracia.

La segunda similitud, menos visible, no es, sin embargo, menos importante: ahora, como entonces, hay partidos y no pocos españoles persuadidos de que la única solución frente al desafío independentista, violento o no, a la más elemental de las reglas del Estado de derecho -el cumplimiento de la ley- es el diálogo. La realidad de los hechos desmintió rotundamente esa tesis en el caso de ETA, que no dejó el terror como fruto de un acuerdo, sino tras su derrota estrepitosa por la acción del Estado democrático. Los que entonces sostuvimos que así sucedería fuimos vilipendiados («fascistas» era el insulto más frecuente) por los cínicos partidarios del diálogo con ETA y aún estamos esperando que reconozcan el grave error en el que estaban y nos pidan por ello las disculpas oportunas.

En un contexto muy distinto, marcado por la inexistencia de violencia, aunque no por la ausencia de una acción radicalmente ilegal y claramente delictiva, también ahora la tesis del diálogo frente a la sublevación y al golpismo secesionista es moneda corriente. Sin ir más lejos, la exponía Pedro Sánchez en una entrevista publicada por La Voz este domingo. «La única fuerza que resolverá la crisis de Cataluña es la del diálogo», afirmaba el líder del nuevo PSOE, aunque sin aclarar, según es frecuente, cómo piensa Sánchez lograr que se sienten a dialogar quienes están en una política de abierta sedición frente al Estado. Y ahí, claro, reside el engaño de una argumentación que es en realidad una forma de escurrir el bulto frente a la necesidad de derrotar, primero, a los sediciosos como única forma de que admitan, después, sentarse a dialogar.

En realidad, la tesis del diálogo es una forma tramposa de repartir las culpas de la crisis catalana entre quienes allí defienden el cumplimiento de la ley y quienes no tienen ni otro objetivo, ni otra estrategia, que violarla. ¡Como no hay diálogo, la culpa es de los dos! ¡Acabáramos! A la vista de tan fraudulenta posición, que es la que late en el discurso de los nuevos dirigentes del PSOE, el Gobierno debe prepararse para que, parapetado en una beatífica exigencia de diálogo, Sánchez acabe dejándolo tirado si, como es desgraciadamente previsible, las cosas se complican en Cataluña. Porque, quien ha demostrado creer que vale todo actuará en consecuencia con esa pavorosa convicción.

Mayor Oreja: “El proyecto de ETA de ruptura de España está vivo en Cataluña”
Agustín de Grado okdiario 12 Julio 2017

Jaime Mayor Oreja (San Sebastián, 1951) era ministro de Interior cuando ETA decidió secuestrar y asesinar a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua. Hoy vive alejado de la política en activo. Recibe a OKDIARIO en su despacho de la Fundación Valores y Sociedad, desde la que impulsa movimientos ciudadanos para una regeneración social, cultural y política.

Pregunta: El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco provocó una reacción unánime de la sociedad española contra el terrorismo de ETA como nunca se había visto. ¿Puede ser considerado como el principio del fin de la banda terrorista?

Respuesta: Bueno, es que no hay fin de la organización terrorista. No hay fin de ETA. Hay un momento en el que ETA ha dejado de matar. Ha dejado de ser la vanguardia del movimiento nacionalista. Pero el proyecto de ETA, el proyecto de ruptura con España está vivo. Está vivo en Cataluña. Porque ETA no es solo una organización terrorista, es un proyecto político de ruptura. Nació para romper España. Ellos se han convertido en el País Vasco en la alternativa al PNV y lo hemos dejado de ser los constitucionalistas. En Navarra parte del gobierno es de ETA. Y Cataluña, pues evidentemente está en un proyecto de ruptura que es el proyecto de ETA.

Nosotros lo que sí conseguimos con todo aquello, desde el fortalecimiento del Estado de Derecho, fue acabar con aquella vanguardia. Conseguimos que la organización casi desapareciera. Aquello fue el principio del fin de la organización. El exceso de crueldad y la movilización social produce también un efecto en el nacionalismo vasco que hace que el PNV y ETA se abracen un año después.

P: En Estella.
R: Sí. El 16 de diciembre de 1998. Porque ellos temieron que aquello no solo fuese el final de ETA, sino también el final del nacionalismo. Entonces, rápidamente, el movimiento nacionalista en su conjunto determinó una tregua trampa que se tradujo en una década de treguas de ETA para avanzar en su proyecto político. Pero dejaron de matar. Lo que nos alegra a todos los bien nacidos, pero sin dejar de entender y comprender que eso no significa el final de ETA. Eso significa esencialmente una nueva etapa en la que España tiene que afrontar un proyecto de ruptura más sofisticado.

SU OBJETIVO: DEFENDER A LA FAMILIA
El alcalde de Verona retira de los colegios el material de adoctrinamiento LGTB
La Gaceta  12 Julio 2017

Su nombre es Federico Sboarina, uno de los pocos políticos que se ha atrevido a plantar cara al lobby LGTB, desde donde se pretende introducir los postulados de la ideología de género en las escuelas con el fin de adoctrinar a los más pequeños.

El pasado 25 de junio, Federico Sboarina, candidato independiente promovido por siete partidos -entre ellos Forza Italia y Liga Norte-, consiguió el 58,11% de los votos en la segunda vuelta. Nada más ser nombrado alcalde de Verona, este abogado de 46 años dio la orden de retirar de las escuelas, guarderías y bibliotecas públicas todo el material propagandístico de la ideología de género.

Sboarina cumplía así con uno de sus puntos más destacados de su programa electoral, que hace referencia a la Familia. Tal y como recoge Religión en Libertad, dentro de este apartado, el alcalde de Verona defendía la “oposición a la difusión de la ideología de género en las escuelas, mediante propuestas educativas desarrolladas en colaboración con las asociaciones de familias, con la finalidad de promover el respeto a la dignidad masculina y femenina sin menoscabar sus valiosas diferencias naturales”.

Asimismo, Sboarina exigía la “retirada de las bibliotecas y de las escuelas municipales y concertadas (incluidas guarderías) de libros y publicaciones que promueven la equiparación de la familia natural con las uniones del mismo sexo, e interrupción de las iniciativas que promueven indirectamente este mismo objetivo”.

Entre estos libros, se encuentra por ejemplo el célebre “Con Tango son tres”, un libro que cuenta la historia de dos pingüinos machos que junto cuidan de un huevo y forman “una familia”. Sboarina ha defendido que, a pesar de que este tipo de cuentos no tienen mucha demanda, dejarán de ser financiados con dinero público para su distribución oficial.

También se comprometía a “rechazar toda iniciativa (deliberaciones, mociones, órdenes del día, recogida de firmas, orgullo gay, etc.) contraria a los valores de la vida, de la familia natural o de la primacía del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus principios morales y religiosos”.

Cabe destacar que el programa de Sboarina se opone al de su predecesor, Flavio Tosi, que en los últimos años se había plegado ante las exigencias del lobby gay.
‘Combate la campaña de imposición ideológica’

Según ha informado el diario anteriormente citado, organizaciones como la Asociación Italiana de Editores, la Asociación Italiana de Bibliotecas y la International Publishers Association ha pedido al nuevo alcalde de la ciudad italiana que reconsidere su decisión.

Desde Arcigay, una de las principales organizaciones LGTB de Italia se ha atacado a Sboarina por haber permitido “una hoguera de libros”, mientras que los defensores de la medida aseguran que la decisión del alcalde “combate la campaña de imposición ideológica bien organizada y subvencionada”.
‘Nos han votado para frenar esta deriva antropológica’

Desde el Ayuntamiento, el consejero Alberto Zelger -que se distanció de Flavio Tosi por su apoyo al lobby LGTB-, ha explicado que estos tipos de libros dejarán de ser lectura escolar obligatoria y no se verán privilegiados dentro de las bibliotecas infantiles. “Nos han votado para frenar esta deriva antropológica”, ha defendido.


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Podemitarras y miedócratas
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 12 Julio 2017

Al cumplirse los veinte años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, la batasunización de la política española, y, por tanto, el triunfo de los asesinos, es indiscutible. De serlo siquiera un poco, la horda podemita, que mide sus baladronadas en términos de nóminas, no se hubiera atrevido a calcar a la ETA en su rechazo a homenajear al símbolo de las víctimas del terrorismo. Porque la fórmula de las carmenas y los kichis es la de los chapotes, terneras y oteguis: "estamos con todas las víctimas y contra todo terrorismo". Y la que utiliza la Primera Dama Podemita para respaldar a los asesinos chavistas: "estamos en contra de toda violencia". Y casi se ríe.

Iglesias asumió plenamente el discurso de la ETA para legitimar sus crímenes cuando dijo en el célebre vídeo de la herriko taberna (ponlo otra vez, Ferreras) que sólo "la izquierda abertzale", o sea, la ETA, acertó en su análisis de la Transición y la Constitución del 78 como "un candado" de "los pueblos". Porque el tiro en la nuca a Miguel Ángel no fue más que un acto, no bien meditado pero legítimo, de defensa del Pueblo Trabajador Vasco contra la agresión del Estado Español. ¿Pues no liberó a Ortega Lara sin haber cumplido dos años en el zulo?

"Socialización del sufrimiento", término que define perfectamente el comunismo, fue como ETA bautizó, en la pila satánica de Setién, a sus atentados indiscriminados contra civiles. Pero los asesinos sufren; las víctimas, ya no. Por eso Carmena dice que "hay que mirarles a los ojos y empatizar con ellos". Para etarras y podemitarras, en el terror todos son víctimas: los que mueren y los que matan. ¡Ah, esas familias que hacen largos viajes a lejanas cárceles para ver a unas personas cuya prisión sólo alarga la solución del conflicto! A las que van al cementerio y, en más de trescientos casos, no han conseguido que se juzgue al asesino, no las conocen. En realidad, sólo entorpecen el diálogo político y la solución negociada.

Hace tiempo comenté que cuando, al hablar de la ETA, oigo "todos los demócratas", lo que escucho es miedo, la miedocracia que reina en los partidos políticos españoles, pero no en las partidas etarras y podemitarras. ¿Cuántas banderas españolas hay en los balcones de Pamplona estos días? Una. ¿Y en Bilbao? Ninguna. Ese es el triunfo de los asesinos, veinte años después.

Miedo y rechazo al espíritu de Ermua 20 años después
La historia se repite. A la izquierda, PSOE y Podemos, no le gusta el recuerdo de Miguel Ángel Blanco y lo que significó el espíritu de Ermua.
Libertad Digital 12 Julio 2017

Este miércoles se cumplen 20 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua vilmente asesinado por ETA tras 48 horas de secuestro. Es el aniversario no sólo de uno de los crímenes más crueles de la banda, sino de las movilizaciones que sacaron a la calle a millones de personas en toda España, también en el País Vasco, por primera vez en la sanguinaria historia de ETA. El recuerdo al concejal, y a lo que supusieron para la sociedad española aquellos días en que la banda se vio por primera vez contra las cuerdas, se ha visto sin embargo eclipsado por la polémica en torno a los homenajes a Blanco.

La reacción unánime del pueblo español en aquellos días en defensa de la democracia, la libertad y, por ende, la Nación española aterró al nacionalismo. El PNV decidió pactar con ETA en Estella, y la izquierda, primero Izquierda Unida de la mano de Madrazo, y el PSOE años después, con Eguiguren y Zapatero, se alineó con los separatistas y optó por aislar al PP en lugar de los terroristas.

Veinte años después, la historia se repite. Podemos y una parte del PSOE buscan excusas para no poner pancartas de homenaje y abstenerse a la hora de votar declaraciones oficiales. El PP y Ciudadanos han exigido una rectificación y han vertido duras acusaciones, principalmente contra la formación de Pablo Iglesias.

La polémica saltó la semana pasada cuando varios municipios se desmarcaron del llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias para que cada ciudad y pueblo de España recordara al concejal asesinado el día 12 a las 12 del mediodía, con una concentración silenciosa frente al consistorio. La FEMP llamaba a recordar no sólo al joven político del PP sino a la sociedad española por dar una "respuesta ejemplar e inequívocamente democrática: un rotundo y unánime 'hasta aquí hemos llegado'". El comunicado parecía hecho para que la adhesión municipal fuera inmediata y unánime, pero no fue así: corporaciones de Podemos o el PSOE en distintos puntos del país, como Cádiz, Jerez, San Fernando o Bilbao rechazaron unirse a esta propuesta o a otras que llegaban impulsadas por el PP.

Un ejemplo especialmente sangrante es el caso de Lasarte, el pueblo donde fue asesinado el joven: allí, el único concejal popular presentó una moción para condenar la violencia etarra y homenajear al concejal. PSE, PNV y Podemos se abstuvieron.

El último capítulo político de la semana de recuerdo a Blanco se vivió en el Congreso de los Diputados, donde se trató de consensuar una declaración institucional. Tras más de cinco horas de negociación, no fue posible: PNV y EH Bildu no la firmaron. Mientras, los populares tuvieron que introducir cambios en su moción para arrastrar al sí a Podemos.

Podemos y el caso de Carmena
Mientras en muchos ayuntamientos se repetía en estos días la falta de consenso, la respuesta oficial de Podemos a la posición de algunos de sus alcaldes y concejales fue no hacer nada: ni directrices ni órdenes para apoyar los actos por el concejal asesinado. Iglesias, entre mensajes genéricos de apoyo a las víctimas, dijo que era a los concejales a quienes había que preguntar por su postura, en alusión a casos como el de Kichi, en Cádiz, cuyo grupo rechazó poner el nombre de Blanco a una calle de la ciudad, o el de Manuela Carmena. La alcaldesa de Madrid rechazó colocar una pancarta en la fachada del Ayuntamiento de Madrid como sugirió Movimiento contra la Intolerancia, con la excusa de que supondría poner a unas víctimas por encima de otras. La presión política le llevó a rectificar sólo a medias: habrá minuto de silencio frente al consistorio y pancarta, pero no en la fachada. También se sumarán al homenaje del grupo municipal del PP: la decisión se tomó pocas horas antes.

Desde el PSOE, mientras, se optó por la tibieza: después de que grupos socialistas en toda España asumieran la postura de Podemos, su presidenta, Cristina Narbona, tampoco dio directrices concretas a sus concejales. Sólo lanzó, presionada por la prensa, un mensaje crítico con Carmena: de la situación en otros consistorios no habló. Y con palabras muy parecidas a las de Pablo Iglesias, señaló que "todas las víctimas merecen ser recordadas".

Desde este miércoles hasta el domingo seguirán los homenajes: además de la convocatoria de los ayuntamientos y los homenajes del PP, la Fundación Miguel Ángel Blanco celebrará un acto en el Teatro Real en el que llamativamente no tendrán un papel principal algunos de los políticos que protagonizaron esos días, como José María Aznar, Carlos Iturgáiz o Jaime Mayor. Tampoco estuvieron en el homenaje del PP el pasado lunes frente a Génova, donde se desplegó un gran cartel con el rostro del concejal y en el que participaron Mariano Rajoy y la dirección nacional de la formación. El fin de semana, en la escuela Miguel Ángel Blanco que se celebrará en Bilbao y contará con la presencia del presidente, sí está prevista la intervención de Iturgaiz.

Donde acaba la ley empieza la fuerza
Alejo Vidal-Quadras. Gaceta.es  12 Julio 2017

Las especulaciones sobre qué sucederá el 1 de Octubre se multiplican mientras desde La Moncloa se mantiene un silencio impávido, que no se sabe si es fruto de la prudencia, de la impotencia, de la indolencia o de la simple cobardía.

Nadie barrunta cuál es el plan del Gobierno para impedir que la Generalitat golpista haga trizas la Constitución y la unidad de España ante los ojos entre atónitos y consternados del resto del mundo. Sin embargo, los propósitos de los separatistas los conocemos todos y su proceso de desconexión se va desarrollando con publicidad y fanfarria, curiosamente financiado por el mismo Estado que se disponen a dinamitar.

Las apariciones de la Vicepresidenta, del Portavoz y del Presidente del Gobierno repitiendo solemnemente que el referéndum no tendrá lugar suenan cada vez menos convincentes y tienen más de ritual auto-tranquilizante que de intención efectiva de pararlo.

De manera sucesiva se ha hablado del artículo 155, de la Ley de Seguridad Nacional y del estado de excepción, con lo que cunde la sospecha de que si existen tantas vías de actuación en el aire es porque en realidad Rajoy no sabe qué hacer. Por otra parte, lo que se va perfilando sobre las distintas opciones resulta crecientemente inquietante.

Para la aplicación del Artículo 155 ya no hay tiempo material, según se desprende de una lectura atenta del Reglamento del Senado y se suman los plazos requeridos para desplegar el manoseado precepto. En cuanto a la Ley de Seguridad Nacional, juristas solventes afirman que no es la apropiada para este caso ya que no afecta a terrorismo o amenazas similares.

Y el estado de excepción requiere una determinación y un coraje para decretarlo que parece incompatible con el perfil psicológico sinuoso del jefe del Ejecutivo, más proclive a dejar que el tiempo pudra los problemas que a abordarlos de frente. Por tanto, la incógnita se mantiene, los preparativos y el caldeamiento del ambiente en Cataluña siguen velas al viento y empieza a dibujarse en el horizonte la aterradora posibilidad de que lo inimaginable cobre realidad, se abran los colegios electorales, las urnas se llenen de papeletas y el disparate se vuelva irreversible.

Hay un hecho indiscutible y es que ninguna sentencia o resolución del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o del Tribunal de Justicia de Cataluña va a detener a los sediciosos porque han dejado muy claro que a ellos la jurisdicción estatal española no les concierne. Consecuentemente, si la respuesta de las instancias centrales para defender el orden vigente se limitan a prohibiciones, anulaciones e inhabilitaciones, su efecto será similar al de poner una cinta de plástico ante una manada de toros embravecidos para desviar su embestida.

Hemos llegado a un punto desgraciado en este condenado asunto en que no hay más solución si se quiere evitar el desastre que recurrir a la fuerza coactiva del Estado. Las leyes son papel mojado si no van acompañadas de la voluntad y los medios para hacerlas cumplir.

Si se pretende de verdad que la consulta ilegal no se produzca habrá que, material y físicamente, barrar el paso a su realización. Ello implica que las Fuerzas de Seguridad, tanto las autonómicas como las estatales, deberán desplazarse a los lugares de votación, clausurarlos, confiscar las urnas y dispersar a los potenciales votantes. Si las CUP, las juventudes de los partidos secesionistas u otros grupos violentos se lanzan a la calle a romper escaparates, destrozar mobiliario urbano, arrojar cócteles molotov o atacar las sedes de formaciones leales a la Constitución, los gases, las porras y los cañones de agua saldrán a relucir con el consiguiente riesgo de escalada incontrolable de desgracias.

Ese es el civilizado y constructivo panorama que Junts pel Sí y asociaciones afines preparan para Cataluña, se supone que para aumentar la confianza de los inversores, incrementar el prestigio de su sociedad y demostrar seny y civismo. Una región dotada, según reza el estereotipo, de un reconocido prestigio de modernidad, calidad de vida y sensatez, va camino de transformarse en un caos desatado de destrucción, choques sangrientos y enormes pérdidas económicas.

Aunque la génesis de semejante horror no es algo reciente, sino que proviene de décadas de renuncias, oportunismos y flagrantes errores estratégicos de los dos grandes partidos nacionales y de la pusilanimidad abyecta de las elites empresariales y profesionales catalanas -con honrosas excepciones que confirman la regla-, la insoslayable evidencia es que dentro de tres meses escasos el Gobierno estará obligado a intervenir con contundencia o a resignarse a pasar a la Historia de España con una mancha de traición al lado de la cual Fernando VII parecerá un dechado de virtudes patrióticas. Pronto asistiremos a un espectáculo que, para nuestra desgracia, no podrá ser más que de dolor o de vileza.

Unidad en Ermua y disparate en Cataluña
Marcello Republica 12 Julio 2017

Todos los partidos políticos, Bildu incluido, se han reunido en Ermua para recordar el 20 aniversario del secuestro y asesinato a manos de ETA del que fuera concejal de esa localidad Miguel Ángel Blanco a quien se ha rendido un homenaje. Por unos instantes el espíritu de Ermua, que impulsó la unidad de los demócratas de toda España y el fracaso de la banda terrorista, ha regresado con fuerza por bien de todos y el merecido respeto a las víctimas del terror.

Solo Podemos y sus adláteres no han estado a la altura de este tiempo de recuerdo y especialmente en Madrid donde su alcaldesa Manuela Carmena se negó a desplegar una pancarta en recuerdo de Miguel Ángel Blanco lo que ha provocado la indignación de los madrileños.

Los que, finalmente, obligaron a rectificar a esta alcaldesa indigna porque se negó el reconocimiento público de la que es la más significativa víctima de ETA, mientras mantiene en sus cargos a concejales de Podemos imputados en un posible caso de malversación.

Al final Podemos ha retrocedido cuando vio que Bildu se sumaba en Ermua al homenaje a Miguel Ángel Blanco, pero les ha costado. Aunque una vez más se les ha visto el rostro no democrático como el que ahora enseñan en compañía de Ada Colau para apoyar en Cataluña un referéndum ilegal que viola el Estatut y la Constitución, ambos aprobados democráticamente por los ciudadanos de Cataluña y toda España.

Y dice Pablo Iglesias que su apoyo al referéndum del 1-O es ‘democrático’, lo que es absolutamente falso porque no hay democracia al margen del Estado de Derecho. Y además quieren explicar lo inexplicable diciendo que para ellos ese referéndum es solo una manifestación, no es vinculante y que irán a votar pero contra la independencia de Cataluña (sic).

Al final Iglesias y Colau, presos de ERC y de sus respectivas divergencias en el interior de sus partidos, se han quitado la careta y se han pasado al bando secesionista para romper la unidad de España que es en lo que están desde que se inició el proceso. Lo que sumado a su pasividad en el aniversario de Miguel Ángel Blanco y los insultos que han lanzado contra Leopoldo López, preso político -sigue en arresto domiciliario- del presidente Maduro, da idea de lo que Podemos considera que es una democracia (que le pregunten a Iñigo Errejón o Sergio Pascual como tratan en Podemos a quienes osan el criticar al líder del partido o promocionar una tendencia interna diferencial).

Y estas actitudes la debe denunciar el PSOE de Pedro Sánchez añadiendo a su nuevo eslogan de ‘Somos la izquierda’ la palabra ‘democrática’ para así marcar la diferencia y no dejar que los confundan con los que son, sin lugar a dudas, sus principales adversarios, Podemos, que buscan la destrucción del PSOE como su máxima prioridad. Para ello necesitan conseguir muchos votos en Cataluña y de ahí su apoyo al referéndum ilegal.

Miguel Ángel Blanco El día que los vascos dejamos de ser cobardes
Igor Marín Ochoa www.vozpopuli.com 12 Julio 2017

Antes de empezar, perdonen dos cosas. La primera, poner en primera persona algo que pertenece a la memoria colectiva. Lo que aquí pretendo narrar es una vivencia personal con el tamiz de los años. La segunda, llamar cobardes a algunos vascos. Muchos lo fuimos. Antes y después de Miguel Ángel Blanco. Pero otros muchos perdieron su vida, en ocasiones literalmente, por tener un país mejor. Por ellos y otros muchos de tantos lugares, por el eterno agradecimiento a su causa y su valentía, escribo estas líneas.

Aquel maldito 10 de julio de 1997 yo tenía 23 años. Recuerdo muchos instantes de aquellos días tensos y de las jornadas siguientes. Algunos están borrosos por la emoción, el tiempo, por las miles de cosas que he leído después y se mezclan con lo vivido… Pero las sensaciones siguen intactas. Hablar de aquellos 4 días de julio es hablar de eso: de emociones. En Euskadi demasiadas veces se había guardado demasiado silencio. La violencia, como tan bien describe Edurne Portela en el imprescindible 'El eco de los disparos', había campado -y campó- a sus anchas y había calado hasta los huesos de una sociedad dormida. Pero aquellos días de julio algo cambió. Estos días leemos que todo cambió, pero eso es mentira. Después de Miguel Ángel Blanco, días después, ETA volvió a matar y la respuesta de las sociedades vasca y española fue de nuevo insignificante. Fuimos cobardes muchas veces más después del asesinato del concejal de Ermua.

Pero aquellos días, ese Pais Vasco bipolar, aquella parte del nacionalismo que veía con equidistancia autista a víctimas y verdugos dejó, por fin, caer la venda de sus ojos y comprobó que la sangre que salpicaba su endogámica historia también manchaba su inmaculado manto. Y reaccionó.

La tarde del 10 julio escuchamos que ETA había secuestrado a un concejal del PP, desconocido hasta entonces, y que daba un ultimátum al Gobierno de Aznar. O acercaba a los presos terroristas a las cárceles vascas o asesinaba al edil popular. Sinceramente, cuando escuché aquello estaba seguro de que ETA lo iba a matar. Era lo único que sabían hacer y que hicieron. Lo único que lograron en toda su historia, matar y destrozar la vida a miles de familias. Aquel disparo a cámara lenta nos conmocionó a todos. La escena del padre de Miguel Ángel Blanco llegando a casa y recibiendo la noticia de los propios medios allí concentrados fue un trágico resumen de lo que, cada uno en su medida, sentimos los vascos de bien.

No era la primera vez que ETA ejecutaba a alguien de esta forma. El secuestro en 1981 y posterior asesinato de José María Ryan, ingeniero de la fallida central nuclear de Lemóniz, fue similar. Y también obtuvo la respuesta masiva, la primera, de una gran parte de la sociedad vasca. Pero esta vez fue diferente. La movilización social fue prácticamente total. Ya no había diferencia entre nacionalistas moderados, radicales, constitucionalistas ni nada. Éramos los vascos que queríamos la paz contra los que nos querían ver muertos. Los vascos que defendíamos la convivencia contra quienes impulsaban un apartheid ideológico del que todavía hoy arrastramos consecuencias.

El impulso que tuvimos todos de forma espontánea fue salir a la calle. Primero, a los lugares habituales de concentración, a las plazas donde Gesto por la Paz y las instituciones nos convocaban cuando había un atentado. Y allí, sentados todos juntos, compartíamos la tensión, el miedo -sí, teníamos miedo y tuvimos miedo muchas veces- y, poco a poco, algo de esperanza. Cada vez éramos más, ya no los doscientos de siempre, más y más. De distintas clases, ideologías, formas de ser y pensar. Y comenzamos a convertirnos en uno. En un único ente. En la sociedad vasca decente. Y estalló la valentía. Por fin nos reconocimos en el espejo. Por fin reclamamos nuestro espacio. El deseo de paz y el rechazo a la violencia conquistaron la calle.

Aquellas noches hicimos vigilia. Estuvimos horas y horas sentados en la vitoriana plaza de la Virgen Blanca. Los creyentes rezaron. Los no creyentes simplemente reclamamos a ETA y a su entorno con lemas y gritos que dejasen a Miguel Ángel en paz. Que nos dejasen a todos en paz.

Según pasaron las horas, el ambiente se fue caldeando. La ilusión por una reacción de ETA al clamor social, político, internacional... se apagaba con el paso de las horas. Y la rabia se encendía. Decíamos que no era posible, que no podían ir contra la gran mayoría de la sociedad a la que decían defender.

El 12 de julio estaba en casa. Toda la familia estaba en casa. Comimos casi en silencio y después cada uno se entretuvo como pudo. Sabíamos lo que iba a pasar, pero la movilización nos hizo albergar alguna esperanza. Maldita esperanza. A media tarde la radio escupió que se había encontrado un cuerpo con dos tiros en Lasarte. Malditos cabrones, canallas, nazis. ETA hizo lo único de lo que fue capaz. Ejecutó a un joven por la espalda con dos cobardes tiros en la nuca.

Volvimos a la calle. Rotos y enrabietados. Fuimos a las plazas, a las calles y lloramos y gritamos. “ETA, escucha, aquí tienes mi nuca”, “No sois vascos, sois hijos de puta”. Nos oyeron y no lo echaron en saco roto. Desde aquel día hasta que les derrotamos mataron a 66 personas más.

Aquellos días vi y viví momentos inolvidables. La ciudadanía anónima rodeó las sedes de Herri Batasuna y sus herriko taberna e insultó e increpó a sus inquilinos. Aquellos valientes que tantas veces nos habían enfrentado corrían y se escondían. Lloraban y temían por su vida. Sentían en su piel el miedo que antes sentimos los demás. De aquella concentración frente a la sede de HB quedó una de las imágenes de aquellas fechas. La del ertzaintzaquitándose el pasamontañas. Nadie de los que estaba gritando e increpando a los batasunos iba a hacerle nada ni suponía ninguna amenaza.

Sentían en su piel el miedo que antes sentimos los demás. De aquella concentración frente a la sede de HB quedó una de las imágenes de aquellas fechas. La del ertzaintza quitándose el pasamontañas

Recuerdo que ya entonces participaba en una tertulia de Radio Vitoria y que llamó un hostelero de aquellos que tenían las fotos de presos en sus garitos y pedía que por favor dejasen de aporrear su persiana. Aquel día no se atrevió a abrir. Ni los siguientes. Tenía miedo. Entonces, como ahora, no creía ni creeré nunca que la violencia se acalle con violencia. Y la sociedad vasca, aquel entonces, a pesar del dolor de la rabia, a pesar de estar harta y en duelo, mantuvo la compostura.

De los 66 muertos que ETA ejecutó después de aquello días de julio todos son igual de importantes, pero permítanme que recuerde especialmente a Isaías, a Ernest, a José Luis… y a Fernando y Jorge.

El asesinato de Jorge Díez y Fernando Buesa me marcó de forma especial. Fue el 22 de febrero de 2000. Ni siquiera se habían cumplido tres años del cruel crimen de Miguel Ángel Blanco. Entonces, tras su muerte, la sociedad vasca que nos considerábamos demócratas nos dividimos. En la manifestación de protesta por el atentado, unos reclamamos el fin de la violencia. Otros, simplemente apoyaron a Ibarretxe. Nunca estuvimos tan divididos. Nunca ETA fue tan política y socialmente fuerte. Estos días, de nuevo, la división se ha colado entre nosotros. No se lo merece Miguel Ángel. Ni Froilán, Irene, Jesús María, Alfonso, Manuel, Ascensión… y así hasta casi 900 personas asesinadas. Por ellos. Por la inmensa mayoría de vascos que, aún pensando diferente, siempre hemos querido vivir en paz entre nosotros y con los demás. Que alguien nos perdone algún día nuestra cobardía durante tantos años.

EL 'NEGOCIO' DEL INDEPENDENTISMO (I)
Así se exporta el 'procés': más sueldo que Rajoy y 23 millones en personal y embajadas
¿Cuánto cuesta a las arcas públicas el independentismo? La apuesta de la Generalitat por reforzar su acción exterior es innegable: el presupuesto para ello asciende a 39,6 millones
Paloma Esteban A.F. Barcelona El Confidencial 12 Julio 2017

Promocionar el proceso independentista en el exterior y reforzar la presencia de Cataluña en los distintos continentes se convirtió hace tiempo en una prioridad para el Gobierno de la Generalitat. Mientras el desafío secesionista afronta su fase final con la mirada puesta en el referéndum del 1 de octubre, la apuesta desde la presidencia que ostenta Carles Puigdemont por internacionalizar el 'procés' escala hasta los niveles más altos. Un dispendio multimillonario realizado, eso sí, con el dinero de todos los catalanes.

Lo demuestra el fuerte incremento presupuestario en la acción exterior del Govern aprobado para 2017 en el departamento del consejero Raül Romeva, que este año asciende a 39,6 millones de euros, incrementándose el 80% y sumando 18 millones más con respecto a 2015. Solo el coste de las delegaciones (alquileres y gastos corrientes) y el personal supera los 23 millones. (Todas las comparaciones se hacen con este ejercicio, ya que el proyecto de Ley de Presupuestos de 2016 fue rechazado por el Parlament).

Por si esto fuera poco, la actividad de la presidencia catalana para desarrollar su labor en el exterior quedó regada con 2,3 millones de euros, según los datos desprendidos de las cuentas públicas aprobadas para este año. La implicación del jefe del Ejecutivo autonómico se refuerza notablemente en vista de la cuantía dedicada a viajes y transporte, que alcanza los 670.000 euros, de los que 464.000 se destinan exclusivamente a desplazamientos internacionales. Uno de los ejemplos más sonados fue el viaje a Estados Unidos de Puigdemont y Romeva el pasado marzo para promover la causa soberanista, al que se destinaron 88.214 euros.

Pero los viajes no han sido el único asunto robustecido desde las arcas públicas. Según los datos obtenidos del portal de transparencia, el presidente autonómico tiene un sueldo de 145.471 euros (tras cosechar una subida de 10.000 euros y cobrando un 78% más que Mariano Rajoy, cuyo salario en 2016 fue de 81.744 euros). También Romeva recibe una retribución anual superior a la del presidente del Gobierno (109.663 euros), e incluso la guardia pretoriana de su consejería, Aleix Villatoro (secretario general) y María Badia (secretaria de Asuntos Exteriores y de la UE), percibe un salario de 84.920 euros. El 'president' invierte en otros asuntos menores 'a priori', como su propia imagen, aumentando la partida para vestuario un 133,3%, al pasar de 10.500 euros a 24.500 anuales.

El impulso a las embajadas
La verdadera pretensión de internacionalizar se mide en el número de embajadas catalanas, cada vez mayor, impulsadas desde el departamento de Romeva. Después de que el Tribunal Constitucional ordenara anular el nombre de 'Asuntos Exteriores', al considerar que podía asaltar las competencias exclusivas del Estado referidas a la política exterior, el Govern optó por rebajar la pomposidad nominal de la consejería sin renunciar a seguir expandiendo la imagen de Cataluña.

Los datos hablan por sí solos. En 2017, el presupuesto consolidado de este departamento asciende a 39,6 millones de euros, incrementándose un 80% con respecto a 2015 (sube 18,5 millones). El coste de mantener las delegaciones, sus gastos corrientes (sin incluir personal) y alquileres asciende a 7,5 millones de euros, duplicando el presupuesto del ejercicio anterior; y los gastos de personal de todo el departamento alcanzan los 15,6 millones. Más de 23 millones entre personal y delegaciones.

El dato más claro es que en solo dos años las embajadas se han duplicado: en febrero de 2015, Cataluña contaba con cinco instituciones propias en el exterior, y a día de hoy tiene 11 y otras tres que están pendientes de designar: Croacia, Marruecos y la Santa Sede. La Generalitat anunció de hecho su intención de abrir hasta 50 delegaciones en los próximos años.

La delegación en la Unión Europea está dirigida por el periodista Amadeo Altafi Tardio, el representante permanente de Cataluña en Bruselas, y es la joya de la corona del Govern catalán. La oficina, situada en el centro de la ciudad, cuenta con 2.391 metros cuadrados y los costes de alquiler ascenderían a más de un millón de euros, según publicó 'El Periódico'. La embajada en Francia y Suiza está a cargo del también periodista Martí Anglada y se encuentra en la capital parisina. Según los datos de 2014, se encuentra en un espacio de 410 metros cuadrados y tiene un coste de 326.756 euros anuales. Cuenta además con un equipo de seis empleados.

En general, la Consejería de Exteriores no desgrana los gastos de las delegaciones una a una. Es el caso de la del Reino Unido e Irlanda, que también es de las más grandes, con seis trabajadores y dirigida por el técnico en electrónica industrial y antiguo miembro de organismos de la Generalitat Sergi Marcén. Su ubicación también es céntrica, pero el Gobierno autonómico no ha comunicado el coste del alquiler. La delegación de Estados Unidos, Canadá y México, dirigida por el doctor en Filosofía Andrew Scott Davis desde 2008, cuenta con dos sedes: una en Nueva York (según los datos de 2014, instalada en un espacio de 392 metros cuadrados y por 371.994 euros) y otra en Washington (de la que no hay datos).

Todos los embajadores tienen el mismo salario: 84.920 euros, y algunos lo compatibilizan con otras actividades, como es el caso de Scott, que ejerce como profesor desde el pasado año. La delegación alemana está afincada en Berlín y la dirige la diseñadora gráfica vinculada a ERC Marie Kapretz, desde 2016. Hace apenas dos meses, esta sede cambió de ubicación a una zona más céntrica de la que aún se desconocen los datos sobre gastos. La anterior contaba con 287 metros cuadrados y un coste anual de 55.805 euros.

La presencia institucional de Cataluña en Austria y Eslovenia también es compartida, y a su cargo está el experto en asesoría y comunicación Adam Casals Jorbá, colaborador del diario 'Ara'. Cuenta con un total de ocho empleados. El doctor en Ciencias Políticas Luca Bellizzi, vinculado a la antigua Convergència, dirige la delegación italiana, una sede con cuatro trabajadores. La isla de Cerdeña —en la que existe un enclave de habla catalana— cuenta con una subdelegación, ocupada por un filólogo Joan-elies Adell Pitarch. En la embajada de Portugal se encuentra el periodista Ramón Font, exsecretario de Comunicación del Govern y expresidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña.

La oficina recién abierta en Dinamarca está a cargo de la filóloga Francesca Guardiola, hermana del entrenador de fútbol Pep Guardiola, que tiene una amplia trayectoria en el sector público. El objetivo de esta delegación pasa por impulsar las relaciones bilaterales con todos los países nórdicos. Polonia ha sido otro de los territorios por los que ha apostado la Generalitat este año, abriendo una oficina propia que lidera la abogada Ewa Adela Cylwik. Ginebra es de las últimas incorporaciones al amplio mapa de embajadas catalanas, pretende impulsar las relaciones con instituciones internacionales como Naciones Unidas y está dirigida por el ex director general de Asuntos Europeos del Govern Manuel Manonelles.

Por último y de nuevo en el panorama nacional, la delegación de la Generalitat en Madrid en manos de Ferran Mascarell i Canalda es otra de las apuestas más importantes este 2017: 300.000 euros de presupuesto (un 50% más), pese a que las principales reuniones sobre la cuestión entre Gobierno central y Cataluña se despachan directamente en Barcelona con la vicepresidenta, que precisamente dispone de una oficina propia en la ciudad condal desde que Rajoy le encomendó el control de la llamada operación diálogo el pasado noviembre.
Los gastos de Mas en la 'internacionalización'

La creación de la llamada 'oficina del expresidente' en 2003, en un decreto que desde entonces regula el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat, también supone un importante gasto para las arcas públicas. La retribución mensual de los exjefes del Gobierno autonómico se establece en el 80% de su salario durante la mitad del tiempo que hayan ejercido el cargo y como mínimo durante una legislatura. En 2016, Artur Mas recibió por este concepto 111.519 euros y sus gastos de oficina alcanzaron los 41.723 euros. Cuenta con un chófer, servicios de seguridad propios y tres puestos de trabajo adscritos a su servicio.

Además de los viajes al extranjero que el actual presidente del PDeCAT ha realizado recientemente en favor de la causa independentista (en marzo acudió a las universidades de Oxford y Harvard, desembolsando la oficina del expresidente más de 8.000 euros para ello), cabe destacar el presupuesto para las oficinas de esta institución, que en el presente ejercicio ha aumentado otro 5,4%, hasta los 180.000 euros.

20 años del asesinato de Miguel Angel Blanco
Tiempos de manos blancas
Raúl González Zorrilla. Director de La Tribuna del País Vasco 12 Julio 2017

Miguel Ángel Blanco Garrido nació en la localidad vizcaína de Ermua en 1968. Aquel mismo año, la banda terrorista ETA se dio a conocer públicamente cometiendo dos crímenes que, con el paso del tiempo, serían considerados como los primeros atentados mortales llevados a cabo por la organización criminal: el del miembro de la Guardia Civil José Pardines Arcay, tiroteado en Villabona (Guipúzcoa) el 7 de junio de 1968, y el de Melitón Manzanas González, Inspector-Jefe de la Policía asesinado el 2 de agosto del mismo año en la ciudad fronteriza de Irún.

Aunque fuera de un modo intuitivo, muchos hombres y mujeres vislumbraron entre las sombras de aquel trágico 12 de julio de 1997 que el joven concejal del Partido Popular asesinado tres días después de ser raptado a escasos metros de su domicilio, bien podía haber sido el hijo de cualquier familia vasca de la mayoría que no comulga con el ideario fanático de los criminales. Esta certeza atroz, junto con el convencimiento de que el objetivo de ETA con aquel acto de absoluta crueldad era aterrorizar a una sociedad cohesionada alrededor del Pacto de Ajuria Enea, pero inmutable ante el goteo incesante de crímenes cometidos por los terroristas, provocó que cientos de miles de manifestantes se echaran a las calles impulsados por una necesidad visceral de mostrar su repulsa ante la ignominia y como única forma de liberar pacíficamente su cólera e indignación.

Las movilizaciones de protesta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que se extendieron por todos los rincones de España, pero que en el País Vasco tuvieron una trascendencia especial, alumbraron unos días memorables y momentos mágicos en los que una voz unánime pareció tomar las riendas de los acontecimientos para fundir a instituciones y ciudadanos en una comunión que solamente se produce en escasas ocasiones a lo largo de la historia. Aquellos instantes imperecederos, cargados de símbolos bellos y rebosantes de solidaridad, convulsionaron la vida colectiva y tuvieron la fuerza necesaria para voltear las prioridades políticas y sociales de Euskadi. De este modo, la unidad política frente al terrorismo, la eficacia policial, la firmeza judicial y, especialmente, la máxima protección de los derechos democráticos de los vascos no nacionalistas pasaron a convertirse en las prioridades inmediatas de una sociedad que, hasta entonces, se había mostrado demasiado displicente ante la aberración moral que significa la sistemática utilización de la violencia como eficaz y precisa herramienta de limpieza ideológica.

El nuevo directorio de urgencias colectivas, impulsado en un primer momento por un grupo de intelectuales agrupado bajo el nombre de “Foro de Ermua”, demostró poseer la capacidad suficiente para arrancar a la sociedad vasca de los territorios banales en los que se encontraba instalada, allí donde los atentados terroristas no tenían ninguna repercusión para la cotidianeidad de la mayoría de los ciudadanos. Pero, además, la nueva ubicación del interés sociopolítico de la opinión pública colocó a los vascos dentro de un marco histórico diferente en el que los crímenes pasaban a tener responsables conocidos, donde los cómplices poseían nombres y apellidos, y en el que acordar, colaborar, concertar o convenir actuaciones y estrategias con los terroristas o con los adláteres políticos de éstos comenzaba a implicar consecuencias negativas.

En esencia, lo que rápidamente pasó a conocerse como el “espíritu de Ermua” significó convertir en algo públicamente evidente aquello que lo mucho padecido en Euskadi había ido generado de un modo latente: consistía, por supuesto, en demandar firmemente la depuración de todas y cada una de las responsabilidades asociadas a los crímenes terroristas, en reinstalar el imperio de la ley, en recuperar la presencia del Estado en Euskadi y en denunciar cómo la red de legitimación de la violencia se había extendido hasta los ámbitos más insospechados de la comunidad autónoma, pero, sobre todo, se trataba de evidenciar públicamente las muchas miserias que la sociedad había generado, y seguía generando, para no ver, no escuchar y no recordar el mísero legado moral que tantos años de asesinatos impunes habían dejado en Euskadi.

El espíritu de Ermua constituyó un disolvente único y vigoroso para licuar la atonía y la inconsecuencia con la que muchos vascos, gravemente afectados por la indolencia y la desidia, contemplaban los permanentes ataques físicos, las persecuciones, las amenazas y las extorsiones sufridas por muchos de sus vecinos. Este movimiento surgido de la ira popular más inmediata también situó en el primer plano de la política vasca una serie de argumentos que, por primera vez desde la Transición, ya no respondían al ideario primordial del mundo nacionalista, sino que, fundamentalmente, hacían referencia a las demandas, las exigencias y las necesidades de los hombres y mujeres más próximos a los planteamientos de los partidos estatales, vascos todos ellos que, hasta entonces, apenas habían contado con plataformas públicas desde las que presentar su legítima visión del país que habitaban.

El escritor y periodista Iñaki Ezquerra, que vivió muy de cerca aquellos momentos y que fue uno de los iniciadores de aquel incipiente movimiento posteriormente definido como constitucionalista, relata muy gráficamente lo que supuso la explosión social de Ermua: “Aquello significó la reanudación de esa transición democrática que en Euskadi llevaba años paralizada, la recu peración de la calle para la sociedad democrática vasca y algo aún más importante: la recuperación de la voz. Hasta aquel momento en que en la plaza de Ermua se tuvo noticia de que el concejal del PP había recibido un par de tiros en la nuca, las manifestaciones contra la violencia habían sido tradicionalmente organizadas por los grupos pacifistas y se habían venido desarrollando siempre en un silencio entre resignado y místico, taciturno y pudoroso, como si pedir el fin del terrorismo fuera algo que reportara una misteriosa y fantástica suerte de culpabilidad, como si hubiera que hacerlo con una obligada tristeza. Era ese un silencio estudiado y diseñado con detenimiento, que apelaba a Ghandi y a Jesucristo, a la paz y al perdón, pero no a la justicia y al derecho democrático, a la sensibilidad laica y a la herencia ilustrada, a la Constitución y al Estado de Derecho. Lo que sucedió en Ermua aquel sábado fue, simplemente, que la ciudadanía recuperó la palabra. Esa palabra que nunca debió perder porque es la esencia de la democracia y de la paz misma. De lo que se trataba no era de reclamar una paz cualquiera, una paz del silencio gesticulante y de la mordaza, como la franquista. Se trataba de pasar del gesto por la paz a la palabra por la democracia”.

Así fue cómo desde los espacios sociopolíticos que nacieron al ritmo de los nuevos aires que surgían de Ermua se comenzó a reivindicar, por ejemplo, el derecho de todos los ciudadanos a vivir en libertad, la necesidad de que el Gobierno vasco potenciara, definitivamente, la actividad de la Ertzaintza contra el terrorismo, la urgencia de que el brazo político de ETA comenzara a hacerse penalmente responsable de su obsesiva apuesta por legitimar la violencia, el deber de trabajar institucionalmente para proteger a la víctimas del horror o la obligación colectiva de recuperar la ínfima calidad de la democracia vasca. Este dietario de valores se contraponía a otros, relacionados con la demanda de un mayor nivel de autogobierno, con la presunta necesidad de entablar un diálogo con ETA o con la exigencia permanente de acercar a los presos terroristas a cárceles próximas al País Vasco, que entonces, y a pesar de la influencia moderadora manada desde el Pacto de Ajuria Enea, eran los que básicamente preocupaban al mundo del nacionalismo vasco en general, y al PNV en particular.

Esta alteración radical en el orden de las prioridades colectivas y la cólera provocada por las múltiples acciones delictivas que la organización terrorista llevó a cabo a lo largo de 1997 y 1998 (quince asesinatos, incluido el de Miguel Ángel Blanco, más los secuestros del empresario José Maria Aldaya y del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara) parecían despertar a muchos vascos del paradisíaco ensueño en el que las lisonjas y los vapores del pensamiento débil les había sumido y, consecuentemente, llevaron al PNV a temer gravemente por su imperecedera hegemonía en una región en la que la idílica contemplación nacionalista de la realidad comenzaba a resquebrajarse por la frenética y sanguinaria actividad de ETA.

Ante esta situación, el Partido Nacionalista Vasco, en vez de sumar sus recursos y su potencial movilizador al vendaval que, por fin, se levantaba para, de una vez por todas, terminar social y políticamente con la organización terrorista, dio un giro radical a la trayectoria de relativa moderación que había emprendido en 1986 con la rúbrica de su acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, y en 1988, con la firma del Pacto de Ajuria Enea, y pasó a liderar una estrategia no destinada a certificar que los valores de la libertad, la paz y la seguridad alcanzaran a todos los vascos, sino exclusivamente diseñada para que los preceptos básicos nacionalistas no se vieran arrollados por una marea que amenazaba con arrastrar al sumidero de la historia no solamente a los terroristas de ETA, sino también a todos aquellos que por querencia propia se encontraran próximos al ámbito ideológico y de actuación de la organización criminal.

De este modo, el 12 de septiembre de 1998, el PNV, dirigido con más firmeza y temeridad que nunca por Xabier Arzalluz y Joseba Eguibar, aprobaba junto con ETA y otras formaciones nacionalistas el compromiso conocido como Acuerdo de Estella o Pacto de Lizarra que, como primera e inmediata consecuencia, provocó una declaración unilateral de tregua por parte de la organización terrorista. Este alto fuego “unilateral” provocó inmediatamente que las urgencias nacionalistas de algunos vascos se convirtieran en el gran eje sobre el que habría de girar la vida en común y el desarrollo futuro de todos los vascos.

Cuando se rubricó este pacto infame en Estella, la localidad navarra que le dio nombre, habían transcurrido, exactamente, 14 meses desde que el etarra Francisco Javier García Gaztelu asesinara con dos disparos en la nuca a Miguel Ángel Blanco Garrido.

(*) Extracto del libro "Terrorismo y Posmodernidad" (Ediciones Editilde), de Raúl González Zorrilla, director de La Tribuna del País Vasco.


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