AGLI Recortes de Prensa   Sábado 15 Julio 2017

El agujero financiero de las autonomías supera ya los 270.000 millones de euros
Roberto Pérez Madrid. ABC 15 Julio 2017

Los gobiernos autonómicos suman un agujero financiero que supera ya los 270.000 millones de euros. Este indicador es la diferencia entre pasivos y activos financieros. Es lo que se conoce como activo financiero neto: restar el dinero que se debe al dinero que se tiene ahorrado o invertido –depósitos bancarios, acciones y préstamos concedidos a otras entidades–. Esa resta arroja unos números rojos de órdago en el conjunto de las autonomías, porque la deuda que acumulan los gobiernos regionales es nueve veces superior que el capital del que disponen. Y ese espinoso desequilibrio va a peor mes a mes.

Según los últimos datos anuales certificados por el Banco de España, las administraciones autonómicas tenían un agujero «monetario» –diferencia entre activos y pasivos financieros– de 269.989 millones de euros a 31 de diciembre pasado, y el avance del déficit hace que esa cifra siga empeorando mes a mes. Esos números rojos con los que se cerró 2016 eran 8.000 millones más que un año antes, casi 15.000 más que el agujero financiero que tenían las autonomías a finales de 2013, del orden de 59.000 millones más que el que presentaban a finales de 2012… De siete años a esta parte, ese agujero financiero de las autonomías prácticamente se ha triplicado, y el grueso corresponde a Cataluña –que lidera la lista en volumen de endeudamiento autonómico– y a la Comunidad Valenciana. Entre ambas regiones y Andalucía concentran más de la mitad de toda la deuda financiera del conjunto de los gobiernos regionales.

A principios del presente año, la deuda global de los ejecutivos autonómicos había rebasado ya la barrera de los 300.000 millones de euros: 230.000 millones de euros por préstamos pendientes de pago, más de 50.000 millones de euros por títulos de deuda pública y unos 22.000 millones por otro tipo de pagos pendientes. Frente a esos más de 300.000 millones anotados al debe, los gobiernos regionales suman apenas 35.000 millones de euros en activos: unos 15.000 millones en dinero en efectivo y depósitos bancarios, alrededor de 550 millones en inversiones crediticias –préstamos concedidos a otras entidades–, más de 13.000 millones en forma de acciones y participaciones empresariales y unos 6.000 millones por diversos derechos de cobro.

Desde el año 2011, el dinero líquido de los gobiernos autonómicos ha aumentado en casi 12.000 millones de euros. Sin embargo, en términos prácticos ese ahorro ha tenido nulo efecto en saneamiento económico, porque las deudas de las autonomías se han disparado en ese mismo tiempo en la friolera de 101.000 millones de euros.

Ricos, pobres y electoralismo tributario
EDITORIAL Libertad Digital 15 Julio 2017

La pasada semana, el Gobierno de Mariano Rajoy aceptó, a regañadientes, las condiciones que Ciudadanos le había impuesto para aprobar el techo de gasto sobre el que se articulen los Presupuestos Generales del Estado para 2018. A pesar de las bravatas y amenazas de Cristóbal Montoro, que quería retrasar cualquier medida a 2018-19 para acercarla a las elecciones, al final al Ejecutivo no le quedó otra que pasar por el aro del partido naranja: como consecuencia, los españoles que ganen menos de 14.000 euros al año quedarán eximidos de pagar el IRPF (hasta ahora la frontera estaba en los 12.000 euros), los que ganen menos de 18.000 euros verán reducida su factura con Hacienda y habrá nuevas ayudas a las familias con hijos y dependientes a su cargo.

Todo lo que ha ocurrido en esta negociación retrata al Gobierno y a su ministro de Hacienda, el nefasto Cristóbal Montoro. Para empezar, por su férrea negativa a bajar impuestos: con lo fácil que le ha sido al Ejecutivo tirar de cartera cuando lo ha necesitado, sin ir más lejos en la negociación con el PNV para los PGE de 2017, sorprende lo mucho que le ha costado pactar una rebaja tributaria. Para un partido que quiere vender la imagen de que es el defensor de las clases medias y de los impuestos bajos, el resultado no es demasiado satisfactorio. Ciudadanos le ha ganado la batalla de fondo y la de la opinión pública. Es la formación naranja la que sale del encuentro como responsable de que los españoles paguen menos impuestos frente al voraz Montoro, que se aferraba con uñas y dientes a sus impuestos, incluso arriesgando el resultado de la votación de los Presupuestos.

No seremos nosotros los que nos quejemos de una rebaja de impuestos. No están los trabajadores españoles como para despreciar ningún alivio, por pequeño que sea. Y éste lo es. Pero no podemos dejar de señalar que no nos gusta el mensaje con el que se ha rodeado el anuncio que, además, no difiere demasiado de los habituales cuando se trata de impuestos en nuestro país.

Nuestros partidos compiten cada día por prometer más gasto público en cualesquiera partidas que se les ocurran. Pero claro, cuando uno gasta, la primera pregunta que surge es de dónde conseguirá los ingresos para sufragar el dispendio. Durante años lo normal era el silencio. El papel de los programas electorales lo aguanta casi todo. Pero con la crisis de déficit que vive España desde 2009-10 ya no es tan fácil. Hay que cumplir con Bruselas, alcanzar un objetivo y cuadrar las cuentas. Por eso, ahora la táctica ha cambiado: se promete gasto y se anuncian nuevos ingresos... que sólo pagarán los ricos. Pero el nuevo argumento es tan falaz como el antiguo.

Tal y como explicábamos esta semana en Libre Mercado, el grueso de la recaudación por IRPF en España lo soportan las clases medias. Las familias con ingresos bajos pagan pocos impuestos sobre el trabajo (porque no ganan demasiado y porque los mínimos exentos y los tipos son generosos para esos primeros tramos, al menos si los comparamos con lo que ocurre en otros países de Europa). Tampoco los ricos españoles (rentas a partir de 90.000-100.000 euros) aportan tanto como en otros países de la UE... porque no hay, desgraciadamente.

España presenta dos anomalías con respecto a los países de su entorno con los que siempre se compara (Francia, Alemania, Reino Unido...): una es la elevadísima tasa de paro, motivo de lógica preocupación nacional. La otra no le importa a casi nadie: es la ausencia de una clase media-alta digna de tal nombre. Hablamos de esas empresas de tamaño mediano (a partir de 50 empleados) que conforman la base sobre la que se asienta el resto del tejido productivo de una economía sana. Y también de esos trabajadores de alta cualificación, muy productivos, que generan riqueza, atraen talento e impulsan la competitividad de toda un país. Uno de los objetivos de cualquier partido político responsable (perdón por el oxímoron) debería ser revertir esta situación. No es el caso de los españoles: prefieren expoliar a los pocos que hay, ponerles trabas por su éxito y culparles de todos los males posibles.

En el trayecto, intentan engañarnos a los demás, al trabajador medio, haciéndonos creer que dispararán la recaudación pero no nos costará nada a nosotros, porque sólo los malvados millonarios pagarán la factura. Del mismo modo, nos venden rebajar muy limitadas en el IRPF, y que benefician fundamentalmente a los que ya no pagaban impuestos, como una dádiva milagrosa dirigida a la clase media. Y tampoco.

El Estado español necesita recaudar impuestos. De hecho, incluso aunque a nosotros nos gustaría ver una reducción en el peso del sector público a medio plazo, no podemos obviar que los compromisos nos atan y que la tarea no es sencilla. Hace unos años, este Gobierno encargó a un grupo de expertos dirigido por el profesor Lagares el diseño de una reforma que fuera neutra desde el punto de vista recaudatorio pero que al mismo tiempo consiguiera un sistema fiscal más justo y que penalizara menos la creación de riqueza. Hicieron un buen trabajo: rebajas sustanciales de tipos en los impuestos directos unidas a reducción de las bonificaciones, subida de los mínimos en el IRPF, más peso de los indirectos y las tasas, menos cotizaciones sociales, impuestos más sencillos... No cumplía con nuestra idea de un sistema fiscal perfecto pero suponía un avance considerable. Acabó en el cubo de la basura, como otras muchas buenas iniciativas y promesas del PP de Mariano Rajoy. Además, siempre queda el recurso de bajar un poquito los impuestos a unos meses de las elecciones (como quería hacer de nuevo Montoro), como si el votante fuera un menor de edad desmemoriado al que es fácil estafar otra vez. ¿Para qué meterse a cambiar de verdad las cosas si uno puede tirar de un poco de lenguaje político engañoso, otro puñado de cifras poco claras y una pizca de electoralismo sobre las clases medias? Al fin y al cabo, no hay más que escuchar a nuestros políticos: en España los impuestos sólo los pagan los ricos.

Malo para España y desastroso para el PSOE
OKDIARIO 15 Julio 2017

El PSOE no volverá a ser el partido hegemónico que gobernó España durante más de 20 años mientras su estrategia política esté basada en el bandazo. Tampoco si sus postulados se alejan de principios constitucionales como la unidad territorial. Pedro Sánchez se equivoca al pedir una reforma constitucional que “reconozca las aspiraciones nacionales” de Cataluña. Equivoca tanto el concepto como el contexto. A pesar de haber tenido algún arranque de lucidez tras situarse en contra del referéndum ilegal, el secretario general se ha caracterizado por carecer de una idea clara sobre España. No obstante, descolgarse ahora con esta iniciativa parece especialmente torpe. Los golpistas ultiman los detalles del referéndum ilegal de cara al próximo 1 de octubre. Decir esto es igual que caer en su discurso-trampa, dar por hecho que existen dichas “aspiraciones” y, aún peor, situar al principal partido de la oposición en contra de la línea general del Estado en un tema muy sensible.

Aspiraciones que, por otra parte, no pertenecen a Cataluña. Son patrimonio exclusivo de un grupúsculo de radicales encabezados por Carles Puigdemont. Todos ellos movidos por intereses personales y no por el bien general de la autonomía. Tras la inagotable exhibición de senyera y folclore, sólo existe el intento de ocultar una gestión económica desastrosa. Cataluña, que desde 2012 ha recibido 58.900 millones de euros de la financiación extraordinaria a las comunidades autónomas —el doble de lo que le correspondería por población— es el territorio que menos cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esas “aspiraciones” de las que habla Sánchez son, además, desmentidas por los últimos barómetros de la propia Generalitat, que muestran cómo el rechazo al independentismo crece de manera incesante en la región.

Pedro Sánchez debería comprender que en política no se puede soplar y sorber la sopa al mismo tiempo. No se puede quedar bien en Barcelona y Madrid sin sufrir un lógico desgaste. Parece que la experiencia del pasado, cuando cosechó de manera consecutiva los dos peores resultados electorales en la historia del PSOE, no le ha servido de nada. El secretario general querrá acercarse al caladero de votos de los radicales ahora que su deriva independentista parece que no da para más. Sin embargo, con este tipo de declaraciones e iniciativas, lo que pudiera ganar en Cataluña lo perdería por goleada en el resto de España. Los ciudadanos quieren propuestas y no requiebros teóricos. Soluciones, no problemas. Y esperan mucho más del PSOE. De ahí que Sánchez deba mostrar un discurso más homogéneo. De otro modo, su liderazgo se diluirá entre los reinos de taifas socialistas.

La pantomima del multiculturalismo
Gonzalo Duñaiturria okdiario 15 Julio 2017

La sociedad multicultural que como nuevo concepto paradisiaco se nos está vendiendo, e imponiendo, y que hoy se encuentra en todos los órdenes de nuestra vida, aparece en Europa dando sus últimos coletazos. Aun así, todo aquel que ose poner dicha “inefable moda” en discusión será acusado de “peligroso fascista”. La cultura va mucho más allá que cuatro progres disertando esnobismos, que una doctrina, que un monopolio o que un mandamiento jurídico. La cultura de una sociedad es su historia. Son ideas, conocimiento, sabiduría y experiencias, el poso que nos deja el paso del tiempo. Es tradición. No se impone ni por vías de hecho ni de derecho. No se regula. La globalización de hoy tiene, a través del multiculturalismo, importantes efectos perniciosos.

Hace a las sociedades más débiles. La mezcla de culturas de forma imperativa, de cualquier cultura, hace que estas se desvaloricen, se degraden y pierdan su esencia. Dicha mezcla tiene como objetivo, en Europa, disolver la historia de los pueblos, conformados a través de los tiempos en naciones, para hacerlos más débiles y poder ser sometidos a determinados poderes. Frente a las sociedades homogéneas, en las sociedades heterogéneas la cultura y las tradiciones quedan como una miscelánea, confundidas unas con otras. Provoca grandes dosis de discriminación social. ¿No es discriminación, en nuestra sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, su amalgama con aquellas culturas que no solo apartan sino que denigran y convierten a la mujer en mero objeto?. ¿No es discriminación imponer el multiculturalismo a quienes aceptan a sus semejantes sea cual fuere su condición sexual junto con aquellos que torturan y cuelgan desde una grúa a quien es homosexual?.

Genera desigualdades y agravios comparativos, pues otorga condición de igualdad a quienes se incorporan ex novo a una sociedad configurada desde antiguo y reclaman ser tratados como distintos. Distorsiona el conformar natural de toda comunidad al socavar el identitarismo innato con que esta tiende a nacer, como innato es el curso natural de un río. Ninguna agrupación humana nace multicultural. Su imposición artificial genera no solo divergencias sino choques, violencia y enfrentamientos. ¿No fue ejemplo suficiente el proceso de descolonización “con cartabón y escuadra” que nefastamente impuso Europa en la década de los años 60? ¿No fue ejemplo el conflicto surgido con la independencia de la India y Paquistán, de culturas distintas, teniendo que crear un estado ficticio como Bangladesh?

Miente quien afirma que las personas de distintas culturas son iguales. No lo son. No son ni mejores ni indudablemente peores, simplemente distintas y en muchos casos incompatibles. Antagónico al multiculturalismo impuesto se encuentra una sociedad asentada en la solidaridad moral, los sentimientos religiosos y la verdadera cultura de los habitantes de una nación. Antropológicamente está demostrado que los lugares culturalmente homogéneos tienen un sentimiento de comunidad más desarrollado, un apego más sólido. Una comunidad homogénea desarrolla de forma más sólida él sentimiento de arraigo al lugar, es más autosuficiente y orgullosa, menos dependiente del Estado, menos tendente al sustento subvencionado y al igualitarismo colectivo.

Por el contrario, una comunidad heterogénea no tiene consciencia de tal por lo que se dificulta la reacción unitaria ante un problema, siendo especialmente difícil la toma de decisiones en común y necesitando por ello que sea otro, normalmente el Estado igualador, quien tome dichas decisiones por ellos. Hoy el multiculturalismo ha fracasado en Europa y solo ha producido violencia, rechazo, extremismo y radicalidad. Pretende una “mezcla impuesta” y su cenit ha sido, entre otros, “acunar” a musulmanes llenos de odio con europeos acostumbrados a la libertad individual y al gozo y disfrute de derechos individuales y comunes. Pero la progresía ha querido dicha mezcla pues en sus genes siempre prima lo colectivo sobre lo individual, él Estado sobre la persona. Pero ante la insidia que supone pensar distinto, se tiende a mirar hacia otro lado. Como dijo el presidente húngaro Viktor Orban: “Hoy en Europa está prohibido decir la verdad”.

Contrasentido constitucional en Cataluña
FRANCISCO CAJA El Mundo 15 Julio 2017

Hemos conocido a lo largo de estos últimos días las cuatro recientes sentencias del Tribunal Constitucional relativas al régimen lingüístico de Cataluña, en concreto respecto a diversos preceptos de la Ley de Comunicación Audiovisual de esta comunidad autónoma, de la de acogida de las personas inmigradas, del Código de consumo de Cataluña y de la Ley del Cine. Y hemos de calificarlas, sencillamente, de contrasentido. Porque, de conformidad al criterio empleado por el mismo Tribunal ya en sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, el Constitucional interpreta las referidas leyes "en sentido contrario al natural de las palabras y expresiones".

Así, por ejemplo, después de establecer el principio general de que debe declararse inconstitucional cualquier precepto que otorgue preferencia a una lengua cooficial sobre la otra, admite como conformes a la Constitución unos preceptos (artículos 32.3.c), 52.1.b), 53. f), 86. 1 y 3, de la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña que establecen de forma inequívoca que "la lengua normalmente utilizada por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual públicos debe ser la catalana". El lector habrá entendido cabalmente, a pesar de la relamida dicción, el sentido del precepto.

El catalán es la (artículo determinado) lengua normalmente utilizada, la otra lengua cooficial, el castellano, sólo será empleada excepcionalmente. Pues bien, el Tribunal Constitucional afirma sin sonrojo que dichos preceptos no resultan inconstitucionales porque "pueden ser interpretados conforme a la Constitución siempre que no suponga la exclusión del castellano". Si la norma dijera "los alumnos de las universidades públicas serán normalmente de raza caucásica", ¿diría el Tribunal que es perfectamente constitucional porque no excluye a las otras razas? Pero para el TC, por lo visto, todo puede ser interprtado secundum Constituionem, divinas palabras.

Pero todavía queda lo más grave: la sentencia en el recurso del Defensor del Pueblo contra el artículo 126.12 de la Ley del Código de Consumo de Cataluña. Aquí el contrasentido es ya máximo. ¿Qué dice ese artículo? Que los consumidores "tienen derecho [...] a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan". Pues bien, el Tribunal declara ese artículo ¡constitucional! Pero añade, consciente del contrasentido, siempre que se interprete en el sentido de que "no puede imponerse en las relaciones entre particulares el uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales". Éste no es el Tribunal Constitucional de España, sino el de Córcira, que diría Tucídides

Si no puede imponerse el uso de una determinada lengua, entonces los consumidores no "tienen derecho a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua que escojan"; ergo, el precepto es inconstitucional porque impone la obligación del comerciante a usar la lengua que determine el consumidor en uso del derecho que le reconoce el precepto.

No le queda más remedio al Tribunal que reformar tanto la lógica como la gramática para que encaje ese precepto con la Carta Magna, y así añade: "Así, la proclamación in abstracto del derecho del consumidor a ser atendido en la lengua oficial que escoja, [...], no atenta por sí misma contra los derechos constitucionales invocados". Resulta obvio que eso es retorcer el Derecho, o sea afirmar la posibilidad de la existencia de un derecho que no da derecho a nada.

Pero la cosa es aún más grave: la sentencia declara constitucional el apartado 2 del artículo 128-1, que reconoce el derecho de los consumidores a recibir en catalán una serie de documentos e informaciones entre los que figura "la información de carácter fijo". Lo que quiere decir: la rotulación. La sentencia proclama (eso sí, in abstracto) que: "puesto que en el ámbito de las relaciones entre privados no cabe imponer obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo, menos aún cabrá establecer régimen sancionador alguno frente a un eventual incumplimiento de unas obligaciones individuales que nunca podrán ser tales".

Pero nuestra dicha dura poco, porque a continuación la sentencia dice todo lo contrario: que el objetivo del legislador al imponer la obligación de rotular en catalán es la protección de la lengua catalana y que la Constitución no se opone a ello, sino todo lo contrario. Y, en consecuencia, la imposición, ya que "no puede suponer en ningún caso la proscripción del empleo de la lengua castellana" es perfectamente constitucional. ¿Respondería el Tribunal a una mujer que denunciara el ius prima nocte que ese derecho es perfectamente constitucional porque no le impide yacer con otros hombres y lo que persigue es la protección de la aristocracia?

O sea, un despropósito o disparate, que es lo que significa, RAE mediante, la voz "contrasentido" en su segunda acepción. Visto lo visto, no sería mala idea substituir a los miembros de Tribunal Constitucional por los de la Academia de la Lengua.

Francisco Caja es filósofo y catedrático de la Universidad de Barcelona.

Carta lacrada a Pablo Iglesias (4)
José García Domínguez Libertad Digital 15 Julio 2017

Caro Pablo:

Tras lo que ya te llevo contado en estas cartas sobre la peripecia biográfica de la lengua catalana, convendrás conmigo en que sería fascinante conocer su genuina trayectoria a través de los siglos. Pues el catalán, como bien sabes, es una de las contadísimas lenguas europeas que, pese a no haber dispuesto nunca de un Estado propio, ha logrado no solo sobrevivir, sino que se plantó en el último tercio del siglo XX con un nivel de conservación tan razonable que hizo posible la generalización de su uso a todos los ámbitos de la vida moderna en menos de un par de lustros. Algo de todo punto inconcebible si, tal como predica la doctrina nacionalista canónica, la lengua se encontrara en una situación moribunda tras varios siglos de ininterrumpida persecución exhaustiva por parte del poder central. Intuitivamente, Pablo, ya tienes que haber advertido que algo no acaba de cuadrar en ese relato maniqueo de perseguidos buenos y perseguidores malos. Y de ahí que se antoje tan triste el que, aún a día de hoy, no exista un saber académico riguroso al que poder llamar filología catalana. Porque lo único que aquí existe, Pablo, es la filología catalanista, que no catalana. En cualquier otro rincón del mundo, los filólogos universitarios intentan hacer ciencia. Los nuestros, en cambio, se dedican a hacer patria. Por eso, en pleno siglo XXI, continuamos sin conocer la verdadera trayectoria histórica de la lengua.

Como tú sabes mejor que yo, la gran tara cognitiva del nacionalismo, el sesgo ubicuo que castra intelectualmente a cuantos abrazan esa doctrina, es su definitiva incapacidad para reconocerse a sí mismo como una ideología política, una entre otras muchas. La socialdemocracia o el liberalismo, por ejemplo, no aspiran a ser nada más que eso, sistemas articulados de ideas que reflejan la voluntad o, si lo prefieres, los intereses de los grupos económicos o sociales que los promueven. El nacionalismo, en cambio, recuerda mucho más en su estructura interna a una obediencia religiosa que a una prosaica opción política. Acaso de ahí, por cierto, el que siempre abunden tantos curas y excuras en sus filas. Así, decirse liberal o socialista constituye en todos los casos una elección personal. El nacionalista, en cambio, percibe su adscripción a la causa en que milita como una verdadera toma de conciencia, algo muy distinto. Para el nacionalista, la nación, su nación, constituye una realidad objetiva que existe desde el principio de los tiempos y que, por tanto, es anterior e independiente de la voluntad los seres humanos que circunstancialmente la integran. Sin ir más lejos, nuestros filólogos locales sienten de ese modo. Razón por la cual les resulta imposible aceptar que el castellano, o sea la lengua extranjera ajena a la nación, lograse penetrar con tanta fuerza en Cataluña sin que su incómoda presencia respondiera a una imposición forzada de un poder exterior. Pero no solo eso. Porque si, tal como todos ellos creen a pies juntitas, el nacionalismo no fuera otra cosa más que el gozoso descubrimiento personal de una realidad, la de la nación propia, que formaría, como los ríos o los montes, parte de la naturaleza misma, ¿cómo entender el nacionalismo entusiasta que se apoderó de los buenos burgueses catalanes desde los principios del siglo XIX? Y es que la incipiente burguesía catalana se hizo nacionalista en masa, y además de un modo tan súbito como arrebatado, cuando aquel cambio de centuria. El problema, ¡ay!, es que se hicieron nacionalistas españoles, no catalanes. Y esa comprobadísima y contrastadísima herejía, Pablo, es algo que, simplemente, no le puede caber en la cabeza a un catalanista de este tiempo nuestro, el presente. Sencillamente, no lo pueden entender. Es algo que pone en cuestión su visión del mundo, como si tú mañana salieras a la calle y te cruzaras con varias vacas volando alrededor de la Plaza de Cascorro.

No lo pueden entender y mucho menos aún contárselo a los catalanes de a pie o a los sufridos progresistas biempensantes de la Meseta, como tú mismo sin ir más lejos. En consecuencia, la narración que hoy se explica en todas las aulas de Cataluña a los escolares remite al consabido cuento maniqueo, el de los buenos y los malos. Sometido a un acoso constante, el catalán habría quedado reducido progresivamente a una lengua de exclusivo uso popular tras la derrota de 1714. Situación de postración terminal que una burguesía dotada de conciencia nacional (catalana) habría comenzado a corregir desde principios del siglo XIX. Un bonito y enternecedor relato que por desgracia (para ellos) nada tiene que ver con la verdad. Porque no se ajusta a los hechos la presunción que el idioma catalán sufriera un proceso de abandono en sus usos cultos y escritos a lo largo de la centuria del XVIII. Eso, sencillamente, no ocurrió. Hay infinidad de pruebas documentales en los archivos que desmienten tal especie. Bien al contrario, en catalán se siguió escribiendo, y de forma muy generalizada entre las capas ilustradas, durante esa época de supuesta decadencia. Por lo demás, sí es cierto que se abandonó su uso, y de repente, para mayor perplejidad, a partir de la Guerra de la Independencia. Un fenómeno desconcertante a ojos de un catalanista, pero que obedeció a una lógica bastante simple. 1808, o si se prefiere 1812, es el instante germinal del nacionalismo español, su puesta de largo en el escenario de la Historia. Ese mismo nacionalismo liberal, el propio de las revoluciones burguesas que trataban de desmantelar el Antiguo Régimen en toda Europa, que abrazó e hizo suyo con entusiasmo la emergente burguesía catalana. Un nacionalismo, el español, que les llevó a renunciar de grado a la lengua vernácula más allá de su estricto uso privado y familiar. Pues es cuando se produce la repentina y trascendental metamorfosis que lleva a que el castellano deje de ser el idioma de la monarquía para convertirse en la lengua nacional española. Contra lo que a ti y a tantos os han hecho creer, Pablo, la famosa Renaixença, lejos de constituir un movimiento colectivo de recuperación del idioma catalán, fue justo lo contrario: su solemne acta de defunción para cualquier uso no folclórico o de estricta escenificación sentimental. No fue Madrit, Pablo, sino la burguesía catalana quien despreció y olvidó el catalán, como si de un viejo trasto inútil se tratara. Pero ya te contaré.

Tuyo afectísimo.

Finis Germania
Eduardo Arroyo. Gaceta.es 15 Julio 2017

Es curioso notar lo bien que funciona la censura en nuestro occidente democrático. La primera razón por la que funciona tan bien es que, oficialmente, no existe. Pero sí que existe y goza de excelente salud. Uno de los países en los que mejor funciona es también uno de los más corruptos, al menos intelectualmente hablando: la República Federal de Alemania. Es este un país en el que lo “políticamente correcto” –es decir, la censura que ejercen las tesis de izquierda asumidas por todo el espectro ideológico- cuenta con la protección del sistema entero que, si es preciso, se defiende con el código penal. Puede ocurrir, sin embargo, que el pobre diablo que lo sufre es muy conocido y, en ese caso, todos conspiran para imponer una impenetrable cortina de silencio.

Este es exactamente el caso de Rolf Peter Sieferle, cuya reciente obra “Finis Germania” acaba de sufrir las iras de la podrida república federal. Para suerte de Sieferle, dos asuntos hacen de él un auténtico “caso especial”: primero, Sieferle se suicidó en septiembre de 2016 –y por consiguiente la obra tiene carácter póstumo; segundo, Sieferle era y es un autor consagrado, socialista en su juventud, y reconocido historiador, pionero en la metodología de la investigación histórica de asuntos tan dispares como las cuestiones medioambientales, Karl Marx o la revolución conservadora después de la Primera Guerra Mundial. Por su peso intelectual fue nombrado asesor de Angela Merkel sobre medio ambiente.

Pero Sieferle no parecía comulgar mucho con lo que decían los periódicos. Por ejemplo, con motivo de la crisis de los refugiados escribió que “una sociedad que ya no puede distinguir entre ella misma y las fuerzas que pretenden disolverla está viviendo moralmente más allá de sus posibilidades”. Estas opiniones le valieron la cólera del “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, verdadero “dobermann” de la corrección política. La puntilla ha llegado de la mano de otro libro suyo, “Finis Germania”, que ha llegado al número 9 de la famosa lista de libros de no-ficción del mes más vendidos. Con solo esto el escándalo tenía que estallar. “Die Zeit” ha calificado el libro de “obscenidad”, el “Berliner Zeitung” ha hablado del “declive intelectual” de Sieferle y el “Süddeutsche Zeitung” ha intentado desdecirse de cualquier tipo de alabanza pasada. Incluso ha desaparecido la lista del libro de no-ficción del mes hasta nueva orden.

Pero por desgracia para los burócratas del régimen, la gente no ha seguido sus sugerencias y el libro ha llegado a venderse al ritmo de 250 ejemplares por hora. Ha alcanzado el número 1 de la lista de los más vendidos del portal “amazon” en alemán y ahí se ha mantenido durante dos semanas hasta que el editor se ha quedado sin copias. Con esta obra ha subido también sus ventas en “amazon” el otro trabajo póstumo de Sieferle, “Das Migrationsproblem” (El problema de la inmigración), una obra crítica en la que el autor se pregunta si la llegada de inmigrantes es compatible con el mantenimiento del Estado de Bienestar.

¿Cuál es el pecado de este autor? Para saberlo basta leer entre líneas en otro pozo infecto de los tiempos que corren: “The New York Times”. El pasado 8 de julio, Christopher Caldwell escribió un artículo titulado “el último antihéroe intelectual alemán”, donde aparecen algunas claves del asunto. Por lo pronto, aunque en “Das Migrationsproblem” el autor haga afirmaciones no muy “correctas”, es en “Finis Germania” donde la gota ha colmado el vaso. Al parecer Sieferle, socialista en los 60, muestra inquietud por el futuro de Alemania. Para Caldwell, el mismo título del

libro “evoca un miedo o paranoia que se encuentra repartido por toda la historia alemana”. Tras la afirmación gratuita sobre una presunta irracionalidad de los alemanes, Caldwell expone las razones de Sieferle y, desde luego, pueden ser cualquier cosa menos un miedo irracional o una paranoia. Por ejemplo, la senescencia del pueblo alemán es un problema auténtico. El autor, Sieferle, culpa a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial de instigar en el pueblo alemán la idea de que hay algo pre-moderno en la esencia de Alemania. Manifiesta su desacuerdo y dice que esto puede decirse, por ejemplo, de Rusia, pero no de Alemania. Además, dice Caldwell, el autor “se muestra crítico con la cultura de la memoria del Holocausto tras la Segunda Guerra Mundial y la acusa de presentar las características de una religión. Los pecados del país se toman por únicos y absolutos, más allá de cualquier redención o comparación”. Por esta razón, “los alemanes aparecen en esta narrativa como los enemigos absolutos de la humanidad común… Este papel es hereditario. Hay alemanes cuyos abuelos no habían nacido cuando terminó la guerra y sin embargo ellos deben asumir también el papel”. El colmo de la incorrección es que Sieferle relaciona esta cultura de la culpa eterna e irredimible con la última crisis de los refugiados. Según Cladwell, “él [Sieferle] creía que la auto-demonización de Alemania no dejaba otra opción que decir ‘sí’ a un millón de refugiados que querían entrar en Europa en 2015 y que su llegada era insostenible. Independientemente de que él tuviera o no razón, esta opinión era mantenida por muchos alemanes y no era necesariamente una vaga expresión de ánimo”.

Lo llamativo de toda este asunto es que “Finis Germania” supone un cambio de rumbo de la intelectualidad centroeuropea, liderada por Alemania en primer lugar. Porque cuando todo la “nomenklatura” académica, mediática e intelectual querían arrojar a Sieferle a los infiernos y a la marginación, el público alemán, reeducado por los vencedores desde hace 70 años, se sacudió el bolsillo y fue masivamente a comprar un libro maldito. Esto demuestra que algo se mueve en el mundo y que hay fuerzas que el “establishment” procurará por todos los medios que no lleguen jamás a cristalizar en una fuerza política capaz de salirse del rebaño. Pero mire el lector por donde, parece que las cosas les han salido mal y parece que por fin puede discutirse acerca de ciertos temas prohibidos y espinosos (sobre todo para algunos). Yo de momento, ya he encargado mi “Finis Germania”. Será una forma de practicar alemán este verano mucho más interesante que cualquier curso intensivo. Haga usted lo mismo si tiene ocasión.

Epifanía de Pedro Corral. Presentación de Desertores
Santiago González El Mundo 15 Julio 2017

Presentación del libro 'Desertores' en el Círculo de Bellas Artes

Conocí a Pedro Corral en 2006. Yo acababa de abrir un blog dedicado a la actualidad política y la forma de contarla que tiene el periodismo. Por aquel entonces, el presidente Rodríguez Zapatero puso en marcha una de sus peores ocurrencias: la ley de Memoria Histórica. Permítanme un par de brochazos definitorios: aquel anuncio había sido una promesa implícita en su discurso de investidura, al cerrarlo con una cita de autoridad de su abuelo, el capitán Lozano, fusilado en agosto de 1936.

Memoria histórica era un disparate que relucía desde el mismo nombre del constructo, un oxímoron. La memoria histórica es la yuxtaposición de dos términos que no casan. La memoria es por definición personal y subjetiva, mientras la historia es el relato de los hechos tal como sucedieron, depurados en el tiempo y despojados de subjetivismos y otras excrecencias. Personalmente me pareció una afrenta especial que semejante artefacto se pusiera en marcha en aquellas fechas: en el mes de junio de 2006 se cumplían 50 años de la política de Reconciliación Nacional, una propuesta aprobada en 1956 por el Comité Central del PCE. En su declaración de principios decía:

"El Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco. Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte."

Debo hacer una confesión. Si el PCE no hubiera hecho esta exposición de principios, yo jamás me habría afiliado a ese partido, lo que por otra parte constituye uno de los errores de mi vida. O sea, que si el PCE no hubiera tenido aquel acierto, yo no habría cometido aquel error. Les parecerá curioso, pero la vida moderna, queridos y queridas, es un fenómeno complejo.

La memoria histórica es, con diferencia, el peor de los errores de Rodríguez Zapatero. Él puso en marcha el hallazgo de definir la fobia a terceros como aglutinante del nosotros, como factor de cohesión social de un bando. Esa es la causa de que a estas alturas, 61 años después de la política de Reconciliación Nacional, las nuevas generaciones de las que habla el manifiesto del Comité Central, han aumentado los odios y las pasiones de sus padres y aún de sus abuelos. España vive ahora la ira retrospectiva de los nietos, una pasión de antifranquismo sobrevenido, una voluntad guerracivilista de ganar la contienda con efecto retroactivo. Aquella iniciativa del PCE era necesaria y justa, pero como vemos, había en su formulación algo de wishful thinking.

Estas son las razones básicas por las que yo me tomé la memoria histórica como una cuestión personal y esto es lo que en aquel 2006 llevó a Pedro Corral a escribirme para dar cuenta de su acuerdo con las cosas que yo escribía en mi blog. Entonces empezamos a mantener una correspondencia que no cesó y a desarrollar una amistad con la que me honro. En algunas ocasiones he colgado en mi blog los videos de las intervenciones de Pedro en el Ayuntamiento de Madrid desmontando los disparates de Carmena y sus concejales, con argumentos sólidos como los hechos que relataba, desmontando las falacias de la Junta de Gobierno Local, subrayando con mucha pertinencia la ignorancia con que sus adversarios se empeñaban en el cambio del callejero, etc.

Es la suya siempre una voz equilibrada y ecuánime, sin estridencias. Por eso no hace falta insistir en algo obvio: La ley de Memoria Histórica nada tiene que ver con la legítima aspiración de muchos españoles de recuperar los restos de sus antepasados que yacen desperdigados en cementerios no convencionales. Un Gobierno respònsable podría haber satisfecho esta demanda a petición de parte sin aspavientos ni alardes. Y sobre todo, sin redescubrir la llamada de la guerra civil. En una palabra, la tarea del buen gobernante era hacer de las fosas tumbas, no trincheras.

Pondré un ejemplo: En 2004, el flamante ministro de Defensa del zapaterismo, José Bono decidió enriquecer el desfile del 12-O con una aportación personal: hacer desfilar a dos nonagenarios, uno perteneciente a la Nueve de Leclerc, la primera compañía que entró en el París ocupado por los nazis y el otro a la División Azul, que fue a luchar junto a los nazis en el frente ruso.

Desde su anuncio, la idea me pareció repugnante. Pudo haberla mejorado haciéndoles vestir los uniformes que llevaron, porque los voluntarios de la División Azul llevaban en el uniforme de la Wehrmacht. Un símbolo de la reconciliación, dijo, casi 50 años después del Manifiesto del PCE. Hacía casi 40 años que yo había vivido la reconciliación en mi casa. Mi padre había sido de una de las últimas quintas movilizadas por el bando franquista. Fue al frente del Ebro con 18 años.

Mi padre fue lo que podríamos llamar un franquista sociológico. A comienzo de los años sesenta compró una casa en Covarrubias, mi pueblo, Cándido Blanco, paisano de mis padres que había hecho la guerra en el otro bando, el que para mí por entonces era el bueno. Cándido era comunista y del Quinto Regimiento, había sido condenado a muerte en un consejo de guerra en 1940 y fue uno de los grandes amigos de mi padre en su madurez y su vejez. Fue también el hombre que me metió a mí en el PCE. En los años sesenta, siendo yo un adolescente, solíamos ir de picnic los domingos y yo aprovechaba para tirarles de la lengua sobre la guerra y sus anecdotarios. Mi padre volvía a sus recuerdos del Ebro con cierta facilidad. En una ocasión contaba una de las acciones de la batalla y dijo: "Y desde la otra orilla, los cabrones de los rojos no paraban de ametrallarnos". DE pronto, se dio cuenta del contexto y se volvió hacia su amigo: "Huy, perdona, Cándido".

Como comprenderán, que tantos años después viniera Pepe Bono a reconciliarme las dos Españas me parecía, más que una broma de mal gusto, un acto de cinismo. Y con uniforme de la Wehrmacht.

Valga la anécdota para explicar mi sensibilidad ante el tema. Pero volvamos al avío. En una de aquellas correspondencias, Pedro me envió dos libros suyos. Uno era este 'Desertores' cuya nueva edición presentamos hoy. El otro era 'Si me quieres escribir', un relato épico y admirable de la gesta de la 84ª Brigada Mixta, la única unidad militar del Ejército Republicano que tomó una capital de provincia, Teruel, el 8 de enero de 1938. El mando republicano les anuncia un permiso como recompensa, pero apenas llegan a Rubielos de Mora, les anuncian que vuelven al frente. Los soldados se plantan y son detenidos. El título del libro obedece a la versión propia que cantaban de una famosa canción republicana:

Si me quieres escribir
Ya sabes mi paradero,
Después de tomar Teruel
En la cárcel de Rubielos.

El 20 de enero, 12 días después de haber tomado Teruel, 46 de sus integrantes son fusilados en un lugar llamado Piedras Gordas. Ninguna Asociación de la Memoria Histórica se ha interesado por recuperar sus restos. La posición moral respecto al crimen en España está más influida por nuestra relación con el victimario que por la víctima. De ahí que media España sea muda sorda y ciega respecto a los asesinatos masivos de Paracuellos del Jarama. Lo que determina nuestra posición es quién mata.

Y en el ámbito internacional pasa lo mismo. Los medios de comunicación y la opinión pública española apenas dieron información del genocidio más brutal perpetrado en el mundo en la segunda mitad del siglo XX: en tres meses, entre abril y julio de 1994, los hutus asesinaron a machetazos en Ruanda a 800.000 tutsis, un ratio de la muerte superior al de Auschwitz, y con procedimiento puramente artesanal, a machetazo limpio. En el origen de aquella matanza no estaban los americanos, sino los belgas y esa es la razón, la sinrazón del desinterés de la izquierda occidental.

En fin, que estas cosas unen mucho y explican mi interés por el relato que Pedro Corral hace de la historia y aprovecho la circunstancia y la presencia del editor para romper una lanza por la reedición de 'Si me quieres escribir', libro que comparte los valores y la mirada del autor con este 'Desertores' que hoy presentamos gozosamente.

Los dos tienen algo en común que es la mirada profundamente humana del autor, su compasión para poner en primer término a las personas, por encima de su ideología, por encima de bandos y adscripciones partidarias. Otra virtud del autor que me gusta sobremanera es que siempre opta por la línea de mayor resistencia, la menos autocomplaciente, justo al revés de lo acostumbra el periodismo de hoy en día. Y esto se ve especialmente claro en el libro que hoy nos reúne aquí: 'Desertores' cuyo subtítulo a la primera edición era de una rotundidad impresionante: 'La guerra civil que nadie quiere contar'.

Quizá el subtítulo de esta nueva edición sea algo más explícita en cuanto al propósito narrativo: "Los españoles que no quisieron la guerra civil". A mí es un libro que me gusta mucho ya desde la intención, porque revela una lucidez analítica infrecuente por estos pagos. La guerra civil ha sido la antonomasia de las dos Españas machadianas en colusión fatal. Durante la dictadura franquista se exaltó sin medida la España insurgente y la condena de la republicana.

Diríase que de unos años a esta parte y muy principalmente desde la memoria histórica los parámetros históricos, lógicos y morales se han invertido y hay un porcentaje importante de españoles que consideran a la República como la depositaria de toda legitimidad democrática en contra de los hechos. Hace muy pocos días, un amigo socialista, de los que todavía me quedan, buena persona y honesto, se exaltaba contra las acusaciones que se hacen a su partido de no haber estado siempre en defensa de la democracia y la legalidad. "Hombre", le dije, "en el 34 no".

Cada español tiene una épica que le da aliento y una España que le hiela el corazón. Por eso, mis héroes republicanos son una clase de españoles a los que estuvieron a punto de helarles el corazón las dos Españas: Clara Campoamor y Melchor Rodríguez, por ejemplo. Pedro Corral hace una cosa más difícil: se sitúa en tierra de nadie y habla de los parias, de los malditos para los dos bandos: los desertores, los que no querían ir a la guerra. Un desertor es un personaje aborrecido por los suyos y despreciado por los enemigos, que lo aceptan solo por razones prácticas, para debilitar al adversario. Detrás de esa verdad oculta de los desertores está el quid de la cuestión: los españoles no latían de entusiasmo por alistarse en ninguno de los dos bandos.

Cuenta el autor, citando a Herbert L. Matthews, corresponsal del New York Times en la zona republicana, que en su opinión, solo el 20% de los españoles, 10 en cada bando "proporcionaron la fuerza impulsora para mantener viva la guerra". Esto coincidía con las estimaciones de los historiadores, que de manera casi unánime vienen a cifrar los efectivos de las dos fuerzas más radicalizadas de la contienda, (Falange española y el Partido Comunista) en una cifra no superior a los 25.000 militantes cada uno en 1936.

Este juicio va a hacer que me lea 'El yugo y las flechas' y absuelva a Matthews por aquel reportaje en que anunció al mundo la buena nueva de que Fidel Castro vivía después del viaje en el Granma y que encabezaba la guerrilla contra Batista en la Sierra Maestra. La noticia era cierta y constituyó un gran scoop, pero iba rebozada en una propaganda castrista infame. A mí me pervirtió en mis años mozos y cuando espabilé no pude perdonarlo.

Pero volvamos a mandamiento. Lo españoles que fueron voluntariamente a la guerra apenas fueron 200.000 de una población de 24 millones y medio de habitantes. No había mucho entusiasmo, la verdad, y esa fue la razón que obligó a los dos bandos a intensificar la propaganda. A los dos meses de iniciada la guerra, El Socialista dedicó una portada al tema. Junto a la figura de un miliciano que cae muerto por un tiro que le alcanza por la espalda, una consigna: "Soldado de la Milicia. Al desertor que huye ¡pena de muerte!" Esta imagen era la portada del libro en su primera edición.

No abundaré en los procedimientos del escaqueo, desde la huída, a la deserción pura y simple en el frente, pasando por la automutilación de dispararse un tiro en la mano o en el pie, lo que solía costar la vida al artífice al ser delatado por la señal de pólvora que el disparo a cañón tocante dejaba en el cerco de la herida.

No me extenderé tampoco en nombres. Solo diré uno por razones que todos comprenderán. Francisco Puigdemont, abuelo del presidente de la Generalidad, era pastelero en Amer, que era territorio republicano en 1938. Él había ofrecido refugio en casa a tres enemigos de la República, dos curas y un militar jubilado a quien sorprendió el 18 de julio de vacaciones en la Costa Brava. L'avi Puigdemont recibió el recado de que la Generalidad le iba a llamar a filas y el hombre entregó a su mujer dos cartas simuladas, pretendidamente escritas desde el frente, contactó con la Blanca del Carbonell, una conocedora de las rutas de pastores y se fugó: un desertor.

En Francia lo detuvo la Policía y le dio a elegir entre volver a Cataluña o ir a la España franquista. El pidió ir a Irún, a la zona nacional. Después de pasar por Pamplona y a Ubrique, un amigo lo enchufó en el Penal de Burgos. El se encargaba de suministrar la comida para los presos rojos y allí estuvo hasta el final de la guerra, ganando un buen sueldo. Estaba tan contento que llamó a su mujer para preguntar por qué no se iban todos con él.

No pudo ser y fue una lástima. Tal vez a estas horas, su nieto, en vez de ser jefe de la sedición catalana podría ser canónigo de la Catedral de Burgos. No es probable que fuera más inteligente, pero sí más inocuo, lo cual sería un gran consuelo para nuestras almas atribuladas en esta incierta hora de España.

A qué se dedican los trabajadores públicos españoles?
Según el registro de personal del Gobierno hay 2,5 millones de empleados públicos. Para la EPA, hay casi 3 millones. Pero, ¿dónde trabajan? 
Libertad Digital 15 Julio 2017

¿Cuántos trabajadores públicos tiene España? Parece una pregunta sencilla de responder, pero no lo es tanto. La primera alternativa es acudir al "Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Registro Central de Personal" que publicaba hace unos días el Ministerio de Hacienda y Función Pública con datos de enero de 2017. De acuerdo al recuento oficial del Gobierno, en España las diferentes administraciones emplean a un total de 2.523.167 personas Son 175.461 menos que las 2.698.628 que aparecían en el mismo informe en enero de 2010.

Pero no es ésta la única cifra a nuestro alcance. En los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) que cada trimestre publica el INE, también hay un apartado en el que se contabiliza a los trabajadores públicos. De acuerdo a esta encuesta, en realidad había 2.973.800 empleados públicos en nuestro país; y en el mismo período de 2010 había 3.160.500. Más o menos vemos que en ambos casos hay una diferencia de 450.000 trabajadores entre las cifras de la EPA y las del Ministerio. Son el medio millón de empleados públicos fantasma de los que ya hablábamos en Libertad Digital en 2010, la mayoría de ellos parte de las empresas y organismos públicos paralelos formados por las administraciones autonómicas y locales.

Como se explica con detalle en la introducción del Boletín Estadístico, las agencias del Estado y la mayoría de las entidades públicas empresariales y organismos públicos dependientes de la Administración Central sí están incluidos en el recuento oficial (desde Adif a Renfe pasando por el Museo del Prado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Pero al mismo tiempo certifica que "no se dispone de datos de efectivos de las Entidades equivalentes" dependientes de la administraciones locales y autonómicas. Todo esto es importante por dos razones: en primero lugar, porque medio millón de empleados que no se sabe muy bien a qué se dedican no es moco de pavo; y en segundo lugar, por lo que implica a la hora de hacer comparaciones con otros países y el número de empleados que cada uno tiene. Sea cual sea la cifra que queramos coger (EPA o MINHAFP), parece claro que sería deseable que los organismos locales y regionales tuvieran el mismo nivel de transparencia que los del Estado.

El desglose

En el siguiente cuadro podemos encontrar la principal tabla del Boletín. A la hora de analizar el tipo de ocupación, situación laboral y detalle de los empleados, usaremos esta fuente, que ofrece más detalle que la EPA. Los datos del INE nos servirán a la hora de hacer las comparaciones entre CCAA.

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Min. Hacienda

Como vemos, sólo el 20,7% de los empleados del registro trabajan para el Estado: 522.412 personas. El resto se divide entre CCAA (51,81% y 1,3 millones), administraciones locales (21,5% y medio millón) y universidades (5,9% y 150.000 personas). Dentro de la plantilla dependiente del Estado, 206.706 personas trabajan para la Administración General, 138.883 a las Fuerzas de Seguridad, 120.648 a las Fuerzas Armadas, 24.424 a la administración de justicia y el resto (31.751 personas) en organismos independientes.

Por tipo de contrato, el MINHAFP divide en tres a los empleados públicos:

  • Funcionarios de carrera: son funcionarios 1,5 millones de los empleados públicos: el 60% si cogemos las cifras del Registro y el 50% si aceptamos las de la EPA.
  • Personal laboral: el registro define a este tipo de empleado como "el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas". Suman 583.713 entre todas las administraciones
  • Otro personal: todos aquellos empleados que no entran en ninguna de las dos anteriores: eventuales, interinos... Son 420.784 personas. Es de suponer que el medio millón de funcionarios fantasma también entra en estas dos últimas categorías.

Por sexo llama la atención que hay más mujeres que hombres en las administraciones públicas. Y llama la atención no tanto porque no se conociera ese dato (que mantiene esta tendencia desde hace años) como porque implica una diferencia significativa respecto al sector privado, en el que sigue habiendo una mayoría masculina. En las administraciones, según el registro, hay 1.128.072 hombres (44,7%) y 1.395.095 mujeres (55,3%), una diferencia que no hará más que acentuarse en los próximos años. En determinados cuerpos, hay procesos de selección dominados de forma abrumadora por las mujeres; e incluso en cuerpos tradicionalmente masculinos (como las Fuerzas Armadas o de Seguridad) hace mucho que el porcentaje de mujeres es creciente (siguen muy por debajo, pero cada vez menos). En este sentido, destaca la cifra de las administraciones regionales, seguramente porque se han conformado en los últimos veinte años, cuando más se ha acelerado la incorporación de la mujer al mercado laboral, y porque son las que gestionan salud y educación dos sectores con una presencia femenina muy mayoritaria: entre los trabajadores de las autonomías, más de dos tercios (903.014 de un total de 1.307.358) son mujeres.

Por regiones

Para el análisis por regiones, acudimos a la EPA, en parte porque hace más sencillo comparar el número de empleados públicos sobre el total de ocupados en cada autonomía. Y porque es más realista contar a esos trabajadores que, aunque no entren en el registro, sí forman parte de algún ente público.

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EPA. INE

Como podemos ver, destaca el caso de Extremadura, una región en la que más de uno de cada cuatro ocupados trabaja para algún ente público (en Ceuta y Melilla la cifra está por encima del 40%). El resto no ofrece demasiadas sorpresas: las regiones más pobladas y ricas tienen un porcentaje de empleados públicos por debajo de la media; incluso en Madrid, que siempre tiene un sesgo al alza porque concentra al porcentaje más elevado de trabajadores del Estado.

El resumen

Con todo esto sobre la mesa, queda una foto con diferentes enfoques posibles. En primer lugar está la pregunta sobre si los empleados públicos han sufrido más o menos la crisis que los del sector privado. En el siguiente cuadro se muestran las cifras de la EPA para asalariados del sector público y privado en 2002-2006-2010-2014-2017 (no se contabilizan autónomos y otros trabajadores no incluidos en la categoría de asalariado). En ambos casos vemos un fuerte crecimiento en los años pre-crisis. Pero mientras que el sector privado siente entre 2006 y 2010 la llegada de las vacas flacas (pierde 800.000 ocupados de 2006 a 2010), las administraciones siguen ampliando sus plantillas en los primeros años de la crisis. Eso cambia a partir de 2013-14 y se consolida en los últimos ejercicios. De 2002 a 2017, el saldo es parecido en las dos categorías (un 15% más de ocupados): un dato a tener en cuenta cuando se hacen comparaciones sobre los empleos no recuperados por la administración y se usan cifras de 2010. Sí, es cierto, si se compara con ese máximo el empleo público no se ha recuperado al 100%. Pero tampoco el privado respecto de las cifras 2006-07. Y habría que preguntarse si estaban justificadas esas plantillas públicas que se dispararon entre 2002 y 2011.

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EPA. INE

También llama la atención el peso decreciente del Estado en lo que hace referencia a la función pública. Incluso sin contar al medio millón de funcionarios fantasma que la EPA sí recoge y que trabajan en su gran mayoría para CCAA y organismos locales, lo cierto es que las regiones ya emplean más de la mitad de los trabajadores públicos. En 2010 la cifra era del 50,0%. Vamos, que el creciente peso de las autonomías en la contratación pública sigue la misma tendencia incluso en estos años en los que tanto se ha hablado de recortes.

En tercer lugar, respecto a las noticias de la semana pasada en las que Cristóbal Montoro anunció una histórica oferta de empleo público, con más de 20.000 plazas entre nuevos puestos y consolidación de los ya existentes (y hay otros 7.800 de promoción interna), hay que recordar que se dirigen a la Administración General del Estado y la Administración de Justicia, que suman unos 230.000 trabajadores en total. Es decir, hablamos de una oferta de plazas que suman casi el equivalente al 10% de la plantilla actual.

En resumen, es verdad, que si se compara con los países del norte de Europa, España tiene menos empleados públicos en relación a los ocupados totales. También es cierto que en cuanto a las remuneraciones, somos uno de los países que mejor paga a sus funcionarios: lo que provoca que en términos de gasto total en salarios a los funcionarios respecto al PIB nuestro país esté más o menos en la media de la UE. No sólo eso, lo que es bastante excepcional es el régimen de contratación, despido y organización interna: ya explicamos hace unos meses que, por ejemplo, apenas un 1% de los trabajadores públicos suecos es funcionario. Y un último apunte a tener en cuenta: porque quizás lo más importante no es cuántos son, sino cómo son seleccionados (si tienen sentido las actuales oposiciones), cómo ascienden, qué pueden hacer para ganar más, si existe alguna forma de pedir responsabilidades a los incumplidores, qué perspectiva hay de desarrollar una carrera laboral... Nada de eso está sobre la mesa de una posible reforma del sector público. Las cifras de empleados de las administraciones que incluye el Boletín Estadístico pueden cambiar (de hecho, lo van a hacer con seguridad en los próximos ejercicios); todo lo demás no lo hará.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Escuadrón hacia la muerte
Luis Herrero. ABC 15 Julio 2017

Que no habrá referéndum el 1 de octubre es un pronóstico compartido por sus promotores y sus detractores. Ni los unos son tan fuertes como para ganarle el pulso al Estado ni los otros son tan estúpidos como para permitir que suceda. Aceptada esa premisa, algunos independentistas han comenzado a preguntarse, en un alarde de pragmatismo fenicio, qué sentido tiene arriesgar su libertad, su capacidad operativa, y sobre todo su hacienda, en una batalla que saben perdida. A Jordi Baiget se le ocurrió formular esa pregunta en voz alta y se armó la marimorena. En la Generalitat se llevaron las manos a la cabeza y en La Moncloa aplaudieron con las orejas.

Puigdemont convirtió la cabeza del tibio en el badajo de la campana de Huesca con la esperanza de que bastaría ese hachazo ejemplar para acabar con el conato de estampida. Pero no bastó. El runrún de que cada vez eran más los adalides del prusés que escarbaban en la tierra, síntoma de mansedumbre, se fue abriendo camino a marchas forzadas por el coso de la independencia. Reino dividido, reino desolado, gritaban eufóricas las huestes monclovitas. Con un poco de suerte no haría falta desenvainar la espada de la ley. El adversario estaba a punto de enseñar la bandera blanca.

En Ferraz pensaron lo mismo y se apresuraron a modificar su calendario. Sánchez tenía previsto presentar en septiembre su oferta de diálogo al Gobierno catalán, para desmarcarse del inmovilismo de Rajoy y capitalizar en beneficio propio el cisma soberanista ofreciendo una salida airosa a los arrepentidos, pero en vista de que el tinglado del referéndum daba síntomas de venirse abajo a marchas forzadas decidió tender ese puente sin demora. De ahí la reunión de ayer con el PSC.

Las promesas de devolverle al estatut de 2006 las partes podadas por el TC, de acordar un nuevo sistema de financiación autonómica o de reforzar el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña, todo ello en el contexto de una reforma constitucional dispuesta a reconocer las aspiraciones nacionales catalanas, eran los señuelos con que pretendía atraer a los secesionistas a un nuevo escenario de diálogo y negociación que sustituyera al del choque de trenes determinado por la vía de la acción unilateral.

Pero la jugada no le ha salido bien. Puigdemont, espoleado por Junqueras y Mas, decidió tapar las fisuras originadas por el «síndrome Baiget» y rodearse de un equipo granítico que estuviera dispuesto a cruzar el Rubicón de la Ley del Referéndum sin miedo a las consecuencias. Ni a las penales ni a las patrimoniales. Uno a uno recibió a sus consellers y les preguntó hasta dónde estaban dispuestos a llegar en el desafío al Estado. Luego vomitó a los tibios de su boca y puso en su lugar a los adeptos a la causa. Ahora ya no hay duda de que al frente del prusés hay una verdadera escuadra hacia la muerte.

En esas condiciones, ahora sí, Junqueras ha aceptado el reto de convertirse en el conseller del referéndum. Desde ayer es el nuevo responsable de los procesos electorales. Compartirá con el resto de los miembros del Govern la suerte que le depare la machada, aunque eso le suponga tener que renunciar al sueño de convertirse en el próximo presidente de la Generalitat en unas eventuales elecciones autonómicas. Las encuestas lo daban por seguro, pero la inhabilitación que le aguarda a la vuelta de la esquina lo hace imposible.

¿Alguien cree que, así las cosas, la oferta de diálogo de los socialistas, contrarios a reconocer el derecho de autodeterminación, puede a ser recibida con los brazos abiertos en el Palau de la Generalitat? Rajoy ya se ofreció a negociar 45 de las 46 reivindicaciones que Puigdemont le planteó por carta en abril de 2016 -todas menos el referéndum- y la respuesta fue un portazo en las narices. Pincho de tortilla y caña a que ahora la nariz aplastada será la de Sánchez. Nadie cruza el Rubicón para envainar la espada. La suerte está echada.

Firma tú, Oriol

Carlos Herrera ABC 15 Julio 2017

"Sí claro, que firme el Taboriler del Bruch!!!!". Pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? ¡Toda la vida soñando con dar el paso a la Arcadia Feliz y ahora va a resultar que nadie quiere pasar el primero! Queridos niños, atended a esta lección: nada se consigue sin heridas, rasguños, refriegas, esfuerzo o sacrificios. Las cosas deseadas con ansia durante generaciones no caen del cielo: hay que ir a por ellas, ser valientes y asumir un número determinado de bajas en la batalla. No importa: toda nueva sociedad sabrá crear un memorial de héroes, una estatua como la de Lincoln en alguna parte, un apeadero de padres de la patria lleno de bronces y piedras labradas, una llama permanente noche y día, giras constantes de escolares para conocer su historia reciente y nombres a destajo para bautizar aeropuertos, piscinas comunales, vertederos o teatros. Será un pelotazo pasear por las calles de Gerona, de Ripoll o de Solsona y poder seguir, nombre a nombre, la historia reciente de nuestra independencia: ¿y este quién era?, pues seguramente un funcionario que mangó el censo de Olot para que todos pudiéramos votar… ¿Y este otro?: el conductor de la fragoneta que llevó las urnas a Manlleu… ¿Y esta casa con una placa?: donde durmieron los chicos de la CUP antes de llenar de pintadas la sede de la Seguridad Social de Vich. Jopetas, nen, Cataluña está llena de historia reciente, por lo visto mucho más interesante que el puñado de siglos en los que hemos convivido con esta murria de españoles, ¡quina maravella!

Sí, sí, eso puede ser así, pero chicos, no quiero ser cenizo: hacen falta héroes. Sin héroes no nos comemos una mierda. No digo gente que se queme a lo bonzo y esas cosas, no; digo gente que, al menos, firme los papeles, joder, que es que aquí se pone la gente a silbar y no firma ni dios. A ver, lo que se pide no es un Braveheart que se lance a caballo contra la Guardia Civil vestido de Pubilla Casas, entre otras cosas porque contra quien se tendría que lanzar es contra los Mossos, que son la policía judicial y la que tiene competencias contempladas por la odiosa Constitución que nos oprime; se pide gente que asuma que, después de firmar, si la cosa no se traduce en masas oceánicas desbordando el orden público aquí y allá creando una revolución imparable en todo "el Estat" (que me da que no), entienda que un fiscal le llamará a las ocho de la mañana y le citará frente a algún tribunal. Y le pedirá explicaciones, y solicitará inhabilitaciones y tal… y lo peor: pedirá que los jueces le multen con una pasta. ¡Con una pasta! De lo que se trata es de que firme tanta gente que, al menos, al que le pidan el pastizal no se le quede la cara de tonto pensando –como bien adelantó el conseller Baiget– que ir a la cárcel puede, ¡pero que te toquen el dinero ni hablar!

Pues, lamentablemente para la historia heroica de la Cataluña que planean todos estos cuentistas, no se aprecian carreras a codazos por ser el primero en firmar convocatorias, facturas, decretos y desafíos legales varios. Nadie tiene ganas de ser el primer héroe moderno de la nueva patria, del nuevo Estado. ¿Qué tal si "resucitamos" a Maciá o a Companys y les imitamos la firma? A ver, que no, coño, que alguien tiene que asumir la marronácea responsabilidad de la llamada a las urnas. Por cierto: ¿habéis comprado las urnas? Es que para eso hay que firmar un recibo también, president, y debería ser usted. Sí claro, ¿pero es que me habéis visto a mi cara de tonto? Oriol, haz el favor, firma ya cony, firma ya…

El Gobierno kamikaze o Cataluña desgobernada
Ignacio Varela El Confidencial 15 Julio 2017

"Haciendo averiguación
del cometido delito,
una hoja no se ha escrito
que sea en comprobación;
porque, conformes a una,
con un valeroso pecho,
en pidiendo quién lo ha hecho
responden: 'Fuenteovejuna'".

Lope de Vega

Al presidente de un gobierno de coalición se le presenta un día en su despacho su vicepresidente y supuesto socio y le pone sobre la mesa una lista con los nombres de los miembros que deben ser fulminados si es que quiere seguir contando con su colaboración.

El hecho en sí es extraordinario: cualquiera diría que la única respuesta digna es cesar al que viene con la lista, aunque ello suponga la quiebra del Ejecutivo.

Resulta aún más asombroso que todos los ejecutables pertenezcan al partido del presidente y ninguno al del vicepresidente. Además, el que exige la purga se encarga de que la extorsión se haga pública: liquidar a los consejeros “marcados” es la condición para que él se haga cargo de la responsabilidad que se le demanda. Un voto de desconfianza en toda regla a medio gobierno, al desfalleciente partido del presidente y al presidente mismo.

Cuando ese presunto presidente obedece sumisamente la instrucción de su presunto subordinado, entrega el poder que probablemente nunca tuvo y se dispone a aceptar públicamente su función de marioneta.

Después de este episodio, ¿alguien duda de que quien manda en el Gobierno de Cataluña se llama Oriol Junqueras? Todos dicen que va para próximo presidente de la Generalitat, pero lo cierto es que ya ejerce como tal. Por eso es lógico que la única tarea a la que esa Administración se dedica, que es organizar una insurrección con el nombre de referéndum, caiga enteramente bajo su poder. Y también que sea él quien decida el equipo, la táctica y los plazos. ¿A quién reportarán a partir de hoy los consejeros que han sobrevivido a esta purga y los recién designados? Lógicamente, a aquel al que deben el puesto.

Con todo, lo más desalentador es el criterio con el que se ha realizado la operación. Ninguno de los cambios responde a la gestión ordinaria de un gobierno. No se ha buscado mejorar la eficiencia de las consejerías afectadas, ni se han señalado objetivos a sus nuevos ocupantes. Solo se han tenido en cuenta la fidelidad sin matices, la determinación de inmolarse por la causa y la disposición para ir al combate sin mirar atrás y sin hacer preguntas. Los quieren de piñón fijo y cortados a pico.

No se buscan buenos gestores del interés público, sino muyahidines del 'procés'. No políticos capaces y responsables, sino kamikazes dispuestos a todo. No gente que piense –y porque piense, dude–, sino que cierre los ojos y embista. Fanáticos de la causa, mejores cuanto más sectarios. Fuerza de choque.

De paso, se envía un mensaje intimidatorio a todo el aparato administrativo que depende de la Generalitat: quien dude, que se largue ahora o calle para siempre. Aquí no caben los pusilánimes.

Describía hace unos días Nacho Torreblanca cómo el envite secesionista ha llegado al punto en que solo puede seguir adelante a costa de sacrificar la democracia. A partir de cierto nivel de confrontación, independentismo y legalidad democrática se bifurcan fatalmente, y quien cede es primero la ley y luego la democracia.

Esta purga es la muestra definitiva de que el Govern que dirige Junqueras descarta cualquier hipótesis de negociación antes del 1 de octubre, y ya solo se prepara para la batalla. Actitud que es correspondida por el Gobierno de Rajoy. Ambos han decidido que lo que haya de hablarse tendrá que esperar al resultado del choque que se producirá inevitablemente este otoño.

Por eso Rajoy recibe con indiferencia los candorosos llamamientos a abrir vías de diálogo antes del zafarrancho, y tiene alineado a un ejército de juristas y funcionarios listos para lanzarse en tromba en cuanto se den los primeros pasos efectivos de la ruptura. Y por eso Junqueras ha sustituido al Gobierno de la Generalitat por una patrulla de milicianos políticos en orden cerrado de combate.

Cuando un gobierno ya no es un órgano de gestión sino una tropa uniformada, deja de ser un gobierno. En realidad, hace mucho que Cataluña no tiene una institución que merezca tal nombre. ¿Cuánto tiempo ha dedicado Puigdemont a ejercer como presidente de su país? ¿En qué medida se ha ocupado de la sanidad de los catalanes, de sus colegios y universidades, de sus viviendas o de sus empleos? ¿Atenderá el nuevo consejero de Educación a la educación y el de Interior a la seguridad ciudadana, o solo trabajarán para el referéndum? ¿Qué leyes ha producido en dos años el Parlamento de Cataluña que no se refieran al 'procés'?

Sin un gobierno que gobierne ni un parlamento que legisle, lo único que aún hace funcionar a Cataluña, además de la vitalidad de su sociedad civil, son los ayuntamientos. Y a ellos también se los quiere desquiciar embarcándolos en la aventura del 1 de octubre.

Ese día se resolverá temporalmente la batalla del referéndum, pero en absoluto la de la independencia –ni la de la no independencia–, que conllevaría una nueva definición de la posición de Cataluña dentro de España. Como ha visto Junqueras, esa segunda contienda comenzará realmente después de la primera; y entonces ya estará él al mando, no solo materialmente como ahora, sino también formalmente. Para preservar su futuro (y a la vez para engrosar la lista de los mártires del 1 de octubre) ha ideado esta coartada de “Fuenteovejuna, todos a una”, destinada a servir como cordón sanitario de protección de su persona sin renunciar a dirigir las operaciones.

Mientras, el Gobierno del PP parece saber bastante bien qué hacer ante el desafío del referéndum, pero no tiene pajolera idea de cómo manejar a partir de ahí el conflicto político de Cataluña.

A los socialistas les sucede lo contrario: disponen de un arsenal de propuestas razonables para la futura organización territorial del Estado, pero ninguna de ellas sirve para hacer frente a lo que viene de inmediato. Aparte de la empanada conceptual en la que se han metido con lo de la plurinacionalidad, la impostada Declaración de Barcelona es más voluntariosa que útil.

Por desgracia, el desenlace esperable es un no-desenlace: un conflicto cronificado que nos deparará largos años de inestabilidad y de discordia. Apesta esto de las naciones

Una purga que radicalizará el desafío al Estado en Cataluña
EDITORIAL El Mundo 15 Julio 2017

Además del enfrentamiento entre instituciones y la fractura social, una de las peores consecuencias del proceso soberanista en Cataluña es la porfía del independentismo en reducir la realidad a un plano binario en el que no caben las opciones intermedias, que son la clave de bóveda en cualquier democracia occidental. Ésta es la lógica que explica por qué Carles Puigdemont, presionado por sus socios de Gobierno de ERC y por los antisistema de la CUP, relevó a tres consejeros recelosos del referéndum del 1 de octubre. La propia CUP se vanaglorió de estas destituciones y calificó a los consellers salientes de "autonomistas". La situación política en Cataluña es tan grave, y tan esperpéntica, que se ha llegado al punto de zaherir a unos dirigentes por el simple hecho de plantear dudas alrededor de un proyecto político que conduce a Cataluña a un callejón sin salida.

La purga ejecutada por Puigdemont tendrá la consecuencia de bunkerizar el procés y de radicalizar a un Govern que ha adoptado una hoja de ruta kamikaze. El 1-O, haya o no referéndum, la legislatura llegará a su fin, tal como admitió el propio 'president'. Pero ni Puigdemont ni Junqueras, en comparecencia conjunta, fueron capaces de explicar los motivos reales que llevaron a la salida de Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz, además de Joan Vidal de la Secretaría del Govern. Y la realidad no es que éstos se hayan «echado a un lado», tal como afirmó Puigdemont, sino que han sido apartados de sus puestos porque no compartían en su totalidad la estrategia de la Generalitat. También está claro que han pesado la incertidumbre ante las eventuales penas que acarrea la organización de una consulta que liquidaría la soberanía nacional, ya sea la inhabilitación, una multa económica o el embargo de parte del patrimonio particular de cada uno de los implicados. Con la destitución del ex conseller Baiget, el president ya envió una señal inequívoca de que no admitía la más mínima disidencia. Ayer lo completó con ribetes autoritarios, forzando una crisis de Gobierno en la que, nuevamente, quien sale peor parado es el PDeCAT.

Artur Mas defendió ayer los cambios en el Govern, pero es evidente que una parte de la vieja guardia de Convergència -el propio Francesc Homs no lo ha ocultado en público- observa con enojo la continua erosión de su partido. De ahí el golpe de mano de Puigdemont a la hora de situar en el Gobierno catalán a personas inequívocamente a favor del referéndum, aunque éste sea ilegal y unilateral, y además en puestos clave para la logística de la consulta. Jordi Turull asume la Consejería de Presidencia; Joaquim Forn pasa a Interior, departamento que controla los Mossos; y Clara Ponsatí, una economista que pertenece a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), es la nueva responsable de Educación, que gestiona los colegios e institutos donde en teoría se desarrollaría la votación. El resultado es un Gobierno plenamente del gusto tanto de ERC, cuyos consellers han salido indemnes, como del piélago de entidades sociales -como la ANC y Òmnium Cultural- que actúan de argamasa del separatismo.

Mariano Rajoy fue muy claro ayer al denunciar que, "después de presionar a los medios, a la oposición, a los Mossos, a los funcionarios y a los alcaldes, ahora presionan a su propio partido". Por su parte, Pedro Sánchez volvió a ratificar el apoyo de los socialistas al Gobierno en la defensa de la ley, pero rescató parte de las tesis pseudonacionalistas del PSC, lo que resulta una manera completamente desacertada de hacer frente común con el Ejecutivo ante el desafío soberanista. Porque, al contrario de lo que defiende Sánchez, no se trata de confrontar proyectos políticos, sino de articular una respuesta unitaria desde el Estado para frenar la flagrante vulneración de la legalidad que supondría llevar a cabo un referéndum independentista. Máxime teniendo en cuenta que, como muestra la purga de consellers, ni Puigdemont ni sus socios piensan dar marcha atrás en sus disparatados propósitos

El Gobierno de bonzos de Cataluña abrasa a Sánchez e Iceta
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 15 Julio 2017

En política tan importante como el qué es el cuándo y el cómo. La denominada 'Declaración de Barcelona. Por el catalanismo y la España Federal', documento-oferta suscrito por las ejecutivas del PSOE y el PSC, se presentó el viernes escoltado por dos actos de radicalidad del secesionismo catalán. A las 11 de la mañana, Puigdemont –vigilado por Junqueras– comunicaba la purga de los consejeros dubitativos de su equipo y su sustitución por bonzos políticos dispuestos a arder en el patriotismo separatista. A las 17 horas, los nuevos titulares de Interior, Educación y Presidencia tomaban posesión de sus cargos. Entre ambos hitos que marcan la determinación de eludir cualquier decisión que no sea la ruptura con el Estado por parte de la Generalitat, Pedro Sánchez y Miquel Iceta glosaban la tercera vía: ni con “la deriva independentista” ni con el “inmovilismo del Gobierno del PP”. Ambos deambularon en el terreno de nadie encarcelados por un mal cálculo de agenda y una peor sintonía con el don de la oportunidad.

La Declaración de Barcelona podía tener sentido –con muchos matices y algunas serias objeciones– en un día distinto al del viernes en el que el sanedrín que rige la Generalitat (Puigdemont, Junqueras, Mas, Vendrell, Madí…) decidió una jornada de cuchillos largos y depuró –¿dónde queda el elogio de la duda tan brillantemente glosado por Victoria Camps?– a aquellos consejeros atrapados en el muy razonable 'síndrome Baiget'. Carles Puigdemont impuso un régimen autoritario en Cataluña e impulsó toda la energía –no sabemos cuánta– de las instituciones catalanas bajo su control contra el Estado español y la Constitución, al mismo tiempo que Jean-Claude Juncker advertía de que la Comunidad quedaría fuera de UE en el supuesto inverosímil de una independencia unilateral.

El presidente catalán no eligió el viernes a los mejores sino a los más fieles, no a los más competentes sino a los más radicales, no a los más sensatos sino a los más imprudentes, no a los más capaces sino a los menos aptos para la política que, como ya es tópico afirmar, no es otra cosa que el arte de lo posible. Con ello envió varios mensajes, unos hacia fuera de Cataluña y otros hacía dentro. El principal es que Puigdemont se considera, y así quieren que se le considere, un kamikaze imbuido de un mesianismo inquietante. A partir de ahí se deducen los demás: impone una Cataluña secesionista minoritaria sobre otra, subordina las instituciones y el dinero público a sus fines ilegales, destroza su partido y prima a los republicanos y a su líder, Oriol Junqueras, y deja nítidamente claro que su opción no pasa por una negociación que no sea un referéndum de autodeterminación.

En ese contexto de explícita voluntad de confrontación y ruptura, el documento del PSOE y del PSC se perdió mediática y políticamente. Los bonzos-consejeros de Puigdemont abrasaron la propuesta de Sánchez e Iceta antes de que echase a andar. De disponer el secretario general de los socialistas de mayor sentido político hubiese realizado un quiebro y llevado la presentación de la Declaración de Barcelona a la próxima semana, una vez la opinión pública hubiera digerido la sinfonía de abrupta radicalidad del secesionismo catalán. El efecto de la propuesta de los socialistas solo se deja notar en un relativo acercamiento a las posiciones de Podemos –es muy vacua la alusión en el documento al “reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña” sin aclarar cómo afectaría y con qué redacción al artículo 2 de la Constitución– y en un desdén de insufrible tozudez del separatismo.

Hay momentos –y este es uno de ellos– en los que hay que dejar que los adversarios (y lo escribe quien ha defendido la denominada “tercera vía”) se asfixien en su propia radicalidad. Ni una sola línea de la declaración del PSOE y del PSC –insisto, que requerirá un análisis a fondo– sirve en este momento más que para el desprecio sobreactuado de los dirigentes secesionistas que no encontrarán en el prólogo ni en ninguno de los siete puntos de la declaración un motivo consistente para alterar su inmovilismo desafiante. Es más: aprovecharán para que la oferta de Sánchez e Iceta se mustie cuanto antes.

Lo diré sin ápice de reserva mental: este es el momento de estar del lado del Estado, de la Constitución y de la acción de las instituciones democráticas, también, apoyando al Tribunal Constitucional y al ministerio fiscal y a los tribunales de justicia. La Declaración de Barcelona puede ser útil –antes o después habrá que constituir una subcomisión en la Comisión Constitucional del Congreso– pero no debería servir en ningún caso para la equidistancia (Puigdemont la ha roto) entre la Generalitat y el Gobierno de la Nación, ni para el oportunismo agitador del populismo morado “pablista” que se siente cómodo en el borde externo del sistema, ni para el buenismo dialogante con aquellos que han demostrado que lo desprecian hasta la inmolación de un modelo socio-político de éxito como el autonómico catalán.

Cuando fracase el integrismo 'carlista' del secesionismo catalán, cuando los menestrales de Puigdemont culminen el desastre, cuando se desvele el enorme engaño al que han conducido a Cataluña, será el momento de evaluar responsabilidades, implementar soluciones y, sí, entrar a fondo en muchos de los temas que el viernes se plantearon en la declaración socialista de Barcelona que los consejeros-bonzos, esos pirómanos del sistema bajo el mandado del presidente de la Generalitat y su sanedrín, redujeron a cenizas. Sánchez e Iceta deben entender que su oferta está tan fuera del espacio y del tiempo político en España que resulta excéntrica. El secretario general del PSOE –más extraño resulta en Iceta– persiste en sus comportamientos adolescentes e inmaduros, con lo cual, lejos de rebajar el nivel de riesgo en la situación de España, puede que lo incremente.

Dejadnos votar, Pau
Jesús Laínz Libertad Digital 15 Julio 2017

Estimado Pau:

Acabo de leer tus declaraciones sobre el referéndum secesionista de Cataluña, declaraciones que me han dejado perplejo. Según parece, te has mostrado "partidario de votar y de ejercer tu derecho y tener una opinión sobre una posible situación social que te afectará a ti, a tus amigos y tu familia. Aquí, y en cualquier lugar, las personas deben involucrarse y no deben quedarse sin votar".

La verdad es que tienes toda la razón del mundo, Pau: las personas deben poder participar en la toma de las decisiones políticas que les afectan. En eso consiste la democracia, en que nadie decida por los demás. Pero precisamente por eso me sorprende que apoyes la celebración del referéndum secesionista. Porque dicho referéndum consiste en privar de voz y voto a los demás españoles sobre un asunto que les afecta enormemente. ¿Puedes imaginar, Pau, la magnitud de las consecuencias políticas, sociales, económicas, diplomáticas, militares, internacionales, fiscales, sentimentales y familiares que implicaría la secesión de Cataluña? Echa un vistazo a tu familia y amigos, Pau, y dime si no sería como partir en dos a una persona y pretender que cada una de las dos mitades pudiera continuar viviendo con un ojo, una oreja, un pulmón, un brazo, una pierna y la mitad del estómago, el hígado y el corazón.

Eso que los separatistas catalanes –yo prefiero llamarles segregacionistas, luego verás por qué– llaman "construcción nacional de Cataluña" no es otra cosa que la destrucción nacional de España, sobre la que pretenden que los demás españoles no podamos abrir el pico. Acabas de declarar que "en cualquier lugar las personas no deben quedarse sin votar". ¿Los demás españoles quedamos al margen de la norma? ¿Te parece justo, Pau? ¿Te parece razonable? ¿Por qué no nos dejáis votar? Por cierto, tú llevas muchos años viviendo en USA. ¿Te imaginas a los de Minnesota o Michigan proclamando su derecho a decidir unilateralmente su secesión?

Fíjate que ni siquiera te he preguntado si te parece legal y constitucional, lo cual ya sería argumento suficiente. Porque el ordenamiento jurídico español, cuya norma suprema es la Constitución, obliga por igual a todos los ciudadanos y es la emanación de la soberanía, que reside en todos ellos, sin distinción alguna de procedencia regional. Es más, los segregacionistas catalanes llevan años declarando que a ellos no les afecta la Constitución y que están legitimados para desobedecerla. Pero olvidan, o más bien ocultan, que los catalanes aprobaron con entusiasmo esa Constitución que ahora se rechaza. Tan entusiastas fueron los catalanes con ella que la aprobaron por abrumadora mayoría (90,4%), superior a la del conjunto de España (88,5%).

Es más, la Constitución se hizo para satisfacer los deseos de los segregacionistas vascos y catalanes, sobre todo un Título VIII diseñado para cumplir, no la voluntad de una mayoría de españoles poco interesados en el sistema autonómico, sino la de aquéllos. De los siete llamados "padres" de la Constitución, dos fueron catalanes: Jordi Solé Tura y Miquel Roca. Tan cómodos han estado los segregacionistas catalanes con aquella Constitución que no sólo han gobernado Cataluña durante cuatro décadas gracias a ella, sino que incluso han tenido una influencia desmesurada en los gobiernos nacionales mediante pactos de legislatura tanto con el PP como con el PSOE. Y ahora, una vez lavado el cerebro y envenenado el corazón del suficiente número de catalanes, rechazan la Constitución porque ya no les conviene. ¡Vaya timo, Pau!

Los segregacionistas catalanes, con su empleo totalitario de los medios y la educación, han logrado convencer a muchos catalanes de que solamente ellos pueden opinar sobre la destrucción de España. Han proclamado que se trata de su derecho y que quienes se opongan a ello no respetan la democracia. Por eso tantos catalanes engañados se indignan de buena fe contra los demás españoles cuando alguien intenta explicarles que ese derecho no existe, por mucho que algunos políticos interesados lo hayan enunciado. ¿Tendréis los catalanes derecho a tener esclavos negros sólo por el hecho de que sus gobernantes así lo proclamen?

Y entre esos catalanes que se creen titulares del derecho a decidir al margen de los demás españoles parece que también estás tú, Pau, al igual que tu hermano Marc. ¿También a ti te ha vencido la presión ambiental? ¿También a ti te han lavado el cerebro?

¿De verdad crees que los catalanes sois tan especiales? ¿De verdad crees que tenéis más derechos que los demás españoles? Tú, como catalán, sabrás bien que ese complejo de superioridad impregna Cataluña desde hace bastante tiempo. Al fin y al cabo en eso consiste el núcleo ideológico del segregacionismo que gobierna tu tierra. Nada menos que el padre de la idea, Enric Prat de la Riba, escribió allá por 1898 que entre los catalanes y los castellanos median diferencias insalvables "de raza, temperamento y carácter" y que el castellano es un "pueblo primitivo". Su camarada Pompeu Gener, influyente ideólogo, se quejó de lo que consideraba dominio castellano sobre Cataluña porque "nosotros, que somos indogermánicos de origen y corazón, no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores".

Y tú sabes bien, Pau, que estas opiniones no quedaron aisladas en tiempos lejanos, pues se repiten en tu tierra cada dos por tres. Para no ponernos pesados, recuerda sólo a ese Miquel Lupiáñez –¡nacido en la Alpujarra!– que hace unos días comparó a Cataluña con Dinamarca y a España con el Magreb. Si yo fuese catalán de soca-rel, como tú, me sentiría abochornado por semejantes infamias.

Y junto al desprecio está el odio, por supuesto, aunque los hipócritas de todas las ramas del segregacionismo catalán estén todo el día gritando a los cuatro vientos que ellos no tienen nada contra España ni contra los españoles. ¡Qué desvergüenza! Ahí tienes a Oriol Pujol definiendo a España como las aguas podridas que ahogan a Cataluña, a Lluís Llach declarando que es un cáncer y a su colega Núria Feliu diciendo que es una garrapata. Tuvieron buenos maestros en los segregacionistas de anteriores generaciones, como aquel Ventura Gassol –no sé si te une a él algún parentesco–, destacado fundador y dirigente de Esquerra Republicana, que proclamaba:

Nuestro odio contra la vil España es gigantesco, loco, grande y sublime. Hasta odiamos el nombre, el grito y la memoria, sus tradiciones y su sucia historia.

Intenta ponerte en el lugar de los demás españoles, Pau, que llevamos un siglo largo recibiendo todo tipo de insultos y ofensas por parte de los segregacionistas catalanes, esos aristócratas del espíritu que, encima, nos acusan de odiadores y opresores y se permiten proclamar derechos de uso exclusivo pisoteando los de todos los españoles.

¿Tan superiores sois los catalanes que podéis imponer vuestras decisiones a los demás? ¿Tan tontos somos los demás españoles que no podemos ni decidir sobre nosotros mismos?

Pau, dejadnos votar, por favor.
www.jesuslainz.es

Totalitarismo sin afeites
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 15 Julio 2017

El totalitarismo sin afeites gobierna Cataluña. Cuidado con los equívocos: me refiero al equipo de políticos que monopoliza las riendas del poder y no a la base social, compuesta por ciudadanos amantes de la democracia, las libertades individuales, la cultura universal, la iniciativa privada, la solidaridad y la sana convivencia. El problema capital consiste en que los jerarcas se han encaramado en sus puestos mediante pactos contra natura, reforzados por purgas inquisitoriales, siempre de espaldas a la voluntad de los electores. Y la prolongación de este modus vivendi anómalo puede desembocar, ahora sí, en una degeneración del tejido social que culmine en el acomodamiento pasivo a las arbitrariedades del sistema totalitario. Un fenómeno que ya se ha verificado en España bajo el régimen de Franco y en la mayoría de los países sometidos a dictaduras.

La disciplina de los Maduro
El totalitarismo encubierto gobernó Cataluña durante los años en que sus adictos marchaban con paciencia hacia la independencia, pero se quitó los afeites cuando sustituyó la senyera tradicional por la estelada sectaria, al mismo tiempo que sus leguleyos empezaban a elaborar vías tramposas y, sobre todo, secretas para perpetrar la desconexión exprés sin margen para el debate parlamentario. Totalitarismo puro y duro que aplica la disciplina de los Maduro, los Erdogan y los déspotas de segunda categoría como la cleptócrata Cristina de Kirchner, que vociferaba: "¡Vamos por todo!".

Aquí la consigna de Carles Puigdemont, también de matriz kirchnerista, es: "Damos miedo y daremos mucho más", amenaza que le hace opinar a Rafael Jorba ("El president lo ha conseguido", LV, 7/7):

No parece que las palabras hayan hecho mella en el Estado, pero sí en los ciudadanos de Catalunya que no piensan como él o que se atreven a verbalizar en público sus dudas, como el caso del ya ex conseller Jordi Baiget. La llamada revolución de las sonrisas enseña su verdadero rostro: la independencia exprés se está poniendo en marcha con una calidad democrática bajo mínimos. Basta con leer los borradores de las leyes de desconexión y el texto de la ley del Referéndum para constatarlo.
(…)
Si lo que pretendía el president Puigdemont era dar miedo, a fe que lo está consiguiendo. Pero desde el miedo no se construye un país ni se gana el respeto de los países vecinos, (…) Puigdemont da miedo. Tarradellas infundía respeto (y solo tenía miedo de una cosa: de hacer el ridículo).

Celebrando cabezas cortadas
El subidón totalitario no asusta a los paladines del régimen. Todo lo contrario: los reconforta la belicosidad del líder. Sentencia Francesc-Marc Álvaro, celebrando cabezas cortadas ("Gesto antes del choque", LV, 6/7):

Carles Puigdemont necesitaba un gesto de autoridad y las palabras del conseller Baiget le han puesto en bandeja una actuación para reforzar su perfil antes del choque con Madrid. En la narrativa del independentismo hiperventilado, la cabeza cortada del ex responsable de Empresa es un aviso triunfal para tibios, dudosos y convergentes de la vieja escuela.

La purga urgía, explica Álvaro, porque la grotesca Armada Brancaleone (¡inmortal Vittorio Gassman!) del secesionismo está en proceso de dispersión. Gime Álvaro:

Que los castigados por el 9-N ya no son un bloque compacto, porque Homs y Ortega han apoyado (de manera contundente) a Baiget, mientras que Mas y Rigau han dado la razón al president. Que la falta de fluidez en las relaciones de Puigdemont y Marta Pascal debilita gravemente al PDECat y la refundación de este espacio. Y que, dentro de la polvareda del proceso, la miseria de la política no es menor que su azarosa grandeza.

No podía faltar en el coro de obsecuentes el aporte de Pilar Rahola, que acertó, desde el punto de vista médico, al definir la decisión rápida y contundente de Puigdemont, o sea la purga, como "catártica" ("Crisis y catarsis", LV, 5/7):

Puigdemont le ha dicho al Ejecutivo que solo pueden quedarse en el Govern los que están decididos a llegar hasta el final; a su partido –que no esconde el disgusto–, le ha recordado que es él quien comanda este proceso y que no está dispuesto a muchos trapicheos; y a los socios les ha demostrado que su determinación es absoluta.

CUP gobierna el proceso
Con este "¡A sus órdenes, comandante!", Rahola intenta ocultar que quienes gobiernan realmente el proceso secesionista son los anarco-trotskistas de la CUP, sobre los que ella vertió, con razón, su vómito (LV, 1/7). Vómito que, como señalé en "Martillos de herejes en Cataluña", LD, 7/7) también pringa a todos los que se subordinan a estos crápulas de izquierda.

Lluís Foix desenmascara esta subordinación ("Grandilocuencias temerarias", LV, 6/7):
El president Carles Puigdemont ha decidido hacer caso a la CUP y ha cogido la calle de en medio. Cesó al conseller Baiget porque los cuperos se lo exigían y ha aceptado el calendario que le proponen los anticapitalistas con el riesgo de crear una fuerte división en el seno de su partido, que se ve arrastrado por la CUP y por Oriol Junqueras, que actúa como si todo lo que ocurre no fuera con él. Rajoy habló ayer de delirios autoritarios y frentistas. Puigdemont nos lleva a una confrontación sin que tenga una mayoría social que le siga y vulnerando el Estatut, la Constitución y las advertencias continuadas de la Comisión de Venecia y la Unión Europea. No se puede tirar por la borda el pluralismo político.

Imposible sintetizar con mayor precisión lo que está sucediendo.

Componente fascista
El hecho de que la CUP sea anarco-trotskista basta para definir como totalitario el proceso secesionista en el que lleva la voz cantante. Pero ¿tiene también un componente fascista? Se sabe que existen vasos comunicantes entre todos los totalitarismos, y en este caso Arturo San Martín nos da una pista ("La cabeza de Baiget", suplemento "Quién", LV, 8/7). Reproduce San Martín la conversación que mantuvo hace unos años con un filólogo gerundense que ya entonces decidió definirse como "independentista democrático" y dimitir de su cargo de rector universitario. ¿Por qué "independentista democrático"? He aquí su respuesta entrecomillada y las acotaciones de San Martín sobre el contexto:

"Algunos catalanes y catalanes independentistas siguen creyendo que no pueden ser fascistas porque el fascismo en Catalunya es imposible". Aquellos días (…) su universidad estaba alborotada y ya se comenzaba en la misma a no respetar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Fueron aquellos días de violencia. También física. (…) "Me considero un fracasado. Mi generación no ha sabido educar a demócratas. Ignorándolo o no hemos educado a dos generaciones de fascistas".

Remata San Martín:
Y algunos de aquellos fascistas, ay, han llegado ya a las instituciones políticas y públicas.

Estadistas emblemáticos
Anarco-trotskistas que gobiernan el proceso. Fascistas en las instituciones. Totalitarismo sin afeites. Es bueno que la plana mayor histórica de la política española tome conciencia de que debe forjar un frente hermético contra la debacle. Lo soñé hace más de un año y se ha hecho realidad ("La perdiz mareada", LD, 12/2/2016). Reproduzco parte de lo que escribí entonces, sin pretender atribuirme dotes proféticas:

Tuve un sueño. (…) El entorno y la concurrencia me decían que estábamos en algún lugar de España. Sobre el estrado, dos hombres dialogaban frente a un micrófono. Los unía el hecho de que cada uno de ellos pasaba un brazo sobre los hombros del otro. No oía lo que decían porque en sueños, como en la vida real, me perseguía una incipiente sordera. Solo captaba algunas palabras que además leía en el movimiento de sus labios. "Solidaridad", decían. "Convivencia", decían. "Igualdad", decían. "Justicia", decían. "Libertad", decían". "Unidad", decían. "Españoles", decían.

¡Que bien hablaban Felipe González y José María Aznar –porque eran ellos– unidos, abrazados, en el edén onírico! Si se hiciera realidad la alianza soñada de los dos curtidos guías y guardianes de la Transición, injustamente hibernados, nos darían el testimonio definitivo de su compromiso patriótico con la sociedad asediada por amenazas sin precedentes. Se unieron para defender la democracia en Venezuela. Que lo hagan ahora para defenderla en España.

La concertación de los dos estadistas emblemáticos ya no es solo un sueño. Llega a tiempo para desbaratar la pesadilla de una dictadura totalitaria en Cataluña.

España nos roba
Esta y otras frases equivalentes siembran un continuo sentimiento de victimismo y agravio que no avalan los datos, impidiendo un dialogo fructífero y sereno más necesario que nunca
José Antonio Blanco Oliva El Confidencial 15 Julio 2017

Decía Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo". En el nuevo escenario internacional regresan los muros, bien sea Donald Trump con México o la vuelta al proteccionismo nacional.

En el imaginario independentista, España constituye un ancla que impide al pueblo catalán acceder al paraíso terrenal, a un oasis infinito de riqueza y prosperidad, como señaló el expresidente de la Generalitat, Artur Mas: “Me imagino Cataluña siendo la Dinamarca del Mediterráneo”.

Los líderes independentistas amparados por el binomio mágico, e indiscutible, “democracia-derecho a decidir”, no pretenden otra cosa que levantar un muro en el siglo XXI con el resto de España, porque eso es lo que significa que la parte de un país se separe de este último.

La regla de oro de la mentira, —o de la propaganda porque no se entiende la una sin la otra—, radica en su sencillez, que no requiera de mucha reflexión y sobre todo que libere de toda responsabilidad propia, descargando todas las culpas a un tercero, en este caso, el Estado Español, como primer y último culpable de todos los males de Cataluña.

Una de las consignas que más éxito ha cosechado en el discurso independentista catalán es el “España nos roba”.

Analicemos si la desafortunada frase “España nos roba” responde a los hechos:
1. Rescate financiero de Cataluña por el Tesoro español. Sería bueno que el independentismo catalán reflexionara sobre quién salió al rescate de Cataluña, cuando esta no tenía acceso a los mercados para financiarse, y en el mejor de los casos, solo a una financiación a unos tipos de interés altísimos que hubieran conducido inevitablemente a Cataluña al 'default'.

Resulta sorprendente el entusiasmo exhibido por los líderes independentistas por seguir perteneciendo a la Unión Europa una vez consumada la secesión, cuando fue precisamente el Banco Central Europeo quien excluyó al Tesoro catalán de su programa de ayuda financiera, teniendo que salir una vez más al rescate de las finanzas catalanas, ¿adivinen?, sí, el Tesoro español a través de la solidaridad de todos los españoles, como es nuestra obligación hacia nuestros conciudadanos catalanes.

En el periodo 2012-2017, el Tesoro español ha inyectado liquidez a Cataluña por importe de 67.000 millones de euros, con tipos de interés próximos a cero para que Cataluña pudiera atender el pago de sus servicios públicos fundamentales (sanidad, farmacias, nóminas, etc.).

Cataluña, durante la gran recesión, ha absorbido el 33% de las ayudas financieras que España ha facilitado a las comunidades autónomas (pág. 251 del informe del Tribunal de Cuentas nº 1106), el doble de lo percibido por Andalucía, cuatro veces más que Castilla-La Mancha y 23 veces más que lo recibido por la Comunidad de Madrid.

Gracias a la financiación instrumentada por el Gobierno central, Cataluña ha ahorrado casi 12.000 millones de euros en pago de intereses, lo cual supone más de un tercio de su presupuesto anual, superando incluso el importe destinado a sanidad por la Generalitat.

2. El coste del Parlamento Catalán. En el informe editado por Convivencia Cívica Catalana '¿Cuánto nos cuestan los parlamentos autonómicos?' se exponen datos que sería conveniente conocer, tales como que un diputado autonómico catalán cuesta casi el doble que uno del Congreso de los Diputados, y más del doble que uno del Senado. El citado informe señala que el Parlamento catalán repartió en 2016 entre los grupos parlamentarios 15,8 millones de euros, casi tanto como el Congreso de los Diputados (9,3 millones) y el Senado (6,8 millones) juntos.

Y, por último, según los datos del citado informe, el Parlamento autonómico de Cataluña es el más caro de todas las Comunidades Autónomas (51.944.576 euros), casi el doble que el Parlamento autonómico de Madrid (28.362.000 euros).

3. Retribuciones de la Generalitat. En relación a los sueldos, cabe recordar que el actual presidente de la Generalitat gana 145.000 euros, casi el doble que el presidente del Gobierno (78.000 euros), más del doble que la presidenta de la Junta de Andalucía (64.500 euros) y casi un 50% más que la presidenta de la Comunidad de Madrid (103.000 euros).

Igualmente, tal y como recuerda la entidad Convivencia Cívica Catalana, de promedio un alto cargo de la administración autonómica catalana cobra un 48% más que un alto cargo del Estado y que 239 cargos de la Generalitat ganan más que Rajoy.

4. Las Embajadas catalanas. El informe del Tribunal de Cuentas nº 1169 de 22 de julio de 2016 señala (página 192) que de las 50 delegaciones autonómicas en el exterior, la mitad (25) corresponden a Cataluña, con un gasto del 36,55% del total. Destaca el Tribunal de Cuentas (pág. 192 de su informe) que Cataluña, además de no reducir las delegaciones existentes, ha procedido con posterioridad a la creación de otras cinco representaciones en Italia, Austria, Marruecos, Santa Sede y Portugal.

No quiero concluir sin manifestar mi deseo, que resultaría de suma ventaja, de abandonar el lenguaje propagandístico empleado por los líderes independentistas, por sus continuas amenazas de referéndum, con frases como la analizada “España nos roba” y otras equivalentes, que solo existen en el imaginario independentista, sembrando un continuo sentimiento de victimismo y agravio que no avalan los datos, impidiendo un diálogo fructífero y sereno más necesario que nunca.

José Antonio Blanco Oliva es funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos de la Administración General del Estado.

EL 'NEGOCIO' DEL INDEPENDENTISMO (IV). Opacas y con subvenciones: así son la ANC y Òmnium, grandes asociaciones soberanistas

Son las encargadas de movilizar a la sociedad catalana en favor de la independencia. Organizan Diadas y manifestaciones. Pero ¿cómo funcionan internamente estas entidades?
Paloma Esteban. A.F. Barcelona. El Confidencial 15 Julio 2017

Son una pieza clave en el proceso independentista. Sus siglas están presentes en cada acto y reivindicación, son las grandes impulsoras de Diadas y manifestaciones en favor de la desconexión y se han beneficiado de muchas subvenciones públicas por parte de la Generalitat. La mayoría, eso sí, son bastante opacas y no publican sus cuentas ni dan a conocer detalles de sus movimientos, pese a que el código civil de Cataluña establece con claridad esa obligación para todas las "asociaciones declaradas de utilidad pública" que reciban subvenciones y otras ayudas económicas de las administraciones", o tengan la captación de fondos públicos "como mecanismo de financiación".

Aunque son entidades independientes, están íntimamente ligadas al Gobierno catalán y forman parte del ecosistema secesionista. Òmnium Cultural es la primera de ellas. Promocionar la lengua catana, difundir su cultura y luchar por la independencia están entre sus principales objetivos. Òmnium, presidida desde finales de 2015 por el empresario Jordi Cuixart, es la única que sí hace públicas sus cuentas. Las últimas dadas a conocer, correspondientes a 2015, ponen de manifiesto que sus ingresos superan los 5 millones de euros y sus gastos en personal —55 empleados— ascienden a 1,4 millones. Pese a que a día de hoy no recibe ayudas públicas, las aportaciones que la Generalitat hizo no hace muchos años fueron decivisivas para su despegue y posterior desarrollo.

Entre 2008 y 2010 recibió un millón y medio de euros en ayudas. En 2006 percibió 661.000 euros para la adquisición de su sede central en Barcelona gracias a las herencias intestadas entre entidades de carácter social. Ese mismo año volvía a recibir 1,1 millones de euros. Entre 2011 y 2013, con Artur Mas al frente de la presidencia, también habría obtenido ayudas públicas de casi un millón y medio de euros. Durante esos años y hasta el nombramiento de Cuixart, la diputada y activista Muriel Casals estuvo al frente de la asociación (2010-2015). Uno de sus más destacados socios es el exentrenador del Barcelona, Pep Guardiola, que ya ha dado de alta a sus tres hijos.

En segundo lugar está la Assemblea Nacional Catalana (ANC), hoy en manos de Jordi Sànchez y hasta 2015 liderada por Carme Forcadell, que en ese año fue nombrada presidenta del Parlament de Cataluña. Sánchez, por su parte, en teoría no recibe ninguna retribución —ya que el cargo de presidente de la ANC no está remunerado— aunque lo ha compatibilizado con la dirección del Observatorio de Derechos Sociales en la Universidad Pompeu Frabra, proyecto por el que obtuvo 50.000 euros. Se desconocen otros ingresos a día de hoy. Antes de aceptar la presidencia de la Assemblea, Sànchez era adjunto al Síndic de Greuges (similar al Defensor del Pueblo pero en Cataluña), cargo remunerado con 105.000 euros. Fue además uno de los principales dirigentes de la Crida.

La ANC no hace públicas sus cuentas y los únicos datos que se conocen son los publicados en prensa. Precisamente, este diario accedió el pasado abril al último informe de resultados relativo a 2016, en el que constaban unos ingresos de 3,3 millones y unos beneficios que ascendían a 523.000 euros que, descontando los impuestos, supuso un superávit de 246.000 euros para la asociación. Para 2017, la ANC rebajó su previsión de ingresos a 1,9 millones y, en consecuencia, lo hicieron el resto de partidas, a excepción de la relativa al personal, que volvió a crecer de los 450.095 euros a 537.133.

Òmnium y la ANC tampoco han estado exentas de polémicas. Ambas fueron multadas recientemente por la Agencia Española de Protección de Datos con una sanción de 90.000 euros, que se suma al anterior embargo de 240.000 euros impuesto en febrero por la Gigaenquesta realizada en 2014, antes del 9-N, para preguntar a los ciudadanos como querían que fuera una Cataluña independiente. Las entidades soberanistas aseguraron entonces que se trataba de una "estrategia del Estado" para intentar "ahogarlas económicamente y frenar el referéndum".

En el caso de la ANC, la venta del 'merchandising' independentista supone una de sus principales fuentes de ingresos. En 2015 fue investigada por la Agencia Tributaria, que inició una inspección al sospechar que la Assemblea no pagaba el IVA de los productos propagandísticos. En efecto, la ANC tuvo que abonar 176.850 euros por ese concepto. La estructura de esta entidad, basada en la cuestión territorial, tiene cerca de 40 asambleas exteriores, fuera de Cataluña. Según explicó a este diario la coordinadora de la delegación de la ANC en Madrid, Belén Murillo, su misión es "aglutinar todo el sentimiento independentista que hay en los distintos lugares para tener siempre un referente".

La Associació de Municipis per la Independència (AMI) es otra de las entidades soberanistas clave y ya cuenta con más de 700 ayuntamientos adheridos. Desde abril de 2016 la lidera la exdiputada de Convergència Neus Lloveras. La AMI se constituyó en septiembre de 2011 de la mano del alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, con el apoyo de un centenar de municipios. Desde su creación, los apoyos han ido aumentando cada año. De los principales ayuntamientos, no cuenta con la presencia de Barcelona, Badalona o L'Hospitalet De Llobregat. Girona es la única capital de provincia que sí forma parte de la AMI, una de las cunas del independentismo y cuyo alcalde era Carles Puigdemont, hasta que accedió a la presidencia autonómica.

Además de estas tres, existen otras muchas asociaciones independentistas que han recibido cuantiosas subvenciones en los últimos años. Algunos ejemplos son el Cercle Català de Negocis, el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales (Ciemen), la Fundación Cataluña Estado, la Plataforma per la Llengua, la Asociación Catalana de Profesionales o la plataforma Sobirania i Progrés, entre otras.

La yenka catalana
Borja Gutiérrez Gaceta.es 15 Julio 2017

Cuentan los cronistas de la prensa catalana que a medida que se acerca la fecha elegida para realizar el acto ilegal del 1-O, el ambiente en el ‘Govern’ se ha vuelto aún más asfixiante y shakesperiano, con muchas suspicacias entre los miembros del Ejecutivo catalán; sospechas -de momento no contrastadas- de escuchas telefónicas entre ellos; críticas internas de altos responsables de la antigua Convergencia que no entienden como ERC se está yendo de rositas en las sucesivas crisis afrontadas, y en consecuencia son la única formación secesionista que no se la pega en las encuestas; y con un interino president Puigdemont, que sabe que su estancia en la plaza de Sant Jaume tiene fecha de caducidad y ya no se fía ni de su sombra.

El cese del consejero Baiget por dudar del ‘procés’ le ha llevado a reunirse uno por uno con los restantes miembros del Gobierno catalán. Un ‘test de estrés’ para desenmascarar más traidores, no vaya a ser que alguien más titubee en público. Y como con las cosas de comer no se juega, Puigdemont ha puesto al líder de ERC, Junqueras, a organizar el teatro del referéndum ilegal y le ha ordenado irse el próximo martes a la tienda más cercana a comprar las urnas. Junqueras ahora tiene que saltar a escena y mojarse, no vaya a ser que cuando la farsa teatral se venga abajo, los de ERC sean el personaje secundario que recibe el aplauso del público y el resto de actores sufran la catarsis del tomatazo.

Cabe sospechar que en el fondo lo que Puigdemont quiere es que Junqueras se una a la lista de aquellos ilustres secesionistas que deberán responder con su patrimonio personal si se destina dinero público -el dinero de todos, independentistas o no- a financiar un referéndum ilegal que, como ya advirtió el Tribunal Constitucional, no puede ser pagado con fondos públicos. Una lista a la que dentro de poco se podrían unir los artífices de ese otro referéndum ilegal y chapuza del 9-N, los señores Artur Mas, Ortega y Rigau, que puede que tengan que depositar una fianza de más de 5 millones de euros, no vaya a ser que el Tribunal de Cuentas demuestre que se destinó dinero público a pagar unas cutre-urnas de cartón y demás dispendios que organizaron.

Lo único cierto es que Puigdemont y los suyos andan como pollos sin cabeza. Andan tan desnortados que se han convertido en bailarines para demostrarnos que el independentismo es como “la yenka”. Ya saben, un pasito adelante y otro pasito hacia detrás. Y por eso mientras se dedican a preparar el vodevil del 1-O y echarse los trapos sucios los unos a los otros- de momento, en privado-, le filtran a la prensa acérrima que pidieron a Rajoy en mayo una solución dialogada al ‘procés’, aunque, claro, siempre con la ruptura de la legalidad vía referéndum como premisa indiscutible. Otros que andan bailando ‘la yenka’ son esos alcaldes secesionistas, los que fueron con el bastón de mando acompañando a Mas a declarar ante el tribunal, y que han enmudecido desde que saben que si ceden datos personales de sus vecinos para elaborar censos electorales, se enfrentan a multas de hasta 600.000€.

Aunque los verdaderos maestros en bailar ‘la yenka’ son los de Podemos. Primero, miraban de perfil todo esto. Ahora, Iglesias Turrión dice que hay que poner las instituciones catalanas al servicio de un acto ilegal. Si Iglesias da este pasito delante es porque su propio partido se está resquebrajando con la ‘cuestión catalana’. Y lo hace por su ala más radical, la de los anticapitalistas, a cuyos brazos debe echarse una vez más porque sin ellos no hubiera vencido a Errejón en Vistalegre II. Al coro de entusiastas también se ha unido Ada Colau. Cabe entender que la alcaldesa será la primera en poner medios del Ayuntamiento de Barcelona para que se celebre el referéndum ilegal. Pero, llegado el caso, ¿escurrirá también su responsabilidad legal echándole el muerto de organizar todo a los funcionarios, para que sean ellos los que incumplan la Ley y no ella, como también ha intentado el Gobierno catalán?

Y entre medias de este lío, está el PSOE de Sánchez, que, como en las películas americanas, es ese chiquillo que no encuentra pareja para el baile de fin de curso, y se toma unos zumos con pajita en solitario al fondo de la sala. Ese PSOE de Sánchez que en municipios como Lasarte, San Fernando o Jerez no apoya que se rinda un homenaje a Miguel Ángel Blanco; o que en ocasiones te sueltan a su vicesecretaria general, Adriana Lastra, asturiana ella, a deslumbrarte informando de que “Asturias es un Principado y España es un Reino; y Principado y Reino son dos formas de gobierno distintas”, y luego te pone a Bolivia como ejemplo de lo quiere para España. Ese PSOE en el que Sánchez e Iceta se lían (y nos lían) con el invento del “plurinacionalismo”, que es como no decir nada. Porque nación sólo hay una. Se llama España. Y desde hace muchos siglos.

A medida que el disparate nacionalista se va apoderando de los independentistas y la izquierda radical, más claro queda que lo único que está consiguiendo el referéndum ilegal es dividir a los catalanes, y que esta película finalizará con la desfenestración del actual Gobierno catalán. Porque la fuerza de las leyes no necesita de tanto teatro como el secesionismo, ni de tanta ‘yenka’ de los artífices y adláteres de un acto ilegal en el que ni ellos mismos creen. Cataluña lo que necesita es diálogo, moderación y entendimiento para seguir construyendo un futuro conjunto entre todos los españoles, y no castillos en el aire, como hacen Puigdemont y los suyos.

Errores garrafales de las izquierdas y pánico entre separatistas

“Los que defienden mucho su pellejo triunfan en raras ocasiones.” W. Shakespeare
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 15 Julio 2017

Alguien dijo: “Sólo los cobardes necesitan de la mentira para eludir la realidad”. Han sido necesarios varios años, multitud de retos, provocaciones y desafíos, bravatas y declaraciones apocalípticas para que, cuando está llegando la hora de la verdad, cuando ya se sienten llegar los prolegómenos del gran enfrentamiento, que ha de poner en claro quién es que dispone de las mejores cartas, en esta partida de póker político entre el Estado español y este ominoso conglomerado de partidos catalanes que se han unido, pese a sus grandes diferencias ideológicas, para enfrentarse, en un juego desequilibrado de fuerzas, soportes legales, legitimidades históricas, razones éticas y morales, apoyos humanos y, la razón mayor, la evidencia de que, pretender convertir un pedazo de un país, imposible de separarlo materialmente del resto al que viene perteneciendo, en independiente, no suele acabar más que en un fracaso total para aquellos ilusos que creyeron que, por ellos solos, podían asumir con éxito todos los complejos mecanismos requeridos para sacar adelante una nación; aquellos “valientes” que se habían pasado años incitando al pueblo a rebelarse sobre el “estado opresor”, empiezan a demostrar lo que, de verdad, se esconde debajo de tanta petulancia y valentía: mera cobardía.

A menos de tres meses del anunciado 1 de octubre, fecha propuesta por el señor Puigdemond como límite para la supuesta declaración de independencia o puesta en marcha de la Ley de Desconexión del estado español; resulta ser que los capitostes que han llevado a cabo todo el llamado “process” para saltarse la Constitución; ignorar las sentencias de los tribunales de Justicia y del propio TC; se han declarado en rebeldía contra aquellas leyes promulgadas por las Cortes españolas, que han considerado que pudieran perjudicar su camino hacia su emancipación de España y crear, utilizando fondos recibidos para la financiación de aquellas competencias asumidas por traspasos del Estado, organismos paralelos a los del gobierno central, con el objetivo de tener preparado, en el momento en que declararan su independencia, asumir todas las funciones que dejaría de prestar el Estado español.

Pues bien, cuando ha llegado el momento de “mojarse”, de asumir el riesgo de enfrentarse a las prohibiciones emanadas del TC, cuando se trata de empezar a estampar firmas, de convocar actuaciones contrarias a las leyes vigentes, cuando tienen que asumir responsabilidades que saben que no las van a poder diluir en aquellos responsables materiales, en los que pensaban apoyarse para eludir las correspondientes sanciones ( inhabilitaciones, multas, malversación de caudales, suspensiones etc.), los funcionarios que ya se han pronunciado en el sentido de que no van a cometer actos que saben que estarán penados por la Ley; ha sido cuando han empezado a hacer marcha atrás, a escurrir el bulto o a intentar cargarle a otra persona la asunción de la ejecución de los hechos, que saben que comportan un desafío a las leyes, aquellas mismas leyes que no hace mucho tiempo, en el Parlamento Catalán, dijeron que estaban dispuestos a incumplir. Ahora, algunos miembros del Govern catalán piden mayor implicación de ERC (Oriol Junqueras y los suyos) y que se evite “caer en la malversación de fondos” una cuestión que parece que no les preocupaba el 9N, pero que saben que la Justicia ya está intentando procesar al señor Mas por los 5 millones gastados en la consulta ilegal que se hizo entonces. Las informaciones hablan de que, a medida que se va acercando la fecha fatídica en la que saben que tienen que afrontar el hecho trascendental de enfrentarse a España, hacen que la euforia que, durante tantos años, los ha mantenido desafiantes y confiados, haya desparecido y ya empiezan a sentir el desagradable temor de que quizá estuvieran equivocados, de que puede que sus ambiciosos planes no fueran tan realizables o que hubiera sido más sensato haber optado por otras soluciones menos drásticas, que les hubieran permitido negociar con el Estado español algunas mejoras de tipo autonómico que, seguramente, les hubiera sido más fácil conseguir.

Se dice que “el ambiente en el Gobern es asfixiante: suspicacias, medias insinuaciones y sospechas de escuchas”. Puede que la deserción de uno de sus más conocidos apoyos, la del señor Jordi Baixet al frente de Empresa y Coneixement, abra el camino a otros que empiecen a pensar que se están jugando su futuro, su patrimonio y el de sus familias. La mera circunstancia del problema que les está representando la compra de urnas para las votaciones ya demuestra hasta que punto la vigilancia de la Justicia les está afectando, sabiendo que, según ha confirmado el TC, cualquier acto dirigido a la preparación, organización, cesión de locales, urnas, fabricación de papeletas, instalación de mesas etc. será considerado como un incumplimiento de la normativa vigente, sin necesidad a que se tenga que actuar ante el TC, para que el Gobierno pueda automáticamente actuar para evitar que los separatistas puedan llevar a cabo su intención de convocar una consulta que, en todo caso, a las 24 horas ya estaría anulada.

El señor Puigdemond, uno de los que, junto al señor Mas, más protagonismo ha venido asumiendo durante todo este llamado proceso, parece que está intentando cargarle el “marrón” a ERC, encomendándole a esta formación la “ejecución” de la consulta en manos de un solo conseller ¿el señor Juncadella?, parece que no les ha hecho mucha gracia y se han apresurado a dejar en evidencia que, si la ejecución quedaba en manos de un “conseller” debería quedar claro que, la responsabilidad del referéndum es “colectiva de todos los miembros del Gobern” ¡ separatistas, sí, pero tontos no!. Choca que, a estas alturas del proceso, todavía existan estas dudas, esta desconfianza, esta evidente suspicacia entre las fuerzas integrantes de Junts pel Sí. ¿No se mostraban tan gallitos en el Parlament catalán manifestando no importarles nada lo que pensase el Estado de sus proyectos?, ¿no estaban tan dispuestos a enfrentarse a los tanques que invadieran la Diagonal?, ¿no se sentían tan seguros y orgullosos cuando acompañaron en comitiva al señor Homs cuando tuvo que ir a declarar ante el TSJC?

Ya comenté, en uno de mis escritos, la forma en la que las tropas del general Franco entraron en Barcelona, en una Barcelona vacía porque todos aquellos que se habían quedado roncos diciendo ¡No pasarán!, habían huido con el rabo entre las piernas hacia la frontera con Francia. El general Yagüe, jefe del Cuerpo de Ejército marroquí, el coronel Barrón y Dioniso Ridruejo, entraron en Barcelona el 26 de enero, sin que sus tropas, Cuerpo de Ejército Navarro y Cuerpo Marroquí, tuvieran necesidad de disparar un tiro ¿Qué se había hecho de aquellos “valientes” que tenían que defender hasta la muerte la capital de Cataluña? Aunque es posible que los hubiera, como sucedió con los máximos dirigentes de la II República, incluido el comunista Negrín, que, en su huida, se llevaran consigo, para asegurarse un dorado retiro en Mexico y Francia, montones de oro, plata y piedras preciosas que se habían incautado a las derechas nacionales, previo arrestarlos, torturarlos en las checas y, finalmente, asesinarlos sin juicio y abandonados en los arcenes de las carreteras. Para que vengan estos ilusos de la Memoria Histórica a hablarnos de las “víctimas” del franquismo. Los hay que dicen preocuparse por lo que va a suceder el 2 de octubre, si el referéndum no se celebra o si se llegara a celebrar, pero fuere anulado automáticamente. Se esperan grandes manifestaciones, alteraciones del orden, salvajadas e incluso ocupaciones de organismos públicos. No niego su posibilidad, especialmente a cargo de estos individuos de la CUP, si señores, estos mismos que han tenido la cara de imprimir unos pasquines con la cara de Leopoldo López, el injustamente encarcelado opositor del tirano Maduro al que, alevosamente, los trasmutan en un sosia del Che Guevara para tratarlo de ¡asesino! Mayor cara dura y descaro no se puede esperar más que individuos cuyos únicos méritos son el ser expertos en cometer actos vandálicos y ser carne de presidio.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la impresión de que, si a estas personas del separatismo y de la izquierda de Podemos, como ha demostrado la propia Carmena cometiendo un fallo garrafal en el que se ha jugado su prestigio, al negar a poner una pancarta recordando el asesinato de M.A. Blanco cometido por la banda terrorista ETA; se les deja mostrarse tal y como son, pronto perderán la aureola de redentores del proletariado de la que han pretendido adornarse. La insensibilidad de los comunistas es proverbial y sólo aquellos que no los conocen o que son de su misma catadura, pueden dejarse engañar por sus adoctrinamientos, en los que pretenden presentarse como demócratas cuando, la realidad, demuestra que se trata de una colección de opresores dictatoriales, cuyos métodos están basados en los soviets del señor Stalin. La Historia se ha encargado de desenmascararlos.

Víctimas, según Carmena

Isabel San Sebastián. ABC 15 Julio 2017

La alcaldesa de Madrid ha rehusado colgar de «su» Ayuntamiento un cartel de homenaje a Miguel Ángel Blanco, alegando que con ese gesto habría agraviado a otras víctimas tan dignas como el concejal asesinado. No explica la señora regidora por qué, entre todos los colectivos que padecen marginación, sí ha podido discriminar positivamente en la fachada del consistorio a los refugiados, las mujeres que sufren violencia o los miembros de la comunidad LGTB, aunque a efectos de esta columna esa constatación es irrelevante. Lo verdaderamente importante aquí es lo que Manuela Carmena entiende por «víctimas del terrorismo». Y la respuesta se encuentra en un «Informe sobre Vulneración de Derechos Humanos en el Caso Vasco, 1960-2013», elaborado por cuatro supuestos «expertos» encabezados por ella bajo los auspicios del gobierno autonómico. Una verdadera joya.

Después de exhibir cinismo a lo largo de catorce páginas, el texto propone «poner en marcha los mecanismos específicos que, por un lado, clarifiquen los atentados de ETA no esclarecidos, la realidad y extensión de la extorsión económica y el número de personas que abandonaron el País Vasco por la violencia de persecución; y por otro, investiguen las violaciones de los derechos humanos no clarificadas y cometidas por las fuerzas de orden público, o por grupos violentos ya fueran estos controlados o incontrolados, así como cualquier otra práctica legislativa, ejecutiva o judicial que hubiera podido desembocar en vulneración de los derechos humanos». A guisa de recomendación final, su ilustre señoría y demás firmantes escriben: «según los estándares internacionales no todos los sufrimientos pueden considerarse vulneraciones de derechos humanos. Esto no significa que no deban tenerse en cuenta desde una perspectiva de sanación social. Piénsese en el ámbito familiar. El padecimiento de cada miembro de la familia de alguien que se ha visto amenazado, extorsionado o difamado por ETA. El padecimiento añadido de las familias de los presos, o el de cada una de las familias de las 40.000 personas detenidas, de las que, según Interior, menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA. Pero, sobre todo, téngase en cuenta que 277 personas más han perdido la vida de muy diversas maneras en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia: suicidios, enfrentamientos, manipulando su propio armamento, por disparos fortuitos entre cuerpos policiales... Aunque todo ello no puede considerarse en sentido estricto vulneración de derechos humanos, forma parte de la memoria de lo sucedido. El equipo redactor constata la necesidad de analizar y reconocer también esta realidad y lo recomienda explícitamente».

O sea, que de haber exhibido en el Ayuntamiento una fotografía de Miguel Ángel, la señora alcaldesa se habría sentido obligada a colocar a su lado una de Txapote. O del padre de Txapote, a quien el repugnante asesino etarra pudo visitar en su domicilio hace unos días. O acaso de Egoitz Gurrutxaga Gogorza, reventado en 2002 por la dinamita que llevaba en la mochila. O de cualquiera de los terroristas que han denunciado torturas siguiendo el manual de instrucciones de la banda. En caso contrario, y de acuerdo con su peculiar visión del «Caso Vasco», habría estado discriminando a unas víctimas respecto de otras. ETA ha asesinado a lo largo de su infame historial a 858 inocentes, en su mayoría guardias civiles, policías y militares, muchas de cuyas familias aún esperan justicia. Todos y cada uno de ellos merecen honras idénticas a las de Miguel Ángel Blanco, aunque la mayoría no disponga de una fundación dedicada a reivindicar su memoria. A todos debemos los españoles gratitud por su sacrificio. Pero los escrúpulos de la alcaldesa nada tienen que ver con eso. Lo suyo es equidistancia… en el mejor de los casos.

LOS INTELECTUALES Y ESPAÑA / DANIEL INNERARITY
"Las tensiones territoriales muestran que España es plurinacional"
RAÚL CONDE El Mundo 15 Julio 2017

Hace justo un año, el entonces ministro de Economía y hoy presidente francés, Emmanuel Macron, convocó a un grupo de intelectuales para debatir sobre el futuro de la socialdemocracia. Daniel Innerarity, presente en esa reunión, defendió que los antagonismos tradicionales, como el eje izquierda-derecha, «ya no sirven para encarar las transformaciones sociales y evitar el auge de los populismos». En 'La democracia en Europa' (Galaxia Gutenberg), su último libro, advierte de que la edad de oro de los Estados-nación ha llegado a su fin y subraya la necesidad de democratizar la toma decisiones en la Unión Europea. Innerarity, erigido en un filósofo político de referencia, fue elegido por 'Le Nouvel Observateur' como unos de los pensadores más influyentes del mundo.

¿España es un Estado plurinacional?
Depende de cómo quiera España definirse a sí misma. Las naciones son identificaciones que dependen de que los identificados las sostengan. Las tensiones que tiene España describen un Estado poliárquico muy diferenciado y a mí eso me gusta llamarlo plurinacional. Plurinacionalidad equivale a articular la diversidad en una cierta uniformidad.

La Constitución distingue entre regiones y nacionalidades. ¿Por qué ahora escama el término plurinacional?
Deberíamos tenerlo asumido pero en España seguimos pensando que a una nación le corresponde un Estado, y que ese Estado tiene que tener un poder soberano. Nos equivocamos.

Muñoz Machado recordaba en EL MUNDO que el TC ha confirmado reiteradamente que el concepto nación está vinculado a la titularidad de la soberanía. ¿Es compatible la plurinacionalidad del Estado español con la defensa del artículo 2 de la Constitución?
Ese artículo es más un deseo que una realidad. Es evidente que muchísimas de las decisiones que aceptamos no tienen el origen en la soberanía del pueblo español: estamos en entornos europeos, con tratados de comercio internacionales... ¿Por qué no nos fijamos más en la realidad y desacralizamos un tanto los textos? Además, en España ya hay elementos de soberanía compartida. Yo vivo en Navarra y tenemos soberanía fiscal, que implica que hay un punto no menor de las competencias de una autonomía en el que el Estado y el Gobierno foral tienen la obligación de ponerse de acuerdo. ¿Eso cómo casa con la soberanía entendida de una manera esencialista, tal como la formula el artículo 2 de la Constitución?

Pero la foralidad navarra y el concierto vasco estaban pensados como un punto de llegada, no de partida, en la arquitectura territorial.
El precedente vasco demuestra que es posible, 40 años después, convivir compartiendo soberanía.

Usted ha dicho que nadie en Europa entiende que en Cataluña no se pueda votar. Pero es la misma Europa en la que tanto Alemania como Francia no permiten la secesión de ninguno de sus territorios.
No es un elemento menor que la democracia más vieja de Europa, la británica, permita el tratamiento político de las demandas colectivas persistentes en el tiempo. Las construcciones políticas están hechas para evitar la arbitrariedad y las ocurrencias, pero tienen que dar cauce a realidades persistentes. Siempre insisto: no hay que crear más problemas de los que tiene la sociedad. La vida corriente discurre por la negociación y en las zonas grises del entendimiento, incluso de la chapuza. Sin embargo, entendemos la vida política como algo imponente, rotundo. No avanzaremos en términos de convivencia si no exploramos los espacios de intersección. Pensar que el elevado número de catalanes y catalanas que se quiere ir de España es un problema artificial es desconocer una realidad. Otra cosa es que no existía hace unos años. La solución no pasa necesariamente por el plebiscito de irse o quedarse, pero tampoco sólo por la apelación al marco legal.

¿Reconocer naciones culturales, como ha hecho Pedro Sánchez con Cataluña, ayuda a encontrar soluciones duraderas para la organización del Estado?
No he entendido nunca la expresión nación cultural. La nación es un principio político, lo que no significa que conduzca a la consecución de un Estado. Si yo me siento nación no es porque me guste una lengua o unos bailes regionales, sino porque quiero que se respete un principio de autogobierno y que esa subjetividad tenga un reconocimiento. Eso no es folklore. Hay que tomárselo en serio. Nos disminuyamos las dimensiones del asunto para hacerlo más manejable o para que lo acepten los barones socialistas.

¿La salida para Cataluña es convertir a España en una confederación?
En el pluralismo constitucional del Estado español hay elementos centralistas, autonómicos, federalizantes y confederales. Los vascos y navarros, cuando oímos hablar de federalismo, pensamos es que nos quieren rebajar el nivel de autogobierno. Porque tanto el País Vasco como Navarra ya se rigen, de facto, por un principio confederal. Los derechos históricos que obligan a pactar con el Estado muchas cosas son un elemento progresista. ¿Se ha hecho en Madrid en serio la reflexión de por qué en el País Vasco y Navarra hay menos pasión por la independencia que en Cataluña? Hemos acertado a encontrar fórmulas que permiten una convivencia de lo heterogéneo, que nos sitúan en un horizonte de bilateralidad. Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores, acaba de admitir que cuando España firme tratados internacionales que afecten a competencias que el País Vasco tiene en exclusiva, el Gobierno vasco debe estar presente.

Urkullu, en Barcelona y ante Puigdemont, se mostró partidario del 'derecho a decidir'.
Es muy difícil que en el País Vasco se dé una situación como la de Cataluña. Urkullu quiere extender la lógica del concierto fiscal a un ámbito político, es decir, que los mecanismos que rigen en la soberanía fiscal -incluida la obligación de ponerse de acuerdo entre Madrid y Vitoria- puedan ampliarse a otros asuntos competenciales en los que hay desacuerdo.

¿Tiene sentido luchar por la nación vasca, catalana o gallega en un entorno europeo en el que la integración sigue siendo su principal reto?
Sí, de la misma manera que tiene sentido luchar por Barcelona, por Vallecas o por mi pueblo. Lo que está poniendo en jaque la viabilidad de la UE es el excesivo protagonismo que tienen los nacionalismos de Estado. Europa no está amenazada por Escocia o Cataluña, sino por el veto alemán a la unión bancaria, por la inmovilidad francesa o por el Brexit. En España cuando se habla de nacionalismo siempre se piensa en Cataluña, pero también hay otro de Estado.

¿Hay que reinventar la democracia más allá de los límites del Estado-nación?
El Estado-nación, con algunas páginas negras, ha sido un gran invento de convivencia política. Tuvo un comienzo, con las revoluciones modernas, y tuvo un final como periodo dorado. Ahora los Estados-nación están muy incómodos porque intuyen que el nuevo juego le va a ser muy desfavorable. En la Europa de dentro de 50 años seguirán existiendo Baviera, Cataluña, el espacio vascoaquitano, París, Roma, Burdeos... Pero los Estados nacionales tendrán un peso mucho menor que ahora.

En su último ensayo, La democracia en Europa, sostiene que la agenda europea "debería despedirse de la semántica de la armonización y la unidad para transitar hacia un tipo de democracia más compleja". ¿Esto en qué se traduciría?
La mayor parte de los conceptos que nosotros utilizamos en política -soberanía, poder, territorio, representación, legitimidad- surgieron en un momento en el que las sociedades eran simples, homogéneas, autárquicas y delimitadas. Ya no tenemos nada de esto hoy. Ahora hay sociedades muy complejas, que interactúan entre sí, que están desprotegidas porque no pueden poner barreras a nada y con un enorme pluralismo. Dejando a un lado la política cotidiana, debemos hacer un esfuerzo de renovación conceptual.

¿La falta de narrativa en Europa tiene más que ver con la desastrosa gestión de la crisis del euro o con la falta de una filosofía política en la UE?
Tiene que ver con que el concepto de Unión Europea que pone en marcha Monnet valía para un tiempo en el que había una gran desconfianza hacia las ideologías y para sociedades que no eran de fiar, la alemana que eligió a Hitler y la francesa, que había colaborado con los nazis. Para esa Europa pequeña, la idea de Monnet fue una maravilla. Consiguió lo que quería: la paz, la prosperidad y el asentamiento de la democracia. Pero ya no vale como instrumento de legitimización porque nuestros hijos dan todo eso por descontado. La UE debe cambiar su esquema, pero incorporando a la ciudadanía. ¿Cómo? Es muy difícil. Pero no sirve con que se junten cuatro líderes y decidan el futuro del continente. Como dijo Habermas, la política debe liberarse del miedo demoscópico, es decir, los políticos deben mirar más el largo plazo, como ha hecho Merkel con los refugiados o hizo Kohl.

Macron, dijo en su discurso de investidura que «los Estados tienen que proteger, pero parte de esa protección tiene que llevar el sello europeo». ¿Eso significa que hay que acabar con la política de austeridad?
De hecho, ya se está acabando con ella. Macron tiene un programa de relanzamiento de inversiones públicas. Y el control del déficit en España y otros países permite ir a estrategia de relanzamiento del sector público. Estamos en un escenario de cambio. No podemos seguir como hasta ahora.

¿España hace bien apoyando el tratado comercial entre la UE y Canadá (CETA)?
Sí. El mundo necesita acuerdos de comercio sofisticado que incluyan los estándares medioambientales y de protección de los derechos laborales de Europa. En política no se elige entre el bien y el mal. Cuanto antes lo entiendan los socialistas, mejor.

¿Podemos es el heredero del 15-M o el partido que se ha apropiado de la causa de los indignados?
No lo sé. Pero sí sé que la existencia de Ciudadanos pone de manifiesto que el eje izquierda-derecha es muy persistente. Y que hay un 15-M de derechas y otro de izquierdas.

¿La pretensión de Uxue Barkos es anexionar Navarra al País Vasco?
Ella ha dicho que es una presidenta abertzale en una comunidad que no lo es. Significa que no ha renunciado a ninguna de sus aspiraciones ideológicas pero admite que la última palabra la tiene la ciudadanía. Barkos irá al ritmo que le marque la sociedad. En Navarra, la mitad de los niños están escolarizados en euskera y el 20% de la población sabe euskera. No puede ser, por tanto, que en los ayuntamientos haya funcionarios que no sepan euskera.

¿Qué pasó en Alsasua?
Por lo que sé, y el alcalde de Alsasua es amigo mío, aquello fue una pelea a unas horas de la madrugada que, como toda agresión, me parece abominable. Pero no se puede tratar como un delito de terrorismo porque implica una excepcionalidad y una crispación añadida a un problema que se puede resolver en la Audiencia de Navarra. Hasta donde yo sé, no hubo una motivación terrorista. ¿O todo lo que le hagan a un guardia civil es un acto de terrorismo?

¿Por qué los herederos políticos de ETA aún no han sido capaces de condenar el terrorismo?
En el plano político, Bildu y todo lo que representa hace ya tiempo que reconoció, por tacticismo o por convicción, que la violencia fue un error. Esto no me parece suficiente en el plano ético. La izquierda abertzale debería dar un paso más si quiere que el resto de la sociedad entendamos que la cuestión de los presos debe tener un tratamiento más suave. Yo estoy en contra de la dispersión de presos, es una pena añadida que ya no tiene sentido.

Edurne Portela dijo en estas páginas que el discurso reciente sobre no remover el pasado de ETA va en detrimento de crear una sociedad mucho más cívica en el País Vasco.
Cuando pasan cosas tan graves como en Euskadi y eso se detiene, hay un momento inicial en el que la gente quiere vivir de otra manera. Pero eso es compatible con trabajar la memoria. Hay tres tipos de relatos: el de los historiadores, el de los periodistas y el de las familias. En los ámbitos privados no podemos entrar, pero sí podemos exigir que el relato público sea de una determinada manera.

El PNV sigue siendo el partido hegemónico de la política vasca, pero Convergència va camino de dejar de serlo en Cataluña. ¿A qué se debe?
A que el PNV ha hecho una buena lectura de la sociedad vasca. Y a que obtiene una buena puntuación en los cuatro parámetros principales: identificación con el país, eficacia en la gestión, ética pública y sensibilidad social. Si un partido, el que sea, da buena nota en estos puntos, resiste la volatilidad.

Hechos consumados
Nota del Editor 15 Julio 2017

Esta entrevista habria que analizarla línea por línea y tumbar todos sus planteamientos que no tienen ni piés ni cabeza, se asume lo ocurrido como inevitable, y así siguen destruyendo España, cada vez un poco mas, sin vuelta atrás. Y los españoles, si es que eso significa algo, cada uno por su lado, a ver quien se lleva la mejor parte. Es algo parecido al economista que no analiza las partidas de gasto, todas buenas, cada año mayores, y pretende solucionar todo aumentando impuestos.

A pesar de los 16.200 millones derrochados por las instituciones vascas en la imposición de su utillización y de su aprendizaje
El uso social del euskera se estanca alrededor de un pírrico 12%
www.latribunadelpaisvasco.com 15 Julio 2017

En los últimos diez años el uso del euskera en la calle ha decrecido, en todos los niveles, en todas las edades y en todos los grupos sociales.

Desde 1989, las instituciones vascas se han gastado la friolera de 16.200 millones de euros en imponer el aprendizaje y el uso del euskera entre los ciudadanos de la comunidad. Al parecer, con unos resultados lamentables pues, en ese mismo tiempo, la utilización del vascuence en las calles de Euskadi apenas se ha incrementado en unos pírricos 1,8 puntos, pasando del 10,8% en 1989 a un 12,6% en 2016. Así se desprende del último estudio hecho público por el Cluster de Sociolingüística, que es el principal centro de investigación sobre el desarrollo social del euskera.

(Tan brutal es la inversión pública realiza alrededor del euskera que la artificial e infructuosa implantación social de este idioma supone el 4,2% del PIB de la comunidad, según datos proporcionados hace algunos meses por el hoy ex viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco, Patxi Baztarrika. De hecho, la lengua que apenas es hablada por algo más del 10% de la población vasca da empleo a nada menos que 56.142 vascos).

El informe del Cluster de Sociolingüística revela también un dato todavía más preocupante para quienes pretenden convertir a machamartillo el vascuence en “el idioma de los vascos”: en los últimos diez años el uso del euskera en la calle ha decrecido, en todos los niveles, en todas las edades y en todos los grupos sociales.

Concretamente, la medición realizada en 2016 por el Cluster de Sociolingüística sobre el uso de las lenguas en las calles de Euskadi ha dado como resultado que el español es, de una forma aplastante e indubitable, “el idioma de los vascos”: lo utiliza habitualmente el 76,4% de los ciudadanos, seguido del euskera con un 12,6% y el francés, con un 8,3%.

Dentro de su escasa utilización entre la población, el mayor uso del euskera se registra en Guipúzcoa, con un 31,1 %; en Vizcaya, el uso es del 8,8%; en Navarra, del 6,7 %; y en Álava, del 4,6 %.

El empleo del euskera en la calle de las capitales del País Vasco y de Navarra ha seguido la misma tendencia que en las respectivas comunidades, salvo en el caso de Pamplona, donde el empleo de este idioma se mantiene desde 1997 en un ínfimo 2,5%. La utilización del euskera en Vitoria es prácticamente irrelevante, en Bilbao ha bajado su empleo desde 2001 y en San Sebastián lleva diez años de decadencia.

UNA LÍNEA MAGINOT A LA ESPAÑOLA
El Cinturón de Hierro, el fracaso que permitió la conquista de Bilbao
Juan E. Pflüger Gaceta.es 15 Julio 2017

Acaban de derribar la Cruz de los Caídos de Larrabetzu. Un monumento que recordaba a los muertos durante la campaña del norte (1937) durante la Guerra Civil.

Ahora, los restos de este monumento, levantado en plena guerra, serán reutilizados para erigir otro, dedicado a la memoria de los “gudaris vascos” que supuéstamente habrían defendido la ciudad de Bilbao desde el Cinturón de Hierro.

Es decir, que pretenden imponer unas víctimas sobre las otras, en lugar de mantener los dos monumentos. Pero, tras esta decisión del Ayuntamiento de Larrabetzu -que ha costado cuatro heridos- está, nuevamente, una historia tergiversada por la izquierda que pretende vender el Cinturón de Hierro como una gran obra de la República, y no como un nuevo fracaso de su estrategia militar.

Nada más comenzar la Guerra Civil, el Gobierno de la Segunda República decidió crear una línea defensiva de ochenta kilómetros de longitud que defendiera Bilbao de una posible conquista por parte de las tropas nacionales. El interés de esta ciudad vasca estaba en que poseía la más importante industria pesada de España, fundamental para el esfuerzo bélico de una contienda que ya se sabía que sería larga.

Los trabajos de construcción fueron encargados al ingeniero Alejandro Goicoechea, que pocos días antes de la ofensiva del Ejército Nacional se pasó al bando atacante con los planos de las instalaciones que demostraban que, tras haber invertido más de cincuenta millones de pesetas, solamente se habían completado en un 40%.

También explicó que de los 14.000 trabajadores empleados en las obras, una tercera parte era mano de obra exclava formada por prisioneros vascos considerados enemigos de la República. El alto mando nacional, a cuyo frente estaba el general Fidel Dávila, también supo que en la defensa habría más de 75.000 soldados. La mayoría eran miembros del Gudarostea -Ejército Vasco formado por el PNV- y una tercera parte eran socialistas y comunistas y un pequeño número de anarquistas.

Las tropas destinadas por los nacionales para el ataque a penas llegaba a los 18.000 efectivos. Un número muy limitado aunque tuviesen un importante apoyo aéreo y artillero. Por eso, el Cuartel General de Franco fue elevando el número de soldados hasta los 60.000.

La ofensiva de las tropas nacionales comenzó el 31 de marzo de 1937, poco después de los bombardeos de Guernica y Durango, que eran pasos previos necesarios para cortar el acceso de suministros para la defensa de Bilbao.

El primer ataque al Cinturón de Hierro fue lanzado con casi 20.000 efectivos, golpeando en los puntos más débiles según los planos aportados por Goicoechea. Los atacantes consiguieron abrir una brecha de casi un kilómetro por la que entró el grueso de las tropas atacantes. Por allí pudieron también introducir la artillería menos pesada para situarla de tal manera que se pudiera atacar la defensa perimétrica de la ciudad.

Las órdenes de los bombardeos fueron tajantes: solamente objetivos militares. No querían correr el riesgo de destruir una industria que les era necesaria para el esfuerzo bélico posterior. Por eso, la propaganda republicana posterior a la toma de Bilbao es falsa. No hubo bombardeos intencionados sobre población civil.

La caída de la ciudad se produjo el 18 de junio, después de que la artillería y la aviación de los nacionales arrasara las defensas de la ciudad. Mientras tanto, los “gudaris vascos” a los que ahora se pretende levantar un monumento con los restos de la Cruz de los Caídos demolida en Larrabetzu, tomaban dos decisiones muy distintas. Un grupo decidió abandonar España y escapar a Francia, desde donde nunca volverían para luchar. Otro grupo, el más numeroso, se pasó al bando nacional alistándose en las banderas carlistas.

La caída del Cinturón de Hierro y la toma de la ciudad de Bilbao permitió que el Ejército de Franco tuviera el camino allanado para completar la campaña del norte, avanzando rápidamente hacia Santander y Gijón.

La ‘abuela patriota’ que planta cara a los abertzales
La Gaceta  15 Julio 2017

Silvia Baleztena ha sido ovacionada tanto en la calles como en las redes sociales por plantar cara a los abertzales durante estas fiestas de San Fermín.

La mujer, bautizada como la ‘abuela patriota’, colgó una bandera de España en el balcón de su casa en el chupinazo de las fiestas.

Valentía y determinación, esos son los calificativos que definen la actitud de Baleztena, una defensora de la unidad de España y orgullosa de la tradición navarra.

Posiblemente haya sido esa ausencia de cobardía la que ha provocado que unos individuos hayan comenzado una campaña de acoso y derribo contra la mujer. Su defensa de la enseña española le ha valido un ataque en su propia casa.

Un grupo de abertzales que se encontraban en las inmediaciones de su domicilio se percataron de que la bandera de España ondeaba en el balcón y no tuvieron reparos en arrancarla. Los radicales comenzaron entonces a insultarla y a lanzar “todo tipo de objetos” contra la vivienda.

Numerosos jóvenes que presenciaban la lamentable escena abroncaron la actitud de los abertzales. Estos, lejos de detener la violencia contra Baleztena, respondieron agrediendo a dos chicas que no habrían querido denunciar lo sucedido.

Los violentos justificaban su comportamiento alegando que la ‘abuela patriota’ les estaba faltando el respeto y provocando por desplegar la rojigualda.

Estos radicales de izquierda, el alcalde Bildu y las miles de personas que se han concentrado este viernes durante la clausura de Sanfermines para defender a los agresores de Alsasua, se merecen la mayor de las broncas, no solo de La Gaceta, sino de toda la ciudadanía.

SILVIA BALEZTENA
Atacan la casa de la anciana de Pamplona que ondeó la rojigualda en los Sanfermines
La Gaceta  15 Julio 2017

Silvia Baleztena, la ‘abuela patriota’ de Pamplona, ha sido víctima del hostigamiento de la izquierda abertzale ante la inacción de las instituciones.

El acoso y derribo al que la izquierda abertzale tiene sometida a Silvia Baleztena, la ‘abuela patriota’ que ondeó la rojigualda en los Sanfermines, no cesa. El último ataque ha tenido lugar este miércoles, cuando un grupo de abertzales que se encontraban en las inmediaciones de su domicilio se percataron de que la bandera de España ondeaba en el balcón y no tuvieron reparos en arrancarla. Los radicales comenzaron entonces a insultarla y a lanzar “todo tipo de objetos” contra la vivienda, tal y como informa la Agencia Faro.

Numerosos jóvenes que presenciaban la lamentable escena no dudaron en recriminar la actitud de los abertzales. Estos, lejos de detener la violencia contra Baleztena, respondieron agrediendo a dos chicas que no habrían querido denunciar lo sucedido.

Los violentos justificaban su comportamiento alegando que la ‘abuela patriota’ les estaba faltando el respeto y provocando por desplegar la rojigualda.

Sin embargo, cabe recordar que los sanfermines de 2017 comenzaron el pasado seis de julio con el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, en el que se ha colocado este año una ikurriña junto a las banderas oficiales, acto que ha sido recurrido por la delegación del Gobierno en Navarra por tratarse de un “acto contrario a la legalidad vigente”.

Al lado de las banderas de Pamplona, Navarra, España y Europa, el equipo de Gobierno municipal, presidido por EH Bildu, ha izado la bandera vasca una vez que el Parlamento navarro derogase en primavera la Ley Foral de Símbolos que la prohibía.

Instantes después, Silvia Baleztena respondió a los proetarras ondeando una bandera de España desde el balcón de su casa, acto que realiza cada año con orgullo. Los allí presentes comenzaron a jalearla al grito de “¡Viva España!” Y “¡Olé tus huevos!”.

A pesar de que llevan años siendo víctimas de la izquierda abertzale, cada 11 de agosto los Baleztena colocan una bandera de España en su domicilio del municipio de Leiza, ubicado frente al Ayuntamiento, donde también se expone habitualmente la bandera de la región vasca. En varias ocasiones, los abertzale han trepado hasta el balcón y han quemado la rojigualda, ataque que no impedirá que este año la familia Baleztena vuelva a desplegar la enseña nacional.

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