AGLI Recortes de Prensa   Viernes 28 Julio 2017

La discriminación del español como política transversal
EDITORIAL Libertad Digital 28 Julio 2017

Verdaderamente, es de no creer; pero está sucediendo desde hace ya décadas. España, en esto, sí es bochornosamente diferente.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha declarado la nulidad parcial del decreto regional que establecía el modelo lingüístico en la enseñanza pública y concertada para el próximo curso. Los magistrados han tomado esa decisión al considerar que la norma vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Carta Magna.

Según el tribunal, el Gobierno del socialista Ximo Puig iba a discriminar a los alumnos que optaran por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligieran el valenciano como lenguavehicular, ya que estos últimos recibirían más horas de docencia en inglés.

Una vez más, son los jueces los que tienen que instar a los poderes públicos a respetar derechos fundamentales de los ciudadanos, conculcados de manera muy especial con la inmersión lingüística, que se promueve, sin excepción, en todas aquellas comunidades autónomas en las que, además del castellano, se habla otra lengua española. Ahora no es en Cataluña –territorio donde el español lleva décadas desterrado de la vida pública– sino en Valencia donde es necesario apelar a la Justicia para poder ejercer el derecho esencial a recibir instrucción en la única lengua común de todos españoles, que es la misma que tienen en común todos los valencianos.

Para mayor oprobio del Gobierno, la resolución del TSJV se produce no a instancias de la Fiscalía o la Alta Inspección del Ministerio de Educación, sino tras un recurso planteado por un sindicato independiente de funcionarios (CSIF), sin el cual este atropello habría quedado impune.

La discriminación de los castellanoparlantes es un ominoso hecho constatado en media España, y la perpetran Gobiernos de todo signo, de derechas y de izquierdas, nacionalistas y no nacionalistas. Verdaderamente, es de no creer; pero está sucediendo desde hace ya décadas. España, en esto, sí es bochornosamente diferente.

¿De verdad salió tan airoso Rajoy?
José Luis González Quirós www.vozpopuli.com 28 Julio 2017

Una parte significativa de la prensa ha despachado la comparecencia de Rajoy ante el tribunal de la Gürtel I el miércoles pasado considerando que don Mariano salió airoso del trance. Debo confesar miasombro sin límites ante tal estimación. Es verdad que, para obtener ese supuesto triunfo, le ayudaron abogados no demasiado brillantes, jueces tan puntillosos como timoratos, periodistas complacientes, y políticos de medio pelo, pero no querría que le ayude también una desmemoria colectiva brutal, y para evitarlo, me basta con recordar lo siguiente: el 15 julio de 2013, después de que se hicieran públicos los mensajes que había enviado a Luis Bárcenas, Mariano Rajoy explicó ante los medios de comunicación que lo que esos mensajes revelaban era que él mismo –y, de algún modo, el Estado simbolizado en su persona- habían sido víctimas de un chantaje al que no se había sometido. Debía tratarse, en todo caso, de un chantaje peculiar, pues el presidente no dio cuenta del mismo ni a la policía ni al CNI, ni a nadie, parecía dar a entender que lo aguantó valientemente y a píe firme, en solitario, con la madera de líder que nadie osaría negarle. Muy por el contrario, ayer, en sede judicial, el presidente del Gobierno explicó que había respondido a esos mensajes “porque tengo la costumbre de responder a los mensajes que me manda la gente y porque tienen mi teléfono. Eran mensajes en los que él (Bárcenas, el otrora chantajista) expresaba sus dificultades y que estaba en una situación compleja. Y eso es todo, podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado… Uno manda muchos mensajes”.

El porquero de Agamenón
En la cultura española es proverbial la afirmación de Juan de Mairena de que la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Rajoy ha hecho trizas ese teorema, porque la verdad es lo que él diga, incluso cuando diga una cosa y su contraria, y para ello puede utilizar una frase u otra cualquiera, lo que le coloca en el nivel de Humpty Dumpty, por seguir con las referencias literarias. Pero, para el hombre común, sigue siendo válida la idea de que dos afirmaciones contrarias no pueden ser al mismo tiempo verdaderas. Yendo al caso, podemos no saber si Rajoy cobró o no cobró de Correa y/o de Bárcenas parte de lo que estos les sacaban a empresas hábiles en la obtención de concesiones, pero lo que de ninguna manera podemos no saber es que Rajoy ha mentido de manera extremadamente airosa, y quizás sea a esto es a lo que se refieran esos comentaristas tan complacientes.


Se trata de una evidencia incontestable, que le habría creado problemas nada menores en manos de instituciones menos babeantes y/o de políticos menos prisioneros de la improvisación, porque es fácil comprobar que lo que Rajoy dijo en julio de 2013, que estaba siendo chantajeado y se defendía con bravura, es rigurosamente incompatible con lo que declaró el miércoles pasado ante el complaciente tribunal y los desprevenidos abogados.

Una de dos, o mintió en julio, desde la sede de la Presidencia del Gobierno, o mintió después, aunque cabe que haya mentido en ambas ocasiones: se puede escoger cuándo y cómo mintió, pero no se puede negar que lo ha hecho, con evidente soltura.

¿Qué defiende el PP?
Cualquier persona con una idea medianamente exigente de su dignidad personal y política deberá reconocer que existe una incompatibilidad lógica y moral entre la mentira y los ideales que defiende. Cuando la defensa de esos supuestos ideales exige la mentira e impone a todos sus partidarios la rigurosa obligación de tragar ruedas de molino, y de mirar a otra parte, hay que deducir una de dos cosas, o que lo que se dice defender es tan falso como las mentiras que se emplean en su sostén, o que en lo único que se cree es en el poder, más allá de cualquier legitimidad, en un poder endiosado casi capaz de hacer de las piedras pan, como lo era el dinero de don Francisco de Quevedo.

Esta adoración al poder por el poder es la negación más frontal que quepa imaginar de cualquier idea liberal, de cualquier pretensión democrática, porque supone que no es la legitimidad lo que hace soportablemente llevadero al poder, sino que el poder es la única fuente de legitimidad, que es lo que piensa, por ejemplo, Maduro, y a ello se aplica con denuedo. Si seguimos así, tendremos una izquierda confesamente madura y una derecha que lo es de manera un poco más, aunque no mucho, disimulada, y eso podría explicar, tal vez, porque se pueden acabar entendiendo en lo esencial.

Un ciudadano libre y razonablemente conservador tiene que sentir vértigo ante esta usurpación política de sus ideales, ante la mera pretensión de que España pueda sobrevivir institucional y cívicamente a esta entronización de una mentira política que se manifiesta con toda su obscenidad en la conjunción de declaraciones rigurosamente incompatibles, y con toda probabilidad completamente falsas, de un presidente en activo y hechas con alevosía en dos sedes institucionales que merecerían un mínimo de respeto, en la presidencia del gobierno y en la sala judicial.

Un partido a la deriva
No es de extrañar que el PP, estando en las manos en que está, se dedique a aplaudir con entusiasmo todas las iniciativas que le hermanan con quienes se debiera suponer sus rivales políticos, con todo aquello que les parece no afectar a la gobernabilidad, es decir a su permanencia en el machito.

Así su entusiasta promoción de un pacto de estado sobre violencia doméstica en el que se ocultan, junto a determinadas medidas razonables, desechos de tiento, medias verdades y tópicos de gran circulación, como la falsa moneda. ¿Se imagina alguien a un político de la izquierda renegando sistemáticamente de la igualdad absoluta, de la maldad del capital, o de las bondades del Estado? Pues este PP que hemos de soportar con infinita resignación se dedica precisamente a eso con un entusiasmo digno de la mejor causa. De paso, en el malhadado pacto se ponen en cuestión principios que ninguna persona medianamente sensata debiera de poner en cuarentena, pero al PP eso le sale de barato para que Rajoy pueda lucir de progresista a la salida de un juicio en el que ha quedado tan airoso: no deja de ser un bello símbolo que la insistente declaración de su voluntad de servir a la justicia se haya proclamado en la presentación de un pacto que solo va a servir para poner algo de árnica a la agónica carrera rajoyana en pro de su perpetua inmunidad.

Coda catalana
El mismo día en que Rajoy consigue salir airoso de una supuesta encerrona, el Parlamento catalán se cisca en la Constitución, las leyes, las normas parlamentarias y hasta en una educación mínimamente correcta, para poder declarar, cuando se le ponga, la independencia de Cataluña, exactamente con la misma soltura con la que Rajoy proclama lo que sea menester a sus intereses. En ambos casos hay una idéntica falta de respeto a la realidad, al buen sentido de los ciudadanos, a la ética sin la que la política se convierte en una rama especializada de la delincuencia. Esa casual coincidencia es un buen símbolo de nuestras desdichas políticas, pese a lo cual, no hay que renunciar a la esperanza, porque las mentiras, así sean personales como políticas, tienen las patas muy cortas.

LAS INJUSTICIAS EN ESPAÑA y LAS 35 HORAS DE LOS EMPLEADOS OFICIALES
Antonio García Fuentes Periodista Digital 28 Julio 2017

Entre los infinitos privilegios que aquí tienen “todos los que entran a comer de la teta del Estado y desde el rey hasta el sepulturero”; ahora hay un nuevo “follón” sobre si los empleados oficiales han de trabajar (y lo de trabajar es un decir, puesto que muchos es que van a la oficina (si es que van) y allí o no hacen nada o hacen lo que aquí denominamos, “la nini nana”) 37 o 35 horas semanales, cosa que en justicia y ante la tan cacareada Constitución, debiera ser ilegal y por tanto suprimida.

¿Por qué de ello? Por muchas cosas y de las que detallo algunas.
La legislación laboral, establece de forma general que son cuarenta las horas semanales que tiene que trabajar, cualquier asalariado. ¿Por qué ello no alcanza a “los millones” de empleados públicos (“muchos de ellos metidos en nómina de forma arbitraria y por los subterfugios que aquí abundan más que las moscas”). ¿Es que el empleado público no ha sido parido por mujer al igual que los otros? ¿Por qué entonces esos privilegios y sea en el cargo que sea?

Por otra parte y debido también a “las leyes del embudo que tanto abundan en la siempre dictatorial España”, hoy cobrar un salario digno y que permita vivir dignamente, es dificilísimo y cada cual obra como puede y “traga carros y carretas simplemente para ir sobreviviendo”.

Como ello y en justicia es un abuso más, se puede considerar como algo insólito, ya que hoy y por motivo de esas leyes y otras de “supervivencia”; el puesto de trabajo, si lo encuentran, ya que el trabajo escasea cada vez más, para conseguir al salario mínimo interprofesional o incluso menos, el que lo acepta cobra sueldos de miseria y que apenas le permiten vivir y a pesar de trabajar en muchas ocasiones bastantes más horas que las legisladas y que son ocho horas diarias y cuarenta a la semana; por tanto el tema laboral (salvo en los millones de otros enchufados a la sucia política que aquí impera) está tan cargado de injusticias, que habría que reformarlo pero de verdad en forma mucho más justa y equitativa, teniendo en cuenta no solo al que trabaja, sino al que ofrece el trabajo, que en muchos casos es que si pagara todo lo que le exigen, tendría que cerrar el negocio, cosa que sería un desastre nacional.

La realidad es que se ha creado un Estado depredador e injusto en grado superlativo, puesto que se llega hasta el confiscatorio estado de impuestos como los denominados DE PATRIMONIO Y DE SUCESIONES Y DONACIONES; donde te obligan a pagar cantidades confiscatorias, por lo que donas a tus propios hijos, heredas de tus padres, o porque habiendo sido ahorrador y trabajar más que un esclavo, si llegas a acumular bienes que este Confiscatorio Estado Depredador considera excesivos; has de pagar impuestos progresivos, cosa que no tiene base en una justicia real, y ello es fácil de deducir, ya que todos los bienes que cito; HAN PAGADO TODOS SUS IMPUESTOS Y TODO EL TIEMPO EN QUE LOS MISMOS EXISTEN. POR EL CONTRARIO HAY FORTUNAS ENORMES QUE O PAGAN UNA MISERIA O NO PAGAN NADA; no hablemos de los que tienen sus bienes en el extranjero, o de las grandes exenciones que existen, sobre todo en los mal llamados “padres de la patria o políticos en ejercicio, a los que ya solo falta, el que desgraven por el costo del papel higiénico si es que lo usan”.

En resumidas cuentas, que los que dicen trabajar al servicio del pueblo, en realidad lo que hacen “y lo hacen a conciencia”, es simplemente, QUE SE SIRVEN DEL PUEBLO Y DE TODO EL ESFUERZO ÚTIL QUE REALIZA ESTE, PARA VIVIR INFINITAMENTE MUCHO MEJOR QUE ÉL, cosa que se demuestra a la vista de todo lo que nos hacen pagar, para lo poco que nos dan por ese servilismo obligado. Yo mismo cobro una jubilación tras haber pagado durante casi 40 años… la limosna de 673,23 y con un 33% de invalidez oficialmente reconocida; cantidad que no me llega ni para pagar a la “chacha” que me cuida puesto que soy viudo y con casi ya ochenta años de edad. ESTA ES LA JUSTICIA SOCIAL EN ESPAÑA.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

13 congreso del PSOE andaluz: cuatro décadas de dominio político ininterrumpido
Oficialmente, hay dos elementos básicos: la unidad ante el liderazgo de Susana Díaz y el espíritu del 28 de febrero.
Pedro de Tena Libertad Digital 28 Julio 2017

Los días 29 y 30 de julio, con el lema bien justificado "Andalucía, la fuerza socialista", tendrá lugar en Sevilla el decimotercer congreso del PSOE andaluz, que celebra, además, el cuarenta cumpleaños de la federación que encabezaran Felipe González y Alfonso Guerra y que les catapultó al gobierno de España y de Andalucía en 1982.

Es, indudablemente, un muy importante congreso por cuanto es el congreso de quienes pretendían disputar el liderazgo del PSOE al actual secretario general y, para muchos, incluido el PP, el socialismo andaluz es la última esperanza de un PSOE con una idea de España como nación única y unida y una socialdemocracia alejada de frivolidades y querencias hacia el nuevo populismo de la izquierda comunista. En Andalucía, como en España, el socialismo de inspiración andaluza siempre defendió la estrategia de constituirse en moderación y equilibrio entre la imaginaria derechona recalcitrante y el fantasioso comunismo "extraterrestre".

La derrota, absolutamente inesperada, de Susana Díaz en las primarias ante un Pedro Sánchez que no controlaba el aparato, había debilitado sustancialmente sus posiciones, flaqueza que quedó evidenciada en el último congreso del PSOE. La importancia del congreso andaluz radica en comprobar si Susana Díaz ha elegido erigirse en la abanderada de la versión original del socialismo de Suresnes frente a un accidente sanchista o si ya nada, ni ella misma, puede impedir ya el fin de una era histórica.

Oficialmente, hay dos elementos básicos y así lo dicen los documentos del Congreso: la unidad ante el liderazgo de Susana Díaz y el espíritu del 28 de febrero. Susana Díaz ya ha obtenido más del 90 por ciento de apoyo entre los 1.500 compromisarios asistentes reduciendo el apoyo real del 30 por ciento de la militancia afín a Pedro Sánchez a un escuálido diez por ciento que no podrá obstaculizar la elaboración de una Ejecutiva regional a su medida. Recuérdese que hizo lo propio Pedro Sánchez impidiendo la entrada en la Ejecutiva nacional a toda voz crítica o afín a la vencida Gestora.

Aunque parecía que había un acuerdo tácito para no hacerse mutuamente daño –Susana Díaz no exigía presencia en la Ejecutiva nacional y Pedro Sánchez hacía lo propio en la andaluza-, algunos movimientos de última hora parecen demostrar que la crisis del PSOE va para largo y que afecta a un núcleo esencial de ideas, que no tanto a las prácticas jacobinas que siguen vigentes en ambos bandos.

El primer factor ideológico es la idea de España. Mientras los sanchistas bregan por imponer su tesis de la España plurinacional, que consideran de obligado cumplimiento tras haberla dictado unilateralmente desde la dirección, el socialismo andaluz, apoyado por muchas figuras históricas como Felipe González, Alfonso Guerra, Abel Caballero, Javier Corcuera, Rodríguez Ibarra, Rodríguez de la Borbolla y muchos dirigentes de federaciones autonómicas, defiende la idea de España como Estado nacional único, realidad sustancial del pacto constitucional de 1978.

En la ponencia general del congreso andaluz no hay referencia alguna a la plurinacionalidad de España sino a la Declaración de Granada sobre una España federal simétrica como límite máximo que podría fijarse ante el "desafío soberanista" catalán. Esto es, "la revisión del modelo territorial no pasa por destruir el estado autonómico, sino por reforzarlo y mejorarlo, avanzando hacia un modelo federal cooperativo capaz de garantizar la igualdad en la diversidad de todos los españoles, el respeto a las singularidades y de reforzar las líneas de actuación conjuntas en el objetivo común del crecimiento del empleo de calidad y la consolidación de nuestro modelo de bienestar social".

El segundo ingrediente ideológico es lo que se llama el "espíritu del 28 F". El 28 de febrero de 1980 tuvo lugar un referéndum nada regular – la provincia de Almería votó en contra -, impulsado por el PSOE para contrarrestar un esquema autonómico que privilegiaba a Cataluña, País Vasco y Galicia frente al resto de las regiones españolas. Su resultado fue la incorporación de Andalucía al club de las autonomías/nacionalidades con igualdad de trato.

Por extensión, el "espíritu del 28 F" se aplica a la idea de que la posición de Andalucía en España no puede ser inferior a la nadie y que debe garantizarse la igualdad de oportunidades económicas y sociales de todo ciudadano independientemente del territorio en que viva o del que proceda. Precisamente, esto es lo contrario del federalismo "asimétrico" que propició Pascual Maragall y que ahora retoma el sanchismo.

El tercer componente, ideológico-estratégico, se refiere a la relación con las derechas y las izquierdas del PSOE. Frente a un sanchismo, claramente proclive a un entendimiento con Podemos y Ciudadanos de manera conjunta, algo que no parece posible, el socialismo andaluz prefiere la alianza con Ciudadanos y desecha cualquier relación de fondo con la izquierda populista. Pero habrá que esperar porque en Castilla la Mancha se ha fraguado una alianza de gobierno entre un susanista confeso, García Page, y Podemos para no perder el gobierno.

Es evidente que el sanchismo no puede alcanzar el gobierno de España sin el apoyo expreso de la potente federación andaluza. Veremos si este congreso arroja luz sobre si el socialismo bruñido en Andalucía ha descartado para siempre ser la bandera del socialismo nacional. De momento, es la cabeza visible de un PSOE diferente del de Pedro Sánchez, pero como han demostrado García Page, el propio Fernández Vara o Ximo Puig, la firmeza de las ideas no es lo fuerte en este frente interno.

Tras este Congreso sólo quedará la gran prueba, las elecciones generales y autonómicas, ambas de fecha incierta si bien parece que las dos tendrán lugar en torno a 2019. En esas elecciones, quedará demostrado quién sube y quién baja. Si Pedro Sánchez se estrella por tercera vez contra el PP de Rajoy o de quien sea, y Susana Díaz sigue siendo presidenta de la Junta, las cosas podrían cambiar. Y viceversa. Si Pedro Sánchez logra, cuando menos, frenar el sorpasso de Podemos y Susana Díaz sufre un varapalo en Andalucía, nada seguirá igual.

Lo único que permanecerá, porque los poderes reales no se diluyen por desintegración espontánea, es que el PSOE andaluz seguirá siendo el eje vertebral de una región que no ha conseguido ascender a la primera división ni nacional ni europea y que el centro derecha no es la esperanza de los andaluces para que un gran cambio tenga lugar.

Caza a la verdad: Las democracias occidentales son prisioneras de la hegemonía neomarxista
Hermann Tertsch / ABC, Periodista Digital 28 Julio 2017

EL semanario alemán Der Spiegel ha decidido retirar de su lista de éxitos de ventas al libro «Finis Germaniae de Rolf Peter Sieferle» porque tiene demasiado éxito para su gusto.

Es una medida escandalosa aunque no sorprende desde que los medios decidieron hacer frente común con Angela Merkel cuando la crisis de los refugiados amenazaba con llevársela a la tumba política.

Merkel desvió la atención con la amenaza de la extrema derecha. Hace unas semanas en Hamburgo se vio que la amenaza, más allá del yihadismo, está en una extrema izquierda que logró paralizar la segunda ciudad de Alemania y arrebatar durante días el monopolio de la violencia al gobierno de Merkel.

En esa extrema izquierda es más peligrosa que los alemanes difamados como nazis por manifestarse por la ley, contra la impunidad y por la nación. Estos que temen que sea destruida por una inmigración incontrolada de enemigos de la sociedad abierta. Tienen a todos los medios en contra.

Y la censura avanza. Uno de sus sumos sacerdotes, el ministro de justicia, Heiko Maas, del SPD, ha impuesto una ley mordaza en las redes sociales que han cogido como modelo la Rusia de Putin y la Bielorrusia de Lukashenko.

Todo un mérito. La campaña contra Sieferle viene de lejos. Vetado, injuriado y difamado en círculos académicos como mediáticos, el autor se quitó la vida en septiembre pasado.

Ahora no quieren que venda libros después de muerto. No se atreven a llevar el libro a los tribunales para ver si es tan ultraderechista y antisemita como pretenden.

«Finis Germaniae» es un alegato histórico en contra de esa corrección política ha impuesto en Alemania y toda Europa por medio de todos los grandes partidos parlamentarios.

Sieferle acusa al consenso socialdemócrata y posmoderno, y en especial a Merkel, de atentar contra la propia existencia de la nación alemana, haber convertido a la sociedad en una masa aborregada, liquidar sus referencias y valores e imponer una multiculturalidad que destruirá la nación y la cultura alemana y europea.

Era un profesor, historiador y sociólogo en Mannheim y St.Gallen, respetado y celebrado hasta que se enfrentó con el pensamiento único y chocó con toda la cultura oficial y mediática.

Der Spiegel no quiere que los alemanes lean este libro ni sepan que se lee. Por miedo -y no solo de Der Spiegel-, de que el libro de Sieferle convenza con su descripción de realidades que los demás intelectuales, políticos y sobre todo periodistas ocultan.

Miedo a que los alemanes crean más a «Finis Germaniae» y menos las letanías de los medios sobre la sociedad ideal multicultural y el bondadoso gobierno de Merkel. Malos tiempos en todo Occidente para las verdades que choquen con la ideología posmoderna del «antifascismo» que denunciaba Sieferle.

En EE.UU. no dejan hablar ni a Richard Dawkins en las universidades, tomadas por la corrección política del neomarxismo. En Suecia, Francia o Inglaterra callan los delitos de inmigrantes por miedo a ser tachados de racistas.

Han logrado con el sesentayochismo instalar una plena hegemonía marxista en la educación y la cultura. Que la derecha política acata con sumisión y complicidad dentro del consenso socialdemócrata.

Quieren inventar presente y pasado a conveniencia. Ahora ya combaten verdades evidentes y realidades clamorosas. Y a quien se rebela lo quieren aplastar.

En España algunos somos condenados por publicar lo que antes se había publicado sin enmienda ni condena.

Corremos peligro de que, con un poco más de presión de la jauría izquierdista en los medios y de cobarde colaboración de quienes debían impedirlo, pronto se dicten sentencias condenatorias por recordar a víctimas y autores de la matanza de Paracuellos.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
El Ejército de Cataluña son sus maestros
Antonio Robles Libertad Digital 28 Julio 2017

Cataluña ha ejercido sus competencias exclusivas en educación durante las últimas décadas, y por lo tanto está absolutamente preparada para el paso a la independencia. En enseñanza no necesitamos construir estructuras de Estado, las tenemos listas.

Más claro, el agua. Lo acaba de decir la nueva consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, Clara Ponsatí. Lo repetimos en vídeo: "En enseñanza no necesitamos construir estructuras de Estado, las tenemos listas".

Ya no se tapan ni disimulan, necesitan reafirmarse en su huida hacia el abismo. Y muestran sus poderes como los pavos reales los colores. Siempre pensé que cuanto más alto subieran, más profundo sería el abismo. Espero que sea el suyo, no el nuestro.

Ahora entenderán por qué era exacta la denuncia que hiciera allá por 1995 en la Universidad de Salamanca con ocasión de la Caravana por la Tolerancia Lingüística: "El Ejército de Cataluña son sus maestros". Desde entonces, ¡tantas evidencias!, ¡tan poco eco!

La denuncia causó estupor e incredulidad, las palabras de un sonado. Demasiado tiempo, demasiados responsables de la nación acomplejados ante el catalanismo mirando para otro lado. Ahora vienen las prisas, todo ha sido advertido durante años, y a todo se ha hecho oídos sordos.

Aquella Caravana por la Tolerancia Lingüística recorrió toda España en el verano del 1995 con el objetivo de informar a todos los españoles de la exclusión que sufríamos los hispanohablantes en las escuelas de Cataluña. La inmersión había acabado con el uso docente de la lengua española, eliminada de libros, letreros y cualquier uso visible en las instituciones educativas. Era una verdadera limpieza lingüística que convirtió a los hispanohablantes en extranjeros en su país.

Ni siquiera había empezado en esa década; ya en 1981, un manifiesto que acabó con el secuestro –y el tiro en la rodilla– por parte de Terra Lliure del profesor de Lengua y Literatura Federico Jiménez Losantos (por entonces en un instituto de Santa Coloma de Gramanet, Barcelona) abogaba "por la Igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña". El manifiesto había sido escrito por el también profesor y miembro del PSOE Santiago Trancón, uno de los fundadores del dCIDE actual. El acoso y represión de aquella generación de maestros y profesores acabó con el éxodo de 14.000 sólo en la década de los ochenta. Después, silencio; hasta que, en 1994, un nuevo manifiesto, En castellano también, por favor, avalado por 50.000 firmas, volvía a denunciar lo mismo y daba comienzo a una Resistencia al nacionalismo tan dura como abandonada a su suerte por todas las instituciones del Estado y la mayoría de la intelectualidad española.

Cada vez que se sorprenden e indignan ahora con los desprecios y las bravatas de Carles Puigdemont, algunos nos sonreímos impotentes en silencio. A estos personajes los hemos sufrido en educación desde los años ochenta. Con parecidas actitudes, con el mismo desprecio a la cultura y la lengua españolas, con idéntico supremacismo. Porque por entonces eran los amos de la hegemonía moral de Cataluña. Cualquier amago en defensa de tus derechos y eras satanizado con la eterna murga de facha, franquista, españolista, enemigo del catalán y de Cataluña. ¡Qué aburrido es todo! ¡Qué cansado contar lo evidente! ¡Y que aún queden millones de Pedros Sánchez en la inopia!

Jordi Pujol, el gran timonel; astuto, hipócrita, simulando el fin, enmascarando los medios, diseñó el engaño. Normalización, victimismo… y resentimiento. La nueva consejera no se ha enterado de nada, su fanatismo le ha llevado a desvelar en una frase lo que tantos años de disimulos le costó a Pujol construir. La patraña fascista se desmorona. Ya se ven brillar los correajes.

La Generalitat Valenciana, contra el español
EDITORIAL El Mundo 28 Julio 2017

La política educativa de la Generalitat Valenciana está siendo enmendada una y otra vez por la Justicia. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró la nulidad parcial del decreto que establece el modelo lingüístico educativo en la enseñanza no universitaria, estimando así un recurso interpuesto por el sindicato CSI-F.

El Tribunal considera que la Generalitat, gobernada por el PSOE-PSPV y Compromís, discrimina a los alumnos que estudian en castellano al determinar que los que lo hacen en valenciano puedan disponer de más horas lectivas de inglés. Así, se «introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano) a cuenta del inglés». El Tribunal dice que la Generalitat tiene el derecho a promover acciones positivas para favorecer el uso del valenciano en la enseñanza si considera que está discriminado, pero nunca deben ir en detrimento del castellano.

No es la primera vez que los tribunales tumban la normativa emanada desde la consejería de Educación, dirigida por Vicent Marzà. En las últimas semanas, el Tribunal Superior de la comunidad obligó a la consejería de Educación a renovar cautelarmente los conciertos educativos a cuatro colegios católicos a los que el Gobierno regional había retirado los fondos públicos para el curso próximo. Estos reveses judiciales de la Generalitat Valenciana son una prueba del afán controlador y estatalizador del modelo educativo que mantiene el Gobierno de izquierda en la Comunidad Valenciana que no se ajusta a la legislación española, que da la impresión de no entender qué es la libertad de enseñanza.

Violación de derechos y libertades en Cataluña
Editorial La Razon 28 Julio 2017

El Consejo de Estado emitió ayer por unanimidad un dictamen inequívoco y contundente contra la pretensión de los partidos separatistas catalanes de eludir el debate parlamentario sobre las llamadas «leyes de desconexión» y abre la vía al Gobierno para que presente el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional y se declare nula la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña, aprobada el pasado 26 de julio. No podemos menos que celebrar la celeridad con la que han actuado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ayer mismo solicitó el informe del Consejo de Estado, como la de este último a la hora de elaborar sus conclusiones, ante una actuación impulsada por la Generalitat que suponía una clara violación de los derechos y libertades de la minoría parlamentaria catalana.

En este sentido, el Consejo de Estado concluye que la reforma del Reglamento que permite la aprobación de leyes en lectura única, supone una vulneración del derecho de participación política en condiciones de igualdad que recoge el artículo 23.2 de la Constitución y el artículo 29 del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y recuerda que, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se debe proceder contra los actos sin valor de ley que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Que es lo que está ocurriendo en Cataluña.

Los liberales y la izquierda: dos actitudes
Eduardo Arroyo Gaceta.es 28 Julio 2017

En el diario ABC de hoy puede leerse una “tercera” del incombustible Antonio Garrigues Walker, el más eximio representante del fundamentalismo liberal en España. Es una seña de identidad de esta corriente política, propalar ideas radicales y fanáticas envueltas con el velo anestesiante de la “tolerancia”.

En esta ocasión Garrigues trata del embate secesionista. El artículo se titula “una solución digna y civilizada” y, referida al asunto catalán, intenta repartir culpas de la mejor manera posible. Nuevamente, las palabras “digna” y “civilizada” tienen una semántica un tanto particular: por “digna” debe entenderse que ninguna de las partes en conflicto deba renunciar a su respetabilidad y por “civilizada” debe entenderse la acepción más pedestre y cara a los liberales: nada de opciones “violentas” o “radicales”. Y ello ¿por qué? Pues porque como explica el autor, “ante un reto histórico de esta magnitud es necesario aportar grandeza y serenidad.

España se ha transformado sociológicamente más que ningún otro país en la historia reciente y se ha convertido en una nación tolerante y liberal con todas las identidades políticas, ideológicas y culturales. A pesar de una larga y dolorosa crisis económica, el pueblo ha aguantado el envite con verdadera resiliencia. No es justo que se ponga en peligro todo lo que hemos conseguido en las últimas décadas”.

Consciente de que la ruptura de España es algo no deseable, Garrigues se explica a continuación en clave liberal: no es deseable porque “generaría daños sustanciales, daños inasumibles, en todos los órdenes y en especial en lo que atañe a la estabilidad política y la riqueza sociológica y económica y, sin duda, en la relación con Europa”. Es decir, frente a la ruptura de la patria, herencia secular de todos los españoles, Garrigues cree que pondría en peligro el estatus quo actual de un sistema que es el principal culpable de haber llegado hasta aquí. Y es que en realidad, lo que él denomina “estabilidad política” no es si no el período en que la actual situación ha estado incubándose, protegida por partidos de gobierno que, aun de uno u otro signo, no han hecho ascos a pactar con los secesionistas o, simplemente, a hacer la vista gorda ante sus medios de comunicación, sus planes de estudios, sus campañas propagandísticas y sus asociaciones culturales omnipotentes.

A la gestación de los síntomas que ahora padecemos, Garrigues lo denomina “estabilidad política”, “riqueza sociológica”, etc. Por eso, dado que la actual situación ha venido gestándose desde la sacrosanta transición, suena pueril que él crea que para su solución “digna y civilizada” haya que comenzar pidiendo a la Generalitat que renuncie a su referéndum.

El colmo del patetismo, lo alcanza Garrigues cuando dice que si la Generalitat “se mantiene firme en la celebración de un referéndum sin la menor base jurídica y está dispuesta al enfrentamiento total, pase lo que pase. La respuesta no puede ser otra que prepararse a soportar, con paciencia y tristeza, pero sin resignación, una época ingrata, dañina y aberrante, en la que la culpa siempre será de los otros y en la que todos saldremos perdiendo bastante más de lo que imaginamos. O sea que no puede ser. Y lo que no puede ser…” Así termina el artículo.

No resulta muy chocante que un medio como ABC, teóricamente comprometido con la “unidad nacional”, de cobertura en sus páginas a aquellas actitudes que han hecho posible lo que hoy vivimos. Durante varias décadas, los hoy secesionistas eran percibidos institucionalmente como partidos moderados con cuya colaboración debía contarse para la gobernabilidad del país. De ahí que se hiciera la vista gorda con los miles de millones invertidos en convencer a los catalanes de que ellos son una “nación” ocupada y expoliada por “España”. Cadenas de TV, radios, “embajadas”, libros de texto en los colegios, universidades, etc, todo ello pagado con fondos públicos mientras los sucesivos gobiernos del país miraban para otro lado. El esperpento era completado, por si todavía hiciera falta, por una izquierda cuyo tradicional cosmopolitismo se mantuvo durante décadas –y aún hoy- al servicio del “nacionalismo cívico” catalán. Este hecho es doctrinalmente tan paradójico en la izquierda que confiere veracidad a la tradicional tesis franquista de la existencia de una “antiespaña”; es decir, de aquellos que solo medran en la medida en que a España –un país fundado sobre el catolicismo visigodo, cuya historia ha estado fuertemente vinculada a la contrarrevolución- le va mal.

Por todo esto, los planteamientos de Garrigues –en realidad, todo un paradigma- no son si no la quintaesencia del fanatismo y de la irracionalidad, dado que, primero, plantea nada menos que un país debe dar cobertura legal a los que postulan su destrucción y, en segundo lugar, porque, al escamotear al lector el papel que ha jugado nuestro sistema político en la actual situación, parece como si el actual embate independentista hubiera surgido de la nada.

Personalmente, prefiero actitudes más diáfanas y coherentes, como la del profesor de izquierdas, purgado de “Podemos”, Enric Martínez Herrera. Este tiene claro que “lo único que puede parar este delirio es la intervención” (La Gaceta, 27.7.2017) y que “hace ya mucho tiempo que se debería haber cortado la financiación… Y no sólo a la adquisición de urnas y la contratación de personal para el referéndum golpista, sino a subvenciones a medios de comunicación nacionalistas, organizaciones con apariencia civil fabricadas desde el poder público, falsas embajadas, costosas delegaciones exteriores y viajes al extranjero e, incluso, según parece, programas de inteligencia y espionaje que corresponden exclusivamente al Estado”. Una pena que Martínez Herrera no se percate de que la lucha verdadera por los derechos de las personas es la lucha por los derechos del pueblo y de la nación, no la de los intereses del capital global. Precisamente de su incomprensión nace que en las últimas municipales en Salt, Martínez compareciese bajo el lema de “convivencia”, haciendo apología de la sociedad multicultural. Una necedad que no es digna ni de su honradez ni de su capacidad y que es de esperar que quizás se le pase con el tiempo.

Los liberales, tras generar la enfermedad, pretenden ahora vendernos las soluciones. No estamos en tiempos de medias tintas. Por eso es mejor contar con personas comprometidas y claras que con personas que, tras su prestigio y su pulcritud, ocultan el camino seguro hacia la ruina.

La hora de los fanáticos
Cristina Losada Libertad Digital 28 Julio 2017

Bien mirado, fue un golpe de suerte para Artur Mas que primero la CUP pidiera su cabeza y que después quedara inhabilitado por dos años por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Gracias a ese alejamiento suyo de cualquier función de gobierno, no va a tener que lanzarse al precipicio como habrán de hacer sus sucesores. Y es que, tal como pinta este juego del gallina en el que se han metido solos, no les quedará otra que arrojarse al abismo y, por lo tanto, estrellarse en esa alocada carrera suya contra la ley. Y contra la democracia.

Uno de los problemas prácticos de tal carrera, que inició el propio Mas, es que tiene difícil marcha atrás. Imposible, de hecho. La comenzaron en unas circunstancias en las que no era disparatado prever una quiebra de España, una intervención a la griega y una crisis institucional del tal calibre que la dejara políticamente sin defensas, inerme, incapacitada para resistir la redoblada presión secesionista. Como escribía ayer, en El Mundo, Nicolás Redondo Terreros, vieron en los efectos devastadores causados por la crisis económica en la sociedad española y el debilitamiento de la legitimidad de las instituciones constitucionales la oportunidad de conseguir sus objetivos partidarios manipulando las leyes, ignorando la historia y despreciando a una parte muy considerable de su propia sociedad.

Era, desde su perspectiva, el mejor momento posible. Quizá no hubiera otro así en décadas. Y se lanzaron. Cuando el apocalipsis no se produjo, cuando no ganaron aquel supuesto "plebiscito" (las autonómicas), cuando el fervor independentista empezó a enfriarse, la carrera ya había llegado demasiado lejos como para que hubiera un camino de retorno. Se impuso la huida hacia adelante.

Tan patente es que saben que tienen que llegar hasta el final en su intento de golpe, que cada día hay alguien que se da de baja en el Gobierno catalán. Estos son los que saben, además, que llegar hasta el final tiene un coste: hay que arrostrar las consecuencias. Los menos dispuestos a lanzarse y pagar el precio se marchan. O los echan, si se les ocurre manifestar sus dudas en público. Así, van quedando en los cargos los que tienen el punto de fanatismo o de cinismo suficiente como para seguir adelante sin dudarlo. El caso de Puigdemont es paradigmático. ¿Por qué lo eligieron a él como sustituto de Mas? No parece que lo seleccionaran por su habilidad política ni por su capacidad negociadora. En cambio, tiene una cerrada disposición a estrellarse.

Alguien tiene que pegársela porque el procés carece de salida. Mejor que sean tipos que estaban en la segunda fila, como Puigdemont. Y mejor que mejor que eso obligue a pegársela también a Junqueras. Por mucho que quiera escabullirse, no le va a quedar otra. ¿Cómo no lo va a hacer, si lo hace Puigdemont? No quiero decir que algo de esto estuviera planeado. Pero los acontecimientos mismos lo han puesto en bandeja. Puigdemont, que era un don nadie, volverá a serlo y Junqueras, que esperaría ir de ganador en las próximas autonómicas, no podrá presentarse.

Muchas veces hemos hecho metáforas del procés con el viaje a Ítaca, pero no eran buenas metáforas. Porque en Kavafis es el viaje lo que cuenta, no el punto de destino. Tal como ha ido el procés, sin embargo, el punto de destino ya es lo único que importa. Cegaron todas las posibles salidas y desviaciones, atascaron el freno y la marcha atrás, y a los conductores de esta locura sólo les queda intentar el golpe, fracasar y despedirse.

‘vulnera el derecho a la igualdad’
Durísimo varapalo a la inmersión lingüística en la Comunidad Valenciana
Rafael Núñez Huesca Gaceta.es 28 Julio 2017

Durísimo varapalo del TSJCV al decreto de la Generalitat Valenciana por “discriminar a los alumnos que optaran por el castellano” a través de una fórmula “inhibido, desalentadora, desincentivadora o disuasoria” para que renunciaran al idioma común.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat sobre plurilingüismo por considerar que discrimina a los alumnos que eligen la enseñanza en castellano.

Los magistrados de la Sección Cuarta estiman parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato CSI·F y anulan la disposición adicional 5ª de la norma por entender que vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación, ha informado el TSJCV en un comunicado.

Según han considerado los magistrados, la suspensión se argumenta en que el decreto “discrimina a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular ya que éstos últimos reciben más horas de docencia en inglés”.

La misma Sala ya había acordado la suspensión cautelar del decreto del plurilingüismo y había dado un plazo de cinco días a la Conselleria de Educación para que precisara qué medidas ha adoptado para cumplir esa resolución judicial.

En la sentencia, notificada hoy a las partes, el Tribunal considera que esta disposición supone “una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia” en el certificado que acredita el nivel de inglés del alumnado al concluir los distintos niveles educativos.

Según recoge, “carece de justificación y por ello resulta irrazonable y desproporcionado el modo excluyente de concebir en esa Disposición adicional 5ª el acceso a la enseñanza y la certificación del nivel de inglés para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano”.

Para la Justicia, el decreto valenciano es “sanción indirecta” al castellano
En su resolución, la Sala apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concluye que la norma “introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana (en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano) a cuenta del inglés“.

Dice que atendiendo a la existencia de dos lenguas cooficiales, la Administración autonómica, acreditado el déficit del valenciano, puede promover acciones positivas para favorecerlo, pero éstas han de ser proporcionadas y no deben ir en detrimento del castellano.

“Si la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias legítimas, estimase la existencia de un déficit en el proceso de normalización en detrimento de la lengua propia, se debería otorgar al valenciano un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable“, señala la sentencia.

Para el Tribunal, la diferencia entre la acreditación del inglés en los niveles básico, intermedio y avanzado, no es una “acción positiva” de promoción del valenciano en comparación con el castellano, sino “una estrategia de atracción hacia mayor dinamización o normalización favorable al valenciano a través del ofrecimiento de mayor número de horas en inglés y la más elevada certificación de dicho idioma extranjero”. Como consecuencia de ello, concluyen que “se inflige una sanción indirecta (menos inglés y menor nivel de certificación de dicho idioma)” al alumnado que desee optar por el castellano.

“Agravio comparativo”, “efecto inhibidor”, “no justificado”…
Con ello, la disposición ahora anulada “produce un efecto inhibidor, desalentador, desincentivador o disuasorio” en quienes pretendan ejercer la opción preferente por el castellano en lugar del valenciano y supone “un claro agravio comparativo para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano”.

La Sala aprecia que esta disposición “controvertida no supera el canon de constitucionalidad, puesto que la certificación diferenciada de los niveles de inglés se articula paralelamente y en función de la mayor incorporación del valenciano como medida no justificada, que implica un desequilibrio para el castellano“.

Para los magistrados “resulta injustificada la certificación automática de los niveles de competencia lingüística” en inglés para el alumnado acogido a la mayor normalización del valenciano “en claro agravio comparativo” con los que opten por el castellano.

Y esto, a su juicio, “implica un desequilibrio para el castellano, sin que supere el canon de razonabilidad necesario” porque “priva de manera irrazonable y carente de justificación del mismo número de horas de inglés al alumnado que curse en un Nivel Básico, y, como consecuencia de ello, de la mayor certificación de inglés“.

LAS VÍCTIMAS RESPONDEN AL NÚMERO DOS DE INTERIOR
‘La propaganda de lucha contra ETA del Gobierno es un insulto a la verdad’
La Gaceta  28 Julio 2017

Francisco José Alcaraz, portavoz de Voces Contra el Terrorismo (VCT), ha respondido a las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en las que afirma sin reparos que “no hay ninguna negociación abierta” para transferir al País Vasco las competencias en materia de política penitenciaria.

Nieto se ha pronunciado así días después de que saliera a la luz que siguen las reuniones secretas entre el Gobierno y el PNV. “No tardará mucho el Ejecutivo en traicionar esa memoria a la que tanto apelaba hace unos días en el homenaje a Miguel Ángel Blanco”, ha lamentado en La Gaceta Alcaraz, que recuerda a Mariano Rajoy que el concejal de Ermua “fue asesinado precisamente por no ceder al acercamiento de los presos etarras”.

Eso sí, Nieto ha reconocido sin ningún tipo de tapujo que existe “un clima favorable” para abrir un proceso de diálogo con el Gobierno vasco una vez la banda terrorista de ultraizquierda se disuelva.

Alcaraz, sin embargo, no se muestra preocupado por “lo que dice o deja de decir el PP”. “Lo que me preocupa es lo que hace, que no es otra cosa que ser el Gobierno que más terroristas ha excarcelado. Y lo ha hecho pasando por alto los requisitos que los etarras tienen que cumplir para acogerse a la Vía Nanclares”, ha denunciado.

Y es que, tal y como denuncian las víctimas, los presos de ETA acogidos a los beneficios de la Vía Nanclares no cumplen los requisitos de arrepentirse y pedir perdón. El presidente del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP, José Ramón López, afirmó el pasado año que en los escritos presentados por los presos de ETA que se acogieron a esta vía no hay una petición clara de perdón y sólo hay reconocimiento del daño causado pero sin arrepentimiento. Asimismo indicó que sólo uno cumplió el requisito de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los 379 crímenes de la organización terrorista que quedan por resolver.

El número dos de Interior también ha calificado de “positiva” la gestión penitenciaria en materia de dispersión de presos etarras, “compatible con los derechos de los internos” y dentro de un “objetivo paralelo, que es el de vencer a ETA”.

Pero las víctimas no creen a los populares cuando dicen que el fin último es vencer a la banda. Alcaraz asegura que hace años que dejó de creer en lo que dice Rajoy. “Lo juzgo por lo que hace, más que por lo que dice”, añade.

El secretario de Estado de Seguridad ha subrayado sin reparos que “los presos etarras han sido rehenes de la banda y ahora están empezando a liberarse de ella”, al tiempo que ha asegurado que “una persona que ha colaborado con la organización, se disuelva o no se disuelva ETA, tiene que cumplir sus condenas“.

Sin embargo, cabe recordar a José Antonio Nieto algún ejemplo que no dice lo mismo. Es el caso del etarra Felipe San Epifanio, “Pipe”, exjefe del comando Barcelona, dirigente de HB en los años noventa y condenado a más de 200 años por diversos atentados, que el 14 de julio salía de la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) al liquidar su pena tras pasar sólo 23 años en la cárcel.
Los familiares y amigos del etarra portaban ikurriñas y pancartas en las que pedían el acercamiento de presos a las cárceles del País Vasco.

“Al PP sólo hay que dejarle tiempo para ver que la traición hacia la memoria de los suyos -porque parece ser que el resto de víctimas no son suyas- es una constante”, ha señalado Alcaraz, para quien “no hay gobierno que haya permitido tanta impunidad a los terroristas como el de Mariano Rajoy”. “La propaganda continua de sufrimiento y lucha contra ETA que mantiene este Ejecutivo es una ofensa constante a todas las víctimas y un insulto a la inteligencia y a la verdad”, ha añadido.
 


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