AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 9 Agosto 2017

¿La nueva política es repetir los errores de Zapatero?
EDITORIAL Libertad Digital 9 Agosto 2017

Lo último que necesita España es volver a los infaustos Planes E del peor presidente de la democracia.

La decisiva influencia que ha tenido en el surgimiento de Podemos el paso de José Luis Rodríguez Zapatero por la presidencia del Gobierno y la Secretaría General del PSOE es innegable.

La sentimentalización de la política, el rescate de la Guerra Civil como tema de actualidad, la división de la sociedad entre buenos y malos o el acercamiento comprensivo a la violencia siempre que se ejerza desde la izquierda son rasgos característicos de los de Pablo Iglesias, pero todos fueron parte esencial de la estrategia del socialista.

Seguramente estos aspectos de los casi ocho años de Zapatero en el poder sean los más dañinos a largo plazo, tanto para España como para su propio partido, pero sin embargo esto va a quedar sujeto a la controversia partidista al menos hasta que sea material para el análisis histórico.

Lo que es objetivamente incuestionable es el desastroso legado económico que dejó el socialista al abandonar la Moncloa: España estaba en una situación crítica desde el punto de vista presupuestario y el paro estaba en unas cifras monstruosas.

Si bien es cierto que Zapatero no fue el único culpable de la crisis, no lo es menos que la mayor parte de las medidas que tomó sólo sirvieron para hacerla más aguda, especialmente los famosos Planes E, con un coste inmenso y una repercusión más que negativa en el empleo.

Sorprende, por tanto, que Podemos presente como una de sus medidas estrella un plan de inversiones públicas muy similar a los de Zapatero, aunque esta obstinación en el error es el rasgo más característico de la izquierda a través de buena parte del siglo XX y en lo que llevamos del XXI.

Es la espiral eterna de los Gobiernos mal llamados progresistas: mucho gasto público hasta que éste causa una catástrofe económica… y mayor gasto público para solucionar el desastre... aunque sólo se logre profundizar en él. Trágicamente, la enorme distancia que separa a la izquierda de la realidad económica permite que los mismos errores se hayan repetido en países de todos los continentes, incluso en el mismo país en momentos diferentes de su historia.

No es, por tanto, descartable que Podemos repita los errores de Zapatero o que hasta profundice en ellos. Y tampoco lo es, y esto resulta aún más preocupante, que sea el nuevo PSOE de Pedro Sánchez el que, solo o en compañía de otros, reincida en los enormes yerros del viejo PSOE al que, dice, tan poco quiere parecerse.


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Quemando etapas y naves.

Vicente A. C. M. Periodista Digital 9 Agosto 2017

Nos vamos acercando a la fecha fatídica que los secesionistas pusieron para celebrar el referéndum inconstitucional, el 1º de octubre, y se van cerrando posibles alternativas como la de hacer coincidir esa fecha con el adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña. Y hoy, se acaba el plazo legal para hacerlo posible mediante la disolución del Parlamento y la convocatoria oficial en el BOE, dando inicio al proceso electoral previsto. No parece probable que Carles Puigdemont se pegue un tiro en el pie con unas encuestas que le dan a su partido y a él como seguros perdedores en favor de su actual socio en Junts p’el sí, ERC y Oriol Junqueras. Así que, desperdiciada esta posibilidad, solo queda seguir el plan inicial de desobedecer al Tribunal Constitucional y mantener la hoja de ruta de la convocatoria del referéndum mediante la aprobación vía exprés, de la ley del referéndum y desobedecer igualmente la suspensión que el TC realice, tras el recurso que presente el Gobierno de Mariano Rajoy. Una doble desobediencia que solo puede ser sancionada mediante una intervención de la autonomía en lo que se ha definido como “choque de trenes”.

Para lograr su propósito no dudarán en usar todos los artificios legales apoyándose en el derecho internacional y en otorgar al Parlamento de Cataluña su propia legitimidad democrática, en una clara perversión de términos y legitimidades al obviar que esa legitimidad solo proviene de la que le otorga la Constitución de España, que a su vez proviene de la Soberanía del conjunto del pueblo español. Una realidad jurídica incuestionable que choca con la que defienden los secesionistas y el nuevo PSOE de Pedro Sánchez con la estipulación de la plurinacionalidad de España. Un posicionamiento nacido del 39 Congreso Federal de un PSOE fraccionado por la ambición personal de su recuperado líder Pedro Sánchez, que no duda en asumir conceptos rupturistas demagógicos como los postulados por la extrema izquierda radical de UNIDOS PODEMOS y sus confluencias, sobre la asunción de la existencia en España de pueblos diferenciables del único reconocido mundialmente de forma homogénea como el español.

Precisamente la legalidad que piensa aplicar el secesionismo liderado por PDeCat, ERC y los anti sistema radicales de la CUP, se basa en la obediencia democrática al pueblo de Cataluña, es decir a aquellos que registrados en el censo de ciudadanos en la comunidad autónoma tienen el derecho al voto y lo ejercieron en las últimas elecciones autonómicas que posibilitaron el que el Parlamento tuviese una mayoría en escaños de Diputados favorables a la independencia. Una mayoría que no se correspondía con la realmente democrática de recuento de votos y cálculo de porcentajes, en los que la suma de sus opciones no llegaba al valor democrático de la mitad más uno. Es decir, una legitimidad basada en repartos y fórmulas correctoras de asignación de escaños y en un fraude de ley al utilizar unas elecciones autonómicas para otro fin diferente e inconstitucional como es el uso del Parlamento como instrumento legislativo de cobertura del proceso independentista.

Es por ello que resulta ineludible la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sin tener en consideración otros aspectos penales asociados a los delitos de desobediencia a los Tribunales, rebeldía y deslealtad institucional, malversación de fondos públicos, etc., como forma de devolver la legalidad y la legitimidad a una autonomía cuyos dirigentes se han declarado en franca rebeldía. El Gobierno de la Generalidad debe ser suspendido en sus funciones administrativas delegadas, así como proceder a tomar el control del Parlamento de Cataluña asumiendo por el Gobierno de España, por el tiempo preciso, el control de todas sus competencias legislativas y de gestión. Porque solo existe una legitimidad y obediencia exigibles y es a la Constitución de España. Y no existe otro pueblo legitimado para decidir sobre su futuro y el de la nación que el pueblo español y no una parte de este que se declare de forma unilateral en igualdad de derechos para decidir sobre el futuro de todos. Pues no otra cosa es querer independizar una parte del territorio de España y crear una nueva nación en igualdad de derechos.

Aquí no existe la posibilidad de un CATALUÑEXIT pactado, sobre todo bajo un chantaje e insumisión, ni España es una especie de UE en la que sus autonomías fuesen naciones previas jurídicamente constituidas como tales, sino que estas autonomías se formaron para mejorar el tradicional sistema centralizado de Gestión del Estado y su tradicional división administrativa en regiones y provincias, para acercar las administraciones a los ciudadanos. Un sistema que se ha desvirtuado, sobre todo en aquellas regiones donde existía un germen nacionalista independentista, y que gracias a la imperfección del sistema electoral democrático de circunscripciones y fórmulas de compensación demográficas, no garantiza unas mayorías parlamentarias estables de Gobierno y, en ausencia de mayorías absolutas, facilita la fragmentación parlamentaria obligando a pactos anti naturales y apoyos mercenarios lesivos e hipotecarios con graves concesiones al nacionalismo. Todo ello y la desidia de los diferentes Gobiernos de PSOE y PP acuciados por esos apoyos, ha contribuido al auge y preponderancia del nacionalismo independentista en esas regiones autónomas, dejándoles hacer y robar en una labor de adoctrinamiento por décadas de las nuevas generaciones de españoles, que ya ni fueron educados como tales ni sienten ahora apego alguno por una nación a la que consideran opresora y represora de sus aspiraciones legítimas como pueblo.

Y es que va a ser difícil que, tras décadas de desidia, de pusilanimidad y también, por qué no, de complicidad y ambigüedad ideológica como la mostrada por el PSOE, se pueda ahora revertir esta situación de forma que no sea traumática. Porque traumático es tener que acudir a la suspensión parcial y temporal de las competencias de una autonomía por flagrante rebeldía y desobediencia de sus responsables gestores. Pero tal y como se presenta el desafío y se van cumpliendo fechas clave como esta de hoy para una salida falsa, poco honorable, pero estratégicamente aceptable, se van cerrando puertas, quemando etapas y naves, obligando a culminar la sedición y la respuesta ineludible esta vez por parte del Gobierno de España.

Más que choque de trenes, lo que sí que puede que haya finalmente sea la desconexión de la energía que alimenta a la catenaria de esa máquina del tren independentista. La parada está asegurada y solo restaría hacer bajar a los conductores y estrategas para ponerles a disposición de la Justicia. Mariano Rajoy, deberá dar la orden para realizar esa desconexión y así evitar el que ese tren suicida siga poniendo en riesgo el tráfico ferroviario y el futuro de todos los españoles.

¡Que pasen un buen día!

El difícil encaje de Cataluña

GABRIEL TORTELLA El Mundo 9 Agosto 2017

Se contaba en tiempos de Franco que un periodista norteamericano preguntó al dictador si no resultaba difícil gobernar España, un país cuya historia reciente era tan turbulenta. El Caudillo contestó: "No, qué va. Es muy sencillo. En mi mesa tengo dos bandejas, una titulada Asuntos que el tiempo resolverá, la otra titulada Asuntos que el tiempo ha resuelto. Yo me limito, simplemente, a pasar los expedientes de la primera a la segunda". Quizá este sistema de gobierno obedezca a una idiosincrasia galaica, porque nuestro actual presidente parece seguir al pie de la letra las prescripciones gubernativas de su predecesor ferrolano. Y el caso es que a ninguno de los dos parece haberles dado mal resultado este conservadurismo taimado y reservón: Franco murió en la cama y Rajoy parece tener cuerda para rato. Y, en cierto modo, este último tiene más mérito porque, aunque de él puedan decirse muchas cosas, un dictador no es.

En pocos asuntos ha hecho Rajoy tanta gala de esta sangre de horchata céltica como en el espinosísimo tema de Cataluña. Desde que hace más de cinco años se negó a conceder al entonces molt honorable Artur Mas su absurda petición de que se concediera a Cataluña un tratamiento fiscal similar a los que disfrutan el País Vasco y Navarra, Rajoy ha contemplado el paso de Convergència desde posiciones autonomistas a proclamaciones separatistas, y la utilización del referéndum unilateral como gran baza propagandística del separatismo, con hierática impavidez.

La pretensión de Mas era absurda por varias razones. La principal, que los irritantes privilegios fiscales del País Vasco y Navarra, por desgracia reconocidos en la vigente Constitución, son un lujo que España puede permitir a estos territorios en virtud de su relativamente leve peso demográfico: ambas comunidades forales sumadas no llegan a los tres millones de habitantes. Cataluña sola tiene unos 7,5 millones. Ya es una carga pesada e injusta para el resto de España mantener los privilegios fiscales navarros y vascos; concedérselos a Cataluña sería, sencillamente, insoportable. Una cosa es subvencionar a 2,8 millones y otra mucho más grave hacerlo a más de 10. Pero es que, además, hay un argumento histórico, de esos que tanto les gustan a los separatistas, que milita en contra de aquellas pretensiones de Mas. Cataluña fue también territorio foral hasta el siglo XVIII, pero renunció implícitamente a este privilegio al sublevarse contra su rey legítimo, Felipe V, en la tan traída y llevada (sobre todo por los separatistas) Guerra de Sucesión. En aquella ocasión cometieron los rebeldes no sólo un delito de traición, sino además una soberana estupidez, porque se levantaron alegando que Felipe V quería quitarles sus privilegios; y al rebelarse le dieron motivo legítimo para hacerlo. El País Vasco y Navarra, en cambio, que permanecieron fieles al rey, conservaron sus fueros. Esa es la justificación histórica de que los conserven hoy, aunque a muchos nos perezcan unas antiguallas medievales e inicuas. Por último, y a pesar de la falta de base histórica, y de su enorme coste, cuando se debatía la Constitución se mencionó la posibilidad de extender a Cataluña el sistema del cupo vasco, pero Jordi Pujol la descartó temiendo que la recaudación de impuestos por la Generalitat hiciera a esta institución impopular entre la población catalana. Fue una suerte para el conjunto de los españoles, pero 34 años más tarde Mas, acuciado por las deudas, quiso rectificar la negativa de su antecesor y pretendió que se le concediera a él lo que Pujol antes rechazó.

Desde entonces, a la frenética actividad de los nacionalistas convertidos en separatistas Rajoy ha respondido con notable impavidez. Y no cabe duda de que un cierto resultado obtiene de su impasibilidad, porque los separatistas van dando muestras crecientes de nerviosismo y de precipitación, manifiestamente turbados ante el cariz amenazador del hieratismo de Rajoy. Se comportan como el niño malo que acumula barrabasadas y prefiere la certidumbre del castigo (que puede dar lugar a una llantina victimista) al silencio ominoso que quizá presagie penas severísimas y desconocidas. No hay más que ver cómo se han metido Puigdemont y compañía en un laberinto del que no saben cómo salir y del que están deseando que Rajoy les saque con alguna intervención drástica que les exonere de responsabilidades y alimente el victimismo.

¿Qué ocurrirá el primero de octubre, día del anunciado y problemático referéndum? Si poco más de mes y medio antes vemos la creciente división en las filas separatistas, las remodelaciones in extremis del Gobierno de la Generalitat, las descaradas amenazas chantajistas a la prensa adicta, las deserciones y desmentidos, y la aparente falta de medios para llevar a cabo las votaciones, parece que lo que tenga lugar ese día será, todo lo más, un grotesco simulacro a la venezolana que permita a los actuales gobernantes de Cataluña proclamar una victoria ante sus fieles y, sobre todo, ante sus estrambóticos apoyos parlamentarios, los 10 diputados de la CUP, esa mezcla pirenaica de comunismo y carlismo.

Lo que es indudable es que, si alguien acude a votar, ese voto será mayoritariamente separatista, como ya ocurrió el 9 de noviembre de 2014, en que el 80% del 36% que votó lo hizo más o menos por la independencia. Pero claro, el 80% del 36% viene a ser el 29% del censo electoral, de modo que, de haber tenido algún valor aquel butifarréndum, hubiera sido el demostrar que los separatistas eran mucho menos de un tercio de los catalanes. Pero los organizadores proclamaron victoria con el apoyo del 80% de los votantes. Y algo parecido puede volver a ocurrir el primero de octubre. La confusión puede ser aún mayor porque haya división, incluso entre los separatistas, acerca de si un segundo butifarréndum con tan magro resultado puede servir de base para una proclamación unilateral de independencia. Ningún país, y menos la Unión Europea, reconocería tamaña farsa.

¿Estaríamos así finalmente ante la victoria a los puntos de la política impasible de Rajoy, al dejar que sus enemigos se cuezan en su propia salsa y fabriquen ellos mismos la cuerda con que ahorcarse? Por desgracia, no. El Gobierno español habría ganado una batalla parcial y momentánea, pero las huestes separatistas al poco tiempo restañarían sus heridas y estarían en disposición de reagruparse y volver a la carga. Y ello por una razón muy clara: en Cataluña pervive un sustrato separatista en la población que seguirá dando su apoyo a las sucesivas intentonas de la Generalitat; y este sustrato, no mayoritario pero sustancial, se mantiene y se seguirá manteniendo mientras los medios de difusión y, sobre todo, el sistema educativo, estén al servicio del ideario separatista, como lo están desde que Pujol ganó las elecciones en 1980.

El sesgo antiespañol en la educación catalana ha sido mostrado en varios libros (entre otros Cataluña en España, del que me honra ser coautor) y denunciado con un cierto reflejo mediático por un sindicato de enseñantes catalanes (AMES, Acció per la Millora de l'Ensenyament Secondari), de cuyo informe se hizo eco EL MUNDO el pasado 17 de mayo. Ésta es la raíz del problema catalán, el adoctrinamiento diario de sus niños y de sus adultos a través de la escuela y los medios. La educación pública catalana es la célula madre del separatismo. Ante la dificultad de resolver este problema, el verdadero problema catalán, los políticos procuran mirar para otro lado u ofrecer soluciones ficticias: el ridículo "plurinacionalismo" que trata de vendernos el PSOE de Pedro Sánchez o el echar balones fuera, como hizo el ministro de Educación al ser interpelado en las Cortes cuando salió a la luz en Informe AMES. O tratar de tapar la boca a los separatistas con carretadas de dinero. Mientras esta situación subsista no habrá encaje de Cataluña en España, ni esperando que con el tiempo el problema se resuelva por sí solo, ni haciendo encaje de bolillos.

Gabriel Tortella es economista e historiador y coautor, con J. L. García Ruiz, C. E. Núñez y G. Quiroga de Cataluña en España. Historia y mito.

 


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