AGLI Recortes de Prensa   Lunes 14 Agosto 2017

Europa, luz de gas
Carlos Mármol Gaceta.es 14 Agosto 2017

El pasado miércoles, la Unión Europea, que es la luz (de gas) que nos alumbra, dio por terminada la crisis económica. Lo hizo diez años después del gran crack y por decreto, que es como —dicen los publicistas— deben hacerse estas cosas para evitar que las opiniones críticas se consoliden. Eligieron una fecha redonda e hicieron una proclamación oficial de victoria. “Europa está en forma”, afirma el comunicado de la comisión, donde no se admite ningún error en la gestión de la debacle colectiva. El sepelio oficial de la recesión, lejos de significar una alegría, nos llena de dudas. Especialmente una: ¿sigue viva Europa? Nos referimos, claro está, a aquel proyecto político surgido para enterrar definitivamente los negros recuerdos de las dos guerras mundiales del pasado siglo.

La vieja Europa de la cohesión social es ahora un territorio gobernado por los mercados financieros, donde la única ley consiste en cumplir con los acreedores cueste lo que cueste. Incluida la ruina de los ciudadanos. El escepticismo es comprensible. Ocurrió también cuando hace ahora un decenio Sarkozy, entonces presidente de Francia, anunció con la trompetería de Toulon la refundación del capitalismo sobre “nuevas bases éticas: esfuerzo, trabajo y responsabilidad”. El mandatario galo pasó a la historia, como tantas otras cosas en estos años, sin presidir el anunciado Bretton Woods europeo. No hubo tal. La grandilocuencia política es el disfraz más antiguo del mundo para disimular la incapacidad.

Los burócratas de Bruselas se felicitan por el descenso del desempleo (continental), el crecimiento del PIB y la salud del sector financiero tras una década de intensas turbulencias. Desearíamos aplaudirles, aunque antes deberíamos averiguar cómo diablos dejar de temblar. Porque la segunda incógnita que provoca la noticia es si España realmente continúa formando parte de esta tierra de promisión. Todos nuestros indicadores económicos están peor que la media europea. De donde se infiere que si Europa cree que la crisis es historia esto significa que España está anclada en el más triste pretérito. Para buena parte de los españoles, incluidos quienes no se tienen por tales, que son los más españoles de todos los posibles, la recesión no sólo no se ha evaporado de sus vidas, sino que está instalada cómodamente en casa, igual que un inquilino de Airbnb en nuestro predio.

Se supone que el diagnóstico de la zona euro nos incluye, lo cual resulta aún más desconcertante. El reciente episodio de Banco Popular, el último de una cadena de ruinas bancarias que ha costado a los contribuyentes más de lo previsto, y cuya factura, al contrario de lo que nos prometieron, no recuperaremos nunca, confirma que el cáncer de la economía española no ha desaparecido. El desempleo está ocho puntos por encima de nuestro entorno. Sostener el euro con la devaluación interna ha provocado una enorme factura social de la que tardaremos en recuperarnos casi otra década. Que nadie se acuerde ya de las hipotecas basura norteamericanas —las famosas subprime— ni la prima de riesgo esté en la primera página de los periódicos no significa que hayamos salido del pozo. Sólo muestra que la prioridad social es ahora mucho más terrestre: consiste en sobrevivir. No es un buen síntoma.

Por supuesto, la Comisión Europea pasa de puntillas sobre estos detalles —la cuestión social apenas merece una cita retórica— y se felicita porque sólo Grecia necesita asistencia​ tras la alarma que removió la eurozona. España sigue vigilada. La recuperación se ha estabilizado en el Norte. En el Sur seguimos sin contener el déficit público, sin trabajos dignos y con un desempleo secular que, como sucede en Andalucía, afecta ya a tres generaciones distintas de una misma familia. Sin olvidar la pertinaz guerra territorial. La exclusión social dejó hace tiempo de ser una hipótesis para convertirse en la realidad. La austeridad ha limitado el gasto social pero no evita el despilfarro. La corrupción persiste. En un país con un modelo de descentralización absurdo, la reforma de las administraciones, tan politizadas como el resto de instituciones, continúa sin abordar. Nos señalan el fin de la crisis para que nos quedemos tranquilos o dudemos de nuestro sentido de la percepción. Pero no estamos locos. Ni tampoco ciegos. Sabemos que, en comparación con nuestros socios, volvemos a ser de nuevo los pobres del vecindario europeo. Nuestra crisis no ha terminado. Acaba de empezar

Vaya empanada
Por supuesto que España podría hacer más frente al separatismo
Luis Ventoso ABC 14 Agosto 2017

Quien haya tenido el placer –llamémoslo así– de haber hablado en privado en los últimos seis años con dirigentes socialistas habrá salido hundido ante su derrotismo sobre la unidad de España. No falla: tras un rato de cháchara afable, acaban mirando al techo del despacho con carita de suspiro, hasta que con un susurro pesaroso sueltan su gran frase de rendición: «Cataluña se nos va. Ahora se puede ganar algo de tiempo, pero a la larga se irán». He escuchado variantes de esta expresión hasta en boca de personajes que aspiraban a presidir España (al tiempo que la daban por finiquitada). Sánchez, esa lumbrera, ha dado un paso más: es el tipo de socorrista que si viese ahogándose entre las olas a un abuelo que no sabe nadar lo que haría es quitarle el flotador, porque así igual aprende.

Resulta asombroso, y deprimente, ver a un país de la entidad de España, decimotercero del mundo en la mayoría de los parámetros, acongojado por un golpe de Estado antisistema y xenófobo, que avanza al son de la CUP, un partido friki y minoritario, convertido en vanguardia de una sublevación que rechazan la mayoría de los catalanes. Por supuesto que España podría hacer más:

–PP, PSOE y Ciudadanos deberían cerrar un acuerdo de Estado, al modo de los que se rubricaron contra ETA, para especificar que nuestra Constitución de 1978 es perfectamente válida y que no se tocará en nada que debilite la unidad nacional. El separatismo sufriría un enorme revés si el PSOE abandonase sus medias tintas felonas, que tantos votos le restan, y adoptase un claro tono patriótico. Urge también una reforma de la educación que acabe con la escuela como caldo de cultivo del separatismo.

–Actuación inmediata contra la sedición separatista, por tres motivos: porque pisotean la ley cada día, y todos estamos obligados por ella; porque un Estado que admite el desorden se torna quebradizo y porque la parsimonia actual transmite el mensaje subliminal de que algo de razón tienen los golpistas.

–Hay que reforzar TVE, convertirla en un gran vehículo de venta en positivo de España, al modo de la BBC, y crear un Ministerio de Cultura para fomentar nuestro poder blando. Debe mejorarse el discurso y presencia mediática del Gobierno. Su defensa de España, casi siempre solo coercitiva, no vende una escoba emocionalmente.

Intelectuales y artistas españoles (los Almodóvares de turno) podrían conjurarse para hablar bien de su país y criticar el separatismo, retrógrado y totalitario. Hoy ser un patriota español va tan contracorriente que hasta el admirable Gasol acabó rindiéndose y abogando por el referéndum.

Por último, Napoleón decía que las guerras se ganan con tres cosas: «Dinero, dinero y dinero». Estamos inmersos en una guerra sentimental y de propaganda por el corazón de los catalanes, esa es la verdad, y mientras los separatistas maquinan a tiempo completo e invierten dinerales, nosotros hacemos el avestruz, acomplejados por defender un país próspero, solidario y amable frente a unos fanáticos que solo traerían odio, pobreza y limitación de la libertad. ¡Tenemos tal empanada que hasta creemos que la CUP puede derrotar a España!

La izquierda española y ‘la Democracia efectiva’
Pablo Sebastián Republica 14 Agosto 2017

Cuando cayó el muro de Berlín y desaparecieron los regímenes comunistas de sus países satélites del ya agotado Pacto de Varsovia en el lado Europeo occidental y Atlántico, se planteó la posibilidad de disolver la OTAN porque como alguien dijo de gráfica manera: ‘El Séptimo de Caballería se quedó sin indios’.

Algo parecido le ha ocurrido a la izquierda española de la Transición una vez recuperadas las libertades y la democracia, aprobada la Constitución de 1978 y consumado el ingreso de España en la OTAN y la Unión Europea y el Euro (lo que condiciona las políticas económicas, financiera y monetaria). De manera que el discurso del PSOE en tiempo de bonanza económica pasó de ser socialdemócrata a social liberal, en estrecha relación con los poderes y oligarquías económicas del país durante los años de bipartidismo del PSOE y del PP.

Un tiempo estable que naufragó en la crisis financiera mundial de 2008 que pilló a un caótico José Luis Rodríguez Zapatero en el poder. Un Zapatero que negó la crisis y luego tuvo que hacer duros ajustes sociales y políticos como fueron la congelación de salarios y pensiones y la reforma del artículo 135 de la Constitución sobre el equilibrio presupuestario.

Y todo ello y además de abrir innecesariamente el ‘melón’ del Estatuto de Cataluña lo que dio alas al vigente intento de secesión catalana, de aceptar el escudo anti misiles USA en Rota sin someterlo al Parlamento (para poder hacerse perdonar en EEUU la retirada intempestiva de tropas españolas en Irak, que luego traslado a Afganistán) o de indultar en secreto a banqueros.

Zapatero fue un desastre para España (su único logro fue el matrimonio gay) y para el PSOE partido que dejó hundido en 110 escaños bajo el mando de Rubalcaba en 2011 y luego dividido con solo 90 y 85 escaños con Pedro Sánchez en 2015 y 2016.

Los duros ajustes sociales de Zapatero y luego de Rajoy dieron alas al hundimiento de las clases medias y el renacer de una legión de miserables sin ningún tipo de recursos. Y ahí surgió la rebelión del 15-M de 2011 y más adelante aparecieron Podemos y otros partidos regionales en el ámbito populista radical y que dejaron fuera de juego a IU y a UGT y CCOO.

Lo que sumado al desafío catalán secesionista y a la corrupción del PP facilitó la radicalización de la izquierda con ataques a la Transición y la Constitución de 1978, llegando a romper el espíritu de la reconciliación nacional que habían pactado en 1977 Suárez, Fraga, González y Carrillo, para reabrir tarde y mal las heridas de la Guerra Civil (otro invento de Zapatero, el hoy asesor del dictador venezolano Nicolas Maduro).

Ahora tras el regreso de Sánchez al frente del PSOE (de donde fue cesado en octubre de 2016, tras perder dos elecciones y una investidura) en este partido y en Podemos no aparece más proyecto político que el de echar a Rajoy del poder, tras dos legislaturas en las que se recuperó la economía y el empleo aunque de baja calidad emergió la corrupción del PP que Rajoy pretendió tapar con jueces y fiscales afines a su partido.

Además la izquierda debe saber dos cosas fundamentales: en la UE no caben políticas radicales de ruptura de la cohesión fiscal europea (salvo que se abandone el euro, como bien lo sabe Alexis Tsypras en Grecia); y el PP y y C’s no consentirán una reforma del capítulo territorial de la Constitución, como inútilmente promete Sánchez para congraciarse con el PSC y ERC.

Entonces ¿cuáles son las grandes conquistas progresistas que tienen por delante la nueva izquierda española? Pues la reforma democrática del país (para ello pueden contar con C’s) incluyendo: la reforma de la ley electoral por otra más justa y representativa; la separación de los poderes del Estado (y sobre todo la independencia de la Justicia); la libertad de expresión plena en medios públicos y privados; el libre y gratuito acceso a las tecnologías de la comunicación y a la educación y el trabajo online; y el final de la influencia del ‘quinto poder’ del Estado que es el poder económico y financiero.

La revolución pendiente de la Transición española es lo que Josep Borrell llama la ‘Democracia efectiva’. Ese debería ser el primer gran objetivo de la izquierda moderna que también debe defender una nación fuerte, unida y solidaria (hija del internacionalismo) entre sus pueblos diversos y firme aliada del proyecto político, cultural y democrático europeo. Tareas todas ellas de gran alcance y dificultad que deben de estar entre los objetivos prioritarios de una izquierda española nueva y moderna. La que, debe recuperar, institucionalizar y mejorar todas las conquistas del Estado del Bienestar.

Pedro Sánchez bien podría levantar la bandera de la ‘Democracia efectiva’, pero mucho nos tememos que el ideal democrático no figura en el ideario de Pablo Iglesias, de ahí dificultad de avanzar por este camino desde el flanco zurdo de la política que al día de hoy no sabe bien hacia dónde va.

El sofisma del federalismo
El autor analiza la teoría política en torno al federalismo y explica por qué este modelo no solucionaría el problema catalán.
Lorenzo Abadía ESP 14 Agosto 2017

Los acontecimientos sucedidos en esta década ominosa catalana están precipitando soluciones políticas que amenazan a España como unidad política, es decir, como nación moderna. Pues, ideada en Westfalia y consagrada en la Revolución francesa, la nación no es otra cosa que el hecho colectivo existencial que determina la unidad política sobre la que se estructura el Estado.

Que todavía existan excepcionalmente naciones sin Estado no debe hacernos olvidar que algunas, como Escocia, siguen manteniendo desde el principio el derecho positivo de crear su propio Estado soberano y, otras, cuya existencia política colectiva de acuerdo a criterios objetivos queda demostrada por la historia, han sufrido la injusta dominación de una potencia extranjera. Confundir esto con el concepto de región con particularidades culturales integradas en una unidad política, a la que tanto han contribuido a dar forma con sus manifestaciones artísticas, económicas y sociales, sólo puede ser causa de la ignorancia más absoluta o del oportunismo más voraz. Pero, desgraciadamente, aquí es donde nos encontramos: en el intento, cada vez más pertinaz, de aprovechar la debilidad de la clase política española y la apatía de los ciudadanos para lograr, sobre la base de la tergiversación pública de la historia y del concepto de democracia, lo que hasta hace poco parecía imposible a ojos de la mayoría.

La solución que uno de los dos partidos hegemónicos de la izquierda aporta a través del federalismo conlleva el mismo gen destructor de la nación que el derecho de autodeterminación que propone el otro, porque atenta de igual modo contra la unidad política de España. Es más, al igual que ocurre cuando se aboga por las listas abiertas como solución al problema de la ausencia de representación de la sociedad civil en el Estado, es preferible mantener el cinismo cristalino de lo actual que soportar el ardid de un sofisma. Pues resulta más fácil de combatir.

Nadie que se haya acercado al estudio del federalismo duda de que éste consiste en un pacto entre Estados soberanos, aunque muchos equivocan el lugar en donde reside la soberanía, que en realidad no es en la nación sino el Estado y, en concreto, en palabras de Max Weber, allá donde se ostenta el monopolio de la violencia legítima. Es decir, en el poder ejecutivo.

Sin embargo, no todo el mundo comprende que ese pacto entre Estados inocularía en la España actual el germen de la destrucción. Porque, aunque quedase constitucionalmente fijado que los Estados miembros no fueran soberanos, se les habría reconocido un estatus que la historia les ha negado y que los nacionalismos aprovecharían para reivindicar. Pasar del estatus de región al de Estado no soberano conlleva conceptualmente mayor esfuerzo que pasar posteriormente de la condición de Estado no soberano al de soberano.

Esto es así porque la cuestión federal no viene determinada por el modo en que se reparten las competencias sino por la naturaleza política de su Constitución, es decir, por el lugar en donde resida la soberanía. Y a este respecto hay muchas interpretaciones del federalismo, incluso entre la doctrina más autorizada. La diferencia conceptual entre los grandes maestros del constitucionalismo, de la teoría del Estado y de la filosofía política está directamente relacionada con la consideración que dichos autores tienen del ejercicio de la dominación.

Una parte importante de ese pensamiento político (Jellinek, Carré de Malberg) reconoce a los Estados su entidad, pero no les otorga la condición de soberanos. Otra, confiere al derecho positivo la soberanía, de modo que, si el derecho de autodeterminación no está reconocido en una Constitución, éste no puede aplicarse (Kelsen). A ambas se adscriben los españoles que apuestan por el federalismo. Pero también existe la doctrina que opina que la soberanía se encuentra en ambas partes, federación y Estados (Tocqueville, Weiz). Y por supuesto, la que otorga a los Estados la condición de soberanos (Calhoun, Seydel, Schmitt). Sería la que emplearían los nacionalismos al día siguiente de la promulgación de una Constitución federal, alegando que, como Estados reconocidos, suscribieron un tratado internacional, al que dieron naturaleza constituyente, a través del cual renunciaron a su soberanía pero que, ateniéndose al reconocido principio del derecho internacional rebus sic stantibus, las condiciones habrían cambiado y por lo tanto el tratado devendría nulo, recuperando así su soberanía.

La viabilidad sería discutible, porque los Estados en cuestión habrían sido soberanos sólo por un instante, el tracto entre la derogación del ordenamiento jurídico instaurado por la Constitución del 78 y la aprobación del que estableciese la nueva Constitución. Pero el triunfo para el secesionismo sería rotundo, porque se habría pasado de no disponer del más mínimo derecho a la secesión, como efectivamente evidencian actualmente violando la legalidad, a incardinarse en la casuística que parte de la doctrina del federalismo soberanista admite. Y habría que ver lo que el derecho y las instituciones internacionales opinaban al respecto. En el peor de los casos habrían logrado el reconocimiento constitucional de su condición de Estado y de su unidad política. La diferencia respecto a la situación actual es sencillamente abismal.

Dadas las circunstancias en las que se encuentra España, con la nación en tela de juicio y el Estado amenazado, cualquier intento federal pondría en serio peligro el poder constituyente y se destrozaría la unidad política, antesala de la destrucción de nuestro sistema de derechos y libertades.

No sirven los ejemplos de países de nuestro entorno con estructura federal. El federalismo en Alemania y Suiza proviene de confederaciones anteriores, y se implantó como solución para unir Estados independientes que habían vivido separados durante siglos, con la leve ligazón estructural de una débil confederación. En Austria, resultado del colapso del Imperio austrohúngaro, Estados que fueron independientes coexisten con otros que pertenecieron a distintos Imperios o Estados-nación, de los que uno incluso había celebrado un referéndum de autodeterminación. La realidad española es radicalmente opuesta. España ya era una nación histórica desde hacía siglos cuando en el siglo XIX se convierte en un Estado moderno.

Es cierto que ha habido casos en los que se ha transitado de un Estado unitario a uno federal, como por ejemplo Brasil y Bélgica. Pero si los analizamos, tampoco nos sirven de ayuda a los españoles. En Bélgica, las leyes lingüísticas de 1963 llevaron erróneamente al federalismo en 1993. Veinte años después, lejos de solucionar lo que pretendía, el federalismo está a punto de provocar la división del país, pues es obvio el peligro que supone cuestionar la unidad política y el sujeto constituyente. En 1891, Brasil pasó de ser un Estado unitario, llamado Imperio, a uno federal que transformó las antiguas provincias en Estados federados de la República, pero en esos vastos territorios no existían tensiones nacionalistas. Y, además, se tuvo la precaución de instaurar al mismo tiempo un sistema presidencialista con plena separación de poderes.

Conviene recordar la teoría de Carl Schmitt sobre la homogeneización sustancial entre los Estados miembros de una federación como conditio sine qua non de su Constitución, cualidad sin la cual el conflicto en la federación se convierte en algo perfectamente concebible. En los años treinta del siglo pasado ya advertía de que dicha homogeneidad debía fraguarse no tanto sobre la clase social, la religión, o la cultura, como sobre la cuestión nacional.

Después de cuarenta años de permanente propaganda antiespañola propiciada por los gobiernos autonómicos de la mayoría de las regiones y aceptada indistintamente por todo gobierno central, está claro que hoy en España no existe la necesaria homogeneidad sustancial nacional a la que aludió Schmitt. Se necesitarían años de acción pedagógica por parte del gobierno central para revertir la situación. La solución federal es una bomba de relojería para la nación española. El federalismo cuestionará todavía más nuestra unidad política, cuyo poder constituyente será recusado por el derecho de autodeterminación de los Estados miembros que emana, como hemos visto, de muchas doctrinas federalistas.

Por si faltaba algún ingrediente a esta olla de presión, el PSOE acaba de llamar a España “nación de naciones”, de modo que, si a los futuros Estados federados catalán y vasco les faltaba la legitimidad de ser una nación para reivindicar su soberanía o su derecho a la secesión, el señor Sánchez se lo acaba de brindar en bandeja de plata.

Que los nacionalistas catalanes no acepten el federalismo de una nación de naciones sólo evidencia su desmesurada ambición personal de poder. Sería la vía más segura para la autodeterminación futura, pero no la disfrutarían los actuales jefecillos sino una generación posterior. Lo que les interesa es ser ellos y no sus hijos quienes disfruten del poder, y dado que creen que lo tienen al alcance de la mano en el momento actual, están eligiendo por el oportunismo, la vía más rápida, aunque sea la más arriesgada. De nuevo es preferible su cinismo que el sofisma federalista. Sería más fácil combatirlo, siempre que tuviéramos un gobierno nacional digno de tal nombre.

*** Lorenzo Abadía es analista político, doctor en Derecho y autor del ensayo 'Desconfianza. Principios políticos para un cambio de régimen' (Unión Editorial).

La gran lección no aprendida de la crisis económica
Pese a los mensajes de optimismo de muchos gobernantes, mucho me temo que las auténticas lecciones que deberíamos haber extraído continúan marginadas en el cajón del olvido
Juan Ramón Rallo El Confidencial 14 Agosto 2017

La Gran Recesión cumple 10 años: una década desde el estallido de la crisis global de liquidez que terminó provocando la quiebra del sistema financiero internacional y el colapso de una parte sustancial de su aparato productivo. Muchos gobernantes ya dan la depresión por finiquitada: Occidente vuelve a crecer y el desempleo ha recuperado sus niveles previos a la crisis tanto en Europa como en EEUU. A su vez, se nos asegura que hemos aprendido sobradamente las lecciones del pasado y que la repetición de un fenómeno tan devastador sería hoy imposible.

Sin embargo, mucho me temo que las auténticas lecciones que deberíamos haber extraído sobre las causas últimas de este magno descalabro continúan marginadas en el cajón del olvido y de la ignorancia. En contra de lo que suele repetirse, no estamos mejor preparados para prevenir nuevos desastres económicos y lo único que, por el momento, nos aleja de regresar a las andadas es que los recuerdos de tan terribles errores financieros todavía están muy frescos. Pero la estructura institucional que recubre nuestras sociedades no ha cambiado en absoluto y, por tanto, los incentivos perversos a reeditar periódicamente los desequilibrios burbujísticos que nos han asolado durante una década también siguen vigentes.

Las crisis económicas hunden sus raíces en los privilegios que los estados otorgan a la banca para evitar que esta internalice los costes de su propia irresponsabilidad especulativa. Y es que los bancos, como cualquier otro agente económico, se hallan tentados a desarrollar una estrategia financiera potencialmente muy rentable pero también enormemente peligrosa: endeudarse a corto plazo e invertir a largo plazo. Los tipos de interés a corto plazo suelen ser muy inferiores a los tipos de interés a largo plazo (de ahí los diferenciales positivos por plazo que exhibe la curva de rendimientos en su forma normal), de manera que resulta rentable arbitrarlos.

Evidentemente, el riesgo de semejante operación es también muy elevado: si pido prestados 100.000 euros a un día y los invierto a 30 años, deberé refinanciar ese crédito de 100.000 euros todos los días del año durante 30 ejercicios; en caso de que un solo día fracase en el intento, no podré hacer frente a mi deuda y deberé liquidar (previsiblemente con pérdidas) mi inversión todavía no rentabilizada a 30 años.

Debido a estos muy altos riesgos y a pesar de las notables oportunidades de ganancia, la práctica totalidad de familias y empresas evita desajustar el plazo de sus activos y de sus pasivos: los plazos a los que recaban financiación suelen estar vinculados con el periodo de recuperación de las inversiones que proyectan emprender con esa financiación. Hay, empero, una notable excepción a esta regla prudencial: los bancos.

La banca se financia mayoritariamente mediante pasivos a corto plazo (de manera paradigmática, los depósitos) e invierte en activos a muy largo plazo (hipotecas, préstamos empresariales, etc.). De hecho, su principal fuente de beneficios es esa: el margen de intermediación entre su activo (a largo plazo) y su pasivo (a corto plazo). ¿Cómo es posible que la banca se atreva a hacer aquello que nadie más osa intentar? Pues porque los bancos tiran con pólvora del rey: los privilegios que durante décadas les ha ido otorgando el Estado los blindan frente a las consecuencias adversas que tendería a generar su imprudente comportamiento.

Por un lado, los bancos cuentan con acceso privilegiado a una institución estatal —los bancos centrales— cuya misión es, justamente, la de garantizar que no se interrumpa el flujo de refinanciación a corto plazo que reciben. Los bancos centrales actúan como prestamistas de última instancia y, de ese modo, anestesian el enorme riesgo de liquidez que existe en toda estrategia de descalce de plazos. ¿Qué sentido tiene captar financiación a largo plazo (cara) cuando uno puede acogerse a la financiación a corto plazo (barata) con la completa confianza de que el banco central garantizará el 'roll-over' permanente de la deuda a corto?

Por otro, los bancos también se hallan, explícita o implícitamente, protegidos frente al riesgo de insolvencia: los distintos gobiernos han mostrado reiteradamente su predisposición a rescatar a los acreedores de la banca en caso de que sus activos no alcancen a cubrir sus pasivos. De ahí que haya tantos inversores dispuestos a prestarle su capital a la banca: aunque esta lo gestione fatal, es harto probable que terminen recuperando su dinero a costa de los contribuyentes.

Ambos privilegios estatales —disfrutados en exclusiva por las entidades de crédito— proporcionan a la banca una extraordinaria capacidad para captar volúmenes gigantescos de ahorro de familias y empresas con un perfil a corto plazo y adverso al riesgo. ¿Y dónde inmovilizan esos volúmenes extraordinarios de ahorro a corto plazo y adverso al riesgo? En inversiones a largo plazo y de elevado riesgo (hipotecas 'subprime', de manera ilustre en la última crisis).

Es evidente, pues, que la banca contribuye a engendrar una descoordinación agregada entre ahorro e inversión: nuestras economías sistemáticamente emprenden proyectos productivos a más largo plazo y de más alto riesgo que aquellos que sus financiadores últimos (los ahorradores finales) están dispuestos a impulsar.

Todo ello porque la banca —amparada por privilegios estatales— no realiza correctamente su labor de intermediación financiera: se lucra fomentando la sobreinversión de bienes de capital o el sobreconsumo de bienes duraderos (vivienda) a mucho mayor plazo y con mucho más riesgo que el que los ahorradores desean soportar. Tal sobreinversión dispara inicialmente la actividad económica (auge), pero su descoordinación de raíz con el ahorro termina abocándola a una ulterior contracción y reajuste (depresión).

Las fases del ciclo económico
Por desgracia, los privilegios estatales que fomentan tal comportamiento maniaco depresivo siguen ahí. Es verdad que las nuevas regulaciones de Basilea III tratan de corregir en algo esta fuerte inclinación de los bancos a deteriorar su liquidez descalzando los plazos de su activo y de su pasivo: por un lado, la ratio de cobertura de liquidez de Basilea III obliga a las entidades financieras a que dispongan de activos líquidos suficientes como para soportar un mes de suspensión de su refinanciación; por otro, la ratio de financiación estable neta exige que parte de las inversiones a largo plazo de la banca se hallen financiadas con pasivos también de largo plazo.

Sin embargo, y pese a que el espíritu de la regulación está bien orientado, su desarrollo es harto deficiente (por ejemplo, se sigue permitiendo que los depósitos de la clientela se utilicen para sufragar créditos a largo plazo), sobre todo en un contexto en el que institucionalmente se continúa recompensando la imprudencia desestabilizadora de la banca.

En definitiva, 10 años después de la crisis no hemos corregido los defectos más palmarios y devastadores de nuestra arquitectura financiera. La banca sigue siendo la misma industria mimada, privilegiada y protegida por el Estado que lo era hace una década y, en consecuencia, las mismas tempestades que desató entonces pueden volver a ser desencadenadas en cualquier otro momento futuro. La lección fundamental —que hemos de eliminar los múltiples privilegios legales de la banca— ni la hemos aprendido ni la hemos ejecutado.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
La ciudadanía catalana 'sale del armario'

Manuel Gómez Acosta Gaceta.es 14 Agosto 2017

Cataluña, en este último lustro, ha sido invadida por una extraña unanimidad. Colegios profesionales, universidades, sociedades deportivas, la Santa Madre Iglesia catalana, organizaciones empresariales, el silencio cómplice de Foment del Treball, intelectuales que consideran fascinante poder participar activamente en la construcción de un Estado nuevo, colectivos de artistas y periodistas (mayoritariamente subvencionados), clubes deportivos liderados por el Barça de Bartomeu... Hasta el RCDE Espanyol, tradicionalmente arrojado al gueto del deporte catalán. Todos, sin fisura, alineados como un sol poble. Sorprende tanta unanimidad en un lugar tan plural y heterogéneo como Cataluña.

Sin embargo, algo ha sucedido en Cataluña en estos últimos meses. Frente a una comunidad (Volksgemeinschaft), que ha sido llamada a la construcción de un solo pueblo (Volkwerdung), surge con fuerza un sector muy significativo de la ciudadanía que se opone a este procés​ de uniformización de la sociedad catalana y jibarización de su pluralidad ideológica y cultural, asumiendo el riesgo de ser acusados de enemigos de la comunidad (Gemeinschaftsfremde).

Muchos ciudadanos relevantes en el mundo de la cultura, el deporte, la sociedad civil, empresarios, sindicalistas… comienzan a salir del armario. Utilizo esta expresión siendo consciente de que puede que no sea la más afortunada, pero entiendo que es clarificadora de una situación determinada. Ciudadanos cuyo leitmotiv es la defensa de la vigencia del marco constitucional, la solidaridad con todos los territorios de España y el firme compromiso de seguir juntos en la defensa de un proyecto compartido.

¿Hay algo más insolidario que la secesión de los territorios con mayor desarrollo económico?
Foment se atreve a salir de su mutismo y ambigüedad para manifestar con rotundidad que la ley del referéndum de autodeterminación "se sitúa completamente al margen del marco constitucional y de los principios de la democracia y del Estado de derecho". El Cercle d‎'Economia se posiciona inequívocamente en las jornadas de Sitges denunciando la deriva del Govern hacia la ilegalidad. Posicionamiento de escritores y artistas catalanes como Marsé, Mendoza, Serrat, Coixet o Amat, que rechazan el referéndum ilegal y se pronuncian sobre un procés secesionista caracterizado por la indigencia intelectual y la inanidad de sus líderes, su opacidad y carencias democráticas.

En el ámbito de la izquierda, es significativo que un sector de Catalunya en Comú, el más representativo de la lucha por las libertades durante el franquismo, se exprese de forma inequívoca por un rotundo no a la farsa del 1-O. Relevante, también, el posicionamiento hecho público a través de las redes digitales por un colectivo de sindicalistas catalanes, entre los que figuran exdirigentes como López Bulla, Isidor Boix, Zaguirre o Rañé, curtidos en la lucha por los derechos de los trabajadores durante la dictadura, que manifiestan con rotundidad su no a la independencia de Cataluña y su compromiso solidario con todos los trabajadores españoles.

¿Hay algo más insolidario que la secesión de los territorios con mayor desarrollo económico? El oponerse a la secesión no es solamente una expresión de solidaridad, sino también de pragmatismo e inteligencia, algo que ha caracterizado en muchas ocasiones a las organizaciones sindicales. La secesión tiene consecuencias muy negativas, genera incertidumbre económica, dificulta la unidad de acción para abordar de forma unitaria la solución a los gravísimos problemas que acucian a los trabajadores y debilita la posición de Cataluña y el resto de España en el escenario europeo e internacional.

España necesita reformular un nuevo proyecto de convivencia, superando el aventurismo independentista y el inmovilismo del PP, un proyecto compartido en el marco de la ciudadanía europea, centrado en la lucha contra la desigualdad y el cambio climático, en la modernización productiva, en la apuesta decidida por la sociedad del conocimiento y la innovación de nuestro tejido industrial y tecnológico. En ese proyecto, no sólo Cataluña tiene que estar, sino que debe liderarlo, como siempre fue y seguirá siendo.

El Armagedón de la política española
“El peor analfabeto es el analfabeto político… el analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política” Bertolt Brecht
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 14 Agosto 2017

Difícilmente podríamos encontrar un momento más confuso que el actual en cuanto a la situación política de nuestra nación. Da la sensación de que estamos todos empeñados en provocar la autodestrucción de todo cuanto se ha conseguido, después de los años que llevamos en paz; una situación que, al parecer, a los españoles nos resulta muy difícil de conservar, dada nuestra natural tendencia a la indisciplina, a mostrarse incómodos con toda clase de régimen estable y al vicio de quejarnos, tanto de lo que nos puede favorecer, como de aquello que entendemos que nos pueda perjudicar sin que, en ninguna de ambas situaciones, antes de hacerlo nos hayamos tomado la molestia de reflexionar sobre ello.

Si ya no fuera alarmante que, en sólo unos pocos años, nuestras cámaras de representación popular hayan sido invadidas por una serie de representantes pertenecientes a formaciones que han surgido de la situación de la grave crisis por la que hemos pasado; grupos que se han ido incubando y desarrollando al amparo del descontento con el que, muchos ciudadanos, perjudicados por los efectos de la debacle económica, que se han tenido que enfrentar con una situación que los ha llevado al desempleo, a la pobreza, a la imposibilidad de atender las necesidades de su familia y la pérdida de sus bienes y, por desgracia, en muchas ocasiones, a tener que verse en una situación desesperada de absoluta miseria. Estas sanguijuelas políticas que nos han invadido, cuando los primeros síntomas de recuperación ya hacían esperar tiempos mejores y, la esperanza de superar los malos años de vacas flacas empezaba a despejar el horizonte de los nubarrones de la desesperación; han dado sus primeros rejonazos, precisamente incidiendo en lo que todavía sigue pendiente de solucionar, en lugar de hacer hincapié en lo que se va consiguiendo y en lo que, precisamente en los últimos años, a pesar de las condiciones adversas con las que el Gobierno se ha tenido que enfrentar, se lleva conseguido.

Grupos comunistoides, procedentes de allende el Atlántico, criados en universidades españolas y adiestrados en técnicas destructivas, en especialidades demagógicas y en artes revolucionarias, han ido apareciendo y extendiéndose como mancha de tinta derramada dentro de agua, por entre todas aquellas personas que han dado por culpar al Gobierno de la derecha de algo que tuvo lugar y se inició, precisamente, cuando los socialistas del señor Zapatero eran los que gobernaban España; con la particularidad de que, el mismo Rodríguez Zapatero, negó la existencia de la crisis y tuvo la fanfarronada de decir que España era la que mejores resultados tenía en sus resultados económicos, una aseveración que la cruda realidad no tardo en desmentir de cabo a rabo. Junto a este lumpen de origen universitario y parasitario de aquel 15M, que fue la primera demostración del peligro de que, aquella primera contención del pueblo español durante la crisis, que tanto se alabó, estaba a punto de convertirse en una acción revolucionaria, reivindicativa, de carácter populista y fuertes implicaciones anarquistas, en la que estaban implicados grupos de estudiantes, disgustados por las pocas perspectivas de trabajo a causa de los resultados de la mala situación económica del país.

La izquierdas, encabezadas por el PC español, reducido a su mínima expresión y sin posibilidades de gobernar la nación ante el dualismo de las dos formaciones más potentes de la política española, el PSOE y el PP, que tradicionalmente se iban turnando en el gobierno de la nación, donde la influencia del resto de partidos siempre había sido marginal y, sin duda, con poca influencia en las grandes decisiones que afectaban de una forma importante en la vida de los españoles; empezó a criticar la acción gubernamental. Por otra parte, en Cataluña, tradicionalmente de tendencias nacionalistas y, por supuesto, de gran implantación del ideario de izquierdas; fruto del descontento de CDC y de su nuevo presidente, Artur Mas, ( que acababa de perder unas elecciones autonómicas en las que había puesto toda la carne en el asador, con la pretensión de obtener una mayoría absoluta y la decepción subsiguiente, cuando le llegó de la mano del fracaso la pérdida de 12 escaños respecto a las anteriores elecciones) quiso recuperar la credibilidad, lanzándose a una política agresiva demandando, a bombo y platillo, la independencia de la autonomía catalana.

La Cup, la Asamblea Nacional Catalana, Units pel si, el Omnium Cultural y un sin finde de corpúsculos catalanistas y anarquistas, empezaron a surgir como setas, cada uno con sus exigencias y todos dispuestos a ir en contra del Estado, esperando obtener ventajas del órdago secesionista. Los de Podemos, comunistas bolivarianos, no fueron ajenos al proceso y, aunque desde el principio se mostraron poco partidarios de la separación de Cataluña, sin embargo, apoyaron de forma patente el derecho de los catalanes a hacer una consulta popular, para someter la cuestión de la independencia al pueblo catalán sin que, a su entender, el resto del pueblo español tuviera nada que decir al respeto. Algunos pensamos que, si el Gobierno de la nación, cuando los verdaderos defensores del separatismo eran muchos menos, quizá la salida hubiera consistido en convocar un referéndum en toda la nación, para poner en cuestión el tema catalán. La victoria del no a las pretensiones de las minorías catalanistas hubiera sido tan aplastante que, quizá, hubieran impedido que, los que ahora alardean de que una gran parte del pueblo catalán pide la independencia (algo falso), continuaran manteniendo, por una larga temporada, sus espurias pretensiones.

No obstante, señores, por si la confusión que actualmente reina en la política española no fuera suficiente y los distintos partidos de extrema izquierda, junto al PSOE remozado de Pedro Sánchez, (evidentemente escorado de una manera incomprensible a la izquierda, renunciando al espacio de centro-izquierda que se lo han dejado a Ciudadanos); que parece dispuesto a formar sociedad con Podemos de Pablo Iglesias, que es quien está intentando, por todos los medios a su alcance, llegar a una entente con los socialistas para intentar forzar una nueva moción de confianza o moción de censura que, con el supuesto apoyo de los nacionalistas, catalanes y vascos, consiguieran defenestrar a Mariano Rajoy de su cargo de presidente de la nación y establecer lo que ha sido la ambición del fanático P.Sánchez: un gobierno de izquierdas en el que la presidencia sería sin duda para el líder socialista, al menos al principio; porque lo evidente es que, quien acabaría por llevarse el gato al agua en esta operación, sería el hábil Pablo Iglesias.

Y, estando en esta situación, para crear más confusión si cabe, aparecen dos personajes más para irrumpir con un nuevo partido en la escena política, al que han inscrito en el correspondiente registro de partidos políticos, con la intención de cubrir un espacio que, según ellos, parece que sigue sin cubrir dentro del barullo de las izquierdas. ¡Muchos partidos parece que son, para repartirse unos votos que, al menos por lo que respecta a Podemos, parece que se van a perder con la posibilidad de ir a partidos como C´s o el propio PSOE! Pero lo que más llama la atención son sus impulsores, dos veteranos de la política con más conchas que un galápago y que fueron apartados, por distintos motivos, de los cargos que anteriormente desempeñaban: el uno, como juez de la Audiencia Nacional, condenado por prevaricación a 10 años de inhabilitación y, el otro, que llegó a ser el líder de los comunistas, caído en desgracia. Baltasar Garzón y Gaspar Llamazares pretenden resurgir de su destierro para intentar, una vez más, conseguir su parte en esta sabrosa tarta que parece ser la política nacional. El manifiesto que han redactado está lleno de obviedades, de tópicos, de promesas imposible y de autobombo. Han conseguido agrupar a una serie de viejas glorias, pertenecientes al Jurásico de la política, entre los cuales se ven nombres como el de Antonio Gutiérrez, secretario general, en su día, de CC.OO; la abogada laboralista Cristina Almeida, en el ocaso de su carrera; la inefable Almudena Grandes, erre que erre con su vena comunista; Carlos Berzosa, el catedrático filocomunista y, no se extrañen, porque es un hombre que siempre ha apostado por los perdedores, el señor Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco, entre muchos otros de una gran lista prolija de detallar.

Uno más a repartir el voto de izquierdas ( si es que se presentan a las votaciones), unos que, sin duda, van a crear aún mayor confusión entre este maremágnum de opciones de izquierdas y van a contribuir, con sus particulares ideas, a confundir a las personas de buena fe que siguen confiando en unos partidos que sostienen las mismas teoría que llevaron a la UNIÖN SOVIÉTICA a desmoronarse como un castillo de naipes, tal y como ha sucedido con el resto de países de detrás del famoso Telón de Acero y, como lo está haciendo todo este nuevo comunismo bolivariano sudamericano, liderado y dirigido con puño de hierro, por el señor Maduro de Venezuela, con resultados que nadie puede ignorar y que no pronostican ningún final feliz para sus víctimas, los venezolanos. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos cómo, de un día para otro, el panorama de nuestra nación se va cubriendo de la espesa neblina de la fatalidad que, si no hay quién se tome en serie el evidente declive ético, moral, social y político de España, pronto tendremos que lamentar que nuestra democracia no haya sido capaz de cumplir con sus objetivos.

Mariano Gomá: «Aún nos queda por ver la caída del independentismo»
Considera que el referéndum de la Generalitat puede acabar en «un acto ridículo y vergonzoso» y, si no se celebra, habrá elecciones: «Si no las convoca él, le obligará el pueblo catalán»
Fernando Cancio. Madrid. La Razon 14 Agosto 2017

–Parece que, con los últimos movimientos de cara al 1-O, los independentistas están aún más radicalizados...
–Lógicamente andan a la desesperada y necesitan hacer una huida hacia delante. Han perdido cualquier oportunidad de llevar las cosas por un sendero normal y ahora están como el que está en la baranda de un barco preparado para suicidarse. Su inmolación o su suicidio, lo que está provocando es que detrás vamos todos, que es lo grave para un país.

–Todo esto ocurre mientras los sondeos, incluidos los de la Generalitat, muestran cómo el independentismo pierde fuerza. ¿Cree que es una forma de tratar de acallar esos malos resultados?
–Mi teoría es que han perdido la oportunidad de eliminar la frustración del pueblo convocando unas elecciones para el 1 de octubre, que es lo normal que hubieran tenido que hacer. Así, las personas que creen en ese supuesto referéndum hubieran tenido la oportunidad de votar de una forma legal y ellos una salida digna a su situación, pero como están al borde del suicidio, van en una marcha que nadie sabe a dónde les llevará. Y efectivamente, los sondeos les dan menos apoyo y les van a dar menos, porque la gente empieza a estar un poco harta. Estoy seguro de que si no han convocado las elecciones ha sido porque saben que tienen la mayoría perdida.

–¿Por qué cree que siguen insistiendo en ese camino al suicidio con, por ejemplo, el viaje de Puigdemont a Dinamarca para internacionalizar su órdago?
–Primero, uno no sabe por qué los suicidas se suicidan. Y segundo, porque Puigdemont, cuando accedió a la presidencia de la Generalitat de una forma absolutamente anormal, asumió que él era el inmolado, el damnificado y, por tanto, le da igual ir a la cárcel. Es el mártir. Ha preferido, más que ser gobernante, ser un mártir. Él seguirá, y morirá, pase lo que pase, siendo un mártir. He hablado con el cónsul de Dinamarca y me ha dicho que nadie del Gobierno de Dinamarca va a acudir a la apertura de la oficina que quieren hacer allí el día 30. Ni tampoco el embajador español ni el cónsul. Nadie va a ir. Siguen yendo a hacer un ridículo internacional, a reunirse con sus propios amiguetes.

–Vamos, que ellos tampoco le dan importancia a ese órdago.
–No le dan importancia ni los gobiernos de los países a los que va ni, me da la impresión, nuestro propio Gobierno. Porque uno se preguntaría: «¿Por qué el Gobierno no actúa?». Yo creo que no necesita actuar, ya se lo hacen ellos solos.

–¿Lo está haciendo bien el Ejecutivo en este asunto?
–Creo que sí. Porque no entra en la provocación. Ellos están constantemente provocando y el Ejecutivo no está entrando. En ese sentido, yo creo que lo está haciendo bien.

–Puigdemont se queja que Rajoy no quiere hablar con él del referéndum...
–Claro. Cuando uno va al juzgado a decir que quiere robar joyerías, pues el juzgado no le va a recibir. Puigdemont no está llamando a la puerta de Rajoy para hablar de temas sensatos. Sólo pretende hablar de un referéndum que es ilegal y, por tanto, el presidente del Gobierno no puede recibirle. ¿Qué va a decirle?

–Eso sí, él echa a los que dudan del proceso y pone a gente cercana, como el último movimiento con el director de los Mossos, que dijo que la Constitución no les frenará. ¿Es otra amenaza más?
–Yo creo que sí, que es una amenaza más. El problema es que tienen unas grietas en su propio sistema que son imposibles de coser. Hay una serie de personas que ven que se derrumba el edificio y se están marchando. Ponen de nuevo en el Gobierno a «okupas» que les da igual todo. La gente sensata se está yendo.

–¿Qué más nos queda por ver?
–Yo creo que nos queda mucho por ver pero, sobre todo, la caída. El ver su caída y oír el ruido que hace esa caída. Pero nos va a tocar también, además de sufrir ese ruido, sufrir luego el polvo que levanta lo derrumbado. Es decir, nos va a tocar asistir a todas las secuelas que deja una cosa así, la porquería que se levanta y que se tarda mucho en limpiar.

–¿Qué sería ese polvo del que habla?
–La caída y el polvo supondrían la oscuridad de las relaciones entre Cataluña y España. Vamos a tener que volver a coser la cultura catalana con la española, darnos mucho cariño y confianza para que los catalanes que de alguna manera han vivido esta patraña se vuelvan a sentir de nuevo españoles y orgullosos de pertenecer a un país como España. Básicamente, volver a recuperar el espíritu.

–Entonces, ¿habrá referéndum?
–Creo que no lo habrá. En mi agenda no tengo nada para ese día.

–En ese caso, ¿habrá elecciones otra vez?
–Es que es lo que toca. Si no las convoca él, les obligará el pueblo catalán. Yo creo que habría una movilización popular que dirá: «Han fracasado ustedes en este proyecto, vamos a ser serios y vamos a gobernar de una vez».

–¿Y en el caso de que sí que hubiese un referéndum?
–Primero habría que saber dónde y cómo. Si los convocan en las bocas del metro, con las urnas y con unas sillas de alquiler, sin censo, sin control y sin ninguna oficialidad, sería peor que el 9-N. Y considero que iría poca gente a votar y el resultado sería absurdo también. Me da igual que vote que sí el 95% de la gente si únicamente ha votado el 25% del pueblo de Cataluña. Todo es una situación ridícula que puede acabar en un acto ridículo y vergonzoso y vergonzante para ellos. Van a ser unos resultados sin trascendencia nacional ni internacional.

–Los últimos ataques al turismo, ¿pueden verse como una herramienta más del independentismo? Han aprovechado también la huelga de El Prat para vender las bondades de la desconexión...
–Ahí se mezclan dos cuestiones. Primero, que por supuesto ante cualquier problema laboral o coyuntural en Cataluña, ellos lo van a aprovechar para decir: «Veis lo mal que os trata España». Es la excusa del niño pequeño que tiraba la pelota y escondía la mano. Pero todos los ataques al turismo no sólo los alienta el independentismo, también los sectores destructores de la CUP, que son a los que no les interesa ni el turismo ni nada. Sólo les interesa el no hacer nada y vivir del cuento. Les da igual la economía, el consumo, el porcentaje que el turismo representa para las arcas... Para mí son los más sinceros, porque han dicho que venían a reventarlo todo y harán lo que sea para reventarlo todo.

La «administración paralela» catalana cuesta 22.000 millones

Solo en esa comunidad crecieron los entes públicos durante la crisis económica

ROBERTO PÉREZ  Zaragoza. ABC

De los 38.000 millones de euros de presupuesto que maneja este año el Gobierno catalán, unos 22.000 pasan por las manos de su extenso entramado de organismos autónomos, entes de lo más diverso, empresas públicas, consorcios y fundaciones. Entre todos ellos conforman una extensa «administración paralela», cuya configuración organizativa la hace mucho más «versátil» a la hora de gestionar fondos públicos, contratos de obras y servicios y colocaciones de personal.

En plena deriva independentista, e ignorando la creciente asfixia financiera de la Generalitat, Cataluña es la autonomía que tiene el mayor entramado de entes públicos. Y también es la única que ahora tiene una «administración paralela» más grande de la que tenía cuando arrancó la crisis, un entramado que fue creciendo a la par que el Gobierno catalán se convertía en el gran beneficiado por los fondos de rescate financiero concedidos por el Estado -Cataluña ya le debe al Estado más de 50.000 millones de euros, tras cinco años de rescates continuos.

Según los últimos datos certificados por el Tribunal de Cuentas, relativos al año 2014, la Generalitat tenía 182 entes al acabar ese año, un 32 por ciento más que en 2008. En esos mismos años, el resto de autonomías hicieron justo lo contrario: redujeron sus «administraciones paralelas» en casi un 30 por ciento. Cataluña, sin embargo, en el año 2008 tenía 44 entes más que en 2007; el resto de autonomías, en su conjunto, habían eliminado 400 en el mismo período.

El ímpetu puesto por la Generalitat para multiplicar su «administración paralela» durante esos años arrancó con el socialista José Montilla y lo siguió alimentando su sucesor, Artur Mas. La extinta CiU siguió fomentando la creación de más entes públicos de lo más variado, hasta el punto de que la Generalitat llegó a tener 238 en 2011. Después, la creciente asfixia financiera en la que está sumido el Gobierno catalán le llevó a aligerar aquella enorme lista de organismos, sociedades y fundaciones. Pero, aún así, fue un recorte liviano si se tiene en cuenta la dimensión de la «administración paralela» de la Generalitat, que es -con mucha diferencia- la mayor de entre todos los gobiernos autonómicos

Cuando la crisis cayó a plomo hasta el punto de situar al borde del precipicio las cuentas del sector público español, el Gobierno central alentó a las autonomías a recortar estructuras, reducir su entramado de entes públicos, poner orden en sus gastos y reducir costes. Todas acabaron por recortar sus «administraciones paralelas», excepto Cataluña. Frente a ese 32 por ciento más de entes que sumó la Generalitat entre 2008 y 2014, Baleares se desprendió del 65 por ciento, la Comunidad Valenciana del 52 por ciento, Murcia eliminó la mitad de los que tenía, Castilla-La Mancha fulminó el 42 por ciento, Cantabria un 30 por ciento, la Comunidad de Madrid un 28 por ciento, otro tanto Galicia, un 22 por ciento Aragón, un 11,5 por ciento Andalucía… Asturias, Extremadura y Canarias fueron las que menos adelgazaron sus «administraciones paralelas», y aún así las recortaron, respectivamente, en un 9,7, un 6,6 y un 2,2 por ciento.

El Gobierno catalán no solo es el que suma una mayor entramado de organismos y empresas públicas, sino también el que más dinero maneja en esos aledaños de su sector público. De cada diez euros que controla la Generalitat, seis pasan por las manos de su «administración paralela». Esa larga lista de entes mueve del orden de 22.000 millones anuales, según el presupuesto aprobado por el Ejecutivo de Carles Puigdemont para el presente ejercicio. De esos 22.000 millones, unos 8.500 los maneja el Servicio Catalán de Salud, que tiene la condición jurídica de hólding empresarial público; los 13.500 millones restantes es la suma del presupuesto anual de una veintena de organismos autónomos, más de 70 entes y empresas públicas, 35 fundaciones y 50 consorcios, todos ellos controlados política y económicamente por el Gobierno catalán.

Se trata de un entramado en el que los colocados a sueldo se cuentan por muchos miles: para costear la nutrida plantilla de esa «administración paralela», la Generalitat reserva anualmente más de 4.300 millones de euros, con los que poder pagar los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social. A ellos se añaden otros 5.592 millones para gastos de personal de la Administración autonómica, incluidos los cargos políticos del Gobierno catalán y del Parlament

 


 


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