AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 16 Agosto 2017

La rendición preventiva del Gobierno ante el 1-O
EDITORIAL  Libertad Digital 16 Agosto 2017

A escasos mes y medio de la celebración en Cataluña de la nueva y no menos ilegal consulta secesionista prevista para el próximo 1 de octubre, a nadie deberían sorprender las declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en las que descarta definitivamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución como forma de evitar la consumación de este delito anunciado y de restablecer el orden constitucional en dicha comunidad autónoma.

La razón de dicha negativa por parte del gobierno de la nación no se debe tanto a una cuestión de falta de tiempo, tal y como bochornosamente ha alegado Hernando, sino a una irresponsable falta de determinación política por parte de un Ejecutivo que, sencillamente, no se atreve a atender su obligación de hacer cumplir la ley en toda España, y que, ante el ilegal proceso de ruptura iniciado en 2012, no ha hecho otra cosa que mirar hacia otra parte o hacer contraproducentes y apaciguadoras ofertas de diálogo a los golpistas que desde entonces rigen las instituciones autonómicas catalanas.

Aun cuando fuera cierto que existen otras fórmulas "más oportunas y realistas" que la de suspender la administración autonómica en Cataluña como forma de evitar la consumación del nuevo desafío a nuestro Estado de Derecho, resulta absolutamente estúpido y temerariamente irresponsable desposeerse preventivamente de un instrumento constitucional concebido precisamente para evitar que desde las propias instituciones del Estado –como son también las instituciones autonómicas-, se pueda atentar gravemente contra los intereses de España.

Por otra parte, no puede obviarse el hecho de que si no queda tiempo para poner en marcha la suspensión -ya fuese parcial o total, temporal o indefinida- de la administración autonómica en rebeldía, el responsable de ello no sería otro que el gobierno que durante meses ha tachado veladamente de "desproporcional" y de "sobreactuación" la aplicación del articulo de marras. Vamos, como si el gravísimo desafío institucional y las numerosísimas desobediencias perpetradas por los mandatarios regionales a las resoluciones de nuestros más altos tribunales sólo fueran un chiste de mal gusto que no mereciese más que un leve desagrado o mohín de displicencia.

Lo cierto es que a estas alturas el gobierno de la nación ni siquiera se atreve a decir cuáles son esas fórmulas "más oportunas y realistas" que, según el propio Ejecutivo, existen para evitar que los mandatarios regionales, por segunda vez en la historia reciente, vulneren el ordenamiento constitucional con una ilegal consulta secesionista. El gobierno sigue dando por descontado que ese referéndum no se celebrará con la misma convicción con la que decía que el del 9 de noviembre de 2014 tampoco se celebraría. Lo más alarmante es que en esa cómoda ceguera voluntaria se ha instalado nuevamente el resto de la clase política constitucionalista, incluido Ciudadanos. A este respecto conviene recordar a la líder de este partido en Cataluña, Inés Arrimadas, que si el gobierno de Rajoy cometió, ciertamente, "el error de permitir el 9-N", el líder de su partido, Albert Rivera, también cometió el error de creer que aquella consulta ilegal no se celebraría: el mismo error que la propia Arrimadas cometería si la consulta del 1-O, que ella asegura que el Gobierno no va a permitir, finalmente se celebra.

No sabemos, pero tal vez nuestra clase política constitucionalista con representación parlamentaria haya puesto toda su esperanza en la sentencia del Tribunal Constitucional que, probablemente, este mismo miércoles dictaminará el rechazo al recurso planteado por la Generalidad contra la suspensión de la reforma del reglamento del parlamento catalán para tramitar de forma exprés la consulta del 1 de octubre. A este respecto, sería sorprendente que los golpistas mandatarios regionales no dedicasen a esa sentencia el mismo desprecio que han dedicado a todas y cada una de las que la han precedido contra su sedicioso proceso de ruptura. Pero, en fin, habrá que dar tiempo al tiempo para ver qué logran esas fórmulas más "oportunas y realistas" de cara a evitar que el próximo 1 de octubre se produzca en Cataluña lo que no se evitó el pasado 9-N.

Alemania, contra el «plan Draghi»
Editorial La Razon 16 Agosto 2017

Causa y efecto. La decisión del Tribunal Constitucional alemán de remitir al Tribunal de Justicia de la UE sus «dudas» sobre la legalidad del programa de compra de deuda del Banco Central Europeo, en busca de una directriz común con la que juzgar las diversas querellas que ha recibido, puede llevar al euro y a la Unión Europea a un nuevo estado político y económico.

A una mayor integración –algo que demandan muchos de sus socios–, para salvar desafíos como el Brexit o los problemas económicos surgidos tras las dudas sobre la fortaleza del euro. Todo ha surgido a raíz de que el TC alemán anunciase ayer el envío de tres «cuestiones prejudiciales» al TJUE para una revisión urgente porque considera legalmente cuestionable las palabras del presidente del BCE, Mario Draghi, de 2012, en lo peor de la crisis de la deuda: «Haré todo lo necesario para preservar el euro».

Unas palabras que dieron seguridad y ánimo a buena parte de los miembros de la Unión –España entre ellos–, pero también a la propia Alemania, que veía cómo, por un lado, su deuda se convertía en un valor refugio pero por otro lado, sus «compradores», en el sur de Europa, cancelaban los pedidos ante la falta de liquidez.

Y es que, como tantas veces sucede en la política o en la economía, lo que nos puede beneficiar también puede tener otra cara y nos puede arruinar. En aquel momento, el denominado «Plan Draghi», por el que el BCE adquiere en el mercado secundario unos 60.000 millones de euros al mes en bonos soberanos y privados, fue el principal cortafuegos que acabó con el riesgo de contagio en la crisis de la eurozona y la medida que consiguió contener las primas de riesgo en la periferia europea.

Por ahora no hay por qué alarmarse. La autoridad monetaria aseguró en respuesta a esta decisión del TC alemán que cree que el programa está dentro de su mandato –aunque por supuesto esperará a la sentencia del TJUE– y que, mientras tanto, lo va a mantener «completamente operativo».

El argumento jurídico del Constitucional germano es que «hay motivos de peso que apuntan que los fundamentos del programa de compra de bonos violan la prohibición de la financiación monetaria vía presupuestos, y que también exceden el mandato del BCE en materia de política monetaria y, de esta forma, invaden las competencias de los estados miembros». Berlín insiste en que la tarea de la entidad es el control de la inflación, para lo que tiene como herramienta principal la gestión de los tipos de interés, mientras que este plan, a juicio del TC, se enmarca, por sus «efectos», dentro de la política económica, área de competencia exclusiva de los estados.

Quizá todo este debate sirva también para conducir a la Unión Europea a una mayor integración económica y financiera. Algo que en el momento de construir el euro no se llevó a cabo –con todas las consecuencias–, por no quitar a los gobierno nacionales sus prerrogativas y control sobre las políticas económicas en sus países. Quizá sea llegado el momento en que las políticas monetarias en el Banco Central Europeo dejen paso a las económicas.

A la espera de su sentencia, no está de más recordar que los Tribunales de la UE ya han tenido que resolver a varias cuestiones prejudiciales planteadas por el TC alemán, con respecto a los fondos de rescate que puso en marcha la UE a raíz de la crisis de la deuda, pues un sector político alemán se ha mostrado siempre decididamente en contra de las soluciones comunes a los problemas financieros en el sur de la eurozona. Curiosamente, parecen olvidar que uno de los mayor beneficiarios de esta práctica fue la propia Alemania, que vio cómo hasta su deuda a diez años llegaba a colocarse a tipos de interés negativos. Ahora, con la crisis económica superada, el escenario que se anuncia sin duda será otro. El cambio de ciclo se barrunta.

Metaficciones, relatos y votos
MANUEL MOSTAZA BARRIOS El Mundo 16 Agosto 2017

A los seres humanos nos ha costado milenios desarrollar modelos de convivencia basados en el respeto a las personas y a sus identidades: Lo habitual en la historia de la humanidad ha sido la imposición por parte del vencedor de sus modelos ideológicos a costa de la cultura o incluso de la vida de los vencidos. El modelo democrático liberal, hijo de la Ilustración y desarrollado no por casualidad en el mundo occidental de raíz greco-romana, ha configurado con los años un modelo único que sobrevivió de manera milagrosa a los embates del siglo XX. Un modelo que nos enseña algunas cosas que no debemos olvidar a la hora de afrontar este nuevo milenio plagado de cambios. Unos cambios que llegan de la mano de las nuevas tecnologías y de una digitalización del mundo a la que estamos asistiendo con tanta fascinación como perplejidad. Unos cambios, en fin, que afectan a los modelos de articulación del espacio público y a la gestión de la privacidad tal y como la entendíamos hasta ahora.

Hemos aprendido, en un proceso largo y doloroso que se abre de manera simbólica en julio de 1914 en Sarajevo y se cierra también en los Balcanes a finales de los años 90, que las naciones son comunidades imaginadas que sólo existen en la cabeza de las personas. No son eternas, para desgracia de los nacionalistas, y por eso sabemos que algún día no muy lejano dejarán además de importarnos. Pero que sean imaginadas no significa que no tengan efectos ni que no fueran, en un primer momento, un elemento positivo de modernización al funcionar como elemento de legitimación de la autoridad política y servir por ello para construir modelos en los que todos los nacionales eran iguales en derechos ante el Estado.

Lo que hemos aprendido también es que como la imaginación no tiene límites, el número de naciones imaginadas por el sapiens excede con mucho la lógica de la racionalidad y es por lo tanto imposible dotar a cada nación de un Estado, porque en muchos territorios conviven personas con identidades nacionales diferentes y porque, además, hay personas con identidades duales. Es más, hemos aprendido que es mejor no construir Estados homogéneos bajo los que viva una presunta nación étnicamente pura, porque ahí las minorías siempre acaban mal: perseguidas y con sus integrantes en una situación de clara debilidad ante la mayoría. Estaban más protegidas las minorías en la Monarquía de los Habsburgo que en la Hungría o en la Rumanía de entreguerras, por ejemplo.

El siglo XX nos cuenta también que las sociedades humanas, compuestas por bípedos implumes que sueñan, aman y odian, son plurales hasta la extenuación y mucho más mestizas de lo que imaginamos. Como los nacionalistas tienden a olvidarlo, la comunidad internacional, con mucho sentido común, no reconoce nada parecido a la bobada esa del derecho a decidir: reconoce el derecho a la autodeterminación sólo en casos de dominio colonial o de genocidio étnico-cultural. Situación que no se da en ningún país occidental.

Hablando de minorías, hemos aprendido también que lo que define de verdad a una democracia no es sólo el derecho de voto. Eso es una condición necesaria pero no suficiente. Y si me apuran, no es ni siquiera la más importante. Lo que define a una democracia es el respeto a las minorías que en ella se configuran (de manera imaginada, claro). Cuando las minorías son respetadas, cuando pueden participar de la agenda política y cuando tienen posibilidad real de convertirse alguna vez en mayorías, podemos estar hablando de una democracia. Como dijo el poeta francés Yves Bonnefoy una vez, «la democracia es hacer sitio a la realidad de los otros». Ni más ni menos.

Sin embargo, el encuentro con los otros, con los que no comparten nuestros valores últimos, también nos ha enseñado que si bien es verdad que todas las ideologías son relatos y narrativas para explicarnos el mundo, no todas son iguales. La democracia liberal es una ficción superior, una metaficción podríamos decir, en tanto que está por encima del resto de ficciones, tal como propone de manera brillante el profesor Arias Maldonado en su último libro. Y está por encima porque es la única que admite a todas las demás en su seno. Es el mejor medio que hemos encontrado para que cada ficción se desarrolle siempre que entienda que no puede destruir la metaficción que la acoge: en una democracia liberal es posible ser ateo, creyente, feminista, ecologista, socialista, conservador, etcétera, pero hay que asumir que la realidad de los otros también tiene sitio en el campo de juego.

Y eso es una idea capital: hay que entender que la igualdad es, en el fondo y como también dijo otro poeta, que "todos puedan ser diferentes sin temor". Es, desde luego, un equilibrio inestable, pero así son las mejores instituciones humanas: frágiles, contradictorias, y muy alejadas de las certezas narrativas que nos exige nuestro cerebro, pero tantos años de experiencia nos han enseñado que las cosas son así y que con el fuste torcido de la humanidad no se puede construir nada recto, como dijo Isaiah Berlin parafraseando a Kant.

Es por eso, y ésta es otra lección que comenzamos a aprender, de manera dolorosa, en Berlín a finales de julio de 1932, que tiene que haber espacios vedados a la voluntad popular y que la victoria parlamentaria confiere legitimidad, pero no discrecionalidad. Un partido que obtenga una mayoría clara en unas elecciones en España no puede proponer al Parlamento un proyecto de ley para despojar, por ejemplo, a los zurdos de sus derechos civiles. O para prohibir a los judíos o a los musulmanes ejercer determinados oficios. No, no todo se puede votar, pese a la cansina letanía que llevamos meses oyendo en este periférico país del sur de Europa. Tampoco se puede votar por tanto, contra la ley, despojar de sus derechos de ciudadanía a los habitantes de una parte del territorio si no hay acuerdo entre todos para hacerlo. Y para garantizar estos derechos, hemos aprendido también lo importante que son las instituciones mediadoras, puestas ahora en duda por el embate de la modernidad: las estructuras que se sitúan entre el poder político y los ciudadanos, como medios de comunicación, fundaciones, asociaciones, empresas... instituciones que son necesarias para asegurar que los discrepantes tienen voz y que el poder está vigilado.

En fin, que el siglo XX nos ha enseñado que las cosas relacionadas con la imaginación es mejor tomárselas un poco a broma: es bueno tener raíces culturales, religiosas o identitarias, pero no es bueno tomárselas demasiado en serio; más de cien millones de muertos sólo en el siglo pasado están ahí para recordárnoslo.

Cataluña: el silencio de los bomberos
Roberto L. Blanco Valdés La voz 16 Agosto 2017

En cuanto se presente en el Parlamento catalán el adefesio que pretende dar base legal a la celebración de un referendo delictivo, se repetirá el insólito pulso entre el imperio de la ley y quienes, habiendo prometido cumplirla y hacerla cumplir, se han sublevado contra ella. Ese pulso, que nos sitúa al nivel de una república bananera, solo puede acabar de dos maneras: o con la retirada de los secesionistas, que, tras darse por vencidos, convocarían nuevas elecciones; o con el uso legítimo de la fuerza del Estado de derecho, si los sediciosos se empeñan en seguir adelante con un plan que es una demencia inadmisible.

Si las cosas salen bien, la prudencia de Rajoy se impondrá, sin contradicción posible, como una gran habilidad; si salen mal, muchos lo señalarían como el único responsable del desastre. Empezando, claro está, por Pedro Sánchez, que intentaría sobre esa tragedia nacional su cabalgada para llegar a la Moncloa cuanto antes.

Y así, en medio de la más grave crisis política de España tras el final de la Guerra Civil y la implantación de la dictadura, volverían a salirse de rositas todos los que con su silencio clamoroso habrían favorecido un desenlace tan terrible. De ellos se habla poco, pero es necesario comenzar a subrayar su inmensa responsabilidad, por omisión, en todo lo que desde hace años está pasando en Cataluña.

Son los abstemios profesionales, los que se lavan las manos, a los que ayer se refería Fernando Savater en un artículo genial. Son, entre otros, los juristas, que se han negado a tomar partido a favor de las leyes que les sirven de sustento; los universitarios, emboscados en la comodidad de sus despachos; los empresarios que no han corrido riesgo alguno mientras veían cómo se destrozaba la seguridad sin la que los negocios no pueden prosperar; los sindicatos, callados pese a saber que la independencia sería una ataque frontal a la igualdad de los trabajadores; los comerciantes, los profesionales liberales, las organizaciones de la sociedad civil; y, por supuesto, los abajo firmantes habituales en toda causa progresista, real o imaginaria, que ahora han creído cosa de peperos defender el imperio de la ley y la condición de ciudadano de un Estado de derecho. Muy pocos de todos ellos, mudos de pavor ante el discurso reaccionario del nacionalismo, han levantado la voz mientras veían cómo nuestra democracia era vapuleada por unos facinerosos.

Ha sido el silencio de los bomberos: de los que deberían haber levantado su voz para ayudar a apagar la hoguera en que han convertido a Cataluña los fanáticos del independentismo. El silencio que precede, ahora sí, al de los corderos, en una sociedad que, ya habituada a que la ley puede violarse a conveniencia, tendrían que soportar en una Cataluña independiente que los radicales de ERC y de la CUP se consoliden como lo que ya son en gran medida: los matones de lo que, con su triunfo, se convertiría en un inmenso pueblo del Oeste.

Un loco en Sabadell
Carmelo Jordá  Libertad Digital 16 Agosto 2017

Ya tenemos la última ración de memoria histérica con la que deleitarnos y he de reconocerles que es especialmente sabrosa: lo que ha pasado en Sabadell sería para descojonarse… si no fuera el triste ejemplo de un país en el que ya no cabe un tonto más y, encima, buena parte de ellos cobran de nuestros impuestos.

Sin embargo, hay que reconocer que el responsable del informe que ha sobresaltado las vacaciones a media España, el historiador (¿?) Josep Abad, no es el típico espécimen de la memoria histérica, de esos que blande el franquismo contra el PP y todo lo que se mueva por puro interés político. No, yo creo que el señor Abad lo que está es un poco loco.

Ojo, lo digo sin ánimo de ofender y hasta con un punto de admiración. Les explicaré cómo creo yo que debe haber sido la cosa y me entenderán: a Abad le pagan un dinero para extirpar el franquismo del callejero sabadellense y, una vez hecho el gasto, no era cosa de decir a sus amigos independentistas que franquismo, lo que se dice franquismo, ya casi no había.

Así que puestos a buscar franquismo y, sobre todo, a encontrarlo, Abad apostó a lo grande: para abrir boca Larra, Garcilaso, Goya, Calderón, Góngora o Bécquer, que se ve que coincidían todos en El Pardo; de segundo plato Pizarro, Agustina de Aragón y acontecimientos en los que se ve que ya estaba el Caudillo: Bailén, Dos de Mayo, Numancia o Covadonga; y de postre va y nos sacude a Machado y… ¡a la Pasionaria!

Hay que ser muy valiente, o estar un poco loco, para tocar dos santones del progresismo como Antonio Machado -"el hermano de Manuel" lo llamaba malévolamente Borges- y sobre todo a Dolores Ibárruri, madre simbólica de todo el proletariado comunista e intocable símbolo republicano.

Pero ya hay que estar de atar –Josep, de verdad, míratelo, necesitas ayuda- para estar cobrando de la CUP y ERC y soltarse este impecable párrafo sobre la Pasionaria:

"En un mitin en Valencia en 1938, pronunció la frase 'Más vale condenar a 100 inocentes a que se absuelva a un solo culpable', en referencia al proceso del POUM. [...] ¿Puede tener una calle alguien con esos valores y ética?".

Como se dice hoy en día: ¡Zasca!

Se ha hablado sobre todo de Machado, pero el gran logro de Abad, el gran gesto de locura, es darse cuenta de que si unos no merecen una calle por vaya usted a saber qué extraña relación con el franquismo hibernada a través de los siglos, la otra no se merece una calle porque era una bestia parda. Ha quebrado nada más y nada menos que el primer mandamiento del progre ibérico –iba a poner español, pero no quiero ofender-: que el mal son, siempre, los otros.

Ahora imaginen que prende el ejemplo de Abad y empezamos a quitarles calles a tipos como el Che, Carrillo, Sabino Arana o Pablo Iglesias –este no, el otro-. Tiemblen los callejeros y pásmense los rufianes como se abra la veda, que aquí no va a quedar placa sobre pared. Una locura, se lo digo yo.

Carmelo Jordá es redactor jefe de Libertad Digital. Puede seguirlo en Twitter.

El amor por los tártaros
Yolanda Couceiro Morín latribunadelpaisvasco 16 Agosto 2017

Decía Jean-Jacques Rousseau: "Desconfien de esos cosmopolitas que van a buscar lejos de su país unos deberes que desdeñan cumplir en casa. Tal filósofo ama a los tártaros para verse dispensado de amar a sus vecinos".

Es como una ley: cuánto más solidaria es una persona con los extraños, más indiferente se suele mostrar con sus compatriotas. En tiempos de J.J. Rousseau se hablaba de cosmopolitas. Son nuestros humanitarios de hoy, los solidarios de vocación, los oenegeros de profesión: los filántropos de oficio y beneficio.

A diferencia de épocas pasadas, ya no es imprescindible, ni siquiera necesario, ir lejos a buscar a esos "tártaros" para amarlos a domicilio. Hoy nuestros humanitarios del tercer milenio se traen la faena a casa. Su amorosa baba necesita ser vertida lo antes posible y en las mejores condiciones.

En esta solidaria empresa participan distintos actores: ONGs, gobiernos, intelectuales, organismos internacionales, iglesias varias, fundaciones privadas y parte de la opinión pública, debidamente aleccionada por el aparato propagandístico del Sistema.

Ya no esperamos siquiera a que se presenten a nosotros los pobres de nuestra permanente Navidad para sentarlos a la mesa de nuestra culpable bonanza y nuestro inmerecido regocijo. Les vamos a buscar cada vez más lejos. Ya no los aguardamos en el umbral de nuestra casa, con el pan y la sal en las manos, salimos a rescatarlos en alta mar, cada día más cerca de las costas de salida. Pronto los embarcaremos directamente desde el muelle, en cualquier puerto de Turquía o de Libia. ¿Para qué perder el tiempo con trasbordos de un barco a otro, en medio de las olas? En estos momentos, y eso desde el año 2013 (Operación Mare Nostrum, seguida después por la Operación Tritón), varias naves de la marina de guerra de algunos países europeos se dedican a la recogida de "inmigrantes" y "refugiados" en el Mediterráneo.

Por primera vez en la historia de las naciones, las fuerzas armadas de unos países colaboran con la invasión de sus patrias por orden de sus gobiernos, quienes a su vez cumplen exigencias de niveles superiores.

Desde las "primaveras árabes" del norte de África y las guerras de Siria e Irak, ¿cuántas personas han llegado a Europa huyendo de esos escenarios (y de otros ajenos a esos conflictos, que se han "colado" en esa marea humana)? Posiblemente unos 3.000.000, cerca de 1.800.000 sólo durante el año pasado. Esa enorme migración humana ha sido posible porque ha sido querida, planificada, organizada y financiada por quienes tiene interés en ella.

No son únicamente nuestros buenos humanitarios los que han ayudado a esta gente a llegar a Europa, facilitándoles todos los medios a su alcance para tal finalidad. La UE, los gobiernos de algunos países miembros, Alemania en primer lugar, han puesto todas los recursos a su disposición para facilitar la inundación de Europa por estos "refugiados". Las diferencias ideológicas entre ambos grupos inmigracionistas no impide la coincidencia en los objetivos que se alcanzarán de persistir en esa vía. En todo caso, ellos han elegido su bando: con los invasores y en contra los pueblos europeos.

La política de acogida dictada por la UE no está siquiera motivada por una solidaridad mal entendida, ya que no puede crear más que problemas a las sociedades de acogida, sino por consideraciones políticas, económicas e ideológicas que no tienen en cuenta a los pueblos europeos y sus legítimos intereses.

Todo esto ocurre en un panorama europeo de crisis prolongada, de pobreza creciente, de paro masivo, de recortes salariales y presupuestarios, de ruina inmimente, de graves problemas sociales, económicos, de terrorismo islámico, de criminalidad desatada, de tensiones étnicas y raciales en constante aumento. Nada de eso les importa ni a los gobernantes ni a los filántropos.

La continua llegada masiva de "inmigrantes" y "refugiados" no puede más que agravar las tensiones y deteriorar la situación en todos los terrenos. El desorden va en aumento, camino del caos. Y no hay caos sin violencia. El insólito amor a los "tártaros" de nuestros gobiernos y nuestros humanitarios, está llevando a Europa a unos escenarios de destrucción y muerte, en definitiva de guerra.

Cuando en una sociedad o en una familia se prefiere sistemáticamente a los forasteros antes que a los paisanos, a los extranjeros antes que a los compatriotas, a los hijos ajenos antes que a los propios, esa sociedad o esa familia han dejado de ser normales, se han desviado del recto camino que dictan los sanos instintos del hombre y ordena el buen gobierno de las naciones. Estamos ante una señal inequívoca de degeneración moral, de voluntad maligna de subvertir el orden y violentar el bien común, de causar daño y sufrimiento.

Las sociedades no pueden seguir soportando tanta provocación y desprecio, tanto ultraje y atropello sin reaccionar con la dureza necesaria que demanda la perversa empresa de sumirlas en el caos y la discordia. De sus heridas físicas y materiales una nación puede recuperarse, pero de su claudicación moral sólo puede acontecer la ruina definitiva.

‘LAS CONDENAS LAS DECIDE LA JUSTICIA’
La respuesta de la Fundación Francisco Franco a quienes piden su ilegalización
La Gaceta  16 Agosto 2017

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha asegurado en un comunicado, en el que reacciona a las peticiones que se han planteado en los últimos días para que sea ilegalizada, que el dictador, “en tanto que Jefe del Estado, ni fusiló a nadie, ni dictó condena a muerte alguna, sino la Justicia”.

“Las condenas no las decide el Jefe del Estado, sino la Justicia” sostiene la fundación, que añade que el Frente Popular “procedió a docenas de miles de ejecuciones” y que si por ello los que piden su ilegalización consideran que Manuel Azaña fusiló “a cada uno de los ejecutados por el Frente Popular, empezando por los de Paracuellos“.

La FNFF mantiene que tiene como “una de sus señas de identidad la defensa de las víctimas que causó el Frente Popular”.

Y opina que Franco ofreció a los caídos del Frente Popular “la mayor dignidad que estaba en su mano: la posibilidad de dormir el sueño eterno junto a los caídos de la España Nacional, hermanar vencedores y vencidos bajo la Cruz del Valle de los Caídos“.

“Francisco Franco trató a los caídos del Frente Popular con el inmenso respeto que significa ofrecerles sepultura junto a sus propios hombres, y la FNFF, como no podría ser de otra manera, siempre ha mantenido esta actitud de reconciliación y respeto”, añade en el comunicado.

La fundación dice que entre sus funciones “capitales” está “la defensa de la media España víctima del Frente Popular, que hoy -afirma- yace olvidada por todos”.

“Detrás de este deseo de eliminar a la FNFF del debate público están los mismos que persiguen, apedrean o detienen un autobús perfectamente legal”, comentan desde la fundación.

El comunicado concluye advirtiendo de que la defensa de la fundación “es, a día de hoy, una obligación cívica, por encima de discrepancias ideológicas o de simpatías políticas”.

“Es clave para permitir el reconocimiento y homenaje público a las víctimas causadas por el Frente Popular, y conseguir la declaración de genocidio para la matanza de católicos que llevó a cabo”, apostilla.

El Banco de España y nuestro dinero
Con el actual sistema electoral es imposible una buena gestión económica y nuestro dinero no estará a buen recudo.
Luis Riestra www.vozpopuli.com
16 Agosto 2017

El año 2017 ha sido elegido por el gobernador del Banco de España para evaluar la crisis que comenzó en 2008 y, como era de esperar, se trataba de lavar la cara de sus pares en la ruina a que nos han sometido, destacando especialmente Jaime Caruana, gobernador entre el 2000 y el 2006 , que fue cuando de verdad se exacerbó el desastre. El tema es especialmente pertinente a esta bitácora digital pues fue el primer tema que tratamos, allá por el 2009 , y las recomendaciones hechas entonces siguen pendientes, por no decir que el BdE es un ejemplo paradigmático de la generación sociópata y de la degeneración institucional de un fin de Ciclo Generacional

Hoy, además, quiero resaltar la expresión "nuestro dinero", pues se supone que el Banco de España está para vigilar que la intermediación financiera que se hace con él sea la correcta pero, como no cumple su deber principal, tendremos crisis bancarias recurrentes y pareciera que les da igual lo que pasa con nuestro dinero, como veremos.

Nuestro dinero

La dejación de funciones en el BdE llegó a tal nivel, que en 2009, cuando investigaba aspectos monetarios de nuestra economía, descubrí que ni siquiera nos informaba sobre la cantidad de dinero, cosa que hacen todos los bancos centrales serios. De inmediato surgió la pregunta: ¿No la informa o no la calcula? Hechas las averiguaciones pertinentes, puedo decirles con toda seguridad que no lo calculaban, sino que se limitaban a pasar los datos al BCE para el cálculo de la cantidad de dinero en la Eurozona, la de aquí les daba igual; de locos. La queja la expresé en distintas ocasiones y tuve que hacer un cálculo propio (siguiente gráfica), algo incorrecto como vimos, pero es lo que había.

Quantity of Money in Spain M2 & M1.

Quantity of Money in Spain M2 & M1. L.R.

El mayor problema del cálculo anterior es que la información no está "consolidada" y así, por ejemplo, si un banco es dueño de otro, puede haber estadística duplicada. Además, el BCE tiene unos criterios para el cálculo de los agregados monetarios que quien realmente puede aplicarlos ("traducirlos") bien es el BdE, un debate técnico que no abriré. Les dejo el texto tal cual.

  • M1 is the sum of currency in circulation and overnight deposits;
  • M2 is the sum of M1, deposits with an agreed maturity of up to two years and deposits redeemable at notice of up to three months; and
  • M3 is the sum of M2, repurchase agreements, money market fund shares/units and debt securities with a maturity of up to two years.

Por otro lado, siempre que trato este tema, el del efectivo y depósitos de los españoles, recuerdo un duro debate con un señorito de la casta, sección neo-comunista, al que creo todos pagamos 50.000 euros anuales, que decía que el dinero de los españoles se lo había dado el Estado, confundiendo el patrón monetario con la acumulación de activos; de ahí al "yo te lo doy" (mentira) a "yo te lo quito" (seguro) hay un paso. ¿Ignorancia, maledicencia? Pero sigamos.

La corrección De Guindos

La dejación de funciones comentada tuvo una corrección con la llegada del Ministro de Economía De Guindos, allá a finales del 2011, quien vuelve a informar a los españoles de la M1, M2 y M3, aunque con ciertas deficiencias de forma; parte de esa información (M3 y "efectivo" o "cash") la tienen en la siguiente gráfica.

Quantity of Money in Spain M3 & Cash.

Quantity of Money in Spain M3 & Cash. L.R.

Comparando ambos cálculos se ve que "Monedas y billetes más Depósitos" baja casi a la mitad, de 2,5 billones a casi 1,2 de M3 oficial; además, la M3 aumentó poco desde 2014, cosa que sorprende dado el QE del BCE ( no así en EE.UU. ). Distinta es la comparativa de "moneda y billetes" vs. "efectivo", que nos sale casi igual, unos 126.000 millones. Comentar que este último dato tienes sus dudas por la caída, a casi la mitad, tras la introducción del euro, cosa rara, aparte que, en un país con tantos turistas, se complica el cálculo contable; también llama la atención que, si han eliminado el efecto de doble contabilización, la diferencia con nuestro cálculo sea tan baja. Misterios irresolubles, ya que nadie del Estado responderá esa pregunta, como tantas otras, pues reina la irresponsabilidad.

En defensa del efectivo

La parte buena estaría en la tendencia creciente del efectivo (monedas y billetes) a pesar del empeño en reducir su uso por la banca para abaratar costes, cuando su problema de baja rentabilidad no viene de ahí, sino de una mala fijación de tipos , algo de lo que el BdE también es responsable. Ese aumento en la demanda de efectivo es natural por las incertidumbres sistémicas (BdE, Podemos, etc.), por la tenencia de una moneda seria y por factores culturales, que en eso nos parecemos más a los alemanes que a suecos y británicos, verdaderos forofos del uso de medios de pago electrónico.

Hemos de pensar que los cleptómanos de la casta política, cuando ven estas cifras de dinero, se les ponen los dientes largos y da igual que les digas que una buena parte ya está comprometida financiando actividades productivas, transacciones, hipotecas, etc. o que puede estar mal calculado, que ya encontrarán excusas para apropiárselo y así colocar a su gente, ex-novias, hermanísimos, parientes y correligionarios de secta política. Y hombre, aunque es más difícil que la casta nos robe el dinero en efectivo, algo (más) inventarán, seguro.

Balance del negociado político

Por supuesto que toda esta mala gestión impuesta al sistema económico por los susodichos sociópatas tiene sus costes, que tenemos que pagar todos (en términos de empleo y demografía los conocen y los hemos tratado) y un dato que dan estos malos gestores y que se utiliza mucho es el Balance Financiero (no consolidado), que arroja un déficit con el exterior de, más o menos, un billón de euros (línea morada, siguiente gráfica, eje izquierdo) o 100% del PIB oficial desde casi 2008, cuando explotó su invento ruinoso.

Spanish Financial Balance.

Spanish Financial Balance. L.R.

Dicho desequilibrio requirió en 2008 una servidumbre neta (línea roja, gráfica anterior, eje derecho) próxima a 40.000 millones anuales (casi un 4% de interés implícito), que luego se han ido reduciendo de forma bastante curiosa. ¿Las razones? Seguramente podríamos especular durante días sobre esa mejora sin llegar a ninguna conclusión; mientras, quienes tendrían que responder, se burlan de nosotros y siguen a lo suyo.

Verán, mientras el sistema electoral no sea representativo del votante, el actual proporcional de listas de partido (da igual abiertas que cerradas) no lo es, no habrá quien responda a estas preguntas y defienda al ciudadano, o que eviten se enchufen saltimbanquis que digan que nuestro dinero no los ha dado el Estado, que exijan buena gestión y se hagan las preguntas pertinentes, o que se baje del estrado al gobernador del Banco de España y lo pongan, como hacen con Yellen en EE.UU. , en su sitio, a responder, a ser responsable.

Mientras no se haga ese cambio del sistema electoral ya pueden decir ustedes lo que quieran, manifestarse, etc., que esos esfuerzos pesan menos que los troles de la casta que vienen a difamarme. Con el actual sistema electoral es imposible una buena gestión económica y nuestro dinero no estará a buen recudo, así de crudo lo tiene el ahorrista español, sobre todo si es modesto, porque en temas de gestión de banca central hemos retrocedido casi cien años y así seguiremos, por lo menos, hasta que reviente el régimen actual de poder y, claro, también puede venir un cambio "progresista" y empeorarlo más.

Las empresas públicas de las CCAA todavía ocultan 4.476 millones de deuda
Cataluña, con más de 2.000 millones, acumula el mayor volumen de deuda en sus empresas públicas.

Las normas que regulan la contabilidad de las Administraciones determinan también qué obligaciones deben constar en las estadísticas de deuda y qué pasivos se pueden dejar fuera de dicha base de datos. Bajo la normativa actual, la deuda de las empresas públicas no contabiliza como parte del pasivo de las comunidades autónomas.

Esto permite que las regiones oculten parte de sus obligaciones a la hora de comunicar el pasivo que han asumido. Evidentemente, esto influye en los objetivos de estabilidad presupuestaria, que se concentran en fijar objetivos de déficit y deuda en las cuentas generales, dejando a un lado esta contabilidad paralela.

Así, según los datos del Banco de España para el primer trimestre de 2017, la deuda de las empresas públicas ligadas a los gobiernos autonómicos asciende a 4.476 millones de euros. La cifra es, sin duda, abultada, pero al menos refleja un cambio a mejor. Y es que, en 2009, la deuda de las empresas públicas de las comunidades autónomas llegaba a la friolera de 11.366 millones de euros.

Los datos que ha publicado el Banco de España muestran que Cataluña y Madrid son, con diferencia, las regiones que más deuda han acumulado en sus empresas públicas: 2.044 millones en el caso de Cataluña, 1.822 en el de Madrid. En 2009, Cataluña alcanzó los 5.660 millones de euros, si bien la evolución desde entonces ha sido a mejor. Todo lo contrario ocurre en Madrid, donde la deuda en 2007 era de 924 millones pero las obligaciones en 2017 ascienden a 1.822 millones. El pico se alcanzó en el tercer trimestre de 2016, con 1.911 millones.

Si estas obligaciones se sumasen al cómputo oficial de la deuda autonómica, la Comunidad de Madrid vería aumentar su pasivo regional del 14,9 al 15,8 por ciento del PIB, mientras que el gobierno de Cataluña empeoraría su resultado para subir del 35,2 al 36,2 por ciento del PIB.

Pero, de todas las comunidades, el caso más llamativo es el de Castilla-La Mancha. En 2011, la victoria de María Dolores de Cospedal supuso un cambio drástico en materia de política fiscal. El nuevo Ejecutivo popular se puso como meta reordenar las finanzas de la región, muy golpeadas tras los años de gobierno de José María Barreda. La estrategia dio frutos y la deuda pública de las empresas autonómicas pasó de 648 millones a 0 en apenas dos años.

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La política corrompe a la sociedad
El Confidencial 16 Agosto 2017

De acuerdo con el filósofo Jason Brennan, los ciudadanos pueden dividirse en tres grandes arquetipos políticos: 'hobbits', 'hooligans' y vulcanianos. Los 'hobbits' son ciudadanos a los que no les interesa la política: carecen de opinión firme (o incluso de opinión) sobre la mayoría de cuestiones públicas, pues simplemente se dedican a vivir sus vidas y no a filosofar sobre las problemáticas colectivas.

Los 'hoolingans' son ciudadanos que viven apasionadamente la actualidad política cual hinchas futbolísticos: poseen opiniones firmes sobre la mayoría de asuntos públicos (que coinciden en bloque con la de aquella corriente política a la que se adscriben) y son muy reacios a aceptar evidencia contraria a su ideología, pues esta forma parte de su identidad personal. Por último, los vulcanianos se interesan por la política pero de un modo desapasionado, puesto que la estudian científica y racionalmente: sus opiniones son tan firmes como la lógica y la evidencia disponible permiten que lo sean; si detectan errores en sus razonamientos o aparece nueva evidencia contradictoria, simplemente cambian de opinión

'Hobbits', 'hooligans' y vulcanianos son únicamente tipos ideales de ciudadanos: prácticamente nadie es un 'hobbit' puro, un 'hooligan' puro o un vulcaniano puro. Pero sí es cierto que todos basculamos más hacia alguna de estas tres categorías. De acuerdo con Brennan, la inmensa mayoría de ciudadanos son o bien 'hobbits' (paradigmáticamente, el abstencionista) o 'hooligans' (paradigmáticamente, el militante de un partido político). Ser un vulcaniano puro es casi imposible porque los seres humanos sufrimos un conjunto de sesgos cognitivos que nos impiden analizar la realidad de manera fría y objetiva.

Pero, evidentemente, para que un sistema democrático tenga visos de funcionar correctamente, es necesario que aquellos ciudadanos que participan en el proceso político sean vulcanianos: las democracias pueden resistir un alto porcentaje de 'hobbits', pero no un alto porcentaje de 'hooligans'. Los optimistas democráticos —como John Stuart Mill— confiaban en que la participación democrática tendería a ennoblecer y a moralizar a la ciudadanía, esto es, 'hobbits' y 'hooligans' irían transformándose progresivamente en vulcanianos. Sin embargo, también cabe la hipótesis contraria: que la participación en la arena política no ennoblezca sino que corrompa moralmente al ciudadano y que, en consecuencia, los 'hobbits' se transformen en 'hooligans' y los 'hooligans' se radicalicen todavía más.

El último libro de Brennan (cuya edición española será publicada a comienzos del próximo año por el Instituto Juan de Mariana y Deusto) es un compendio de razones por las cuales la política contribuye a embrutecer al ciudadano, es decir, a transformarlo en un 'hooligan': nuestros múltiples sesgos cognitivos (sesgo de confirmación, razonamiento motivado, sesgo endogrupal, sesgo de disponibilidad o el sesgo de autoridad) provocan que razonemos de manera sectaria, gregaria e irracional, de modo que el debate democrático no moverá a los electores hacia un amplio consenso social, sino hacia la polarización extremista. La participación o la deliberación democrática no engendrará vulcanianos, sino 'hooligans' radicalizados.

Por desgracia, la deriva de la democracia estadounidense durante las últimas décadas (con episodios crecientes de violencia política, como el último en Charlottesville o previamente en Berkeley) no hace sino avalar la hipótesis de que la politización de la sociedad tiende a corromperla. Hace algunos años, el Centro de Investigaciones de Pew publicó un detallado informe sobre la polarización política de la sociedad estadounidense, y los resultados ya entonces eran descorazonadores.

Primero, demócratas y republicanos se polarizan cada vez más: los demócratas se radicalizan hacia la izquierda y los republicanos se radicalizan hacia la derecha, vaciándose el centro.

De hecho, esta polarización ideológica se extrema entre aquellos ciudadanos más políticamente activos (entre los 'hooligans') y menos entre los ciudadanos menos participativos (entre los 'hobbits'). El 70% de los demócratas activistas se autorreconoce como izquierdista (frente al 49% de los demócratas menos activistas); a su vez, el 70% de los republicanos activistas se autorreconoce como derechista (frente al 38% de los republicanos menos activistas).

Segundo, las ideologías de cada grupo de votantes no solo se polarizan, sino que aumenta la antipatía que sienten hacia el contrario: el 79% de los demócratas tiene una opinión mala o muy mala hacia los republicanos y el 82% de los republicanos tiene una visión mala o muy mala hacia los demócratas.

Es más, el 27% de los demócratas considera que los republicanos son una “amenaza” para la nación, mientras que el 36% de los republicanos opina del mismo modo con respecto a los demócratas. Estos porcentajes son todavía mayores entre los ciudadanos que muestran un alto grado de activismo político (el 44% de demócratas activistas considera a los republicanos una amenaza, frente al 51% de los republicanos activistas que toman la misma actitud con los demócratas).

Y tercero, esta antipatía mutua entre ambos grupos ideológicos termina conduciendo a la segmentación social. El 50% de los republicanos más polarizados quiere vivir en comunidades republicanas y el 63% desea que sus amigos cercanos sean también republicanos; asimismo, el 35% de los demócratas más polarizados quiere vivir en comunidades demócratas y el 49%, que sus amigos sean demócratas

A su vez, el 30% de los republicanos más polarizados (y el 23% de los demócratas más polarizados) sufriría si un familiar cercano se casara con una persona de la ideología contraria.

En definitiva, la politización de la sociedad no conduce a resolver problemas comunes mediante un debate cordial, racional, desapasionado y basado en la evidencia: al contrario, fomenta que la sociedad se polarice en tribus ideológicas que se aborrezcan cada vez más entre sí (y que, en el extremo, lleguen a agredirse). La política no alimenta la concordia y el entendimiento mutuo, sino el odio entre ciudadanos que podrían convivir y cooperar pacíficamente al margen de la política.

Llegados a este punto, la cuestión pasa a ser, claro está, la de cómo deberíamos proceder. Y si la extensión de la política hacia nuevos ámbitos sociales es la responsable de esta progresiva polarización cainita de los ciudadanos, la solución deberá pasar por despolitizar la sociedad, esto es, por extraer del ámbito colectivo decisiones que deberían pertenecer única y exclusivamente a la esfera individual.

Incluso si consiguiéramos que la mayoría de ciudadanos se convirtieran en vulcanianos (reto imposible, dada nuestra psicología política), la pluralidad y heterogeneidad de valores morales de los ciudadanos impediría alcanzar un consenso sobre todas esas cuestiones para las que no existe una única buena respuesta posible: y someter esas controvertidas cuestiones a la elección colectiva únicamente las convertiría en focos de conflictividad, enfrentamiento e imposición tiránica de unos sobre otros. Para reducir la conflictividad social y la violencia con motivaciones ideológicas no necesitamos más política, sino menos. Es decir, necesitamos más 'hobbits' y menos 'hooligans'


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La deriva
Carlos Esteban Gaceta.es 16 Agosto 2017

Los mojitos que se sirven en las playas son un amenaza para la salud. El País, que dedica a ello la foto de su primera de hoy, ha mandado analizar unas muestras y ha hallado en ellas una alarmante concentración de restos fecales. No sé a qué me recuerda.

La primera noticia es que ‘Rajoy descarta aplicar el Artículo 155 para evitar la consulta en Cataluña’. Hay situaciones que uno no imagina ni en sus sueños más enloquecidos, y una de ellas es la de Rajoy actuando con firmeza y determinación.

En un país normal, en una situación normal, todos los partidos constitucionales harían piña con el Gobierno ante la rebelión abierta contra la ley del Ejecutivo catalán. Pero Rajoy sabe que aquí, ahora, todos los demás partidos -y, si me apuran, no pocos miembros del suyo-, están esperando que la aplicación estricta de la ley cause el menos problema para lanzarse sobre él.

Podemos, por descontado, pero incluso el PSOE, el partido que más años ha gobernado en nuestra democracia y ha levantado el sistema y que ahora va de antisistema, en una curiosa deriva suicida. ‘El PSOE dice que en España se exagera la represión de Maduro’, leo en la primera de nuestro ‘diario de referencia’. Es repulsivo ver a un partido haciendo cualquier cosa y diciendo cualquier cosa por ganar votos, pero, ¿eso da votos? Quiero decir: ¿eso da votos AL PSOE?

Quizá guarda alguna relación con el hecho de que, leo, ‘Ninguna de las universidades españolas entra en la lista de las 200 mejores’, pero sin duda esta noticia tiene mucho que ver con esta última: ‘Sabadell, donde Machado, Quevedo y Goya son franquistas’.

ABC se ha tomado muy a pecho el comentario del PSOE, así que abre su monotemática portada con soldados bolivarianos respondiendo contundentemente a una protesta pública: ‘La Venezuela que el PSOE no quiere ver’. Naturalmente, si protestas callejeras en España se saldaran con una décima parte de las víctimas que bajo el régimen chavista, el PSOE ya estaría gritando “genocidio” a pleno pulmón.

El Mundo sale con lo mismo que El País, pero de modo más completo, con el contraste que les mostraba más arriba: ‘El Parlament lanza el desafío al Estado y el PP renuncia al 155’.

Asistimos, es obvio, a un peligroso debilitamiento del Estado de Derecho, algo que confirma la foto con que abre El Mundo: ‘Juana Rivas juega al escondite con la Justicia’. El ‘estado de opinión’ ha decidido que Juana hace bien, así que aquí no pasa nada. Qué sabrán los jueces.

La Razón abre hoy con un titular disuasorio, uno que debería ponerle muy difícil su venta en quiosco a todo el que no compre la cabecera de forma automática: ‘Alemania llevará al tribunal de la UE la compra de deuda del BCE. A ver, seguro que es importante, pero ha estado a punto de descerrajarme la mandíbula.

La foto corresponde al alegre Kim, rodeado de soldados. ‘Kim silencia los tambores de guerra’. Vaya, parece que el líder Juche no coincide con la opinión unánime de la prensa occidental según la cual las bravatas de Trump no hacían sino echar gasolina al fuego. Quién lo iba a decir.

El referéndum es una posibilidad perfectamente real
José María Albert de Paco  Libertad Digital 16 Agosto 2017

En su flácida retahíla de exhortaciones a que el Gobierno catalán renuncie al referéndum, Rajoy ha recurrido a la suave reconvención, al juego sucio (después del GAL, llamar 'guerra sucia' a las maniobras coercitivas del ministro Jorge Fernández Díaz es una frivolidad), a la designación de Sáenz de Santamaría como embajadora de buena voluntad, al Tribunal Constitucional, a la UDEF, a Macron, Merkel y Juncker, a la fiscalización de las partidas presupuestarias... La estrategia no sólo no ha brindado ningún fruto sino que, muy al contrario, ha envalentonado a los insurrectos, que incluso se jactan de disponer de censo y urnas, esto es, de gobernar en la más absoluta opacidad, al punto de que ni siquiera se creen obligados a rendir cuentas al resto de partidos del Parlament, ya no digamos a la prensa.

En este trance, Rafael Hernando acaba de anunciar que el Ejecutivo descarta la aplicación del artículo 155, disfrazando de imposibilidad técnica lo que, en puridad, no es más que una clamorosa ausencia de voluntad política. Una dejación de la que cabe colegir que Rajoy tampoco prevé decretar el estado de excepción (que pasaría, según me decía hace unas semanas en una agradabilísima cena un ex conseller de la Generalitat, por la intervención de TV3 y la clausura de la sede en que se pretenda efectuar el recuento). Para ello, y conforme a la lógica de la graduación, tendría que haber consumado, como primera medida, el bloqueo de las transferencias. En este sentido, poco importa que haya sido Hernando, que no es ministro, el responsable de endilgar el marrón a los jueces en nombre de La Moncloa, en lo que constituye una reveladora anomalía sintáctica.

Así las cosas, la integridad del Estado no tiene más garantía que la cachazuda confianza de Rajoy en que al adversario le acaben temblando las rodillas, lo que en su quimera debe de traducirse en una cascada de dimisiones de altos cargos que lleve a Cataluña al desgobierno, o en la negativa de los mossos d'esquadra a cumplir órdenes contrarias a la legalidad, o en un 0-5 del Madrid en el Camp Nou, aunque sea vistiendo de verde. Nada, en fin, que impida que esta entrada de la wikipedia adquiera, a partir del 1 de octubre, rango de jornada histórica.

No le faltaba razón al eurodiputado de ERC Josep Maria Terricabras cuando, en abril de este año, en una conferencia en la selecta escuela Súnion, se congratulaba únicamente de que Cataluña estuviera en España (min. 38:50)."Francia", aducía, "ya nos habría aplastado"

Cataluña no se cree la independencia

Editorial La Razon 16 Agosto 2017

Años de propaganda, puestas en escena y anuncios no han logrado su objetivo. Como hoy desvela LA RAZÓN, el 56,5% de los ciudadanos de Cataluña considera que el Tribunal Constitucional acabará impidiendo la celebración del referéndum ilegal. Resulta curioso que en la encuesta de NC Report se apunta a que entre los mayores de 29 años se impone el convencimiento de su no realización. Una encuesta de opinión que llega cuando hoy, previsiblemente, el pleno del Tribunal Constitucional rechace el recurso que la Generalitat presentó contra la suspensión de la reforma del Reglamento del Parlament para tramitar de forma exprés el referéndum del 1 de octubre.

Una consulta, un «procés», que ha absorbido recursos y fondos de una comunidad autónoma en la que los problemas de empleo y la atención educativa, sanitaria y social ha pasado a un segundo termino. De hecho, según NC Report, el 57% de los encuestados considera que la Generalitat ha descuidado el gobierno de Cataluña centrada como estaba en el órdago al Estado. Un Estado que ha sido quien ha sacado las castañas del fuego en financiación –vía FLA–, o en cuestions logísticas, como se ve estos días en El Prat. Así las cosas, y ante el escenario que se adivina para el 1-O, los catalanes consideran mayoritariamente que Carles Puigdemont debería dimitir ante la frustración y que su fantasmagórica consulta ha provocado.

La hora de la verdad
Xavier SalvadorCronica Global 16 Agosto 2017

Con tanta desgana como previsión, llegamos al ecuador del Ferragosto. Son días de normal asueto, pero este año la política catalana ha variado un poco el reloj biológico y casi del todo el vacacional. Dirán sus oponentes que los impulsores del soberanismo no pintan nada, pero no es cierto: su feria propagandística, como una tremenda mancha de aceite accidental, lo inunda todo, hasta adaptar el calendario público a sus intereses. El 16 de agosto era necesario tener fregado y seco el Parlament para, con muda limpia, arrancar la recta final de todo un nuevo relato político nacido hace ya unos años, en los tiempos de negociación del Estatut, de recursos al Constitucional y de profunda crisis económica sobrevenida.

El independentismo está ante sí mismo, frente al espejo. Tiene dos opciones: intentarlo y fracasar o atrasar su deseo y frustrarse. No será fácil. Una de las vías genera mártires para la causa (y no existen garantías de que los afectados aspiren a esa noble condición), mientras que la otra ridiculiza aún más a los protagonistas de un pulso sostenido contra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial españoles.

El soberanismo ha llegado muy lejos en sus aspiraciones, incluso pese a que sus terapeutas a distancia, Antoni Puigverd incluido, llegan fatigados. Algunos de sus más ilustres defensores se ven ya próximos, acariciando la independencia de su patria como en una infantil ilusión propia de la llegada de los Reyes Magos. Son tan ilusos argumentales como arrojados e inconscientes, aunque hayan abierto una espita peligrosa. Ahora ya no será Mariano Rajoy y la Brigada Aranzadi quienes respondan en solitario a sus movimientos tácticos. A ellos se añadirá una parte de la sociedad catalana, todavía mayoritaria a la que no le gusta ser transportada por carreteras serpenteantes, desprotegidas y con alto grado de siniestralidad política.

Hartos de supuestas legitimidades democráticas, una ciudadanía hastiada no quiere asistir en breve a otro debate sobre si L'Hospitalet quiere independizarse de Cataluña por más que su pleno municipal lo decida y se arrogue la soberanía popular que desee, con todo el respeto para los del Llobregat. La democracia son las urnas, cierto, pero también el respeto a las leyes y normas. Democracia es la aceptación de las reglas de juego por parte de todos, no sólo de unos pocos. Por más que nos molesten los zapatazos de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou, es ilegal empequeñecer la portería contraria cuando dispara el portugués.

Esa misma parte de la ciudadanía catalana, en parte responsable civilmente de lo acontecido, dejó crecer la espuma del suflé. El error anidó en que sólo veía delante de las frases grandilocuentes y la permanente reivindicación un choque de trenes entre la derechona catalana, orgullosa de su cosmopolitismo nacional (esa Cataluña rural y carlista que ha tomado al asalto lo urbano), con el conservadurismo más mesetario y rancio, el de pañuelo en la americana y mantilla en los días señalados por la España nacional. Nadie, ni los propios independentistas, soñaron jamás con llegar tan lejos en sus oníricos delirios. Ahora, parafraseando al Machado "franquista" y "anticatalán", una de las dos Cataluñas empieza a helar los corazones.

Pero una porción no desdeñable de ciudadanos de Cataluña abomina de experimentaciones caprichosas. Más todavía si hay que asumir el menor riesgo para la estabilidad y el progreso, que sólo se valora cuando está próximo a desvanecerse. Los independentistas creen hallarse frente al registrador de la propiedad y su gobierno, pero hoy yerran el tiro. Toda Cataluña, con ganas o sin ellas, ha participado ya del debate que propusieron. Ahora, y aquí está su mayor riesgo, tienen apenas unas semanas para evitar ser odiados por esa mayoría silenciosa a la que el statu quo autonómico le parece perfectible --pero adecuado-- y que preferiría disponer de políticos más resolutivos, menos corruptos, nada sectarios y mejores gestores de lo público. Entre los hooligans de uno y otro lado habita una masa variopinta de personas que están hasta la barretina de este lío.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil para el movimiento soberanista. El nacionalismo lleva años aplicando una terapia propagandística que elevaba el diapasón de forma gradual en aquellos ámbitos de la sociedad más receptivos con los postulados identitarios y culturales. Se permitía, incluso, formar convencidos activistas. En esa línea de actuación permitan que me descubra ante Jordi Pujol y su Programa 2000 de los años 80, y ante todos sus sucesores (los apresados, los condenados y los que aún aspiran) que consiguieron extender el romanticismo patriótico y nacional como una especie de plaga inofensiva y hasta folclóricamente curiosa. La fábrica de las autonomías pactada en 1978 aún no había engrasado su maquinaria y los más hábiles, los más astutos, lograron granjearse una situación de excepcionalidad factual frente al resto de los ciudadanos. No, no me refiero directamente a vascos y navarros, que allí las hondas y las sopas iban violentamente unidas, sino a los catalanes autonómicos que confeccionaron una administración de nueva planta tan desleal con el Estado al que representaban como victimista, internamente grasienta y corrupta pese a su juventud.

De aquellos polvos hemos llegado a estos lodos. Al anuncio de un referéndum de autodeterminación que no ha sido convocado pero que, en cambio, mantiene a todo aquel con un mínimo de interés por lo catalán pendiente de los acontecimientos. ¿Habrá más astucia?, ¿habrá llegado el momento de frenar determinadas veleidades exclusivistas?, ¿quién dará el primer paso?, ¿qué intensidad tendrá la primera respuesta?, ¿será la calle un lugar en el que el ruido explote?, ¿habrá damnificados, daños colaterales?, ¿cómo se reconducirá la frustración?, ¿alguien ha pensado en el día después y en el sosiego de los corazones exaltados?, ¿se producirán dimisiones?, ¿existirá quien pida perdón por el tiempo, los recursos y la energía empleada en vano?, ¿volveremos los catalanes a ser un pueblo consciente y mercantilmente cabal, capaz de negociar en lo privado y en lo público como antaño?, incluso, ¿qué pensarán los vecinos?

Con tantos independentistas convencidos, con una amplitud de políticos que han hecho del soberanismo su primer empleo en la comunidad y con una clerecía excitada y expectante, nada de lo que suceda es previsible y arrastra un componente aventurero excesivo para cuestiones colectivas. Desgraciadamente, lo que está en juego a esta altura del contencioso es aclarar quién gana y quién pierde; no caben las tablas finales, ya que así se ha planteado la partida por ambas partes. Es, desgraciadamente, la hora de la verdad para Cataluña, para nosotros, sus ciudadanos. El desconocido inicio de un futuro preocupante.

El segundo 'agosticidio' del PSOE
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 16 Agosto 2017

El mes de agosto se acaba hoy, que es cuando empieza el periodo de sesiones en el Parlamento de Cataluña y desde allí la mayoría independentista pondrá en marcha el referéndum y desplegará la preparación de una Diada -11 de septiembre- de crucial importancia en la movilización de sus bases. Sin un éxito en la fiesta que muchos catalanes consideran nacional a todos los efectos, conmemoración de una derrotada Barcelona en 1714 ante las tropas de Felipe V en las que ostentaban cargos de mando catalanes ilustres, se 'pincharía' el efecto pretendido el próximo 1 de octubre.

Pero agosto no se acaba hoy, a efectos políticos, solo por esa razón sino también por otra igualmente importante y que quizá sea irremediable dada la banalidad de Pedro Sánchez: el líder del PSOE va a proponer, fuera de todo sentido de la oportunidad, una comisión extraparlamentaria para estudiar la reforma de la Constitución. No se trata de que la Carta Magna no deba ser revisada. Tampoco de que Cataluña no vaya a requerir en su momento un reacomodo en el Estado, siempre que sea legal y asumido por todos, como en 1978. Se trata de que cuando el Gobierno y las instituciones se enfrentan a un desafío que presenta signos de contumacia en el error jurídico y político, no se puede abrir ese frente sino coadyuvar a que se respete la integridad de la legalidad constitucional y se supere la peor crisis política desde el 23 de febrero de 1981.

Sánchez plantea la iniciativa sobre bases que, ademas de su extemporaneidad, introducen confusión y graves contradicciones. Quiere la plurinacionalidad de España, 'perfeccionando' el artículo 2 de la Constitución. Cómo vaya articularse esa 'nación de naciones' y cómo se desee redactar el artículo segundo de la CE son unas incógnitas que preocupan a los que se atienen al actual Estado autonómico, que ya reconoce las nacionalidades históricas, y deja insatisfechos a los secesionistas, que pretenden una declaración de plurinacionalidad política y no solo histórica o cultural, es decir, un auténtico proceso constituyente.

El portillo que abre Sánchez compromete al PSOE y, lo que es peor, plantea en un tiempo político inadecuado y con una fórmula incompatible con su proclamada concepción federal del Estado una iniciativa que tendrá, debidamente modificada, algún sentido cuando el país en su conjunto sepa a qué atenerse el 2 de octubre. Es obligado mantener el diálogo, pero no abrir la negociación porque los independentistas no la quieren. Desean imponer sus condiciones: un referéndum pactado y vinculante sobre la creación por secesión de España de una república catalana. Una implosión inasumible de la nación y del Estado.

Fue Rodríguez Zapatero el que el 23 de agosto de 2011 propuso la reforma de más calado de la Constitución: la regla de gasto que se introdujo en el artículo 135 de la Carta Magna, que se aprobó luego el 2 de septiembre de manera ordinaria. Rajoy entonces contribuyó a esa modificación, pero partió del entonces presidente socialista, que perpetró un desafuero, no tanto por la reforma cuanto por su 'agosticidio', es decir, su preparación y comunicación a la opinión pública en pleno mes vacacional con la consiguiente desmovilización general.

Ahora, salvando todas las distancias que se quieran, otro secretario general del PSOE lanza en pleno agosto un tema de la máxima importancia y lo hace de manera táctica y, además de estéril, también carente de sentido político, porque ni por razón de oportunidad (el momento) ni de fondo (apostar por la plurinacionalidad) tiene virtualidad alguna para disuadir a los separatistas de sus propósitos y les ofrece, por el contrario, una fisura de nuevo desacuerdo entre las fuerzas políticas que deben estar unidas en una tesitura como la que mañana comienza en España.

El comportamiento 'astuto' de los independentistas, tan agosteño, alcanza un punto de simetría con el oportunismo de Sánchez, que vuelve a errar por una hiperactividad que es directamente proporcional a la quietud de Mariano Rajoy, sin que pueda compararse el comportamiento del presidente al de los secesionistas desafiantes porque ello implicaría incurrir en una cobarde equidistancia en la defensa de nuestro Estado de derecho.

Es momento de que actúen las instituciones de control de la legalidad y de que el Gobierno tenga dos prioridades: mantener conforme a sus competencias el cumplimiento de la ley y esforzarse de manera continua en negociar con las fuerzas constitucionalistas y no quebrar el diálogo, por mínimo que sea, con la Generalitat. Y todo ese planteamiento de sensatez en esta coyuntura no es compatible con iniciativas fuera de contexto, y en agosto, como la de este nuevo PSOE que parece referenciarse a sus peores prácticas pasadas, las de Zapatero, para seguir dando vueltas a la noria de su reinvención, o, tal vez, de su refundación.


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