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Espectáculo bochornoso.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 31 Agosto 2017
Hoy el diario La Razón, cuyo director es el polémico Francisco
Marhuenda, azote de toda la izquierda y de los que critican a
Mariano Rajoy, se advierte de que el tribunal Constitucional no va a
ejercer su potestad de sancionar con la suspensión a los
responsables de haber desobedecido sus sentencias. Al parecer la
mayoría de los jueces no son partidarios de ir más allá de emitir
las sentencias y dejaría en manos del Gobierno, en este caso de la
Fiscalía, la ejecución. Sin embargo, jurídicamente eso entraría en
un camino enrevesado de denuncia, enjuiciamiento y sentencia
condenatoria, algo que haría que los desobedientes sediciosos
siguieran en su cargo de responsabilidad hasta que hubiese una
sentencia firme. Es decir, el Tribunal Constitucional se quiere
inhibir de lo que la propia Ley le reconoce como facultad resolutiva
de sus propias sentencias. En este caso, los jueces se quieren
cobijar y eludir su responsabilidad tras el Gobierno de España, de
igual modo que el Gobierno de España ha estado cobijándose bajo las
togas de los jueces del Tribunal Constitucional para eludir su
responsabilidad ejecutiva.
Algunos a esto le llaman “pasarse la patata caliente”. Yo,
simplemente le llamo cobardía política y terror paralizante del
vértigo por asomarse al abismo del desafío secesionista. Porque si
hay algo que no puede aludirse es desconocimiento de las intenciones
de los secesionistas que desde hace meses iniciaron lo que llaman
“proceso de desconexión” con la tramitación de leyes como la de
Transitoriedad, el cambio del reglamento del Parlamento para la
tramitación exprés delas leyes, e incluso la amenaza de legislar vía
Decreto Ley esas leyes sin someterlas al debate parlamentario. Unas
actuaciones acompañadas por declaraciones incendiarias con amenazas
directas de declarar unilateralmente la independencia y la de
desobedecer la prohibición de realizar el referéndum
inconstitucional, en el que además darían por válido el que el
número de síes supere al de noes con independencia del índice de
participación.
Y ¿en qué estamos ahora? Pues en primer lugar en una frustrante
soledad de un Gobierno que se ve maniatado por la oposición, PSOE y
CIUDADANOS, que, en vez de formar un frente común constitucionalista
de acción contra los secesionistas, imponen limitaciones a las
respuestas y coartan la aplicación del único artículo incluido en la
Constitución, el 155, previsto para situaciones límite de gestión
desleal o flagrante perjuicio para España por una mala gestión.
Nadie de los redactores de la Constitución, pudo imaginar el nivel
de desafío y rebeldía al que llegarían los responsables autonómicos
como los del Gobierno y Parlamento de Cataluña. En segundo lugar,
presenciamos una actitud oportunista y sectaria por parte del resto
de los partidos nacionalistas y el otro partido de ultra izquierda
radical, el que forma la actual coalición de UNIDOS PODEMOS (IU y
PODEMOS) con las marcas regionalistas y nacionalistas de este
último. Y en tercer lugar, la extrema cobardía de un Gobierno que
habiendo estado en mayoría parlamentaria, permitió la celebración de
una consulta ilegal y que el desafío secesionista se haya
incrementado hasta los límites demenciales alcanzados en esta nueva
legislatura.
Y no parece que esto vaya a cambiar en el escaso tiempo que queda
para que se llegue a la celebración del nuevo referéndum
inconstitucional, para el que los convocantes se jactan ya de
disponer de las suficientes urnas (más de 8000 burlando la
prohibición de su compra con fondos públicos), del censo y de la
disponibilidad de los recintos que se usarán como colegios
electorales. Y ello apoyado en una legislación “ad hoc” que permita
no solo la celebración del referéndum, sino las bases de la nueva
legalidad que legitime la declaración unilateral de independencia de
la nueva República de Cataluña. Porque estamos en lo de siempre, en
que la Fiscalía solo actúa cuando ya el delito se ha consumado. Las
simples declaraciones y amenazas no son suficientes para despertar
su celo. Una norma que no se cumple, por ejemplo, en el caso del
terrorismo donde las declaraciones y amenazas se toman con total
seriedad. Y es que para los secesionistas, el proceso de
independencia es algo que desde siempre se han tomado muy en serio,
y el Gobierno de España se ha negado a calificarlo de algo más que
una patochada.
Y ahora es cuando el proceso secesionista ha adquirido una
envergadura en la que ya no se puede seguir contemporizando y se
debe actuar con la misma contundencia y celeridad que los
secesionistas aplican a sus actuaciones. Ya dije en una ocasión de
que el Gobierno de España y la Justicia van dos pasos por detrás de
los delincuentes. Ahora, esa distancia ha aumentado y deberán
acelerar para poder impedir que lleguen a la meta. Lo que pongo en
seria duda es si se van a sobreponer a la sensación de ya haber sido
derrotados y confiarse exclusivamente a una posible descalificación
por parte de los jueces de carrera.
Estamos en las semanas clave para saber si finalmente se impondrá el
Estado de Derecho o iremos inevitablemente a una fractura de España
con la secesión de uno de los territorios nucleares de la existencia
de España y sin el cual no se entiende la Nación como tal. Cataluña
es parte esencial de España y España no puede concebirse sin
Cataluña. No se puede consentir que el secesionismo triunfe con sus
propias reglas anti democráticas e inconstitucionales. Los poderes
del Estado deberán impedirlo.
¡Que pasen un buen día!
Autoridad democrática
Ignacio Camacho ABC 31 Agosto 2017
Un día de estos, y su pesar, el Gobierno va a tener que comparecer
en Cataluña. El tiempo se acorta y los soberanistas cumplen al pie
de la letra su plan de independencia a plazos; la única deslealtad
de la que no se les puede acusar es la de no haberlo anunciado. El
recurso al poder judicial está a punto de agotar su viabilidad ante
la evidencia también advertida de un abierto desacato. Y en todos
los ordenamientos jurídicos del planeta –incluso en el de la
fantasmal república catalana– está previsto que en caso de
desobediencia a los tribunales entre en acción la facultad
coercitiva del Estado.
La autoridad democrática es el sostén político del Estado de
Derecho. Hay que ejercerla midiendo su proporcionalidad, sin
precipitación ni exceso. Pero también con una legitimidad exenta de
complejos. El desafío independentista reúne ya todos los requisitos
exigidos, y hasta alguno más, para una respuesta sin remordimientos:
es un golpe contra el orden constitucional y estatutario perpetrado
por quienes juraron defenderlo. Y ha llegado a un punto tal que el
Gobierno no puede pecar de imprudencia o de temeridad sino de
poquedad y encogimiento.
Si Rajoy pretende cargarse de razones le restan muy pocas más que
acumular; sería un error imperdonable que su paciencia tropezase
esta vez en un mal cálculo de los tiempos. La idea de acolchar las
bravatas del soberanismo ha evitado conflictos innecesarios pero
empieza a acabarse la hora de los miramientos. Muchos españoles de
dentro y de fuera de Cataluña tienen la sensación diáfana de que la
provocación ha ido esta vez demasiado lejos. En el plano político,
que también es el de la comunicación y el de los gestos, el
presidente ha de asumir un liderazgo claro ante la nación y disipar
la inquietud ciudadana con algo más que casuismos leguleyos.
Es cierto que los secesionistas tratan de forzar la coacción física,
el impedimento por la fuerza de sus planes de ruptura, y que la
responsabilidad de un dirigente consiste en no brindarse mientras
sea posible a ese juego. Está llegando sin embargo el momento en que
el Estado debe implementar de forma transparente y abierta los
recursos legales necesarios para sobreponerse a su desmantelamiento.
En la sociedad de la comunicación no basta con conocer que esos
recursos existen; es menester que la opinión pública sepa que hay
voluntad política y margen temporal para aplicarlos sin titubeos.
Este pulso desquiciado sólo puede tener un vencedor, y se llama
España. La España que espera indecisa, confundida y cansada. La
España que contempla perpleja cómo sus representantes
institucionales soportan en silencio un aluvión de desplantes,
chulerías y amenazas. La España que confía en una solución que no la
deje, como casi siempre, un poco más débil, desestructurada y
lánguida. Esa España que no se resigna a que le digan, viendo lo
que, que no pasa nada.
¿A dónde va esta izquierda?
Jorge Vilches. vozpopuli 31 Agosto 2017
El miércoles asistimos a otra inútil sesión parlamentaria sobre la
corrupción; de tanta valía como esas comisiones de investigación
dedicadas, sin rubor, pero con mucho engolamiento, al arte y ensayo.
La única incógnita era el nombre del portavoz socialista. Esta vez
le tocó a una triste Margarita Robles, que pronto quedó en evidencia
ante el fácil recurso a la hemeroteca. Podemos, con estudiada
coreografía norcoreana, recibió donde más duele: el ninguneo de
Pablo Iglesias. Un partido que ha hecho de su constante presencia
mediática la gran baza para convertirse en la alternativa populista
al PP tuvo que sufrir cuando dejó de ser el centro de atención.
No hubo más, salvo la gran pregunta: ¿A dónde va esta izquierda? Es
cierto que el PP ha ganado las tres últimas elecciones, pero con una
enorme sangría de votos. También es verdad que su imagen desde 2011
ha ido cayendo por la traición al programa electoral con el que
entonces se presentó y el apocalipsis de corrupción con el que ha
envuelto al país. Los de Rajoy no han sabido remontar la desilusión,
ni dar confianza, esperanza o fuerza a sus votantes. La circulación
de élites, que diría Pareto, no existe en el partido a pesar de su
urgencia. Es más; entre sus filas hay la conciencia de que los
millones de votos que se han ido no volverán a corto plazo, que es
el único lapso de tiempo que preocupa al político.
El apoyo hoy al PP es quizá la forma más clara de conservadurismo:
mantener el orden constitucional, social y económico, darle a la
máquina socialdemócrata, y sostener la débil muralla que creemos
contiene a los independentistas y a los populistas. Es el mal menor
que permite sobrevivir, pero poco más. “Gobernar es resistir”, que
escribió Donoso Cortés, y parece ahora que resistir es apoyar al
Gobierno.
Los llamamientos a la regeneración, en buena medida inspirados por
Ciudadanos, desaparecieron. No queda de aquello ni la intención.
Todo se echó a la hoguera de las televisiones y las elecciones, y no
dejaron nada para la realpolitik. La debilidad del PP y de su apoyo
parlamentario es tal, y los peligros son tantos, que el sistema
debería crear una solución democrática para la continuidad. Así ha
ocurrido en Francia: EmmanuelMacron, un bluf salido de la
tradicional gauche divine. Aquí, no.
En España, con un partido de gobierno agotado, la izquierda debería
pergeñar una alternativa poderosa, ilusionante y aglutinante, capaz
de rentabilizar el voto en una sociedad infantilizada y sentimental.
Pero no ocurre por varios motivos. Veamos.
Los dos partidos de la izquierda han iniciado un giro organizativo
acorde con los tiempos de inestabilidad y alianzas variables. La
dirección debe controlar cada discurso y pacto local, tanto como la
composición de las agrupaciones y los círculos. El motivo es que
para que el líder conserve el poder debe seguir siendo el único
proveedor de cargos y presupuestos, esas “zonas de incertidumbre”
que dice Panebianco, que generan lealtades.
Esto obliga a que Podemos, primero, y luego el PSOE, hayan adoptado
un modelo caudillista, en el que el partido es la realización del
proyecto del líder, presentado como la encarnación de “la gente”,
quien asume, por acción, omisión y devoción, todos los poderes. Es
una versión del Führerprinzip del nacionalsocialismo, que fue una
copia del liderazgo de Lenin en el bolchevismo.
Sánchez e Iglesias se encuentran en un proceso de dominio de sus
respectivas estructuras, centrados en no dejar más cadáveres de los
necesarios, y en ahormar a los díscolos o a los que se opusieron a
su caudillaje. Los ejemplos claros son Page en Castilla-La Mancha
–otro que tiene una hemeroteca suculenta-, y la depuración de la
dirección errejonista en el País Vasco –una más-, al tiempo que
Iglesias asume las funciones del Tribunal de Garantías de Podemos.
Una vez que dejen al PSOE y a Podemos como dos desfiles en el
cumpleaños de Kim Jong-un, pasarán a la guerra entre ambos. Se podrá
decir que tienen mucho en común, como el estilo populista, la
definición clara del enemigo a exterminar de la vida pública, o la
sovietización de la Constitución con el concepto amplio de “derechos
sociales”.
También comparten la defensa de la plurinacionalidad líquida, en la
que no se sabe, a esta hora exacta, cuántas naciones dicen que hay
en España. Incluso un socialista habló de Madrid como nación. Hay
quien alega que unos son devotos del multiculturalismo, y otros del
interculturalismo, pero a la postre es lo mismo: la rebaja de la
identidad propia para integrar al otro, eso sí, bien regada de
subvenciones. Comparten el anticapitalismo, la ideología de género,
el ecologismo integrista, el tercermundismo y el antiamericanismo.
Bien. Es cierto. Pero que nadie se equivoque: lo que más les une es
el ansia de poder, que requiere la hegemonía política dentro de ese
mismo espectro de izquierdas que acabo de describir. Lo lógico, si
las circunstancias fueran normales, es que, tras laminar el propio
partido, se iniciará el enfrentamiento entre ambos, donde los medios
de comunicación afines auparían o derribarían a uno u otro.
Sin embargo, no pasamos por tiempos corrientes, sino de amenazas de
golpe de Estado y de terrorismo yihadista. Y es ahí donde el PSOE
debe sacar aquello de lo que presume y que le distingue de Podemos:
el sentido de Estado, la responsabilidad histórica que asumió en la
Transición. Sobre esta característica debería el socialismo español
construir esa alternativa democrática, aunque sea a corto plazo.
La Gürtel, de nuevo en el Congreso: Rajoy
sale indemne; las instituciones, no
EDITORIAL Libertad Digital 31 Agosto 2017
Es cierto que Mariano Rajoy ha eludido dar cualquier tipo de
explicación nueva sobre el caso Gürtel, y que ni siquiera se ha
molestado en repetir los argumentos del pasado durante el pleno del
Congreso de este miércoles, convocado exclusivamente para tratar la
corrupción que afecta al Partido Popular. No es menos cierto, sin
embargo, que tampoco los partidos de la oposición han dicho o han
requerido nada nuevo que no sea la explotación política del hecho de
que el presidente del Gobierno tuviera que comparecer recientemente
ante los tribunales por este caso, a pesar de que lo hizo en
condición de testigo.
Así las cosas, y teniendo también presente que tampoco ha habido
novedad informativa alguna sobre este caso, cuyas primeras
investigaciones se remontan a casi diez años, y del que ya se ha
debatido en el Congreso en innumerables ocasiones, el debate de este
miércoles se ha convertido, tal y como era previsible, en un nuevo y
grotesco cruce de reproches, en el que cada representante político
ha querido arrimar el ascua a su sardina hablando de asuntos
diversos que en nada han contribuido al esclarecimiento de la trama
Gürtel. Menos aun ha servido para impulsar reforma legislativa
alguna dedicada a combatir las raíces de la corrupción, con
independencia de que afecte a este u otro partido.
A estas alturas, y para exigir nuevas responsabilidades políticas
por un asunto que, en buena medida, se remonta a hace veinte años, y
por el que muchos cargos del PP ya han asumido responsabilidades
políticas en forma de ceses o dimisiones, quienes tienen que tomar
la palabra no son nuevamente los miembros del Congreso sino los
tribunales. Es una vergüenza que la mayor parte del caso Gürtel aún
no se haya sustanciado en una sentencia. Luis Bárcenas, por citar a
uno de los implicados más conocidos, fue imputado en febrero de 2009
y a día de hoy todavía sigue en libertad provisional bajo fianza, a
la espera de sentencia.
La lentitud de la Justicia es, junto a su politización, la falta de
transparencia y discrecionalidad del intervencionismo público, una
de las principales lacras de las que se nutre la corrupción. Pero
nada de esto parece interesar a unos partidos que utilizan la
corrupción para echarse los trastos a la cabeza y, en ocasiones,
deshacerse de forma artera de sus adversarios, internos o externos.
No le falta razón a Mariano Rajoy cuando se queja de que, con la que
está cayendo, el Congreso se dedique a este asunto. Sin embargo, no
tiene el presidente del Gobierno legitimidad para poner como ejemplo
el, ciertamente, gravísimo desafío institucional y legal que están
planteando los separatistas en Cataluña, cuando tampoco él ha tenido
la iniciativa de llevarlo al Pleno del Congreso y ni siquiera ha
comparecido públicamente –tampoco ninguno de sus ministros– al
conocerse el contenido de la aberrante Ley de Transitoriedad
Jurídica y Fundacional de la República Catalana, que los golpistas
quieren aprobar antes de su nueva y no menos ilegal consulta
secesionista del 1-O.
El presidente del Gobierno ha salido indemne se este debate
perfectamente innecesario. No puede decirse lo mismo de las fuerzas
del cambio, que han vuelto a demostrar la pésima estima en que
tienen a las instituciones que pretenden regenerar.
¡Cuidado con los activos de riesgo!
Juan Laborda. vozpopuli 31 Agosto 2017
Permítanme ustedes volver a advertir sobre la brutal sobrevaloración
de los activos financieros de riesgo global. Sí, lo sé, soy
excesivamente pesado insistiendo en esta idea. Sin embargo, el
efecto derivado del estallido de la última burbuja ideada y generada
por los Bancos Centrales iniciará la Segunda Fase de la Gran
Recesión. Los efectos serán más devastadores que el estallido de las
dos anteriores, la tecnológica y la inmobiliaria, por dos razones.
En primer lugar porque el activo primigenio alrededor de esta
burbuja, la deuda soberana, afectará a la sostenibilidad del propio
sistema. En segundo lugar, porque nos encontramos en un momento
donde la mayoría de los agentes económicos apenas perciben este
riesgo.
Para la ortodoxia económica dominante, la economía global solo es
capaz de sobrevivir generando inflaciones de activos financieros y/o
inmobiliarios. Bajo su marco conceptual de análisis, desde el lado
de la demanda, Occidente solo puede hacer frente al estancamiento
secular con tipos de interés reales negativos. La implementación de
dichas políticas monetarias, como ya sabemos, activa distintas
burbujas financieras y/o inmobiliarias. Pero a cada inflación de
activos, cuando estalla, le sigue otra todavía más perniciosa, de
manera que cuando ésta nueva explota el impacto macroeconómico
negativo se acrecienta.
Incompetencia e intereses de clase
Detrás de todo, el rotundo fracaso de la teoría neoclásica. Sabemos
que existe un paradigma alternativo, pero que no se aplicará debido
no tanto a cierta incompetencia intelectual, que también, sino por
la defensa de los intereses de la superclase. En ausencia de subidas
salariales la única manera de sostener el sistema era haciéndolo
frágil y vulnerable, activando el mayor ciclo de deuda de la
historia alrededor de distintas burbujas financieras y/o
inmobiliarias. Era un sistema perfectamente diseñado para sostener
una expansión artificial de la demanda que garantizará la
acumulación de capital en pocas manos, la superclase.
A las autoridades políticas, económicas y monetarias no les
entusiasma admitir que han sido ellas quienes con sus instrumentos
de política económica han contribuido a generar las distintas
burbujas que se han ido desarrollando en las últimas décadas. El
estallido de la actual burbuja supondrá básicamente finiquitar con
una forma de crecimiento perversa. Observaremos el punto final del
gran superciclo deuda iniciado allá en los años 80, y que ha estado
sazonado con políticas profundamente conservadoras, enormemente
injustas, tremendamente ineficaces.
Durante este superciclo, los buscadores de rentas han actuado a sus
anchas, con el consentimiento o aquiescencia del poder político.
Durante esta fase, los salarios de los trabajadores han perdido
poder adquisitivo, mientras se cerraban empresas bajo el pretexto de
buscar mayores ganancias a través de la explotación de mano de obra
barata en el extranjero. Durante este período, los grandes evasores
de impuestos se frotaban las manos observando cómo no se hacía nada
contra los paraísos fiscales -Luxemburgo, Suiza, Singapur… Durante
ese tiempo, excluyendo la tierra y la vivienda, el capital se
mantuvo constante. Durante esos años, el principal motor de la
actividad económica fueron actividades especulativas financiadas con
deuda.
Más evidencia de la actual burbuja
Nos encontramos en un escenario de sobrevaloración extrema justo en
un momento donde curiosamente ha aumentado las inversiones pasivas
ligadas a la evolución de los distintos índices bursátiles o de
bonos. Y este dinero debería empezar a preocuparse sino aterrarse.
Como afirman James Montier y Matt Kadnar, de la gestora de fondos
Grantham, Mayo, Van Oterloo (GMO), en un nuevo documento titulado
The S&P 500: Just Say No, “cualquier dinero que siga el índice de
referencia del mercado de valores de Estados Unidos en el momento
actual es más especulación que inversión, y está ignorando lo que
creemos es el determinante más importante de los retornos a largo
plazo: la valoración. Cuando nos enfrentamos al tercer mercado de
valores más caros de todos los tiempos, mantener un peso normal en
un índice pasivo es decisión que probablemente será muy costosa”.
Montier y Kadnar dividen la evolución de los precios de las acciones
estadounidenses en cuatro componentes: dividendos, crecimiento de
beneficios, márgenes de beneficios y los cambios en los múltiplos de
valoración (en este caso el ratio PER). Desde 1970 estos componentes
han contribuido a la rentabilidad anualizada del 6,3% de S&P 500,
después de inflación, con un 3,4%, 2,3%, 0,50% y 0,10%,
respectivamente. Por contra, estos mismos componentes han
contribuido con un 2,8%, 3,1%, 3,2% y 3,8%, respectivamente, a los
impresionantes rendimientos reales anualizados del S&P 500 de un
13,6% durante los últimos siete años. En otras palabras, el rally
actual se debe a unos márgenes de beneficios inusualmente altos y
persistentes, y a la expansión excesiva de los múltiplos, es decir,
de la cantidad que los inversores están dispuestos a pagar por sus
ganancias.
Para que los rendimientos bursátiles recientes persistan, por lo
tanto, los márgenes de beneficio y los múltiplos de valoración deben
continuar expandiéndose. Pero ello es improbable, ya que ambos
componentes están cerca de los máximos históricos. GMO utiliza estos
cuatro componentes para intentar mirar hacia el futuro, analizando
el ciclo histórico de ganancias. Básicamente, los autores piensan
que las acciones de los Estados Unidos en los próximos siete años
perderán un promedio anualizado del 6% debido a la contracción de
múltiplos (PER más bajos), y otro 2,8% adicional por la contracción
del margen. Por el contrario, el rendimiento de los dividendos y las
ganancias de los beneficios contribuirán un 5% a los rendimientos de
las acciones. La suma de todos los componentes nos da un rendimiento
total real de -3,8% anualizado para todo el período. La valoración
actual del mercado estadounidense supone el tercer momento más caro
de la historia. Las únicas veces donde los precios de las acciones
han sido más altos y las rentabilidades potenciales más bajas fueron
en 1929 y 2000.
Pero todos sabemos que si acaba colapsando Wall Street se producirá
un efecto dominó. Y en el caso de que aumente la aversión al riesgo
global se desataría, desde un punto de vista estrictamente
económico, la tormenta perfecta, con una combinación de crisis de
deuda soberana y crisis bancaria. En definitiva, La Segunda Fase de
la Gran Recesión a las puertas.
Pacto de silencio
Óscar Elía Mañú Gaceta.es 31 Agosto 2017
Los especialistas suelen citar, como antecedente exitoso del pacto
antiyihadista firmado por Rajoy y Sánchez en 2015 tras los atentados
en París, el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo firmado
en el año 2000.
En aquella fecha, el Partido Popular de Aznar había ya revolucionado
la lucha contra ETA, y las medidas puestas en marcha por Aznar y
Mayor Oreja a partir de 1996 empezaban a poner a ETA contra las
cuerdas, de forma que por primera vez en cincuenta años se divisaba
la posibilidad de una derrota total de la banda. En esas
circunstancias, el Pacto antiterrorista fue la inteligente táctica
de Zapatero para subirse al carro de la previsible derrota de ETA, y
hurtar o al menos compartir con el Gobierno el triunfo del Estado
sobre los terroristas.
Poco después, el 11 de septiembre lo cambió todo en materia
antiterrorista, al menos en el exterior: los terroristas de
Washington y Nueva York cogieron desprevenidas a las agencias de
inteligencia y fuerzas de seguridad norteamericanas. La 9/11
Comission estudió a fondo los fallos, graves y leves, cometidos
antes del atentado, valoró críticamente los errores cometidos
durante los ataques, y elevó recomendaciones. Se depuraron
responsabilidades, y se abrió un debate sobre la reforma de las
agencias de inteligencia, de las fuerzas armadas, y de toda la
estructura de seguridad nacional.
El caso de España en marzo de 2004 fue justo al contrario: el
torrente de escándalos, negligencias, errores y descuidos de las
fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia antes, durante
y después de los atentados se cubrió de manera unánime: los
organismos responsables, los partidos políticos, los medios de
comunicación pasaron página obsesivamente, tratando de olvidar
cuanto antes lo ocurrido el 11M.
Los errores y negligencias. Tras el 11M se extendió un manto de
silencio.
Cada parte tenía sus motivos. Por un lado, la izquierda española se
ha servido de aquel pavoroso crimen para culpar al Partido Popular
de los muertos de Atocha; la falsedad grosera del argumento chocaba
con la realidad, porque cualquiera con un mínimo de sentido común
sabía que tarde o temprano España sería golpeada otra vez, al igual
que cualquier país de nuestro entorno. Pero en la mente de muchos
progresistas, la salida de Irak colocaba a España al margen de la
amenaza. Por parte de la derecha, el PP admitió la explicación
izquierdista, y presa del síndrome de Irak, trató de pasar página
cuanto antes. Es una de las razones por las que la política exterior
e Rajoy es más parecida a la de Zapatero que a la de Aznar: el miedo
al sobresalto de quienes están en primera línea.
Eso explica que tanto la izquierda como la derecha se han ido
refugiando en mitos para no afrontar el cariz de la amenaza, y
pensar que España era diferente. EL primero de ellos es el mito de
la excepcionalidad del trabajo policial español. Ciertamente, el
nivel de las FCSE españolas es alto, pero no más que el de sus
equivalentes en los países de nuestro entorno: pensar que nuestras
fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia nos protegen más y
mejor que los de los franceses o alemanes es de una ingenuidad
pasmosa, a la que buena parte de la sociedad española se ha acogido
durante tiempo. Las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia
de cualquier país occidental cumplen bien su trabajo, pero también
cometen errores, el enemigo también cuenta, y no pocas veces
acierta. Si España no ha sido golpeada desde 2004 es por la misma
mezcla de suerte y trabajo policial que ha impedido otros atentados
en otros países. La policía española, los servicios de
inteligencias, no son mejores ni peores que los de los países de
nuestro alrededor.
Pero en el caso de España, a los normales problemas policiales se
suman los anormales. En materia policial, España muestra ahora
fracturas evidentes, que el atentado de Barcelona ha mostrado
claramente. La falta de coordinación entre las policías autonómicas
impide que haya interlocutores claros, como les ocurrió a los belgas
al comunicar, sin saber con quién, sobre el imán de Ripoll. La
hostilidad de la Consejería de Interior catalana hacia la Guardia
Civil y la Policía Nacional es evidente, como se ha mostrado con los
TEDAX en Alcana. El desprecio de las autoridades catalanas a medidas
básicas como la puesta de bolardos, sólo porque la directriz procede
del Ministerio del Interior es otro ejemplo. A una amenaza global se
responde con localismos: el desbarajuste de seguridad en materia
autonómica, con competencias cruzadas e incluso contradictorias, es
un problema de primer orden para impedir que el yihadismo vuelva a
actuar.
A un nivel más amplio, a este tipo de problemas policiales se unen
otros institucionales, sociales y políticos, típicamente españoles,
que están lastrando el trabajo policial. En general todos se derivan
de la falta de cumplimiento y de respeto a la ley que se ha
instalado progresivamente en España. La obsesión multicultural
permite que mezquitas e imanes radicales se muevan con libertad de
movimientos, sin ser detectados ni expulsados: todo el mundo conocía
de sobra el radicalismo de Abdelbaki es Satty, sin que el
conocimiento tuviese consecuencias alguna. El buenismo penitenciario
español permite que inmigrantes con delitos, lejos de ser deportados
a sus países, salgan y entren de la cárcel delito tras delito: lo
mismo pasan del tráfico de drogas al yihadismo. La tolerancia con
las casas okupas, mimadas por partidos y medios de comunicación,
implica que nadie sepa qué ocurre dentro, hasta el punto de que se
pueden preparar explosivos. Los ayuntamientos de grandes ciudades
utilizan la seguridad como arma ideológica contra el gobierno
central; en fin, incluso uno de los terroristas disfrutaba de una
vivienda VPO pagada con dinero público, y el alcalde de Ripoll
propone pagar un dinero a su familia para superar el trauma. Todos
estos problemas no solo impiden luchar contra el terrorismo:
favorecen la posibilidad de nuevos atentados.
El atentado de Barcelona pone sobre la mesa todas esas disfunciones:
errores derivados no sólo de la deslealtad nacionalista, sino de una
serie de disfunciones institucionales, de falta de respeto a la ley
y a la autoridad, que favorecen el delito y dificultan la acción
policial, aun cuando esta se desarrolle brillantemente. Me atrevería
a decir que este tipo de disfunciones y fracturas institucionales
transmiten una imagen de debilidad que hace de España un objetivo
mas apetecible.
Tras el 11M, el 16A ha sido una segunda oportunidad para adecuarnos
a la lucha contra la yihad. Manifiestamente no ha sido así. La clase
política ha transitado justo en dirección contraria, y la manta de
la “unidad contra el terrorismo” vuelve a cubrirlo todo,
tranquilizando conciencias por aquí y por allá, igual que en 2004.
En verdad, no hay unidad en España en relación con el yihadismo.
Ciertamente todo el mundo está de acuerdo en que es malo que nos
atropellen en los paseos, nos acuchillen en las avenidas, nos
disparen en un café o nos revienten en un concierto. Pero deducir de
esto la existencia de una unidad contra el terrorismo es de nuevo de
una enorme ingenuidad cuando no va acompañada de una política
antiterrorista real.
Una política antiterrorista se basa en dos pilares: la convicción en
los valores del orden constitucional y la determinación para
defenderlos. En España no existen hoy ninguna de las dos cosas. El
Partido Popular, desde 2008, carece de las convicciones y la
voluntad para liderar una política antiyihadista tan ambiciosa como
la fue la política contra ETA entre 1996 y 2004. Busca la unidad
como medio para evitar verse de nuevo acorralado como lo fue el 13
de marzo de 2004. El Partido Socialista es pura ideología:
multiculturalismo, feminismo, pacifismo, y busca la unidad para
ocultar que estos –ismos generan inestabilidad. Por fin, Podemos y
los grupúsculos antidemocráticos del Congreso están más preocupados
por acabar con la convivencia que por acabar con los terroristas. Ni
los medios de comunicación ni la sociedad civil están hoy en
condiciones de exigir a unos y otros un cambio de postura sin ser
calificados de ultraderecha por todos ellos.
En fin, el objetivo del pacto antiyihadista tiene poco que ver con
el refuerzo policial e institucional, no tiene por objetivo
implementar una estrategia amplia y profunda para acabar con el
yihadismo. No hay consenso para ello, no hay unidad básica para ello
entre firmantes, observadores y todo el circo montado alrededor.
Ciertamente, la unidad no es necesaria: tampoco la había en 1996 o
en 2000, pero entonces había al menos un gobierno con convicciones y
voluntad clara, que forzó a los demás a sumarse a la estrategia
contra el terrorismo. Hoy, el Gobierno es el que más comodo se
encuentra con este Pacto de Silencio.
Los camaradas coreanos
FERNANDO PALMERO El Mundo 31 Agosto 2017
"Con Kim Il Sung mantengo una sólida amistad personal. Y hay, no
obstante la lejanía de nuestros países, coincidencias en numerosas
cuestiones fundamentales (...) Es uno de los hombres más
inteligentes que he conocido; es una lástima que no se le conozca
más en el mundo, me refiero no a su nombre, bien conocido, sino a
sus calidades de hombre político y estadista". El que habla es
Santiago Carrillo, en febrero de 1977, pocas semanas antes de la
legalización del PCE. No a sus camaradas, sino a todos los españoles
en una larga entrevista con María Eugenia Yagüe publicada por la
editorial Cambio 16 bajo el epígrafe Políticos para unas elecciones.
Antes incluso de que nadie supiera si el PCE podría presentarse en
junio, Carrillo se postulaba ya como candidato y hablaba (es decir,
mentía) de su vida como un largo viaje épico en busca de la
libertad, desgranaba parte de su programa político, justificaba,
aunque exculpándose, lo sucedido en Paracuellos a finales del 36
("había que impedir que los franquistas pudiesen organizar con esos
hombres nuevos cuerpos de ejército... era una cuestión militar") y
se declaraba admirador de Ceaucescu, Fidel Castro, Jruschov, Chu en
Lai... y el camarada Kim il Sung.
Carrillo había conocido al dictador coreano en octubre de 1969 en un
viaje a Pyongyang, "y se produjo un 'filing' entre ambos que durará
una década; milagroso acontecimiento sólo similar al que se produjo
entre Marco Polo y el emperador mogol Kubilai", escribe Gregorio
Morán en su libro sobre el PCE que felizmente Akal reeditará este
otoño. Desde entonces, la Corea comunista se convertirá, junto a la
Rumanía de Ceaucescu, en el principal sostén económico del PCE. De
ahí los numerosos viajes que hizo Carrillo al país de "los
milagros", como se podía leer en Mundo Obrero, en los que no vio, o
nunca lo dijo, la red de campos de regeneración mediante trabajos
forzados ni la de campos de concentración, donde se recluía a los
disidentes: los que no fueron asesinados durante las doce purgas
realizadas por Kim il Sung desde su ascenso al poder en 1948, de la
mano de Stalin. En 90.000, calcula Pierre Rigoulot las ejecuciones
de opositores y miembros del partido caídos en desgracia. Y en más
de tres millones, el balance total de víctimas hasta la muerte del
"Gran Líder" en 1994, convertido desde entonces en "Presidente
Eterno".
Embalsamado, su cuerpo se encuentra en el suntuoso panteón de
Kumsusam, donde se exponen también los más de 200.000 regalos que
dirigentes de todo el mundo le hicieron en vida. Entre ellos, 12
españoles, la mitad de Santiago Carrillo y alguno de Pasionaria.
Ambos se consideraron deudores del pensamiento Juche, cuya esencia
resumía un editorial difundido por la radio estatal en 1986: "Toda
la sociedad debe ser convertida con firmeza en una fuerza política
unida que respira y avanza con un solo pensamiento y una sola
voluntad bajo la dirección del dirigente supremo (...) Pensad,
hablad y obrad como Kim il Sung y Kim Jong il".
Ese mismo año, Carrillo dedicaba un artículo en El País a la figura
de "uno de los hombres de espíritu más abierto a los nuevos
problemas de esta época y a la vez un dirigente que ha velado más
celosamente por la independencia de su país". Justo un año después,
en noviembre de 1987, terroristas norcoreanos hacían estallar en
pleno vuelo un avión de la Korea Air Line (la aerolínea surcoreana)
con 115 personas a bordo, con la intención de boicotear los Juegos
de Seúl que se celebrarían al año siguiente.
Corea del Norte sigue siendo una "excepción arqueoestalinista", como
dice Rigoulot. Y amenaza con un desastre nuclear contra quienes
pretendan destruir el paraíso. Aquel que tanto admiraban los
camaradas españoles.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Los separatistas ‘se beben el
entendimiento’
Alejo Vidal-Quadras Gaceta.es 31 Agosto 2017
Cada lengua tiene expresiones y frases de difícil o imposible
traducción literal, pero que reflejan de manera reveladora la
idiosincrasia de un pueblo, fruto de su historia, su clima, sus
hábitos y su particular visión del mundo.
Existe sin duda una psicología propia de los catalanes, a los que me
honro en pertenecer, que Josep Ferrater Mora centraba en cuatro
características, la continuidad, el seny -sentido común-, la mesura
y la ironía. A estas notas distintivas se pueden añadir otras tres,
la devoción a la vida familiar, la laboriosidad y la buena
administración de los caudales. La aventura separatista en la que
están inmersos los partidos de Junts pel Sí, debidamente espoleados
por las salvajes hordas urbanas de la CUP, analizada a la luz de
esta personalidad colectiva, no resiste un minuto de examen.
La irracionalidad del proyecto lo despoja de cualquier asomo de de
seny, su ruptura brutal con el orden establecido es antagónica a la
más elemental noción de continuidad, sus excesos verbales y sus
fabulosas invenciones están reñidas con la mesura y la roma
naturaleza y la linealidad escuálida de sus argumentos, junto con la
impostada y ridícula solemnidad de su discurso, resulta incompatible
con el más mínimo ejercicio de ironía que, como se sabe, es un
privilegio de la inteligencia. En cuanto a la fortaleza de la
institución familiar no parece que vaya a resistir las llamadas a la
promiscuidad tumultuosa y a la educación de los hijos al modo de los
aborígenes amazónicos que desea implantar este espejo de progresía
que es la diputada Anna Gabriel, a la vez némesis y musa del
presidente Puigdemont. Tampoco la productividad del tejido
empresarial catalán florecería bajo el embate de las confiscaciones,
tributos y, oh desiderátum, abolición de la propiedad privada que
sueñan los socios preferentes del PDCat y de Esquerra, con lo que
presumiblemente no habría demasiados recursos que gestionar.
Vista, pues, bajo la luz de la definición estándar del catalán de
pura cepa, la tan coreada “in-de-pen-den-cia” se presenta
paradójicamente como profundamente anti-catalana, es decir, los
impulsores del “procés”, teóricos defensores de las prístinas
esencias de la tierra de sus amores, llevan años bregando para
alumbrar una sociedad cuya semejanza con el auténtico espíritu
catalán será la de un huevo a una castaña. La separación de España
engendraría así una cruel contradicción: la voluntad desatada de,
como decía el Molt Imputable, “ser más”, se traduciría en “ser
menos”, en otras palabras, en no ser.
Volviendo a las locuciones que manifiestan claramente el Volkgeist
tan caro a los románticos alemanes, hay una en catalán que encaja a
la perfección con la imparable ofensiva secesionista emprendida por
la mitad del Parlamento autonómico, el Gobierno que preside el
ex-alcalde de Gerona, la ANC, el Omnium Cultural y demás entidades
poseídas por el fervor patriótico desplegado en un mar de esteladas.
Cuando un catalán quiere decir de alguien que ha perdido por
completo el seso y que actúa bajo el impulso irrestricto de la
insania, afirma que esa persona “s´ha begut l´enteniment”, se ha
bebido el entendimiento. La utilización del verbo “beber” puede
estar relacionada con el vino y con el estado de ebriedad que
produce su consumo en demasía. Así, un tipo que “se bebe el
entendimiento” quedaría asimilado en su comportamiento a un borracho
cuya capacidad de raciocinio y de evaluación objetiva de sus propios
actos queda en suspenso mientras dura la melopea.
Todo indica que los dirigentes separatistas y sus seguidores hace
tiempo que han desconectado sus cerebros de la realidad y la prueba
está en esa Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la
República Catalana, que es un delirium tremens en ochenta y siete
artículos y tres disposiciones transitorias. Algunos venimos
diciendo hace meses que el “procés” ha dejado atrás el ámbito
político y jurídico para insertarse en el psiquiátrico.
Es imposible que nadie en su sano juicio crea que un Estado de
Derecho de cuarenta y cinco millones de habitantes, medio millón de
kilómetros cuadrados, un PIB de 1.13 billones de euros y miembro de
la Unión Europea y de la OTAN, va a permitir por las buenas que una
pandilla de politiquillos de tercera aguijoneados por un hatajo
desaseado de okupas le desposean de sus bienes en una parte de su
territorio y se vayan sin pagar una deuda de 70000 millones de
euros. Aquellos que se han bebido el entendimiento para abrigar la
esperanza de que tal cosa ocurra sufrirán el destino de todos los
que abusan de la botella. Su despertar será muy doloroso y la resaca
monumental.
Responsos islamolaicos
Pablo Planas Libertad Digital 31 Agosto 2017
Puigdemont piensa a lo grande. Ahora quiere que la república que iba
a ser la Suiza del Mediterráneo sea una potencia militar de primera
categoría, Corea del Norte en el paralelo 40. Se ha animado el
hombre tras la actuación de la policía regional con ocasión de los
atentados de Barcelona y Cambrils. Los Mozos están muy bien, sin
duda, pero un Estado de verdad tiene ejército porque el proyecto
separatista para el espacio vital catalán no es una ampliación de
Andorra, mar y montaña más atractivos fiscales, sino un país de tomo
y lomo con el arsenal de Pyongyang, espías, satélites, comandos
especiales, un escuadrón de gala para recibir a los colegas
mandatarios en el aeropuerto de El Prat y otro de caballería para
pasearse en descapotable por la Vía Layetana.
Ya puestos a proclamar una república, qué menos que dotarla de unas
fuerzas armadas que velen por la unidad nacional, la integridad
territorial, el orden constitucional y tal, además de desfilar por
la Diagonal el 11 de septiembre. Rebasadas todas las líneas, pudiera
parecer que Puigdemont delira, pero su ensueño se asemejaba a algo
real tras los últimos ataques islamistas, cuando la Generalidad
ocupó el hueco del Estado en Cataluña con el uniformado y armado
Trapero al frente. No fue exactamente un asalto al poder sino un
tapar el vacío de poder en materia de seguridad pública derivado del
absentismo del Gobierno. Un golpe de Estado en un palacio
abandonado.
En medio de un pavoroso desprecio a las víctimas, el separatismo
convino en convertir los atentados de Barcelona y Cambrils en un
anuncio mundial de la república inminente y la operación, creen, ha
sido un éxito. La comunidad internacional ha podido comprobar la
excelente puntería de algunos agentes dependientes de la Generalidad
y que las manifestaciones contra el terrorismo en Cataluña son como
una juerga magalufa. Sin embargo, aquí, en España, nadie para los
pies a los dirigentes separatistas con la excusa de que todavía no
han cursado la ley del referéndum ni aún menos la de transitoriedad.
Para la Moncloa, tomar la iniciativa sería una intolerable
vulneración de los protocolos marianos.
El tiempo pasa y las percepciones cambian. Los Mossos d'Esquadra no
eran una policía especialmente valorada por la opinión pública en
Cataluña. Cuatro escándalos marcaban al cuerpo: una grabación de
malos tratos a una detenida en comisaría, tres personas fallecidas
tras ser inmovilizadas y el caso de una mujer a la que reventaron un
ojo de un pelotazo en la huelga general de noviembre de 2012. Los
atentados han alterado el panorama al punto de que el gatillo fácil
merece un aplauso generalizado en absoluto incompatible con los
responsos islamolaicos por los bad boys de Ripoll confundidos por un
mal imán, garbanzo negro en el modelo catalán de cohesión social y
en el de las religiones de paz. La prensa nacionalista da por
descontado que Trapero no mandará a sus hombres a retirar urnas.
El Gobierno del Reino de España es mero espectador de todo esto por
aquello de la descentralización y el traspaso de competencias. Y aún
así, los magnánimos catalanistas han tenido el detalle de redactar
una ley fundacional en la que contemplan que haya ciudadanos
censados en Cataluña que deseen conservar la nacionalidad española
sin menoscabo de la catalana. Ni se plantean que haya catalanes que
quieran renunciar a ser confundidos con ellos ante la discreta
retirada del Estado español.
Lecciones de una manifestación
NICOLÁS REDONDO TERREROS El Mundo 31 Agosto 2017
Son varias las consecuencias de la manifestación de Barcelona;
algunas tienen el vigor de tendencias que, por desgracia, para
muchos estaban ocultas;sólo la evidencia las ha hecho visibles a los
ojos de estos incrédulos siempre dispuestos a exculpar a los
independentistas. La primera evidencia es que a los precursores de
la independencia todo lo demás no les importa o les importa muy
poco. No hay en la historia de la democracia una exhibición más
impúdica ante las víctimas causadas por un atentado terrorista.
Podemos encontrar en el pasado comportamientos poco adecuados,
sibilinas actuaciones para rentabilizar tal o cual acción
terrorista, pero la subordinación absoluta de unas víctimas
recientes al objetivo partidario de la independencia no lo habíamos
visto nunca.
A la sorpresa por el comportamiento de los independentistas se ha
unido el disgusto por la desnudez de unas intenciones que dejaban
claro que todo -las víctimas, los terroristas- estaba supeditado a
su hoja de ruta. Pero esa evidencia no debería sorprendernos, los
independentistas han dado la espalda a la ley desde hace años sin
ninguna necesidad de ocultarlo, han dejado claro que no les importa
nada lo que piensa una gran parte de la sociedad catalana y tampoco
que el resultado de su estrategia sea la división radical de esa
sociedad; todo se condiciona al movimiento nacional que han iniciado
hace más de cinco años con la oposición de muy pocos, desestimados
muchas veces al grito de fachas.
Pero esa característica es inevitable en todos los movimientos
nacionales que ponen las leyes por debajo del pueblo. Donoso Cortes
en su Discurso sobre la dictadura pronunciado en el Congreso de los
Diputados en el año 1849 ya decía: "¿Cuál es el principio del señor
Cortina? El principio de su señoría, bien analizado su discurso, es
el siguiente: en la política interior, la legalidad: todo por la
legalidad, todo para la legalidad; la legalidad siempre, la
legalidad en todas circunstancias, la legalidad en todas ocasiones;
y yo, señores, que creo que las leyes se han hecho para las
sociedades y no las sociedades para las leyes digo: la sociedad,
todo para la sociedad, todo por la sociedad; la sociedad siempre, la
sociedad en todas circunstancias, la sociedad en todas ocasiones".
No cabe duda de que los que ponen como excusa la sociedad para
vulnerar las leyes recorren caminos antidemocráticos y autoritarios
en los que nada importa excepto sus objetivos. Lo digan o no, lo
hagan explícito o no, el desprecio a la ley les aleja del respeto a
las víctimas y a la propia sociedad que esgrimen defender, y les
acerca al autoritarismo doctrinal y práctico. Si Donoso Cortés no
nos dice nada, siendo como somos grandes desconocedores de nuestra
historia, sí nos lo dirá su gran admirador Carl Schmitt, a través
del cual el español se ha convertido en un influyente autor para los
movimientos más radicales de EEUU. No creo que sea necesario
recordar la terrible utilización que hizo el jurista alemán de la
tenebrosa idea de que el Volksgeist está por encima del Estado, de
las leyes, de las instituciones y su convencimiento de que la
política exclusivamente se basa en la dialéctica amigo-enemigo...
¿Podemos ver en estas posiciones alguna semejanza con lo que está
sucediendo hoy en una parte de España?
El movimiento nacional catalán, como todos los movimientos de esta
naturaleza, necesita su populacho. Y si éste se puede definir como
una importante porción de determinada sociedad que no respeta ni
leyes, ni símbolos, ni atiende a su propio beneficio en la búsqueda
de un objetivo inalcanzable que parece hacerles fuertes e
importantes en una historia que creen protagonizar, desde luego lo
tiene. La ANC y la CUP son los que hacen el trabajo sucio a los
independentistas institucionales; más acomodados y ocupados en dar
una imagen de respetabilidad, algo que todos los movimientos de este
tipo necesitan trasladar en origen a los que les contemplan cuando
no son mayoritarios. Rompen pancartas que no dicen lo que ellos
defienden, agreden a quienes piensan distinto, insultan símbolos
compartidos por la mayoría, su propaganda no se basa en verdades
comprobables, ni en datos, ni en hechos verificables; su objetivo es
estimular a los suyos y asustar al resto y para ello no les importa
recurrir a los protocolos de los sabios de Sión o a convertir a
Felipe VI en corresponsable de las atentados terroristas. Porque el
Gobierno de la Generalitat necesita esbirros que le hagan el trabajo
sucio, no romperán con la CUP. ¡Muchos se asombran de la extraña
pareja que hacen la burguesía independentista y los radicales! No
hay motivo para la sorpresa, se necesitan mucho más allá de los
votos que se prestan en el Parlamento, se necesitan
estratégicamente, por lo que no romperán hasta que consigan su
objetivo o fracasen.
La tercera lectura de la manifestación igualmente se venía
anunciando hace tiempo: el Rey, el Jefe del Estado, parece obligado,
en contra de la naturaleza de la institución que representa, a jugar
un papel activo y desaconsejable en periodos de normalidad. La
opinión pública se ha dividido ante la presencia del Monarca en la
manifestación de Barcelona. Unos argumentan que hizo bien porque
representa a España y a todos los españoles, pero eso también lo
hace en periodos de tranquilidad el Gobierno de la nación. Hayamos
votado o no al Ejecutivo, nos guste más o menos, existan o no
motivos importantes para la censura política, el Gobierno de turno
nos representa a todos, razonamiento que invalida la justificación
esgrimida para defender la participación del monarca en la marcha de
Barcelona.
Los contrarios dicen que no hay precedentes en Europa de un rey
presidiendo una manifestación y ven una excepción que confirma la
regla, la presencia del monarca de Jordania en una manifestación en
París. Pero ni siquiera es válida la excepción, se manifestó fuera
de su territorio y, desde luego, la monarquía jordana poco tiene que
ver con las europeas.
Ahora bien, que no existan precedentes tampoco es una razón de peso.
El rey de Bélgica abdicó durante unas horas para no firmar una ley
que iba contra su manera de pensar, tampoco existían precedentes.
Los reyes, como todos, deben adaptarse a la realidad que les da
sentido. La cuestión no es por lo tanto si fue o no un error que
asistiera a la manifestación, sino las causas que le obligaron a ir
y al Gobierno a permitirlo. En las circunstancias en las que
transcurre el golpe independentista catalán y el parejo descrédito
de la política española, no creo que hubiera otro remedio que el de
utilizar el menos mellado de todos nuestros símbolos: la Monarquía.
Cierto que la reacción del populacho del movimiento nacional catalán
ante su presencia se ha saldado con un fuerte fracaso de los
radicales y un fortalecimiento de la figura del Rey. Pero que haya
sido así no menoscaba los peligros de políticas basadas en la
utilización del Jefe del Estado.
La envergadura del reto independentista ha obligado a esta
participación, pero debe ser excepcionalísima, no puede repetirse.
Hoy podemos decir que si Juan Carlos consolidó la Monarquía, Felipe
la ha arriesgado por un bien superior a la propia institución y, en
estos tiempos que corren, cuando nadie abandona la trinchera de su
sigla y la defensa de sus intereses, su gesto adquiere más
trascendencia. Si quedaba algún vestigio de las características
inherentes a las monarquías tradicionales, Felipe la ha convertido
en una institución civil y laica. Hoy podemos decir más que nunca
que si Juan Carlos fue el Rey de la Transición, Felipe se ha
convertido en el Rey del pueblo, el problema es que el pueblo, sobre
todo el español, es voluble y antojadizo, por lo que la moderación,
la inteligencia y la distancia adecuada deben ser la norma de la
Jefatura del Estado a la hora de administrar en el futuro su
crédito.
Nicolás Redondo Terreros es miembro del Consejo Editorial de EL
MUNDO.
Las «administración paralela» de las
autonomías: 1.100 entes públicos
Este extenso entramado consume cada año decenas de miles de millones
de euros de dinero público
Roberto Pérez Madrid. abc 31 Agosto 2017
Sociedades mercantiles, entidades de derecho público, organismos
autónomos, fundaciones, consorcios… La lista de nombres legales es
amplia, y mucho más el número de todos esos entes que conforman
auténticas administraciones paralelas en los gobiernos autonómicos.
Desde 2008, a raíz de la crisis económica, las autonomías –todas,
salvo Cataluña– han reducido en mayor o menor medida ese entramado
de entes. Aún así, las administraciones paralelas de los gobiernos
autonómicos suman actualmente más de 1.100 organismos de ese tipo.
Eso sí, en 2008 eran prácticamente 1.500, cuatrocientos más. Y la
reducción hubiera sido mayor si Cataluña, en vez de haber aumentado
su lista de entes, se hubiera sumado a esa tendencia de
adelgazamiento seguida por todas las demás comunidades autónomas.
Aunque la reducción de conjunto ha sido significativa en el
escenario autonómico, esos algo más de 1.100 entes que siguen
funcionando manejan cada año decenas de miles de millones de dinero
público. En la inmensa mayoría de los casos se trata, además, de
organismos instalados en las pérdidas sistemáticas, unos números
rojos capeados año tras año a base de subvenciones y de préstamos
soportados directamente por los gobiernos autonómicos de turno.
La Generalitat catalana, a la cabeza
El entramado de entes autonómicos que se da en Cataluña es el más
extenso de entre todas las comunidades autónomas y, por ello, el que
más fondos acapara para mantenerse a flote. Así, el presupuesto de
la Generalitat contempla este año alrededor de 11.600 millones de
euros para ser transferidos directamente a sus organismos y empresas
públicas. Pero a esas subvenciones directas del Gobierno catalán se
suman otras inyecciones de capital por distintas vías.
Foco de endeudamiento
La abultada administración paralela de la Generalitat es también un
sistemático foco de endeudamiento. Pese a los abundantes fondos que
transfiere el Gobierno catalán a sus alrededor de 180 entes
públicos, ese dinero no les llega para cubrir los gastos de todos
esos organismos. De ahí que tengan que recurrir a pedir dinero
prestado, lo que acaba computando en el abultado saldo de la deuda
pública de Cataluña. Por ejemplo, este año las entidades de derecho
público de la Generalitat han cuadrado sus presupuestos a cuenta de
endeudarse en 233 millones de euros; las empresas públicas de la
Generalitat han previsto firmar créditos por 11 millones de euros; y
los consorcios del Gobierno catalán necesitan 50,6 millones de euros
en préstamos.
A nivel nacional, de los alrededor de 1.100 organismos que conforman
la administración paralela de los distintos gobiernos autonómicos,
unos 540 son empresas y entes públicos, 135 organismos autónomos,
279 fundaciones y 170 consorcios.
ENTREVISTA
Gregorio Morán: "Los medios en Cataluña
están al servicio de la Generalitat, que es quien les paga"
FERNANDO PALMERO El Mundo 31 Agosto 2017
En su larga trayectoria como articulista de La Vanguardia, Gregorio
Morán ha escrito textos duros y certeros contra el nacionalismo. En
La decadencia de Cataluña contada por un charnego (Debate, 2013)
reunió unos cuantos. Incluido uno que "levantaron" en el periódico
para que Jordi Pujol no se molestase. Pero ahora ha sido diferente.
Los medios del Movimiento Nacional no salió publicado el 22 de julio
como estaba previsto. Poco más de un mes después, un frío burofax
firmado por el director gerente de la empresa ("al que no he visto
en mi vida", apostilla) le informaba de que se rompía la
colaboración que Morán mantenía con el periódico desde 1988.
¿Por qué cree que censuraron del artículo?
Yo creo que está vinculado a la situación política y la fragilidad
del mundo de la prensa y su servidumbre. Pero no sólo han levantado
el artículo, sino que sencillamente me han levantado a mí. 'Que me
quiten a este tío', como hacía Franco. No olvides un pequeño
detalle: yo no he visto al Conde de Godó en mi vida y me he
mantenido en el periódico casi 30 años.
¿Más que las referencias al director del periódico, cree que el
detonante fue la calificación de "delincuente legal" a Joaquim Forn?
Sí, por supuesto. Aquí hay una serie de ciudadanos que estamos bajo
sospecha, y algunos incluso marginados, porque no somos asesores,
como casi todos los columnistas, ni del PSC, ni de Convergència, ni
del Gobierno de la Generalitat. Ni siquiera participamos del
ambiente secesionista en general que tiene un montón de medios,
empezando por la televisión, pasando por las radios y terminando por
los periódicos afines, que son la inmensa mayoría. Todos están al
servicio de la Generalitat, que es quien les paga. En el
secesionismo, el que no es militante activo, es compañero de viaje.
¿Hay más control ahora sobre los medios que en el pujolismo?
Sí. Pujol era una máquina de repartir dinero a los afines y a los
que no lo eran, para que se convirtieran en afines. Pero ahora hay
muchos solicitantes y pocos fondos.
¿Por qué se ha llegado en Cataluña a esta situación?
Este es un viaje a ninguna parte, que ellos llaman Ítaca, en el cual
se han embarcado inicial o fundamentalmente para cubrir de un manto
de amnistía a todos los procesados antiguos. El 3% yo creo que les
carcome, y los tribunales están siendo limitados, pero en la medida
de lo posible implacables con este tipo de corrupción. Sin embargo,
la dinámica política y social en Cataluña se está haciendo
inquietante y tiene aspectos inequívocos de totalitarismo. Absoluto.
Los dos periódicos más vendidos en Cataluña, La Vanguardia y El
Periódico, sacan unas ediciones en catalán, cuya única finalidad,
evidentemente, es recoger las subvenciones de la Generalitat, porque
esos periódicos, en general, se regalan. El hecho de que La
Vanguardia pasara de escribir Cataluña con ñ a hacerlo con ny es una
metáfora de esa situación de yo soy buen chico y estoy dispuesto a
pasar por todas las horcas caudinas con tal de que me resarzáis de
una situación económica difícil. Los periódicos han dejado de ganar
dinero y dependen mucho de los subterfugios de la Generalitat para
compensarles económicamente, siempre y cuando estén a su servicio.
En ese sentido los medios serían tan responsables de la situación
como lo políticos...
Por supuesto. Y es más grave, es un engaño a la población, ya que
los medios siempre alardean de que son un servicio público
independiente y están a favor de la libertad de expresión. A qué
libertad de expresión nos referimos. En la manifestación del sábado,
la única libertad de expresión era la del que no gritaba, que fue
marginado de una manifestación manipulada por la Asamblea Nacional
de Cataluña, la CUP y Òmnium, que, por cierto, viven de las
subvenciones de la Generalitat.
¿Habrá referéndum?
Creo que no, aunque tampoco sé cómo se va a impedir, no lo tengo
claro, pero la celebración del referéndum sería el comienzo de una
ruptura definitiva. Algo habrá que hacer, esto no es una enfermedad
que vaya a solucionar el tiempo y estamos en un proceso de
gangrenización de la sociedad catalana, que está abierta en canal
desde hace casi un año. La teoría de Rajoy de dejar que los papeles
se vayan acumulando y que el tiempo resuelva lo que sus limitaciones
y su falta de coraje no pueden resolver, lleva a situaciones como
ésta.
¿El director no le llamó para comunicarle el despido?
Ni cuando levantaron el artículo, ni cuando estuve enfermo, ni
ahora. Está desaparecido. Bastante tiene con cuidar su poltrona,
porque es un tigre de papel corrupto, otro más de la pomada, pero
ahí está.
CEDE A LA PRESIÓN NACIONALISTA
El PSOE balear impone el catalán como
requisito a los sanitarios
La Gaceta 31 Agosto 2017
El PSOE balear continúa con sus políticas ‘pancatalanistas’ en el
seno de la administración pública. La última medida es obligar a
todo el personal sanitario el conocimiento de este idioma si desean
trabajar en la región.
El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicaba este
martes una resolución del Servicio de Salud en la que no se obligaba
a tener conocimientos de catalán a los candidatos a determinadas
categorías laborales. En el proceso de selección de estos puestos no
iba a ser obligatorio el idioma.
Sin embargo, los socios de gobierno de Francina Armengol -el partido
MÉS- obligaron a los socialistas a modificar este apartado. Tras las
presiones de la formación nacionalista, el Servicio de Salud
rectificó horas después, tal y como recoge ABC, y publicó una nota
en la que anunciaba la modificación de la resolución ‘’con la
finalidad de disipar cualquier duda sobre la voluntad del Govern de
facilitar que los usuarios de la red sanitaria pública puedan ser
atendidos en catalán’’.
Según explica el citado diario, Armengol ha cedido a dar ‘’más peso
al conocimiento del catalán a la hora de contratar, se adecuará a
los criterios lingüísticos de los acuerdos de gobernabilidad
—suscritos a mediados de 2015— y al futuro decreto regulador de esta
materia que el Govern dictará próximamente’’.
El pasado año el Parlamento balear -con el apoyo de PSOE, MÉS, PI y
Podemos; y la oposición de PP y Ciudadanos- modificó la Ley de
Función Pública para que el catalán fuese requisito para ser
funcionario.
Antes, tras el cambio efectuado por el Gobierno de Bauzá, el
conocimiento del idioma era considerado un mérito y no un requisito.
Tras esa modificación realizada por el PP, los socialistas acudieron
al Constitucional, quién dio la razón a Bauzá.
El ‘pancatalanismo’ de Armengol
Según ha denunciado en La Gaceta en reiteradas ocasiones la
Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB), que preside Jorge Campos,
Armengol ha impuesto el catalán a los funcionarios, y hablar
mallorquín, menorquín o ibicenco ya no es suficiente. Desde el año
pasado también se exige como requisito obligatorio un certificado de
catalán. El bombero Jorge Amorós es una de sus víctimas. Aquí tiene
su caso: ‘Estoy sin trabajo por poner mal los acentos en catalán’.
“En concreto, Armengol modificó la Ley de función pública para
exigir el catalán como requisito excluyente para poder trabajar en
el sector público, en todas las plazas públicas”, especifica Campos.
Además, la socialista subvencionó el pancatalanismo en Baleares con
hasta 1.100.000 euros en 2016, según alertó en su día Círculo
Balear.
Al Institut Ramón Llull, “un órgano dependiente del gobierno
catalán, que promociona la cultura de Baleares y Valencia como parte
de la cultura catalana bajo la denominación países catalanes en las
ferias internacionales en las que participa”, lo regó con 500.000
euros.
Además, Círculo Balear recuerda que el pasado verano que el Govern
también subvencionó con 180.000 euros a dos digitales por estar
editados en catalán. En concreto, 140.000 euros al diario
arabalears.cat y 40.000 euros al dbalears.cat, vinculado a las
“entidades radicales” Obra Cultural Balear y Grup Blanquerna. “Es un
claro ejemplo de utilización del catalán para conceder dinero
público a unos diarios minoritarios”, manifiesta el presidente de
esta entidad constitucionalista, que considera que “son subvenciones
a medida con las que Armengol sufraga el coste total de ambos
digitales”.
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