AGLI Recortes de Prensa   Jueves 31 Agosto 2017

Espectáculo bochornoso.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  31 Agosto 2017

Hoy el diario La Razón, cuyo director es el polémico Francisco Marhuenda, azote de toda la izquierda y de los que critican a Mariano Rajoy, se advierte de que el tribunal Constitucional no va a ejercer su potestad de sancionar con la suspensión a los responsables de haber desobedecido sus sentencias. Al parecer la mayoría de los jueces no son partidarios de ir más allá de emitir las sentencias y dejaría en manos del Gobierno, en este caso de la Fiscalía, la ejecución. Sin embargo, jurídicamente eso entraría en un camino enrevesado de denuncia, enjuiciamiento y sentencia condenatoria, algo que haría que los desobedientes sediciosos siguieran en su cargo de responsabilidad hasta que hubiese una sentencia firme. Es decir, el Tribunal Constitucional se quiere inhibir de lo que la propia Ley le reconoce como facultad resolutiva de sus propias sentencias. En este caso, los jueces se quieren cobijar y eludir su responsabilidad tras el Gobierno de España, de igual modo que el Gobierno de España ha estado cobijándose bajo las togas de los jueces del Tribunal Constitucional para eludir su responsabilidad ejecutiva.

Algunos a esto le llaman “pasarse la patata caliente”. Yo, simplemente le llamo cobardía política y terror paralizante del vértigo por asomarse al abismo del desafío secesionista. Porque si hay algo que no puede aludirse es desconocimiento de las intenciones de los secesionistas que desde hace meses iniciaron lo que llaman “proceso de desconexión” con la tramitación de leyes como la de Transitoriedad, el cambio del reglamento del Parlamento para la tramitación exprés delas leyes, e incluso la amenaza de legislar vía Decreto Ley esas leyes sin someterlas al debate parlamentario. Unas actuaciones acompañadas por declaraciones incendiarias con amenazas directas de declarar unilateralmente la independencia y la de desobedecer la prohibición de realizar el referéndum inconstitucional, en el que además darían por válido el que el número de síes supere al de noes con independencia del índice de participación.

Y ¿en qué estamos ahora? Pues en primer lugar en una frustrante soledad de un Gobierno que se ve maniatado por la oposición, PSOE y CIUDADANOS, que, en vez de formar un frente común constitucionalista de acción contra los secesionistas, imponen limitaciones a las respuestas y coartan la aplicación del único artículo incluido en la Constitución, el 155, previsto para situaciones límite de gestión desleal o flagrante perjuicio para España por una mala gestión. Nadie de los redactores de la Constitución, pudo imaginar el nivel de desafío y rebeldía al que llegarían los responsables autonómicos como los del Gobierno y Parlamento de Cataluña. En segundo lugar, presenciamos una actitud oportunista y sectaria por parte del resto de los partidos nacionalistas y el otro partido de ultra izquierda radical, el que forma la actual coalición de UNIDOS PODEMOS (IU y PODEMOS) con las marcas regionalistas y nacionalistas de este último. Y en tercer lugar, la extrema cobardía de un Gobierno que habiendo estado en mayoría parlamentaria, permitió la celebración de una consulta ilegal y que el desafío secesionista se haya incrementado hasta los límites demenciales alcanzados en esta nueva legislatura.

Y no parece que esto vaya a cambiar en el escaso tiempo que queda para que se llegue a la celebración del nuevo referéndum inconstitucional, para el que los convocantes se jactan ya de disponer de las suficientes urnas (más de 8000 burlando la prohibición de su compra con fondos públicos), del censo y de la disponibilidad de los recintos que se usarán como colegios electorales. Y ello apoyado en una legislación “ad hoc” que permita no solo la celebración del referéndum, sino las bases de la nueva legalidad que legitime la declaración unilateral de independencia de la nueva República de Cataluña. Porque estamos en lo de siempre, en que la Fiscalía solo actúa cuando ya el delito se ha consumado. Las simples declaraciones y amenazas no son suficientes para despertar su celo. Una norma que no se cumple, por ejemplo, en el caso del terrorismo donde las declaraciones y amenazas se toman con total seriedad. Y es que para los secesionistas, el proceso de independencia es algo que desde siempre se han tomado muy en serio, y el Gobierno de España se ha negado a calificarlo de algo más que una patochada.

Y ahora es cuando el proceso secesionista ha adquirido una envergadura en la que ya no se puede seguir contemporizando y se debe actuar con la misma contundencia y celeridad que los secesionistas aplican a sus actuaciones. Ya dije en una ocasión de que el Gobierno de España y la Justicia van dos pasos por detrás de los delincuentes. Ahora, esa distancia ha aumentado y deberán acelerar para poder impedir que lleguen a la meta. Lo que pongo en seria duda es si se van a sobreponer a la sensación de ya haber sido derrotados y confiarse exclusivamente a una posible descalificación por parte de los jueces de carrera.

Estamos en las semanas clave para saber si finalmente se impondrá el Estado de Derecho o iremos inevitablemente a una fractura de España con la secesión de uno de los territorios nucleares de la existencia de España y sin el cual no se entiende la Nación como tal. Cataluña es parte esencial de España y España no puede concebirse sin Cataluña. No se puede consentir que el secesionismo triunfe con sus propias reglas anti democráticas e inconstitucionales. Los poderes del Estado deberán impedirlo.

¡Que pasen un buen día!

Autoridad democrática
Ignacio Camacho ABC 31 Agosto 2017

Un día de estos, y su pesar, el Gobierno va a tener que comparecer en Cataluña. El tiempo se acorta y los soberanistas cumplen al pie de la letra su plan de independencia a plazos; la única deslealtad de la que no se les puede acusar es la de no haberlo anunciado. El recurso al poder judicial está a punto de agotar su viabilidad ante la evidencia también advertida de un abierto desacato. Y en todos los ordenamientos jurídicos del planeta –incluso en el de la fantasmal república catalana– está previsto que en caso de desobediencia a los tribunales entre en acción la facultad coercitiva del Estado.

La autoridad democrática es el sostén político del Estado de Derecho. Hay que ejercerla midiendo su proporcionalidad, sin precipitación ni exceso. Pero también con una legitimidad exenta de complejos. El desafío independentista reúne ya todos los requisitos exigidos, y hasta alguno más, para una respuesta sin remordimientos: es un golpe contra el orden constitucional y estatutario perpetrado por quienes juraron defenderlo. Y ha llegado a un punto tal que el Gobierno no puede pecar de imprudencia o de temeridad sino de poquedad y encogimiento.

Si Rajoy pretende cargarse de razones le restan muy pocas más que acumular; sería un error imperdonable que su paciencia tropezase esta vez en un mal cálculo de los tiempos. La idea de acolchar las bravatas del soberanismo ha evitado conflictos innecesarios pero empieza a acabarse la hora de los miramientos. Muchos españoles de dentro y de fuera de Cataluña tienen la sensación diáfana de que la provocación ha ido esta vez demasiado lejos. En el plano político, que también es el de la comunicación y el de los gestos, el presidente ha de asumir un liderazgo claro ante la nación y disipar la inquietud ciudadana con algo más que casuismos leguleyos.

Es cierto que los secesionistas tratan de forzar la coacción física, el impedimento por la fuerza de sus planes de ruptura, y que la responsabilidad de un dirigente consiste en no brindarse mientras sea posible a ese juego. Está llegando sin embargo el momento en que el Estado debe implementar de forma transparente y abierta los recursos legales necesarios para sobreponerse a su desmantelamiento. En la sociedad de la comunicación no basta con conocer que esos recursos existen; es menester que la opinión pública sepa que hay voluntad política y margen temporal para aplicarlos sin titubeos.

Este pulso desquiciado sólo puede tener un vencedor, y se llama España. La España que espera indecisa, confundida y cansada. La España que contempla perpleja cómo sus representantes institucionales soportan en silencio un aluvión de desplantes, chulerías y amenazas. La España que confía en una solución que no la deje, como casi siempre, un poco más débil, desestructurada y lánguida. Esa España que no se resigna a que le digan, viendo lo que, que no pasa nada.

¿A dónde va esta izquierda?
Jorge Vilches. vozpopuli 31 Agosto 2017

El miércoles asistimos a otra inútil sesión parlamentaria sobre la corrupción; de tanta valía como esas comisiones de investigación dedicadas, sin rubor, pero con mucho engolamiento, al arte y ensayo. La única incógnita era el nombre del portavoz socialista. Esta vez le tocó a una triste Margarita Robles, que pronto quedó en evidencia ante el fácil recurso a la hemeroteca. Podemos, con estudiada coreografía norcoreana, recibió donde más duele: el ninguneo de Pablo Iglesias. Un partido que ha hecho de su constante presencia mediática la gran baza para convertirse en la alternativa populista al PP tuvo que sufrir cuando dejó de ser el centro de atención.

No hubo más, salvo la gran pregunta: ¿A dónde va esta izquierda? Es cierto que el PP ha ganado las tres últimas elecciones, pero con una enorme sangría de votos. También es verdad que su imagen desde 2011 ha ido cayendo por la traición al programa electoral con el que entonces se presentó y el apocalipsis de corrupción con el que ha envuelto al país. Los de Rajoy no han sabido remontar la desilusión, ni dar confianza, esperanza o fuerza a sus votantes. La circulación de élites, que diría Pareto, no existe en el partido a pesar de su urgencia. Es más; entre sus filas hay la conciencia de que los millones de votos que se han ido no volverán a corto plazo, que es el único lapso de tiempo que preocupa al político.

El apoyo hoy al PP es quizá la forma más clara de conservadurismo: mantener el orden constitucional, social y económico, darle a la máquina socialdemócrata, y sostener la débil muralla que creemos contiene a los independentistas y a los populistas. Es el mal menor que permite sobrevivir, pero poco más. “Gobernar es resistir”, que escribió Donoso Cortés, y parece ahora que resistir es apoyar al Gobierno.

Los llamamientos a la regeneración, en buena medida inspirados por Ciudadanos, desaparecieron. No queda de aquello ni la intención. Todo se echó a la hoguera de las televisiones y las elecciones, y no dejaron nada para la realpolitik. La debilidad del PP y de su apoyo parlamentario es tal, y los peligros son tantos, que el sistema debería crear una solución democrática para la continuidad. Así ha ocurrido en Francia: EmmanuelMacron, un bluf salido de la tradicional gauche divine. Aquí, no.

En España, con un partido de gobierno agotado, la izquierda debería pergeñar una alternativa poderosa, ilusionante y aglutinante, capaz de rentabilizar el voto en una sociedad infantilizada y sentimental. Pero no ocurre por varios motivos. Veamos.

Los dos partidos de la izquierda han iniciado un giro organizativo acorde con los tiempos de inestabilidad y alianzas variables. La dirección debe controlar cada discurso y pacto local, tanto como la composición de las agrupaciones y los círculos. El motivo es que para que el líder conserve el poder debe seguir siendo el único proveedor de cargos y presupuestos, esas “zonas de incertidumbre” que dice Panebianco, que generan lealtades.

Esto obliga a que Podemos, primero, y luego el PSOE, hayan adoptado un modelo caudillista, en el que el partido es la realización del proyecto del líder, presentado como la encarnación de “la gente”, quien asume, por acción, omisión y devoción, todos los poderes. Es una versión del Führerprinzip del nacionalsocialismo, que fue una copia del liderazgo de Lenin en el bolchevismo.

Sánchez e Iglesias se encuentran en un proceso de dominio de sus respectivas estructuras, centrados en no dejar más cadáveres de los necesarios, y en ahormar a los díscolos o a los que se opusieron a su caudillaje. Los ejemplos claros son Page en Castilla-La Mancha –otro que tiene una hemeroteca suculenta-, y la depuración de la dirección errejonista en el País Vasco –una más-, al tiempo que Iglesias asume las funciones del Tribunal de Garantías de Podemos.

Una vez que dejen al PSOE y a Podemos como dos desfiles en el cumpleaños de Kim Jong-un, pasarán a la guerra entre ambos. Se podrá decir que tienen mucho en común, como el estilo populista, la definición clara del enemigo a exterminar de la vida pública, o la sovietización de la Constitución con el concepto amplio de “derechos sociales”.

También comparten la defensa de la plurinacionalidad líquida, en la que no se sabe, a esta hora exacta, cuántas naciones dicen que hay en España. Incluso un socialista habló de Madrid como nación. Hay quien alega que unos son devotos del multiculturalismo, y otros del interculturalismo, pero a la postre es lo mismo: la rebaja de la identidad propia para integrar al otro, eso sí, bien regada de subvenciones. Comparten el anticapitalismo, la ideología de género, el ecologismo integrista, el tercermundismo y el antiamericanismo.

Bien. Es cierto. Pero que nadie se equivoque: lo que más les une es el ansia de poder, que requiere la hegemonía política dentro de ese mismo espectro de izquierdas que acabo de describir. Lo lógico, si las circunstancias fueran normales, es que, tras laminar el propio partido, se iniciará el enfrentamiento entre ambos, donde los medios de comunicación afines auparían o derribarían a uno u otro.

Sin embargo, no pasamos por tiempos corrientes, sino de amenazas de golpe de Estado y de terrorismo yihadista. Y es ahí donde el PSOE debe sacar aquello de lo que presume y que le distingue de Podemos: el sentido de Estado, la responsabilidad histórica que asumió en la Transición. Sobre esta característica debería el socialismo español construir esa alternativa democrática, aunque sea a corto plazo.

La Gürtel, de nuevo en el Congreso: Rajoy sale indemne; las instituciones, no
EDITORIAL  Libertad Digital 31 Agosto 2017

Es cierto que Mariano Rajoy ha eludido dar cualquier tipo de explicación nueva sobre el caso Gürtel, y que ni siquiera se ha molestado en repetir los argumentos del pasado durante el pleno del Congreso de este miércoles, convocado exclusivamente para tratar la corrupción que afecta al Partido Popular. No es menos cierto, sin embargo, que tampoco los partidos de la oposición han dicho o han requerido nada nuevo que no sea la explotación política del hecho de que el presidente del Gobierno tuviera que comparecer recientemente ante los tribunales por este caso, a pesar de que lo hizo en condición de testigo.

Así las cosas, y teniendo también presente que tampoco ha habido novedad informativa alguna sobre este caso, cuyas primeras investigaciones se remontan a casi diez años, y del que ya se ha debatido en el Congreso en innumerables ocasiones, el debate de este miércoles se ha convertido, tal y como era previsible, en un nuevo y grotesco cruce de reproches, en el que cada representante político ha querido arrimar el ascua a su sardina hablando de asuntos diversos que en nada han contribuido al esclarecimiento de la trama Gürtel. Menos aun ha servido para impulsar reforma legislativa alguna dedicada a combatir las raíces de la corrupción, con independencia de que afecte a este u otro partido.

A estas alturas, y para exigir nuevas responsabilidades políticas por un asunto que, en buena medida, se remonta a hace veinte años, y por el que muchos cargos del PP ya han asumido responsabilidades políticas en forma de ceses o dimisiones, quienes tienen que tomar la palabra no son nuevamente los miembros del Congreso sino los tribunales. Es una vergüenza que la mayor parte del caso Gürtel aún no se haya sustanciado en una sentencia. Luis Bárcenas, por citar a uno de los implicados más conocidos, fue imputado en febrero de 2009 y a día de hoy todavía sigue en libertad provisional bajo fianza, a la espera de sentencia.

La lentitud de la Justicia es, junto a su politización, la falta de transparencia y discrecionalidad del intervencionismo público, una de las principales lacras de las que se nutre la corrupción. Pero nada de esto parece interesar a unos partidos que utilizan la corrupción para echarse los trastos a la cabeza y, en ocasiones, deshacerse de forma artera de sus adversarios, internos o externos.

No le falta razón a Mariano Rajoy cuando se queja de que, con la que está cayendo, el Congreso se dedique a este asunto. Sin embargo, no tiene el presidente del Gobierno legitimidad para poner como ejemplo el, ciertamente, gravísimo desafío institucional y legal que están planteando los separatistas en Cataluña, cuando tampoco él ha tenido la iniciativa de llevarlo al Pleno del Congreso y ni siquiera ha comparecido públicamente –tampoco ninguno de sus ministros– al conocerse el contenido de la aberrante Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, que los golpistas quieren aprobar antes de su nueva y no menos ilegal consulta secesionista del 1-O.

El presidente del Gobierno ha salido indemne se este debate perfectamente innecesario. No puede decirse lo mismo de las fuerzas del cambio, que han vuelto a demostrar la pésima estima en que tienen a las instituciones que pretenden regenerar.

¡Cuidado con los activos de riesgo!
Juan Laborda. vozpopuli 31 Agosto 2017

Permítanme ustedes volver a advertir sobre la brutal sobrevaloración de los activos financieros de riesgo global. Sí, lo sé, soy excesivamente pesado insistiendo en esta idea. Sin embargo, el efecto derivado del estallido de la última burbuja ideada y generada por los Bancos Centrales iniciará la Segunda Fase de la Gran Recesión. Los efectos serán más devastadores que el estallido de las dos anteriores, la tecnológica y la inmobiliaria, por dos razones.

En primer lugar porque el activo primigenio alrededor de esta burbuja, la deuda soberana, afectará a la sostenibilidad del propio sistema. En segundo lugar, porque nos encontramos en un momento donde la mayoría de los agentes económicos apenas perciben este riesgo.

Para la ortodoxia económica dominante, la economía global solo es capaz de sobrevivir generando inflaciones de activos financieros y/o inmobiliarios. Bajo su marco conceptual de análisis, desde el lado de la demanda, Occidente solo puede hacer frente al estancamiento secular con tipos de interés reales negativos. La implementación de dichas políticas monetarias, como ya sabemos, activa distintas burbujas financieras y/o inmobiliarias. Pero a cada inflación de activos, cuando estalla, le sigue otra todavía más perniciosa, de manera que cuando ésta nueva explota el impacto macroeconómico negativo se acrecienta.

Incompetencia e intereses de clase
Detrás de todo, el rotundo fracaso de la teoría neoclásica. Sabemos que existe un paradigma alternativo, pero que no se aplicará debido no tanto a cierta incompetencia intelectual, que también, sino por la defensa de los intereses de la superclase. En ausencia de subidas salariales la única manera de sostener el sistema era haciéndolo frágil y vulnerable, activando el mayor ciclo de deuda de la historia alrededor de distintas burbujas financieras y/o inmobiliarias. Era un sistema perfectamente diseñado para sostener una expansión artificial de la demanda que garantizará la acumulación de capital en pocas manos, la superclase.

A las autoridades políticas, económicas y monetarias no les entusiasma admitir que han sido ellas quienes con sus instrumentos de política económica han contribuido a generar las distintas burbujas que se han ido desarrollando en las últimas décadas. El estallido de la actual burbuja supondrá básicamente finiquitar con una forma de crecimiento perversa. Observaremos el punto final del gran superciclo deuda iniciado allá en los años 80, y que ha estado sazonado con políticas profundamente conservadoras, enormemente injustas, tremendamente ineficaces.

Durante este superciclo, los buscadores de rentas han actuado a sus anchas, con el consentimiento o aquiescencia del poder político. Durante esta fase, los salarios de los trabajadores han perdido poder adquisitivo, mientras se cerraban empresas bajo el pretexto de buscar mayores ganancias a través de la explotación de mano de obra barata en el extranjero. Durante este período, los grandes evasores de impuestos se frotaban las manos observando cómo no se hacía nada contra los paraísos fiscales -Luxemburgo, Suiza, Singapur… Durante ese tiempo, excluyendo la tierra y la vivienda, el capital se mantuvo constante. Durante esos años, el principal motor de la actividad económica fueron actividades especulativas financiadas con deuda.

Más evidencia de la actual burbuja
Nos encontramos en un escenario de sobrevaloración extrema justo en un momento donde curiosamente ha aumentado las inversiones pasivas ligadas a la evolución de los distintos índices bursátiles o de bonos. Y este dinero debería empezar a preocuparse sino aterrarse.

Como afirman James Montier y Matt Kadnar, de la gestora de fondos Grantham, Mayo, Van Oterloo (GMO), en un nuevo documento titulado The S&P 500: Just Say No, “cualquier dinero que siga el índice de referencia del mercado de valores de Estados Unidos en el momento actual es más especulación que inversión, y está ignorando lo que creemos es el determinante más importante de los retornos a largo plazo: la valoración. Cuando nos enfrentamos al tercer mercado de valores más caros de todos los tiempos, mantener un peso normal en un índice pasivo es decisión que probablemente será muy costosa”.

Montier y Kadnar dividen la evolución de los precios de las acciones estadounidenses en cuatro componentes: dividendos, crecimiento de beneficios, márgenes de beneficios y los cambios en los múltiplos de valoración (en este caso el ratio PER). Desde 1970 estos componentes han contribuido a la rentabilidad anualizada del 6,3% de S&P 500, después de inflación, con un 3,4%, 2,3%, 0,50% y 0,10%, respectivamente. Por contra, estos mismos componentes han contribuido con un 2,8%, 3,1%, 3,2% y 3,8%, respectivamente, a los impresionantes rendimientos reales anualizados del S&P 500 de un 13,6% durante los últimos siete años. En otras palabras, el rally actual se debe a unos márgenes de beneficios inusualmente altos y persistentes, y a la expansión excesiva de los múltiplos, es decir, de la cantidad que los inversores están dispuestos a pagar por sus ganancias.

Para que los rendimientos bursátiles recientes persistan, por lo tanto, los márgenes de beneficio y los múltiplos de valoración deben continuar expandiéndose. Pero ello es improbable, ya que ambos componentes están cerca de los máximos históricos. GMO utiliza estos cuatro componentes para intentar mirar hacia el futuro, analizando el ciclo histórico de ganancias. Básicamente, los autores piensan que las acciones de los Estados Unidos en los próximos siete años perderán un promedio anualizado del 6% debido a la contracción de múltiplos (PER más bajos), y otro 2,8% adicional por la contracción del margen. Por el contrario, el rendimiento de los dividendos y las ganancias de los beneficios contribuirán un 5% a los rendimientos de las acciones. La suma de todos los componentes nos da un rendimiento total real de -3,8% anualizado para todo el período. La valoración actual del mercado estadounidense supone el tercer momento más caro de la historia. Las únicas veces donde los precios de las acciones han sido más altos y las rentabilidades potenciales más bajas fueron en 1929 y 2000.

Pero todos sabemos que si acaba colapsando Wall Street se producirá un efecto dominó. Y en el caso de que aumente la aversión al riesgo global se desataría, desde un punto de vista estrictamente económico, la tormenta perfecta, con una combinación de crisis de deuda soberana y crisis bancaria. En definitiva, La Segunda Fase de la Gran Recesión a las puertas.

Pacto de silencio
Óscar Elía Mañú Gaceta.es 31 Agosto 2017

Los especialistas suelen citar, como antecedente exitoso del pacto antiyihadista firmado por Rajoy y Sánchez en 2015 tras los atentados en París, el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo firmado en el año 2000.

En aquella fecha, el Partido Popular de Aznar había ya revolucionado la lucha contra ETA, y las medidas puestas en marcha por Aznar y Mayor Oreja a partir de 1996 empezaban a poner a ETA contra las cuerdas, de forma que por primera vez en cincuenta años se divisaba la posibilidad de una derrota total de la banda. En esas circunstancias, el Pacto antiterrorista fue la inteligente táctica de Zapatero para subirse al carro de la previsible derrota de ETA, y hurtar o al menos compartir con el Gobierno el triunfo del Estado sobre los terroristas.

Poco después, el 11 de septiembre lo cambió todo en materia antiterrorista, al menos en el exterior: los terroristas de Washington y Nueva York cogieron desprevenidas a las agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad norteamericanas. La 9/11 Comission estudió a fondo los fallos, graves y leves, cometidos antes del atentado, valoró críticamente los errores cometidos durante los ataques, y elevó recomendaciones. Se depuraron responsabilidades, y se abrió un debate sobre la reforma de las agencias de inteligencia, de las fuerzas armadas, y de toda la estructura de seguridad nacional.

El caso de España en marzo de 2004 fue justo al contrario: el torrente de escándalos, negligencias, errores y descuidos de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia antes, durante y después de los atentados se cubrió de manera unánime: los organismos responsables, los partidos políticos, los medios de comunicación pasaron página obsesivamente, tratando de olvidar cuanto antes lo ocurrido el 11M.

Los errores y negligencias. Tras el 11M se extendió un manto de silencio.
Cada parte tenía sus motivos. Por un lado, la izquierda española se ha servido de aquel pavoroso crimen para culpar al Partido Popular de los muertos de Atocha; la falsedad grosera del argumento chocaba con la realidad, porque cualquiera con un mínimo de sentido común sabía que tarde o temprano España sería golpeada otra vez, al igual que cualquier país de nuestro entorno. Pero en la mente de muchos progresistas, la salida de Irak colocaba a España al margen de la amenaza. Por parte de la derecha, el PP admitió la explicación izquierdista, y presa del síndrome de Irak, trató de pasar página cuanto antes. Es una de las razones por las que la política exterior e Rajoy es más parecida a la de Zapatero que a la de Aznar: el miedo al sobresalto de quienes están en primera línea.

Eso explica que tanto la izquierda como la derecha se han ido refugiando en mitos para no afrontar el cariz de la amenaza, y pensar que España era diferente. EL primero de ellos es el mito de la excepcionalidad del trabajo policial español. Ciertamente, el nivel de las FCSE españolas es alto, pero no más que el de sus equivalentes en los países de nuestro entorno: pensar que nuestras fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia nos protegen más y mejor que los de los franceses o alemanes es de una ingenuidad pasmosa, a la que buena parte de la sociedad española se ha acogido durante tiempo. Las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de cualquier país occidental cumplen bien su trabajo, pero también cometen errores, el enemigo también cuenta, y no pocas veces acierta. Si España no ha sido golpeada desde 2004 es por la misma mezcla de suerte y trabajo policial que ha impedido otros atentados en otros países. La policía española, los servicios de inteligencias, no son mejores ni peores que los de los países de nuestro alrededor.

Pero en el caso de España, a los normales problemas policiales se suman los anormales. En materia policial, España muestra ahora fracturas evidentes, que el atentado de Barcelona ha mostrado claramente. La falta de coordinación entre las policías autonómicas impide que haya interlocutores claros, como les ocurrió a los belgas al comunicar, sin saber con quién, sobre el imán de Ripoll. La hostilidad de la Consejería de Interior catalana hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional es evidente, como se ha mostrado con los TEDAX en Alcana. El desprecio de las autoridades catalanas a medidas básicas como la puesta de bolardos, sólo porque la directriz procede del Ministerio del Interior es otro ejemplo. A una amenaza global se responde con localismos: el desbarajuste de seguridad en materia autonómica, con competencias cruzadas e incluso contradictorias, es un problema de primer orden para impedir que el yihadismo vuelva a actuar.

A un nivel más amplio, a este tipo de problemas policiales se unen otros institucionales, sociales y políticos, típicamente españoles, que están lastrando el trabajo policial. En general todos se derivan de la falta de cumplimiento y de respeto a la ley que se ha instalado progresivamente en España. La obsesión multicultural permite que mezquitas e imanes radicales se muevan con libertad de movimientos, sin ser detectados ni expulsados: todo el mundo conocía de sobra el radicalismo de Abdelbaki es Satty, sin que el conocimiento tuviese consecuencias alguna. El buenismo penitenciario español permite que inmigrantes con delitos, lejos de ser deportados a sus países, salgan y entren de la cárcel delito tras delito: lo mismo pasan del tráfico de drogas al yihadismo. La tolerancia con las casas okupas, mimadas por partidos y medios de comunicación, implica que nadie sepa qué ocurre dentro, hasta el punto de que se pueden preparar explosivos. Los ayuntamientos de grandes ciudades utilizan la seguridad como arma ideológica contra el gobierno central; en fin, incluso uno de los terroristas disfrutaba de una vivienda VPO pagada con dinero público, y el alcalde de Ripoll propone pagar un dinero a su familia para superar el trauma. Todos estos problemas no solo impiden luchar contra el terrorismo: favorecen la posibilidad de nuevos atentados.

El atentado de Barcelona pone sobre la mesa todas esas disfunciones: errores derivados no sólo de la deslealtad nacionalista, sino de una serie de disfunciones institucionales, de falta de respeto a la ley y a la autoridad, que favorecen el delito y dificultan la acción policial, aun cuando esta se desarrolle brillantemente. Me atrevería a decir que este tipo de disfunciones y fracturas institucionales transmiten una imagen de debilidad que hace de España un objetivo mas apetecible.

Tras el 11M, el 16A ha sido una segunda oportunidad para adecuarnos a la lucha contra la yihad. Manifiestamente no ha sido así. La clase política ha transitado justo en dirección contraria, y la manta de la “unidad contra el terrorismo” vuelve a cubrirlo todo, tranquilizando conciencias por aquí y por allá, igual que en 2004. En verdad, no hay unidad en España en relación con el yihadismo. Ciertamente todo el mundo está de acuerdo en que es malo que nos atropellen en los paseos, nos acuchillen en las avenidas, nos disparen en un café o nos revienten en un concierto. Pero deducir de esto la existencia de una unidad contra el terrorismo es de nuevo de una enorme ingenuidad cuando no va acompañada de una política antiterrorista real.

Una política antiterrorista se basa en dos pilares: la convicción en los valores del orden constitucional y la determinación para defenderlos. En España no existen hoy ninguna de las dos cosas. El Partido Popular, desde 2008, carece de las convicciones y la voluntad para liderar una política antiyihadista tan ambiciosa como la fue la política contra ETA entre 1996 y 2004. Busca la unidad como medio para evitar verse de nuevo acorralado como lo fue el 13 de marzo de 2004. El Partido Socialista es pura ideología: multiculturalismo, feminismo, pacifismo, y busca la unidad para ocultar que estos –ismos generan inestabilidad. Por fin, Podemos y los grupúsculos antidemocráticos del Congreso están más preocupados por acabar con la convivencia que por acabar con los terroristas. Ni los medios de comunicación ni la sociedad civil están hoy en condiciones de exigir a unos y otros un cambio de postura sin ser calificados de ultraderecha por todos ellos.

En fin, el objetivo del pacto antiyihadista tiene poco que ver con el refuerzo policial e institucional, no tiene por objetivo implementar una estrategia amplia y profunda para acabar con el yihadismo. No hay consenso para ello, no hay unidad básica para ello entre firmantes, observadores y todo el circo montado alrededor. Ciertamente, la unidad no es necesaria: tampoco la había en 1996 o en 2000, pero entonces había al menos un gobierno con convicciones y voluntad clara, que forzó a los demás a sumarse a la estrategia contra el terrorismo. Hoy, el Gobierno es el que más comodo se encuentra con este Pacto de Silencio.

Los camaradas coreanos
FERNANDO PALMERO El Mundo 31 Agosto 2017

"Con Kim Il Sung mantengo una sólida amistad personal. Y hay, no obstante la lejanía de nuestros países, coincidencias en numerosas cuestiones fundamentales (...) Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido; es una lástima que no se le conozca más en el mundo, me refiero no a su nombre, bien conocido, sino a sus calidades de hombre político y estadista". El que habla es Santiago Carrillo, en febrero de 1977, pocas semanas antes de la legalización del PCE. No a sus camaradas, sino a todos los españoles en una larga entrevista con María Eugenia Yagüe publicada por la editorial Cambio 16 bajo el epígrafe Políticos para unas elecciones. Antes incluso de que nadie supiera si el PCE podría presentarse en junio, Carrillo se postulaba ya como candidato y hablaba (es decir, mentía) de su vida como un largo viaje épico en busca de la libertad, desgranaba parte de su programa político, justificaba, aunque exculpándose, lo sucedido en Paracuellos a finales del 36 ("había que impedir que los franquistas pudiesen organizar con esos hombres nuevos cuerpos de ejército... era una cuestión militar") y se declaraba admirador de Ceaucescu, Fidel Castro, Jruschov, Chu en Lai... y el camarada Kim il Sung.

Carrillo había conocido al dictador coreano en octubre de 1969 en un viaje a Pyongyang, "y se produjo un 'filing' entre ambos que durará una década; milagroso acontecimiento sólo similar al que se produjo entre Marco Polo y el emperador mogol Kubilai", escribe Gregorio Morán en su libro sobre el PCE que felizmente Akal reeditará este otoño. Desde entonces, la Corea comunista se convertirá, junto a la Rumanía de Ceaucescu, en el principal sostén económico del PCE. De ahí los numerosos viajes que hizo Carrillo al país de "los milagros", como se podía leer en Mundo Obrero, en los que no vio, o nunca lo dijo, la red de campos de regeneración mediante trabajos forzados ni la de campos de concentración, donde se recluía a los disidentes: los que no fueron asesinados durante las doce purgas realizadas por Kim il Sung desde su ascenso al poder en 1948, de la mano de Stalin. En 90.000, calcula Pierre Rigoulot las ejecuciones de opositores y miembros del partido caídos en desgracia. Y en más de tres millones, el balance total de víctimas hasta la muerte del "Gran Líder" en 1994, convertido desde entonces en "Presidente Eterno".

Embalsamado, su cuerpo se encuentra en el suntuoso panteón de Kumsusam, donde se exponen también los más de 200.000 regalos que dirigentes de todo el mundo le hicieron en vida. Entre ellos, 12 españoles, la mitad de Santiago Carrillo y alguno de Pasionaria. Ambos se consideraron deudores del pensamiento Juche, cuya esencia resumía un editorial difundido por la radio estatal en 1986: "Toda la sociedad debe ser convertida con firmeza en una fuerza política unida que respira y avanza con un solo pensamiento y una sola voluntad bajo la dirección del dirigente supremo (...) Pensad, hablad y obrad como Kim il Sung y Kim Jong il".

Ese mismo año, Carrillo dedicaba un artículo en El País a la figura de "uno de los hombres de espíritu más abierto a los nuevos problemas de esta época y a la vez un dirigente que ha velado más celosamente por la independencia de su país". Justo un año después, en noviembre de 1987, terroristas norcoreanos hacían estallar en pleno vuelo un avión de la Korea Air Line (la aerolínea surcoreana) con 115 personas a bordo, con la intención de boicotear los Juegos de Seúl que se celebrarían al año siguiente.

Corea del Norte sigue siendo una "excepción arqueoestalinista", como dice Rigoulot. Y amenaza con un desastre nuclear contra quienes pretendan destruir el paraíso. Aquel que tanto admiraban los camaradas españoles.

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Los separatistas ‘se beben el entendimiento’
Alejo Vidal-Quadras Gaceta.es 31 Agosto 2017

Cada lengua tiene expresiones y frases de difícil o imposible traducción literal, pero que reflejan de manera reveladora la idiosincrasia de un pueblo, fruto de su historia, su clima, sus hábitos y su particular visión del mundo.

Existe sin duda una psicología propia de los catalanes, a los que me honro en pertenecer, que Josep Ferrater Mora centraba en cuatro características, la continuidad, el seny -sentido común-, la mesura y la ironía. A estas notas distintivas se pueden añadir otras tres, la devoción a la vida familiar, la laboriosidad y la buena administración de los caudales. La aventura separatista en la que están inmersos los partidos de Junts pel Sí, debidamente espoleados por las salvajes hordas urbanas de la CUP, analizada a la luz de esta personalidad colectiva, no resiste un minuto de examen.

La irracionalidad del proyecto lo despoja de cualquier asomo de de seny, su ruptura brutal con el orden establecido es antagónica a la más elemental noción de continuidad, sus excesos verbales y sus fabulosas invenciones están reñidas con la mesura y la roma naturaleza y la linealidad escuálida de sus argumentos, junto con la impostada y ridícula solemnidad de su discurso, resulta incompatible con el más mínimo ejercicio de ironía que, como se sabe, es un privilegio de la inteligencia. En cuanto a la fortaleza de la institución familiar no parece que vaya a resistir las llamadas a la promiscuidad tumultuosa y a la educación de los hijos al modo de los aborígenes amazónicos que desea implantar este espejo de progresía que es la diputada Anna Gabriel, a la vez némesis y musa del presidente Puigdemont. Tampoco la productividad del tejido empresarial catalán florecería bajo el embate de las confiscaciones, tributos y, oh desiderátum, abolición de la propiedad privada que sueñan los socios preferentes del PDCat y de Esquerra, con lo que presumiblemente no habría demasiados recursos que gestionar.

Vista, pues, bajo la luz de la definición estándar del catalán de pura cepa, la tan coreada “in-de-pen-den-cia” se presenta paradójicamente como profundamente anti-catalana, es decir, los impulsores del “procés”, teóricos defensores de las prístinas esencias de la tierra de sus amores, llevan años bregando para alumbrar una sociedad cuya semejanza con el auténtico espíritu catalán será la de un huevo a una castaña. La separación de España engendraría así una cruel contradicción: la voluntad desatada de, como decía el Molt Imputable, “ser más”, se traduciría en “ser menos”, en otras palabras, en no ser.
Volviendo a las locuciones que manifiestan claramente el Volkgeist tan caro a los románticos alemanes, hay una en catalán que encaja a la perfección con la imparable ofensiva secesionista emprendida por la mitad del Parlamento autonómico, el Gobierno que preside el ex-alcalde de Gerona, la ANC, el Omnium Cultural y demás entidades poseídas por el fervor patriótico desplegado en un mar de esteladas.

Cuando un catalán quiere decir de alguien que ha perdido por completo el seso y que actúa bajo el impulso irrestricto de la insania, afirma que esa persona “s´ha begut l´enteniment”, se ha bebido el entendimiento. La utilización del verbo “beber” puede estar relacionada con el vino y con el estado de ebriedad que produce su consumo en demasía. Así, un tipo que “se bebe el entendimiento” quedaría asimilado en su comportamiento a un borracho cuya capacidad de raciocinio y de evaluación objetiva de sus propios actos queda en suspenso mientras dura la melopea.

Todo indica que los dirigentes separatistas y sus seguidores hace tiempo que han desconectado sus cerebros de la realidad y la prueba está en esa Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, que es un delirium tremens en ochenta y siete artículos y tres disposiciones transitorias. Algunos venimos diciendo hace meses que el “procés” ha dejado atrás el ámbito político y jurídico para insertarse en el psiquiátrico.

Es imposible que nadie en su sano juicio crea que un Estado de Derecho de cuarenta y cinco millones de habitantes, medio millón de kilómetros cuadrados, un PIB de 1.13 billones de euros y miembro de la Unión Europea y de la OTAN, va a permitir por las buenas que una pandilla de politiquillos de tercera aguijoneados por un hatajo desaseado de okupas le desposean de sus bienes en una parte de su territorio y se vayan sin pagar una deuda de 70000 millones de euros. Aquellos que se han bebido el entendimiento para abrigar la esperanza de que tal cosa ocurra sufrirán el destino de todos los que abusan de la botella. Su despertar será muy doloroso y la resaca monumental.

Responsos islamolaicos
Pablo Planas  Libertad Digital 31 Agosto 2017

Puigdemont piensa a lo grande. Ahora quiere que la república que iba a ser la Suiza del Mediterráneo sea una potencia militar de primera categoría, Corea del Norte en el paralelo 40. Se ha animado el hombre tras la actuación de la policía regional con ocasión de los atentados de Barcelona y Cambrils. Los Mozos están muy bien, sin duda, pero un Estado de verdad tiene ejército porque el proyecto separatista para el espacio vital catalán no es una ampliación de Andorra, mar y montaña más atractivos fiscales, sino un país de tomo y lomo con el arsenal de Pyongyang, espías, satélites, comandos especiales, un escuadrón de gala para recibir a los colegas mandatarios en el aeropuerto de El Prat y otro de caballería para pasearse en descapotable por la Vía Layetana.

Ya puestos a proclamar una república, qué menos que dotarla de unas fuerzas armadas que velen por la unidad nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y tal, además de desfilar por la Diagonal el 11 de septiembre. Rebasadas todas las líneas, pudiera parecer que Puigdemont delira, pero su ensueño se asemejaba a algo real tras los últimos ataques islamistas, cuando la Generalidad ocupó el hueco del Estado en Cataluña con el uniformado y armado Trapero al frente. No fue exactamente un asalto al poder sino un tapar el vacío de poder en materia de seguridad pública derivado del absentismo del Gobierno. Un golpe de Estado en un palacio abandonado.

En medio de un pavoroso desprecio a las víctimas, el separatismo convino en convertir los atentados de Barcelona y Cambrils en un anuncio mundial de la república inminente y la operación, creen, ha sido un éxito. La comunidad internacional ha podido comprobar la excelente puntería de algunos agentes dependientes de la Generalidad y que las manifestaciones contra el terrorismo en Cataluña son como una juerga magalufa. Sin embargo, aquí, en España, nadie para los pies a los dirigentes separatistas con la excusa de que todavía no han cursado la ley del referéndum ni aún menos la de transitoriedad. Para la Moncloa, tomar la iniciativa sería una intolerable vulneración de los protocolos marianos.

El tiempo pasa y las percepciones cambian. Los Mossos d'Esquadra no eran una policía especialmente valorada por la opinión pública en Cataluña. Cuatro escándalos marcaban al cuerpo: una grabación de malos tratos a una detenida en comisaría, tres personas fallecidas tras ser inmovilizadas y el caso de una mujer a la que reventaron un ojo de un pelotazo en la huelga general de noviembre de 2012. Los atentados han alterado el panorama al punto de que el gatillo fácil merece un aplauso generalizado en absoluto incompatible con los responsos islamolaicos por los bad boys de Ripoll confundidos por un mal imán, garbanzo negro en el modelo catalán de cohesión social y en el de las religiones de paz. La prensa nacionalista da por descontado que Trapero no mandará a sus hombres a retirar urnas.

El Gobierno del Reino de España es mero espectador de todo esto por aquello de la descentralización y el traspaso de competencias. Y aún así, los magnánimos catalanistas han tenido el detalle de redactar una ley fundacional en la que contemplan que haya ciudadanos censados en Cataluña que deseen conservar la nacionalidad española sin menoscabo de la catalana. Ni se plantean que haya catalanes que quieran renunciar a ser confundidos con ellos ante la discreta retirada del Estado español.

Lecciones de una manifestación
NICOLÁS REDONDO TERREROS El Mundo 31 Agosto 2017

Son varias las consecuencias de la manifestación de Barcelona; algunas tienen el vigor de tendencias que, por desgracia, para muchos estaban ocultas;sólo la evidencia las ha hecho visibles a los ojos de estos incrédulos siempre dispuestos a exculpar a los independentistas. La primera evidencia es que a los precursores de la independencia todo lo demás no les importa o les importa muy poco. No hay en la historia de la democracia una exhibición más impúdica ante las víctimas causadas por un atentado terrorista. Podemos encontrar en el pasado comportamientos poco adecuados, sibilinas actuaciones para rentabilizar tal o cual acción terrorista, pero la subordinación absoluta de unas víctimas recientes al objetivo partidario de la independencia no lo habíamos visto nunca.

A la sorpresa por el comportamiento de los independentistas se ha unido el disgusto por la desnudez de unas intenciones que dejaban claro que todo -las víctimas, los terroristas- estaba supeditado a su hoja de ruta. Pero esa evidencia no debería sorprendernos, los independentistas han dado la espalda a la ley desde hace años sin ninguna necesidad de ocultarlo, han dejado claro que no les importa nada lo que piensa una gran parte de la sociedad catalana y tampoco que el resultado de su estrategia sea la división radical de esa sociedad; todo se condiciona al movimiento nacional que han iniciado hace más de cinco años con la oposición de muy pocos, desestimados muchas veces al grito de fachas.

Pero esa característica es inevitable en todos los movimientos nacionales que ponen las leyes por debajo del pueblo. Donoso Cortes en su Discurso sobre la dictadura pronunciado en el Congreso de los Diputados en el año 1849 ya decía: "¿Cuál es el principio del señor Cortina? El principio de su señoría, bien analizado su discurso, es el siguiente: en la política interior, la legalidad: todo por la legalidad, todo para la legalidad; la legalidad siempre, la legalidad en todas circunstancias, la legalidad en todas ocasiones; y yo, señores, que creo que las leyes se han hecho para las sociedades y no las sociedades para las leyes digo: la sociedad, todo para la sociedad, todo por la sociedad; la sociedad siempre, la sociedad en todas circunstancias, la sociedad en todas ocasiones".

No cabe duda de que los que ponen como excusa la sociedad para vulnerar las leyes recorren caminos antidemocráticos y autoritarios en los que nada importa excepto sus objetivos. Lo digan o no, lo hagan explícito o no, el desprecio a la ley les aleja del respeto a las víctimas y a la propia sociedad que esgrimen defender, y les acerca al autoritarismo doctrinal y práctico. Si Donoso Cortés no nos dice nada, siendo como somos grandes desconocedores de nuestra historia, sí nos lo dirá su gran admirador Carl Schmitt, a través del cual el español se ha convertido en un influyente autor para los movimientos más radicales de EEUU. No creo que sea necesario recordar la terrible utilización que hizo el jurista alemán de la tenebrosa idea de que el Volksgeist está por encima del Estado, de las leyes, de las instituciones y su convencimiento de que la política exclusivamente se basa en la dialéctica amigo-enemigo... ¿Podemos ver en estas posiciones alguna semejanza con lo que está sucediendo hoy en una parte de España?

El movimiento nacional catalán, como todos los movimientos de esta naturaleza, necesita su populacho. Y si éste se puede definir como una importante porción de determinada sociedad que no respeta ni leyes, ni símbolos, ni atiende a su propio beneficio en la búsqueda de un objetivo inalcanzable que parece hacerles fuertes e importantes en una historia que creen protagonizar, desde luego lo tiene. La ANC y la CUP son los que hacen el trabajo sucio a los independentistas institucionales; más acomodados y ocupados en dar una imagen de respetabilidad, algo que todos los movimientos de este tipo necesitan trasladar en origen a los que les contemplan cuando no son mayoritarios. Rompen pancartas que no dicen lo que ellos defienden, agreden a quienes piensan distinto, insultan símbolos compartidos por la mayoría, su propaganda no se basa en verdades comprobables, ni en datos, ni en hechos verificables; su objetivo es estimular a los suyos y asustar al resto y para ello no les importa recurrir a los protocolos de los sabios de Sión o a convertir a Felipe VI en corresponsable de las atentados terroristas. Porque el Gobierno de la Generalitat necesita esbirros que le hagan el trabajo sucio, no romperán con la CUP. ¡Muchos se asombran de la extraña pareja que hacen la burguesía independentista y los radicales! No hay motivo para la sorpresa, se necesitan mucho más allá de los votos que se prestan en el Parlamento, se necesitan estratégicamente, por lo que no romperán hasta que consigan su objetivo o fracasen.

La tercera lectura de la manifestación igualmente se venía anunciando hace tiempo: el Rey, el Jefe del Estado, parece obligado, en contra de la naturaleza de la institución que representa, a jugar un papel activo y desaconsejable en periodos de normalidad. La opinión pública se ha dividido ante la presencia del Monarca en la manifestación de Barcelona. Unos argumentan que hizo bien porque representa a España y a todos los españoles, pero eso también lo hace en periodos de tranquilidad el Gobierno de la nación. Hayamos votado o no al Ejecutivo, nos guste más o menos, existan o no motivos importantes para la censura política, el Gobierno de turno nos representa a todos, razonamiento que invalida la justificación esgrimida para defender la participación del monarca en la marcha de Barcelona.

Los contrarios dicen que no hay precedentes en Europa de un rey presidiendo una manifestación y ven una excepción que confirma la regla, la presencia del monarca de Jordania en una manifestación en París. Pero ni siquiera es válida la excepción, se manifestó fuera de su territorio y, desde luego, la monarquía jordana poco tiene que ver con las europeas.

Ahora bien, que no existan precedentes tampoco es una razón de peso. El rey de Bélgica abdicó durante unas horas para no firmar una ley que iba contra su manera de pensar, tampoco existían precedentes. Los reyes, como todos, deben adaptarse a la realidad que les da sentido. La cuestión no es por lo tanto si fue o no un error que asistiera a la manifestación, sino las causas que le obligaron a ir y al Gobierno a permitirlo. En las circunstancias en las que transcurre el golpe independentista catalán y el parejo descrédito de la política española, no creo que hubiera otro remedio que el de utilizar el menos mellado de todos nuestros símbolos: la Monarquía. Cierto que la reacción del populacho del movimiento nacional catalán ante su presencia se ha saldado con un fuerte fracaso de los radicales y un fortalecimiento de la figura del Rey. Pero que haya sido así no menoscaba los peligros de políticas basadas en la utilización del Jefe del Estado.

La envergadura del reto independentista ha obligado a esta participación, pero debe ser excepcionalísima, no puede repetirse. Hoy podemos decir que si Juan Carlos consolidó la Monarquía, Felipe la ha arriesgado por un bien superior a la propia institución y, en estos tiempos que corren, cuando nadie abandona la trinchera de su sigla y la defensa de sus intereses, su gesto adquiere más trascendencia. Si quedaba algún vestigio de las características inherentes a las monarquías tradicionales, Felipe la ha convertido en una institución civil y laica. Hoy podemos decir más que nunca que si Juan Carlos fue el Rey de la Transición, Felipe se ha convertido en el Rey del pueblo, el problema es que el pueblo, sobre todo el español, es voluble y antojadizo, por lo que la moderación, la inteligencia y la distancia adecuada deben ser la norma de la Jefatura del Estado a la hora de administrar en el futuro su crédito.

Nicolás Redondo Terreros es miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Las «administración paralela» de las autonomías: 1.100 entes públicos
Este extenso entramado consume cada año decenas de miles de millones de euros de dinero público
Roberto Pérez Madrid. abc 31 Agosto 2017

Sociedades mercantiles, entidades de derecho público, organismos autónomos, fundaciones, consorcios… La lista de nombres legales es amplia, y mucho más el número de todos esos entes que conforman auténticas administraciones paralelas en los gobiernos autonómicos.

Desde 2008, a raíz de la crisis económica, las autonomías –todas, salvo Cataluña– han reducido en mayor o menor medida ese entramado de entes. Aún así, las administraciones paralelas de los gobiernos autonómicos suman actualmente más de 1.100 organismos de ese tipo. Eso sí, en 2008 eran prácticamente 1.500, cuatrocientos más. Y la reducción hubiera sido mayor si Cataluña, en vez de haber aumentado su lista de entes, se hubiera sumado a esa tendencia de adelgazamiento seguida por todas las demás comunidades autónomas.

Aunque la reducción de conjunto ha sido significativa en el escenario autonómico, esos algo más de 1.100 entes que siguen funcionando manejan cada año decenas de miles de millones de dinero público. En la inmensa mayoría de los casos se trata, además, de organismos instalados en las pérdidas sistemáticas, unos números rojos capeados año tras año a base de subvenciones y de préstamos soportados directamente por los gobiernos autonómicos de turno.

La Generalitat catalana, a la cabeza
El entramado de entes autonómicos que se da en Cataluña es el más extenso de entre todas las comunidades autónomas y, por ello, el que más fondos acapara para mantenerse a flote. Así, el presupuesto de la Generalitat contempla este año alrededor de 11.600 millones de euros para ser transferidos directamente a sus organismos y empresas públicas. Pero a esas subvenciones directas del Gobierno catalán se suman otras inyecciones de capital por distintas vías.

Foco de endeudamiento
La abultada administración paralela de la Generalitat es también un sistemático foco de endeudamiento. Pese a los abundantes fondos que transfiere el Gobierno catalán a sus alrededor de 180 entes públicos, ese dinero no les llega para cubrir los gastos de todos esos organismos. De ahí que tengan que recurrir a pedir dinero prestado, lo que acaba computando en el abultado saldo de la deuda pública de Cataluña. Por ejemplo, este año las entidades de derecho público de la Generalitat han cuadrado sus presupuestos a cuenta de endeudarse en 233 millones de euros; las empresas públicas de la Generalitat han previsto firmar créditos por 11 millones de euros; y los consorcios del Gobierno catalán necesitan 50,6 millones de euros en préstamos.

A nivel nacional, de los alrededor de 1.100 organismos que conforman la administración paralela de los distintos gobiernos autonómicos, unos 540 son empresas y entes públicos, 135 organismos autónomos, 279 fundaciones y 170 consorcios.

ENTREVISTA
Gregorio Morán: "Los medios en Cataluña están al servicio de la Generalitat, que es quien les paga"
FERNANDO PALMERO El Mundo 31 Agosto 2017

En su larga trayectoria como articulista de La Vanguardia, Gregorio Morán ha escrito textos duros y certeros contra el nacionalismo. En La decadencia de Cataluña contada por un charnego (Debate, 2013) reunió unos cuantos. Incluido uno que "levantaron" en el periódico para que Jordi Pujol no se molestase. Pero ahora ha sido diferente. Los medios del Movimiento Nacional no salió publicado el 22 de julio como estaba previsto. Poco más de un mes después, un frío burofax firmado por el director gerente de la empresa ("al que no he visto en mi vida", apostilla) le informaba de que se rompía la colaboración que Morán mantenía con el periódico desde 1988.

¿Por qué cree que censuraron del artículo?
Yo creo que está vinculado a la situación política y la fragilidad del mundo de la prensa y su servidumbre. Pero no sólo han levantado el artículo, sino que sencillamente me han levantado a mí. 'Que me quiten a este tío', como hacía Franco. No olvides un pequeño detalle: yo no he visto al Conde de Godó en mi vida y me he mantenido en el periódico casi 30 años.

¿Más que las referencias al director del periódico, cree que el detonante fue la calificación de "delincuente legal" a Joaquim Forn?
Sí, por supuesto. Aquí hay una serie de ciudadanos que estamos bajo sospecha, y algunos incluso marginados, porque no somos asesores, como casi todos los columnistas, ni del PSC, ni de Convergència, ni del Gobierno de la Generalitat. Ni siquiera participamos del ambiente secesionista en general que tiene un montón de medios, empezando por la televisión, pasando por las radios y terminando por los periódicos afines, que son la inmensa mayoría. Todos están al servicio de la Generalitat, que es quien les paga. En el secesionismo, el que no es militante activo, es compañero de viaje.

¿Hay más control ahora sobre los medios que en el pujolismo?
Sí. Pujol era una máquina de repartir dinero a los afines y a los que no lo eran, para que se convirtieran en afines. Pero ahora hay muchos solicitantes y pocos fondos.

¿Por qué se ha llegado en Cataluña a esta situación?
Este es un viaje a ninguna parte, que ellos llaman Ítaca, en el cual se han embarcado inicial o fundamentalmente para cubrir de un manto de amnistía a todos los procesados antiguos. El 3% yo creo que les carcome, y los tribunales están siendo limitados, pero en la medida de lo posible implacables con este tipo de corrupción. Sin embargo, la dinámica política y social en Cataluña se está haciendo inquietante y tiene aspectos inequívocos de totalitarismo. Absoluto. Los dos periódicos más vendidos en Cataluña, La Vanguardia y El Periódico, sacan unas ediciones en catalán, cuya única finalidad, evidentemente, es recoger las subvenciones de la Generalitat, porque esos periódicos, en general, se regalan. El hecho de que La Vanguardia pasara de escribir Cataluña con ñ a hacerlo con ny es una metáfora de esa situación de yo soy buen chico y estoy dispuesto a pasar por todas las horcas caudinas con tal de que me resarzáis de una situación económica difícil. Los periódicos han dejado de ganar dinero y dependen mucho de los subterfugios de la Generalitat para compensarles económicamente, siempre y cuando estén a su servicio.

En ese sentido los medios serían tan responsables de la situación como lo políticos...
Por supuesto. Y es más grave, es un engaño a la población, ya que los medios siempre alardean de que son un servicio público independiente y están a favor de la libertad de expresión. A qué libertad de expresión nos referimos. En la manifestación del sábado, la única libertad de expresión era la del que no gritaba, que fue marginado de una manifestación manipulada por la Asamblea Nacional de Cataluña, la CUP y Òmnium, que, por cierto, viven de las subvenciones de la Generalitat.

¿Habrá referéndum?
Creo que no, aunque tampoco sé cómo se va a impedir, no lo tengo claro, pero la celebración del referéndum sería el comienzo de una ruptura definitiva. Algo habrá que hacer, esto no es una enfermedad que vaya a solucionar el tiempo y estamos en un proceso de gangrenización de la sociedad catalana, que está abierta en canal desde hace casi un año. La teoría de Rajoy de dejar que los papeles se vayan acumulando y que el tiempo resuelva lo que sus limitaciones y su falta de coraje no pueden resolver, lleva a situaciones como ésta.

¿El director no le llamó para comunicarle el despido?
Ni cuando levantaron el artículo, ni cuando estuve enfermo, ni ahora. Está desaparecido. Bastante tiene con cuidar su poltrona, porque es un tigre de papel corrupto, otro más de la pomada, pero ahí está.

CEDE A LA PRESIÓN NACIONALISTA
El PSOE balear impone el catalán como requisito a los sanitarios
La Gaceta  31 Agosto 2017

El PSOE balear continúa con sus políticas ‘pancatalanistas’ en el seno de la administración pública. La última medida es obligar a todo el personal sanitario el conocimiento de este idioma si desean trabajar en la región.

El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicaba este martes una resolución del Servicio de Salud en la que no se obligaba a tener conocimientos de catalán a los candidatos a determinadas categorías laborales. En el proceso de selección de estos puestos no iba a ser obligatorio el idioma.

Sin embargo, los socios de gobierno de Francina Armengol -el partido MÉS- obligaron a los socialistas a modificar este apartado. Tras las presiones de la formación nacionalista, el Servicio de Salud rectificó horas después, tal y como recoge ABC, y publicó una nota en la que anunciaba la modificación de la resolución ‘’con la finalidad de disipar cualquier duda sobre la voluntad del Govern de facilitar que los usuarios de la red sanitaria pública puedan ser atendidos en catalán’’.

Según explica el citado diario, Armengol ha cedido a dar ‘’más peso al conocimiento del catalán a la hora de contratar, se adecuará a los criterios lingüísticos de los acuerdos de gobernabilidad —suscritos a mediados de 2015— y al futuro decreto regulador de esta materia que el Govern dictará próximamente’’.

El pasado año el Parlamento balear -con el apoyo de PSOE, MÉS, PI y Podemos; y la oposición de PP y Ciudadanos- modificó la Ley de Función Pública para que el catalán fuese requisito para ser funcionario.

Antes, tras el cambio efectuado por el Gobierno de Bauzá, el conocimiento del idioma era considerado un mérito y no un requisito. Tras esa modificación realizada por el PP, los socialistas acudieron al Constitucional, quién dio la razón a Bauzá.

El ‘pancatalanismo’ de Armengol
Según ha denunciado en La Gaceta en reiteradas ocasiones la Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB), que preside Jorge Campos, Armengol ha impuesto el catalán a los funcionarios, y hablar mallorquín, menorquín o ibicenco ya no es suficiente. Desde el año pasado también se exige como requisito obligatorio un certificado de catalán. El bombero Jorge Amorós es una de sus víctimas. Aquí tiene su caso: ‘Estoy sin trabajo por poner mal los acentos en catalán’.

“En concreto, Armengol modificó la Ley de función pública para exigir el catalán como requisito excluyente para poder trabajar en el sector público, en todas las plazas públicas”, especifica Campos.

Además, la socialista subvencionó el pancatalanismo en Baleares con hasta 1.100.000 euros en 2016, según alertó en su día Círculo Balear.

Al Institut Ramón Llull, “un órgano dependiente del gobierno catalán, que promociona la cultura de Baleares y Valencia como parte de la cultura catalana bajo la denominación países catalanes en las ferias internacionales en las que participa”, lo regó con 500.000 euros.

Además, Círculo Balear recuerda que el pasado verano que el Govern también subvencionó con 180.000 euros a dos digitales por estar editados en catalán. En concreto, 140.000 euros al diario arabalears.cat y 40.000 euros al dbalears.cat, vinculado a las “entidades radicales” Obra Cultural Balear y Grup Blanquerna. “Es un claro ejemplo de utilización del catalán para conceder dinero público a unos diarios minoritarios”, manifiesta el presidente de esta entidad constitucionalista, que considera que “son subvenciones a medida con las que Armengol sufraga el coste total de ambos digitales”.

 


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