AGLI Recortes de Prensa   Martes 5  Septiembre 2017

Rajoy ante un reto histórico: Cataluña
Fernando González Urbaneja Republica 5 Septiembre 2017

No es la primera vez que un Gobierno de España tiene que afrontar el reto de una secesión, siempre con Cataluña como adversario. La recta final del drama empieza esta semana aunque el camino se ha ido jalonando desde hace años, en especial desde la pésima gestión del nuevo Estatuto que tanto oxígeno ha dado a los separatistas de siempre. El Estatuto de Maragall, bendecido por Zapatero, iba a resolver para siempre la cuestión catalana y, de paso (versión Maragall) modernizar España. Ocurrió todo lo contrario, a los dirigentes socialistas de aquel momento les sobró audacia e ingenuidad y les faltó humildad y prudencia.

Durante estos últimos años, los de esta década, el independentismo ha ido ganando posiciones con mayorías municipales y en el Parlamento catalán que los unionistas y constitucionalistas no han sabido neutralizar. Y por esa ventana los independentistas, aliados coyunturales con los grupos antisistema que ven en la independencia una oportunidad, ven alcanzable el objetivo apoyados en el malestar ciudadano, en un fantástico futuro pleno de bienes y una defensa defectuosa de la unidad y de la Constitución de 1978.

Al Gobierno y a la sociedad española corresponde ahora resistir el asalto final de los independentistas con la Constitución como bandera y argumento. Una defensa jurídica y judicial pero que tendrá que complementarse con estrategias políticas de largo alcance que devuelvan un entendimiento semejante al que protagonizaron Suárez y Tarradellas hay cuarenta años.

El deber de Rajoy estos días es abortar la independencia unilateral que tiene como primer acto un referéndum a la brava, inconstitucional, ilegal y sin garantías democráticas. Abortar el referéndum del primero de octubre supone la reválida política para Rajoy, su juicio histórico. Si fracasa las consecuencias serán pésimas para él y para los españoles, incluidos los catalanes.

Se ha acabado la fase de los discursos, de las palabras intencionadas, las añagazas y la astucia. Llegan los hechos decisivos, la realidad más allá de la retórica. El Estado desafiado por los separatistas tendrá que esgrimir su poder y sus razones y confirmada la primacía de la ley habrá que abordar la fase de la política, con argumentos renovados, inteligentes, posibles y con unas elecciones que habiliten un nuevo mapa parlamentario en Cataluña a partir del cual habrá que negociar la vigencia de la Constitución y una posible revisión que tendrán que refrendar todos los españoles, incluidos los catalanes.

Rajoy tendrá que afrontar estos días el mayor reto de su mandato como jefe del Gobierno constitucional, dará la medida de su personalidad y carácter y la democracia española se verá sometida a una prueba histórica que afecta al futuro de todos. Es la hora de la verdad, la que abre nuevas páginas para la historia.

Siempre hay un tonto útil.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 5 Septiembre 2017

Ya no sé qué pensar de este individuo que increíblemente accedió al cargo de Secretario General del PSOE. Tras la patochada demagógica y nuevo mantra del “España es una nación de naciones”, ahora, tras las vacaciones estivales, deja caer que “todas las naciones son España” y aclara que para él eso significa que al menos existen las siguientes naciones: “España, Cataluña, El País Vasco y Galicia”, pudiendo otras considerarse como naciones. Y por si no queda claro, explica la diferencia entre “nación” y Estado”, siendo este último un ente superior que puede comprender varias naciones. Y como verán, el lío mental conceptual que ha adquirido para justificar su primera patochada va “in crescendo”. Y me pregunto si ¿no habrá nadie en el PSOE que ponga un poco de cordura y sensatez a toda esta barrabasada?

O sea que España -Estado, está integrada aparte de sí misma, España -nación, por otras tres naciones: Cataluña, País Vasco y Galicia. Y se queda tan pancho y orgulloso de haber parido semejante imbecilidad. Porque no otra cosa es a estas alturas querer identificar diferencias culturales, incluso lingüísticas, como signos identificadores de poblaciones (pueblos o naciones) tipo como la nación Sioux o la de los Apaches, reconocidas como autóctonas y con sus territorios “reservas” dentro de los USA. Una aberración histórica inadmisible en el caso de un territorio como el de la península Ibérica desde la migración de pueblos de origen indoeuropeos, diversas colonizaciones de fenicios, romanos, visigodos ostrogodos, musulmanes, con sus diferentes culturas, usos, costumbres y religiones, hasta que ya en el siglo XV se produjo la unificación del territorio y gentes en un único Reino como único Estado, el más antiguo de la era moderna de Europa. Y eso con independencia de los vaivenes de límites territoriales y coloniales hasta el reconocimiento final por la ONU de las fronteras actuales.

Y viene ahora este revolucionario ideólogo de feria a decirnos lo que España debería ser para satisfacer las ansias de poder de unos politicastros demagogos y populacheros a los que no les importa enfrentar a la sociedad para conseguir sus fines. Y, como en el caso de este alelado, siempre aparece un tonto útil dispuesto a satisfacer las demandas de los abanderados de las reivindicaciones históricas con sus respectivas “deudas” del resto de ciudadanos para con ellos por supuestos agravios. Una Historia que no dudan en tergiversar y falsear para adecuarla a sus pretensiones, llegando a confundir una riqueza cultural como razón de peso para reclamar un estatus diferenciador e inexistentes derechos como el de la autodeterminación, o lo que es lo mismo, la independencia. Y en esas estamos. Ya tenemos a varios tontos útiles que aceptan esta mercancía dañada sin hacer valer lo que es la Historia real y siglos de convivencia.

Y este es el líder del principal partido de la oposición del que depende la unidad de acción contra el desafío secesionista lanzado desde el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento autonómico de Cataluña. Un desafío que parte de la ilegalidad manifiesta de suponer que el Estatuto de Autonomía está por encima de la Constitución de España y que el Parlamento de Cataluña se legitima no por la Constitución de España que recoge el sistema autonómico y las transferencias de competencias del Estado, sino por la voluntad del “pueblo de Cataluña” y que es a él al que deben lealtad. Una doble falsedad que choca frontalmente con la legalidad vigente y que será causa de la respuesta del Estado, del Gobierno de España como su máximo representante, para devolver la legalidad a las Instituciones en Cataluña.

No es de extrañar el que aquellos que están claramente posicionados en el proceso secesionista se intenten justificar en esas lealtades e interpretaciones del origen de las legitimidades para la comisión de sus actuaciones delictivas. Para ello no dudan en mentir al resto para vencer sus reticencias y asegurarles, aun siendo falso, que sus actuaciones son completamente legales y democráticas. Y ni lo uno ni lo otro. Se trata simple y llanamente de un golpe de Estado, de un delito de sedición disfrazado de “movimiento democrático”, como ha llegado a calificarlo PODEMOS en una clara intencionalidad golpista al negar al propia Ley, la Constitución, como fuente de toda legitimidad democrática. Y un referéndum del tipo que plantean los dirigentes catalanes, no es en absoluto democrático, ya que usurpa una soberanía al resto del pueblo español.

Poner las urnas es un acto democrático siempre que cumpla con todos los requisitos exigibles. Y el primero de ellos es en función del tipo de consulta y del alcance de la misma, quienes son los llamados a ser consultados. Y es evidente que en el caso de una posible secesión de una parte del territorio de España, los llamados deben de ser todos los españoles y no solo un grupo limitado por el hecho de ser los directamente afectados al residir en ese territorio. Votar en libertad es uno de los signos de la existencia de democracia, pero existen otros factores que deben contemplarse para que el proceso global se pueda considerar democrático y válido para legitimar resoluciones. En este caso no se cumplen las condiciones exigibles y por tanto no es democrático.

Quiero pensar que en este nuevo PSOE en el que parecen dominar ideas tan peregrinas como las que lleva propalando su renacido líder, aún quedan verdaderos políticos con sentido de Estado y con el sentido común suficiente como para no dar alas a estas veleidades territoriales, que en nada tienen de imaginativas y sí de estrafalarias e inoportunas. NI España es una nación de naciones, ni todas las naciones son España, ni España se contiene a sí misma y a otras tres como naciones. Eso es una absoluta imbecilidad.

Kósovo en Barcelona
Gabriel Albiac ABC 5 Septiembre 2017

La historia, esta vez, no va a repetirse. El error europeo fue brutal en los Balcanes. En aquel ciego cierre del siglo veinte, el final del largo ciclo de imperio soviético había dado coartada a todas las precipitaciones y a demasiados pasos en falso. El precio, aún sin saldar, de todo aquello fue ruinoso. Europa se da cuenta ahora de hasta qué punto era incurable la herida que contribuyó a abrir en la frontera más vulnerable del viejo continente. Ésa tras de la cual la selva yihadista acecha.

Lo que un día fue la precaria —pero tan conveniente— Yugoslavia, es hoy territorio salvaje: un mosaico de pequeños Estados, en buena parte fallidos. Ahora, a la merced de lo peor. Asomados al riesgo de convertirse en pequeños Afganistanes en ese costado de Europa que da sobre Turquía. Y que, más allá de ella, da sobre el caos.

El recién publicado libro de Alexis y Gilles Troude acerca del desorden balcánico (Balkans, la fracture. La base européenne du djihad) dibuja un retrato desolador del maremágnum que se tragó al territorio: describe un agujero negro sin otra ley que no sea la de la barbarie. La masiva ayuda económica europea se volatilizó en manos de quienes hubieran debido administrarla. Las mafias tomaron el poder: político como económico. Y, al final, en Bosnia-Herzegovina —y, aún en mayor medida, en Kosovo— han acabado por asentarse campos de entrenamiento yihadista cuyo objetivo no puede ser otro que el suelo europeo. La dinámica abierta por quienes entregaron el poder a un gang de narcotraficantes, la UCK, en el final de los años noventa, culmina su lógica. Los Balcanes son hoy territorio zombi.

Claro está que la UE nunca va a reconocer su responsabilidad en eso. Saldría moralmente demasiado caro. Pero, de la lección, todos han tomado nota. Y nadie va a repetir aquella disparatada aventura. Ni en la Cataluña de la CUP, Colau, Puigdemont y Junqueras, ni en ningún otro lugar del continente europeo. Ni la UE ni los Estados Unidos volverán a jugar a una derrota tan estúpida y tan cara. Y cualquier intento hoy de provocar la secesión unilateral de una nación nueva será aún más duramente tratado por los organismos internacionales que por el propio país contra el cual busque consumarse.

Puede que la asombrosa serenidad del Gobierno español ante la amenaza independentista catalana repose sobre esa certeza. Quienes, en Cataluña, acometan una sedición sin máscaras, a partir del próximo uno de octubre, no se estarán enfrentando al odiado "Madrit" de su infantil relato fantasmagórico; estarán declarándole la guerra a Europa. Y ni Bruselas ni Washington apostarán a otra cosa que no sea a aplastarlos. En el huevo mismo. No por amistad a España: los sentimientos nada cuentan en esto. Lo harán, sencillamente, porque el desmembramiento de una nación de la UE —cualquiera de ellas— supondría un cataclismo económico y social, cuyo coste, después de los Balcanes, nadie está ya dispuesto a pagar. Es historia aprendida. La gangrena no volverá a repetirse.

El choque inevitable en Cataluña
Ricardo Chamorro Gaceta.es 5 Septiembre 2017

La semana pasada el diario ABC lanzaba un duro editorial donde se afirmaba que “El gobierno carece de un discurso estimulante en defensa del valor de España”.

El editorial continuaba diciendo que “La mayoría de los españoles se sienten indefensos y enojados, no entienden que espera el gobierno para actuar”.

Es cierto lo que dice ABC en relación a la situación con el separatismo, pero existe una corresponsabilidad de todo el sector conservador, incluido ABC, a la hora de mirar para otro lado en la cuestión separatista.

En 1978 cambiaron de chaqueta muchas de la familias privilegiadas que vivieron fenomenal con el anterior régimen en Cataluña y se hicieron nacionalistas “moderados” y encumbraron a gente como Pujol como “un español ejemplar”, así en 1984, mientras algunos medios presentaban a Jordi como un delincuente, ABC le eligió El español del año, siendo director Luis María Anson.

En ese sector conservador, ilustrado y burgués de la “derechita” superficial, los separatistas moderados siempre tuvieron una buena acogida, al fin y al cabo vestían igual y tenían los mismos gustos. Para un pensamiento conservador plano todo es cuestión de dinero, mejor no meterse en política, estaban convencidos que lo de Cataluña solo era un problema económico, en parte si lo es, pero juegan otros factores importantes en todo esto que lo hace mucho más complicado.

La burguesía catalana
La burguesía catalana se ha alineado, en beneficio propio, con los distintos regímenes que han existido en España, alargando sus tentáculos a todo el Estado. Diríamos mejor que los catalanes ocuparon siempre un lugar preferente dentro de la oligarquía española.

El escritor frances del siglo XIX Stendhal, describía a la burguesía catalana de la siguiente manera:
“…esta gente son de fondo republicano y grandes admiradores del Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Dicen amar lo que es útil y odiar la injusticia que beneficia a unos pocos. Es decir, están hartos de los privilegios de una clase noble que no tienen, pero quieren seguir disfrutando de los privilegios comerciales que con su influencia lograron extorsionar hace tiempo a la monarquía absoluta. Los catalanes son liberales como el poeta Alfieri, que era conde y detestaba los reyes, pero consideraba sagrados los privilegios de la nobleza.”

El fin del “chalaneo”
El chalaneo mantenido por la elite catalana en los últimos siglos acaba en el momento en que los hijos y nietos de los que inventaron la mandanga de la nación catalana quieren hacerla realidad, es decir pretenden ir a por todas, lo que hará que el castillo de naipes sobre el que se asienta toda la tontería de la diferenciación catalana salte por los aires.

La CUP es el gran problema para el mantenimiento de “statu quo”
De la burguesía surgieron las grandes revoluciones contemporáneas, de un grupo de burgueses surgió la revolución liberal francesa donde comienza todo, de un burgués crítico con el liberalismo llamado Karl Marx surgió el marxismo y de la burguesía nacionalista catalana han surgido los nuevos separatistas.

Estos de la CUP se quieren echar al monte de manera literal, no se andan con tonterías y tienen 336.375 votos, el proceso no puede parar porque si para la CUP la liara.

Es inevitable el choque, ya no hay marcha atrás y el Gobierno no puede continuar pensando que esto se arreglará con dinero, con conversaciones en reservados, o con concesiones, quieren la independencia y no van a parar.

CRÍMENES DEL COMUNISMO
Los campos de concentración republicanos, la continuación de las sacas de Paracuellos
Juan E. Pflüger Gaceta.es 5 Septiembre 2017

El bando republicano construyó los primeros campos de concentración de la Guerra Civil. Los historiadores progresistas siempre han ocultado su existencia.

Otro de los logros de la propaganda del buenismo político de la izquierda es la de hacer creer que los primeros campos de concentración construídos en España datan de la inmediata posguerra y fueron una creación de los vencedores para someter a los vencidos. Sin embargo, esto no es sino otra de esas mentiras que la izquierda “intelectual” y política ha repetido miles de veces hasta convertirla en una realidad incuestionable para la mayoría de los españoles.

La verdad es muy diferente a esta historia edulcorada que nos han contado. Los campos de concentración, en el marco de la Guerra Civil, nacen en la zona republicana en diciembre de 1936. La Gaceta de la República recoge, el 27 de diciembre de 1936, un decreto de la Presidencia del Consejo e Ministros, firmada por el presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, en el que se recoge la creación de “campos de trabajo para los condenados”.

El texto del decreto explica que la creación de estos centros de trabajos forzados surgen por la gran cantidad de presos condenados por los Tribunales Especiales Populares y por los Jurados de Urgencia. Estos órganos judiciales se encargaban de condenar a todas aquellas personas consideradas como desafectas a la causa republicana y por lo tanto eran condenados por el mero hecho de pensar diferente a los sindicatos y partidos que formaban parte del Frente Popular.

El mismo decreto reconoce que la gran cantidad de sentencias dictadas había hecho que se saturasen los centros penitenciarios. Además, tras varias semanas de sacas de prisioneros en Madrid, Barcelona o Valencia, los organismos internacionales habían presentado sus quejas por matanzas como las de Paracuellos, donde entre el 7 de noviembre y la primera semana de diciembre habían sido asesinados entre seis y ocho mil personas por ser desafectos a la causa republicana.

Estos campos de concentración se crearon, como señala el decreto, para internar a los “condenados por desafección al régimen”, es decir, para condenar a trabajos forzados a todas aquellas personas que no pensaban como los partidos miembros del Frente Popular. Esta medida se toma en el bando que la historiografía progresista insiste en calificar como el que defendió la democracia frente al totalitarismo. Por eso oculta sistemáticamente informaciones como esta, en la que queda claro el carácter soviético de sus medidas que se pueden calificar de cualquier manera menos democráticas.

Los internos en estos campos de concentración fueron obligados a realizar trabajos forzados, con unos índices de mortalidad que, como en el caso de Albatera (Alicante), superaban el 20% de los reclusos allí ingresados.

Para la gestión de estos campos de concentración se creó un patronato, dominado por los partidos y sindicatos izquierdistas, los mismos que en la retaguardia republicana estaban cometiendo los más terribles crímenes en las checas y las matanzas sistemáticas para reducir el número de presos que pudieran sumarse a una inexistente quinta columna.

Así, en ese patronato, junto al ministro de Justicia y el director general de prisiones, se encontraban dos miembros del sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo), dos de la socialista UGT (Unión General de Trabajadores), un representante del Partido Comunista, otro del PSOE, otro de Izquierda Republicana y otro de Unión Republicana.

Del mismo modo, se creaba una guardia específica en estos campos de concentración en la que solamente podrían ingresar miembros de las milicias de los partidos anteriormente citados. Es decir, los mismos que durante los meses anteriores se habían dedicado a la detención, tortura y asesinato de cuanto derechista o católico encontraba a su paso.

Además, se dotaba un presupuesto para la construcción de estos campos de concentración. El primero en ser construído e inaugurado fue el ya citado de Albatera, en Alicante, con capacidad para entre 3.000 y 4.000 internos. Se inauguró en octubre de 1937 con la presencia de importantes personalidades republicanas: gobernador civil, inspector de prisiones, alcaldes de la zona y dirigentes socialistas, comunistas y anarquistas.

Según la documentación que obra en el Archivo General de la Administración (AGA), se construyeron siete campos de concentración en el territorio controlado por el Frente Popular. Complementaba la capacidad de las prisiones convencionales, las checas, los buques prisión y los centros incautados a los partidos políticos de derechas y a la Iglesia que fueron convertidos en cárceles. Solamente cuatro de ellos llegaron a entrar en funcinonamiento. El denominado Campo de Trabajo n.º 1 de Albatera (Alicante), del que ya hemos hablado; el Campo de Trabajo n.º 2 en Hospitalet de l’Infant (Tarragona); el Campo de Trabajo n.º 3 en Alcalá de Henares (Madrid), que se acondicionó en un centro de reclusión para vagos y maleantes creado por Azaña en 1933; y el Campo de Trabajo n.º 4 en Concabella (Barcelona).

En total tenían una capacidad para veinte mil internos. Pero por ellos pasaron muchos más porque los índices de mortalidad se situaban en una media que superaba el 25%. Estas muertes se debieron a tres causas principalmente: desnutrición, malos tratos y asesinatos camuflados como fugas.

Es muy significativo el hecho de que estos campos de trabajo, que supuestamente debían albergar a los condenados por los Tribunales Especiales Populares y los Jurados de Urgencia, acabaron por ser el lugar al que eran trasladados los presos desde las cárceles de partidos políticos de izquierdas (checas) y desde las prisiones locales improvisadas. La mayoría de estos presos no habían sido condenados, pero eran enviados a estos centros para que allí fueran asesinados o muriesen por desnutrición o enfermedades.

La mayoría de estos campos fueron reutilizados por el franquismo tras la Guerra Civil dándoles el uso de prisión para quienes habían participado en la guerra en el otro bando. Es decir, el mismo que había dado el Frente Popular, sin embargo, han corrido ríos de tinta sobre el uso que se hizo tras la guerra, pero se ha silenciado que fueron construídos y puestos en funcionamiento por los republicanos, también que su uso fue el de campo de concentración y, en muchos casos, de exterminio.

Mi agradecimiento al periodista e historiador Pedro Fernández Barbadillo por la información suministrada para la elaboración de este artículo.

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Emergencia nacional
Pablo Sebastián Republica 5 Septiembre 2017

El parlamento catalán aprobará este miércoles las leyes de referéndum y transitoriedad (desconexión del Estado) y acto seguido el Gobierno de la Generalitat anunciará el decreto de convocatoria del referéndum ilegal del 1-O, lo que significa el inicio por parte de las instituciones de Cataluña de la violación de la legalidad, del Estatut y de la Constitución.

Lo que conduce a la obligada respuesta del Estado -Gobierno, Fiscalía y Tribunal Constitucional- camino de lo que tanto el presidente Mariano Rajoy como los líderes del PSOE Pedro Sánchez y C’s Albert Rivera, han calificado como una respuesta ‘proporcional’, que ha de ser implacable y que conduzca a la prohibición efectiva del referéndum del 1-O.

Estamos en una situación de emergencia nacional, la más importante desde el inicio de la Transición tras el golpe de Estado del 23-F y los atentados del terrorismo islámico en Madrid del 11-M.

Una situación sin precedentes donde los poderes del Estado han de actuar, como declaró ayer en la apertura del año judicial el presidente del Tribunal Supremo y Poder Judicial, Carlos Lesmes, ‘sin ambigüedades en defensa de la legalidad y de la Constitución’. A lo que el fiscal general del Estado José Manuel Maza añadió que la Fiscalía actuará con contundencia y ‘sin vacilación’.

Cabe esperar que a instancias del Gobierno y de la Fiscalía el Tribunal Constitucional suspenda de urgencia las citadas leyes y el decreto de referéndum, y que tras las pertinentes advertencias el TC abra la vía de la inhabilitación contra los responsables de estos actos, que en el caso de desobediencia al Tribunal Constitucional incurrirán en los delitos de desobediencia, prevaricación y en su caso malversación (como ahora ocurre con la propaganda del referéndum lanzada por el canal TV3).

Asimismo se espera que el Gobierno, ante la gravedad de la situación, recurra ante el juez que instruye el caso del desafío catalán para que ordene a la policía judicial, o a los mossos de escuadra (que podrían quedar a las órdenes del Delegado del Gobierno en Cataluña en caso de que el Ejecutivo asuma esa competencia a través de la Ley de Seguridad Nacional) retiren las urnas, los censos y cierren los colegios electorales.

Si en el cumplimiento de las decisiones judiciales se produjeran casos de movilizaciones contrarias a la aplicación de la legalidad y en apoyo de los autores de los delitos mencionados (Gobierno de la Generalitat y Mesa del parlamento catalán, en principio), la situación jurídica podría evolucionar hacia el delito de sedición. Y en caso de actos de carácter violento al delito de rebelión, tal y como está descrito en el Código Penal.

En estas circunstancias resulta inimaginable adivinar qué se entiende en el Gobierno y los partidos constitucionalistas PP, PSOE y C’s por ‘respuesta proporcional’, porque difícilmente cabe una proporcionalidad ante lo que a todas luces constituye un golpe de Estado. Salvo que por dicha proporción se entienda que las medidas a adoptar por el Gobierno sigan una escalonada senda, a medida que se van ampliando los delitos.

En todo caso preocupa de especial manera el control del orden público, una vez que partidos anti sistema como la CUP tienen precedentes graves en este tipo de actuaciones callejeras. Como preocupa el control y despliegue de la información que ofrezca el Gobierno sobre lo que vaya ocurriendo de cara a la opinión pública española e internacional. Lo que imaginamos que estará preparado a igual que la famosa respuesta ‘proporcional’.

¿Por qué la Generalitat abrió las puertas de Cataluña a islamistas antes que a extranjeros que hablaran castellano?
Lucio A. Muñoz Periodista Digital 5 Septiembre 2017

España no tiene una democracia apoyada en un Estado de Derecho, cuyo funcionamiento esté regido por la separación de poderes. Es decir, por una justicia independiente.

Puesto que, el desafío secesionista de la Generalidad, que podría escenificarse el próximo 1 de octubre, vía referéndum, es una consecuencia del proceso degenerativo sufrido por nuestra pseudodemocracia durante más de tres décadas. Todo ello, por obra y gracia de nuestra corrupta partitocracia.

Tanto es así, que los partidos políticos que han desgobernado España, negociaron con las formaciones independentistas el reparto de poder y dinero antes del comienzo de cada legislatura.

Y una de las contraprestaciones que han exigido los partidos independentistas, a cambio del correspondiente apoyo electoral, ha sido la desaparición del Estado de Derecho. En este caso, en Cataluña.

Una Cataluña independiente no sobreviviría económicamente
A pesar de ello, Cataluña no se independizará. Sobre todo, debido a factores relacionados con la economía.

Tanto en cuanto, Cataluña no podría sobrevivir económicamente adoptando un estatus de país independiente y soberano. A tal efecto, recordemos, que el principal socio comercial de Cataluña es España.

Además, Cataluña tampoco está en disposición de poder pagar su deuda al Estado español. Aunque no tiene ninguna intención de pagarla, si atendemos a lo expuesto en la Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña.

La independencia está asociada a la inseguridad
De todas formas, hemos podido comprobar recientemente la escasa seguridad que tendría una Cataluña independiente.

Solo los Cuerpos de Seguridad del Estado dieron credibilidad al aviso de la CIA, que alertó a los Mossos d´Esquadra en relación a la comisión de un posible atentado en las Ramblas.

El citado aviso fue recibido por los Mossos antes de producirse los atentados yihadistas del 17-A. Sin embargo, la policía autonómica de Cataluña no prestó atención al mismo.

Se trata de un hecho de suma gravedad, porque es posible que los atentados de Barcelona y Cambrils se hubieran podido evitar.

Pero todavía es más grave la política de inmigración de perfil independentista desarrollada por los distintos gobiernos de la Generalidad en las últimas décadas, consistente en atraer preferentemente musulmanes a Cataluña.

En virtud de lo cual, se ha formado una gran comunidad islamista en la comunidad autónoma catalana, que actualmente está integrada por más de 500.000 personas, entre las que se encuentran infiltrados multitud de yihadistas.

Paralelamente, esta antiespañolista política de inmigración ha cerrado las puertas de Cataluña a los extranjeros que hablaran castellano…

La Ley de Transitoriedad Jurídica es un golpe de Estado

Independientemente de lo anterior, el Gobierno debería responder duramente al anticonstitucional referéndum secesionista que, supuestamente, se celebrará el 1-O, abandonando la tradicional estrategia política fundamentada en “no hacer nada”.

Tanto por cuestiones políticas, legales, económicas, sociales, etc. Como por motivos de imagen gubernamental y relacionados con la marca país.

Máxime, después de conocerse el contenido de la antecitada Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña, preparada para aplicarse mediante decreto en el caso de que la independencia gane el referéndum.

De hecho, esta ley es una fórmula jurídica transitoria que conduciría a la instauración de la República de Cataluña, regida por una Constitución catalana. En otras palabras, se trata de un golpe de Estado en toda regla.

En este sentido, existen al respecto varias alternativas. Entre las más relevantes, podrían destacarse la Ley de Seguridad Nacional y el Artículo 155 CE.

Ley de Seguridad Nacional: consensuada entre el PP y el PSOE
La Ley de Seguridad Nacional permite al Gobierno de España nombrar en Cataluña una autoridad en funciones. La citada autoridad podría tomar el poder, de manera temporal, en la autonomía catalana.

Tanto los funcionarios públicos como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre los que se encuentran los Mossos d´Esquadra, estarían gestionados por la autoridad.

De la misma manera, la autoridad tendría la capacidad de sustituir a los políticos golpistas por otros de perfil españolista.
La Ley de Seguridad Nacional fue aprobada por el PP y el PSOE a finales del año 2015.

Artículo 155 CE: contrario al consenso socialdemócrata
Por el contrario, el Artículo 155 de la Constitución Española permite al Gobierno suspender la autonomía catalana. O una parte de la misma. (Aunque algunos juristas discrepen de esta interpretación del artículo, basada en la intervención).

Con arreglo a la legalidad vigente, el Artículo 155 de la CE hace tiempo que debió aplicarse en Cataluña, al objeto de obligar a los políticos independentistas a cumplir las leyes.

Sin embargo, el mencionado artículo ha chocado frontalmente con la dictadura de lo políticamente correcto, basada en políticas buenistas y progres. Una dictadura instaurada en España por Zapatero y continuada después por Rajoy.

Por si fuera poco, el Artículo 155 CE también se enfrenta de manera radical al consenso socialdemócrata, aceptado por la partitocracia española y que supone imponer a la ciudadanía los dogmas de la izquierda.

En consecuencia, el Gobierno aplicará la ley más laxa que tenga a su disposición. Todo ello, en el supuesto caso que el referéndum secesionista se lleve a cabo de forma definitiva.

Romper España y el Gobierno
Isabel San Sebastián ABC

El Consejo de Ministros del pasado viernes se descompuso al poner alguien sobre la mesa el editorial publicado por ABC, que destacaba el estupor reinante entre millones de ciudadanos ante la incapacidad del Ejecutivo para atajar el golpe de Estado perpetrado en Cataluña. «La mayoría de los españoles se sienten indefensos y enojados, no entienden a qué espera el Gobierno para actuar», decía este diario centenario, haciéndose eco de lo que piensan no solo la práctica totalidad de sus lectores y de los votantes del PP, sino otras muchas personas de bien que pagan sus impuestos, cumplen escrupulosamente la ley y confían en la autoridad para que todo el mundo haga lo propio. La flecha dio en el corazón de un Gabinete fracturado por esta cuestión crucial.

Aunque sus voces no traspasen los muros de La Moncloa, hay cinco ministros y ministras abiertamente enfrentados a otros diez por la negativa de estos últimos a parar los pies de los sediciosos. El grupo crítico, minoritario, propugna aplicar cuanto antes la ley de Seguridad Nacional, inhabilitar a quienes desde la Generalitat ignoran sistemáticamente el ordenamiento jurídico vigente, así como los mandatos del Tribunal Constitucional, y garantizar que la Guardia Civil se encargue de impedir la colocación de urnas para el referéndum ilegal del 1 de octubre, en caso de que los Mossos d’Esquadra obedezcan órdenes políticas y rehúsen cumplir con su obligación. En el extremo opuesto se sitúan los partidarios de las políticas de apaciguamiento que nos han traído hasta donde estamos. Diez mujeres y hombres poderosos, cuya postura se inclina a permitir que el próximo 1-O se celebre una consulta similar a la del 9-N y que centran sus esfuerzos en restar importancia a ese hecho, presentándolo ante la opinión pública como una pantomima carente de valor jurídico. O sea, lo mismo que se hizo entonces y con idéntico argumentario, distribuido ya entre los periodistas de cámara con la finalidad de preparar el terreno para otra claudicación disfrazada de «actitud dialogante» o «firmeza serena», según la terminología más reciente. El presidente, Mariano Rajoy, observa la disputa y deja hacer.

El Gobierno está partido en dos, dividido ante un desafío de proporciones colosales que la mayoría de sus integrantes prefiere minimizar o sencillamente ignorar, confiando en que acabe fracasando por sí solo. El motivo que aducen los defensores de esa postura se basa en la minoría parlamentaria del presidente, incompatible, dicen, con la adopción de determinadas medidas. Por ejemplo, la elevación del nivel de alerta de seguridad al grado cinco, que provocaría el abandono del PSOE del pacto antiterrorista. En su opinión, utilizar cualquier tipo de fuerza en Cataluña a fin de salvaguardar la legalidad conduciría inevitablemente al éxito de la moción de censura que ansían Iglesias y Sánchez, al proporcionarles un pretexto. La realidad, opinamos muchos dentro y fuera del partido en el poder, es que no fallan los diputados, sino la convicción y/o la valentía, porque cuando los escaños eran 186 la parálisis ante el chantaje fue exactamente la misma. Y porque la amenaza de frente popular podría conjurarse fácilmente adelantando la convocatoria de elecciones generales y dando la palabra a la ciudadanía, como pide a gritos la ocasión.

ABC se lo ha dicho alto y claro: «Un Estado no puede renunciar a la más elemental de sus funciones: hacer cumplir la ley y defender los derechos y libertades de sus ciudadanos». Un aldabonazo en la conciencia del Consejo de Ministros.

El atentado de Barcelona pudo evitarse
Mikel Buesa  Libertad Digital 5 Septiembre 2017

Fue el primer día de septiembre cuando el portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña declaró pomposamente con relación al ataque terrorista en las Ramblas de Barcelona: "Si alguien lo que quiere insinuar es que ese atentado se podía haber evitado, que lo diga, que tenga el coraje de decirlo". Yo lo afirmo; y para ello no necesito coraje sino inteligencia. Los políticos nos tienen acostumbrados a una corrección que oculta la realidad; y, en este caso, es obvio que lo que Jordi Turull pretendía era retar a sus oponentes a traspasar esa línea sutil que obliga a tratar a los nacionalistas con suavidad –incluso a pesar del enorme desafío que nos están planteando a los españoles– para no herir sus sentimientos, pues al parecer de tal criterio de cortesía depende una buena parte de los votos que más pronto que tarde acabarán depositándose en las urnas catalanas. Yo no necesito ninguno de esos votos y, por ello, me veo libre de cualquier convencionalismo para no irritar a esos nacionalistas, incluso cuando ocupan las más altas magistraturas de la región en la que gobiernan.

Como acabo de señalar, la cuestión de si el atentado de Barcelona pudo evitarse es un asunto que puede someterse a una discusión racional. Eso es lo que pretendo en este artículo, basándome en la idea de que el hecho de que un atentado pueda materializarse es una cuestión de probabilidad, y por tanto lo que hay que examinar son los factores que determinan esa expectativa. Tales factores se refieren, en lo esencial, a las capacidades de que disponen los terroristas para desarrollar su acción y a las que tienen las fuerzas de seguridad para oponerse a ella. Por lo que respecta a los terroristas, han de tenerse en cuenta los siguientes elementos que coadyuvarán a elevar su probabilidad de éxito:

Su voluntad para cometer el atentado concreto de que se trate, lo que está sujeto a restricciones políticas, pues, incluso en el caso del yihadismo, no todo vale.
Los medios económicos y materiales –infraestructura, armamento, explosivos, vehículos– de que disponen.
Su capacidad para desarrollar la inteligencia –seguimientos, observación del objetivo, información– que requiere tanto la acción terrorista como la huida del lugar de los hechos.
Su cualificación para manejar sin fallos el armamento, los explosivos y los vehículos a emplear en el atentado.

En cuanto a las fuerzas de seguridad, los aspectos más relevantes que operarán en sentido contrario al de los terroristas, disminuyendo su probabilidad de éxito, son estos:

La disponibilidad de personal cualificado para desempeñar las labores de inteligencia, lo que incluye la obtención y análisis de información, la realización de seguimientos y vigilancias, así como el empleo de informadores.

Las relaciones de cooperación con los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales ajenas, sean nacionales o extranjeras.

La capacitación del personal para repeler sobre el terreno las posibles agresiones y para frustrar las acciones terroristas en curso de realización, teniendo en cuenta los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad en el uso de los medios disponibles.

La realización de acciones preventivas, singularmente en materia de seguridad pasiva.

Veamos, entonces, los primeros de esos factores en el caso concreto del atentado de Barcelona. La voluntad de cometerlo hay que darla por descontada –pues, de hecho, tuvo lugar–, pudiéndose añadir que la célula de Ripoll no parece que tuviera restricciones políticas relevantes: el atentado se dirigía a un objetivo que el Estado Islámico considera legítimo –los "cruzados e infieles" en la tierra de "Al Ándalus"– y para el que encuentra poca resistencia en la comunidad musulmana, a la vez que afectaba directamente al sector turístico contra el que, en los últimos meses, se ha levantado la izquierda gobernante en Barcelona, lo que añade una percepción adicional de legitimación. Además, la célula contaba, al parecer, con un fuerte liderazgo en el imán de Ripoll, con la particularidad de que éste encontró una rápida sustitución cuando murió en la explosión de Alcanar. Todo ello coadyuvaría a elevar la probabilidad de éxito en la acción terrorista.

Sin embargo, la célula disponía de pocos medios económicos: sus miembros vivían de su trabajo y no contaban, por tanto, con la ventaja de la clandestinidad; no pudieron alquilar o comprar la vivienda de Alcanar ni la masía de Riudecanyes, sino que tuvieron que ocuparlas, con el consiguiente riesgo para su seguridad. Aun así, supieron eludir cualquier control de sus actividades y pasaron desapercibidos para las fuerzas policiales. Por otra parte, no disponían de armas de fuego, aunque pudieron comprar cuchillos y un hacha. Asimismo, realizaron algunos viajes, alquilaron vehículos y adquirieron sustancias para fabricar triperóxido de triacetona (TATP), la llamada madre de Satán, el explosivo que pretendían utilizar en sus atentados, aunque esta perspectiva se vio malograda por la deflagración de Alcanar. En consecuencia, de estos elementos cabría esperar una contribución intermedia o baja a la probabilidad de éxito del atentado –siempre condicionada a que los fallos señalados hubiesen dado una oportunidad a las fuerzas policiales para frustrarlo, lo que no ocurrió como más adelante detallaré–.
El atentado pudo evitarse, pero para ello Cataluña tendría que haber contado con un cuerpo policial mejor capacitado y con mayor experiencia en la lucha contra el terrorismo.

En cuanto a la preparación de los atentados, todo indica que, más allá de que su envergadura pudo llegar a ser mayor, al haberse planificado el uso de explosivos, los terroristas habían observado el terreno y preparado las rutas de acceso y retirada, constatando la ausencia de medidas de seguridad pasiva y la existencia de una vigilancia más bien moderada. En este sentido, tuvieron la pericia suficiente como para desarrollar una labor de inteligencia que favoreció la probabilidad de éxito de su acción.

Finalmente, en lo que atañe a la cualificación de los miembros de la célula en materia de armamento y explosivos, parece que su entrenamiento fue bastante deficiente. De hecho, la destrucción de la casa de Alcanar se debió a su impericia en la preparación y manejo del TATP. Sólo se ha constatado que sabían conducir vehículos, pero ello no puede considerarse como un signo de especial preparación. En este terreno, lo que los hechos revelan es una incidencia negativa en la probabilidad de éxito del atentado.

Atendamos ahora a los factores que operan desde el lado de las fuerzas policiales, y en concreto de los Mossos d’Esquadra, en tanto que policía integral encargada de la seguridad en el ámbito territorial de Cataluña. Comencemos por la cualificación de su personal en materia contraterrorista y, para ello, dejemos claro de entrada que disponemos de muy poca información al respecto, pues no se han publicado datos acerca del tamaño de las plantillas ocupadas en aquella tarea, ni de su formación, ni de su especialización. Sin embargo, es significativo que, del total de operaciones antiyihadistas realizadas en Cataluña desde 2004, sólo un 18 por ciento han sido protagonizadas por esta policía autonómica, y que del total de detenciones practicadas únicamente le corresponda un 17 por ciento. Ello señala que la mayor parte de la experiencia desarrollada contra la yihad terrorista en Cataluña se ha concentrado en la Policía Nacional –en torno al 57 por ciento– y la Guardia Civil –25 por ciento–, siendo menor el papel de los Mossos. Esta circunstancia responde, seguramente, a su menor capacidad operativa en el campo que nos ocupa, lo que explicaría los ostensibles fallos que han tenido en el caso concreto del atentado en las Ramblas.

Para empezar, el imán de Ripoll, al que se atribuye el liderazgo de la célula, pasó desapercibido para los Mossos, incluso a pesar de que éstos recibieron una comunicación de la Policía de Vilvoorde (Bélgica) en la que se le consideraba sospechoso. Los Mossos no realizaron ninguna investigación al respecto ni se dirigieron a la Policía Nacional, como hubiese sido aconsejable. Por cierto, este último cuerpo contaba con indicios de la peligrosidad de Es Satty y, sin embargo, no realizó ninguna operación en torno a él, por lo que cabe atribuirle parte de la responsabilidad de que el organizador de la célula acabara siendo invisible para las fuerzas de seguridad. Por otro lado, se ha sabido que, casi tres meses antes del atentado, el 25 de mayo, la NCTC norteamericana avisó a los Mossos de un posible atentado en las Ramblas. El cuerpo policial catalán consideró esa amenaza como poco verosímil. Sin embargo, en la reunión semanal de la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista que se celebró el 1 de junio la información de la agencia estadounidense fue considerada creíble, constándole tal circunstancia al responsable de información de los Mossos. Éstos, como es sabido, no hicieron nada para mejorar la seguridad pasiva del lugar en el que se cometió el atentado. Y se sabe que también despreciaron –en este caso, en compañía de los responsables de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona– las sugerencias que, en el mismo sentido, se habían transmitido desde el Ministerio del Interior, a finales de 2016, para prevenir atentados cometidos con vehículos, como había venido ocurriendo en varios países europeos desde que, el día de la fiesta nacional de Francia, un camión arrollara en el Paseo de los Ingleses de Niza a los viandantes que contemplaban un espectáculo de fuegos artificiales. A lo anterior hay que añadir también que, después de que tuviera lugar la deflagración del material explosivo almacenado por los terroristas en la casa ocupada de Alcanar, los Mossos –que rechazaron la ayuda de la Guardia Civil en este asunto– fueron incapaces de identificar el origen del incidente, perdiendo así las 18 horas que transcurrieron desde el momento de la explosión hasta el atentado en las Ramblas para dar la alarma y emprender acciones preventivas.

En resumen, los hechos avalan la idea de que los Mossos d’Esquadra carecen de personal competente para desarrollar en toda su plenitud las actividades policiales contraterroristas. Tienen medios materiales y cuentan con acceso a informaciones de inteligencia, incluso de servicios extranjeros –en este caso, a través de las instituciones estatales–, pero no han desarrollado suficientemente la capacitación necesaria para prevenir atentados o para organizar la seguridad pasiva. Es a este nivel de incompetencia profesional de los Mossos al que cabe atribuir, en el caso que nos ocupa, una elevación y no una reducción de la probabilidad de éxito en el atentado de Barcelona.

Señalemos adicionalmente que, pese a lo anterior, los Mossos sí demostraron capacidad para repeler la agresión terrorista, en curso de realización, que tuvo lugar en Cambrils. No obstante, el hecho de haber matado a los cinco yihadistas participantes –a cuatro de ellos por parte de un solo policía pertrechado con un fusil de asalto– denota precipitación y, seguramente, carencia de proporcionalidad en la acción armada. Esta apreciación puede ser discutible y el asunto debiera ser analizado por la autoridad judicial. Pero donde las dudas son menores es en el caso de Younes Abouyaaqoub –el terrorista al que se atribuye la matanza de Barcelona–, que fue abatido en campo abierto, rodeado de policías autonómicos, tras la realización, según testigos, de trece disparos. No parece que se le diera la oportunidad de rendirse, o que se tratara de inmovilizarle o inutilizarle sin matarle. Se perdió así una importante fuente de información para la resolución del caso, mostrándose una vez más que el entrenamiento de los Mossos participantes en la acción es insuficiente.

¿Qué se puede concluir de todo esto? Desde mi punto de vista, es evidente que la probabilidad de éxito para la célula terrorista que cometió el atentado en las Ramblas, teniendo en cuenta sus medios y su capacitación, no era muy alta y, desde luego, no estaba cercana al cien por cien. Sin embargo, los errores preventivos cometidos por los Mossos d’Esquadra y su incapacidad para valorar adecuadamente la información que les llegó de fuera, así como para reconocer el origen de la deflagración de Alcanar, hicieron que esa probabilidad fuera suficiente como para desarrollar la matanza de Barcelona. El atentado pudo evitarse, pero para ello Cataluña tendría que haber contado con un cuerpo policial mejor capacitado y con mayor experiencia en la lucha contra el terrorismo.

Las trincheras del referéndum
Roberto Osa okdiario 5 Septiembre 2017

Rajoy y Puigdemont han demostrado parecerse mucho más de lo que a ambos les gustaría: si uno se muestra inflexible, el otro lo es más; si Mariano apela a la unidad de su país, Carles contraataca con la identidad del suyo; “si tú tienes leyes, tranquilo que yo haré las mías para enmendar lo que no me conviene de las tuyas”. A los dos se les derraman palabras como democracia, ley, nación, referéndum, legalidad, urnas, patria, extremismo, sociedad o intransigencia. Puigdemont es la cabeza visible de una deriva unilateral que no tiene nada de modélica, mientras que el Gobierno de Rajoy —autor de la mutilación del Estatuto Catalán— es uno de los principales responsables del auge del independentismo en Cataluña.

Una de las pocas certezas de toda esta sinrazón es la absoluta mediocridad de la clase política que gobierna tanto la Generalitat de Cataluña como el Gobierno de España. Unos y otros se han esforzado durante estos últimos meses en hacernos comulgar con sus flojos dogmas de fe. Si usted simpatiza con el Partido Popular, no se preocupe; Montoro, Sáenz de Santamaría o Rajoy les seguirán diciendo que todo esto pasará y la nación no se va a romper, porque La Ley, La Democracia y La Constitución lo van a impedir y España seguirá siendo para los votantes del PP una, grande y libre. Y si a los catalanes no les gusta, que se aguanten. Desde el Gobierno de Madrid se seguirá negando el pan y la sal a todo el que disienta y la mierda volverá a guardarse debajo de la alfombra.

Si usted, en cambio, simpatiza con algunos de los partidos que forman Junts Pel Sí o con la CUP, puede estar igualmente tranquilo; Junqueras, Puigdemont o el mismo Antonio Baños le pueden asegurar que la consulta se va a llevar a cabo por sus huevos, amparándose en ninguna ley. Al contrario que Rajoy y los suyos, que se ocultan detrás de grandes palabras para disimular una gestión paupérrima y caciquil del problema catalán, los independentistas apelan a una forma de voluntad bastante burda: “El referéndum se va a hacer porque nos da la gana y sin contar con nadie que no seamos nosotros mismos”. Y pretenden darnos lecciones de democracia al resto. Javier Cercas lo decía de manera bastante acertada hace unos días: “La democracia no consiste únicamente en votar. Votar es una condición necesaria pero no suficiente para la democracia, y un referéndum no es en sí mismo un instrumento democrático: si lo fuera, Hitler y Franco serían demócratas”.

Puede que usted sea de esos que no apoyan a los independentistas catalanes, y al mismo tiempo le asquea la gestión que el gobierno español está haciendo con el intento de referéndum. En este caso, está usted en el limbo. Lo único que nos queda es la incertidumbre; sentarnos a ver quién gana esta absurda pelea de “gallitos demócratas”, mientras la fractura entre las sociedades catalana y española empieza a ser irreparable. No es muy alentador.

El gran escándalo es Alcanar
OKDIARIO 5 Septiembre 2017

Alcanar es el principio y el fin de las negligencias policiales en los atentados de Cataluña. Allí había 100 bombonas listas para reventar el centro de Barcelona sin que nadie se extrañara ni pidiera los certificados correspondientes para acumular tal cantidad de butano. Allí estaba también la acetona –500 litros nada menos– y el ácido sulfúrico para hacer el explosivo denominado como la madre de Satán y los perros que habían sido entrenados específicamente en el Instituto Tecnológico La Marañosa para descubrir ese tipo de sustancias ni siquiera acudieron. Allí se reunía el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, con los demás asesinos… Sin embargo, nadie percibió nada anormal más allá de las sospechas sobre un laboratorio clandestino de drogas. Sólo cuando un camión sembró de muertos y heridos La Rambla, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, compareció en rueda de prensa para decir que podría existir alguna “relación” con la explosión que había tenido lugar un día antes en el chalé.

De nada sirvió que la jueza que había acudido a Alcanar pusiera sobre aviso a los agentes. Esa “relación” de la que hablaba Trapero se ha convertido en la piedra angular de toda esta tragedia. No hay que perder el foco sobre quiénes son los verdaderos y únicos culpables: los yihadistas del Estado Islámico. No obstante, se han cometido una serie de negligencias muy graves. Resulta entendible que entre decenas de avisos de los distintos servicios de inteligencia internacionales no todos puedan ser considerados por una mera cuestión de medios. Pero es incomprensible que un centro de operaciones tan manifiesto y evidente como Alcanar pasara desapercibido para los policías.

Como publica en exclusiva OKDIARIO, los Mossos d’Esquadra incumplieron en la explosión de Alcanar las normas que les había dado el Ministerio de Defensa: en caso de atentado terrorista o explosión sospechosa —reunir 100 bombonas en un lugar no es precisamente usual—, lo perros adiestrados deben inspeccionar el lugar inmediatamente después para poder colaborar con las investigaciones policiales que se hagan sobre el terreno. Algo que, por otra parte, no hace falta que lo diga Defensa. El sentido común basta para utilizar todos los medios disponibles en un suceso de esas características. Lejos de eso, la inacción fue la protagonista en el lugar de la acción. Los Mossos, incluso, impidieron que los Tedax de la Guardia Civil inspeccionaran el inmueble. Con esa sucesión de fallos, alguien debe asumir responsabilidades.

17-A: ¿Para cuándo las dimisiones?
Alfonso Merlos okdiario 5 Septiembre 2017

“¡Queremos saber la verdad!”. ¿Recuerdan? “¡España no se merece un Gobierno que nos mienta!”. ¿Les suena? Y ahora, ¡¿Qué?! ¿Les aplicamos el mismo rasero, la misma regla, las mismas exigencias a los nacionalistas, a los antisistema, a la izquierda extrema tal y como ellos hicieron con el PP de Rajoy después del 11M? ¿Para cuándo aquí y ahora el esclarecimiento de la verdad? ¿Para cuándo las dimisiones? ¿Para cuándo el imperativo ineludible de que el mediocre gabinete separatista y radical de la Generalitat sepulte su campaña de propaganda y mentiras, de intoxicación y manipulación, de ocultaciones a plena luz del día que hurtan la auténtica naturaleza de los atentados y sus precedentes a sus víctimas y a 47 millones de españoles?

La hipocresía es sideral. Con enorme indignación y estupefacción un país entero está observando y sufriendo cómo desde el fracasado Puigdemont, pasando por el inane Forn y llegando al desquiciado Trapero han decidido responder a los legítimos interrogantes de los españoles parapetándose del peor modo: en el sectarismo, en el chovinismo, en la sinrazón, en el resentimiento, en el populismo, en el victimismo y, lo peor, una y otra vez en el más flagrante de los engaños. ¡¿Qué clase de refugio es ése para dirigentes que presumen de responsables y se ufanan de valientes?! ¿Por qué los que pedían a grito pelado, cercando y asaltando sedes del Partido Popular las cabezas de gerifaltes como Acebes o Astarloa tras la matanza de Atocha, han enmudecido tras las atrocidades yihadistas de Las Ramblas? ¡Qué descaro! ¡Cuánta impostura!

¿Cómo es posible que quienes exigían en apenas 48 horas tener todos y cada uno de los datos de un mazazo criminal que dejó 192 muertos y más de 2000 heridos ahora permanezcan inertes y mudos, como gatos de escayola, cuando tras 20 días aún no se han despejado bastantes de las incógnitas centrales que condujeron al asesinato de 16 personas y a la siembra del pánico? ¿Puede haber mayor doblez? ¿Tan pronto se ha perdido la memoria de la lápida con la que tristemente se selló la ‘era Aznar’, o sólo se guarda en la retina lo que de aquella época interesa? ¿Nadie va aquí a renunciar a sus responsabilidades políticas a pesar de los fallos clamorosos y garrafales de información en todos los eslabones de la cadena —captación, análisis, distribución y explotación— que podrían haber evitado que la ira de este puñado de ‘soldados de Alá’ cayese sobre una muchedumbre en la zona turística de Barcelona por antonomasia?

No nos engañemos, señores. Los de siempre están en lo de siempre. Para la perversa derecha el lado estrecho del embudo y para ellos, el ancho. Y poco importa que semejante ejercicio de desfachatez se produzca de forma pública y notoria cuando apenas restan cuatro semanas para el irrealizable sueño de perpetrar su gran golpe a la democracia y la Constitución. Al contrario: esa meta de la sedición y el desacato pareciera animarles en su camino de exclusión, de fanatismo… y de ceguera.

España o bancarrota
OKDIARIO 5 Septiembre 2017

A los independentistas catalanes les sobra soberbia y les falta sentido común. No trabajan, como dicen, por el futuro de Cataluña, sino por hacer de esa comunidad su particular cortijo de caza y recreo aunque ello suponga la bancarrota de la región. Con una deuda de 75.443 millones de euros —el 30% del total de las comunidades—, siguen empeñados en dar pasos hacia delante dentro de un callejón sin salida que desembocará en el próximo 1 de octubre con el intento de referéndum ilegal. Incluso hablan de una Hacienda Catalana. Algo inconstitucional, casi marciano dado el desvarío teórico y práctico que supone. Al margen de lo que deben al Estado, la banca sería incapaz de garantizar los depósitos bancarios en una Cataluña independiente.

No sólo eso, sino que además serían expulsados automáticamente de la zona euro, lo que provocaría un corralito financiero que ahondaría en la miseria contextual de una de las regiones más endeudadas de España. El Gobierno ha sido claro: “No habrá referéndum, tampoco independencia”. No obstante, ellos amenazan con seguir adelante. El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha vuelto a amenazar: “Si nos inhabilitan seguiremos trabajando”. Buscan una confrontación que justifique el fatuo victimismo inherente a los golpistas. Lamentablemente para ellos, las cuentas son mucho más tozudas que las fantasías de Arcadia y unicornios. Sin dinero, no hay proyecto viable. Sin legalidad, no hay verdad.

Los instigadores del procés son la antítesis de lo que debería ser un representante público en la actualidad. Recuerdan con su proceder aquel famoso lema del despotismo ilustrado: “Todo por el pueblo pero sin el pueblo”. Un principio asentado en las monarquías absolutas del siglo XVIII en Europa y que definía un Antiguo Régimen rancio y autoritario a punto de desmoronarse —como de hecho sucedió a partir de 1789 con la Revolución Francesa—. Absolutismo, justo lo que pretenden los secesionistas con este secuestro territorial, económico y social que persiguen al otro lado del Ebro. Si perseveran en la locura independentista y lo llevan hasta el extremo, el crack económico está asegurado para todos los catalanes.

OKANÁLISIS
Independencia de Cataluña: un salto al vacío para la economía
La secesión obligaría a la Generalitat a acuñar nueva moneda tras su expulsión de la eurozona. (Foto: Getty)
Diego Barceló okdiario 5 Septiembre 2017

Quienes promueven la secesión de Cataluña suelen omitir las muchísimas cuestiones prácticas que implica crear un nuevo estado. Una de esas cuestiones es la moneda, engranaje clave para la buena marcha de la economía. Las alternativas básicas que en este terreno se abrirían a una Cataluña independiente serían tres: seguir con el euro (aunque sin formar parte del Banco Central Europeo), crear una moneda convertible a euros a una paridad fija; o crear una nueva moneda.

Seguir con el euro sin el BCE
Parece la alternativa obvia, pues es la moneda ahora utilizada. Sin embargo, separarse de España supone salir de la Unión Europea. A su vez, salir de la UE conlleva abandonar el BCE, el Eurosistema (de bancos centrales) y el sistema TARGET 2 para el cobro y pago de transferencias entre países del área.

Al dejar de formar parte del BCE, Cataluña quedaría a merced de los movimientos de capitales (cada transferencia hacia un país de la zona del euro implicaría la salida “efectiva” de esos euros; con el TARGET 2, las transferencias dentro de la eurozona se compensan con asientos contables entre los bancos centrales). Sin la asistencia del BCE, la economía catalana sería más vulnerable y/o tendría que imponer controles a los movimientos de capitales. Más allá de su coste administrativo, restringir la libre circulación de capitales supondría una caída de la confianza y un menor atractivo para inversores extranjeros, entre otras cosas.

Caja de conversión (patrón euro)
Cataluña podría crear una oficina que canjearía “catalanes” por euros y viceversa. Sería un sistema similar al patrón oro. La moneda de uso corriente sería el “catalán”, que tendría una paridad fija con el euro (supongamos 1 euro = 1 catalán). Ese respaldo permitiría que la gente aceptara usar “catalanes”. Sin embargo, ¿de dónde obtendría Cataluña los euros para respaldar la emisión de “catalanes”? Al no tener la asistencia del BCE, debería emitir deuda. Además de los intereses que tendría que pagar Cataluña por esa nueva deuda, el sistema “patrón euro” supone un riesgo para los tenedores de “catalanes”: la paridad podría alterarse (devaluarse), riesgo que se traduce en que los tipos de interés en “catalanes” serían mayores que los tipos en euros.
Banco central propio y nueva moneda

Esta alternativa exige hacer un supuesto fuerte: que los ciudadanos catalanes aceptan pasivamente cambiar sus euros por “catalanes”. Aunque no puede descartarse en el largo plazo, es difícil pensar que el “catalán” pueda tener en muchos años una reputación similar a la del euro. Esa menor calidad significa, una vez más, mayores tipos de interés.

Esta breve y en extremo simplificada exposición sobre las alternativas monetarias que se abren a una Cataluña independiente, es suficiente para mostrar que cualquier camino conduce a una situación peor que la actual. Con la independencia, los catalanes tendrían una moneda de menor calidad. Por eso, los tipos de interés serían mayores y la seguridad, tanto para los ahorros de los catalanes como para las inversiones extranjeras, menor. Mayores tipos de interés implican una menor actividad económica y empleo de los que se podrían alcanzar.

Derivadas del tema monetario hay otras cuestiones también esenciales: los balances de los bancos (es decir, los ahorros de la gente) y las deudas pública y privada. Seguir con el euro sería complicado, pero las demás alternativas resultarían peores, pues podrían desembocar en la conversión forzosa a una nueva moneda. Conversión que significaría una pérdida para los ahorradores y un mayor endeudamiento para los deudores.

Una independencia unilateral llevaría a la economía catalana a una grave crisis. Al problema monetario habría que añadir muchos otros, como el abrupto cambio de condiciones del comercio exterior con la UE. Reino Unido es la quinta mayor economía del mundo, tiene sólidas instituciones y una moneda de calidad. Pese a ello, su salida de la UE ya le está costando menor crecimiento e inversiones. La economía catalana es una fracción de la británica (es menor, incluso, que la de Chile), está menos diversificada, no tiene moneda y su impulso independentista proviene en parte de grupos antisistema. No pueden caber dudas de que la salida de Cataluña de la UE sería mucho más traumática que la del Reino Unido.

Ojalá que nunca les pase a los catalanes lo mismo que a los británicos, que tras votar a favor del “Brexit” vieron atónitos cómo sus principales dirigentes admitieron que muchos de los “datos” que habían usado en la campaña se basaban en “cálculos mal hechos”.

(Diego Barceló Larra es director de Barceló & asociados) (Twitter: @diebarcelo)

Montoro amenaza a las víctimas del golpismo
Guillermo Dupuy  Libertad Digital 5 Septiembre 2017

De la misma forma que recientemente nos ha querido hacer creer que los gastos que ya lleva acarreados la nueva y no menos ilegal consulta secesionista del próximo 1 de octubre, tanto en publicidad institucional como en la compra directa de urnas, los están desembolsando de su propio bolsillo los golpistas que rigen la Generalidad, tal vez el ministro de Hacienda pretenda convencernos ahora de que todas las ilegales estructuras de Estado que la sediciosa Administración catalana está erigiendo en Cataluña desde 2012 –incluida la transformación de la Agencia Tributaria de Cataluña en una Hacienda propia– también las han pagado de su bolsillo Puigdemont y el resto de delincuentes que siguen ostentando la máxima representación del Estado en Cataluña gracias a la irresponsable y temeraria renuencia del Gobierno de Rajoy a la hora de aplicar el artículo 155 de nuestra Constitución.

Lo que es un hecho es que a Montoro, tras mentir como un bellaco al asegurar que los golpistas no han dedicado "un solo euro del dinero público" a los preparativos del 1-O, no se le ha ocurrido otra cosa que emitir un comunicado en el que se amenaza, incluso por la vía penal, a todas las personas físicas y jurídicas que presenten las declaraciones de impuestos exclusivos del Estado en la Agencia Tributaria Catalana.

Que conste que no me parece mal que el Gobierno advierta públicamente de las consecuencias penales que puede acarrear el incumplimiento de la ley, pero lo que me parece surrealista es que esta advertencia vaya dirigida contra aquellos catalanes que compartan o sucumban a la extorsión institucional de sus mandatarios regionales y no contra los golpistas que la ejercen, y a los que el propio Gobierno del PP, además de ofrecer "diálogo" y "negociación", viene financiando desde 2012, de forma indirecta pero absolutamente decisiva, a través del Fondo de Liquidez Autonómica.

Ya con ocasión de los surrealistas llamamientos del Gobierno de Rajoy y de Ciudadanos a los mossos d'Esquadra para que desobedezcan las ordenes de sus sediciosos mandatarios regionales de cara al 1 de Octubre, me vino a la cabeza la imagen de un armador que, al tiempo que dejase al mando de su nave a alguien manifiestamente dispuesto a violar las leyes marítimas, se fuera a los marineros a decirles que no obedecieran las ilegales órdenes que recibieran de su capitán.

Es cierto que los golpistas, en la ilegal tarea de reemplazar completamente a la Hacienda española por una Hacienda propia al servicio de su fantasmagórica República catalana, no lo van a tener tan fácil como lo han tenido desde 2012 a la hora de desobedecer todas y cada una de las sentencias de nuestros Altos Tribunales contrarias a su ilegal proceso secesionista. Con todo, no nos extrañe que cada vez haya más catalanes que se tomen más en serio las advertencias en el ámbito fiscal del Gobierno de Puigdemont que las de Rajoy, tal y como sucedió con ocasión de la no menos ilegal consulta del 9-N, cuando alguien dijo: "Temíamos más al Departament que al Gobierno".

En cualquier caso, el hecho de que a Cataluña no se le reconozca de iure la independencia que en, buena medida, se le viene concediendo de facto desde hace años no borra la decisiva responsabilidad del Gobierno de la nación en la más grave crisis institucional de toda nuestra historia democrática.
 


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