AGLI Recortes de Prensa   Sábado 9  Septiembre 2017

Caos educativo por las exigencias de las autonomías
EDITORIAL El Mundo  9 Septiembre 2017

La caótica realidad de la educación en nuestro país es producto de un fracaso colectivo que ni la clase política ni la sociedad han sabido solucionar en 40 años de democracia. En este tiempo se han promulgado hasta siete leyes orgánicas, algunas de las cuales no han llegado a implantarse. E incluso una de ellas, esta última, la Lomce, lleva ya dos cursos derogada de facto. Un síntoma evidente de que este trascendental problema no ha merecido la consideración de asunto de Estado ni por los gobiernos centrales ni por los autonómicos, más preocupados por obtener réditos electorales coyunturales que por la creación de un sistema de calidad y estable capaz de adaptarse a una realidad social, política y económica cada día más exigente en el mercado global.

Necesitamos un sistema educativo, en definitiva, que cumpla la doble función de crear ciudadanos libres y cultos, capaces de asumir sus responsabilidades cívicas en un sistema democrático que requiere cada vez más de su participación. Y que asuma la tarea de formar a trabajadores con la suficiente capacitación laboral para competir.

Es cierto que el fracaso de la Lomce corresponde en primer lugar al Gobierno del PP, que se mostró incapaz de redactar una ley de consenso, no pudo implantarla en algunas autonomías y, perdida la mayoría absoluta, y en aras de un pacto de Estado, ha hecho cesiones de tal magnitud que la han desnaturalizado. La eliminación de las reválidas impedirá la homologación de los conocimientos en todo el territorio. La posibilidad de acceder al Bachillerato con algunas asignaturas suspensas supone una renuncia expresa a lograr un sistema basado en el esfuerzo y la exigencia. Y por último, la dejación del Estado en sus funciones de supervisión a nivel nacional para evitar conflictos con las comunidades autónomas es un reconocimiento de la falta de voluntad política para encontrar un equilibrio entre las competencias de las CCAA y las del Ministerio de Educación.

Precisamente esta falta de entendimiento entre el Gobierno central y los autonómicos es uno de los principales escollos. Tal y como publicábamos ayer, la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele) ha denunciado que las exigencias de las autonomías les obligan a hacer hasta 25 ediciones diferentes de un manual didáctico para una misma asignatura, ejemplo extremo pero elocuente de la falta de homogeneidad que existe en los currículos en nuestro país. Además, añade Anele, esto encarece el precio final de los libros, ya que las editoriales deben emplear más recursos en producir las distintas versiones.

Para solventar esta deficiencia, el PP ha anunciado que llevará a las conversaciones del pacto por la educación la propuesta de que en la próxima ley haya más enseñanzas comunes para todas las CCAA, y así no exista tanta disparidad de contenidos. La propuesta es loable pero habrá que ver cómo se concreta. Partidos políticos, sindicatos, administraciones públicas y la comunidad educativa en general deben trabajar para hacer frente a los retos a los que se enfrenta el sistema educativo. Entre todos han de poner fin al mercadeo en que se ha convertido la educación, y ser conscientes de que de ella dependen el bienestar de la sociedad y la competitividad de la economía. También la formación de unos jóvenes cuyo futuro están poniendo en riesgo con su irresponsabilidad.

Hora de España
MANUEL ARIAS MALDONADO El Mundo 9 Septiembre 2017

Sobre el desafío separatista catalán se ha escrito mucho, pero queda todo por hacer: nos adentramos en el terreno titánico de los hechos a una velocidad de vértigo. Porque los hechos cuentan; no hay teoría lingüística que pueda conjurar el impacto que tiene sobre la realidad una acción decisiva. La vida política se parece en eso a las biografías individuales: ricas en sucesos menores y pobres en acontecimientos mayores. Mejor así; en la política y en la vida. Por eso es aspiración de cualquier régimen democrático hacer de la normalidad una norma. Ahora, tras años de aspavientos separatistas, llegamos al momento en que el Estado de Derecho detecta una amenaza existencial y reacciona a ella con todos los instrumentos a su alcance. Hobbes entra en escena de la mano de Lincoln.

Hobbes y Lincoln: porque el régimen amenazado con la aprobación de las leyes ilegales del parlamento catalán es un régimen democrático. La amenaza existencial al Estado soberano es aquí también vulneración de los principios constitucionales. Ha sido emocionante asistir al despliegue pedagógico de los últimos días, prueba esperanzadora de la solidez de los principios del liberalismo político: tras cuarenta años de democracia, los españoles podríamos aprobar un examen que preguntase por la relación indisoluble entre legalidad y legitimidad. Todo se ha dicho ya e incluso lo ha dicho el presidente del Gobierno: nadie podrá alegar que no estaba suficientemente informado.

Se ha producido con ello un notable giro narrativo. De repente, un conflicto que parecía lleno de ambigüedades morales se ha convertido en una guerra justa: la defensa de la democracia frente a sus liquidadores. Si el quietismo del Gobierno central tenía por objeto que el nacionalismo separatista se retratase ante la posteridad, lo ha conseguido: las sesiones del parlamento han dejado imágenes imborrables que muestran a los presuntos oprimidos convertidos en sonrientes opresores. ¡El mundo al revés! Hannah Arendt nos diría que quien obra así no ejerce el poder, sino que usa la violencia. Y no se equivocaría: que pregunte a los diputados de la oposición en el Parlament. O a sus reglamentos, si los reglamentos hablaran.

Nada de eso impresionará a quienes vienen apoyando esta delirante carrera hacia ninguna parte. Porque detrás de la mayoría absoluta que se ha puesto esta semana del otro lado de la legalidad democrática hay un buen número de votantes. Y hay, por decirlo con Sloterdijk, un banco de resentimiento explotado con maestría: el odio a España ha alcanzado niveles patológicos y no deja de tener su mérito que la mención de 1714 provoque en pleno 2017 más disgustos que los retrasos del cercanías. En un contexto tan sentimentalmente recargado, no cabe esperar que las últimas novedades hagan mella en la base social del independentismo: quien rompe amarras con la realidad democrática solo mira hacia el horizonte. Ocurre que se avecina tormenta.

Hora de España fue la revista que un puñado de intelectuales leales a la II República fundaron en Valencia durante nuestra guerra civil. Dieron con un nombre tan afortunado que nos sirve ahora, como servía en 1977: designa un episodio excepcional de nuestra historia democrática. Pero no solo en España; también en Cataluña. Es aquello de Pavese: no más palabras, un gesto. Y solo cabe uno: la restauración de la legalidad constitucional. Después, pero no antes, la política.

Cuestión de proporciones
¿Cuál es la respuesta «mesurada y proporcional» idónea ante un desafío de proporciones desmesuradas?
Ignacio Camacho ABC 9 Septiembre 2017

Tiene razón Mariano Rajoy: el Estado de Derecho parece a menudo «lento, tímido y desconcertado» frente al desafío, la desobediencia, la chulería y el engaño. No sólo lo parece: lo es, y no sólo porque las imprescindibles garantías exigen dilatados ritmos burocráticos, sino porque falta diligencia para afrontar los asuntos más ingratos. En el conflicto de Cataluña, sin ir más lejos, las instituciones nacionales llevan demasiado tiempo sin comparecer y cuando se han decidido lo han hecho con apocamiento, exceso de cautela y mucho retraso. Precisamente por eso muchos ciudadanos desconfían de que esta vez la energía prometida por el presidente no vuelva a llegar tarde, enredada en el galimatías jurídico de los plazos. Y sospechan que el Gobierno delega en los tribunales para eludir o amortiguar el coste de cumplir con un deber espinoso y problemático.

La aparición presidencial de ayer era necesaria para disipar siquiera en parte este ambiente desconfiado. La última vez que se enfrentó a un riesgo estructural severo, el del rescate de la economía, Rajoy utilizó su tradicional táctica pasiva para conjurarlo. Tuvo éxito, pero jugaba con la ventaja de que la UE estaba de parte y no en contra del Estado. La repetición de esa estrategia quietista ante la rebelión institucional catalana sólo podría conducir al fracaso. El primer ministro comprometió ayer su palabra, su credibilidad y hasta su honor en la defensa de la legalidad democrática por todos los medios a su alcance –«sin renunciar a nada»–, y lo hizo con plena conciencia de que en pocos días, quizá horas, se va a ver obligado a demostrarlo.

Pocas oportunidades más favorables tendrá el Gabinete para ejercer la autoridad democrática sin remordimientos. Por un lado, la vergonzosa manifestación de finales de agosto dejó en la opinión pública española un sabor amargo de desafecto, de deslealtad ventajista, de falta de respeto. Por otro, el espectáculo bolivariano del miércoles, con los soberanistas violentando a la vista de todos las reglas de su propio Parlamento, ha zarandeado la conciencia de los catalanes más distantes o escépticos. En ese delirante bochorno quedó expuesto sin tapujos el carácter antidemocrático del plan de ruptura, su ausencia de escrúpulos políticos y éticos.

Si no tuviese ya bastante respaldo en el orden constitucional, ese doble desplante hostil ha cargado de razones al Gobierno. Tiene consenso parlamentario y, sobre todo, social, para actuar sin más limitaciones que las del Derecho. Es su obligación, además: un imperativo categórico que no admite cuestionamiento. Puede y debe graduar la respuesta, adaptarla «con mesura y proporcionalidad» a las circunstancias y los momentos. Pero la proporción del desafío es tan desmesurada que no es posible ya permitir que vaya más lejos. Y cuanto más tarden las medidas para ponerle remedio, más difícil será que tengan efecto.

Golpismo en reality show
Los golpistas tienen toda la comunicación que el Gobierno les regaló
Hermann Tertsch ABC 9 Septiembre 2017

En la primera clase de ese cursillo que Mariano Rajoy nunca ha hecho sobre «cómo neutralizar un golpe de Estado antes de que te cueste tu país, el poder y la cabeza» lo dicen muy claro: lo más importante es cortar la comunicación entre los golpistas. Hay que impedir que los golpistas sepan qué hacen o qué les pasa a sus cómplices en cada momento. Y hay que evitar su coordinación y la transmisión de información y de órdenes. Eso lo aplicó Hitler nada más recuperarse de la conmoción de la bomba, mal puesta por desgracia, del coronel Claus von Stauffenberg. Y la desinformación, falta de comunicación y consiguiente chapuza dieron al traste con la Sanjurjada o el 23-F.

En España asistimos a un golpe en que el Estado colabora obsequioso en el mantenimiento de las líneas de información golpistas. Estos utilizan los medios del Estado con tanta eficacia como los que llaman propios, también concesiones, en parte tramposas, que les han hecho los gobernantes. Sí, los gobernantes, que a cambio de mil ventajas del poder juran proteger al Estado contra el golpismo. Y a los ciudadanos contra quienes amenazan con acabar con la democracia, con el propio Estado y con la Nación. Si no fuera porque son casi todos empollones de provincias, sin imaginación y con poco mundo, se podría sospechar de tanta amabilidad y hasta entrega hacia los enemigos del Estado. Y pensar que ellos también trabajan para algún gobierno extranjero. Como esos de Podemos a los que tanto han ayudado a ser una fuerza clave en este «putsch on line».

Porque este es el primer golpe de la historia retransmitido como reality show. Las dos cadenas menores de los miembros del duopolio televisivo, una concesión del Estado a dos grupos con alta participación extranjera, son cadenas monotemáticas. Ahora retransmiten en directo el golpe. Llevan años dedicadas a la destrucción de España y su orden constitucional. Durante 24 horas todos los días de la semana emiten para:

1. El fomento de todo separatismo contra la unidad de España, la fobia a España como idea, desprecio a su monarquía y a su historia que es sometida a permanente falsificación y vejación.
2. La agresión sistemática para el cuestionamiento y la destrucción de las instituciones, el amparo a todo enemigo del Estado, por infame, violento, detestable y delincuente que sea.

3. La ridiculización de valores y principios tradicionales, desde el patriotismo a la lealtad, la dignidad, el honor, la feminidad en la mujer y la virilidad en el hombre, el derecho natural.
4. La promoción del odio al cristianismo, el ataque permanente a la Iglesia católica con las agresiones más brutales y crueles a sus creencias y desprestigio de su historia, su liturgia, sus símbolos.

5. La difusión de elementos de sospecha, desprestigio y muerte civil para cualquier actividad, actitud o persona que pueda fortalecer las defensas o el prestigio de España y su historia entre los españoles.

Los golpistas están en todas las televisiones, arropados por un periodismo izquierdista que comparte la hispanofobia que alimenta al foco sedicioso. Ante el brutal asalto criminal a las instituciones que pone en peligro la paz y la vida y hacienda de todos los españoles, todos esperan que el Gobierno tenga un arma para reinstalar la ley. Esperemos que sea algo más convincente que su estrella Andrea Levy con sus torpes balbuceos entrevistada por el mayor agente de la trama desestabilizadora en la cadena más dedicada al golpismo. Tan enamorados están de las televisiones separatistas e izquierdistas que regalaron golpismo, que corren peligro de acabar de estrellas en la agitación contra España.

Cuando se agotan los adjetivos.
Epicteto www.vozpopuli.com 9 Septiembre 2017

El desafío independentista catalán ha superado ya todos los límites de la acción política instalándose de forma explícita en el ámbito de la sedición. Es decir, de ese territorio que antaño se conocía como traición pura y dura. No querer ver esto es no querer ver que el sol sale todos los días, el paso del tiempo o la lluvia cuando llueve.

Claro está que el independentismo (y por tanto la sedición) de los políticos en ejercicio se mantiene por ahora en el cómodo “amagar y no dar”. Se dice, se habla, se amenaza, se organizan manifestaciones hostiles y pitadas, pero no se firma nada. En el colmo de lo surrealista incluso se presume de “mantener en secreto el plan para burlar al Estado”. Así, con todas las letras. Otra cosa distinta son las organizaciones tipo Ómnium y ANC que, paralela y coordinadamente, se regodean en su impunidad de expresión y de acción.

El ciudadano español normal asiste atónito al espectáculo de ser insultado en cuanto tal, sentirse odiado y odioso, saber que sus impuestos siguen financiado semejante aquelarre, ver sus símbolos y su Jefe de Estado menospreciado y acosado en una situación insólita, tras caer el Gobierno, que se supone que nos gobierna, en la trampa idiota de la alcaldesa Colau que ha propiciado el éxito de una encerrona ya visible incluso para los que no quieren ver (la cabecera para la representación del pueblo: ¿y por qué el Rey no podía ir entre ellos?).

Y el españolito de a pie, como evidente consecuencia de este acumulo de disparates, de ineficacia y de pura estulticia, se siente indefenso.

Indefenso porque los que habrían de defenderlo, los que, embarcados desde hace ya mucho tiempo en la colección de ideas inanes que informan actitudes como “no hay que empeorar las cosas”, “ya se cansarán”, “no se atreverán” y demás conclusiones bobas, han dejado que la bicha crezca sin control. Son, no podemos menos que pensar, como unos bomberos novatos que ante el encendido de una cerilla que comienza a prender en el decorado, en el escenario de un teatro abarrotado, se limitaran a decir “no os preocupéis, se apagará sola”.

Alguien misericordioso (y un poco demasiado optimista) pensará: “Bueno, seguro que el Gobierno tiene un plan”.
En momentos en los que ya la adjetivación del disparate se agota y la gente se cansa (porque, señores del Gobierno, se está cansando), decir que ya se sabrá lo que hay que hacer no es un ejercicio de prudencia política. Es, dicho con todas las letras, una irresponsabilidad.

Porque la tentación que surge es pensar que no dicen lo que van a hacer porque no saben qué hacer.
Por eso nos sentimos indefensos.

La hora de la violencia
En última instancia, para defender la ley hay que ejercer la violencia. Nada extraordinario. Nada imprevisto. Todo contemplado en las leyes. Pero para hacerlo hace falta quitarse la túnica del oráculo.

El Gobierno más indigno y cobarde que ha tenido esta falsa democracia
Miguel Bernad Remón,  latribunadelpaisvasco 9 Septiembre 2017

abogado y secretario general de Manos Limpias

Manos Limpias, desde el año 2012, con los primeros desvaríos del independentismo catalán, viene pidiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pues el proceso de sedición ha sido clamoroso y en crecimiento desde entonces.

Hasta en diecisiete ocasiones Manos Limpias instó al Gobierno de Mariano Rajoy a iniciar el proceso de aplicación de ese artículo, haciendo caso omiso a todas y cada una de las diecisiete peticiones…

La situación y circunstancias del delito de sedición se han consolidado, y pese a ello, el Gobierno del PP ha preferido aplicar un perfil de falsa y cobarde prudencia, delegando la “solución” del grave problema en el Tribunal Constitucional, que con todo respeto, entendemos que no está para eso, pues quien debe gobernar es el Gobierno de la nación española, no un Tribunal, por muy Constitucional que sea.

Las afrentas del independentismo catalán han sobrepasado hace mucho tiempo los límites de la tolerancia y de la prudencia. Nos encontramos ante un gobierno débil, pusilánime, cobarde, que no se atreve a aplicar la Ley, en el doble sentido de suspender cautelar y temporalmente la autonomía catalana, y de otro lado instar los correspondiente procesos penales como los instigadores de esta sedición, en todo regla, que no son otros que los máximos dirigentes de la Generalidad.

Resulta obvio, y lo ve un ciego, que los separatistas están cometiendo un delito continuado de sedición, previsto y penado en el Código Penal vigente. Además de otros posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, posibles falsedades en documentos oficiales, desobediencia a las resoluciones judiciales, etc.

Manos Limpias representa al Estado de derecho, en su defensa de la legalidad vigente y la lucha contra la corrupción, habida cuenta de que el ministerio fiscal no cumple con sus deberes constitucionales…, seguramente obedeciendo instrucciones del Gobierno al respecto.

Ante estas reiteradas peticiones del que suscribe, en nombre y representación legal de Manos Limpias, así como el sostenimiento de la acción penal contra la Infanta de España Cristina de Borbón y Grecia, Hija y Hermana de Reyes, la respuesta del gobierno fue fulgurante: matar al mensajero, encarcelándome e incautarse de los archivos de Manos Limpias, precintando la sede principal, e impidiendo así de facto la actividad del sindicato, con su líder en prisión preventiva, situación en la que he permanecido casi nueve meses, que se dice pronto, y ello a pesar de no tener antecedente penal desfavorable alguno, y mi avanzada edad…

¡Pero así se escribe la historia en España, mientras la población permanece impasible, pasando de todo, camino de la ruina económica, pues la moral hace ya tiempo que se ha instalado entre nosotros!

El cataluñazo recurrente
Carlos Herrera ABC 9 Septiembre 2017

Lo que no se resuelve, vuelve. Antes o después, pero vuelve. Y el mal llamado problema catalán personificado en una parte no mayoritaria de su población lleva sin resolverse desde la noche oscura. Bien fuera algún levantamiento en la Primera República, el oportunismo de Maciá en el advenimiento de la Segunda, el pronunciamiento de Companys a cuenta de la inclusión de la CEDA en el Gobierno Lerroux o ahora el aprovechamiento por parte de los dementes independentistas de la crisis de este decenio, siempre ha parecido que masas oceánicas del pueblo catalán se han personado a las puertas de la historia a defender sus libertades. Y, discúlpenme, no ha sido así. Si el conocido como pueblo catalán, en el caso de ser y comportarse como un todo homogéneo, unidireccionado, testarudo y constante, hubiera maniobrado valientemente camino de la búsqueda de su destino independiente, lo habría logrado hace siglos. Cuando lo ha intentado, tan sólo ha asomado la nariz en forma de asonada bravucona. En esta ocasión, la multiplicación de panes y peces de la sociedad de la información ha hecho que el ruido sobrepase, con mucho, las propias nueces.

En Cataluña siempre ha existido, cansa ya recordarlo, una quinta parte de población partidaria de ser independiente de todo lo que se dependa, especialmente de «España»: con motivo del derrumbe de estructuras que la crisis ciclópea de hogaño ha producido, un veinte por ciento añadido se ha sumado a la proporción histórica. La enseñanza continuada de odio a «El Estado» y la eficaz consigna de «España Nos Roba» ha obrado el milagro: nuevas generaciones creen que todos sus males habrán de desaparecer cuando sean una unidad de destino en lo universal. Concurre en este caso una dificultad que no se produjo en los anteriores y que consiste en que, ahora, la leche derramada es mucho más difícil volver a meterla en la botella, ya que la vida está televisada, radiada y multiplicada en cada uno de sus minutos. Cuando Maciá, la cosa se medio arregló con el Estatuto de Autonomía; cuando Companys, con un par de cañones del general Batet; pero ahora las soluciones han de venir de la mano de la ley, evidentemente, pero también de una política imaginativa que resuelva la crisis y que alargue lo máximo posible el tiempo que resta hasta el próximo «cataluñazo». ¿Cuál es esa política? Seguramente la única que se puede hacer desde la decencia, mantener firmeza en los principios de justicia e igualdad, una didáctica cual minerva práctica y un esfuerzo por tratar de entender inteligentemente las causas originarias del paso dado por el segundo quinto lote de ciudadanos. Casi nada.

Coincido con Ignacio Camacho en que la independencia se consigue mediante la voluntad heroica, hasta la sangre, de la totalidad de los individuos. No la regalan y, generalmente, requiere su pequeña o gran guerra de independencia. Esfuerzo que solo está dispuesto a realizar una parte muy pequeña de la sociedad levantisca, y ni siquiera ese tanto por ciento que se llena la boca de bravuconadas, levanta el puño, canta la Internacional y se dedica a pintarrajear autobuses o fachadas. La independencia no se despacha a granel, y de no creerlo observen ustedes el panorama de aquellos colectivos que han logrado separarse de sus matrices en el mapa internacional. En Cataluña, la inmensa mayoría no está por salir a la calle con azadones y bombitas a deshacerse del yugo español.

La xenofobia independentista es un mal que corresponde a una generación educada para ello; ergo habrá que reconvertir las enseñanzas de quienes han dispuesto a una masa bizcochable a odiar a sus congéneres peninsulares. Que, por cierto, no les han hecho nada para merecer ese odio. Es lo primero a resolver ya que es lo primero que siempre vuelve. Trabajo hercúleo.

El día después
España irá de cráneo si no recupera cierto patriotismo
Luis Ventoso ABC 9 Septiembre 2017

Desconfío de esos talantes maltusianos que cada lunes anuncian un apocalipsis. Mejor el optimismo. Incluso en trances espantosos, como una salvajada yihadista, tiendo a recordar que entre 1940 y 1944 miles de civiles europeos morían cada día en ataques violentos. Las condiciones de vida de un español apurado de hoy pasmarían a mi abuelo. El avance de la medicina es prodigioso, las hambrunas han caído drásticamente, internet convierte en curiosidades decimonónicas nuestras amarillentas cartas de amor. Hay problemas y guerras, como siempre. Pero el mundo mejora. Es la verdad.

Sin embargo me temo que España tiene un pésimo futuro si no redescubre rápidamente el patriotismo y lo ejerce. Esta vez la algarada secesionista se frenará. Fracasarán y hasta harán el ridículo (no hay más que ver los rostros demudados del folclórico clan insurrecto). Ayer, tardíamente pero de forma satisfactoria, Rajoy pronunció por fin el discurso que nos debía desde hace un año. Tranquilizó a la ciudadanía, puso en valor que somos una gran nación que sabrá defenderse y desplegó parte de la batería legal a su disposición (que debió utilizar para impedir la propia celebración de los plenos golpistas). Pero vamos a la clave: ¿Qué pasará en diez años? ¿Continuará España siendo capaz de frenar las pasiones centrífugas que la minan desde su seno? O se produce un inmenso viraje cultural y político, o el pronóstico es sombrío:

—La cesión de la educación a las comunidades aleja a las nuevas generaciones del proyecto compartido. En la práctica, las autonomías operan como miniestados, que vacían el español. Si además gobierna el nacionalismo, el problema se exacerba: el poder regional se utiliza para ir plantando los cimientos de la futura república, a la espera de un momento de debilidad (por ejemplo una crisis como la de 2008).

—La izquierda española es alérgica a defender a su país (¡asocian España a Franco!). Corbyn, viejo socialista, es un patriota entregado comparado con Iglesias, Garzón... o hasta con Sánchez (ni siquiera ayer fue capaz de ser plenamente leal y nada más salir de La Moncloa lanzó su puyita felona, un tuit recomendando dialogar con los golpistas). ¿Atajaría un referéndum secesionista un Gobierno de coalición Pedro & Pablo? Lo dudo.

—El empresariado, chitón. ¿No tienen nada que decir los principales banqueros y empresarios catalanes y los líderes del Ibex ante una insurrección contra su país y su democracia, que además dañaría sus negocios? En el mundo de la cultura, solicitar desde un periódico a intelectuales y artistas españoles una declaración de aliento patriótico es misión titánica. Les asusta, o directamente reniegan, a lo Trueba.

—El rodillo de propaganda del separatismo –con los periódicos locales rendidos a la subvención y una televisión local que derrocha sin límite– tiene poco que lo confronte. Al revés, el modelo televisivo que dibujó el PP ha llenado las pantallas de desapego hacia España. Urgiría reforzar TVE y una potente televisión privada de centro-derecha, liberal y patriótica.

A la generación del 98 le dolía España. A la de 2018 le duele Instagram. Y así..

Golpe de Estado en marcha (4)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 9 Septiembre 2017

REQUERIMIENTO DEL GOBIERNO DE LA GENERALIDAD A LOS AYUNTAMIENTOS
¿Qué es una movilización democrática? Esas dos palabras están siendo usadas como mantra por la ultraizquierda de PODEMOS y sus marcas blancas en Cataluña. Se supone que es una manifestación de una parte de la ciudadanía que toma la calle cono foro de debate para justificar la comisión de una ilegalidad anti democrática. Porque si vamos a eso, cada manifestación de las miles que recorren las capital de España y otras ciudades, son expresiones de una movilización democrática de los diferentes grupos que exigen el cumplimiento de sus reivindicaciones, ya sean laborales, ideológicas o de cualquier otra clase. La democracia consiste en eso, en poder expresar en libertad, y con respeto, aquello que se considere oportuno y justo. Lo malo es que esa regla aplica a todos y lo mismo vale para una reivindicación y la contraria. Un ejemplo lo tenemos en el tema de los que defienden el aborto libre y los grupos que se llaman “pro vida”. O entre nacionalistas independentistas y constitucionalistas. Todas son movilizaciones democráticas y no por ello hay que favorecer a unas en perjuicio de otras.

Y es que, en democracia, los principales foros de debate son precisamente las Instituciones donde se reúnen los representantes elegidos por los ciudadanos. Es decir, los llamados parlamentos. Una palabra que significa diálogo, debate de ideas y de propuestas y donde se pactan resoluciones de forma democrática. Un foro donde existen unas reglas acordadas donde lo que predomina es precisamente el respeto a la pluralidad y a las minorías. Un parlamento pierde ese nombre y su esencia en el momento en que se pierde ese respeto y se intenta imponer el rodillo de las mayorías y se intenta silenciar al resto hurtándole la posibilidad y el derecho a expresar su opinión. Un secuestro de la Institución profundamente anti democrático y que solo puede ser calificado de dictatorial. Y eso es lo que han perpetrado los partidos independentistas de ERC, PDeCAT y la CUP, con la complicidad de la marca blanca de PODEMOS en estos días desaforados de desobediencia e insumisión aprobando leyes inconstitucionales de cara al referéndum y la llamada “desconexión” de Cataluña de España.

Los dirigentes del Gobierno de la Generalidad y los representantes de esas formaciones en el Parlamento de Cataluña, están fabulando y confabulando para imponer a toda la sociedad española, no solo a la catalana a la que desprecian, un escenario donde solo consideran válidas sus propias reglas. Su justificación se basa precisamente en una falsedad que es interpretar el sentimiento de una parte de la sociedad catalana, como aval democrático para reclamar una soberanía y un derecho a decidir inexistentes sobre una cuestión, que la Constitución de España solo reconoce al conjunto del pueblo español. Y no solo eso, se acude a la mentira más grosera para acusar al que llaman “Estado opresor” de persecución y de robar al pueblo catalán. Una propaganda típicamente fascista usada para enaltecer el sentimiento anti español y movilizar los más bajos instintos de odio. Una movilización que nada tiene de democrática y sí de revolucionaria y frentista con incitación a la violencia.

Movilización democrática y derecho a decidir, dos mantras que algunos como los de PODEMOS y sus marcas regionales y locales, lanzan constantemente para justificar lo injustificable, que es la desobediencia a las sentencias judiciales y anteponer la ilegitimidad sobre la legalidad vigente. Porque una cosa es cuestionar y debatir sobre diferentes conceptos y alternativas democráticas y otra dar por sentado la existencia de sujetos jurídicos no reconocidos como tales. No hay excusas para incumplir la ley. Sin embargo, estos sectarios demagogos se creen con el derecho a interpretar la ley según les convenga a sus intereses o a su ideología. Es por eso que la respuesta de la alcaldesa de Barcelona al requerimiento por parte del Gobierno de la Generalidad para que ponga a disposición locales para la celebración de un referéndum declarado ilegal e inconstitucional por el Tribunal Constitucional intenta desmarcarse del estricto cumplimiento de la ley. Su negativa no ha sido firme ni contundente, sino de una ambigüedad calculada al inquirir al Presidente Carles Puigdemont “que nos informe de cuáles son las actuaciones que tiene previstas, dadas las nuevas circunstancias”, reiterándole” la disposición del Ayuntamiento de Barcelona (supongo que solo de aquellos que sustentan su equipo de Gobierno) para garantizar y facilitar el derecho a la participación política y a la movilización ciudadana, siempre que no se ponga en riesgo ni la Institución ni los servidores públicos municipales”. Es decir, le pide que le dé cobertura legal o alternativas para que pueda colaborar a ejercer ese derecho. ¿Hace falta tener más hipocresía?

Menos mal que por fin parece que el Estado de Derecho si que ha empezado a movilizarse. Su carácter democrático nadie lo puede poner en duda y además le asiste la legitimidad de estar del lado de la ley, justo lo contrario de la otra movilización independentista. No le veo a Ada Colau ni a los de PODEMOS mostrar respeto ni simpatía por esa movilización democrática en representación de todos los españoles para devolver la legalidad a unas Instituciones asaltadas y secuestradas por grupos sediciosos que intentan destruir la convivencia desobedeciendo las leyes y las sentencias de los Tribunales de España. Y aquí no hay equidistancias ni posiciones de superioridad democrática, basta con respetar la ley y los cauces democráticos para el debate de ideas y de propuestas. Algo que PODEMOS no admite y quiere ampliarlo a esas movilizaciones, escraches y algaradas callejeras.

¡Que pasen un buen día!

¿Por qué ni el Gobierno ni la Fiscalía acusan de sedición a la mayoría separatista del parlamento regional catalán?
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 9 Septiembre 2017

El Gobierno ha incitado al Ministerio Fiscal a querellarse contra los cabecillas del separatismo catalanista que ha protagonizado un gravísimo golpe contra la Nación y su Constitución los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Sin embargo, llama poderosamente la atención que entre los delitos de los que se acusa a los dirigentes separatistas... no se halle el más grave de los cometidos: el delito de sedición. ¿Por qué el gobierno no persigue el delito de sedición?@Desdelatlantico.

I. LA QUERELLA DEL MINISTERIO FISCAL CONTRA LOS DIRIGENTES SEPARATISTAS CATALANISTAS
Tras los gravísimos actos, retransmitidos en directo por la televisión, acaecidos en la sede del parlamento regional catalán los días 6 y 7 de septiembre de 2017, el Gobierno incitó al Ministerio Fiscal para actuar judicialmente contra los cabecillas. Como consecuencia de ello el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña presentó, el 8 de septiembre de 2017, una querella contra varios cabecillas del separatismo.
Esta querella les acusa de tres delitos:

1) delito de desobediencia (artículo 410.1 en relación con el artículo 74.1 del Código Penal);
2) delito de prevaricación continuada (artículo 404 en relación con el antes citado artículo 74.1 del Código Penal);
3) delito de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal).

Sin embargo, asombrosamente, no se les acusa de un delito de sedición.

II. QUÉ ES UN DELITO DE SEDICIÓN
El artículo 544 del Código Penal dice
Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

El Tribunal Supremo, en una importante sentencia de 10 de octubre de 1980 explicó qué debe entenderse por sedición:

el delito de sedición forma colectiva y tumultuaria de alzamiento, 'rebelión en pequeño', según frase decimonónica, fue conocido en el Derecho Romano con el nombre de 'Tumultus', en 'Las Partidas', con el de asonada -'ayuntamiento que hacen las gentes unas contra otras para hacerse mal'-, y en el título XI de la Nueva Recopilación, con el de 'juntas tumultuarias', incorporándose a la legislación codificada en el artículo 280 del Código de 1822, que lo define como levantamiento, ilegal y tumultuario, de un número mayor o menor de personas con el fin de entorpecer la acción gubernamental, encontrándose también en el artículo 174 del Código de 1870 y en los artículos 245 y siguientes del Código de 1932, mientras que el vigente le dedica los artículos 218 y siguientes incardinados en el capítulo IV del título II del libro I, siendo conocida la infracción estudiada por otras legislaciones como vg, la inglesa que lo denomina 'asamblea sediciosa', o la alemana que lo distingue con los apelativos de 'motín' y 'tropel de gentes', mientras que en otras se confunde con el delito de rebelión.

Se trata de una infracción de actividad o de resultado cortado y también se le califica de delito de tendencia, pues, por una parte, el alzamiento ha de encaminarse necesariamente a la consecución de alguno de los objetivos señalados en los cinco números del artículo 218 citado, y, por otra parte, el dicho alzamiento, por sí solo, consuma el delito aunque no se hayan logrado los fines propuestos.

Procediendo a su disección, se observa:
a) que se requiere un alzamiento, esto es, un levantamiento, sublevación o insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido, contra el normal funcionamiento de determinadas instituciones o contra autoridades, funcionarios, Corporaciones públicas, clases del Estado, particulares o clases de personas;
b) que ese alzamiento, ha de ser público, esto es, abierto, exteriorizado, perceptible, patente y manifiesto, y tumultuario, lo que equivale a gregario, amorfo, caótico, anárquico, inorgánico y desordenado o en tropel, aunque nada impediría, según opinión unánime, que de ser organizado y ordenado también se aplicará el precepto analizado;
c) que el mentado alzamiento se encamine a la consecución de los fines indicados, por la fuerza, esto es, de modo violento, violencia, bien absoluta, bien compulsiva y tanto recayente sobre las personas como sobre las cosas-, o fuera de las vías legales, es decir, de modo ilícito, ilegítimo o ilegal y no a través de recursos o procedimientos de reclamación o de disconformidad que la ley arbitre o prescriba;

(..) en cuanto al sujeto activo, el número de personas que ha de participar ha de ser necesariamente plural, pues de otra suerte se confundiría frecuentemente la infracción estudiada con el atentado, la resistencia o la desobediencia; por ello, la sentencia, de este Tribunal, de 2 de julio de 1934 , exige que, el número de partícipes no sea inferior a treinta, y la doctrina más caracterizada, partiendo de que 'tumulto' es desorden y confusión producido por un conjunto de personas, sostiene que habrán de ser varias y en número suficiente para la consecución del fin propuesto, pudiéndose agregar que los términos legales 'alzaren' y 'tumultuariamente', evocan y sugieren la participación indispensable de un número considerable de personas, aunque no es preciso que constituyan multitud o muchedumbre; e) en lo que respecta al sujeto

III. LAS REUNIONES DEL PARLAMENTO REGIONAL CATALÁN DE LOS DÍAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE COMO CLARO DELITO DE SEDICIÓN
Confieso que he sentido asombro al leer al abogado del Estado Carlos Domínguez Luis decir en el diario "El Mundo"que "tampoco es un delito de sedición -por sí mismo, lo ejecutado por el Parlamento de Cataluña no afecta al orden público".

A mi juicio, tras la lectura del artículo 544 del Código Penal y de la sentencia de 10 de octubre de 1980 queda claro que lo ocurrido los días 6 y 7 de septiembre en el parlamento regional es un claro acto de sedición:

1) hay un "alzamiento" entendiendo por tal una " insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido" tal y como lo define el Tribunal Supremo;
2) este alzamiento es "público" hasta el extremo de que fue retransmitido en directo por la televisión;
3) hay un "tumulto" pues este alzamiento fue organizado por un número elevado de personas (más de 70);
4) pretende "impedir, (...) fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes".

En definitiva, creo que estamos ante un delito de sedición "de libro".

Pero por si hubiera poca duda, voy a recordar lo que el en su día fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, dijo hace unos años y que se aplica exactamente a la situación creada en el parlamento regional catalán los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Son unas declaraciones recogidas en el diario "Abc" del 11 de noviembre de 2015 con una admirable actualidad:

Cuál es el delito de rebelión?
Este delito consistía, según el Código Penal de 1973, en «alzarse públicamente con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional». El tipo vigente en la actualidad se refiere al «alzamiento violento y público con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Se castiga con hasta treinta años de prisión. En ambos casos, sedición y rebelión, el fiscal explica que también se castiga a aquellos que provoquen, propongan y conspiren para que se cometan ambos delitos. Eso amplía el arco de posibles responsables: de abajo a arriba.

.IV. LO COMETIDO LOS DÍAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE NO TIENE NADA QUE VER CON LAS DECLARACIONES MUNICIPALES DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE "SOBERANÍA" CATALANA
Alguien podría alegar que en el pasado el Ministerio Fiscal sí inició contra algunos separatistas catalanistas procedimientos por sedición que fueron archivados por la Audiencia Nacional.

Ahora bien, entre aquellos actos y lo ocurrido los días 6 y 7 de septiembre hay una ENORME Y SUSTANCIAL DIFERENCIA.
Una cosa es que un ayuntamiento muestre su "apoyo" a una inconstitucional declaración de "soberanía" catalana... y otra cosa muy distinta es que un parlamento regional proclame su propia "soberanía" y haga él mismo una "ley" derogando, nada menos, la Constitución.

Si en el caso de los Ayuntamientos la aplicación del delito de sedición entra en el terreno de lo debatible, en el caso de lo visto en el parlamento regional catalán la comisión de un delito, flagrante, de sedición es de una claridad meridiana.

V. ¿POR QUÉ EL GOBIERNO NO HA PEDIDO NI LA FISCALÍA HA PROCEDIDO A ACUSAR POR UN DELITO DE SEDICIÓN?
Como acabamos de ver, lo acaecido en las 48 horas negras del parlamento regional catalán es ante todo y sobre todo un delito de sedición.
El Presidente y todos los miembros del Gobierno, para serlo, prometieron cumplir y HACER CUMPLIR la Constitución y las leyes.
Al Ministerio Fiscal, por su parte, la Constitución le asigna la competencia, indisponible, de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" (artículo 124 de la Constitución)

¿Cómo es posible entonces que ni el Gobierno ni la Fiscalía persigan una sedición que ha visto todo el mundo retransmitida por televisión?

Los delitos que la Fiscalía imputa a los separatistas tienen penas relativamente leves:
- el delito de desobediencia, pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años;
- el delito de prevaricación, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años;
- delito de malversación de caudales públicos, pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

Sin embargo, la pena que corresponde al delito de sedición oscila entre 8 y 15 años de cárcel. Según el artículo 545.1 del Código Penal:
Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Es decir, la acusación de la Fiscalía (y del Gobierno) puede conllevar, en el más grave de los casos una pena de 6 de prisión... que queda muy lejos de la pena que correspondería por sedición que en el más leve de los casos ya sumaría 8 o 10 años.

La pregunta, inquietante, es:
¿por qué el Gobierno que dice que lucha contra las actuaciones separatistas no quiere encarcelar a los sediciosos?

El sectarismo de Forcadell y los once catalanes justos
En un ambiente hegemonizado por el nacionalismo independentista la discrepancia es disidencia y la ortodoxia impone la adhesión idolátrica a los valores de la nación
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 9 Septiembre 2017

El 26 de octubre de 2015, Carme Forcadell, filóloga, militante de ERC y expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana, fue elegida presidenta del Parlamento de Cataluña. Sus méritos no consistían en otros que su militancia independentista. Era suficiente para lo que con su designación se buscaba: que cogiese la piqueta y a lo largo del proceso soberanista fuese destruyendo, sin prisa pero sin pausa, el sistema estatutario catalán.

Lo ha hecho con una convicción detectable en los fundamentalistas, es decir, desconociendo procazmente las funciones institucionales y de integración que comportan su cargo. Ha sido la larga mano del separatismo para urdir el plan parlamentario cuya ejecución hemos contemplado con cierta perplejidad por su atrevimiento autoritario, y la pieza esencial, imprescindible, para, con un comportamiento históricamente arbitrario, desmantelar la institucionalización catalana. No se le puede arrendar la ganancia. La historia –ya lo es el presente- no le será favorable porque su comportamiento parlamentario ha sido paradigmáticamente despótico.

Pero el sectarismo de Carme Forcadell –sobre la que recaen responsabilidades políticas y posiblemente penales de gravedad- no habría destacado si once catalanes justos no hubiesen alzado su voz y la hubiesen dejado en evidencia. Once catalanes que no forman parte del Gobierno de España, ni del Tribunal Constitucional, ni de ningún otro organismo del Estado. Se trata de once ciudadanos que podían haber callado –“a veces el silencio es la peor mentira”, escribió Unamuno- y sin embargo hablaron el 6-S. En un ambiente hegemonizado por el nacionalismo independentista la discrepancia es disidencia y la ortodoxia impone la adhesión idolátrica a los valores de la nación de tal manera que no asumirlos, convencida o resignadamente, implica un acto lindante con la traición.

A Xavier Muro i Bas, secretario general del Parlamento de Cataluña, no le disuadió el hecho de que la propia Carme Forcadell le designase para ese puesto en octubre de 2016. Se negó a firmar los documentos relacionados con las leyes inconstitucionales y, conjuntamente con Antoni Bayona i Rocamora, letrado mayor de la Cámara, hizo llegar por escrito su criterio terminante sobre la arbitrariedad jurídica que iba a perpetrar el legislativo autonómico. Bayona, un experto jurista y no precisamente adscrito al denostado ámbito del “unionismo”, ya había advertido en julio de la inviabilidad jurídica y la tosquedad política del propósito secesionista en la 'Revista Catalana de Dret Pùblico'. Muro y Bayona, los máximos funcionarios del Parlamento, rebatieron con honradez intelectual las decisiones a la presidenta del Parlamento.

Nueve ciudadanos de Cataluña, integrantes del Consejo de Garantías Estatutarias, emitieron dos comunicaciones asegurando que a ese organismo estatutario (artículos 76 y 77 del Estatuto) le correspondía emitir un dictamen previo, preceptivo y no vinculante, sobre la adecuación constitucional y estatutaria de las leyes de referéndum y de transitoriedad. El Estatuto de Cataluña encomienda a este Consejo dicho dictamen respecto de todos los proyectos de ley, proposiciones de ley y decretos-leyes ante de su convalidación.

El Estatuto catalán –como todos- es también una ley orgánica y sus mandatos son cualificados. Por otra parte, los nueve miembros del Consejo de Garantías Estatutarias –cuya denuncia del arbitrismo jurídico de los independentistas es de decisiva importancia- han sido nombrados por el presidente de la Generalitat, dos tercios a propuesta del Parlamento y un tercio a propuesta del Gobierno. Los nueve pudieron callar o retrasar su criterio, pero lo emitieron con rapidez. Como acaba de contar el catedrático Francesc de Carreras –en su momento también miembro de este Consejo- su creación respondió a la prevención de evitar sublevaciones como la de 1934 porque su misión es determinar la adecuación a las normas del legislativo a la Constitución y al Estatuto. Carme Forcadell neutralizó el miércoles sin facultad alguna para hacerlo la vigencia del Consejo de Garantías Estatutarias.

Los nueve miembros del Consejo son los siguientes: Joan Egea i Fernández (presidente), Pere Jover i Presa (vicepresidente), Marc Carrillo (consejero), Jaume Vemet i Llobet (consejero), Alex Bas i Vilafranca (consejero), Francesc Paula i Badia (consejero), Carles Jaume i Fernandez (consejero) y Margarida Gil i Domènech (consejera). Han sido elegidos entre “juristas de reconocida competencia” y todos ellos han asumido su compromiso estatutario representando –con Muro y Bayona- un bastión de la legalidad catalana auténtica que Carmen Forcadell ha desoído pero no ha podido callar. Insisto: la historia será severa con la sedicente presidenta y reconocerá el valor ético y político de los que pudiendo mantenerse en silencio, hablaron.

Lo proporcional es la risa
Javier Somalo  Libertad Digital 9 Septiembre 2017

"Ha muerto la democracia" en Cataluña, dijo la vicepresidenta del Gobierno en una rueda de prensa que fue más bien retransmisión simultánea del golpe de Barcelona. Pero la grandilocuencia oficial no fue acompañada de un escarmiento a la altura. Se quedó en quejoso obituario y en dejar la pelota del Ejecutivo en el tejado del Constitucional. Tras el enojado lamento trufado de adjetivos imposibles –"es una vergüenza democrática"–, el Gobierno cedió la palabra sólo a dos medios de comunicación: La Vanguardia y TV3. Un día histórico.

La clave de todo está en la fe y la proporcionalidad. Lo primero supone creer en Mariano Rajoy, que hará "todo lo que sea necesario". Creer sin palpar, sin preguntar qué y obviando la vieja discusión sobre la omnipotencia, atributo de Dios, que puede lo bueno y puede lo malo.

Pero más allá de la ciega confianza hay que pensar en la proporcionalidad, cuestión que parece preocupar mucho desde aquella portada de El País tras el 11 de septiembre, el de Nueva York. ¿El mundo en vilo a la espera de las represalias de Rajoy? No, eso nunca más. La respuesta ha de ser proporcional y si "ha muerto la democracia" lo propio es elevar escritos y dejar que una sesión parlamentaria se convierta en un golpe –calificado así ya de forma oficial por el Gobierno de España– para que el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional lo estudien. Hacer otra cosa supondría arrancar los tanques porque el artículo de la Constitución que nos protege de tales agresiones es innombrable y se colocó en la Ley de Leyes para contentar a los franquistas presentes, tardíos y por venir.

Muy poco después de "las 48 horas más negras de la democracia" (Martínez Maíllo) protagonizadas por "los carceleros de la democracia" (Cospedal), que acabaron matándola (Sáenz de Santamaría), lo que sucede en Las Vegas, en Las Vegas se queda y nuestros políticos nos regalan una escena de amigable charla, bromas y risas entre el líder de los secesionistas, Carles Puigdemont, y las airadas diputadas del PP de Cataluña Andrea Levi y Alicia Sánchez Camacho. El presidente de la Generalidad sirve un café de máquina completo –con azúcar y palito– a la condesa de la Camarga y el convite sirve para reírse de aquel "café para todos" de la Transición que, desde entonces, nadie ha querido afrontar con la seriedad necesaria. Y jajaja. Oye, que lo del golpe no quita para que sigamos siendo colegas –parecen decirse– ya se crisparán el resto del día los españolitos… nosotros, sólo en horario de oficina. Y otra vez jajaja y palmaditas de incontinencia ante el ocurrente chistecito del café.

El lunes seguiremos coleccionando adjetivos mal compuestos, alegorías ferroviarias, apuntes en el BOE y viviendo graves momentos, que no inéditos, de la historia de España.

Es la proporción: un clavel en el cañón o unas risas con Puigdemont.

ARTÍCULO EN LA RAZÓN
Alfonso Ussía hace picadillo a la "albóngida burra" podemita que retiró una bandera española
"No toleramos que la bandera sea despreciada, vejada, humillada y pisoteada por nadie. Ni por un energúmeno, ni por una albóndiga inculta y reconcorosa"
Manuel Trujillo Periodista Digital 9 Septiembre 2017

Extrañaba que el siempre patriota de Alfonso Ussía no hiciera referencia a la mamarracha y facinerosa podemita de Ángels Martínez, esa diputada del Parlamento catalán que no tuvo mejor ocurrencia que quitar de la bancada constitucionalista una bandera española durante el pleno del 6 de septiembre de 2017.

Este 9 de septiembre de 2017, el columnista de La Razón sacude a base de bien a la avinagrada parlamentaria a la que tacha de "rencorosa, inculta, burra y albóndiga".

El texto de la contraportada arranca así:
En la apoteosis del caos que se había adueñado del gamberro Parlamento de Cataluña, los representantes del PP, PSC y Ciudadanos abandonaron el recinto. Los del PP desplegaron sobre sus escaños banderas de España y Señeras limpias, sin triángulos ni estrellas castristas. Entonces apareció la afanosa albóndiga. Ascendió con notorio esfuerzo por las escaleras y retiró de los escaños que no representan a su partido estalinista -Podemos-, las banderas de España. Se tomó muchas confianzas la presumible mujer. Hasta Pablo Iglesias, que ha reconocido su aversión y asco hacia la Bandera de todos, recomendó a la albóndiga de su partido que se disculpara por su acción. Pero ella rechazó la recomendación con una lección histórica: «He retirado las banderas de España porque fueron impuestas por las armas. Y he dejado las catalanas en su sitio». Es decir, que retiró la consecuencia y mantuvo el origen.

Añade que:
También recordó a la bandera republicana, con ese morado que sus creadores confundieron con el carmesí de Castilla, que es el color que impera -por poner un ejemplo de sencillo entendimiento y fácil comprobación-, en el guión del Rey Felipe VI. Esa bandera efímera y causante de tantos desencuentros fue un invento desagradable de la Segunda República, porque la primera se limitó a cambiar la Corona Real por la Mural del escudo, manteniendo los colores históricos. Pero la albóndiga es bastante burra o ha leído poco.

Le recuerda a esta "albóndiga" la historia de la enseña española:
La Bandera de España fue diseñada por Carlos III para su Armada en 1785. Previamente, se usaba la bandera blanca con la Cruz de Borgoña aspeada. Los ingleses lucían en sus barcos el pabellón blanco con la cruz roja completa, formando cuahacia tro cuarteles. Y los franceses la blanca con las flores de lis azules. Para evitar confusiones en la mar con vientos calmos, Carlos III, inspirándose en los colores de la Señera del Reino de Aragón, que era la misma Señera del Principado de Cataluña, el Condado de Barcelona y el Señorío de Balaguer -títulos que corresponden a los Reyes de España-, encomendó a don Antonio Valdés la composición del nuevo pabellón de la Armada. Y en 1785, los buques de guerra españoles la adoptaron como suya, y en 1786, los barcos de España que navegaban en el Atlántico, el Caribe y el Pacífico de nuestras Américas, los mares del sur y el índico de Filipinas. Pocos años más tarde, se estableció como Bandera Nacional, sin necesidad de imponerla por las armas. Originada en la Señera del Reino de Aragón, nuestra Bandera ha cumplido 232 años de vida y vigencia, mientras que la otra, la que la albóndiga dice amar y respetar, fue trapo resentido durante 8 años, y sólo - durante la Guerra-, representó a una parte de España en los tres de la confrontación. En la España republicana, a partir de 1934, año en el que se produjo el Golpe de Estado contra la República por el Frente Popular, la bandera que se respetaba y prevalecía sobre el resto fue la roja con la hoz y el martillo de la Unión Soviética.

Y comienza el festival de palos a la zote podemita:
La asnal grosería de la presumible mujer de Podemos se puede curar con una tarde dedicada a la lectura. Simultáneamente, la agresora de iglesias católicas Rita Maestre, la pija superpija del Ayuntamiento de Madrid, ha manifestado que la Jura de la Bandera equivale a retroceder la España rancia y retrógrada. Desear la muerte a los católicos como en 1936, es una muestra, al contrario, de modernismo y progresía.

La Jura de Bandera no es un acto simbólico, aunque el símbolo fundamental sea el protagonista. Se jura o se promete lealtad, fidelidad y pleno compromiso de defender la Bandera al precio de la misma muerte. Los hay que han jurado su lealtad a la Bandera como un mero trámite. Pero la mayoría de los que la hemos besado, en nuestro Servicio Militar o en los actos de Jura para civiles, lo hicimos a conciencia. No juramos lealtad al escudo, sino a la Bandera. No existe la Jura de Escudo. Y no toleramos que sea despreciada, vejada, humillada y pisoteada por nadie. Ni por un energúmeno, ni por una albóndiga inculta y reconcorosa.

Y concluye:
En momentos de tribulación, nuestra Bandera nos protege porque se sabe protegida por quienes juramos defenderla. Su origen es la Señera. Y a cuento viene recordar las palabras de uno de los grandes héroes de nuestra Historia, el vasco pasaitarra don Blas de Lezo Olavarrieta, el medio hombre, el vencedor ante la imponente escuadra al mando del Almirante Vernon en Cartagena de Indias, el tuerto, manco y cojo que combatió en el sitio de Barcelona por su Rey Felipe V contra los partidarios del Archiduque Carlos en la guerra de Sucesión, guerra monárquica y española. Dijo don Blas: "Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden".

También le conviene a la albóndiga asnal leer un poco de aquella guerra, de Felipe V, del duque de Berwick, del Archiduque Carlos , y de aquel gran monárquico español que fue el abogado catalán Rafael Casanova. Cuidadito con nuestra Bandera, burra Martínez.

El mito de la ley / El mito de Al Ándalus
Pío Moa Gaceta.es 9 Septiembre 2017

** Este sábado, a las 21,30, en Radio Inter (Onda Media 918), trataremos de la política de Stalin en la Guerra de España.: “Una hora con la Historia”

**Una hora con la Historia requiere la colaboración activa de sus oyentes, tanto para difundir el programa, dada nuestra incapacidad actual de hacer publicidad algo amplia, como para sostenerse y en lo posible ampliarse económicamente. Por ahora no llegamos a poder atender nuestras necesidades mínimas (3.000 euros al mes),aunque nos aproximamos poco a poco. Es preciso que más oyentes aporten mensualmente una cantidad, que actualmente varía entre 5 y 200 euros. La cuenta para las colaboraciones en esta imprescindible batalla cultural, es:
BBVA: ES09 0182 1364 3302 0154 3346

Ante la invasión islámica oímos protestas exigiendo que los musulmanes se integren en nuestra cultura y nuestros valores (sean esos lo que fueren); otros claman que exigir tal cosa es antidemocrático, que ellos pueden, incluso deben, conservar sus formas culturales –el multiculturalismo se ha convertido en dogma–, y solo se les debe exigir que cumplan nuestras leyes, cosa al parecer razonable y fácil. Como si esas leyes no fueran precisamente un producto cultural elaboradísimo a lo largo de siglos en Europa y no en el islam.

Las religiones clásicas ponen la moral más allá del ser humano, como “unas leyes de los dioses, eternas e inmutables”, en palabras de Antígona; leyes por encima de las humanas, y que en el cristianismo se expresan en la “ley natural”, impresa por Dios en la conciencia de las personas. Las leyes de los dioses deben inspirar las de los hombres, pero estas a menudo las contradicen, con resultados trágicos. Las religiones de la razón o ideologías, en cambio, hacen al hombre autónomo o independiente de los dioses, a quienes en realidad no reconocen. Por consiguiente las leyes humanas sustituyen a las divinas y se convierten en norma de la moral.

Privadas de ese carácter exterior al hombre, las leyes políticas se vuelven cambiantes, inestables y arbitrarias, por lo que deben encontrar un punto de apoyo que permita darles valor general. Ese apoyo es lo que se ha llamado “voluntad general” o “voluntad del pueblo”. Una voluntad que en realidad no existe ni puede existir, ya que en el pueblo hay muchos intereses, sentimientos y voluntades distintos y contrapuestos. La ley, por tanto, refleja la voluntad o el interés de una parte del pueblo. Para darle legitimidad, se recurre a las mayorías expresadas en elecciones. Pero es muy difícil establecer cuál es esa mayoría, fácilmente distorsionable por los mecanismos electorales, aparte de que las mayorías absolutas explícitas rara vez ocurren.

Siendo así, las minorías o sectores menos representados o nada representados, no tienen por qué aceptar unas leyes que pueden considerar lesivas o inapropiadas. Si lo hacen en democracia es por la esperanza de ganar en otras votaciones, lo que puede no ocurrir en plazo muy largo, generando una frustración social permanente.

Importa ver una raíz de estas ideas: el mito del “estado de naturaleza”, para salir del cual se instauran las leyes y por tanto el poder. De ese mito pueden deducirse consecuencias totalitarias (Hobbes) o liberales (Locke), pero es un mito, o más propiamente un seudomito. Ese estado de naturaleza nunca existió. Por el contrario, como recordaban Pemán y Pemartín, el hombre es sociable desde el principio, lo que implica unas leyes impresas en su naturaleza y no creadas por él. Esta concepción tiene sus propias dificultades, pero no entraré ahora en ellas.

Y apliquemos la concepción demoliberal a los musulmanes: supongamos que, como muchos temen, llegan a ser mayoría en algún país europeo, o en zonas importantes de él. Si ello se produce pueden imponer sus propias leyes por el procedimiento democrático. Para ello tampoco precisan siquiera ser mayoría, puesto que, como sabemos, las mayorías son casi siempre ficticias. Además, observamos cómo ya muchos no musulmanes aceptan e incluso estimulan un proceso de islamización de las sociedades mediante la inmigración masiva o leyes que imponen formas de conducta antes consideradas incompatibles con nuestra cultura.
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En la historiografía suele aplicarse a la Reconquista y al pasado hispanogodo una especie de materialismo no dialéctico, más bien ramplón, que se transforma en idealismo acrítico y realmente desmadrado al tratar a Al Ándalus. Esa actitud se ha impuesto con gran fuerza también en ámbitos académicos y políticos extranjeros, muy en relación con las ideologías LGTBI, el multiculturalismo y una supuesta tolerancia. Al Ándalus se presenta así como un modelo para las sociedades que se pretende implantar en Occidente. Así lo expresan por ejemplo, unos profesores del Whitney Humanities Center de la universidad de Yale en un ensayo titulado “Cultura en el tiempo de la tolerancia: Al Ándalus como modelo para nuestro tiempo”, destacando el “Bienestar extraordinariamente vigoroso de esa cultura: pluralismo étnico, tolerancia religiosa y una variedad de formas importantes de lo que podríamos llamar secularización cultural –poesía y filosofía secular—que no podían entender quienes los perseguían, a-islámicos o antiislámicos”.

No es un caso aislado en absoluto. Otros intelectuales, uno profesor de historia de la universidad de Nueva York y otro ganador de dos premios Pulitzer, “informan”: “(En la Edad Media emergieron) dos Europas –una (la musulmana) segura de sus defensas, tolerante en religión, y en trance de madurar en perfeccionamientos culturales y científicos; la otra (la cristiana), un escenario de guerra incesante en la que la superstición pasaba por religión y la llama del conocimiento apenas chisporroteaba”. Incluso Tony Blair se permitía escribir que las normas de tolerancia “se encontraban mucho más entre los muslimes que entre los cristianos”. Otro profesor de filosofía de la universidad de Princeton tampoco se paraba en barras en un ensayo titulado Cómo los musulmanes hicieron Europa: “El espíritu de tolerancia creado por los árabes (en Al Ándalus) sobrevivió a su salida (en el siglo XI), de modo que fueron precisos cuatro siglos para imponer la intolerancia religiosa de la Inquisición española”. Con ello mataban dos pájaros de un tiro: denigraban al máximo a España y presentaban a Al Ándalus como una suma de perfecciones… desde la óptica de ciertas ideologías que han heredado la facilidad marxista para falsificar la historia.

En España, expresiones tan crudas son menos frecuentes, porque resultan demasiado chocantes, pero la tónica es en el fondo la misma. En monumentos, museos, etc., se exalta la impronta musulmana y se exhibe con indiferencia o se denigra la cristiana. Los políticos islamófilos, comúnmente incultos y corrompidos –realidad tan constatable como deplorable— acosan la herencia cristiana so pretexto de “laicismo”, como en la catedral de Córdoba, y no persiguen las crecientes agresiones contra iglesias y personas católicas mientras ostentan preocupación por lo que llaman islamofobia; y favorecen la inmigración de unos musulmanes que no han olvidado a Al Ándalus. Cualquier reivindicación del pasado histórico real de España es desacreditada como “fascista” o “facha”.

El sector educativo denuncia «malversación de fondos» en los libros de texto
Padres, profesores, sindicatos y partidos acusan al Gobierno de «no hacer nada»
Paloma Cervilla Madrid ABC 9 Septiembre 2017

La denuncia pública de los editores de libros sobre las presiones que reciben del poder político en la elaboración de los libros de texto, llegando a redactar hasta25 versiones de un mismo volumen, ha puesto en pie de guerra al sector. Profesores, padres, sindicatos y grupos políticos, coinciden, aunque con diferentes matices, en el «despropósito total» que supone esta situación. Incluso van más allá y acusan a las distintas administraciones de «malversación de fondos públicos».

Uno de los representantes del sector más crítico es el presidente de la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Alumnos), Pedro Caballero, al asegurar a ABC que «si esta denuncia llega a confirmarse estamos pensando que es un mal uso de los recursos públicos». Este colectivo advierte de que «vamos a denunciar que puede rozar la malversación de fondos públicos». A su juicio, están «vendidos al político de turno» y reconoce sentir «incertidumbre y desasosiego».

Desde el profesorado, el presidente de ANPE (Sindicato Independiente de Profesores), Nicolás Fernández Guisado, recuerda que su organización lleva denunciando esta situación desde hace muchos años y que «no se hace nada» desde el Ministerio de Educación. «Estamos privando a muchos alumnos del conocimiento del patrimonio común –dice–. Es una manipulación del alumnado y una cuestión grave a la que hay que dar respuesta desde una delimitación clara de los contenidos comunes. No se puede sustituir el estudio de la Constitución por el de los estatutos de autonomía».

«Visión sesgada y sectaria»
Fernández Guisado critica, además, que hay una «dejación de los poderes públicos» y que «nadie vigila ni supervisa el tratamiento de los libros de texto». Por ello, califica de «grotesca» la visión «sesgada y sectaria» que se ofrece de la realidad de España.

Por su parte, el presidente de la CSIF -Educación (Confederación Sindical Independiente de Funcionarios), Mario Gutierrez, achaca el problema a una «mala regulación» del sistema educativo por parte del Gobierno. En este sentido, subraya que «tiene que haber contenidos más claros y los currículos comunes tienen que ser mejores y más definidos».

El presidente del sindicato catalán AMES, Antonio Jimeno, que realizó el primer informe sobre el «adoctrinamiento ideológico en los libros de texto en Cataluña», afirma que «esto es el negocio del nacionalismo. Cada autonomía quiere que se hable de lo suyo y las editoriales, o pasan por el aro o no venden un libro».

Ciudadanos saca pecho afirmando que «fuimos nosotros los que denunciamos la manipulación de los libros» y el «desastre por la falta de control. Hemos pedido el informe que el Gobierno dijo que iba a hacer y no me han contestado», dice la portavoz de Educación, Marta Martín.

El Ministerio de Educación se defiende afirmando que su responsabilidad solo es «comprobar y revisar que el contenido de los libros de texto se ajusta al currículo del Real Decreto, el resto es competencia de las Comunidades».


******************* Sección "bilingüe" ***********************
El lío y la pachorra
No entiendo la tesis de que el «prusés» ha quedado desacreditado ante el mundo por la chabacanería de su comportamiento formal. Yo creía que lo que de verdad le desacreditaba era su propósito de actuar al margen de la ley
LUIS HERRERO ABC 9 Septiembre 2017

Sí, es verdad: lo que ha pasado estos días en el Parlament de Cataluña pasará a la historia como la crónica bufa de una patraña perpetrada por bucaneros de tierra firme. ¿Y qué? Un empujón no debería escandalizarnos más que un atropello. Que un verdugo lleve a empellones hasta el cadalso a un reo injustamente condenado no es más grave que el hachazo que le provoca la muerte. ¿O acaso los golpistas catalanes se hubieran convertido en demócratas por el mero hecho de cuidar la liturgia formal de su fechoría? Puigdemont y su banda han consumado la amenaza de evacuar el vientre sobre la Constitución. Todo lo demás es lo de menos. ¿O de verdad nos repugna más la boñiga del Parlament que el hecho de que la Carta Magna se haya convertido en una letrina?

No entiendo la tesis de que el dichoso «prusés» ha quedado desacreditado ante el mundo por la chabacanería de su comportamiento formal. Yo creía que lo que de verdad le desacreditaba era su propósito de actuar al margen de la ley. No hay democracia sin respeto a la ley, dijo Rajoy el jueves. Y tiene razón. Bueno, pues el independentismo lleva años sin respetarla. Ahí están las reiteradas advertencias del TC y las actuaciones de los tribunales de justicia que lo demuestran. De ese hecho sólo cabe concluir que la democracia no murió en Cataluña el miércoles pasado, como declaró enfáticamente Soraya Sáenz de Santamaría tras contemplar, horrorizada, las grotescas escaramuzas de Carmen Forcadell para sacar adelante las leyes sediciosas. Había muerto mucho antes.

Murió cuando el Estado desistió de defenderla: al permitir el adoctrinamiento sistemático en lo antiespañol, el incumplimiento de la sentencias judiciales, la inmersión lingüística obligatoria, la exigencia de rotular los negocios en catalán, la ocultación de los símbolos constitucionales y, desde luego, la conspiración golpista a plena luz del día. Esa fue la puñalada de gracia. El argumento para justificar tanta inacción siempre ha sido el mismo: había que evitar que al calor del victimismo la causa independentista se poblara de adeptos. Sin ese combustible, según sus cálculos, el convoy del «prusés» no tendría suficiente potencia para consumar el desafío. Pero sus cálculos, una vez más, han sido calamitosos. Rajoy tiene como pitoniso el mismo porvenir que como trapecista. Ni la previsión ni la intrepidez son, desde luego, sus mejores virtudes.

¿Y ahora quién le pone el cascabel al gato? Al Gobierno le hubiera gustado que los magistrados del TC hubieran asumido la responsabilidad de suspender en sus funciones a Forcadell, a los miembros de la Mesa que hicieron posible la tramitación de las leyes sediciosas y a los miembros del Gobierno catalán que firmaron, con nocturnidad y alevosía, la convocatoria del referéndum. Hubo presiones en ese sentido hasta el miércoles por la noche. Pero los togados del TC se negaron en redondo a sacarle a Rajoy las castañas del fuego y se limitaron a suspender los acuerdos del Parlament y a advertir a 948 alcaldes y a 62 cargos de la Generalitat que no pueden participar en la organización del referéndum del 1 de octubre. El mensaje es muy claro: si Rajoy quiere quitar de en medio a los responsables políticos del golpe de Estado tendrá que ser él quien de la orden. Nadie se manchará las manos en su lugar.

¿Pero lo hará? Ni le apetece hacerlo ni tampoco Sánchez y Rivera le animan a que lo haga. Frente a la unidad beligerante de los golpistas, lo que sobreabunda en las filas de los defensores de la Constitución es la pachorra asilvestrada. Rajoy odia los líos, Sánchez no quiere pasarse de frenada para no enemistarse con gente a la que va a necesitar en un futuro cercano y Rivera parece más empeñado en convertir a Inés Arrimadas en la novia del bautizo, a través de una moción de censura disparatada, que a Puigdemont en el muerto del entierro. Si la respuesta proporcional a lo que ha pasado estos días en Cataluña tiene que salir de la acción conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos, pincho de tortilla y caña a que la montaña parirá un ratón y los independentistas se lo comerán con patatas.

A un golpe de Estado no se le hace frente con decisiones de un tribunal sino con tanques y tropas en la calle...
Josele Sánchez latribunadelpaisvasco 9 Septiembre 2017

Faltaban diez minutos para la una de la madrugada cuando el Parlament de Cataluña, aprobaba (desafiando la prohibición del Tribunal Constitucional) la “Ley de transitoriedad jurídica y funcional de la república Catalana” gracias a los votos de JxSí y sus socios “kaleborrekeros” de la CUP, 71 votos en total frente a los 10 votos en contra de SíQueEsPot, la filial catalana de Podemos. Ciudadanos, PSC y PP no emitieron voto alguno al haber decidido, ante la arbitrariedad y la ilegalidad que se estaba produciendo, abandonar el hemiciclo y no ser partícipes de una villanía institucional que sitúa a Cataluña al borde del precipicio y a España a sólo dos pasos de su desaparición tal y como la nación que ha sido durante cientos de años.

A los independentistas no les detiene nada ni nadie. No importa que la tramitación de la Ley no estuviera en el Orden del Día, ni mucho menos lo que pueda decir un Tribunal Constituciona, al que denominan “tribunal anticatalán”, lo mismo que a España, a la que tildan de “estado opresor”.

La ley aprobada, popular y cínicamente conocida como la “Ley de Desconexión” pretende que Cataluña se convierta en “una república de derecho, democrática y social” y por la que Puigdemont, dejaría de presidir la Generalidad para convertirse en el primer presidente de la República catalana y jefe del Estado.

Mientras el gobierno de España recurre a argumentos legales que ya no parecen impresionar a nadie, los independentistas no dejan nada a la improvisación e incluso preparan el control de aduanas, espacio aéreo y la expulsión del ejército de España para después decidir, a través de una Asamblea Constituyente, sin crean un ejército propio o si deciden convertirse en un estado sin ejército.

¿De verdad conciben ustedes a nuestros aviones (civiles o militares) solicitando a la torre de control de El Prat permiso para entrar en su espacio aéreo? ¿Son capaces de imaginar a nuestros soldados saliendo desarmados, humillados y vencidos de las tierras españolas de Cataluña?

El texto independentista ha previsto, incluso, que los funcionarios del Estado que lleven un año en Cataluña, puedan incorporarse al cuerpo funcionarial de la nueva república y concederles –como muestra de generosidad- la doble nacionalidad ,siempre y cuando estén empadronados en Cataluña desde antes de diciembre de 2016.

Tanto la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas, como el secretario general del PSC Miquel Iceta y el dirigente del Partido Popular Xavier García Albiol, han denunciado la nula calidad democrática del procedimiento llevado a cabo por la presidenta del Parlament y el atropello a la democracia de esta decisión del ejecutivo catalán.

Da igual. Nada detiene a los secesionistas, ni siquiera los informes desfavorables de sus propios letrados, que advertían a la señora Forcadell de la ilegalidad de la votación: Xavier Muro, secretario general de la Cámara y Antoni Bayona, letrado mayor, registraban el pasado miércoles un escrito dirigido a la Mesa del Parlament en el que detallaban jurídicamente todas las arbitrariedades de la Ley que se proponía someter a votación.

El independentismo, mucho mejor preparado estratégicamente que el ejecutivo español, tiene muy medidos sus pasos y su desacato a cualquier orden legal procedente de un estado al que ya no reconocen no va a impedir la ruptura con España y la creación de la República catalana.

¿Por qué no se aplica ya el artículo 155?
En la mañana de ayer, el dirigente del Partido Popular Javier Maroto, manifestaba, tremendamente ufano, en Antena 3, que las “sanciones económicas serían decisivas para paralizar el proceso independentista porque –según sus palabras- cuando les tocas el bolsillo se asustan. ¿Se puede ser más irresponsable o más estúpido o ambas cosas al mismo tiempo? ¿Alguien más en la ejecutiva de la calle Génova cree que esto se soluciona con multas?

El propio Mariano Rajoy ha tildado la actuación del Parlament como “golpe de Estado contra la democracia”. ¿Pretende el presidente hacer frente a un golpe de estado con decisiones de un tribunal? ¿Existe algún lugar en el mundo en el que las togas hayan suficientes para detener un golpe de estado?

Basta ya de un buenismo que queda muy bien para los contertulios radiofónicos y televisivos, en absurdos debates de una altura intelectual preuniversitaria pero, cuando lo que nos estamos jugando es la permanencia de España como nación, no caben las sandeces.

A un golpe de Estado no se le hace frente con decisiones de un tribunal sino con tanques y tropas en la calle por muy belicista que parezca este argumento: por muy belicista y muy facha que parezca…

Tan facha tan facha que es exactamente lo que hizo el presidente Lerroux en 1934 (II República para los que proceden de la LOGSE) cuando Lluís Companys proclamó el Estat Catalá. Y sí, hizo falta utilizar la violencia y se utilizó la violencia. Y sí, hubieron hasta muertos, cuarenta y seis muertos en total; y hubieron más de tres mil detenidos y hasta condenados a muerte. Y se suspendieron los partidos políticos, se destituyeron alcaldes y concejales, se envió a prisión a todo el ejecutivo de la Generalitat, se suspendió la autonomía y el Estado se hizo cargo de todas las competencias.

Esto es historia, esta es la historia de España que ya no se estudia en los colegios, la historia más reciente, la historia, gracias a la cual, hemos llegado hasta del día de hoy siendo la nación española que hemos conocido y que algunos querríamos seguir conociendo.

Mientras tanto, algunos directores de periódico lo único que parece importarles es en qué liga jugará el Barça.

Pero también hay otros que amamos profundamente y sin complejos a nuestra patria y que exigimos de nuestro gobierno cobarde la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución porque, a lo mejor el próximo lunes, ya es demasiado tarde.

Visca Madrid!
Jesús Laínz  Libertad Digital 9 Septiembre 2017

En la vida de toda nación hay momentos y lugares cruciales que marcan un antes y un después y que acaban adquiriendo la categoría de mitos no sólo para la generación que los vivió, sino también para las venideras.

El gran acto fundacional del siglo XIX español, con el que España abrió cruentamente las puertas de la Edad Contemporánea, fue la guerra contra el invasor napoleónico. Y aquella guerra tuvo un momento y un lugar cruciales –inmortalizados por el gran pintor de aquellos días–, que tuvieron enormes consecuencias políticas y bélicas, que fueron glosados durante generaciones por numerosos artistas y literatos y que siguen siendo recordados –aunque a duras penas y como efeméride ya no nacional, sino local– dos siglos después. Aquel momento y aquel lugar fueron, naturalmente, el 2 de Mayo y Madrid.

De su importancia para los coetáneos dio testimonio el egregio escritor y político barcelonés Antonio Capmany en la sesión gaditana del 2 de mayo de 1811, durante la que se discutió la elevación de dicho día a la categoría de fiesta nacional. Capmany presentó la siguiente proposición:

A tan heroico y patriótico pensamiento, quisiera yo que se añadiese que el día 2 de mayo se señalase en el calendario como el de la conmemoración de los difuntos y el primero de nuestra libertad, enlazando así las dos ideas, religiosa y patriótica.

Un año más tarde, el 4 de septiembre de 1812, el diputado catalán pronunció un virulento discurso contra los españoles partidarios de José Bonaparte en el que subrayó la importancia de Madrid como símbolo para todos los patriotas:

Mi enfermedad no es física, es moral, es enfermedad de amor, de amor de la Patria; dolencia que no la curan ni médicos ni medicinas (...) Necesito, para dilatar y refrescar mi corazón, besar las piedras de Madrid rescatado, suelo santo, que transforma a cuantos le habitan en criaturas de acerado temple (...) Todos los que han padecido constantes los trabajos que ha descargado sobre ellos la inhumanidad de los franceses deben llamarse propiamente héroes, porque la virtud característica del heroísmo es la fortaleza: ésta será para siempre la virtud y la divisa del pueblo español, y por excelencia del de Madrid, en donde se encendió el primer fuego de la libertad y se ha guardado hasta hoy inextinguible, aunque escondido a los ojos infieles.

No fue el único catalán decimonónico en rendir homenaje al 2 de Mayo madrileño, pues muchos paisanos suyos le dedicaron sus versos. Éste fue el caso, por ejemplo, del diputado progresista barcelonés Antonio Ribot y Fontseré al recordar que aquellos hechos fueron el comienzo de la caída del imperio napoleónico:

¡Madrid! ¡Madrid! Tu brusca sacudida para salir de infame cautiverio
al águila imperial abrió una herida por do se desangró todo el Imperio.

¡Gloria a ti, villa heroica!, la primera tú fuiste en sacudir el torpe yugo;
tú llevaste del libre la bandera, tú convertiste en víctima al verdugo.

Hermoso fue tu Mayo: fue la aurora de un apagado sol que ya no brilla;
siguió España tu huella triunfadora, siguió Europa la estela de tu quilla.

Que al ver la tiranía ensangrentada, la rompiste cual ídolo de yeso;
de las glorias de Mayo coronada, marchaste a la cabeza del progreso.

Cien pueblos a tu pueblo se juntaron; cien naciones y cien te sucedieron,
y en Waterloo las luces que brillaron un reverbero de tu Mayo fueron.

¡Gloria a ti, pues! Tú fuiste la primera que sacudiste el extranjero yugo;
tú llevaste del libre la bandera, tú convertiste en víctima al verdugo.

El vigitano Francisco Camprodón, por su parte, escribió un soneto titulado "El Dos de Mayo", en cuyos tercetos recordó el papel fundacional del acontecimiento madrileño:

Mientras Francia sus huestes amontona,
creyendo, ilusa, producir desmayo,
viste España su casco de amazona;

y en lid sangrienta, más veloz que el rayo,
el Bruch, Bailén y la inmortal Gerona
responden al cartel del Dos de Mayo.

Abandonemos ahora 1808 y avancemos hasta pocos años después de la conclusión de la Guerra de la Independencia. Pues una de las sublevaciones sufridas durante el agitado trienio liberal fue la protagonizada por la Guardia Real el 7 de julio de 1822 para derrocar al Gobierno constitucional y devolver a Fernando VII el poder absoluto. Los batallones de la Guardia tuvieron que enfrentarse en Madrid a una milicias nacionales que, dirigidas por el general Ballesteros, lograron vencerlos y evitar así la caída del Gobierno liberal. Pero las consecuencias de esta victoria duraron muy poco, ya que algunos meses después el rey felón y sus partidarios consiguieron la ayuda de los Cien Mil Hijos de San Luis, enviados por la Francia de Luis XVIII para restaurar el absolutismo en España.

El 27 de julio la Diputación provincial de Barcelona se dirigió a sus paisanos para celebrar la victoria sobre los absolutistas y homenajear a los que llamó "héroes de Madrid" con palabras que quizá convenga recordar en nuestros amnésicos días:

La denominada junta suprema gubernativa del reino, compuesta de la más vil canalla, que desde Francia ha encendido y está avivando el fuego de la guerra civil entre nosotros, ha prometido entregar a la misma Francia, en premio de los servicios que ésta le presta y que vosotros no ignoráis, Cataluña, Aragón y Navarra hasta el Ebro. A fin de poder ellos gobernar despóticamente en el resto de España, os han vendido a los franceses. La Diputación os lo asegura; no tengáis la menor duda sobre tan infame traición; nuestro propio Rey lo insinuó bien claramente en su Real orden del 12 de este mes, en la que después de asegurar que en España, desde el glorioso triunfo conseguido por las armas de la patria en Madrid el día 7 del corriente, sólo quedan en insurrección las cuatro provincias de la antigua Cataluña, dice de éstas que son víctimas y podrán acabar por ser presa de la ambición extranjera. Esto dice nuestro rey. ¡Palabras notables! Debería bastar ellas solas para hacer caer las armas de las manos de cualquiera que tenga sangre catalana. ¡Los catalanes ser franceses! ¡Los catalanes, que para no serlo han sostenido tan crueles guerras y admirado al mundo con su valor y heroísmo! ¡Ilustres defensores de Gerona! ¡Valientes del Bruch! ¡Nobles y leales Manresanos! ¡Catalanes todos! ¿Queréis dejar de ser españoles? ¿Queréis ser franceses? ¡No, no, jamás! Éste es el grito general y aterrador que la Diputación ya hace resonar de un extremo al otro de Cataluña, en todos sus valles y montañas, en todos los pueblos, villas y ciudades. ¡Franceses, no; españoles hasta morir! Sí, catalanes: españoles seremos y españoles constitucionales, a pesar de todas las traiciones, a pesar de todos los esfuerzos de cualquier potencia y del universo entero. La causa nacional ha triunfado para siempre. ¡Gloria a los héroes de Madrid! ¡Constitución o muerte! ¡Libertad o muerte! ¡Independencia española o muerte!

www.jesuslainz.es

La hora de la violencia.
José Carlos Rodríguez www.vozpopuli.com 9 Septiembre 2017

El Gobierno ha celebrado el segundo consejo de ministros esta semana. A su término, ha salido el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, a repetir marianamente la posición del Gobierno: el referéndum no se va a producir, y se impondrá la legalidad frente a los secesionistas. Son las palabras de un oráculo, que anuncian un futuro inexorable, fruto de unas fuerzas que no controla. Mariano ha asumido su papel con tanto ahínco que incluso le ha otorgado parte de sus funciones al Tribunal Constitucional, para que el órgano frene las acciones secesionistas de la Generalitat sin que el Gobierno no tenga que añadir más que un “os lo dijimos”.

Pero ese futuro ya está aquí, desde el 6 de septiembre empieza incluso a ser pasado, y el Gobierno se ve en la obligación de hacer algo. Ya, en una declaración sin precedentes, Méndez de Vigo ha llegado a decir que no descarta aplicar la ley, incluso si se llama artículo 155. ¡Tomar una decisión y aplicar la ley! Extraordinario.

Pero lo más interesante de lo que ha dicho el portavoz del oráculo es que teme que el primero de octubre “pueda haber episodios de violencia”. Vuelve el oráculo para anunciar que podría haber violencia, y ya sabe quiénes la van a ejercer, los extremistas. No entiendo que el gobierno utilice sus dotes de adivinación con este asunto y no con las actuaciones, dentro del ámbito político, que conducen a la secesión de Cataluña. Y no entiendo que haga una declaración sobre un asunto de orden público.

Pero lo más chocante es esto: “La violencia es la negación de la democracia”. El Gobierno, este Gobierno presidido por Mariano Rajoy Brey, no ha dejado de identificar la democracia con el cumplimiento de las leyes. ¿Y cuál es la última ratio de la ley? La violencia. ¿Sobre qué se erige todo el Estado y sus normas? Sobre la violencia. Sin violencia, monopolística pero limitada, organizada pero mal gestionada, como todo lo público, no habría impuestos ni se cumplirían las leyes, ni habría democracia tal como la conocemos. De modo que la violencia no es la negación de la democracia, sino su sostén. En última instancia, para defender la ley hay que ejercer la violencia. Nada extraordinario. Nada imprevisto. Todo contemplado en las leyes. Pero para hacerlo hace falta quitarse la túnica del oráculo.

No hacía falta tener dotes adivinatorias para saber que llegaríamos a este punto. Para entender que la palabra “nacionalidad” es un eufemismo y que los nacionalistas la incluyeron en la Constitución para adoptar el término “nación” en todo su significado. Para comprender que el control, ese sí antidemocrático, de los medios de comunicación más el de las aulas, era para inculcar la idea de que Cataluña es una nación. A ello ha contribuido el Gobierno permitiendo que triunfe el discurso de la división y la exclusión, que desaparezca España como referencia, y que se incumpla la ley si ésta no servía al proyecto secesionista.

Entre los nacionalistas catalanes y los sucesivos gobiernos españoles ha habido un juego en el que los primeros daban pasos hacia adelante, pero nunca atrás. Y los segundos iban cediendo en el bien entendido de que, deslealtad tras deslealtad, los nacionalistas acabarían reposando en una estación de lealtad al resto de España.

Lo previsible era que ocurriese lo que ha ocurrido. Y lo que está por ver es que el Gobierno tome la decisión de echarse la mano al cinto y hacer cumplir la ley.

La violencia en las calles, próxima estación del «procés»
Editorial La Razon 9 Septiembre 2017

Los acontecimientos se precipitan. Y van en contra de los secesionistas. Atrás quedan las imágenes de un Parlamento catalán con la mitad de sus escaños vacíos, o de una presidencia –la de Carmen Forcadell–, más que partidista, frentista contra todos aquellos que no comparten sus ideas.

Como no podía ser de otra manera, las instituciones del Estado han reaccionado al desafío. La Fiscalía Superior de Cataluña presentó dos querellas a propósito del referéndum de independencia previsto para el próximo 1 de octubre: una, contra los miembros de la Mesa del Parlament; la otra, contra el presidente, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los 12 consejeros de su Gobierno por aprobar el decreto de convocatoria. Las querellas les señalan por un delito continuado de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Esta última, como estos arrogados padres de la patria deberían saber, está penada con cárcel. La Fiscalía, en la misma línea, también ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando «una apariencia de cobertura legal» al referéndum de independencia y que impongan fianzas si es necesario a los miembros del Govern para asegurar sus responsabilidades pecuniarias. En su estrategia frentista, Puigdemont pretende llevar su desafío a las calles.

Este es uno de los grandes temores del Gobierno de la Nación: la irresponsabilidad de unos supuestos responsables autonómicos que, ante su incapacidad para sacar adelante sus fantasmagóricas propuestas, pasan la pelota a la calle. O a las alcaldías. Unas instituciones que, en la mayoría de los casos, no tienen especial responsabilidad como espacios electorales por cuanto los colegios o los institutos son los que se encargan de albergar las urnas. Esas mismas urnas y papeletas que el Gobierno de Puigdemont asegura tener dispuestas pese a que se empeñe en jugar al ratón y al gato con las Fuerzas de la Guardia Civil.

Ayer, alcaldes de poblaciones tan significativas como Barcelona, Lérida, Tarragona, Santa Coloma o Mataró ya anunciaron que harán cumplir las leyes y harán oídos sordos al absurdo que plantean los independentistas. Cumplirán con la Constitución. Clave para ello será la conducta de aquellos que deben velar por que se cumplan las resoluciones judiciales: las Fuerzas de Seguridad. En este sentido, el fiscal general del Estado urgió a los fiscales de Cataluña que se reclame a la Guardia Civil, Policía y Mossos las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal. Para ello, deberán intervenir los efectos o instrumentos destinados a tal fin, como urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos o elementos informáticos.

Con ese fin, pide que, si es necesaria, se acuerde la pertinente orden de entrada y registro en domicilios y otros lugares que requieran autorización judicial. En este sentido, ayer, tras el Consejo de Ministros, el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que no le cabe «la menor duda» de que los Mossos d’Esquadra cumplirán la ley y «obedecerán» al fiscal general del Estado, «como lo harán todos los funcionarios». Como en similares situaciones, lo han hecho el secretario y el letrado mayor del Parlament al rechazar el absurdo de Forcadell. Méndez de Vigo señaló que los Mossos son la Policía de «todos los catalanes, no de los secesionistas», y una cosa «son los políticos secesionistas que vulneran la ley y otra las personas».

Aunque nada de todo esto parece importarles a Junts pel Sí y la CUP. Ni el aviso de la agencia de riesgo Fitch de bajar aún más la valoración de Cataluña, ni el rechazo de Alemania a una estrategia que ataca la Constitución española ni tan siquiera el serio apercibimiento de la Unión Europea contra esa fantasmagórica Cataluña independiente. Ellos apuestan por tensar aún más la cuerda. Ahora PDeCAT y ERC, al igual que se han arrastrado por la CUP hacia estrategias más radicales en el plano legislativo, ahora ésta les impone su estrategia callejera: el incumplimiento de las leyes, el desprecio a las instituciones y a los ciudadanos que les han votado tienen en la algarada y los disturbios su continuidad. Frente a ellos, todas las Fuerzas de Seguridad sabrán cumplir con su deber: proteger a los catalanes de la violencia y el desgobierno.

El principio del fin para los golpistas
OKDIARIO 9 Septiembre 2017

Ada Colau no tiene otra opción que atenerse a la legalidad. Por mucho que trate de ganar tiempo poniéndose de perfil —pide garantías a Puigdemont— las instituciones del Estado han dejado claro que, de la ley a la ley a través de la ley, la deriva independentista ha llegado a su fin. El Gobierno había esperado con sosiego hasta ahora a pesar de las continuas provocaciones de los secesionistas. No obstante, ha dicho basta después de que el Parlament haya aprobado la Ley de Transitoriedad. Ante esa norma ilegal dictada por los golpistas, el Ejecutivo no dará tregua a los que quieren romper España, tampoco a los que colaboren con ellos. Dada la determinación, Colau debería abandonar la ambigüedad y confirmar de manera oficial que los locales del Ayuntamiento de Barcelona no estarán disponibles para el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. La alcaldesa no tiene más opciones después de las palabras de Mariano Rajoy: “La democracia responderá con firmeza, aplomo y dignidad”.

La primera edil sabe que si da su consentimiento está yendo de frente contra el Tribunal Constitucional. Por mucho que desee colaborar, no tiene más remedio que atenerse a las leyes… o afrontar las consecuencias. Sin Barcelona en el referéndum, el castillo de naipes de los independentistas caerá sin remisión. La capital de Cataluña es el escaparate internacional, la urbe más poblada y extensa de la región. Tener los colegios cerrados es tener cerrado también cualquier atisbo de legitimidad, por muy inexistente que ésta sea de por sí dado el marcado cariz de ilegalidad que tiene la cita. Puigdemont y sus adláteres ya saben que tampoco podrán contar con Hospitalet de Llobregat. La segunda ciudad de Cataluña con más de 250.000 habitantes ha dicho “no” a través de su alcaldesa, la socialista Núria Marín.

Una negativa que llega después de que el Constitucional haya suspendido cautelarmente la ley del referéndum y los decretos de convocatoria y normas para su celebración. Las instituciones no dan tregua para garantizar el Estado de Derecho. La Fiscalía ha presentado querellas contra Puigdemont y contra los miembros de su ejecutivo. Además, ha ordenado a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan el referéndum del 1 de octubre. Hacienda, por su parte, le ha pedido a la Generalitat que explique cómo ha financiado el vídeo y la web de la consulta ilegal. En definitiva, medidas y acciones para que prevalezca la democracia ante la locura de unos políticos totalitarios que quieren secuestrar la libertad en Cataluña. Barcelona no debe participar. Colau lo sabe, por eso aún no ha dicho “sí”… y difícilmente lo dirá.

De independencia y libertades
El Club de los Viernes  Libertad Digital 9 Septiembre 2017

Hay quien confunde Nación con Estado. Nacionalismo con el amor a la tierra donde vive. Los intereses de la élite gobernante con los intereses de los gobernados. Rey y República con Democracia. Política con la conquista del poder. Fascismo con liberalismo. El tamaño del territorio de un Estado con el peso que éste tiene en la vida de los individuos sometidos a él. Todo esto se entremezcla en el asunto de Cataluña. Todo esto y mucho más.

Pero ¿cómo ver el independentismo catalán desde el prisma liberal?

Bueno, liberales hay casi tantos como personas que aman profundamente la libertad. No nos pronunciaremos en nombre de todos, como es lógico, pero sí podemos tratar de arrojar un poco de luz y dejar claro cuál es nuestro punto de vista.

A menudo se cita a Ludwig von Mises para justificar el derecho de secesión de los pueblos. Veamos una frase muy contundente de su obra Nación, Estado y economía, de 1919:
Ningún pueblo y ninguna parte de un pueblo deben ser retenidos contra su voluntad en un conjunto estatal que rechazan. La nación política es la expresión del conjunto de aquellos que, animados del sentimiento de libertad, quieren formar un Estado.

Sin ambages, directo al grano. ¿Podría alguien que defienda la independencia de Cataluña resistirse a utilizar esta cita? Difícilmente.

Analicemos varios aspectos relacionados. El primero tiene que ver con el contexto histórico en el que se escribió; el periodo de entreguerras de la primera parte del s.XX. Nada que ver con la España y la Cataluña actuales. También es discutible el paralelismo que interesadamente haría un independentista entre pueblo retenido contra su voluntad y el total de los catalanes. Por último, y lo más importante, Mises explicita cuál es el propósito principal y el fin último de su afirmación: conseguir la libertad.

Aunque muchos liberales cercanos al anarquismo libertario puedan sentir la tentación de buscarle alguna vuelta a este escueto análisis, debemos pasar del plano filosófico a la arena política, a la realidad y al necesario pragmatismo que la situación requiere. Por tanto, reduciendo los argumentos y simplificando mucho, tenemos solo dos opciones en el problema catalán: Cataluña mantendrá su statu quo o será independiente. No hay más posibilidades plausibles en el corto y medio plazo.

Podríamos citar el conjunto de libertades que hemos tenido desde la Transición hasta nuestros días, pero a partir de ahora nos referiremos exclusivamente a las libertades civiles, tanto las que otorga la Constitución como las que de forma efectiva hemos venido disfrutando hasta ahora. Tenemos libertad de expresión, de confesión, de asociación, de reunión, de empresa, libertad para circular por todo el territorio o para contraer matrimonio, entre otras. Todas ellas forman parte de nuestras vidas. Sería difícil imaginar que nos faltaran. Es más, como la mayoría no hemos conocido otra cosa, hay quien no les da importancia. Se dan por seguras. En otras palabras, un español es en muchos aspectos un individuo libre.

Ahora retomemos el espíritu de la frase de Mises –conseguir la libertad– y pasemos a proyectar cuánta se podría disfrutar en el hipotético caso de que se consiguiera la independencia. Les remitimos al manifiesto que en El Club de los Viernes hemos publicado con motivo de la campaña contra el fraudulento referéndum secesionista del 1 de Octubre, denominada Som 47 milions:
En Cataluña hay un ambiente de opresión hacia todo aquel que cuestione cualquier aspecto de la ideología separatista. La deriva de una parte de la población catalana hacia postulados segregacionistas y excluyentes, basados en una visión identitaria, no se debe a una deriva que parte de la sociedad. Responde a un largo proceso de ingeniería social. Proceso que ha sido conscientemente desarrollado, alentado y estimulado por los sucesivos gobiernos autonómicos. El actual desafío secesionista es solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor: la intromisión del gobierno en la vida de los ciudadanos para lograr su transformación ideológica y satisfacer los intereses políticos de una minoría.

No es discutible la falta de ciertas libertades en Cataluña, desde la libertad de expresión hasta la relacionada con el uso de la lengua, pasando por todo tipo de imposiciones y coacciones. En base a esto, y teniendo en cuenta las políticas que se vienen llevando a cabo, podemos también intuir cuantas más se podrían llegar a cercenar.

Ahora reflexionen, ¿de verdad creen que la independencia de Cataluña tiene que ver con la libertad individual?

La Suiza del sur de Europa
EDITORIAL  Libertad Digital 9 Septiembre 2017

A lo largo de los últimos años, los independentistas han vendido a la opinión pública catalana las ventajas y virtudes de su hipotético proyecto de secesión bajo tres pilares absolutamente falaces y maniqueos, cuya esencia se resume en los manidos emblemas de "España nos roba", "Cataluña será la Suiza del sur de Europa" y "nos mantendremos dentro de la UE". La realidad, sin embargo, es muy diferente, tal y como coinciden analistas, expertos e inversores.

El sueño separatista se convertiría, sin duda, en una auténtica pesadilla para el conjunto de la población, ya que Cataluña no solo es hoy una autonomía insolvente, sino que, además, está en manos de una clase política profundamente corrupta y radicalizada, cuyo plan, en ningún caso, tendría cabida en el proyecto europeo, tal y como han advertido, una y otra vez, las instituciones comunitarias. El resultado, por tanto, acabaría en ruina.

Para empezar, la consecuencia más inmediata de la ruptura con el resto de España sería la salida de la UE y la desvinculación del Banco Central Europeo (BCE), cuyo respaldo es clave para el sistema bancario. Todo ello desataría un intensa fuga de capitales que, junto al lógico encarecimiento de sus exportaciones, sumiría a la economía catalana en una profunda crisis económica que, en última instancia, la conduciría fuera del euro. El abandono de la moneda única se traduciría en la implantación de un corralito financiero y en una sustancial depreciación de los ahorros y la riqueza, en general, de las familias, con el consiguiente empobrecimiento de la sociedad.

Asimismo, la instauración de aranceles y nuevas barreras al comercio, tanto con España como con el resto de Europa, golpearía de lleno las exportaciones catalanas, una de sus principales industrias, lo cual, sumado a la fuga de capitales, empresas e inversiones derivada de la salida de la UE, provocarían una aguda recesión y un fuerte aumento del paro. Las estimaciones al respecto son diversas, pero casi todos los análisis coinciden en que Cataluña podría perder entre un 20% y un 30% de su PIB como consecuencia del traumático proceso rupturista.

Capítulo aparte es la sostenibilidad financiera del soñado Estado catalán. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno central tuvo que acudir al rescate de la Generalidad mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para evitar la quiebra de la región. El constante incumplimiento de los objetivos de déficit y su elevado nivel de deuda pública, el más alto de España en términos nominales, acabó minando la solvencia de sus cuentas públicas hasta tal punto que, hoy por hoy, la nota crediticia de Cataluña es de "bono basura". Es decir, sin el respaldo del Gobierno, la Generalidad no tendría capacidad para pagar sus deudas, facturas, sueldos de funcionarios, pensiones o prestaciones ni servicios básicos. Dado que su solvencia sería aún menor fuera de España y de la UE, las promesas de más gasto público serían, simplemente, una quimera.

Sin embargo, más allá de estas y otras evidencias objetivas, cabe recordar que Cataluña cuenta, además, con una de las clases políticas más radicales y escoradas a la izquierda de todo el panorama político nacional, con los antisistema de la CUP como pieza clave del "procés". Pensar que Cataluña podría llegar a prosperar bajo el timón de los anticapitalistas no solo es de ingenuos, sino de necios. La culminación del proyecto secesionista, por tanto, traería consigo el aislacionismo político y la ruina económica al conjunto de los catalanes, aunque beneficiaría, y mucho, a sus instigadores, gracias a la impunidad de la que gozarían bajo su particular régimen independentista.

Crisis de Estado: no es la independencia, es la democracia
Ignacio Varela El Confidencial 9 Septiembre 2017

Abusamos tanto de las grandes palabras que cuando de verdad las necesitamos suenan vacías y rutinarias. Si todo se hace parecer trascendente, nada lo es. El hecho es que entre el 6 y el 7 de septiembre el Parlamento de Cataluña se ha sublevado contra el Estado y contra sus propias leyes fundacionales. El Parlament de Cataluña ha devenido en comuna o junta revolucionaria con pretensiones destituyentes (de la Constitución y el Estatut) y constituyentes (de una fantasmal república autoritaria).

La actuación caciquil de Forcadell en esas sesiones no se diferencia en nada sustancial de la de Diosdado Cabello en la asamblea títere de Maduro. Verla aplastar a las minorías y despreciar a sus propios juristas puede haber ayudado a muchos a comprender que esto no va tanto de independencia como de democracia. Hemos pasado por hechos terribles (el crimen de Atocha, los asesinatos de ETA, la matanza del 11-M o la reciente de Barcelona), pero solo por dos verdaderas crisis de Estado: el golpe militar del 23 de febrero de 1981 y el golpe parlamentario de septiembre de 2017 en Barcelona. Si entonces un parlamento fue asaltado desde fuera, ahora otro ha sido secuestrado desde dentro.

En ambos casos la insurrección viene desde dentro del Estado: en 1981 las fuerzas armadas, en 2017 las instituciones de la Generalitat. Ambas intentonas coinciden en el intento de liquidar la vigencia del orden constitucional. Entonces como ahora, su triunfo traería consigo el fin de la democracia en España, Cataluña incluida.

El hecho de que en esta ocasión no haya armas ni tiros (crucemos los dedos) no resta gravedad política al desafío. Está en juego algo que para mí es más valioso que la integridad territorial de España: las reglas de la democracia representativa como la única forma civilizada de gobierno que conozco. Con la aceptación de este chantaje institucional, la expresión “Estado de Derecho” quedaría sin sentido. Ni tendríamos un verdadero Estado, ni lo que quedara tras el despiece estaría fundamentado en un orden jurídico seguro y vinculante para todos.

En un escenario teórico, España quizá podría resistir la mutilación de una parte de su territorio. Pero jamás de esta manera. Jamás porque la voluntad de unos se imponga a la de todos. Y jamás llevándose por delante el principio de legalidad, base de la convivencia.

Los dirigentes independentistas domeñados por la CUP han cometido tres errores que les resultarán fatales:
El primero es privarse de su propia legitimidad de origen. Al derogar el Estatut, ni el Parlament que de él nació representa ya a nadie, ni el Honorable President puede exigir que se le reconozca como tal, ni el Govern está en condiciones de gobernar nada. Ellos mismos han secado la fuente de su autoridad.

El segundo error, aún más peligroso, es olvidar que se puede derrotar a un Gobierno, pero no a un Estado. No a un país democrático de la Unión Europea. No a la quinta economía de Europa y una de las quince mayores del mundo. No a una nación con quinientos años de existencia.

El tercero es imaginar que una pírrica mayoría parlamentaria basta para pasar como una apisonadora por encima de la mayoría de catalanes que quieren seguir siéndolo libremente y en plenitud dentro de España. El drama es que la oposición democrática catalana se vea forzada a reconvertirse en resistencia a la opresión, mientras algunos siguen calculando de qué lado les conviene estar. (Iglesias y Colau quieren decir el 1 de octubre: “creíamos que ganaríamos los unos, pero resulta que hemos ganado los otros”).

El presidente del Gobierno ha orquestado una respuesta coral, que implica a todos los poderes del Estado. Al ejecutivo, con los múltiples instrumentos disuasorios de una administración poderosa. Al legislativo, formando para la ocasión una “mayoría de concentración” con más de 250 diputados. Y por supuesto al poder judicial, primer protagonista en la tarea de cumplir y hacer cumplir la ley. A eso se refería Rajoy en su muy calculada declaración al decir que se hará todo lo necesario, “sin renunciar a nada”, para restablecer la legalidad.

Algunos defenderán con legítima convicción la unidad de España y la soberanía nacional. Pero quienes amamos más a la libertad que a la patria tenemos también una fuerte motivación para ponernos tras el Gobierno legítimo mientras dure este desafío.

Esto es lo que lamentablemente no ha comprendido Pablo Iglesias. Su coartada infantil de que el referéndum es solo una movilización inocua, algo así como salir de 'mani' un sábado por la tarde, es peor que cobarde y oportunista: es frívola. Es la línea que separa a un responsable político de un político irresponsable. Las dudas se le debieron disipar tras la admirable intervención en el Parlament de Joan Coscubiela, veterano sindicalista y antiguo dirigente del PSUC, que desempolvó, bienvenida sea, a la izquierda consecuente que entiende que la libertad siempre estará por encima de las soberanías, tantas veces usadas como instrumentos de dominación.

Mariano Rajoy vive el momento crucial de su carrera política. Sus adversarios querrán que pase a la historia por la corrupción, sus partidarios por la recuperación económica. Muchos señalarán, no sin razón, que él estuvo entre los pirómanos que encendieron la mecha para este incendio. Pero la verdad es que será recordado y valorado ante todo por su forma de conducir esta crisis.

Su misión es endiabladamente difícil, porque no se trata tan solo de sofocar un motín a bordo. Impedir un referéndum ilegal es relativamente sencillo cuando se dispone de los resortes de un Estado moderno. Lo difícil es hacerlo sin dejar en el cuerpo social heridas que resulten insanables en el futuro y dañen irreparablemente la convivencia de Cataluña con el resto de España y la de los catalanes entre sí. Porque destruir la base de esa convivencia es precisamente el propósito último de los cabecillas de la insurrección. Si lo consiguieran, su derrota a la corta se transformaría en una victoria a la larga. Bien lo saben ellos, de ahí su estrategia de extremar irracionalmente la confrontación. No es que se hayan echado al monte, es que quieren arrastrarnos a todos al monte.

Señor presidente, no he votado jamás a su partido ni creo que lo haga. Pero soy muy consciente de que si usted se estrella, nos estrellaremos todos. Así que para este viaje puede contar con el modesto respaldo de este ciudadano demócrata y progresista. Porque la corrupción de la ley también es corrupción. Y porque no se discute sobre el mobiliario o el reparto de las habitaciones mientras alguien está prendiendo fuego al edificio.

Ahora es la hora
Fernando Díaz Villanueva www.vozpopuli.com 9 Septiembre 2017

Todo listo para la más grande ocasión que vieron los siglos pasados y verán los venideros. Los cimientos jurídicos del referéndum ya están en su sitio, los políticos ha llevado algo más de tiempo volcarlos y asentarlos. La tragicomedia en dos actos de esta semana lleva cuatro décadas larvándose sin que nadie dijese nada. Más bien al contrario. Pocas cosas han sido más populares en España que el nacionalismo, el catalán especialmente, pero no sólo. Enterrado el nacionalismo español bajo una losa de tonelada y media en Cuelgamuros, tomaron su relevo una serie de trasuntos en miniatura que se han apoderado de un número pequeño pero significativo de regiones.

Mimados por todos y cada uno de los Gobiernos desde Adolfo Suárez, cortejados por el espectro político al completo y agasajados sin pausa por la socialdemocracia triunfante tras la muerte de Franco, los nacionalismos periféricos nunca encontraron problemas para hacer de su capa un sayo.

Formaban parte del consenso y como tal eran sagrados. Estaban ungidos por la legitimidad, que viene siempre antes de la legalidad, esa inevitable consecuencia de la anterior. Y si de algo han ido sobrados los nacionalistas catalanes ha sido de legitimidad. Es natural y consecuente que ahora reclamen que esa legitimidad se transforme en legalidad al contado por la vía de los hechos.

Cabría preguntarse por qué el nacionalismo tiene ese extra de legitimidad en España. En el resto de Europa y, por descontado, del mundo no sucede nada similar. En algunos lugares se admite e incluso promociona el localismo, pero jamás el nacionalismo entendido al modo decimonónico, porque estas alturas todos saben que es compañero inseparable de problemas dado su componente identitario.

Probablemente se deba a que el Estado español vive en permanente complejo desde el 78. Complejo que nace de cierto sentimiento de bastardía azuzado por la izquierda desde el momento fundacional de la Transición, que no fue tan modélica como quieren hacernos ver. Estuvo plagada de improvisaciones y soluciones temporales que, más que resolver los problemas, los aplazaron sine die en espera de mejor ocasión.

Y en estas nos encontramos cuarenta años después, con el Estado buscando infructuosamente un encaje adecuado para esta autonomía o aquella. Un encaje que siempre e invariablemente se traduce en el chantaje permanente de las élites políticas regionales a las nacionales. Una batalla sin tregua por el presupuesto que ha terminado por enquistarse en el lugar del país donde más dinero recauda el Estado. Nada extraño si partimos del hecho que un Estado reducido a su expresión elemental no es más que una base fiscal, un presupuesto y un grupo organizado que vive de él. El resto son juegos florales, banderitas y la selección de fútbol. La voluntad de las élites regionales ha sido más firme y venía bendecida por ese estatuto de limpieza de sangre del que el Estado carecía. El resultado lo vemos ahora: cuatro décadas tratando de aplacar a la fiera con cesiones y golpes en el pecho. El que cede, no lo olvidemos, concede.

El nacionalismo catalán moderno, hijo de la burguesía barcelonesa y de su insufrible complejo de superioridad, sabía que cualquier transformación pasaba por modelar la cultura a su antojo. Una vez los resortes culturales estuviesen en sus manos el resto vendría solo. Un fenómeno similar se ha producido en todo Occidente con las descabelladas ideas de la izquierda postmarxista. El consenso de una casta miope y medio tonta, obcecada en cuadrar el déficit y gestionar la agencia tributaria para luego repartir pagas a discreción y comprar votos es, en última instancia, lo que nos ha llevado a esto.

Así, mientras los sorayos de los dos partidos que han pasado por la Moncloa se centraban en "lo que de verdad importa a los españoles" esos mismos españoles se interesaban en otras cosas. El producto final, acabado, de esa nueva cultura nacionalista y ferozmente antioccidental son los diputados autonómicos de la CUP que levantaban el puño en el 'Parlament' mientras cantaban Els Segadors a voz en cuello el miércoles por la noche.

Ellos, sólo diez recordemos, son los que han hecho saltar la caja. Las ruedas de la historia no las mueven las masas, eso es una fantasía del marxismo que se vende bien y que los bobos compran con entusiasmo, pero no es cierto. Las ruedas de la historia las mueven minorías hiperlegitimadas que han sabido apoderarse del discurso de su tiempo. Con eso en el morral no es necesario mucho más. El resto cae como fruta madura.

La batalla, por lo tanto, no es política ni, mucho menos, jurídica como cree esa calamidad con la oposición aprobada que ocupa la vicepresidencia. La batalla es cultural. Y esa si no está ya perdida está cerca de perderse. Tanto en Cataluña como en el resto de España.

El independentismo catalán, hoy por hoy eminentemente de izquierdas, no se ha echado al monte porque quiere, sino porque puede, o al menos así lo perciben ellos. Les ha fallado quizá el momento. Lo han adelantado asumiendo que estaba la faena concluida pero no, aún no lo está. Falta que desaparezcan las dos o tres generaciones que no han sido aculturadas en el magma nacionalista. Pero como revolucionarios que son la prisa les pierde. Quieren ser ellos los que hagan la revolución para libar luego de sus mieles, no que la hagan sus hijos y a ellos les pille de viejos todo el tinglado emancipador y sus substanciosas rentas.

Pero para pasar a la siguiente fase hará falta algo más que levantar el puñito a la par que se corea una tonada patriótica. Lo siguiente ya no es ni jurídico ni declarativo, lo siguiente es real. Pasado el paripé del referéndum el día dos tienen la agenda repleta. Tienen que desarmar al ejército, la policía y la Guardia Civil y pedirles cortésmente que se marchen, tienen que colocar puestos fronterizos con su preceptiva aduana, tienen que adueñarse de la recaudación. Tienen, en definitiva, que pasar de las palabras a los hechos.

Las palabras se las lleva el viento y lo más que pueden entrañar es un proceso judicial que, como el del 9-N, tarde dos o tres años en resolverse. Las consecuencias de la acción son inmediatas. Ningún Estado se ha dejado birlar la caja por las buenas, y más cuando quienes pretenden apropiársela carecen de un respaldo popular mayoritario y dispuesto a sacrificios personales.

El nacionalismo catalán está hecho a los desfiles y a tenerlo todo fácil. El Estado jamás peleó nada allí, hoy de hecho su presencia es apenas perceptible más allá de la Agencia Tributaria, como tuvimos ocasión de comprobar con motivo de los atentados terroristas del mes pasado.

El segundo párrafo de Els Segadors después del estribillo dice textualmente que ahora es la hora de estar alerta, de afilar bien las herramientas. Parece escrito para la ocasión porque lo que viene no es precisamente una butifarrada popular a las que son tan aficionados los chicos de la CUP. Es la conclusión lógica de algo mal hecho desde el principio que tuvo como remate cuarenta años de desidia.

Una república de sin papeles
Eduardo Goligorsky  Libertad Digital 9 Septiembre 2017

Si los ciudadanos se alimentaran de información veraz y no de posverdades proselitistas, la jarana retrógrada de la Diada estaría menos concurrida que una ceremonia de santería afrocubana o una sesión de espiritismo. ¿Qué abuelo llevaría a sus nietos a esta concentración si supiera que en ella se están sentando las bases de una dictadura como la de Erdogan o Maduro? ¿O como la que él padeció en tiempos de Franco? El material maniqueísta que circula por las redes sociales no ayuda a despejar las mentes y poca gente tiene tiempo y ganas para contrastar las versiones dispares que ofrecen los medios.

Ucase golpista
La lectura, para empezar, del proyecto de ley de transitoriedad jurídica engendrada por los amanuenses de la Generalitat, su análisis posterior y la consulta de las opiniones vertidas por estudiosos disuadiría a la mayoría de los manifestantes potenciales de colocarse al servicio de quienes han urdido un plan torticero para desconectarlos del Reino de España y la Unión Europea. Esta operación no es producto del sobado patriotismo, sino de la aversión a las normas civilizadas del Estado de Derecho. Aversión que comparten todos los autócratas.

Ningún ciudadano celoso de sus libertades individuales, garantizadas por el régimen democrático, se sumaría a una masa maleable si supiera que al hacerlo apuntala este ucase (equivalente a los decretos coactivos del zar) golpista, parido para avalar la transición hacia el totalitarismo.

Después de examinar el sistema de nombramientos de los miembros del Poder Judicial de la república nonata, el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós dictamina que este será una criatura subsidiaria del Poder Ejecutivo, despreciando las enseñanzas de Montesquieu sobre separación de poderes, universalmente aceptadas ("Un país nuevo, un Estado peor", LV, 30/8):

Pues bien, la Ley de Transitoriedad Jurídica, a mi juicio, plantea un modelo en que la independencia judicial es aun más vulnerable (…) En lo concerniente al Poder Judicial, empeora el marco institucional de su independencia y menosprecia el consenso necesario en las intervenciones parlamentarias. ¿Un país nuevo? Quizá. Pero así, sería peor.

Autopsia del proceso
El catalanista cristiano Josep Miró i Ardèvol, al que ni siquiera el más furibundo inquisidor secesionista se atrevería a tildar de botifler sin caer en el ridículo, completó, por razones de higiene cívica, la autopsia rigurosa del proceso ("Por la legalidad catalana", LV, 26/8):

El proceso rompe con nuestra legalidad en tres cuestiones decisivas. Deroga el Estatut d'Autonomia sin la mayoría de las tres quintas partes de los diputados que el propio Estatut establece para todo cambio. Pretende celebrar un referéndum cuyas reglas aprobadas por mayoría simple están lejos de la mayoría cualificada que el propio Estatut determina para acordar el sistema electoral. Finalmente, liquida la práctica de nuestro Parlament, desde la restauración, de aprobar los cambios en su reglamento por consenso o por amplio acuerdo.

(…)
Y una última observación sobre cómo vulneran nuestra legalidad nacional. Por dos veces el Consell de Garanties Estatutaries ha resuelto en términos contrarios sobre aspectos concretos del referéndum. Puigdemont ha rechazado el dictamen en ambas ocasiones porque su naturaleza no es vinculante. Y ciertamente no lo es, pero tiene esta condición porque el Tribunal Constitucional lo modificó en este sentido, pero el texto aprobado por los catalanes establecía que sí era vinculante. Puigdemont usa la legalidad española cuando le interesa para invalidar la legalidad catalana.

Rebaño despersonalizado
No faltarán quienes argumenten, desentendiéndose de sus responsabilidades cívicas, que estas cuestiones de la división de poderes y de los matices legales solo conciernen a los especialistas. Pues bien, vamos a abordar más abajo un artículo del proyecto que, en el caso muy remoto de que llegara a aplicarse algún día, convertiría a los desaprensivos, literalmente, en parias. Veremos si, leído este vaticinio, los candidatos a engrosar la chirigota deciden exprimir las neuronas y consultar a los expertos. Para luego disfrutar del puente del 11 de septiembre, lejos de estribillos insidiosos y del rebaño despersonalizado por la indumentaria monocolor, típica de las brigadas fascistas y supremacistas de ayer y de hoy. Y más lejos aun de la escoria proetarra que infectará la marcha con las emanaciones pútridas de su pasado criminal, llevando a "su patrón Arnaldo Otegi a la cabeza" (El Confidencial, 3/9).

Si los bárbaros del Califato consiguieran recuperar Al Ándalus, mostrarían su agradecimiento a estos sediciosos por la ayuda que les prestan debilitando las defensas del Reino de España, y les dispensarían el privilegio de anestesiarlos antes de degollarlos junto al resto de los infieles.
Simulacros de documentos

Vayamos al fondo de la cuestión. Según el texto engañabobos, "la atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia a la española ni a ninguna otra" (art. 9.1). Acostumbrados a ejercer la arbitrariedad y a creerse el ombligo del mundo, los padres del mamarracho se comportan como si no supieran que para que exista la doble nacionalidad es indispensable un pacto entre las dos partes involucradas. Pero lo saben, y saben que su falsa república está condenada desde el vamos a navegar por el limbo, fuera de Europa y del concierto de naciones, aunque lo oculten taimadamente a su clientela. Ya es hora de que esta se entere del destino que sus amos le tienen reservado.

Ciertamente, dada la falta de escrúpulos con que manejaron todo el proceso secesionista, los gerifaltes de la hipotética república no vacilarían en premiar a sus súbditos con simulacros de documentos de identidad y pasaportes. Que nadie reconocería más allá de las fronteras. Su valor, para las otras naciones, sería el mismo que tenían las burdas imitaciones de insignias de sheriff y agente secreto que coleccionábamos los chavales, allá por la década de los 30 y 40, a cambio de los cromos de chocolatinas.

Espectaculares fracasos
Esto explica la fingida generosidad de los trileros que esgrimen el señuelo de la doble nacionalidad para pillar incautos. Los catalanes desprevenidos tendrán papelotes locales para entretenerse y creerse independientes, pero a la hora de la verdad, incluso para ir a su pueblo de Almería, tendrán que hacer valer sus documentos españoles. Y no solo la plebe. Las autoridades de la república mostrenca, sus funcionarios y emisarios tendrán que identificarse como españoles para viajar fuera del enclave cerrado. Ya lo están haciendo cuando salen para renegar de España. Carles Puigdemont exhibe el pasaporte español en sus viajes frustrantes a Bruselas, Estados Unidos y Dinamarca, donde no lo recibe nadie. A pesar de lo cual, después de arrastrarse mendigando audiencias, miente para ocultar sus espectaculares fracasos (LV, 3/9):

No hemos pedido ser recibidos por ninguna autoridad. No es que no lo hayamos conseguido, es que no lo hemos intentado.

Están sentenciados
Todo muy astuto y pintoresco hasta que… Hasta que caduquen sus documentos españoles. Dentro del territorio comanche no funcionarán, por supuesto, comisarías españolas donde renovarlos. Ni tampoco consulados, porque no habrá relaciones diplomáticas entre los desconectados y la madre patria. De pronto, los felices pobladores de la Ínsula Barataria descubrirán que, caducado su documento español, y provistos de otro que nadie reconoce, están sentenciados a vivir prisioneros en una república totalitaria de sin papeles. Triste suerte que también correrán, a medida que transcurra el tiempo, las nuevas generaciones que vayan naciendo en esta terra incognita. Cuando abordó este tema al ser entrevistado, Carles Puigdemont, ducho en posverdades (él, que denunció una "amenazocracia" después de haber espetado "damos miedo, y más que daremos"), lo puso todo patas arriba (LV, 3/9):

No me imagino que el Estado español le quiera negar la nacionalidad española a aquellos ciudadanos catalanes que la quieran conservar.

Quienes nacieron en el territorio catalán del Reino de España o adquirieron esta nacionalidad conservarán su documento español hasta que caduque. Exceptuando a los inmigrantes y turistas, todos los residentes en Cataluña somos y seguiremos siendo españoles. Quienes pretenden impedir que continuemos siéndolo, y que lo sean las nuevas generaciones, convirtiéndonos en sin papeles a los ojos del resto de las naciones, son los iluminados que se encaprichan en levantar fronteras que jamás existieron.

Olvidemos la pesadilla de la república totalitaria de los sin papeles. ¡Feliz puente del 11 de septiembre, compatriotas, mostrando siempre con orgullo el documento español que nos une como ciudadanos libres de una sociedad abierta al mundo

La indiscreta estupidez de la burguesía catalana
Joaquín Osuna Costa www.vozpopuli.com 9 Septiembre 2017

Entre los deportes de riesgo extremo, puenting, escalada, surf, etc. habría que catalogar uno nuevo, quizás el más peligroso de todos: “un catalán votando”. Nadie que conozca Cataluña puede comprender que tan buena gente tenga tan pésimos representantes.

Es el síndrome del pihippy, del burgués antisistema, del millonario de izquierdas que ha hecho su fortuna con prebendas públicas obtenidas precisamente por ese izquierdismo. No hace falta dar nombres, todos sabemos, por ejemplo, quiénes, con ese perfil, controlan los medios de comunicación de Cataluña y algunas cadenas de televisión nacionales.

Es muy cool pasear por el Círculo Ecuestre o por el Real (?) Club de Polo, quejándose de Madrit, soñando con una Cataluña libre, Arcadia feliz, por fin liberada de la rémora de España, su sanguijuela eterna, la tenia que impide su desarrollo.

Así una burguesía que debe su riqueza a la existencia de un arancel que ha protegido siempre sus productos a costa de encarecerlos en el mercado nacional en perjuicio de otras regiones, por ejemplo Valencia, que hubieran prosperado muchísimo más en un marco de libre cambio con el exterior, ha presumido constantemente de que han sido sólo su esfuerzo y su gran habilidad empresarial los creadores del tejido industrial catalán. Son sólo Cataluña y los catalanes los responsables de que exista esa riqueza en esa región.

Todos sabemos que SEAT, por ejemplo, es una empresa creada por catalanes exclusivamente que, con su laboriosidad e ingenio, inventaron el automóvil, que la Barcelona Traction and Power fue la inventora de la electricidad y el modelo de todas las compañías eléctricas del mundo, sobre todo por su seriedad financiera, porque las finanzas catalanas siempre han sido ejemplares, el ejemplo a seguir por todos los sistemas financieros desarrollados, que ven con admiración los ejemplos de Banca Catalana, de Caixa Catalunya y de la existencia de la propia Bolsa de Barcelona, otro caso de envidia de Madrit, culpable de la desaparición del ejemplar Mercado Libre de Valores de Barcelona cuyas estafas y quiebra final debieron ser seguramente obra de no catalanes infiltrados. Y da igual que autores tan poco sospechosos de anticatalanismo como Vicens Vives o Jordi Nadal, de quien tuve el honor de ser alumno, sostengan lo contrario, eso no es cool, mejor olvidarlo.

Porque si hace falta mentir y cambiar la historia pues se hace: el reino de Aragón no existió, Casanovas fue un patriota catalán ejecutado por Blas de Lezo, lo que supuso que Cataluña perdiera su independencia en 1714, Franco conquistó Cataluña a sangre y fuego y los patriotas catalanes la defendieron bravamente hasta el último momento y luego se mostraron como antifranquistas irredentos durante cuarenta años, etc.

El problema es que en la realidad esa burguesía dominante nunca ha sido tan brava, los bravos en Cataluña, desde el Noi del Sucre hasta Durruti, han sido los anarquistas, desde el XIX una fuerza muy importante en esa región, primero de forma revolucionaria, hasta que un imperialista español, jerezano, acabó con ellos entre aplausos, hoy también negados, de esa burguesía; posteriormente consiguiendo batir en toda la línea a las fuerzas regulares del ejercito español en julio de 1936, mérito que les fue reconocido con su exterminio posterior por los comunistas, porque Stalin les tenía el mismo cariño que a los burgueses, quienes a su vez, visto lo visto, empezaron a pensar que igual se habían equivocado de bando en la guerra, lo que permitió por ejemplo que Yagüe entrase en Barcelona desfilando por la Diagonal, sin un tiro ni de paqueo.

Pero ya sabemos que todo eso es mentira, propaganda españolista, una vez más esa burguesía reincide en su absurda querencia y se apoya en los actuales antisistema, les sigue el juego, es cómplice con ellos de todas las ilegalidades habidas y por haber y vuelve a ser su cautiva, en una especie de síndrome de Estocolmo inexplicable porque, ¿de verdad alguien con un mínimo sentido común cree en la viabilidad de una nación independiente catalana regida por los políticos que están ciscándose en todos los principios democráticos y ensuciando con su presencia todas sus instituciones? ¿De verdad se sienten representados por ellos?

Y volverá a pasar lo de siempre: la ilegalidad será derrotada en el juego democrático, pero los anarquistas se lanzarán a la conquista de la calle, viviremos jornadas de fuego y sangre, que nadie lo dude, una horda que deja arrasadas las Ramblas cuando celebra un título de liga del Barcelona incendiará algo más que contenedores de basura, para, finalmente, tras algunos centenares de muertos, asistir a otro desfile triunfal por la Diagonal entre ovaciones. Y vuelta a empezar en ese trágico bucle que es la verdadera historia catalana, la que ni se cuenta ni se explica y por eso estamos condenados a repetirla.

*Joaquín Osuna Costa es agente de Cambio y Bolsa y Notario

La misa negra del Parlament
Jimmy Giménez-Arnau okdiario 9 Septiembre 2017

Esta vez, la ceremonia de culto satánico ha parodiado la democracia. Falló la puesta en escena para que el aquelarre semejara el golpe que Maduro asestó al imponer por la fuerza la Constituyente. Echamos en falta el flamear de esteladas mientras golpistas de Junts pel Sí y la Cup desafinaban como urracas entonando ‘Els Segadors’. También se echó de menos el sacrificio de un animal y de algún ser humano. Arrimadas y Albiol arruinaron la misa negra de los separatistas al abandonar el Parlament con los suyos, tras haber robado el cáliz de madera, lo cual convirtió el esperpento en un homenaje a la histeria.

Un sabio catalán predijo el fin de España… Valga el alejandrino en honor a Alexandre Deulofeu, clarividente filósofo que dejó huella en ‘Matemática de la historia’, su teoría cíclica acerca de la evolución de las civilizaciones. Pero, siendo de sabios equivocarse, —“errare humana est”—, aquel excelso intelectual no cayó en la cuenta de que los coterráneos que le relevarían en su acción política y ensoñadora, constituirían una manada de trogloditas con un ADN infame. Basta ver los harapos que lucen al acudir al Parlament para constatar que nos hallamos ante gente incivilizada.

Forcadell, señora cuya misión consiste en apaciguar la cámara que preside, se empeña en encarnar a una arpía de Satán y se pasa la Constitución por el buñuelo, animando a los golpistas a fomentar la secesión. Junqueras, desparramado espectro de Metatrón, sólo sueña con el próximo cocido que engullirá y sigue abogando por dividir España. Y Puigdemont, pelele que va de chamán, bendice la misa negra. Este trío maléfico nutre con falacias y locas promesas a las tribus comunistas, persistiendo en su afán de avergonzar y humillar a la mayoría de los catalanes que desean seguir siendo españoles.

Los zopencos que asistieron a la misa negra han hecho oídos sordos al mensaje de otra catalana, Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional: “La Ley de Transitoriedad es igual a la que llevó a los nazis al poder en 1933”. Habrá que sacar de la circulación al trío de la benzina para que España no se parta en dos. Que de ocurrir tal drama, Cataluña irá a la ruina. Por no citar al sacro santo Barça, que acabaría siendo un 11 provinciano, de no emigrar del mapa europeo, pues Rajoy y Macron ya habrán hablado/pactado para que no juegue.

Que os den, independentistas
ANTONIO R. NARANJO elsemanaldigital 9 Septiembre 2017

El soberanismo es una vulgaridad que respondemos como si fuera normal y por tanto legítimo. Este artículo rompe esa norma para tratar de colocar al secesionismo frente a su ilegal espejo.

No es un titular académico, vaya por delante lo obvio. Pero tampoco es una frivolidad callejera ni un impulso pasional. Es algo premeditado, conscientemente vulgar, carente de eufemismos y que significa lo que parece: que os den por el mismo centro del orto, secesionistas todos.

Perdónenme todos los demás españoles de Cataluña y del resto de España la vulgaridad, pero tiene explicación. Llevamos 40 años de democracia legitimando, por una mezcla de educación, complejo y estupidez; un relato falso y agresivo del soberanismo catalán que, ya desde antes, sufrieron los españoles de la República y tuvo un impacto no menor en ese drama nacional que fue la Guerra Civil y su largo epílogo franquista.

Hemos probado de todo y nada ha valido de nada. La legitimación del abuso comenzó con la semántica: contestábamos todos como si, al darte un par de hostias, lo normal fuera quedárselas y preguntarte qué demonios habías hecho para que tu agresor estuviera enfadado y qué diantres podías hacer ahora para que no te soltara otro par, tan merecidas.

Todo lo que dicen es falso y agresivo: España ha hecho un esfuerzo enorme con ustedes, y cambio sólo ha recibido desprecio

Esto hay que romperlo, y eso hago humildemente: solemnizar las estupideces, o las agresiones, termina por naturalizarlas, por convertirlas en un producto tal vez discutible, negativo incluso, pero en todo caso legítimo. Y no.

El último ejemplo lo dio Pedro Sánchez, grande de tamaño y pequeño en todo lo demás, al completar su mensaje de apoyo al Gobierno frente al golpe de Estado del pícnico Junqueras y de ese envejecido y envilecido Harry Potter sin magia que responde por Puigdemont con otro que, en realidad, era el realmente importante: “Pero Rajoy tiene que hacer política de una vez”.

Pagafantas
Little Peter no está solo: el sanchismo, esa corriente con nombre de patología urinaria, existe porque existe desde siempre aunque encuentre con él una especie de tétrico clímax, de apoteosis pagafantas, de plurinadería majadera.

En el 78, frente a ese inexistente centralismo madrileño que empapa la Constitución según ustedes, necios soberanistas, España hizo un esfuerzo tremendo por pasar de la Dictadura a la Democracia sin ajustar cuentas que hubieran hecho todo inviable, a costa de una generosa dieta de sapos que se comieron todos como Paul Newman con los 50 huevos cocidos de ‘La leyenda del indomable’.

Y en ese viaje reconoció, como nadie, la idiosincrasia catalana y vasca, sus símbolos y lenguas, sus banderas e identidades, sus expectativas políticas y su capacidad de autogobierno, obviando que ustedes son siempre como el escorpión de la fábula que aguijonea a la rana cuando le está ayudando a cruzar el río. A cambio, esa misma España recibió por compensación un chantaje económico de la CiU o el PNV de turno por la estúpida incapacidad de PP y PSOE de entenderse y, en una versión más heavy que la mera extorsión, 900 muertos con la firma de ETA.

Así que, perdónenme, pero que les peten. A todos y a todas los y las políticas y políticos independentistos e independentistas. Porque con ustedes no vale razonar como no vale la ley ni los datos ni los hechos ni las cifras. Con los suyos se limitan a estimular las emociones, esa bisutería del raciocinio que sepulta las evidencias bajo una espesa capa de caspa demagógica y manipuladora que, altavoceada por sus cochambrosos medios de comunicación públicos e inoculada como un virus especialmente tóxico en la educación que perpetran en sus escuelas, logra transforma a homínidos en ovínidos: el que no vale bala, y hacen ustedes lo imposible para que no valga nadie que no esté dispuesto a balar.

Xenófobos
Y con sus rivales, esto es, con todos los demás; optan por agredir, insultar, separar, xenofobear y hacerse luego los ofendidos y pedir que hagamos otro esfuerzo por seducirles. Como si un señor de Logroño o una señora de Alcalá no tuvieran otra cosa que hacer, cuando se levantan, que pensar cómo seducir con agasajos a un tipo que lleva toda la noche chillándole que es un gilipollas.

Normalizar el soberanismo golpista es como hacerlo con el machismo, el maltrato o la homofobia

No es verdad, en fin, nada de lo que ustedes dicen, nada de lo que piden y nada de lo que defienden; y si acaso algo lo es, es obviamente muy minoritario: son ustedes, exactamente, el 7% de la gente con derecho a decidir, de los 46 millones de copropietarios de este proindiviso centenario llamado España; y tratar de imponerse con ese pírrico porcentaje no sólo es ilegal, sino además antidemocrático y fascista.

Pero les parece normal ofender, enfrentar, agredir y dividir porque España ha hecho que parezca normal el soberanismo como un día consideró normal el machismo, el maltrato o la homofobia: algo habrá hecho la tía, no sabrá conducir, si le han dado un leñazo se lo habrá ganado, eso le pasa por maricona.

Por españoles
Eso nos pasa por españoles, llevan diciendo decenios hasta lograr que, de algún modo, nos preguntáramos si efectivamente habíamos hecho algo tan mal para que ustedes, racistas de las narices, se sintieran tan enojados.

Por eso, aparte de aplicarles la ley, hay que empezar a contestar su relato poniéndose a su altura: mandándoles, pues, a tomar por esa parte de la anatomía que en Quevedo confundían con la espalda.

Podríamos aquí citar mil cifras, presupuestos, datos, hechos, estadísticas y presupuestos oficiales para desmontar todas y cada una de sus patrañas tóxicas históricas, económicas y políticas sin ninguna excepción, y quien tenga esa curiosidad puede saciarla en este enlace.

A insultos
Pero no vamos a hacerlo porque ustedes ya lo saben y les importa una higa. Ya saben que mientras nos volvíamos locos por respetar Els Segadors ustedes pitaban al Rey pero cogían su Copa; ya saben que mientras legislábamos sinceramente para que hubiera más Cataluña ustedes vendían la idea de que eso sólo era posible con menos España y ya saben, por no extenderme, que por cada euro que ustedes creen regalarle a los vagos de los andaluces o a los inútiles de los gallegos España les procura a ustedes tres, les rescata con otros cuatro y les compra otros cinco: sin eso que tanto les desagrada no tendrían ustedes ni para pagar las pensiones de sus jubilados, que son ustedes (bono) basura.

"Mientras legislábamos sinceramente para que hubiera más Cataluña ustedes vendían la idea de que eso sólo era posible con menos España"

Ya es una cuestión o de bajarse los pantalones del todo, relajar el esfínter e intentar disfrutar de la violación o, por el contrario, de rebelarse, empezando por la ley y el lenguaje: son ustedes unos pedazo de fascistas y xenófobos que, lejos de devolver con respeto y lealtad el inmenso esfuerzo que todos hemos hecho para que no den tanto el coñazo, nos quieren robar lo que es nuestro, les guste o no, hurtándonos el único derecho a decidir legal y moral existente en nombre de una pseudodemocracia a la carta y facha que esconde al peor totalitarismo racista de Europa en estos momentos.

Los malvados niños
Una única imagen resume lo imbéciles que hemos sido en España, ya desde tiempos de Azaña, y lo indeseables que han sido ustedes, que son menos, que no tienen la ley de su parte, que no gozan del amparo de la democracia, que además han choriceado a esa patria y a esa bandera en la que siempre se envuelven los mediocres y que han contaminado el ecosistema esparciendo el detrito de que la única manera de ser un buen catalán era ser a la vez un mal español y un horrible demócrata.

Y es ésta: no se puede estudiar en español en ninguna escuela pública catalana. No hay más preguntas, señoría. La Generalitat envía a centros privados a los malvados niños de siete años procedentes de Cuenca que, por joder el idioma de Plá y escupir en la senyera los muy hideputas, no entienden el catalán pero quieren seguir estudiando en castellano mientras lo aprenden un poco, para no acabar convirtiéndose en Alberto Garzón, Gabriel Rufián o Martínez Pujalte.

La única manera que tienen de hacerlo en la lengua de su país dentro de su país es en un centro privado cuyo coste soporta el Ministerio de Educación ¡de España! No sea que ustedes se enfaden si a algún valiente se le ocurre decirles que, coño, está feo lo que hacen.

Una última metáfora
No me imagino a nadie en Alemania discutiendo tranquilamente si se puede ser nazi, pero eso llevamos 40 años haciéndolo con ustedes y, claro, se han acostumbrado.

- Nosotros queremos ser nazis, no se pueden poner barreras al sentir democrático de un pueblo.
- Bueno, lo estamos intentando, ¿no les vale con ser un poco nazis y ya vamos viendo?

Espero que ahora entiendan el sentido de este artículo, y de este tono un tanto Catulo. Y que les envíe gustoso a tomar por el 155, que uno también lleva un poeta de rimas numéricas dentro.

Posdata
Siempre les quedará matar, y no es que lo quiera o lo espere de ustedes, pero es la única opción que se me ocurre como sigan sin aceptar que pueden no sentirse españoles, pero es imprescindible que sean conscientes de que lo son. No sé si alguno de sus revolucionarios de 8 a 3, con sueldo público y trienios de gin tonics vespertinos, habrá pensado en ello. Pero es lo que sus colegas en Euskadi hicieron cuando trataron de imponer su pequeña, tergiversada y enfermiza verdad a una formidable mayoría de seres humanos y no se les dejó. Porque no se podía, porque no se quería y porque no se debía. Y una cosa es haber puesto un poco el trasero y otra las mejillas: sólo tenemos dos, y esto tiene pinta de que ambas ya están desgastadas.
(Artículo publicado originalmente el pasado 5 de julio)

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