AGLI Recortes de Prensa   Domingo 10  Septiembre 2017

Un 2 de mayo para el 2 de Octubre
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 10 Septiembre 2017

Una revolución es un acto de fuerza, por eso resulta intelectualmente ridículo y políticamente estúpido buscar soluciones leguleyas.

El cafecito con azúcar y palito de Cocomocho a Sánchez-Camacho, que ella acoge con algazara, mientras Andrea Levy, que va para archivera del Festival de Benicassim, mira y no se atreve ni a irse ni a tirar el café por falta de instrucciones de Génova, ha escandalizado a mucha gente, porque prueba hasta qué extremo la casta política es insensible a los problemas que ella misma denuncia como gravísimos, pero que siempre lo son menos que el colegueo politiquero, yacimiento fecundo de compañeros de comisión.
La idiocia de Alicia

Yo creo que, en vez de escandalizarse ante la idiocia estética de la veterana empleada doméstica del PP en Casa Pujol, la opinión pública debería alarmarse por su risa tonta, porque prueba que Rajoy sigue sin dar instrucciones al servicio. Y desde que el PP murió en Bulgaria, capital Valencia, en 2008, sus empleados sólo obedecen órdenes. En Cataluña no las dan, así que el PP abandona la escena del crimen dejando en sus escaños banderas españolas, y mientras la Bruja Avería de Podemos se las roba, Alicia se ríe con el "café para todos" de Cocomocho.

Hace dos meses decía la Vicepresidentísima que el diálogo era la forma de mesura y moderación que debería emplearse frente al golpismo catalán. Hace un mes decía que la proporcionalidad era la clave del éxito para impedir que el separatismo alcanzara sus objetivos. Hace tres días dijo que la democracia ya no existe en Cataluña, pero en vez de utilizar para rescatarla todos los medios legales del Estado, incluidos los policiales y, si fuera preciso, militares, siguió la doctrina cebrianita de la proporcionalidad y la mesura, que es como llamarán a la cobardía nuestros nietos, y presentó en el Constitucional, tatachán, un incidente de ejecución de sentencia, o un recurso sentencioso judicioso, o una sentencia judiciada ejecutada, en fin, un papelajo de cobardes para cobardes al que cobardemente respondieron a los cobardes que los requerían que si no les dicen a quién deben empurar, ellos no encienden el puro, no vayan a quedar tan en ridículo como Alicia.
Es la revolución, idiotas

Nunca he creído que Clinton ganara a Bush I por su eslogan electoral "es la economía, estúpido", que cabe traducir, simplemente, por "tonto", aún más ofensivo. Pero demostró que no temía atacar a quien tenía en la mano todos los resortes de la victoria y, tonto, no veía la necesidad de usarlos. La fortuna ayuda a los audaces y Clinton no ganó, Bush perdió. Rajoy tiene en la mano todos los resortes de un Estado soberano, miembro de la Unión Europea, pero como no quiere ver que estamos ante un proceso revolucionario que busca la destrucción de España, y ha preferido durante sus seis años en el poder recurrir a los clásicos regalos financieros y las habituales inmunidades, léase impunidades, judiciales para el corrupto separatismo catalán, presenta papelitos ante los jueces mientras el golpismo que él financia toma las calles. Ni siquiera el alarde de vileza institucional tras la masacre de Las Ramblas le ha permitido entender lo que se murió también sin entender Luis XVI: "Sire, no es un motín, es la revolución".

Una revolución es un acto de fuerza, por eso resulta intelectualmente ridículo y políticamente estúpido buscar soluciones leguleyas o argucias de picapleitospara lo que, en definitiva, es un acto de fuerza. En un golpe de Estado, o gana el golpe o gana el Estado. Lo que diferencia este golpe de los tradicionales es que no es contra un gobierno, una política, como el 23F o una forma de Estado, monarquía o república, sino contra la nación en que se sustenta el Estado, al que aún siguen representando los golpistas. No es un golpe contra una política o una institución española, sino contra España.

Sin embargo, el Gobierno y, lo más sorprendente, la Oposición, van a presentárnoslo como algo que puede arreglarse cambiando el régimen constitucional, rebajando a España a colonia de sus enemigos. Majadería que sólo envalentonará a los golpistas pero permitirá a los políticos de los partidos constitucionales alargar un año la agonía de un régimen ya muerto.

Podemos es el comunismo de siempre, que, como hizo Lenin, espera alcanzar el poder colaborando en la destrucción del Estado, azuzando los problemas nacionales y fomentando las discordias sociales. Lo trágico, por no decir ridículo, del caso español es que los golpistas siguen cobrando del Estado contra el que se rebelan y los revolucionarios disfrutan de todos los medios de comunicación que Don Prudencio Galbana y Baby Macbeth han puesto a su servicio. ¡Por lo menos a Lenin le pagaba el Kaiser, no el Zar!

En 1808, tampoco se veía solución
¿Hay solución política a esta descomposición? Por supuesto, pero exige luchar contra este consenso de agua tibia en que se ahoga la nación. Hay un precedente de rendición ante el enemigo exterior de España, que es el 2 de mayo de 1808. La Corona, la Nobleza, la Iglesia y el Ejército no querían luchar contra un poder invasor y, por eso mismo vulnerable, pero que se reputaba invencible: el ejército de Napoleón. Fue el pueblo de Madrid, y con él el de España entera, incluida por supuesto Cataluña, el que se rebeló contra la humillación de verse tratados como siervos por los soldados extranjeros. Su resistencia heroica, por no decir suicida, y las fechorías de la Grande Armée acabaron arrastrando al Ejército, la Iglesia y parte de las clases dirigentes a una lucha que no habían querido entablar.

La corrupción política del Gobierno y la Oposición ante el golpismo catalán es evidente y lo será más este 12 de Septiembre y el 2 de Octubre, cuando el manso burriciego de Moncloa hará como que hace algo, aunque sea liar a los socialistas con su propio lío plurinacional. Pero lo propio de las revoluciones es que sus hechos no son previsibles. Tampoco la reacción o contrarrevolución que inevitablemente provocan, y que fracasa o triunfa según el valor y acierto de los contrarrevolucionarios.

En la primera mitad del siglo XX hubo dos revoluciones: la rusa de 1917 y la española de 1936. En la primera ganaron los rojos; en la segunda los blancos, en ambos casos tras cruenta guerra civil. Pero ambas tuvieron una cosa en común: podían haberse evitado si el Gobierno hubiera actuado decididamente contra los revolucionarios. Y si el pueblo, la masa social en pleno, hubiera visto brillar, a caballo del odio, la guadaña de la guerra civil.

Muchos creen, dado el odio creciente que suscita el separatismo catalán, que la independencia de Cataluña solucionaría el problema de España. Ojalá, pero, en realidad, no haría más que empezar. En Valencia, Baleares, País Vasco, Navarra, Galicia y Canarias, el huevo de la serpiente está incubado y es lógico que se rompa al calor de la oportunidad de liquidar el enemigo común de todos los separatismos, que es la soberanía del pueblo español. Una derrota parcial del separatismo catalán frenaría el separatismo en general. Pero si realmente buscamos una solución política duradera al problema nacional hay que deshacer el Estado Autonómico y rehacer un Estado Español de ciudadanos libres e iguales. Empezar este 12 de Septiembre o este 2 de Octubre de 2017 parece realmente imposible. Pero más lo parecía, y de hecho lo era, el 2 de mayo de 1808. Y algo pasó.

El hilo y el filo
ARCADI ESPADA El Mundo 10 Septiembre 2017

Mi liberada:

Nunca había sucedido nada igual. Aunque el lugar donde algo parecido sucedió fue en Cataluña y también en octubre, cuando el presidente Lluís Companys se alzó contra la República. El 6 de octubre dejó más de cuarenta muertos y tres mil -tres mil- personas encarceladas, entre ellas las máximas autoridades catalanas. Y supuso la liquidación parcial de la autonomía, que no recobró su plenitud hasta la aprobación del Estatuto de 1979. El 6 de octubre tiene algunas similitudes con este octubre del Proceso. Un gobierno regional se levanta contra el gobierno del Estado. Y el levantamiento -a diferencia del complot senil de Francesc Macià en plena dictadura de Primo de Rivera- se produce contra un gobierno democrático, aunque acabado de hacer y frágil. Los dos octubres comparten un instante elegantemente descrito en Democracia y totalitarismo, el viejo libro de Aron (1965) que Página indómita acaba de editar en castellano: "Mientras se respeten las reglas constitucionales, siempre se conservará algo. Es preservando la legalidad en el momento en que los hombres se dejan arrastrar por las pasiones como se mantiene al menos la paz civil. Así pues, recurriendo a una expresión de [Guglielmo] Ferrero, diré que el régimen constitucional es aquel en el que, a pesar de todo, la barrera suprema consiste en un hilo de seda -el de la legalidad. Si este hilo de seda de la legalidad se rompiese, asomaría de manera inevitable en el horizonte el filo de la espada". El antecedente del 34 no debe olvidarse, por lo que revela de propensión nacionalista al ejercicio de la ilegalidad. Pero, lógicamente, las diferencias son enormes. Y la más importante es que el alzamiento del gobierno de Cataluña no va solo contra el orden español sino también contra el europeo.

La bronca necesidad de combatir o de apoyar el Proceso oculta a veces su tremenda novedad técnica: un intento de revolución en un lugar y un tiempo donde La Revolución -teoría y práctica- ha desaparecido. Los que combaten el Proceso prefieren hablar, erróneamente, de golpe de Estado. Es probable que revolución les parezca demasiado prestigiosa. No debería ser así: en democracia la revolución es siempre un delito. Ninguna de las supuestas naciones sin Estado ha hecho nada igual. Ni Escocia ni Quebec ni Baviera ni la fantasmagórica Padania. Los ejemplos que suelen traerse, desde Kosovo a Crimea, son inservibles: todos son réplicas del devastador terremoto que siguió al final del mundo soviético. Nada que ver con Cataluña y el resto de España, incorporadas desde hace 40 años a Occidente.

Una élite nacionalista exige al Estado español la liquidación del sujeto soberano descrito en la Constitución de 1978. La reivindicación no tiene fundamento objetivo, como los propios nacionalistas han acabado reconociendo. Política, económica y culturalmente los catalanes ejercen el mayor nivel de autogobierno de su historia, con pocos ejemplos equiparables en el resto del mundo. Durante los primeros años del Proceso, y coincidiendo con los últimos latigazos de la crisis, la innoble falsedad del Espanya ens roba, en la que cuajaron 40 años de sostenido victimismo, fue la dominante. Pero una vez cumplida su función de alistamiento, se abandonó. Como en realidad han ido abandonándose todas las razones más o menos inventadas: el Proceso se hace porque sí. A partir de un cierto momento se desarrolló sin más razones que la pura acción: manifestaciones, el referéndum del 9 de noviembre o las elecciones.

Mientras tanto sus promotores dieron múltiples señales inequívocas de que el Proceso era un fin en sí mismo y no una táctica para obtener más cuotas de poder. El presidente Rajoy fue de los últimos españoles en creerlo. Admito que lo que sigue solo sea una prueba poética. A los pocos días de que Carles Puigdemont fuese nombrado presidente un locutor radiofónico llamó a La Moncloa y logró hablar con Rajoy, haciéndose pasar por Puigdemont. Durante la breve conversación dio tiempo a ver cómo Rajoy interpretaba que en la petición de diálogo de su supuesto homólogo había la voluntad de corregir el Proceso. Hasta se le oyó ronronear satisfecho, segundos antes de que el locutor desvelara su impostura. Rajoy y el bendito tercerismo comprobaron demasiado tarde que el Proceso hace lo que dice. Es probable que incluso algunos de los que lo apoyan pensaran también que era un método de arrancar más concesiones al Estado. De ahí surge una grave incógnita: habrá que ver qué actitud tomarán esos tacticistas una vez les quede claro que el Proceso es un asalto revolucionario. La manifestación de mañana -donde creo que te acompañará menos gente que en otros años- y lo que suceda en las calles el 1 de octubre determinarán qué número de procesionarios eran más tácticos que sus líderes.

Una conspiración de mentiras amasadas por cuarenta años de autogobierno, formalizadas a diario por unos medios de comunicación potentes, eficaces y serviles, y diseminadas de modo brillante e impertérrito sobre uno de los lugares donde mejor se vive de la Tierra, va a afrontar estos días su instante decisivo. El Proceso plantea el inédito problema de cómo una democracia moderna se enfrenta a una revolución. Desde 1945 las democracias han afrontado terrorismo, golpes de Estado o disturbios. Pero la revolución es inédita. Y la pregunta es si esta revolución plástica, en todos los sentidos de la palabra, va a tener un desenlace acorde con su matriz poshmoderna. Ésta es una revolución en que uno de sus cabecillas, el expresidente delincuente Artur Mas, declaraba el otro día, ante el requerimiento del Tribunal de Cuentas, que si le quitaban cinco millones de euros le dejaban sin nada; y acto seguido corría el pueblo asalariado a socorrerle en colecta. O sea, una revolución nada fácil.

La revolución fracasará porque una democracia europea no puede sucumbir a la revolución. Pero cómo fracasará es incierto. Pronto sabremos si el Estado puede disolverla, como en algún momento se creyó capaz: con acciones preventivas, mecanismos jurídicos o requisas económicas. O a partir de cuál de sus movimientos caerá en el rudo y clásico instante de las detenciones, provocado por los flagrantes delitos de sedición o contra la Constitución que se produzcan. Y qué apoyo recibirán las élites de la antigua famélica legión reconvertida en masas de bulímicos sentimentales. El interés del caso catalán se ha centrado en analizar los métodos modernos mediante los que el viejo nacionalismo había conseguido imponer sus tóxicos relatos tradicionales. Pero el interés ahora, mucho más complejo e inesperado, es observar cómo una democracia ciñe el filo de la espada a una revolución lógica y axiomáticamente antidemocrática.

Sigue ciega tu camino

A.

Carta lacrada a Pablo Iglesias (6)
José García Domínguez Libertad Digital 10 Septiembre 2017

Caro Pablo:

Recordarás que en alguna de las cartas que te dirigí los meses pasados me permití enfatizar la obviedad, casi la perogrullada, de que el nacionalismo, todo nacionalismo, cualquier nacionalismo, no es nada más que una simple y vulgar ideología política. Y si hoy, retomada de nuevo esta grata correspondencia, te vuelvo a insistir sobre esa evidencia de patio de colegio, no supongas que lo hago porque sí. Bien al contrario, es porque creo que los castellanos de Castilla que, como tú, pensáis de buena fe que existen las naciones sin Estado, y que Cataluña resulta ser una de ellas, deberíais hacer un esfuerzo para conocer su historia, la de Cataluña, y también la de su muy particular movimiento nacionalista. Si no hacéis ese esfuerzo, Pablo, nunca os podréis liberar del enfermizo sentimiento masoquista que os atenaza. Pienso, y sé que me entenderás, en esa inconsciente necesidad tan vuestra de sentiros culpables por el reiterado fracaso histórico del catalanismo en su afán de crear un bloque que enfrente contra el resto de España a una mayoría hegemónica de la sociedad catalana, la mítica unanimidad secesionista que aquí, entre nosotros, los ciudadanos de Cataluña, jamás ha existido. En esas cartas pasadas, también lo recordarás, igual hacía mención a cómo se ven a sí mismos ellos, esos nacionalistas a los que que tú tiendes a considerar por norma como la representación única y exclusiva de la totalidad del pueblo catalán. Nuestros nacionalistas, te lo decía en aquellas líneas, creen, y lo creen además con la pétrea fe del carbonero, que su simple y vulgar ideología, lejos de ser lo que en realidad es, constituye algo así como una toma de conciencia sobre una realidad objetiva que forma parte del orden natural de las cosas.

A sus ojos, la adopción del catalanismo implicaría una suerte de éxtasis místico, el que les llevaría a comprender la verdadera naturaleza profunda, ahistórica e inmutable de una identidad colectiva y eterna, la del misterioso ente metafísico que para ellos es Cataluña. Algo que, convendrás conmigo, se parece bastante a la vivencia subjetiva de los principios de una religión revelada. Y lo peor, Pablo, no es que se parezca a una religión revelada. Lo peor es que es una religión revelada. Todo lo laica que tú quieras, pero religión al fin y al cabo. Por eso, al modo de los musulmanes devotos con los apóstatas de sus respectivas comunidades, tampoco ellos nos consideran verdaderos catalanes a cuantos no compartimos su fe. Pues, a su entender, solo es catalán aquel que, amén de vivir y trabajar en Cataluña y en lengua vernácula de modo exclusivo y excluyente, es nacionalista de piedra picada. Todos los demás, a lo sumo, les merecemos la generosa consideración de realquilados con derecho a cocina. Aunque para los más cerriles, ni eso se nos debería tolerar. Quizá te habrás preguntado alguna vez, Pablo, por esa fijación permanente de los nacionalistas de aquí con un asunto en el fondo tan trivial como el de la lengua. ¿Sabes por qué les obsesiona tanto? Pues por una razón bastante simple: porque, salvo por esa bagatela fonética, Cataluña no se distingue en nada del resto de España; en absolutamente nada. Y convendrás conmigo en que es complicado fabricar una identidad nacional sobre la base de la nada.

De ahí que todo ese elaborado constructo ideológico corra el peligro de venirse abajo si se desmantela la ficción de que el castellano, contra lo que dicta el supremo dogma catalanista, es un idioma impuesto desde fuera. Lo cierto es que su implantación progresiva a partir del el siglo XVI obedeció a razones por entero endógenas, no exógenas. Esa, Pablo, sigue siendo hoy la almendra de la mitología catalanista. Si ese cuento, el de la imposición foránea, se viniera abajo, Pablo, todo lo demás se vendría abajo. Por eso es tan importante no dejar nunca de lado el asunto de la lengua en la crítica racional y racionalista al nacionalismo catalán. En cualquier caso, no creas que todos nuestros nacionalistas son tan rudos, agrestes y primarios como esos cafres de la ANC que acosaron al Rey y a sus acompañantes, entre los que por cierto te encontrabas tú mismo, en la manifestación del otro día. También hay nacionalistas cultos y civilizados. Son los que saben, aunque procuran no divulgarlo demasiado, que desde hace cuatro siglos y pico, nada menos que cuatro siglos y pico, esto es desde principios del XVI, ha dominado entre los catalanes el convencimiento absoluto de que toda obra literaria culta con vocación de calidad y seriedad tenía que ser necesariamente escrita en castellano. Desde principios del siglo XVI, Pablo. ¿Sabes lo que significa eso, Pablo? Significa que todos tus amigos nacionalistas mienten como pequeños bellacos cuando dicen que el castellano es una lengua ajena a Cataluña y de muy reciente y forzada adopción. ¿O acaso a ti te parece normal y de recibo que esa gente continúe insistiendo en catalogar como extraña, cuando no como directamente extranjera, a una lengua literaria que lleva instalada en la alta cultura de Cataluña más de cuatrocientos años? Cuatrocientos años, Pablo, cuatrocientos. Y si los ilustrados resultan ser así, excuso decirte como son los otros, los descerebrados una selecta muestra de los cuales pudiste ver en la mani. Pero ya te contaré.

Tuyo afectísimo.

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Cataluña
El castellano en las aulas catalanas: de la inmersión a la insumisión
La Generalitat mantiene su política lingüística en los colegios pese a casi una veintena de fallos que le obligan a impartir más castellano y al deseo de muchos catalanes de avanzar hacia el bilingüismo
ESTHER ARMORA. Barcelona. ABC 10 Septiembre 2017

Más de diez intensos años de batalla legal y política, y un reguero de sentencias judiciales firmes -Tribunal Constitucional (TC), Supremo (TS) y Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)- que obligan a la Generalitat a devolver al castellano su papel de lengua vehicular en la escuela no han conseguido frenar la dictadura lingüística en los colegios de Cataluña, donde el catalán sigue siendo la única lengua de uso y el castellano (lengua cooficial), una asignatura más.

Una excepción en Europa
El sistema monolingüe de Cataluña sigue siendo una excepción en Europa, donde no hay ni un solo país o región con más de una lengua oficial que reproduzca en su red educativa un patrón como el de la Generalitat, un modelo escolar que impone una misma lengua para todos los alumnos. Los expertos llevan años denunciando la politización de la inmersión y reclamando un debate «estrictamente pedagógico» que permita adaptar el modelo a la realidad sociolingüística. Mercè Vilarrubias, catedrática de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Drassanes de Barcelona y autora del libro «Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña», advierte en declaraciones a ABC que los alumnos son las principales «víctimas» de que la lengua se haya convertido en un arma arrojadiza para los políticos.

Frente a las presunciones y a los debates políticos e ideológicos están las inapelables estadísticas. La propia realidad educativa y social tira por tierra los argumentos que durante años ha esgrimido la Generalitat para afianzar al catalán como lengua hegemónica en la enseñanza: la situación de desventaja de la lengua autonómica frente al castellano fuera del ámbito educativo.

Según datos de la preinscripción (durante la etapa de la consejera Irene Rigau) consultados por ABC, la lengua que conocen y en la que se expresan y se sienten cómodos los niños cuando llegan a la escolarización obligatoria es mayoritariamente el catalán y no el castellano como argumenta la consejería. Según las citadas estadísticas (correspondientes al curso 2013-14), un 15,83 por ciento de todos los que rellenaron la preinscripción en el citado curso, afirmaron entender el catalán, frente a sólo un 7,23 por ciento, que alegaron que la lengua en la que se sentían cómodos era el castellano, menos de la mitad con respecto a los primeros.

Los catalanes prefieren el bilingüismo
Las encuestas a la población también lo sustentan. La más reciente, encargada por Sociedad Civil Catalana (SCC), concluye que solo un 14,4 por ciento de los catalanes es partidario del modelo lingüístico actual (todas las asignaturas en catalán, excepto la de castellano y las lenguas extranjeras). Según el citado sondeo, realizado en 2015, un 33,8 por ciento de los catalanes opta por una educación trilingüe (catalán, castellano e inglés) y un 28,2 por ciento prefieren una educación bilingüe (mitad en castellano, mitad en catalán). Encuestas anteriores, como la impulsada por este diario en 2011, apuntaba que el 81 por ciento de los catalanes es partidario de una educación, mitad en castellano, mitad en catalán, en la que las dos lenguas cooficiales compartan protagonismo en las aulas.

Más fracaso entre los alumnos inmigrantes
Al margen del desgaste político, legal y social que han supuesto estos años de duro enfrentamiento, la batalla lingüística en Cataluña ha tenido un impacto negativo en los resultados académicos. Varios informes realizados por Convivencia Cívica Catalana (CCC), basados en los informes PISA (2006, 2009 y 20015), constatan que el fracaso escolar es mucho más importante entre los alumnos castellanohablantes y los inmigrantes en Cataluña. Los datos más flagrantes, correspondientes a PISA 2006, señalaban que un 48,6 por ciento de los alumnos inmigrantes en esta comunidad eran incapaces de adquirir unos conocimientos mínimos, frente al 15,5 por ciento de los alumnos autóctonos que estaban en esta situación.

Más de diez años de insumisión legal
De espaldas a las estadísticas y a la realidad sociolingüística, la Generalitat lleva años desoyendo los fallos lingüísticos, parapetada en la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que blinda la inmersión. Varias sentencias judiciales firmes -una del Tribunal Constitucional (TC), más de diez del Tribunal Supremo (TS) y varias del Superior de Justicia de Cataluña (TSJC))- obligan desde hace años a la Generalitat a modificar su dictadura lingüística en los colegios y a aumentar la proporción del castellano en el currículo escolar. Diez autos del TS, dictados entre el 6 y el 14 de marzo de 2013, establecían que cuando un alumno pide clases en castellano y catalán «el sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno». Los defensores de la inmersión celebraron ese pequeño avance que supone abandonar la atención individualizada y extender la obligatoriedad de dar más castellano a todos los alumnos que comparten aula con el estudiante que lo ha solicitado.

Ningún pronunciamiento judicial ha hecho reaccionar aún al gobierno catalán, que defiende el modelo monolingüe y solo accepta la atención individualizada en los casos amparados por la ley. Todos los partidos políticos, excepto el PP y C's, son cómplices de ese desacato.

Una causa en punto muerto
Los padres que en 2006 arrancaron la batalla por el bilingüismo ven ahora como su causa ha quedado en punto muerto. La vía judicial, que supone una peregrinación de años por los tribunales, solo se traduce en un 25 por ciento más de castellano (una asignatura más) y la vía Lomce, habilitada por el ex ministro José Ignacio Wert, que sufraga la escolarización en castellano en algunos casos, tampoco supone una alternativa, ya que «primero deben costear las familias las matrículas y los únicos colegios en los que pueden obtener educación bilingüe son centros de élite con precios que no pueden permitirse», denuncia en declaraciones a ABC el presidente de CCC, Francisco Caja.

Selectividad, bajo sospecha
Otro de los argumentos repetido reiteradamente por el gobierno catalán es que cuando finalizan la etapa de escolarización obligatoria, los alumnos catalanes dominan perfectamente el castellano. Para secundar esta idea se escudan en las calificaciones que obtienen los alumnos en Lengua y Literatura Castellana cuando se enfrentan a la Selectividad, resultados que llevan años "bajo sospecha".

Convocatoria tras convocatoria hay una diferencia sostenida de nivel entre las pruebas de castellano y las de catalán que, lejos de resultar casual, se repite invariablemente cada año por el empeño, no confesado, de la Generalitat de bajar el listón en la prueba de castellano con el fin de demostrar que los estudiantes catalanes están al mismo o incluso a un nivel superior que los del resto de España en cuanto al dominio de esta lengua y que, por lo tanto, no existe «conflicto lingüístico».

Multas comercios
El rodillo lingüístico también llegó a los comercios hace años. Las multas a estos establecimientos por no rotular en catalán están incluidas en la Ley del Código de Consumo de Cataluña que se redactó en los últimos gobiernos de Jordi Pujol. Su puesta en marcha, sin embargo, no tomó cuerpo hasta la llegada en 2010 del tripartito (PSC, ERC e ICV) a la Generalitat. Fue en aquel momento cuando empezaron a reactivarse las sanciones.

Fue el inicio de una carrera ascendente de sanciones que llegó a sus cifras máximas de recaudación en 2015, cuando las multas a empresas aumentaron en un 173 por ciento. El importe de las multas también ha ido en aumento (de los 51.350 euros en 2014 a los 140.000 euros de 2015). El PP es el único partido que se ha mostrado beligerante en este asunto y ha pedido al Govern que se paralicen los expedientes sancionadores.

Genealogía del golpe de estado en Cataluña
Alejo Vidal-Quadras vozpopuli.es 10 Septiembre 2017

Ortega recomendaba no entretenerse en la superficie de las cosas e ir al fondo, a lo que él denominaba “las cosas mismas”. Por supuesto, si siguiéramos esta exigente indicación todos los días y a todas horas, la vida resultaría difícilmente soportable porque un empacho de trascendencia puede resultar fatal para la salud. Al fin y al cabo, somos seres contingentes y nuestra sed de absoluto hemos de satisfacerla con moderación para que no nos angustie hasta la desesperación o nos convierta en unos cargantes para familiares, amigos y conocidos. Sin embargo, hay ocasiones y asuntos que requieren un tratamiento riguroso, completo y en profundidad si no queremos provocar grandes males o sufrir terribles catástrofes. Y una de las cuestiones en las que no conviene frivolizar o contentarse con pasarle la mano por el lomo sin investigar sus entrañas es el nacionalismo identitario, esa nociva doctrina política que sostiene que la especie humana se divide en naciones cuyas esencias étnicas, lingüísticas y culturales proceden del origen de la Historia y que cada uno de estos conjuntos disjuntos necesita imperiosamente para su pervivencia y plenitud un Estado soberano propio.

El nacionalismo, del que François Mitterand en la lucidez de su agonía afirmó que era “la guerra”, acumula un legado de muertes, destrucción y barbarie realmente sobrecogedor. Es éticamente inaceptable, políticamente perturbador e irrealizable en la práctica si ni no es mediante una violencia extrema. De hecho, los partidos nacionalistas de raíz identitaria deberían estar prohibidos. Basta recordar lo que los nacionalismos vasco y catalán nos han aportado en España a lo largo del último siglo para advertir que son un componente inequívocamente negativo de nuestro devenir colectivo. Ahora mismo, el golpe de Estado que se está perpetrando por parte del Gobierno de la Generalitat catalana y por la mitad de su Parlamento nos está costando un precio altísimo en términos de división social, energías perdidas, cuantiosos perjuicios económicos y desprestigio internacional. Del nacionalismo identitario no podemos esperar nunca nada bueno. En su versión benigna, como apuntó sagazmente Albert Boadella, es como una ventosidad, que molesta a todo el mundo menos al que la emite, y en su modalidad maligna produce matanzas en masa, fosas comunes y devastación sin límites.

Pese a estas evidencias que la experiencia histórica ha acumulado para el que las quiera ver, las elites políticas que diseñaron la Transición construyeron un Estado cuya estructura territorial -disfuncional, ineficiente y carísima- tiene por objeto dar satisfacción a los nacionalistas, en otras palabras, el Estado de las Autonomías se apoya conceptualmente en las tesis de los particularismos étnico-lingüísticos. A partir de aquí sucesivos Presidentes del Gobierno de la Nación, Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy han consentido o incluso auspiciado todos los abusos, deslealtades e incumplimientos flagrantes de las sentencias de los tribunales de los nacionalistas catalanes. Curiosamente, España es el único país del mundo con un sistema político pensado para que aquellos que quieren destruirlo dispongan de los instrumentos institucionales, culturales, educativos, financieros y de creación de opinión para hacerlo con toda comodidad. Baste decir al respecto que no hay otro Estado sobre la tierra en el que en una parte de su territorio nacional las familias no pueden escolarizar a sus hijos en la lengua oficial de ese Estado.

Como era de esperar, los nacionalistas han hecho buen uso de las armas que se han puesto en sus manos y se han dedicado incansables durante cuarenta años a preparar el asalto final que estos días tiene a España en vilo. Valiéndose de su control de las aulas, de los medios de comunicación públicos y del dinero que la Hacienda común les ha ido suministrando con largueza, han conseguido, gracias a la pasividad de las instancias centrales, lavar el cerebro de una parte apreciable de la sociedad catalana a base de mentiras, tergiversaciones, inventos y subvenciones. En realidad, lo asombroso de este ataque implacable al imperio de la ley y a la convivencia no es lo que los nacionalistas han hecho y hacen, sino lo que no han hecho ni hacen a estas alturas todavía los dos grandes partidos nacionales.

Por tanto, no hay nada que nos pueda sorprender porque el golpe estaba cantado. Llegados a este punto de confrontación inevitable, lo que Rajoy ha de comprender es que un golpe es un acto ilegal de fuerza y que la ley es impotente para impedirlo si no va acompañada a su vez de una fuerza superior. Las zarandajas pusilánimes sobre la proporcionalidad, la serenidad y la tranquilidad, ya no sirven. Tiene que actuar de manera rápida, contundente y efectiva, sin que exista la menos duda sobre su determinación y sobre el irresistible poder del Estado. Liquidado el putsch y con sus responsables debidamente inhabilitados, multados o, si procede, encarcelados, viene la segunda parte, la de ir al fondo del problema y acometer las reformas de nuestro sistema político y de nuestro derecho primario que hagan desaparecer de nuestro ámbito público cualquier fuerza política inspirada por ideas incompatibles con los valores occidentales de libertad, igualdad, democracia y respeto a la ley. Todo lo que no sea eso, es perder el tiempo.

La Diada, o la mentira institucionalizada
José Javier Esparza gaceta.es 10 Septiembre 2017

Mañana se vuelve a celebrar una Diada cuyo relato político oficial nada tiene que ver con la verdad histórica. Advierte José Javier Esparza de que “no es posible construir una comunidad política si esta carece de un relato sobre sí misma”.

El 11 de septiembre de 1714 la ciudad de Barcelona se rendía ante las fuerzas del duque de Berwick, un francés de origen angloescocés que servía a las órdenes de un candidato francés al trono de España, Felipe de Anjou. La muerte sin descendencia de Carlos II, el último Austria, había dejado vacante el trono en 1700 y toda Europa rompió a pelear por el premio. Los barceloneses –que no todos los catalanes-, que habían apostado primero por Felipe, cambiaron después de opinión –no entremos en las causas- y apostaron por el otro candidato, el archiduque Carlos de Austria, con apoyo inglés y holandés. Pero en 1711 a Carlos le cayó la corona imperial austriaca en la cabeza y perdió interés por la causa española. Barcelona se quedó sola. Un ejército de franceses y españoles asedió una ciudad de españoles que había perdido el apoyo de ingleses y austriacos. Los de Barcelona terminaron sacando la bandera de Santa Eulalia –que no la senyera- y lanzándose a un combate imposible “por su rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda España”, que tal rezaba el manifiesto del conseller en cap Casanova, y “por nosotros y por la nación española”, como dejó escrito el jefe militar de la defensa, Antonio Villarroel. Barcelona perdió.

No, la guerra de Sucesión no fue una guerra de catalanes contra españoles. Fue una guerra de españoles con un rey francés, contra otros españoles con un rey austriaco, y en la liza entraron contingentes de Inglaterra, Austria, Francia y Portugal. Lo que estaba en juego no era sólo la corona española, sino el equilibrio de poder en Occidente. Ni siquiera es del todo exacto decir que en la pugna comparecían dos formas de concebir el Estado, una más centralista y otra más foralista, porque con frecuencia estas opciones iban adheridas a los pactos locales de poder de cada una de las fuerzas en presencia. Es hilarante que este episodio, sin duda trascendental para la Historia de la Europa moderna, haya quedado reducido hoy a una inexistente lucha de unos catalanes que no tenían conciencia de tales por una independencia que nunca habían tenido ni nunca quisieron.

El relato separatista de la Diada es simplemente mentira. Ni los catalanes luchaban por su independencia ni España había invadido Cataluña. No hay ni una sola prueba histórica que permita defender semejantes cosas. Ahora bien, esta mentira, a fuerza de ser repetida con abundante subvención oficial, ha terminado por convertirse en verdad a ojos de muchos catalanes. Y no es sólo una enfermedad catalana, porque lo mismo ocurre con otras muchas “certidumbres” de la cultura oficial española. El pueblo vasco nunca ha sido una etnia radicalmente diferente del resto de los españoles. Los gallegos no han sido nunca un pueblo celta –no más que otros de la península-. Las raíces musulmanas del pueblo andaluz son una simple invención folclórica. Y España no exterminó a los indios de América. Ni la Inquisición asesinó a decenas de miles de personas. Ni la España del Frente Popular era un oasis democrático. A pesar de que estas cosas se enseñan hoy en nuestras escuelas.

Las discusiones históricas no son una cuestión marginal, asuntos de minorías eruditas o de tertulias de café. Al contrario, son una cuestión política de primera importancia. Porque no es posible construir una comunidad política si esta carece de un relato sobre sí misma. Pero la España actual ha renunciado a construir ese relato y, aún peor, ha permitido que en su lugar lo hagan poderes locales interesados en la atomización de la conciencia nacional. Las consecuencias sólo pueden ser catastróficas. El aquelarre separatista que mañana se celebra en Barcelona es fruto de una de esas mentiras históricas elevadas a la condición de verdad oficial. No es la única. Va siendo hora –si no es ya demasiado tarde- de que la nación española reconstruya su verdadera identidad.

La hora del mambo
Luis Herrero Libertad Digital 10 Septiembre 2017

Ay, Dios, ¿será verdad que Soraya Sáenz de Santamaría aún pensaba el miércoles por la mañana que solo se atreverían a firmar la convocatoria del referéndum unos pocos consejeros catalanes? Varios periodistas se lo oyeron decir en los pasillos de Moncloa poco antes de la comparecencia en la que dio por muerta la democracia en Cataluña. ¡Como si la democracia no llevara allí varios años de cuerpo presente! La incapacidad manifiesta del Gobierno para prever los movimientos del adversario ha permitido que los independentistas lleven los términos del desafío al terreno que más les conviene. ¿Cuántas veces hemos oído o leído, desde las atalayas del poder o en los pesebres monclovitas, que los sediciosos no se atreverían a consumar el golpe? ¿O que Junqueras no se arriesgaría a que le inhabilitaran estando, como está, a las puertas de ganar unas elecciones autonómicas? Y, sin embargo, ahí están todos, Forcadell, Puigdemont, Junqueras, y todos los demás, en la otra orilla del Rubicón, dispuestos a lo que haga falta.

En su ánimo solo cabían dos posibilidades: o la de consumar la votación burlando todas las cautelas dispuestas por el Estado o, en último término, la de defender las urnas tumultuariamente, el día de autos, frente a la acción policial ordenada por el Gobierno. En ese caso los protagonistas ya no serían los políticos, sino los ciudadanos que estuvieran dispuestos a hacer frente a la intimidación de la fuerza pública. No es ningún secreto que los adalides del prusés quieren convertir la plaza de Cataluña, y por extensión todas las plazas catalanas, en la plaza de Tiananmen. Allí, la valentía de un estudiante impidió el avance de un tanque. Aquí, el arrojo de la multitud tratará de impedir que los agentes del orden retiren las urnas.

No sería, desde luego, una foto de digestión sencilla ni para Rajoy ni para la imagen de España, por mucho que el Gobierno ya haya comenzado a difundir la idea, por tierra, mar y aire, de que no hay que tener complejos democráticos a la hora de hacer frente a esa eventualidad. El propósito de hacer de la necesidad virtud es manifiesto. Y tal vez no fuera censurable si, en efecto, se diera la circunstancia de la necesidad. Pero no se da. No era necesario en absoluto dejar que las cosas llegaran hasta donde han llegado. Llevamos tanto tiempo apelando a la mesura, a la sangre fría y a la proporcionalidad de la respuesta -sinónimos eufemísticos de canguelo, falta de arrojo y disparidad de criterios- que los golpistas han seguido avanzando en su propósito sin que se lo impida ningún obstáculo eficaz. Nadie podrá negarles convicción, bemoles y espíritu de equipo. Es decir, justo lo que no tienen las huestes que deberían detenerles.

El Gobierno tiene gran parte de culpa, sí. Pero no toda. Quienes deberían echarle una mano para que hubiera un verdadero frente común de defensa de la Constitución han puesto por delante sus intereses particulares y no ven con malos ojos que Rajoy salga trasquilado del envite, aunque ello suponga dejar la dignidad del Estado a los pies de los caballos. A estas alturas nadie ignora que el PSOE no quiere aparecer en la misma foto que Ciudadanos y el PP haciendo de la defensa de la ley una causa compartida. También sabemos que se ha opuesto desde el principio a la aplicación del artículo 155. La palabra proporcionalidad no se les ha caído de la boca. Nunca han sido partidarios de medidas coercitivas que llevaran aparejadas penas privativas de libertad.

¿Sedición? ¡Ni hablar! Ni siquiera malversación. El hecho de que el fiscal general haya incluido ese delito en la querella contra los convocantes del referéndum ha sido toda una sorpresa. Sánchez no quería llegar tan lejos. Una de dos: o Rajoy se ha saltado la prohibición socialista a la torera o en Ferraz han mudado de criterio a la luz de los últimos desvaríos. Su idea ha sido siempre, y no creo que haya cambiado, la de no secundar una respuesta que suponga la voladura de los puentes con los dos partidos independentistas -ERC y PDeCat- que deben ayudarle, cuando escampe la tormenta, a mandar al PP a la bancada de la oposición parlamentaria. Por eso prefieren que sea el TC quien asuma la iniciativa de ordenar las medidas concretas que impidan el referéndum. No es lo mismo para ellos respaldar las decisiones de los sumos sacerdotes que custodian el Sancta Sanctorum del orden constitucional que convertirse en cómplices de una política demasiado expeditiva dictada por el Gobierno.

La negativa de los magistrados del TC hacer el trabajo sucio complica mucho las cosas. Se las complica a Rajoy porque le traslada a él la patata caliente de tener que mancharse las manos y se las complica a Sánchez porque le rompe el discurso que tenía programado. Así que pongámonos en lo peor. Dada la conocida proclividad del presidente del Gobierno a mancharse lo justo, y la del jefe de la Oposición a no poner en riesgo su futuro presidencial, lo probable es que lleguemos al 1-O con la munición justa para hacer fracasar el golpe.

Entretanto, el asalto a la calle de los abanderados de la estelada sigue su curso. Ya lo ha dicho la CUP con toda claridad: ha llegado la hora del mambo. La lucha se traslada de los despachos oficiales a la vía pública. Ya no se trata de frenar a los políticos. Esa batalla se ha perdido. Ahora se trata de reprimir la movilización ciudadana que desde este lunes se va a apoderar de los callejones y las avenidas de Barcelona. ¿Que dónde se colocarán las urnas?, preguntan los incautos. La respuesta es obvia: detrás del escudo humano que se está configurando bajo la lona de la Diada. La torpeza del Estado ha sido tan grande que el cuerpo a cuerpo entre los tanques y los héroes se ha vuelto inevitable.

El Confidencial, con la democracia, la Constitución y la Ley
Editorial El Confidencial 10 Septiembre 2017

El Confidencial no acostumbra a publicar editoriales.

Nuestra misión no es adoctrinar a los lectores, sino ofrecerles información veraz y abrir nuestras páginas de opinión a todos los puntos de vista. Esa diversidad es un reflejo de nosotros mismos: un periódico plural hacia fuera porque también lo es por dentro.

Publicamos hoy este editorial con carácter excepcional porque excepcional es la situación que atraviesa España. No estamos colectivamente comprometidos con ninguna posición ideológica o partidaria, pero sí lo estamos con la democracia como sistema de gobierno, con la Constitución como marco jurídico legítimo y con la Ley como único instrumento que garantiza a la vez la libertad y la convivencia. Cuando esos valores se ponen en peligro, nuestro deber cívico es salir en su defensa.

Los propósitos de la Constitución de 1978 se exponen en su preámbulo. El texto constitucional se constituye en garantía “de la convivencia democrática” conforme a un “orden económico y social justo”, consolida un “Estado de derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular”, protege a “todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, sus tradiciones, lenguas e instituciones”, promueve “el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida” y establece “una sociedad democrática avanzada”.

Nunca antes en la historia de nuestro constitucionalismo, los españoles hemos dispuesto de un texto legal del máximo rango con tan ambiciosos objetivos, muchos de los cuales se han ido haciendo realidad durante estos casi cuarenta años de su vigencia. No puede extrañar, por lo tanto, que los ciudadanos de Cataluña acudiesen masivamente –más que en ningún otro territorio- a votar afirmativamente la Constitución después de que el Gobierno de Adolfo Suárez propiciara el regreso a España del presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas.

El desafío de la Constitución no consistía solo en instaurar un régimen de libertades sino también, y muy prioritariamente, en reconocer la diversidad territorial de España, amparando para ello el derecho a la autonomía de sus “nacionalidades y regiones”. Nuestro país es hoy un Estado descentralizado con niveles de transferencia de poder a las comunidades autónomas por encima de los estándares de los federales; y las disfunciones que se han producido, especialmente en el orden financiero y competencial, responden a la enorme complejidad que comporta el desarrollo de lo que denominamos 'bloque de constitucionalidad', en el que se inscriben los Estatutos de Autonomía.

Sean cuales fueren los agravios que algunas fuerzas políticas puedan esgrimir respecto del tratamiento que el Estado haya dispensado a Cataluña, lo cierto es que jamás en su historia la nacionalidad catalana dispuso de un mayor nivel de autogobierno y de un más completo reconocimiento político, social y legal a los principales factores de su identidad: su lengua, su cultura y sus instituciones.

La aprobación por el Parlamento de Cataluña de la ley del referéndum –previsto para el próximo 1 de octubre- y de la denominada “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República” constituyen, en el primer caso, una infracción constitucional flagrante, y, en el segundo, un intento derogatorio de la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña, que habría entrado así en un limbo jurídico-político delimitado por unas normas de carácter autocrático y fuera de los márgenes de aceptación de cualquier democracia liberal. Se trata, en consecuencia, de unos hechos gravísimos que merecen la respuesta legal del Estado, articulada de tal manera que, siendo proporcional, serena e inteligente, no renuncie a la eficacia, es decir, a reponer la legalidad infringida y restablecer la plena vigencia de la Constitución y del Estatuto en Cataluña.

Todos los regímenes autoritarios y dictatoriales han basado sus discursos falsamente democráticos en la bifurcación entre legalidad y legitimidad. No la hay: en la democracia, lo legal es lo legítimo y solo son legítimas las decisiones que la Ley ampara. La legitimidad de las instituciones catalanas procede de la Constitución y del Estatuto, por lo que esta pretensión destituyente resulta inaceptable para el conjunto de España y, en particular, para la fracturada sociedad catalana, que jamás ha mandatado a sus autoridades para perpetrar el desafuero que se cometió en el Parlamento catalán los pasados días 6 y 7 de septiembre.

En la democracia española puede defenderse libremente cualquier idea sobre la organización territorial del país, el derecho de autodeterminación, la independencia de Cataluña o la reforma del marco legal existente. De hecho, este diario ha acogido todo el abanico de las opiniones de nuestros articulistas y lectores, sin otra restricción que el respeto a las personas. Pero cumplir o incumplir la Ley no es una opción válida. En una democracia, la Ley primero se cumple y después, si no gusta, se intenta cambiar. Cuando se pretende invertir el orden y poner los hechos consumados por delante del derecho, ya no estamos en democracia. Y si esa obligación de cumplir la Ley se nos aplica a todos los ciudadanos, con más razón debe exigirse a las instituciones y a sus responsables.

Como ha dicho el presidente del Gobierno, el Estado no ha de renunciar a ningún medio en defensa de su integridad en la seguridad de que lo ha de utilizar como respuesta siempre coherente a la gravedad de los acontecimientos. Se trata la actual de una crisis de Estado y en estas circunstancias solo cabe un comportamiento ciudadano individual y colectivo: alinearse con la Constitución, secundar al Gobierno, reclamar unidad de acción a los partidos políticos y restablecer en Cataluña los principios que nuestra Constitución allí vulnerada proclama: libertad, justicia y seguridad. Y todo esto debe hacerse sin dilaciones.

Cuando actúas (eso sí, sin matar) como los alemanes de 1930 y como los chavistas de 2017
EDUARDO INDA okdiario  10 Septiembre 2017

Felipe González, tal vez el mayor talento político que ha parido España de 1975 a esta parte, montó un pollo de tres pares de narices hace dos otoños cuando sentenció textualmente en una columna en el diario El País que “el independentismo catalán es lo más parecido a las aventuras alemana e italiana de los años 30 del siglo pasado”. Le llamaron de todo menos guapo. De todo y por su orden. El presidente sevillano sólo cometió una (gran) equivocación: no matizar, dejando la puerta abierta al victimismo llorica de los independentistas. Porque identificar sin más un proyecto sátrapa y fascistoide, pero hasta la fecha sin un solo muerto encima de la mesa, con dos que se llevaron por delante la vida de más de 15 millones de personas es pasarse veintisiete pueblos.

Lo que es indiscutible es que en las formas las similitudes entre el golpismo independentista catalán y cualquier régimen totalitario que tengamos a mano en los libros de historia son numerosísimas. Incontables, apostillaría. A Teresa Freixes, catedrática de Constitucional que pasa por ser la mente más preclara y valiente de Cataluña, también la han lapidado en la plaza del pueblo por osar comparar en ODKIARIO la Ley de Transitoriedad (menudo “conceto”, que diría Pepiño) con la Ley Habilitante alemana que permitió el ascenso de los matones nazis al poder en ese 1933 que ojalá nunca hubiera figurado en negrita en los libros de Historia.

Este menda, con permiso de ese ser superior que es intelectualmente Freixes, cree que no es preciso irse tan lejos. Que 84 años es un mundo. Basta con hacer un viaje en el tiempo sustancialmente más corto y plantarse hace seis domingos. Y no en Berlín sino en Caracas. Humildemente sostengo que lo que se ha visto en el Parlament de Cataluña esta semana y lo que (si Mariano no lo impide) nos tocará vivir el 1 de octubre es lo más parecido a unas imágenes que dieron la vuelta al mundo el 30 de julio. Aquel domingo presenciamos horrorizados en la distancia cómo el autobusero asesino acababa definitivamente con el único resquicio de legalidad que había en el país: la Asamblea Nacional democráticamente elegida (pese a las trampas de los jefes del machaca Pablo Iglesias). La sustituyó por la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual obviamente ni está ni se le espera a esa indomable oposición que tiene a 450 de sus líderes en la cárcel por orden de Nicolás Maduro. Se consumaba la sustitución de la legalidad democrática por una legalidad tiránica.

La indestructible estructura bolivariana es un calco de la coyuntura que estamos padeciendo los españoles en general y los catalanes en particular. Los diputados de las fuerzas de la libertad en Venezuela padecieron en sus entrañas y en su dignidad el mismo mal que sus colegas catalanes esta semana en el Parlament: el de la impotencia. El de no poder frenar a quienes quieren imponer por sus gónadas y por sus ovarios una decisión que se salta todas y cada una de las normas que los españoles nos regalamos en las urnas desde el final de la dictadura. Es de alguna manera volver al 19 de noviembre de 1975, cuando unos pocos nos decían a casi todos lo que teníamos que hacer. El sí o sí de Puigdemont recuerda peligrosamente al sí o sí de un Maduro que ha abolido definitivamente la fuerza de la razón para dar paso a un tiempo en el que la razón de la fuerza es el principio de todas las cosas.

Tampoco está mal tirado el paralelismo trazado por Freixes con lo sucedido en el Reichstag alemán el 23 de marzo de 1933 cuando, tras encerrar a los diputados del Partido Comunista en campos de concentración, se aprobó la Ley Habilitante. Un instrumento pseudojurídico mediante el cual los nacionalsocialistas se invistieron de poderes totalitarios bajo una apariencia de legalidad. La oposición pasó a mejor vida y la República de Weimar, que con sus aciertos y con sus errores era una democracia homologable a las de la época, también.

La libertad es una ilusión del pasado en la hermana Venezuela. El que quiera moverse en el angosto espacio que dejan las normas bolivarianas, podrá ser un ciudadano de pleno derecho. El que no pase por el aro se tendrá que resignar a vivir como los judíos en la Alemania de 1933. Cual apestados. El mismito escenario que se está gestando en una Cataluña en la que si no quieres detentar la condición de paria, de ciudadano de segunda, ya sabes cómo has de conducirte. O eres “indepe” o lo tendrás muy difícil en la vida por no decir imposible. De momento hay una gran diferencia entre los dos primeros ejemplos y el tercero: en este último no hay violencia explícita aunque sí implícita. Lo demuestra esa mayoría silenciosa que desde hace tres décadas no se atreve a decir esta boca es mía por miedo a que le amarguen la existencia.

El problema es que no hay nada nuevo bajo el sol. La culpa de lo que padece ese 60% de catalanes que quiere seguir siendo españoles y que detesta que se den golpes de Estado en su tierra es de los políticos de la Transición. De quienes dejaron la Educación en manos de los nacionalistas olvidando que el que maneja a los niños en las aulas manejará a su antojo el futuro. El modus operandi es similar al que aplicaban los totalitarios alemanes y al que emplean los bolivarianos en las escuelas: un lavado de cerebro que convierte a los seres humanos en marionetas al servicio del dictadorzuelo de turno. En robots en lugar de hombres o mujeres libres. Cuando muchos se preguntan por qué hoy día hay un 40% de independentistas en Cataluña no es preciso que se devanen los sesos. Porque cuando el profe te repite mañana, tarde y noche desde que tienes uso de razón que España es mala y nos roba y que Cataluña arrostra el título de nación oprimida y colonizada no hay dios que te haga pensar lo contrario. Porque tú, mente programada, seguirás erre que erre negando contra toda evidencia que España te trata mejor que a Valencia, Madrid y Baleares, que Cataluña nunca fue una nación, ni siquiera un reino, y que la Guerra de principios del XVIII no fue de Secesión sino de Sucesión. Porque, sí, falsear la historia es junto al lavado de cerebro de las nuevas generaciones el cóctel infalible de una dictadura ganadora y longeva.

Miedo me da también que se marque metafóricamente y se persiga no tan metafóricamente a los comercios que no rotulan en catalán. Porque hace 80 años se hacía lo propio con los de los judíos. Como hoy en Venezuela se marcan, se persiguen y se asaltan los domicilios de quienes no bailan al son que marca el psicópata del Palacio de Miraflores. Los acongojantes paralelismos no terminan ahí. Continúan con ese Anschluss que a partir de 1934 empezó a engullir al modo y manera de una ballena asesina todos los países del entorno, empezando por Austria y los checos Sudetes. Un calco de esos Païssos Catalans que amplían el territorio de la gran Cataluña a Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón e incluso ¡¡¡Francia!!! Los matices vuelven a ser importantes: el pujolismo y el postpujolismo son mucho más listos porque han terminado imponiendo el pancatalanismo sin pegar un tiro, colándose lenta pero implacablemente en el tejido cultural, educativo, social y deportivo de las sociedades que sueñan anexionar.

Que nadie se equivoque. Son explícitamente pacíficos. Sí. La gran pregunta es por cuánto tiempo. Lo sean hasta la eternidad, dejen de serlo pasado mañana, lo único cierto es que el segundo 23-F de nuestra democracia pretende instaurar un régimen totalitario en el que se pisotean los derechos de la mayoría, se vulnera la legalidad, se prostituye la historia y se está provocando el éxodo de miles de ciudadanos. Y cuidado porque estas armas las carga el diablo. La historia es demasiado terca en ejemplos.

Las 11 mentiras del 11 de Septiembre
Rafael Núñez Huesca gaceta.es 10 Septiembre 2017

Cataluña fue una nación hasta el Once de Septiembre de 1714. Perdió una guerra de “secesión” y Rafael de Casanova fue el mártir de la resistencia independentista. Todo es falso. Veamos por qué.

1. Rafael Casanova fue un patriota español cuyo bando, que circulaba por Barcelona en los días previos a la rendición, animaba a los catalanes a “salvar la libertad del Principado y de toda España; evitar la esclavitud que espera a los catalanes y al resto de los españoles bajo el dominio francés; derramar la sangre gloriosamente por el rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España”.

2. La Diada se celebra desde hace poco más de cien años. La recuperación de este episodio ha sido erigido a base de embustes mitológicos que hoy son comúnmente aceptados como válidos. No fue hasta 1901 cuando se estableció que en un día como hoy hace exactamente 301 años, Cataluña dejó de ser “una nación libre y soberana”.

3. Lejos de la “Revolució dels somriures” y el pretendido secesionismo amable, durante la ofrenda floral a Rafael Casanova se producirán, muy probablemente, insultos, injurias y amenazas a los traidores a la causa independentista, o botiflers en terminología nacionalista. Hoy, algunos partidos ya no acuden a la ofrenda por estos motivos.

4. El nacionalismo se refiere al episodio como “Guerra de secesión”, sin embargo, la historia real fue muy diferente: Año 1700, Carlos II el Hechizado muere sin descendencia nombrando como sucesor al trono de España al Borbón y nieto del Rey de Francia, Felipe de Anjou (el futuro Felipe V). Inglaterra, Austria y Holanda, resistiéndose a ver roto el equilibrio de fuerzas en el continente proclaman su propio candidato al trono español -Carlos de Austria- desatando la que dio a llamarse Guerra de Sucesión Española, que no de secesión.

5. En términos generales la España castellana apoyó al candidato Borbónico y la España del viejo Reino de Aragón al austracista. Pero en modo alguno fueron bloques homogéneos, hubo excepciones: el Valle de Arán , las comarcas catalanas del interior, buena parte de Castellón y Alicante, el interior de la provincia de Valencia, las comarcas aragonesas de Tarazona y Calatayud; todas ellas combatieron por el aspirante Borbón. Madrid, Toledo y Alcalá, sin embargo, se mostraron partidarias del Archiduque Carlos.

6. Con respecto a los famosos Decretos de Nueva Planta que tan machaconamente esgrime el nacionalismo como una “agresión histórica a la lengua y a la identidad catalanas”, es menester recordar que la lengua que hasta ese momento se empleaba en la administración y en la justicia era el latín. Y siguiendo criterios modernizadores -aplicados ya en otros países europeos- se sustituyó en toda España, para asuntos público-administrativos, por el castellano. Nadie ha podido mencionar aún una sola línea de aquellos Decretos en los que se mencionara la tan mentada prohibición del catalán.

7. La narrativa nacionalista señala la fecha de 1714 como el comienzo del declive de Cataluña. La realidad es muy otra: las nuevas leyes importadas de Europa (un derecho unificado, una administración global) desmantelaron los residuos de la antigua sociedad feudalizante y supusieron -para Cataluña más que para ninguna otra región española- un notable despegue económico, demográfico e industrial. El nuevo proteccionismo de la Corona facilitó además el comercio internacional (rompiéndose el monopolio castellano del comercio con América) sentando así las bases del desarrollo catalán de los siglos XVIII y XIX.

8. A decir de muchos nacionalistas, el modelo finalmente triunfador, el de Felipe V, era “intrínsecamente malvado y antidemocrático”. Lo cierto es que cada candidato representaba una concepción diferente de Gobierno. Carlos de Austria personificaba el antiguo modelo foralista y Felipe V representaba un modelo más centralista, típicamente francés, que pretendía unificar jurídica y administrativamente el territorio, como finalmente hizo. Ninguno de los dos era democrático (ningún gobierno de la época lo era) y ninguno, huelga decirlo, encarnaba “el mal”.

9. Insisten los nacionalistas en que el “procés” es “de abajo a arriba” y que la Generalidad sólo recoge el sentir natural del pueblo. La realidad es que el pueblo catalán ha sido sometido a un enorme caudal de patrañas, embustes y tergiversaciones desde hace más de un siglo que ha logrado crear una sociedad a imagen y semejanza del ideario nacionalista. El líder de la Lliga Catalanista Francesc Cambó reconocía en sus memorias que “la propaganda se dirigía principalmente a deprimir el Estado Español y a exaltar las virtudes de la Cataluña pasada, presente y futura.”

10. Si existe un verdadero Día de Cataluña, ese día es el 23 de abril, día de San Jorge. Una fecha ajena a la política, compartida por todos los catalanes, transversal y con una historia que hunde sus raíces en el siglo XV, años en los que Sant Jordi se convirtió en patrón de Cataluña. La tradición secular invita a visitar la capilla de santo, ubicada en el Palacio de la Generalidad, en donde se solía realizar una feria de rosas o “de los enamorados”. Una efeméride de connotaciones muy distintas a las que hoy rigen la Diada.

11. En palabras de José Javier Esparza, “Cataluña es una de las patas que forman España. Lo que vemos el 11 de septiembre se apoya en una falsificación: tomar los episodios de 1714 como una guerra entre Cataluña y España cuando en realidad era una guerra civil española”.

Bambi
Hasta anteayer mismo muchos demandaban «dialogar» con los sediciosos
Luis Ventoso ABC

Cuando nadie se acuerde de quién era ese oráculo apellidado Puigdemont, que será pronto, políticos de todo el mundo seguirán buscando luz en un instructivo librito escrito en 1513, «El Príncipe", del florentino Niccolò Machiavelli (excepto aquellos gobernantes que prefieren alimentar su mente con la prensa deportiva y el BOE). Tras asistir en primera línea como funcionario y diplomático a los triunfos y reveses de los Médici, Maquiavelo cayó en desgracia. Lo acusaron de conspiración y sufrió prisión y tortura. Tras recobrar la libertad se retiró escamado a su villa campestre y se dedicó a meditar sobre los engranajes del poder, qué hacer para preservar la soberanía del Estado, cuáles deben ser las cualidades del gobernante. Es curioso –y triste– que no llegase a publicar en vida el tratado que lo ha hecho eterno, aunque sí circuló en cartas. Se murió con 58 años y era muy conocido, pero por sus enredos políticos y por sus comedias y poesías. De todas formas, su patente inteligencia, un finísimo bisturí mental, no pasó desapercibida para los florentinos. Bajo la urna que contiene sus restos en la Basílica de la Santa Cruz puede leerse este epitafio: «Ningún elogio haría honor a tan gran nombre». En su retrato más conocido observamos a un duende enjuto, de labios finos fruncidos en sonrisa irónica y ojillos con chispas de agudeza.

Maquiavelo es un manantial de citas, pero una resuena al hilo del golpe-esperpento de Junqueras y su títere, Puigdemont. Reza así: «El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra». Uno, que no es florentino, pero sí gallego, lo traduciría así: «Ay Mariano, si hace unos años les hubieses parado los pies en seco nos habríamos ahorrado toda esta trangallada». En marzo de 2012, ABC publicó una portada con el siguiente titular: «Cataluña, tenemos un problema». Cayeron chuzos. El periódico fue acusado de tremendista, cavernario... Hubo mofas en las redes sociales y desde la prensa pronacionalista catalana nos impartieron unas cuantas lecciones de «seny». Hoy la portada resulta premonitoria.

Durante este lustro convulso, que comenzó con la enajenada escapada de Artur Mas, el pensamiento fetén en Madrid, lo elegante, lo «progresista» y ponderado, era situarse en un punto equidistante entre los separatistas y Rajoy. Durante cinco años han llovido editoriales acusando al Gobierno de «inmovilismo» y acusándolo de «no buscar una solución dialogada». No había que ser Isaac Newton para concluir que es imposible dialogar con un frontón, que no cabe pastelear con quién ha proclamado que se apresta a romper tu país. Pero el cándido y dulce buenismo perseveraba en el error (el gran Sánchez aún sigue subido a la burra). Con el golpe en marcha, cronistas que hasta anteayer eran paladines ardorosos del diálogo aplauden ahora que el Gobierno nos defienda con el peso de la ley. Cuánto tiempo perdido por no escuchar al viejo clásico: si permites el desorden tendrás guerra. Hace ya cinco siglos que quedó dicho, pero en el Ferraz de hoy son más de Bambi que de Maquiavelo.

Golpe de Estado en marcha (5)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Septiembre 2017

LAS JUVENTUDES DE LA CUP (ARRAN) PONEN DIANAS AL REY, A RAJOY

En un cartel con las siglas de Arran (las juventudes de la CUP) en San Cugat, aparece un tríptico con las imágenes de un joven dictador Francisco Franco, el Rey D. Felipe y el Presidente Mariano Rajoy, con las huellas de sangre de impactos de bala. Esto que podría parecer una simple anécdota propia de unos descerebrados, radicales, inconformistas e inmaduros jóvenes, deja de serlo cuando, simultáneamente, diversos grupos de los antisistema radicales de ultra izquierda de la CUP se dedican a montar escraches organizados, acosando a la Guardia Civil en el cumplimiento de su deber en una misión policial, o frente a su casa cuartel en Tarragona, así como frente a los Ayuntamientos con alcaldes contrarios a colaborar con la cesión de locales para usarlos como colegios electorales en el referéndum de independencia ilegal previsto para el 1 de octubre tras las presiones ejercidas por el Gobierno de la Generalidad.

Y ya sabemos a lo que conlleva esta forma de proceder pues, por desgracia, en España hemos sufrido el terrorismo de la ETA, del GRAPO, de Terra Lliure, y de las organizaciones juveniles de los partidos que les apoyaban en forma de algaradas violentas en la llamada “guerrilla urbana” o Kale Borroka. Así que incitar a esas formaciones de jóvenes radicales a tomar las calles, es dar varios pasos hacia la radicalización y la violencia de lo que se suponía un conflicto político. Y la consecuencia también la conocemos, que la violencia solo genera violencia. Porque la chispa puede saltar en cualquier momento y las fuerzas policiales acosadas por una muchedumbre exaltada podría hacer uso de su legítimo derecho a la defensa de su integridad y su deber de mantener el orden público, si se observa una pasividad en aquellos que tienen atribuida esa responsabilidad, en este caso los Mossos.

Se trata de un juego muy peligroso en el que se sabe cómo empieza, pero no como puede acabar. Porque si algo tienen esos grupos violentos es que son por naturaleza incontrolables. La irresponsabilidad viene de aquellos que les usan como fuerzas de choque, en una clara emulación de aquellos grupos paramilitares de las S.A. asimilados por el partido nazi alemán. Una actitud que contrasta con la afirmación del Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, cuando dijo que el pueblo catalán es un pueblo que ama la paz. Quizás el pueblo llano y callado sí, pero no parece que los partidos como el suyo que incitan al odio por lo español, que se han dedicado a imponer su dictadura independentista, incluso otros que ahora van de demócratas con la violencia de Terra Lliure, que reclaman otros territorios en su imperialismo indisimulado, no consideren la violencia como una opción en determinados casos. De hecho, asociaciones independentistas como la ANC no dudan en llamar a realizar escraches y acosos a quienes no comparten sus objetivos.

Creo necesario el que estos líderes tan democráticos que desobedecen, que se rebelan contra la legalidad vigente, que desprecian el Estado de Derecho, al menos deberían tener la decencia de condenar este tipo de amenazas e incitación a la violencia. No hacerlo es ser cómplice y asumir las mismas consignas, por lo que además de traidores, se les debe considerar terroristas.

¡Que pasen un buen día!

Haciendo puñetas
FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ El Mundo 10 Septiembre 2017

¿Desobediencia, malversación, prevaricación? Bizqueo al escuchar la lista de los suaves delitos que el fiscal general del Reino atribuye a lo que en toda tierra de garbanzos o de pa amb tomàquet llamarían sedición, insurrección, alta traición y otras lindezas por el estilo. ¿No son, acaso, las únicas que merece todo un flagrante golpe de estado? Tan ridículas son las triquiñuelas jurídicas con las que el gobierno, la oposición y las instituciones, oh, pretenden poner freno al motín de Cataluña como las anacrónicas puñetas que aún adornan las bocamangas de las no menos ridículas togas de los magistrados.

Sería para morirse de risa si no estuviéramos en vísperas de lo que en cuestión de días, de horas o de minutos podría trocarse, por segunda vez en la historia de la hoy levantisca región de España a la que aludo, en siniestra Semana Trágica barcelonesa.

La primera, cuyos motivos fueron muy distintos a los que ahora están en juego, transcurrió desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto de 1909 y dejó tras de sí un pavoroso balance de setenta y ocho muertos, medio millar de heridos y ciento doce edificios, mayormente religiosos, en llamas. Cinco personas subieron al patíbulo, entre ellos un joven discapacitado que se puso a bailar con el cadáver de una monja por las calles de la ciudad. La víctima postrera de la algarada fue el anarquista Francisco Ferrer, cuya discutida y discutible ejecución derivó a ponzoñosa piedra de discordia en el seno de la comunidad internacional. Fue un affaire Dreyfus a la española. Antonio Maura, a la sazón jefe del gobierno, tuvo que dimitir.

Repare Rajoy en ello. El paralelismo es, sin duda, exagerado y por nadie, evidentemente, deseado, pero todos sabemos que los separatistas van a echarse a la calle si el referéndum se impide, y a partir de esa intentona de convertir la Ciudadela en Plaza Tahir de primavera yihadista o en Puerta del Sol ocupada por el 15-M, cualquier cosa puede suceder. Bastó la toma de la Bastilla, en la que sólo había siete presos, para que estallase la Revolución Francesa. Nadie duda de que el trágala de los catalanes sin seny exige que se aplique la ley, pero todas las leyes son entes de ficción si los legisladores no están dispuestos a imponerlas por la fuerza cuando se transgreden. Quizá sea ya demasiado tarde para hacer lo que debería haberse hecho mucho antes. Los acontecimientos se precipitan. ¡Dejen ya las autoridades de hacer puñetas!

Actualización del victimismo
JAVIER REDONDO El Mundo 10 Septiembre 2017

Se cumplen cinco años de aquella masiva Diada de 2012 convocada para disimular la bancarrota de Cataluña. Constituyó la oficialización y escenificación del proceso de secesión y la legitimación de la calle como única entidad depositaria de soberanía. Desde entonces Mas perseveró en el error. Un lustro después, los catalanes la celebran con su Parlamento vacío por la mitad y el Estatuto derogado por un Govern rebelde. Devorado por su Frankenstein, el celador de la charca de las comisiones y el Palau asoma en una esquina del sainete lamentándose: carece de ahorros para depositar la fianza que le exigirá el Tribunal de Cuentas por la ganga del 9-N.

En 2012 Mas no extrajo de Moncloa un pacto fiscal; desairado, encargó a los tramoyistas de ANC y Òmnium el montaje del aquelarre victimista. Entregó los mandos. "Cataluña se ha cansado de no progresar", gargajeó. Dos meses después necesitó de ERC y la abstención del PSC en segunda votación para revalidar la Presidencia. Buscó refugio en Esquerra para arroparse en su escapada y neutralizar las denuncias de corrupción. Su partido acabó desmembrado, fagocitado y errante. Forzado por su delirio, se coaligó con su competidor en otros comicios declarados plebiscitarios.

Tras ellos, JxSí tuvo que echar mano de la CUP, que pasó de dos diputados y el de la chancla a 10, que le han permitido condicionar los presupuestos, el futuro del president y todo el procés. La activista Mireia Boya advirtió tajante hace dos semanas: "Vamos tarde". Exigió la ley de desconexión antes de la Diada y que la aprobara el Parlament; ni hablar de hacerlo por decreto. La CUP lleva la batuta. Aunque no se ha fajado en el tiberio burgués de estos días. Se ha limitado a vigilar, contribuir a que el Parlament se desprestigie y acondicionar la calle.

A finales del XIX empezó a reescribirse el relato del caótico Onze de Setembre de 1714 en Barcelona y conmemorar la "pérdida de libertad". En 1905 la fiesta se extendió por la región. Siempre tuvo carácter reivindicativo. Mañana se cumplen también 40 años de aquel lema inclusivo: "Libertad, amnistía y Estatut de Autonomía". En la última década se ha pervertido, convertida en una demostración de fuerza democrática.

Esta Diada es el último ensayo. La nueva Historia de los «vencidos» y su retórica de la derrota comienza el 1-O. Puigdemont renuncia a las urnas. Le bastan las calles llenas, jaleo. En 1640 una ola de odio y terror sobrepasó las reivindicaciones de diputats, pequeña burguesía, "aristocracia urbana", Generalidad y conseller en cap a Felipe IV. Fue la revuelta de los segadores. Los consellers municipales se encontraron expuestos e indefensos ante la turba. El hispanista John Elliott narra el saqueo de casas, asesinato del virrey y hostigamiento de "oligarquías municipales".

Los supremacistas saben lo que hacen: dirigen sus primeras órdenes a los ayuntamientos. Los señala y rodea. Tras la rebelión social y el Corpus de Sangre, Pau Claris y los diputats rompieron con España durante unos años para "llorar" el protectorado de Francia y permitir que los "extranjeros" se les alojasen en casa.

De Tejero a Puigdemont
Pedro J. Ramírezelespanol 10 Septiembre 2017

“Ara es l’hora de Catalunya”, escribía Cambó en septiembre de 1917 a su colaborador Joan Ventosa. “Ha arribat l’hora”, advertía este jueves Xavier Trías, portavoz del PdeCat en el Ayuntamiento de Barcelona, a la alcaldesa Ada Colau.

Ha pasado exactamente un siglo. Las expresiones son casi idénticas, pero su significado es muy distinto. Cambó aguardaba con impaciencia una decisión de Alfonso XIII que permitiera convertir al catalanismo en árbitro de la política española, mediante la incorporación de la Lliga a un gobierno de concentración. Trías acuciaba a la regidora, tratando de que se sumara a la ruptura unilateral, con visos de golpe de Estado, que el separatismo intenta consumar desde la Generalitat y el Parlament.

Es digno de reflexión el hecho de que alguien como este médico afable y moderado, amante del esquí, que fue estrecho colaborador de Pujol y Artur Mas, que dejó un gran recuerdo como buen parlamentario y hombre pragmático durante su etapa como portavoz de CiU en el Congreso, que fue un alcalde de Barcelona abierto e inclusivo, un personaje que no sólo hubiera estado con Cambó hace cien años, sino que hubiera sido algo así como el prototipo del buen lligaire, se encuentre ahora metido de hoz y coz en una escalada delictiva, y ya veremos si insurreccional, al lado de los revolucionarios de la CUP. En su hoy lacia figura se compendia el drama del derrape político de la burguesía nacionalista.

He escrito "golpe de Estado" y no cambio una letra. Ya en 1931 el diplomático y periodista Kurt Erick Suckert, más conocido por el nombre de guerra literario de Curzio Malaparte, nos enseñó a distinguir, en su fascinante libro Técnicas de golpe de Estado, entre los fines y los medios de la toma ilegal del poder, desde dentro de las instituciones que lo sustentan. Esto y no otra cosa es el golpe de Estado: la subversión del orden establecido por un grupo que forma parte del mismo.

El protagonista o promotor puede ser el propio jefe del Estado, tanto si se trata de un rey (Alfonso XIII conchabado con Primo de Rivera en 1923), como de un presidente de la República (Fujimori cuando disolvió el Congreso en su autogolpe de 1992). Pero también un sector del Gobierno (los ministros de Interior y Defensa en su putsch de 1991 contra Gorbachov), una facción del parlamento (léase mi libro, traducido al francés como Le Coup d'Etat, sobre la purga de los llamados "girondinos" en 1793) o, por supuesto, una parte del Ejército, como ha venido ocurriendo desde los tiempos de Sila y Julio César hasta nuestros días, con los pronunciamientos decimonónicos, el 18 de julio del 36 o el 23-F como aportaciones hispanas a tan poco lucida causa.

Tampoco faltaba el golpe de Estado autonómico, pues lo que estamos viviendo desde el miércoles en Cataluña no es sino un remake en cámara lenta de los hechos del 6 de octubre de 1934, cuando Companys proclamó el "Estat Catalá", dentro de la inexistente "República Federal Española", o incluso del 14 de abril del 31, cuando Maciá hizo lo propio, impulsando la creación de una "Federación de Repúblicas Ibéricas". Maciá se plegó ante las gestiones del Gobierno Provisional de la República, a cambio de la promesa del que sería el primer Estatuto de Cataluña. En cambio, Companys optó por la patética insurrección del doctor Dencás, aplastada en una noche, con fuga por el alcantarillado incluida.

A quienes se escandalizaron el domingo pasado de mis analogías entre la forma de conquistar el poder de los nazis y las pretensiones de los separatistas catalanes, he de decirles que cuanto ha sucedido esta semana corrobora el diagnóstico. De hecho, la modalidad de golpe de Estado parlamentario-autonómico en marcha parece estar calcando tanto las técnicas legislativas como las prácticas reglamentarias a las que recurrió Hitler tras ganar las elecciones.

Malaparte pronosticó, con dos años de antelación, lo que haría el Führer, cuando advirtió en su libro que "su táctica revolucionaria ha evolucionado lentamente hacia una solución parlamentaria de la conquista del poder". Los jerarcas nazis que sacaron adelante la Ley Habilitante de 1933, que permitía a Hitler saltarse la Constitución a la torera, se sentirían muy orgullosos de la conducta de Forcadell y sus restantes émulos, al aplastar con su rodillo los derechos de las minorías, despreciar las advertencias de ilegalidad de los letrados, ignorar los dictámenes del propio Consell de Garantíes Estatutaries y hacer un corte de mangas a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Con su conocido don de la oportunidad, Puigdemont se jactaba el jueves por la noche en TV3, mientras el "Irma" devastaba implacablemente el Caribe, de estar contestando al "tsunami de querellas" con "un tsunami de democracia". Se refería a que tanto la Ley del Referéndum como la de Transitoriedad fueron apoyadas por 72 de los 135 miembros del Parlament, a que cientos de miles de personas saldrán mañana a la calle en apoyo del procés y a que todas las encuestas indican que una mayoría de catalanes quiere ejercer lo que ellos llaman "derecho a decidir", aunque sea ilegalmente.

Cabe recordarle, por lo tanto, que en aquella sesión del 23 de marzo de 1933, celebrada en la Opera Kroll de Berlín, 444 miembros del Reichstat -el 83%- votaron a favor de la Ley Habilitante y sólo los 94 valientes del SPD lo hicieron en contra. Cabe recordarle, por lo tanto, que también había cientos de miles de personas, con símbolos tan uniformes como los suyos -esvásticas, esteladas, qué más da, lo importante es que cacen ratones- en las planicies de Nuremberg. Y cabe recordarle, por lo tanto, buscando una comparación homogénea de un espasmo febril medido por las encuestas, que el apoyo popular a las medidas que formaron el autogolpe de Fujimori osciló entre el 72 y el 87%. Así me lo reconoció en su día el editor de El Comercio de Lima, Alejandro Miró Quesada, durante un congreso internacional: "Al menos el 80% de los peruanos estaba a favor de la disolución del Congreso".

La mayor utilidad de un Estado de Derecho, con separación de poderes y garantías para las libertades individuales, es precisamente servir de dique de contención a ese tipo de movimientos emocionales, estimulados desde el poder con recursos públicos. No voy a extenderme repasando aquí los vaivenes que han experimentado los sentimientos de los catalanes hacia el resto de España a lo largo de la Historia. Pero es evidente que los lazos trabados durante tantos siglos compartidos en nuestra "morada vital", que diría Américo Castro, no van a deshacerse en las calenturas de unas noches de verano.

Puigdemont invoca una y otra vez la "democracia", alegando que en España goza de muy baja calidad y que en la nueva República Catalana se practicará de forma mucho más auténtica. ¿Saben quién es el último que en un recinto parlamentario pretendió lo mismo que pretende él, con la misma palabra en la boca? El teniente coronel Tejero.

Todos nos acordamos del tricornio, el bigote y la pistola, pero no nos acordamos de sus palabras. Mejor dicho nos acordamos de dos de sus imprecaciones -"¡Todo el mundo al suelo!", "¡Se sienten, coño!"- pero no del argumento central del manifiesto leído en su nombre a las 4:45 de la madrugada del 24 de febrero a la agencia Europa Press. Tejero había tomado el Congreso para obligar a los diputados a aceptar "un Gobierno que instaure una verdadera democracia".

¿Alguien duda de que si Juan Carlos I les hubiera amparado, por acción o incluso por omisión, aquellos golpistas se hubieran hecho con el poder, hubieran contado con órganos de prensa adictos y hubieran sacado a cientos de miles de personas a la calle, cuando les hubiera convenido, bajo la advocación de esa "verdadera democracia"? El tiempo les habría puesto, sin duda, pronto en su sitio, tal y como ocurriría en el supuesto imposible de que los golpistas catalanes consiguieran ahora, de buenas a primeras, su propósito. Pero, como demuestran ambos casos, el lenguaje, de entrada, lo aguanta todo. Por algo advirtió Lewis Carroll que el poder consiste en decidir lo que significan las palabras.

Puigdemont se reirá ahora ante el espejo: además de con Hitler y Maduro, ya hay quien le compara con Jack el Destripador y con Tejero. Y, sin embargo, como todos los catalanes y catalanas pueden comprobar, el tupido morrión de húsar de Sant Jordi no ha devenido aun en tricornio. Qué buena pelambrera para la eternidad.

Puede alegar que, en todos los antecedentes expuestos, los golpistas recurrieron al uso de la fuerza física o al menos la tuvieron preparada junto a la puerta, como en el golpe jacobino o en el aun más canónico del 18 Brumario de los hermanos Bonaparte. Y es cierto que, hasta ahora, la violencia -soterrada en la sociedad catalana, según Gregorio Morán- sólo ha hecho acto de presencia en el procés de forma verbal.

Tanto mejor, si sigue siendo así. A falta de ese componente“militar”, el "golpe cívico" organizado desde la Generalitat se disolverá solo, por muchos manifestantes que vayan mañana a la Diada o muchos acampados que permanezcan en la "plaza Tahrir" que quiere montar la CUP junto al Parlament. Como advirtió Josep Fontana a sus nuevos correligionarios, "la independencia sólo se logra mediante una guerra de la independencia".

Y en ese plano también podemos estar tranquilos, mientras no se produzca el desistimiento de nuestras instituciones. España no es una dictadura árabe, ni un país ante el que acaba de caerse el Telón de Acero. La UE y el resto de países democráticos nos arroparán hasta donde haga falta. Nadie pestañeó durante los años que el Reino Unido suspendió la autonomía del Ulster.

Una cosa es que el problema de Cataluña requiera una solución política de fondo que, en mi opinión -ya lo he dicho unas cuantas veces-, pasa por la reforma constitucional y otra que podamos tener la mínima condescendencia con el golpe de Estado en marcha, como si todos fuéramos Pablo Iglesias y por el hecho de no consentir que la mosca de la corrupción siga en la sopa, estuviéramos dispuestos a disculpar a quien rompa el plato.

En el capítulo cuarto del libro de Malaparte hay un general ruso partidario del mariscal, golpista y dictador polaco Josef Pilsudski que exclama: "¡Cualquier imbécil podría hacerse con el poder ahora!". El propio autor añade que "en 1920, no sólo en Polonia, sino en toda Europa abundaban ese tipo de imbéciles".

Tras escuchar determinados argumentos y observar algunas conductas de estos días, nadie podría garantizar que ese diagnóstico haya decaído un siglo después. La gran incógnita es si nuestras autoridades han aprendido de la Historia y tendrán la firmeza y determinación necesarias para proteger el corazón del Estado de los aventureros que ya han logrado perforar el mediastino y abrirse paso hasta la mismísima vasija pleural que lo alberga.

Tras escuchar a Rajoy el jueves, debo decir que es la primera vez que he tenido una impresión tranquilizadora. Y como más vale tarde que nunca, todos deberíamos seguir el ejemplo de Pedro Sánchez y aparcar nuestras diferencias para respaldar en este trance al Gobierno legítimo de la nación, por muy responsable que sea de que hayamos llegado, incautos y desprotegidos, hasta este lamentable trance.

Esto no significa darle un cheque blanco, pero sí entregarle el primero de los dos sobres -atención a este concepto- que la ocasión requiere. Basta con que en su interior vaya un "sí" a la defensa de la Constitución, acompañando a las cuatro palabras clave de Rajoy: hagámoslo de verdad, lleguemos hasta donde haga falta, "sin renunciar a nada".

UN CASO EXCEPCIONAL
El Gobierno debe parar el adoctrinamiento de TV3 en Valencia y Baleares
La Gaceta  10 Septiembre 2017

El separatismo ya ha aprobado dos de sus leyes de desconexión y sigue adelante con su intención de romper España. La inacción del Gobierno sigue siendo la misma.

Desde que los gobiernos de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares crearan una “mesa técnica” para garantizar que las emisiones de los medios de comunicación audiovisuales de las tres autonomías se puedan recibir de forma recíproca, TV3 ha obtenido una posición dominante en estas regiones. Esto ha provocado que su línea editorial -marcadamente separatista y contra la unidad de España- se haya extendido.

El presidente de Círculo Cívico Valenciano tachaba entonces de “chiste” este tipo de iniciativas, con las que “quieren modificar la lengua en Baleares y Valencia” en pos del “catalanismo independentista”. “Por desgracia, tenemos un Gobierno central débil que no se atreve a quitar las ayudas que hacen que las asociaciones separatistas tengan dinero a espuertas”, lamentaba. Bajo su punto de vista, “el Gobierno debería dar un golpe en la mesa y decir: hasta aquí hemos llegado”, añadía.

“Es una excusa para ir creando, con la ayuda de estos canales al servicio de la propaganda separatista, un ámbito político con el objetivo de separarnos del resto de España, todo ello con la simpatía de los actuales gobiernos autonómicos de las tres regiones”, decía desde Baleares el presidente de Círculo Balear, Jorge Campos.

De esto hace un año. Ahora el separatismo ha aprobado dos de sus leyes de desconexión y sigue adelante con su intención de romper España. Eso sí, la inacción del Gobierno sigue siendo la misma.

Estos son sólo algunos ejemplos de las numerosas muestras de odio ideológico de TV3 hacia España -su país-.

La Generalitat ya promociona el referéndum ilegal en TV3
En prime time, justo antes del informativo y usando una metafórica vía ferroviaria, así ha sido el primer espot publicitario que el Govern de Puigdemont ha proyectado en la televisión pública catalana. Se trata de una pieza que, si bien de manera no explícita, hace referencia al referéndum de independencia previsto para el próximo día 1 de octubre.

Surrealismo en TV3: inventa el idioma ‘mexicano’ para no decir español
TV3 nos tiene acostumbrados a todo tipo de actos propagandísticos, pero el pasado 28 de agosto cruzó una nueva línea. Todo ocurrió durante la manifestación por los ataques islamistas en Barcelona y Cambrils. La plana mayor del movimiento separatista había tomado las calles y los reporteros de la cadena pública catalana buscaban el testimonio de los ciudadanos.

En un momento del directo, la reportera aseguró que había personas de “muchos países” en la marcha, incluidos un grupos de mexicanos. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, la periodista añadió segundos después que el lema de sus pancartas estaba escrito en “mexicano”, una nueva lengua inventada por TV3 con gran parecido al español.

TV3 oculta la corrupción en Cataluña en su reportaje sobre las cloacas del Estado
TV3, la cadena en la que Carles Puigdemont dilapida 225 millones, emitía el pasado mes de julio Las cloacas de Interior, un documental resultado de nueve meses de trabajo de investigación y análisis, según informó la televisión autonómica, que “acaban destapando por primera vez un entorno de ilegalidades y de corrupción en el seno del Ministerio del Interior“.

“A partir de estas declaraciones inéditas, que sirven para comprender el alcance del entramado de ilegalidades, Las cloacas de Interior tiene la voluntad de levantar la mirada por encima de casos concretos, para encontrar un hilo conductor global y crear, así, un relato de la guerra sucia de Interior“, señalaba TV3. Sin embargo, ocultó la corrupción en Cataluña.

El grupo de periodistas Pi i Margall denunció que en las tertulias políticas de TV3 suele haber tres tertulianos separatistas y sólo uno constitucionalista, un desequilibrio evidente al que se suma, generalmente, el presentador o moderador.

Una periodista catalana quema una Constitución en TV-3
La escritora y periodista catalana Empar Moliner quemó en abril del año pasado ante las cámaras de TV3 un ejemplar de la Constitución Española. Dentro de su intervención en ‘El comentari d’Empar Moliner’, sección diaria emitida en el magacín ‘El matins’ de la televisión catalana, Moliner aseguró que se trataba de una protesta después de que el Tribunal Constitucional tumbara las medidas para garantizar el suministro energético a las familias vulnerables.

Solución para la impracticable Secesión de Rallo y la inaceptable de Pina
Ignacio Blanco gaceta.es 10 Septiembre 2017

Hemos leído muchas opiniones sobre la Secesión de Cataluña, tanto de partidarios como de detractores. En este caso, me gustaría tratar las de dos liberales, el Economista Juan Ramón Rallo y el Político, Juan Pina. Sobre la base de un supuesto derecho soberanía individual, en el primer caso, justifica el derecho de secesión individual de cada persona y el segundo aboga por la secesión territorial como coordinación de derechos de secesión individual.

No me planteo rebatir completamente sus extensos artículos, pues entre sus argumentaciones, las hay de general consenso entre liberales. Si trataré de matizar su núcleo principal, esto es, la soberanía individual que defendemos todos los liberales, que resulta impracticable en los términos propuestos por Rallo, e inaceptable en los términos que plantea Pina.

El problema: Democracia y el monopolio normativo
Algo que, ni economista ni político, aciertan a apuntar en sus artículos, son los problemas que generan la regla de la mayoría, la compulsiva producción normativa y el absolutismo parlamentario. Las soluciones propuestas por ambos, no ataja ninguno de los problemas apuntados, si bien lo que propone el político vulnera principios liberales básicos, contra los que la teoría del economista no atenta.

La soberanía nacional, entendida como autoridad suprema dentro de un territorio, es la base del sistema democrático actual. El sistema democrático requiere como paso previo la determinación de un censo poblacional, manifestación fáctica de la soberanía. Con este censo se fijarán las bases para la adopción de acuerdos. El sistema democrático se basa en la regla de la mayoría de votantes, que como conjunto será siempre inferior al censo poblacional, debido a las restricciones que se establecen para ejercer el derecho al voto. De esta forma, el 51% del censo de votantes, puede imponer sus deseos a todo el censo poblacional. Así, a una parte se le impone sin siquiera conocer su opinión y al otro 49% de votantes se le impone contra su propia voluntad. El sistema de la regla de la mayoría, es el que nos hemos dado, para la solución pacífica de conflictos en sociedades complejas, si bien toda decisión adoptada por medio de este sistema, salvo en el caso de acuerdos unánimes, cercena la libertad de los disidentes, cuando la libertad se entiende desde el punto de vista liberal como ausencia de coacción. La mayoría implica siempre coacción.

Existe un segundo factor no atendido por el economista y el político, la hiperregulación. La regla de la mayoría, que debería ser de aplicación excepcional, por la limitación de libertades que implica, frente a la decisión individual sin imposición a terceros, se ha convertido en absoluta generalidad. En España, la compulsiva producción normativa lleva a promulgar cerca de 1.000.000 de folios de normas en los distintos ámbitos competenciales. Se normativiza hasta el color de las sombrillas de las cafeterías.

A la regla de la mayoría y a la hiperregulación existente, se añade un tercer factor que restringe la libertad individual, el “absolutismo parlamentario”. El actual sistema constitucionalista ha derivado en la monopolización del poder legislativo, concentrándolo en muy pocas personas. El Congreso de los Diputados, con 350 miembros, junto al Senado con 266 miembros, representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa, sin que en la mayoría de las ocasiones haya una demanda popular de nueva legislación.

Esta combinación de factores, como apuntara Bruno Leoni, determina la total ausencia de libertad de los operadores jurídicos, condicionados absolutamente por la dictadura parlamentaria. Los liberales, tan preocupados por la libertad individual en términos económicos, han olvidado que la libertad en el ámbito jurídico ha desaparecido bajo el rodillo del parlamentarismo actual.

El economista
Juan Ramón Rallo, ataca el concepto de soberanía nacional, tanto española como catalana, abogando por la soberanía individual, en lo que vendría a ser un derecho individual de separación política, cuyo no reconocimiento constituiría una vulneración flagrante del derecho de los individuos a la libre asociación y desasociación política. Cada individuo debería disponer, según el economista, de la opción de secesionarse del Estado español, o del futuro estado catalán y coaligarse voluntariamente con otros individuos.

El planteamiento dogmático de Rallo plantea problemas irresolubles en la actualidad, que el economista despacha con vacuidad, pues sin dar soluciones a su propuesta, reconoce que las dificultades técnicas para regular el derecho individual de separación política, no deberían servir como excusa para institucionalizar su cercenamiento radical. Es como decir que se puede bajar uno del tren en marcha lanzándose desde el vagón en lugar de esperar a la siguiente estación, no debiendo descartarse poder arrojarse por la ventanilla en cualquier momento en base a las dificultades técnicas que esto plantea. Le animo a que lo pruebe, yo prefiero esperar a la siguiente estación.

También se autocuestiona, cuando refiere como demasiado costosa la creación de “comunidades políticas unipersonales”, concepto de difícil asimilación, pues comunidad y unipersonal son términos incompatibles, cuando se aplican a un mismo ente, salvo que Rallo se esté refiriendo a la Santísima Trinidad. Dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas, por el cual se afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Considera que si bien las “Santísimas Trinidades”, esto es las “comunidades políticas unipersonales” son en la práctica irrealizables, por sus costes, si podrían lograrse comunidades funcionales de pequeño tamaño como Andorra o Liechtenstein. No apunta sin embargo que precisamente estas excepcionales se dan en entornos en los que predominan estados de mayor tamaño.

Sólo un gran intelectual como Rallo, puede aportar soluciones teóricas sin viabilidad práctica a un problema de la magnitud como el planteado. Una solución que no apunta a resolver los graves problemas que la regla de la mayoría, la hiperrregulación y el absolutismo parlamentario generan en las comunidades políticas. Me reconozco incapaz de llegar a tal grado de abstracción.

El político
Juan Pina, en una opinión, que dice ser personal, desligándola del partido político que representa, en lo que aparenta una disidencia con el criterio del mismo, recoge el concepto de Soberanía Individual de Rallo, y crea con este un “Frankenstein” para concluir que existe un derecho de secesión del territorio catalán. Pina, menos profundo y purista que Rallo, acaba proclamando la supresión de la libertad individual a manos de una mayoría que decida segregarse.

Defiende como merecedora del apoyo de los libertarios cualquier otra forma de readscripción estatal de un territorio, por dos motivos crematísticos, que considero equivocados. El primero, porque supuestamente esos nuevos estados tratarán con más respeto a sus ciudadanos para poder cobrarles impuestos y en segundo lugar porque un mayor número de estados más pequeños reduciría el poder de los mismos por la competencia entre ellos por los ciudadanos, aportando más poder a estos últimos, frente a los dirigentes políticos. Aquí en cuando recuerdo la imagen de Alicia persiguiendo a Conejo Blanco para adentrarse en el País de las Maravillas.

La argumentación del político, está falta de sustento empírico, más allá de unos cuantos casos anecdóticos que precisamente se sostienen rodeados de estados de mayor tamaño. Basa sus apreciaciones en la hipotética bondad de los gobernantes por tratar bien a sus ciudadanos para cobrarles impuestos, como si no se hubieran construido muros para evitar la huída de ciudadanos de la Alemania Oriental.

La solución que propone, esto es, la creación de más estados, no aporta solución alguna a los tres problemas que comenté anteriormente, regla de la mayoría, hiperregulación y absolutismo parlamentario. Con más estados lo único que hacemos es agravar el problema sin atacar el fondo, creando una mayor complejidad relacional sobre la base de un mayor número de parlamentos absolutistas, que en el caso catalán no apunta a las bondades con las que sueña el político.

El argumentario de Pina es incoherente con lo que pretende defender. La secesión de un territorio por la regla de la mayoría, coartará la libertad de los no secesionistas desde que no tienen elección a no secesionarse.

Su teoría en base a la cual el dominio público Catalán es sólo de quien lo pisa, no tiene sustento alguno, más que en la imaginación del político, que con su afirmación estaría justificando el derecho de ocupación de la propiedad privada. Resulta evidente que sobre la propiedad privada de los catalanes nada tenemos que decir el resto de españoles, pero sobre propiedad común, sí. Como la tienen los catalanes sobre propiedad común fuera de ese territorio. El político ha solucionado el problema de la indivisión de patrimonios que tantos problemas ha creado, desde los Jurisconsultos Romanos hasta nuestros días, plantando los pies encima de lo que quieres. Es una solución sencilla y absurda. La gestión de la propiedad al margen de las normas, que defiende el político, es simplemente inaceptable.

Conclusión y solución
Pareciendo dos visiones parecidas, la del economista si responde a una visión liberal, aunque impracticable, mientas que la del político, menos refinada, atenta contra principios liberales clásicos.

El político parece gustar de la ingeniería social, cuando refiere que “los liberales clásicos y libertarios catalanes deben reflexionar profundamente sobre el modelo de Cataluña que quieren”, cuando como liberal no deberíamos pensar en imponer modelo alguno a nadie que no lo acepte voluntariamente. El político pretende secesión y modelo impuesto por la regla de la mayoría, que Leoni ya refiriera como contraria a la Libertad, si esta se define como ausencia de coacción.

Ninguno de los dos refiere a que el proceso de secesión ha sido dirigido por las élites políticas catalanas, a lo largo de más de 30 años de dirigismo cultural, con la ausencia vergonzante de contrapeso alguno.

Tampoco refieren, los motivos en base a los cuales amparan la secesión, más allá del mero deseo de su titular. Si bien destacados liberales clásicos, reconocieron el derecho de secesión en el período de entreguerras, lo hicieron sobre la base de la limitación de libertades que se daban en regímenes totalitarios. Todo lo contrario de lo que sucede en Cataluña, que disfruta de una enorme autonomía y los ciudadanos que residen allí, tienen amparadas todas las libertades imaginables en occidente.

La solución a la problemática planteada debería centrarse en, manteniendo la regla de la mayoría aceptada popularmente, restringir su uso a casos excepcionales, purgando drásticamente el universo normativa actual, con el objetivo de que el “absolutismo parlamentario” existente devuelva a los operadores jurídicos (partes, fiscales, abogados, jueces, profesores o catedráticos) la libertad que se les ha arrebatado. La interacción de millones de estos operadores sobre un universo legislativo reducido nos permitirá un desarrollo más libre al margen de las imposiciones estatales. Algo que la fragmentación estatal no soluciona.

Al tiempo, en lugar de la secesión, lo que debería habilitarse es la desconexión voluntaria de respecto a los servicios públicos. La nación es un concepto de difícil concreción distinta del Estado como manifestación del poder público. El ciudadano identifica con facilidad al Estado, que se instrumenta a través de los servicios públicos de adhesión obligatoria.

La posibilidad de que el ciudadano se desconecte del Estado a través de la desconexión voluntaria de sus servicios, ya sea a través de un sistema menos radical como el de cheques, ya sea a través de la desconexión total, con asunción directa del coste por el usuario con reducción equivalente del pago de impuestos, en función de los servicios que se asumieran privadamente, es la solución a la secesión individual impracticable que plantea el economista o a la inaceptable secesión territorial que plantea el político.

La solución que propongo es más laboriosa que la propuesta por economista y político, aunque más sólida. No podemos caer en la tentación de dar soluciones sencillas a grandes problemas, pues como apuntara Henry-Louis Menken “para todo problema humano hay siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada”.
Por ello y por muchos otros motivos, que se exponen en el manifiesto “Som 47 milions-Somos 47 millones”, realizado por el El Club de los Viernes, es por lo que hemos iniciado una campaña de recogida de firmas en internet por la “Cancelación del Referendum Fraudulento e ilegal del 1-O”.

Un alto cargo de Justicia en Barcelona sólo hace sus escritos en catalán y ordena que los traduzcan
Miguel Ángel Pérez Okdiario 10 Septiembre 2017

El secretario de Coordinación Provincial de Barcelona dependiente del Ministerio de Justicia, Ramón Arbós Llobet, ordena a una empresa traducir los escritos judiciales que redacta en catalán porque se niega a escribirlos en español.

Ramón Arbós Llobet desarrolla este cargo de libre designación desde principios del 2016 en la administración de Justicia. Un puesto que se elige desde Madrid con el visto bueno de la Comunidad Autónoma respectiva, en este caso, la Generalitat de Cataluña.

Entre sus funciones, se encuentra la coordinación de las plantillas de todos los Juzgados de la provincia catalana. También es el superior jerárquico de los cerca de 700 secretarios judiciales de Barcelona, cuya labor se centra en el trabajo diario de los Juzgados. De hecho, el propio Arbós Llobet desempeñó durante años el cargo de secretario judicial en varios Juzgados barceloneses.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Arbós Llobet “redacta todos sus escritos, acuerdos, diligencias o comunicados judiciales en catalán”. Si algún secretario judicial de Barcelona le reclama dicho documento escrito en español, éste “recurre a los servicios de la empresa de traducción Seprotec Multilingual Solutions”. Con esta empresa, el Ministerio de Justicia posee varios contratos de colaboración para agilizar los trámites judiciales en diferentes lenguas.

Las razones que con las que justifica la traducción del catalán al español de sus propios escritos a través de este empresa y el uso de este recurso público ante sus funcionarios son la siguientes: “Sólo utilizo el catalán, porque el castellano es una lengua de otro país. Cataluña tiene su lengua propia” afirma rotundo.

Dichas órdenes de traducción son remitidas por correo electrónico por otra funcionaria y quedan registradas. Este diario publica uno de estos email con fecha 31 de marzo de 2017 cuyo asunto es “Traducció al castellá” (Traducción al castellano). En el correo remitido desde la Secretaría de Coordinación Provincial de Barcelona que dirige Arbós a la empresa Seprotec se señala lo siguiente:

“Bon dia. Seguint indicacions del secretari coordinador us adjuntem vuit documents ‘diligències de constanca TS/SC 007/2017’ per a la seva traducció a lìdioma castellà. Atentament, Secretaría de Coordinació Provincial de Barcelona”.

Mismo texto en español: “Buenos días. Siguiendo indicaciones del secretario coordinador os adjuntamos ocho documentos (diligencia de constancia TS / SC 007/2017) para su traducción al idioma castellano. Atentamente, Secretaría de Coordinación Provincial de Barcelona”.

Ramón Arbós Llobet habría estado relacionado hace años con los independentistas catalanes de ERC, partido del que podría haber llegado a ser militante. Además, se declara abiertamente secesionista.

Las mismas fuentes consultadas aseguran que este alto cargo del Mº de Justicia en Barcelona recurre a los servicios de traducción con centenares de documentos, “siempre que algún Juzgado le exige que dichos documentos estén redactados en español”. “Un hecho insólito”, aseguran, “al desempeñar un cargo de libre designación del Ministerio de Justicia de España y ni tan dependiente de la Generalitat de Cataluña”.
El servicio de traducción de la Justicia

La empresa a la que recurre el secretario de Coordinación Provincial de Barcelona del Ministerio de Justicia, Ramón Arbós Llobet, para traducir sus textos del catalán al español es Seprotec Multilingual Solutions. Esta compañía es una de las líderes del sector en la localización, la traducción y la interpretación, ofreciendo sus servicios a más de 900 clientes en todo el mundo.

En los últimos dos años, el Ministerio de Justicia ha adjudicado a Seprotec hasta 5 contratos menores por un valor cercano a los 80.000 euros. Normalmente, la duración de estos servicios se prolonga durante un año.

La labor que desempeña la citada empresa para el Ministerio de Justicia es encargarse de las interpretaciones simultáneas, las traducciones escritas y la traducción de los contenidos del Portal y de la Sede Electrónica del propio Ministerio.

 


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