AGLI Recortes de Prensa   Martes 12  Septiembre 2017

El despropósito independentista
Carlos Navarro Ahicart larazon 12 Septiembre 2017

Hay que ver, la de amigos nuevos que algunos pueden hacer en las trincheras del proceso independentista catalán. No hay más que ver la nueva relación de armonía existente ahora entre el terrorista y asesino Arnaldo Otegi y los dirigentes separatistas más sonados. Parece ser que, 30 años después del atentado de la banda terrorista ETA en el Hipercor de la Avenida Meridiana de Barcelona, que se cobró la vida de 21 personas y mandó a otras 45 al hospital, a este energúmeno le ha aflorado el gran amor que dice tener por Cataluña con su ridícula foto de “We love CAT”.

Pero no iba a quedar ahí la cosa. Este tipo de criminales va más allá y declaraba hace nada que el Estado español está utilizando los atentados terroristas en Cataluña del pasado mes para frenar el procés, “como hizo con ETA”. Unas declaraciones de lo más repulsivo, especialmente cuando uno se para a pensar quién ha utilizado verdaderamente la vía de la violencia y el asesinato como herramienta política: precisamente quien acuda a otros de hacerlo.

Y es que el gallinero independentista que se ha formado en Cataluña a lo largo de los años tiene de todo, no solo asesinos. También encontramos corruptos millonarios, mártires políticos expertos en el cobro de comisiones, personajes que se asemejan más a una tribu de salvajes hidrófobos que a alguien con aspiraciones reales de gobierno, y muchos otros actores políticos que no puedo enumerar por falta de espacio (no por ello menos memorables). En general, la clase política favorable a la independencia tiene más similitudes con una obra de teatro esperpéntica que con cualquier otra cosa. Si la cosa no cuaja, tal vez podrían montar un circo ambulante e ir de pueblo en pueblo animando y asqueando (a partes iguales) a los lugareños.

Todo esto podría quedarse en una lamentable y cómica anexos si no fuese porque supone un atentado real al Estado de Derecho y nuestro sistema legal y constitucional establecido. No lo decimos solo los españolitos. Allá fuera, en la Europa que tanto evocan los líderes independentistas, contemplan atónitos el golpe de Estado cutre y aparatoso que están organizando y consumando estos compatriotas. Ser ignorante no es delito, y cargar contra el marco legal que tienen que acatar por su pleno desconocimiento del mismo era de esperar. Pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y la ley es más que clara a este respecto: pretenden celebrar un referéndum completamente ilegal. Eso, queridos indepes, sí es delito.

Huelga decir que las independencias no son negativas per se. Grandes países han surgido basando su independencia en la libertad frente al marco restrictivo del país original, como Estados Unidos en su momento. El problema llega cuando un proceso independentista se basa en el odio irracional hacia un país que no hace más que esforzarse e invertir miles de millones de euros en el territorio en disputa para garantizar su bienestar; en unos preceptos con aspiraciones constitucionales más propios de una república soviética que de un país moderno y desarrollado; y en un nacionalismo tremendamente sectario que supura rechazo absoluto hacia “lo español”, peligrosamente cercano al nazismo.

Eso sí, no veremos que tengan problemas en la recepción masiva de inmigración islámica, siempre y cuando su sistema de coberturas haga que estas comunidades apoyen incondicionalmente la independencia.

El nacionalismo catalán está muerto, pero aún no lo sabe
Javier Benegas. vozpopuli 12 Septiembre 2017

La primera de las grandes fuerzas que mueven el mundo es la mentira. Con esta frase arrancaba el libro “El conocimiento inútil”, de Revel. Una defensa, ya entonces desesperada, del espíritu crítico que había caracterizado a Occidente, hasta que la Primera Guerra Mundial se tradujo en la quiebra de la tradición liberal y, muy especialmente, de su tolerancia crítica.

Con la caída en desgracia de los principios liberales, a los que injustamente se atribuyó la responsabilidad de la catástrofe, el pensamiento crítico fue cayendo en desuso. En su lugar, sin prisa, pero sin pausa, floreció el relativismo y con él su peor derivada: la mentira, la manipulación y la ingeniería social. La política dejó de ser el medio para gestionar el consenso con la sociedad civil y los políticos se transformaron en terapeutas. Ya no sólo importaba la economía, la seguridad y el bienestar material, sino que cobraron gran protagonismo los sentimientos de la gente. La nueva competencia de los líderes políticos, cada vez más alérgicos a la realidad y al pragmatismo, fue prometer la felicidad. Una felicidad no ya material sino, sobre todos, psicológica.

Así, la política derivó en la búsqueda e identificación de agravios, de discriminaciones e injusticias, reales o inventadas, que, más allá de la igualdad de oportunidades, ponía el foco en el estado anímico de las personas, pero no de forma individual sino siempre como grupo, asociando traumas y frustraciones a determinados colectivos, entre los que se encontraban, claro está, los nacionalistas. Desde esta nueva perspectiva terapéutica, la responsabilidad de las decisiones y actos de quienes pertenecían a los supuestos colectivos agraviados se imputaban al conjunto de la sociedad, nunca a quienes los cometían.
La desaparición de la igualdad ante la ley

El último principio que quedaba en pie, la igualdad ante la ley empezó a ser aplicado de manera facultativa. Según si el mantenimiento de la “paz social”, es decir, el bienestar emocional de un grupo lo aconsejaba o no, la ley se aplicaba o se dejaba en el cajón. Cuando esta práctica se convirtió en costumbre, los legisladores fueron más allá y liquidaron el viejo principio mediante la promulgación de leyes particularistas. Y la democracia liberal entró en una crisis sin solución. La sociedad fue dividida entre víctimas y verdugos, grupos fuertes y grupos débiles, de tal suerte que quienes lograban adjudicarse el papel de víctimas podían imponer su voluntad a los demás.

Sin embargo, para fundamentar las presuntas discriminaciones no bastaba con circunscribirse al presente. Había que remontarse al pasado para establecer el origen de los agravios. Lamentablemente, de todas las disciplinas del conocimiento, la historia es la más manipulable. Así que la mentira se liberó del presente y viajó hacia atrás en el tiempo. De pronto, las convicciones, convenciones e instituciones que vertebraban las sociedades dejaron de ser legítimas. La manipulación permitió, de una forma u otra, vincular su origen a la injusticia, la imposición o, incluso, la atrocidad: Orwell y su 1984 se habían hecho realidad.
Sociedades nuevas… y desarraigadas

Había pues que construir sociedades nuevas con “hombres nuevos”, rediseñar principios, disolver los estados-nación y refundirlos en organizaciones superiores, aunque esto, por fuerza, implicara a su vez quebrar las comunidades que los habían alumbrado. Por un lado, se imponía la descentralización de las administraciones y se abogaba por establecer jurisdicciones pequeñas, mientras que, por el otro, la planificación se trasladaba a organizaciones supranacionales, donde la política se reducía a la acción gerencial de los expertos. De pronto, decidir lo que estaba bien o mal ya no era competencia de la sociedad, sino de expertos y burócratas.

Así, por ejemplo, la definición de los valores europeos pasó a ser una competencia exclusiva de los tecnócratas de la Unión Europea. Pero el creciente vació que dejaba la pérdida de vigencia de los estados-nación y sus anclajes históricos no podía ser llenado por una organización estrictamente gerencial que, si bien reaccionaba con asombrosa diligencia a cualquier desafío de su autoridad, era por su propia concepción inmanente incapaz de definir valores en concordancia con una tradición larga, profunda y compleja. Imposible entusiasmar a las sociedades europeas aludiendo a tasas de crecimiento positivo, a un mercado único o, en su defecto, a una supuesta y fría racionalidad.
Una democracia en mitad de la tormenta

En medio de estas convulsiones, España transitó de la dictadura a la democracia. Una democracia que, cierto es, resultaba demasiado pobre, pero que pese a sus carencias tenía a su favor la voluntad abrumadoramente mayoritaria de transitar del viejo aislacionismo a un nuevo cosmopolitismo. Sin embargo, emprender el viaje hacia la modernidad en mitad de la tormenta que empezaba a arreciar en Europa y Occidente, sin margen para que los usos y costumbres democráticos alumbraran una sociedad civil consciente de su nueva responsabilidad, resultó fatal.

A diferencia de otras sociedades con una larga tradición democrática, la sociedad española fue extremadamente vulnerable, incapaz de oponer alguna resistencia a la creciente ingeniería social que, en forma de corrección política, transformó las viejas convenciones en tabúes.

Para colmo de males, los españoles quedaron atrapados en un diseño territorial que les privó de su identidad y que, lejos de proyectar las bondades que la teoría adjudicaba a la descentralización, exacerbaba los defectos de un modelo político sin apenas mecanismos de control. Los resultados fueron contrarios a los prometidos. Los ciudadanos jamás gozaron de un mayor control sobre unas jurisdicciones territoriales más pequeñas, sino que los políticos y caciques locales incrementaron su poder e influencia.

La negación de la comunidad española, y los intereses creados alrededor de la nueva y arbitraria estructura territorial, pronto invirtieron el inicial impulso cosmopolita de la Transición, transformándolo en un rancio e interesado provincianismo que se travistió de identidad nacionalista. Al fin y al cabo, el modelo político apenas otorgaba representación más allá de unos partidos políticos herméticos. En consecuencia, hasta lo más sagrado se convirtió en moneda de cambio en los acuerdos entre líderes políticos y grupos de interés.

Los localismos ganaron legitimidad, mientras que, con el pretexto de que el horizonte español era la integración en Europa, la identidad de España quedó a expensas de unas fuerzas centrífugas cada vez más poderosas. El concepto de España había quedado encuadrado en la incorrección política mientras que los nacionalismos localistas, identitarios y excluyentes resultaban coherentes con ésta.

Ahora, tras décadas de vituperar las leyes, hemos llegado al límite de elasticidad. Ya no hay margen de negociación, salvo consentir la quiebra definitiva. Y eso es imposible. La única alternativa es devolver a la comunidad su identidad, rechazar de una vez la absurda corrección política. Dirán que es imposible, pero no es cierto. Si siglos de historia pueden reescribirse en tan sólo un par de décadas por un puñado de amanuenses a sueldo, nada indica que el presente despropósito, basado como está en la mentira, no pueda corregirse en un espacio de tiempo sensiblemente inferior, si existe, claro está, voluntad. Esto es lo que demanda la mayoría de los españoles, los que están en Cataluña y los que no. En realidad, el nacionalismo localista está muerto, pero aún no lo sabe porque, por alguna extraña razón, el gobierno de Madrid no se lo ha dicho.

Inteligencia y seguridad
El Estado Islámico y Cataluña
AICS gaceta.es 12 Septiembre 2017

Durante esta semana, la actualidad está centrada, y con razón, en los acontecimientos que se están sucediendo en Cataluña. Barcelona, la que otrora fuera ciudad de referencia en España, en el Reino de España, de la que aún es y seguirá siendo parte junto con el resto de provincias que componen la Comunidad Autónoma de Cataluña, es el centro mediático provocado por el delirio secesionista de unos pocos que pretenden doblegar la voluntad de unos muchos. Las decisiones tomadas en el Parlamento de Cataluña, sin entrar en valoraciones políticas de las que siempre huyo, no tienen lugar ni en el país más desestructurado políticamente del África negra, sí esa a la que siempre miramos con cierto desprecio. Podría citar ejemplos, sin intención de ser aburrido, como Burundi, República Centroafricana, Somalia y algún otro que seguro me dejo en el tintero. Sinceramente, a mis ojos y mi entender, no precisamente entrenado en los análisis políticos, lo que estamos viviendo en España, en el Reino de España, bien podría ser parte de una de las Alertas de Inteligencia que diariamente emitimos desde AICS. Y si esa Alerta tuviera el encabezamiento de localización en Kenia, Uganda, Sudán del Sur o incluso Libia, no le extrañaría a nadie.

Pero, desgraciadamente, España tiene otros problemas. Problemas compartidos con Europa y que, de alguna manera, están influenciados por lo que ocurre en Cataluña. Lo están porque los causantes de esos problemas ven con buenos ojos lo que se vive en la conocida como Ciudad Condal.

En anteriores ocasiones, desde esta tribuna de tinta electrónica, hemos hablado de la táctica de los grupos terroristas actuales de buscar la desestabilización de Europa, romper sus instituciones democráticas, y provocar el enfrentamiento entre la población y el Gobierno. Caray, estamos haciendo su trabajo, y gratis.

Pero España, como decía antes, y me molesta no ser capaz de evitar llevar el texto a la actualidad del momento, tiene otros problemas que, de alguna manera, también son graves, peligrosos y actuales.

Hace poco más de veinte días que a las 16:30 horas de la tarde de un jueves, que debía haber sido un día cualquiera, una serie de individuos decidieron sembrar el terror en las calles de esa ciudad que ahora pretende alejarse de España. Ese mismo día, en ese mismo minuto, nos dimos cuenta que no éramos infalibles, y pudimos comprobar en nuestras carnes cómo las calles de nuestro país, de nuestra nación, eran el escenario de actuación del terrorismo islamista. Es curioso que los terroristas eligieran un escenario que pretende dejar de ser España, y que al mismo tiempo ellos, los malos, alardeen de que han golpeado a España. Curiosa dicotomía.

Volviendo a la realidad del momento, España tiene, como Europa otros problemas que se llaman terrorismo islamista.

Con la eliminación del grupo terrorista de Cataluña, no podemos pensar que el problema se ha terminado. Primero porque sería una temeridad, segundo porque estaríamos engañándonos a nosotros mismos.

Una cosa es necesario clarificar y que, para aquellos que sigan un poco el desarrollo del fenómeno del terrorismo islamista no será nada nuevo. Estado Islámico, a pesar de lo dicho por propios y extraños, expertos y aficionados, versados en terrorismo y analfabetos en la materia, no está detrás de este atentado. No a mis ojos, mis entendederas y mis conocimientos. Demasiados aspectos, propios de un atentado sufragado o auspiciado por la organización terrorista, no han aparecido. Desde el juramento de fidelidad a al-Baghdadi, hasta el vídeo imperativo para cualquier ataque relacionado con la organización. Sin embargo, el lector podrá pensar que esto choca de frente con los comunicados que el propio Estado Islámico emitió horas y días después de los ataques. Sí, es cierto que lo hace, pero debemos puntualizar que una cosa es asumir y otra atribuirse, y como tantas otras veces, se atribuye el hecho pero no lo asume, entre otras cosas porque no sabe ni cómo ocurrió. Y solo hay que leer el comunicado para llegar a esta conclusión.

Sin embargo, y dejando de lado este aspecto puntual, que para muchos puede ser nuevo, por bendición de esas afirmaciones jurisprudentes de algunos expertos, lo que sí ha dejado bien claro lo ocurrido el pasado agosto es que algo necesita ser revisado. España, como el resto de Europa, tiene ahora un nuevo problema, y muy grave, y es que ya ha sido violada por el terrorismo islamista. La virginidad que como nación tenía, gracias en mucho a la actividad profesional, eficiente y acertada de las Fuerzas de Seguridad, ha sido profanada por unos individuos, inexpertos, neonatos en el terreno del terrorismo, mal formados y peor entrenados (básicamente porque ni lo uno ni lo otro se puede aplicar a ninguno de ellos), pero que han demostrado que es posible cometer un atentado en España.

España tiene otro problema más allá de los devaneos esquizofrénicos de unos pocos habitantes de Cataluña, y es la seguridad de la nación, también de Cataluña porque es parte contratante, inseparable y constituyente de España. Y en pos de esa seguridad es necesaria la concurrencia de todos. Cierto es que algo ha fallado, porque cuando se produce un atentado, islamista o no, es porque algo ha fallado. Cierto es que alguien no actuó con la diligencia requerida, pero eso ya es pasado, y el pasado como tal quedó atrás. Ahora, lo necesario, lo imprescindible es aprender de ese pasado. Es obligatorio sacar las lecciones aprendidas de lo ocurrido, reflexionar y analizar de manera crítica los por qué de las cosas, y buscar las soluciones a esos problemas.

Pensar que ellos han tenido suerte, pero nosotros somos mejores y esto no va a volver a ocurrir es, cuanto menos, pretencioso, por no decir imprudente. Porque ellos, los que la mayoría piensan no han tenido ni suerte ni mala suerte, simplemente no han intervenido y eso es lo que da más peligrosidad a esta acción. Si unos cuantos individuos, radicalizados por medio de la propaganda consumida durante años, con la dirección espiritual de un Imam que aprendió a fabricar explosivos antes de ayer, han podido cometer un atentado como el de Barcelona, ¿qué ocurrirá cuando sean verdaderos profesionales, gente con experiencia de combate los que intervengan?

Eso es lo que debemos pensar ahora, lo que se debe analizar y de lo que se debe aprender. Dejémonos de luchar, de lanzar pozales de reproches en uno y otro sentido, apelaciones a la profesionalidad de unos frente a otros, y creemos un frente común para que no nos vuelvan a ganar la partida.

Parece que hoy, como ayer o antes de ayer, ya nadie se acuerda de lo que ocurrió hace menos de un mes. Cierto es que la actualidad, sangrante por lo que ridícula y sin sentido es, ha desbancado a todo lo ocurrido anteriormente, pero no podemos olvidarlo. Ellos no olvidan, y les voy a decir más, a las horas de hoy, los que escribieron esos mensajes atribuyéndose algo que no han hecho están contentos de ver lo que ocurre en España. Y se retrepan en sus sillones viendo la televisión o leyendo nuestros periódicos, pensando que gracias a ellos estamos discutiendo entre nosotros.

No les demos ese placer y no olvidemos que, desgraciadamente Cataluña no es el único problema.

Salvador Burguet
CEO AICS
Para más información, visite www.aics-sp.es

¿Hay que separar Islam y Yihad?
La Sharía en el Islam… y en Europa

Fernando Paz gaceta.es 12 Septiembre 2017

Uno de los objetivos del discurso globalista es el de disociar el yihadismo del islam, para lo que no solo debe recalcarse que la actividad terrorista del yihadismo es ajena al islam, sino que la idea misma de radicalismo es masivamente rechazada en los países musulmanes, pero… ¿es realmente así?

Lo que se pretende sugerir de este modo es que la ausencia de representatividad de los yihadistas no se debe solo a su carácter criminal, sino a que las sociedades musulmanas no apoyan siquiera los objetivos –no ya los medios- del radicalismo.

De este modo, se aísla el fenómeno terrorista de su matriz y se consigue el resultado deseado: romper el cordón umbilical que une ambos, lo que alimenta la idea de que los yihadistas no son verdaderos musulmanes, ya que el islam es una religión de paz.

Yihadistas impíos
Cada vez que se produce un atentado, y siempre que las circunstancias lo permitan, los medios airean biografías de los yihadistas en las que se demuestra que, en efecto, estos no han llevado una vida religiosa, añadiendo detalles de sus peripecias personales destinados a desacreditar la presunción de ser buenos musulmanes; es entonces de resaltar el celo –digno de una hoja parroquial de los años cuarenta- que muestran los medios en subrayar la impiedad de los zelotes muslimes.

Por supuesto, la mayoría de musulmanes rechazan el terrorismo yihadista como medio de lucha, y en una mayoría de países no justifican este tipo de actos. Pero la realidad es que los musulmanes apoyan de forma creciente la introducción de la sharía en sus sociedades, como muestran sistemáticamente las encuestas que se realizan.

Las encuestas, sin embargo, no valen gran cosa si no se las interpreta, de modo que nos dicen relativamente poco. Fundamentalmente, porque las diferencias internas en el islam son enormes, y no tiene mucho sentido asimilar el islam de una sociedad integrista como la de Afganistán con el de una sociedad en la que no resulta exótico un cierto concepto de secularización como puede ser la de Bosnia o Albania.

Para lo que hace a Europa, pues, lo sustancial es el tipo de interpretación islámica que prevalece en los lugares de emisión de la emigración hacia nuestro continente, vale decir Oriente Próximo, el norte de África y Pakistán, pues es su población la que habita nuestras ciudades.

¿Qué musulmanes?
En ocasiones se extrapolan los datos del conjunto del islam para afirmar que la mayoría de los musulmanes no está a favor de la imposición de la ley islámica, pero si analizamos esos mismos datos por regiones más o menos homogéneas, los resultados son distintos.

Ciertamente, algunas regiones del mundo musulmán muestran porcentajes inferiores al 15% de apoyo a la sharía, pero estas regiones emiten poca inmigración o ninguna, al menos hacia Europa. Por eso, en lo que a nuestro continente atañe, los musulmanes magrebíes y del Próximo Oriente son favorables a instaurar la sharía en un porcentaje cercano al 75%, y los de Pakistán lo están en cifras aún mayores, en torno al 85%, algo indudablemente abrumador; y eso es lo que está entrando en Europa.

En términos generales, la mayoría de los musulmanes considera que la música occidental, las películas y la televisión –y, por ende, los medios de comunicación- constituyen una amenaza a la moral, lo que no significa que no disfruten de ello de modo más o menos silente, sobre todo cuando gozan de la suficiente autonomía social. Sin embargo, eso no parece haber impulsado una mayor integración, y la mejor prueba es que los musulmanes viven en comunidades cerradas en las que, cada vez en mayor medida, la ley imperante es la sharía.

¿Qué es la Sharía?
Lo que se conoce como Sharía es el derecho islámico (Sharía, en árabe significa “lo que está permitido”), aunque su concepción del derecho tiene poco que ver con lo que nosotros conocemos por tal. En esencia, se basa en las últimas suras del Corán, las últimas según el orden de la revelación, no según el orden en que aparecen en el Corán.

De hecho, una de las fuentes de la Sharía es la sura quinta, que resulta ser una de las últimas en ser revelada. En esta sura se tratan cuestiones de orden moral, pero también dietético, la prohibición de beber y de jugar y de la adivinación como obra del demonio. Las cuestiones sexuales se tratan en la sura 24, algo anterior a la quinta: “Flagelad a la fornicadora y al fornicador con cien azotes cada uno…”

Lo esencial es que las suras más tardías están, lógicamente, consideradas como las más importantes. Pero los musulmanes conceden que el Corán a veces no es lo suficientemente explícito: enuncia líneas generales pero, en ocasiones, está carente de detalles que concreten las normas.

Para esto existen los hadices, cuyo significado es el de “dichos tradicionales”, y que están formados por los hechos y dichos de Mahoma, quien es propuesto como el modelo perfecto de musulmán; esto hace que la biografía de Mahoma sea tan importante en el islam.

La mayor parte del derecho penal del islam, así como el modo en que se concretan los Cinco Pilares del Islam, proceden de los hadices.

La Sharía es, pues, una concepción del mundo que abarca todos los aspectos de la existencia, y que incide tanto sobre lo público como sobre lo privado. Ningún ámbito humano escapa a su jurisdicción. Porque la sharía no es un asunto privado, personal, sino que constituye un sistema legal global, que abarca todos los aspectos de la vida personal y social.
Para lo que nos ocupa, es evidente que cualquier cesión a la sharía no puede realizarse sino en detrimento de las leyes occidentales; no caben compromisos.

La Sharía en Marruecos
Como se ha dicho antes, se produce un claro desequilibrio en las regiones del mundo musulmán en cuanto a su grado de islamización, pero el problema reside en que, justamente, quienes llegan a Europa proceden de las regiones más islamizadas.

Cobra particular importancia la situación de Marruecos, y no solo en el caso de España, ya que el 70% de los yihadistas que han cometido atentados en Europa durante los últimos quince años son de origen marroquí.

Y no es extraño, por cuanto las mezquitas en ese país están muy inclinadas hacia el radicalismo, en el seno de una sociedad profundamente islamizada, algo que tanto en España como en el conjunto de Europa se oculta celosamente. En nuestro vecino meridional se viene aplicando una cierta versión de la sharía desde hace décadas.

La eliminación que Hassan II llevó a cabo de la oposición socialista, sindicalista y democrática en los años setenta y ochenta dejó el camino abierto a un tipo peculiar de fundamentalismo como principal fuerza para encauzar la protesta popular, sobre todo entre los pobres urbanos. Tres décadas más tarde, el 83% de la población se muestra favorable a la aplicación de la sharía. La dirección política de la nación tiene esto muy presente, razón por la cual el proselitismo de otras religiones está prohibido y penado con cárcel, y la predicación del cristianismo por misioneros representa su expulsión inmediata.

En Europa
La inmigración que llega hasta nuestras tierras procede, pues, de estas coordenadas culturales. Es una inmigración juvenil, radicalizada y fuertemente islamizada, que encuentra en el islam su seña de identidad, lo que no es raro dadas las condiciones en que se han desarrollado.

Los emigrantes procedentes del norte de África y del Próximo Oriente apoyan casi en un 80% que el derecho familiar esté sometido a la ley islámica; y cerca del 60% son favorables a que se empleen castigos físicos contra los infractores y que se ejecute a los apóstatas. Nueve de cada diez consideran que no se puede tener moral si no se cree en Dios.

El sometimiento de las mujeres a los hombres es compartido por el 87% de la población, y dos tercios creen que los líderes religiosos deben desempeñar un papel político eminente.

En muchas ciudades europeas, patrullas de jóvenes uniformados recorren las calles en los barrios musulmanes advirtiendo a sus correligionarios lo que les está permitido y lo que no. Obligan a las jóvenes a ponerse el velo si no lo visten y utilizan la violencia contra los más rebeldes.

En otras ciudades incluso han llegado a verse carteles con la leyenda: “Está entrando en zona controlada por la sharía”, como sucedió en Dinamarca hace unos años, algo a lo que hizo alusión el líder islamista Anjem Choudary cuando presumió de tener en Gran Bretaña “miles de personas dispuestas a salir a patrullar las calles para nosotros”.

En Estocolmo la situación es punto menos que insostenible en muchas zonas de la ciudad, hasta el punto de que la policía reconoce su incapacidad de controlarla. Barrios enteros aplican la sharía al margen de la ley del país, y los problemas de seguridad se han multiplicado; en los conciertos veraniegos al aire libre, las violaciones son habituales y se han planteado suspenderlos de cara a los próximos años.

Complaciendo al Islam
Algunas de las principales capitales europeas han comenzado unas curiosas campañas de moralización, casi siempre de la mano de partidos progresistas que no hace tanto eran los abanderados de la más completa libertad sexual.

En París, la alcaldesa socialista Anne Hidalgo –de origen andaluz- ha determinado que ya es hora de eliminar el sexismo del espacio público y que París será “pionera” en esta lucha. Casualmente, coincide con la decisión del alcalde de Londres, el musulmán Sadiq Jan, resuelto a prohibir todos aquellos anuncios que levanten “expectativas no realistas sobre la imagen física y la salud de las mujeres”. En la capital alemana, en fin, también se ha dispuesto que sean proscritas las imágenes de mujeres que aparezcan “atractivas aunque débiles, histéricas, tontas, locas, ingenuas o gobernadas por sus emociones”.

La vestimenta de las europeas se está viendo así mismo modificada. Ya sucedió cuando los miles de asaltos sexuales en la Nochevieja de hace un par de años en Alemania y la alcaldesa de Colonia pidió a las alemanas que pusieran cuidado en no “sugerir” con el vestir; ahora, los colegios de ese país están enviando comunicaciones a los padres para que eviten que sus hijas usen ropas “provocativas”: el obvio objetivo es no incomodar a los musulmanes. Propósito que ha movido también a los ayuntamientos holandeses a tomar una iniciativa parecida al pedir a sus empleadas que no usen minifalda.

La sharía se está aplicando en amplios espacios de las ciudades europeas ante la casi completa dejación de las autoridades. El discurso de la corrección política se ha impuesto entre las fuerzas políticas tanto de izquierdas como de derecha; un discurso que favorece la pujante inmigración musulmana, aunque exija un repliegue del derecho, de la moral y de la libertad que han sido características de nuestra civilización.

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De cómo maquillar la realidad para encantamiento del personal
Ernesto Ladrón de Guevara  latribunadelpaisvasco.com 12 Septiembre 2017

La Consejera de Educación del Gobierno de las provincias vascongadas ha dicho en público que para este curso tiene como cuestión relevante un plan de lectura en los centros escolares, para atajar el desastroso resultado evidenciado en el Informe de Pisa último. Recordarán, estimados lectores, que en ese informe anual se decía que los alumnos vascos tenían una comprensión lectora (ahora se llama competencia lectora) por debajo de la media española, es decir, menor que en las comunidades autónomas con presupuesto per cápita en Educación muy por debajo del vasco. Si analizamos el significado del término competencia, vemos que este sustantivo significa capacidad, habilidad, destreza o pericia para realizar algo específico o tratar un tema determinado.

A mí me parece que la competencia lectora tiene mucha relación con la comprensión verbal. Para que se me entienda: a mayor cantidad de significantes cuyo concepto pasa al entramado cognitivo, mayor competencia verbal. Cuantas más palabras se comprendan más capacidad de interpretación hay de los significantes insertos en los textos que se leen. A mayor cultura, en definitiva, entendida la cultura como bagaje de conocimientos y saberes, más capacidad de interpretación de textos. Y ese conjunto de saberes tiene su basamento en la lengua materna que ha recibido el sujeto, en su contexto familiar y social, en los recursos de los que dispone la persona para adquirir el conocimiento, es decir en el sistema educativo, y en las fuentes de información que disponga la persona. Pero si desde los inicios de la escolarización ese contexto es pobre, si se le cambia la lengua materna por otra que no es de su entorno cultural, si el bagaje léxico se reduce al mínimo, si la mochila de significantes y significados se deja en su mínima expresión, por mucha mecanización lectora que se tenga no puede haber una comprensión, pues el niño leerá de la misma manera que un loro repite palabras, sin enterarse de nada. Y eso es más o menos lo que ocurre hoy en el País Vasco. No nos engañemos y que no nos engañen.

Lo dice la UNESCO y la UNICEF. Es esencial que se respete la lengua materna para adquirir eso que se llaman competencias lectoras. Pero también lo decía el informe PIRLS, que es una versión del PISA para los primeros estadios de la escolarización. Decía que una lectoescritura adquirida al margen de la lengua familiar lleva a retrasos en la adquisición de esa destreza. Convendría que la señora consejera se informara de los informes PIRLS para que actúe con conocimiento de causa.

Para más abundamiento, veamos los resultados en una comunidad, Cataluña, donde el castellano en las aulas es una lengua extranjera:
Según los concienzudos análisis de Convivencia Cívica Catalana a la luz de los resultados del Informe Pisa correspondiente a 2015, el porcentaje de fracaso de los alumnos castellano-hablantes duplica a los catalano-hablantes, ¿por qué?, pues simplemente porque se les obliga a aprender en una lengua que no es la suya materna, es decir el catalán. ¿Y quién se preocupa por ello? ¿Quién protege el derecho de esos alumnos que son una parte sustancial de la población escolar? Los daños colaterales del “proceso nacionalista” adquieren una gravedad inusitada, difícil de perdonar.

Por tanto, si analizamos el índice de integración de los alumnos castellano-hablantes en el ámbito escolar, observamos que Cataluña es la comunidad que menos integra, es decir, que menos normaliza o protege los derechos de una parte fundamental de la población escolar, incumpliendo con ello el derecho a la educación protegido por la C.E. en su artículo 27. Esto es delictivo y algún día se reflejará en los tratados que estudien los totalitarismos del siglo XXI.

Si analizamos otro indicador, como es el índice de repetición de curso, del conjunto de los repetidores el 53,9 % corresponde a los alumnos castellanohablantes.

¿Por qué la señora consejera no nos dice en qué lengua se va a desarrollar ese Plan?. Solamente enuncia una intención, ningún detalle más, con lo que mucho me temo que cuando se ocultan las cosas es por algo. Qué va a ser, ¿en euskera?, ¿en la lengua en la que hablan en la calle y a nivel familiar solamente el 15 % de los vascos? ¿En castellano? ¿En cuyo caso ya no nos pueden engañar con la filfa esa de que el modelo D es solamente en euskera? ¿En qué lengua, señora? Es esencial saberlo para tener la certeza de que no nos está engañando.

Pero yo, que soy un poco viejo en edad y en experiencias, mucho me temo que se está maquillando el tema, pero que todo va a seguir igual. Porque la finalidad de la educación para el PNV sigue contemplada en estas pocas líneas programáticas a las que los nacionalistas vascos no han renunciado:

“El mantenimiento y consolidación de nuestra cultura e identidad como nación pasa por una Escuela Vasca que potencia nuestra lengua a través de la euskaldunización; pero además de la lengua la cultura vasca se plasma en una historia y una geografía propias, así como en los logros y manifestaciones de toda índole que los vascos hemos producido a través del devenir histórico”.

En definitiva, el nacionalismo sigue viendo la Educación como sistema de adoctrinamiento para crear las bases de la sociedad nacionalista homogénea, tal como lo decía Luis Eleizalde en su declaración programática que se manifiesta como catecismo oculto del nacionalismo tras cien años de vigencia:

“Las etapas que debe recorrer todo nacionalismo normal, y por tanto el nuesto, son estas tres, y por este mismo orden cronológico: Primeramente, la etapa social y cultural, en la que se va despertando y arraigando la conciencia de la nacionalidad, y se va elaborando el programa socio-político que contiene las aspiraciones de la nacionalidad renaciente. Esta es la etapa fundamental, la etapa de las escuelas, de las academias y ateneos, de las publicaciones científicas y literarias, de las cooperativas obreras, de los Congresos de Estudios, de las Semanas Sociales, etc. Viene a continuación, aunque sin cerrar la primera que sigue subsistiendo, la etapa política, durante la cual el Nacionalismo, por medio de sus representaciones parlamentarias y administrativas, trata de incorporar a la vida pública el conjunto de soluciones estudiadas y elaboradas durante la etapa anterior. Esta segunda es la etapa de las elecciones, de los mítines políticos y de todo el movimiento que esta clase de actuación trae consigo. Finalmente y subsistiendo las dos primeras etapas llega la final, la del triunfo completo y pleno dominio”.

Deseo equivocarme. Pero mucho me temo que va a ser todo según este modelo programático, con el asentimiento bovino del resto de los partidos.

1714: victimismo y mentiras
Desmontando falacias: la Guerra de Sucesión no fue nunca de secesión, la matanza de Roser es un mito y el 'Bando de los Tres Comunes' era españolista.
Jorge Vilches elespanol 12 Septiembre 2017

Los nacionalismos tardíos, como el catalán, no son hijos de la Ilustración y de la Revolución francesa. No se fundaron en el “We, the people”, o en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ni siquiera en la Constitución española de 1812. No vincularon la construcción de su Estado nacional sobre la idea de libertad, igualdad y progreso. Todo lo contrario. Los movimientos nacionalistas surgidos a finales del siglo XIX y que cobraron fuerza a comienzos del XX, se fundaron en el darwinismo, el biologismo político y la invención de la tradición, desde una posición defensiva y victimista.

El supremacismo de aquellos nacionalismos, trufados de xenofobia y racismo, de desprecio a la inmigración, que alertaban sobre la “contaminación” con culturas foráneas, se desbordó en las dos guerras mundiales del siglo XX, y alimentó los totalitarismos. Como escribió Fichte: todo nacionalismo termina en socialismo, y todo socialismo concluye en nacionalismo. De ahí que los independentistas catalanes de las décadas de 1920 y 1930, como Nosoltres Sols! o Estat Català –organización que estaba dentro de ERC-, tuvieran como modelo el fascismo italiano, y mantuvieran buenas relaciones con el nacionalsocialismo alemán.

La construcción de “comunidades imaginarias”, como escribió Anderson, procedió de pequeñas élites culturales que definieron la Historia y las costumbres de un pueblo, mezclando verdades con mentiras. Luego, esa élite se convirtió en una organización política con el propósito de conservar y exaltar esa “historia nacional” que “otros” querían ocultar. Forjada esa nueva identidad y convertida la cultura en cuestión política, accedieron a las instituciones. Su objetivo fue siempre ir catalanizando espacios del régimen hasta destruir el Estado que los cobija y construir uno propio. Desde los resortes institucionales, controlando el presupuesto y la educación, poco a poco, desde la Mancomunidad catalana en 1914 en adelante, aquella oligarquía forjó una comunidad que debía ser homogénea.

Esa construcción, una especie de imperativo histórico, legitimaba cualquier acción política que condujera a un Estado propio, en el que, como dijo Josep Dencàs, uno de los golpistas de 1934, “no debería haber más que un partido y no se habría de consentir ningún otro, porque el sistema de una pluralidad de partidos, respondiendo a una variedad de opiniones, iba desapareciendo de los pueblos modernos”.

La construcción totalitaria de esa comunidad necesitaba una revisión de la Historia para pergeñar un relato victimista, en el que se demostrara la perversidad del enemigo, del extranjero, del opresor y explotador, frente a la bondad de las gentes propias, verdaderos ejemplos de las más grandes virtudes, que siempre defendieron, como ellos, la independencia de su nación catalana. Así se creó el mito de 1714; porque un mito, como escribió Georges Sorel, es un relato fantasioso, mentiroso y emocional cuyo objetivo es movilizar fácilmente a la gente. Ese mito está lleno de mentiras. Merece recordar lo que ocurrió:
El 'malvado' Felipe V fue traicionado

Entre los catalanes de comienzos del XVIII perduraban aún los recuerdos de las campañas bélicas francesas en tierras catalanas, en especial con motivo de la efímera incorporación de Cataluña al país vecino en 1641. Felipe V quiso hacerse con el favor de las oligarquías y estamentos de toda España, y el primer paso era aceptar sus normas. No vino a imponer el absolutismo, sino a reinar. Por esta razón, el 4 de octubre de 1701, en Barcelona juró los fueros y abrió las Cortes catalanas.

La buena disposición dio como resultado las “constituciones” de 1702, en las que el Principado quedó más favorecido que nunca. Así se celebró un pacto contractual, como recuerda el historiador Óscar Uceda, entre el rey, la Cortes catalanas y las instituciones representativas, como el Consejo de Ciento o la Paería de Lérida. El contrato consistía en respetar las leyes a cambio de reconocer la soberanía del Borbón.

La Guerra de Sucesión obligó a Felipe V a dejar España. A su marcha, el bando catalán austracista, los vigatans, fue creciendo desde el momento en el que las noticias parecían decantar la victoria del lado de los enemigos de Felipe V. Un grupo de nobles vigatans fue en 1705 a Génova para negociar con un representante inglés el cambio de bando en la guerra. La traición se rubricó el 20 de junio de 1705. El compromiso era alzarse en armas contra el rey, ese mismo al que habían jurado tres años antes, a cambio de dinero y armas. En el caso de vencer, los aliados contra el Borbón se comprometían a respetar las constituciones de 1702; sí, las mismas que habían elaborado con Felipe V.

El cambio de bando supuso un enfrentamiento armado entre catalanes, entre los vigatans y los borbónicos –apodados botifler-, lo que muestra que no fue una guerra de castellanos contra catalanes, sino entre austracistas y defensores de Felipe V.

Finalmente, por no alargarme, tras la caída de Barcelona en septiembre de 1714, Felipe V abolió las constituciones, esas mismas que las instituciones catalanas habían violentado demostrando así una inseguridad jurídica, una desconfianza tras la traición, que el nuevo rey no deseó. Por tanto, es falso que “los catalanes” lucharan por mantener los derechos y libertades de Cataluña, porque se pactaron en 1702 y luego sus instituciones las traicionaron.

La guerra no fue España contra Cataluña
Oriol Junqueras, historiador, se dedicó durante años a dar conferencias convenientemente financiadas por la Generalitat, en las que explicaba que la Guerra de Sucesión era en realidad de Secesión, demostrada, a su entender, en la resistencia del pueblo catalán frente al invasor castellano y francés.

El mito del pueblo resistente se forjó durante la Renaixença, un movimiento romántico tardío, a finales del XIX, para recuperar y reinventar la historia y la lengua como señas de identidad segregacionistas. Bofarull, por ejemplo, difundió en 1878, el mito de los segadors de 1640 como un grupo homogéneo con un interés exclusivamente político. Esa interpretación la siguieron Rovira i Virgili, Ferrán Soldevilla y Segarra, entre otros del XX, que reforzaron la visión de un bloque compacto de resistencia catalana contra el centralismo. Esto se hizo retorciendo la Historia con un discurso político y emocional, lleno de adjetivos y sin documentación. Ese esquema interpretativo se aplicó a la Guerra de Sucesión, por la que la llamaron “de Secesión”.

Reducir una guerra internacional por la posesión de España y de su Imperio a un conflicto local resulta grotesco.
Sin embargo, la Historia dice otra cosa. El conflicto se produjo por la disputa del trono de España entre el candidato borbónico y el austriaco, Felipe V y el archiduque Carlos. La posesión de España y de su Imperio era algo tan determinante para la política mundial que limitarlo, como denuncia el historiador Luis Ribot, a un conflicto local por la conservación de una “protodemocracia” catalana resulta grotesco. Inglaterra, Portugal y Holanda apoyaron a Austria frente a Francia, constituyendo de esta manera una alianza que provocó una guerra internacional. Incluso algún historiador la califica como la verdadera primera guerra mundial porque se desarrolló por todo el planeta.

La división entre españoles fue evidente. Madrid y Toledo fueron austracistas, por ejemplo. La Cataluña interior y el Valle de Arán se decantaron por el Borbón; no en vano lucharon contra los vigatans en 1705. Lo mismo ocurrió en otras regiones españolas. El conflicto entre españoles no respondió a identidades nacionales, sino a proyectos políticos, a lealtades regias, a borbónicos contra austracistas, como señala el historiador Ricardo García Cárcel. Así, en Cataluña combatieron unidades francesas, holandesas, portuguesas, austriacas e inglesas, junto a españoles de los dos bandos. Un ejemplo es el caso de Tarragona, bombardeada por los aliados austracistas y asediada por tierra por las tropas de Nebot, un coronel catalán.

Oriol Junqueras, sin embargo, decía en 2007 que los ejércitos de Felipe V contra los catalanes estaban compuestos por castellanos que llevaron a cabo un “terrorismo militar”. Lo cierto es que en toda guerra hay barbaridades, en este caso también por parte de los migueletes, tropas austracistas en Cataluña. Estos soldados, sin sueldo ni disciplina, y catalanes, fueron una auténtica plaga para los campesinos.

La supuesta matanza de 700 catalanes a manos de tropas castellanas en Lérida en 1707 nunca ocurrió.
Ese concepto de “terrorismo militar” alimenta el uso del victimismo de la oligarquía catalanista. Por ejemplo: cada año en Lérida se celebra un homenaje a la supuesta matanza de 700 catalanes a manos de las tropas castellanas, en el convento del Roser, el 13 de octubre de 1707. Las investigaciones arqueológicas e históricas de Óscar Uceda han demostrado que ese episodio nunca ocurrió, sino que el catalanismo del XX lo inventó. A pesar de eso se sigue celebrando.

No fue el 11 de septiembre, sino el 12
El asedio de Barcelona no terminó el 11 de septiembre de 1714. En el torrente de invenciones y manipulaciones históricas, hasta la fecha es errónea. A media tarde de ese día, los defensores enarbolaron bandera blanca, y una comisión fue a entrevistarse con el duque de Berwick en la brecha principal, quien les dio de plazo hasta el amanecer del día 12 para la rendición. Al no suceder esto, ordenó incendiar la ciudad, y prohibió el saqueo. A mediodía del 12, los defensores sacaron de nuevo la bandera blanca y se rindieron. Berwick accedió a respetar sus vidas y propiedades, y en la tarde del 12 de septiembre, no del 11, las tropas borbónicas entraron en la ciudad.

A pesar de esto, de la Historia y la documentación, el 11 de septiembre de 1891, un pequeño grupo de simpatizantes de la Unió Catalanista organizó el primer acto ante la estatua del que era Conseller en Cap en septiembre de 1714: Rafael de Casanova. Y de ahí en adelante. Pero Casanova no es quien dice que fue los catalanistas.

El Tratado de Utrecht, firmado el 14 de marzo de 1713, puso fin a la guerra. El acuerdo consistió en la retirada de las tropas aliadas en Cataluña, Menorca e Ibiza. A cambio, Felipe V se comprometió a una amnistía, al olvido de las responsabilidades y prometió a las instituciones catalanas los mismos derechos que tenían las castellanas; en especial, el acceso al comercio con América, que hasta entonces era un monopolio del puerto de Sevilla.

Inglaterra prometió un acuerdo mejor al del Tratado de Utrech, lo que explica la resistencia de Barcelona.
Inglaterra, que siempre enturbió la relación de la metrópoli con Hispanoamérica por motivos comerciales, “convenció” a las autoridades catalanas para que no aceptaran el Tratado, prometiendo un acuerdo mejor y diciendo que les ayudarían militarmente, lo que no ocurrió. Esto explica la resistencia de Barcelona desde el 9 de julio de 1713, aunque con muchas discrepancias internas. De hecho, Villaroel, que dirigía la resistencia de la ciudad, acabó dimitiendo, y fue sustituido, ante la ausencia de candidatos, por la Virgen de la Merced.

El 11 de septiembre de 1714, antes del asalto de las tropas borbónicas, Casanova colocó en la muralla el estándar de Santa Eulalia. Fue herido en un muslo, trasladado al colegio de la Merced, y luego a la finca de su hijo en Sant Boi de Llobregat. En 1719 fue amnistiado y siguió ejerciendo la abogacía durante décadas.

El bando de los Tres Comunes era españolista
El 11 de septiembre, las autoridades de Barcelona publicaron un bando -de los Tres Comunes- que llamaba a resistir para no caer esclavos de Francia, “como los demás españoles engañados”, y animaba a que “todos como verdaderos hijos de la Patria, amantes de la Libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y vida por su Rey, por su honor, por la Patria y por la libertad de toda España”.

El españolismo de los defensores de Barcelona en aquellos días también se reflejó en las palabras de Villarroel a los soldados y al pueblo: “Hoy es el día en que se han de acordar del valor y gloriosas acciones que en todos los tiempos ha ejecutado nuestra nación. No diga la malicia o la envidia que no somos dignos de ser catalanes e hijos legítimos de nuestros mayores. Por nosotros y por toda la nación española peleamos”.

Casanova tampoco luchó por la independencia de Cataluña, sino por una España libre de Francia. Estos documentos los recogió el historiador catalán, Francisco de Castellví y Obando en sus Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año 1725, páginas en las que se lamenta de la “guerra civil en la que la nación española fue homicida de sí misma”.

La Historia se utiliza para argumentar discursos políticos. Es en ese momento en el que deja de ser conocimiento histórico y pasa a ser mito y, por tanto, falsedad. Quizá lo resumió mejor Prat de la Riva en su Compendio de doctrina catalanista (1894): “bajo los nombres viejos hicimos pasar la mercancía nueva y pasó (…) y con calculado oportunismo, insinuábamos en sueltos y artículos, las nuevas doctrinas, barajando con intención región, nacionalidad y patria para acostumbrar, poco a poco, a los lectores.”.

***Jorge Vilches es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense.

Independencia: Lastre y negocio
Editorial larazon 12 Septiembre 2017

Hoy, los ciudadanos de Cataluña deberían celebrar su Diada. Pero con toda probabilidad, como ha sucedido en los últimos años, la jornada será instrumentalizada al servicio de los intereses de una parte no mayoritaria de la gente que vive en el territorio. Los separatistas se encargarán de que el día de todos lo sea de unos cuantos, se preocuparán, con el Gobierno de la Generalitat a la cabeza, de que los fastos promuevan la división y no la convivencia. Ellos se juegan mucho en este envite de la secesión. Es una forma de vida, el seguro de un alto tren de regalías, sostenido con fondos públicos. De que este pulso con el Estado no acabe nunca depende que todos los privilegios y canonjías de ese nutrido grupo de notables de la independencia perdure en el tiempo. Prebendas y estatus, claro, que se traducen en un coste y ese coste en unas consecuencias para todos los habitantes de la comunidad autónoma.

El entramado de entidades, sociedades, fundaciones, organismos y subvenciones, especialmente, subvenciones, que sostiene el negocio del enfrentamiento con el Estado es de unas dimensiones extraordinarias y el esfuerzo financiero que conlleva va parejo con todo lo que eso supone. Dinero, claro, que sale de los bolsillos de todos los ciudadanos de Cataluña, pero sobre todo de los de España en su conjunto. Es una obviedad, pero conviene insistir hasta la saciedad en que los independentistas mantienen abierto 24 horas al día, siete días a la semana, sin poner un euro de su pecunio particular. La relación de gastos por hacer de la independencia el denominador común y único de las políticas públicas de la Generalitat asciende a 836 millones de euros al año, y van unos cuantos, en un desglose que demuestra como un gobierno se convierte en un régimen agitador y propagandista con la misma intensidad que se olvida de sus ciudadanos.

Pensar en los programas sociales que se podrían haber financiado con esas ingentes cantidades de dinero dedicadas a las ambiciones de unos cuantos sería motivo suficiente para que la gente que padece el acusado deterioro de los servicios públicos catalanes reflexionara sobre esta deriva. Mientras los hospitales públicos, los centros escolares, las residencias de ancianos, las farmacias y otras entidades sociales dedicadas a socorrer a los desfavorecidos padecen la falta de compromiso de esta Generalitat de los recortes, sus medios de comunicación se llevan 236 millones; el departamento de Exteriores, 39 millones; Omnium y la ANC, 7,5 millones, entre otras partidas difícilmente justificables en aras del bien común. Ese derroche, que, reiteramos, nunca se tradujo en inversiones en favor del interés general, engordó una monumental relación de números rojos hasta convertir a Cataluña en la comunidad autónoma más endeudada de España y a sus habitantes también en los mayores deudores del país. Hasta tal punto, que la Generalitat tiene hoy un nivel de dependencia récord de la financiación del Estado, que cubre ya cerca del 70 por ciento de su pasivo.

Estas cifras hablan de la culpable irresponsabilidad de una Administración separatista que no vaciló en sumir a Cataluña en una situación real de impago y en poner en riesgo los servicios públicos con tal de que la maquinaria independentista se mantuviera engrasada en euros. Que mintieran con descaro con aquel lema del «España nos roba» es una infamia más de muchas que, más pronto que tarde, se volverán contra una casta de políticos empeñada en reventar la democracia y de paso en empobrecer a sus gobernados. Su legado será recordado como uno de los más nefastos y nocivos de la historia de España.

Golpe de Estado en marcha (6)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Septiembre 2017

LA DIADA: IMAGEN ROTUNDA DE UN FRACASO POR INCOMPARECENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y POR LA POLÍTICA DEL “DEJAR HACER”.

Hoy como cada 11 de septiembre de los últimos 37 años, tras el final de la dictadura franquista y la instauración de la autonomía, el nacionalismo catalán celebra la Diada, como el Día de Cataluña. Una fecha que conmemora la caída de Barcelona ese día de 1714 a manos de las tropas del que sería finalmente Rey de España, iniciando la dinastía borbónica, en la llamada guerra de sucesión. Una derrota que conllevó la pérdida definitiva de los fueros del antiguo reino de Aragón, Valencia y Cataluña y de sus respectivas autonomías. Una fecha simbólica usada como reivindicación oportunista para conseguir la plena autonomía que es la independencia de España. Estamos pues ante el uso mezquino de la Historia para fomentar el frentismo con España de la sociedad catalana, acudiendo al sentimiento nacionalista del “Estado opresor y represor” de las aspiraciones y reivindicaciones justas del pueblo catalán.

Pero la pregunta es ¿por qué hemos llegado a este punto de enfrentamiento y a esta masiva movilización de los catalanes? Pues la respuesta, como siempre, es compleja y tiene múltiples facetas, es decir responsables que no solo señala a ese nacionalismo decimonónico. Y uno de los principales responsables es sin duda el Estado, es decir, los diferentes Gobiernos de España habidos desde la llamada Transición a la democracia desde el régimen de la dictadura de Franco. Y como primera fuente de conflictos está la Constitución de 1978. Y no diré que no fue un logro y un indudable mérito plasmar en un documento la complejidad de pasar de un sistema centralizado a un sistema de Monarquía parlamentaria y autonómico donde nada menos que se introdujo el concepto ambiguo de “nacionalidades” como forma de reconocer la diversidad sociocultural de diversas regiones. Algo que se especificó con El País Vasco y Navarra al reconocérseles una situación de privilegio con el Concierto Vasco y los Fueros, respectivamente. Y la guinda del pastel fue el establecimiento de dos vías de acceso a la autonomía, una directa para las llamadas "históricas" como El País Vasco y Navarra y otra algo más lenta para el resto, y la improvisación de su creación en el agrupamiento de provincias o su nueva figura en forma uniprovincial como Madrid, La Rioja, Murcia, Cantabria, Asturias y las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En un principio, durante las sucesivas legislaturas con gobiernos del PSOE con Felipe González como Presidente y unas cómodas mayorías absolutas, lo que se impuso, más que un Estado de Derecho, fue un Estado de revancha y rapiña. La política del “pelotazo” y de la “beatiful y Jet people” de las élites socialistas y conservadoras, y el auge económico de los Sindicatos UGT y CCOO que recuperaron e incrementaron su patrimonio y poder sindical, fueron el caldo de cultivo perfecto para que medraran arribistas y se extendiera la corrupción. Todos con alguna edad recordarán el célebre despacho de “mi henmano”( el del VicePresidente Alfonso Guerra) en la sede del Junta de Andalucía, o personajes como Mario Conde, los Albertos, de la Rosa, Narcís Serra, Javier Solchaga, Roldán,etc. Y mientras, Jordi Pujol medraba en su feudo de la Generalidad, bajo la apariencia de la moderación y del “seny”, reivindicando mayores competencias y rechazando el “café para todos”, el mismo que Carles Puigdemont ofreció el otro día a unas divertidas diputadas del PPC.

Pero ha sido a partir de la legislatura de 1996, con el PP de José María Aznar, cuando el nacionalismo catalán incrementó de forma sustancial su poder al vender muy caros sus votos para la gobernabilidad de España. Y es aquí cuando comienza la claudicación del Estado en un pacto de “dejar hacer” con abandono del Estado de Derecho, que ha sido en la doble vertiente del adoctrinamiento ideológico de las nuevas generaciones en el nacionalismo y en la permisividad en la rapiña de una comunidad a beneficio de una casta elitista y como medio de financiación de un plan para culminar el nivel competencial y crear de facto una estructura de Estado con autonomía plena. Una política de cesiones y concesiones que fue seguida durante las siguientes dos legislaturas del PSOE con un José Luis Rodríguez Zapatero, que cedió a las pretensiones de la federación catalana del PSOE, el PSC liderada por Pascual Maragall, para aprobar en el Parlamento de España un nuevo Estatuto de autonomía que era el embrión de un Estado asociado y no una autonomía administrativa y descentralizada. Una situación que con la crisis económica se ha visto posteriormente agudizada tras una legislatura del PP con una mayoría absoluta amplia y una dejación de responsabilidades ante el desafío secesionista del nuevo Gobierno de la Generalidad y el vuelco de mayorías parlamentarias a favor del nacionalismo y la ultra izquierda separatista de ERC y movimientos anti sistema como la CUP. Y ahora, tras un paréntesis de un año sin Gobierno, nos encontramos en una legislatura con un Parlamento de España dividido sin mayorías claras, un Gobierno debilitado sin apoyos fiables y un órdago secesionista.

Hoy, asistiremos a una Diada donde se evidenciará en las calles la fragmentación de una sociedad, la catalana, la que sale a manifestarse y la otra que permanece callada, que recuerda mucho a la que se venía dando en El País Vasco en el “Aberri eguna”, el equivalente a la Diada, con concentraciones separadas de las distintas fuerzas políticas y las siempre ruidosas, folclóricas y multitudinarias manifestaciones de las fuerzas abertzales ligadas a la ETA, y su fijación con la capital navarra de Pamplona desde la ápoca de Batasuna (Herri Batasuna) con Jon Idígoras la frente de la pancarta, Euskadiko Eskerra y demás marcas posteriores del nacional socialismo vasco proetarra. Hoy asistiremos a un nuevo intento de coacción y amedrentamiento de la sociedad catalana por parte de los independentistas, como parte del desafío para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, que avale el proceso de secesión lanzado en los últimos años por el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña. La duda es si será pacífico o se buscará la fricción mediante grupos "incontrolados" asediando la Delegación del Gobierno o la sede del TSJC y sedes de los partidos de la oposición.

Se dice que, de aquellos polvos, vienen estos lodos. Y la verdad es que tenemos una autonomía totalmente enlodazada porque se ha dejado acumular el polvo del cínico victimismo, de la rapiña descarada, de las reivindicaciones sin límite, de la violación de los derechos de los españoles (que también son catalanes) y del adoctrinamiento ideológico en el odio a España, a su lengua y a la que consideran su cultura y símbolos más tópicos y típicos.

Este va a ser un día muy largo y es seguro que será el que marque el pistoletazo de salida hacia la última carrera del secesionismo con meta en la declaración unilateral de independencia de la nueva república de Cataluña. Tras décadas de incomparecencia, me queda la duda de si por fin se impondrá el Estado de Derecho y se acabará con la rebelión lo mismo que se acabó con la de 1714.

¡Que pasen un buen día!

Agarraditos a Otegi
Juan Carlos Girauta elespanol 12 Septiembre 2017

En su logro de romper Cataluña en dos mitades para confrontarlas, sin importar las consecuencias, los políticos nacionalistas han incurrido en ignominias sin cuento. He denunciado demasiadas veces los prolegómenos de la fractura; estoy cansado de enumerarlos. Pero todavía estoy más cansado de los que no vieron nada durante el cuarto de siglo pujolista, el que borró a España de Cataluña, la época de comprarse a la oposición, la de fabricar las mentiras fundacionales, o “construcción nacional”, la era del impune montaje de una red de latrocinio.

Más cansado estoy de los que nada detectaron durante el tripartito, que se llevó por el desagüe las últimas esperanza de los cándidos que tenían al PSC por herramienta para acabar con lo anterior. Y más cansado aun de los que, viendo la preparación del golpe a cámara lenta durante los años de Artur Mas, preservaban silentes sus sueldecillos y regalías mientras al líder de un partido podrido de corrupción le entraban unas prisas enormes por atraer el dinero del que las vacas flacas habían privado a las administraciones. Por aquel entonces, las casas de rating le plantaron en la frente al nacionalismo gobernante el sello de “basura”. Le mot précis. Harto estoy, por fin, de los que descubrieron el cariz de Puigdemont anteayer por la tarde.

Así que me ahorro el listado de ignominias. Pero ni siquiera conociendo el negro fondo de su alma política, ni siquiera teniendo a su intelligentsia (es un decir) por lo que son desde el primer momento, habría creído yo que iban a escoger como icono de su Diada a un terrorista de la ETA. Porque para hacer eso se han de cumplir varias condiciones, que, esta vez sí, enumeraré dada la novedad que supone que los que un día representaron a la clase media catalana babeen hoy públicamente con un criminal despiadado:

Convergencia y ERC están metidas de hoz y coz en un proceso revolucionario. Ambas han desconectado de los estándares democráticos y, a la desesperada, confían en taparse las vergüenzas pagando a un lobby cuyo único cliente previo ha sido Arabia Saudí o plantándose sobre las arenas movedizas de Assange, el transparente. Convergencia necesita desesperadamente impunidad para sacudirse no ya las desobediencias, prevaricaciones, malversaciones y eventuales sediciones, sino su horizonte penal de 360 grados: el de los círculos concéntricos que crecen como ondas desde que se investiga a los Pujol. Convergencia y ERC, por fin, ven el enfrentamiento callejero entre catalanes como una opción favorable a sus intereses.

Entre dos golpes
SANTIAGO GONZÁLEZ El Mundo 12 Septiembre 2017

Tenía razón el presidente de la Junta de Galicia al decir que: "La aprobación de la ley del referéndum independentista es lo más grave que ha pasado en España después del 23-F". Quienes tengan la edad suficiente recordarán, y si no para eso están las hemerotecas o uno mismo, que aquella noche larga empezó a desaguar por la mañana, cuando los guardias de Tejero se descolgaban por las ventanas del Congreso y el golpista Pardo Zancada firmaba con el teniente coronel Fuentes Gómez de Salazar las condiciones para la rendición de los asaltantes, lo que se llamó el pacto del capó por haberse firmado en la cubierta de un Land Rover. En lo esencial era la discreción en la salida de Tejero del Congreso (sin cámaras) y la impunidad para los guardias de teniente para abajo.

Fue el aspecto más lamentable del asunto, aunque aún puede ser superado por el desenlace previsible cuando se frustre el golpe que los sediciosos catalanes están desarrollando desde el miércoles de la semana pasada. El consejo de guerra celebrado en Campamento en 1982 condenó a distintas penas de cárcel a 29 militares y a un civil. Cada vez son más los ciudadanos españoles partidarios de que los golpistas catalanes sean procesados y condenados, como Companys y su Govern en junio de 1935. ¡Y Companys había proclamado su estado dentro de la República federal española!

El golpismo debe pagarse con cárcel y que los agentes de la Justicia fueran precisamente los Mossos d'Esquadra. Bastarían docena y media de procesados: un presidente, un ex presidente, consejeros, ex consejeros, parlamentarios y esa tipa que detenta la Presidencia del Parlamento y que llevaba las instrucciones del golpe por escrito.

Cataluña está gobernada por una cuadrilla de delincuentes que esperan salirse de rositas por esto y por el 3%, la cifra cabalística de lo que ellos consideran su nación. Ya no hay barreras, códigos morales ni respeto a la ley. Este fin de semana los cabecillas gritaban con entusiasmo no tinc por! como lo hacían sus seguidores tras el atentado de las Ramblas. Hay una diferencia: los manifestantes mentían tratando de conjurar la jindama. Esta tropa dice la verdad: no tienen miedo porque cuentan con la impunidad. Por eso la chusma se pone farruca ante la Guardia Civil. No tienen miedo y deberían tenerlo.

No van a poder celebrar su referéndum. Rajoy lo impedirá, como cualquier otro presidente en su lugar, porque permitirlo sería el suicidio del Estado. El problema es que hay mucha voluntad apaciguadora que propone un diálogo para compensar a los golpistas por las buenas lo que no pudieron conseguir por la brava: aliviar la frustración de tantos catalanes de buena fe que han ido detrás de la chusma. No hubo buena fe. Sebastian Haffner describía la frustración de tantos buenos alemanes que se echaron a la calle tras los nazis: "Ese rasgo delirante, esa locura fría, esa determinación ciega, imparable y desaprensiva de querer lograr lo imposible, la idea de que 'justo es lo que nos conviene' y 'la palabra imposible no existe'. Es evidente que este tipo de vivencias traspasan la frontera de lo que los pueblos pueden vivir sin sufrir secuelas emocionales". Tómese como analogía.

Hoy, en la Diada, Mas sigue limosneando para que los más tontos de sus adeptos le paguen a escote los cinco millones largos de euros que el Tribunal de Cuentas les exige a él y a sus secuaces. ¿Será posible que ninguno de sus paganos haya levantado la voz para exigirles que se nieguen a pagar? ¿Qué tiene el Tribunal de Cuentas para infundirles el respeto que no guardan al Constitucional o al Supremo?

La Diada no es la 'fiesta' de Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 12 Septiembre 2017

Este lunes, Cataluña vuelve a celebrar su fiesta regional, la denominada Diada, que de festiva no tiene nada y que tampoco es lo que pretende ser, el día por antonomasia del Principado. La oficialización de la Diada, de hecho, fue un tremendo error, como no deja de demostrarse año tras año.

Jamás debió convertirse en el Día de Cataluña una fecha extraída de una guerra civil española, que evidentemente en el Principado enfrentó a catalanes contra catalanes. La Guerra de Sucesión no fue de ninguna de las maneras una guerra de secesión, por lo que convertir el 11 de Septiembre en la fecha fundamental del calendario local no hace sino dar la razón a los que no la tienen, los nacionalistas falsarios que mienten que en aquel conflicto lo que se dirimía era la independencia de Cataluña y que los vencedores fueron forasteros opresores secundados por infames traidores locales, los tristemente célebres botiflers.

Por lo que verdaderamente fue la Guerra de Sucesión y por lo que el nacionalismo orwelliano quiso siempre que fuera, la Diada estaba condenada desde el primer momento a ser una efeméride divisiva, cívicamente tóxica; un instrumento en manos de los peores enemigos de Cataluña, esos nacionalistas que la desprecian tanto que deforman su pasado, prostituyen su presente y pretenden secuestrar su futuro. La Diada, habrá que insistir en ello, fue un tremendo error. Como lo fue conferir la condición de himno local al sanguinario Els Segadors, también utilizado hasta la náusea por la canalla separatista para excitar el odio a España.

La Diada jamás debió ser la fiesta catalana por excelencia. Cataluña, de hecho, ya tiene una gran fiesta, verdaderamente cívica, que disfrutan todos los catalanes y que despierta admiración en el resto de España. Es el Día de Sant Jordi, pletórico de libros y rosas. PP y Ciudadanos ya han pedido en alguna ocasión que se proceda a la sustitución. Sería una magnífica noticia, el mejor punto de partida para la normalización de Cataluña.

¿Deberían ilegalizarse los partidos independentistas y golpistas?
Lucio A. Muñoz Periodista Digital 12 Septiembre 2017

La estrategia del diálogo, llevada a cabo fundamentalmente por la vicepresidenta del Gobierno, ha sido un colosal fracaso.

Tanto en cuanto, el Parlamento catalán aprobó, de forma reciente e ilegal, tanto la Ley del Referéndum del 1-O como la Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña.

Realmente, el Gobierno sabía que la política relativa al diálogo fracasaría. Sin embargo, el ejecutivo de Rajoy ejecutó la misma para no contrariar al “consenso socialdemócrata”, impuesto por la progresista partitocracia española.

En función de los nefastos resultados cosechados, la mencionada estrategia no debería volver a ser puesta en práctica nunca más.

De igual manera, tampoco deberían repetirse los acuerdos realizados antes del comienzo de cada legislatura entre los partidos independentistas y el gobierno central de turno, y consistentes en la desaparición del Estado de Derecho en Cataluña a cambio del correspondiente apoyo electoral.

Ilegalizar partidos golpistas: ERC, Junts Pel Sí, CUP, etc.

Estas dos conclusiones debería tenerlas asimiladas el Gobierno del PP. Todo ello, al objeto de diseñar una estrategia global que pueda desactivar el independentismo en Cataluña de manera definitiva.

Es decir, ejecutar un plan que no solo sirva para anular el desafío secesionista actual, sino que pueda impedir además el resurgimiento futuro de un nuevo órdago independentista en Cataluña.

Por ende, el Gobierno, tanto si aplica el Artículo 155 como si opta por la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o por la vía penal, tiene obligación de adoptar de manera posterior otras medidas complementarias. Tales como:

Obligar a Cataluña a devolver al Estado determinadas competencias. Sobre todo, la de educación. No olvidemos que la Generalitat, en virtud de la Ley de Educación de Cataluña, una norma que ampara la inmersión lingüística, el adoctrinamiento y la tergiversación de la historia, lleva años desobedeciendo sentencias del TSJC, el TC y el TS.

Modificar la ley electoral, al objeto que determinados partidos minoritarios y de perfil secesionista no puedan seguir decidiendo el destino de España.

Impedir que los medios de comunicación autonómicos, financiados con los impuestos de todos los españoles, promocionen el independentismo catalán.

Ilegalizar aquellos partidos políticos, por ejemplo, ERC, Junts Pel Sí, CUP, etc., cuyos idearios están basados en destruir España, no someterse al Estado de Derecho, no respetar la Constitución Española, etc.

Al respecto, es relevante señalar que determinadas democracias occidentales, tales como EE.UU., Alemania, etc., mucho más avanzadas y consolidadas que la española, no admiten partidos políticos que tengan como objetivo destruir el Estado, desobedecer la Constitución, etc.

Principio de obediencia debida de los funcionarios
En este sentido, recordemos que ERC ha intentado engañar a los funcionarios catalanes (añadiendo con ello un episodio más a su terrorífica historia centrada en el odio a España), comunicándoles que el partido asumirá la responsabilidad de los “supuestos actos ilegales” que pudieran cometer al organizar el referéndum del 1-O.

Menos mal que aquellos funcionarios catalanes que hayan ganado las oposiciones legalmente, y por tanto no estén enchufados por los partidos independentistas catalanes, conocen el principio de obediencia debida.

El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su artículo 54, hace referencia a un principio de conducta, en concreto el número 3, que se puede aplicar a este caso:

“Los funcionarios públicos obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.

Evidentemente, las sanciones, incluso de tipo penal, que la justicia debería imponer a los funcionarios que incumplieran este principio no las podría asumir ERC.

Artículo 410.1 Código Penal.
Tanto es así, que los funcionarios que se negarán a recibir órdenes legales de un superior, por ejemplo, en el caso que un mosso d´esquadra se negara a retirar una urna relacionada con el 1-O, incurriría en un delito de desobediencia. Este delito está recogido en el Código Penal, en el Artículo 410.1(Capítulo III: De la desobediencia y denegación de auxilio):

“Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

¿Antisolución política o contundencia legal?
El PSOE propone “reformar la CE para encajar Cataluña en España”. Una reforma constitucional que, proyectada al estilo del PSC, sin duda otorgaría más autogobierno y más competencias a la autonomía catalana y, en consecuencia, potenciaría el independentismo todavía más en el largo plazo.

No obstante, la mayoría de los españoles no está de acuerdo con el planteamiento de reforma de la CE propuesto por el PSOE-PSC.

Pero, por el contrario, si se mostraría a favor de una solución legal contundente para vencer al independentismo catalán de forma definitiva (además de anular el órdago secesionista actual).

Es por ello que aplicar el Estado de Derecho en toda su extensión podría favorecer al partido del Gobierno. Incluso en clave electoral.

El Gobierno del PP se encuentra ante una oportunidad histórica de erradicar, quizás para siempre, el independentismo en Cataluña.

Aunque para conseguir tal objetivo, sería necesario otorgar mucha más fuerza al Estado y, de forma paralela, mucho menos poder a Cataluña (en forma, entre otras fórmulas, de devolución de competencias).

La mayoría de los que ocupan puestos de responsabilidad en esta red cobran más de 80.000 euros, muy por encima de lo habitual en el sector público
La sucia trama soberanista que cuesta 836 millones anuales a los catalanes
Instituciones, asociaciones y entidades públicas, pero también privadas, han hecho del proyecto de ruptura con España su modo de vida
Periodista Digital 12 Septiembre 2017

Solo en transporte se ha presupuestado un gasto de más de 670.000 euros, y la mayor parte se destina a viajes al exterior para hacer propaganda del secesionismo

Lo de servir con neutralidad a los intereses de todos los catalanes, ni se lo plantean. Con el Presupuesto de la Generalitat se sufragan cuantiosos gastos de los movimientos independentistas, y se mueve un amplio negocio de dinero público dirigido a sostener una amplia red de colectivos, personas físicas y entidad empresariales. Han hecho del proyecto de ruptura de España un negocio redondo.

La Administración catalana da cobijo a activistas cuyo único mérito es servir al ideario independentista, y a cambio reciben sueldos que superan con crecer los usuales en otras administraciones: el desmadre les cuesta a los catalanes 836 millones de euros.

Así lo cuenta 'La Razón' en su edición de este lunes 11 de septiembre de 2017, donde desgrana este entramado en el que hay instituciones, asociaciones y entidades públicas, pero también privadas.

LOS SUELDOS
La Generalitat lleva tiempo dedicada a intentar crear estructuras de Estado en ámbitos de competencia exclusiva del Gobierno central. Y en esta acción destaca todo lo que afecta a las instituciones de acción exterior. La mayoría de los que ocupan puestos de responsabilidad en esta red cobran más de 80.000 euros, muy por encima de lo habitual en el sector público.

Es sabido que el presidente de la Generalitat cobra un 78 por ciento más que el presidente del Gobierno de España, en concreto 145.471 euros. Pero luego hay que seguir sumando. En viajes y transporte se ha presupuestado un gasto de más de 670.000 euros, la mayor parte del cual es gasto en viajes al exterior, utilizados para hacer propaganda del secesionismo. Este capítulo del presupuesto se incrementó en 2017 un 5,6 por ciento.

Los actos institucionales de Carles Puigdemonty las atenciones protocolarias de sus altos cargos ascienden a cerca de un millón de euros. En 2017, esta partida se incrementó un 8,8 por ciento. Se incluye el gasto de la Casa de la Generalitat en Perpiñán, que asciende a 147.000 euros. Sus funciones teóricas son potenciar y dinamizar las relaciones transfronterizas y organizar actividades para la difusión cultural, turística, social y económica de Cataluña.

Los gastos de la Delegación de la Generalitat en Madrid ascienden en 2017 a 300.000 euros, con un incremento del 50 por ciento. La Delegación desarrolla actividades cada vez más orientadas a la propaganda independentista. El delegado en Madrid, F erran Mas ca relli Canal da, percibe una retribución de 84.919,56 euros anuales y acompaña a Puigdemont y otros cargos en sus desplazamientos oficiales.

El último de los gastos relacionados con la Presidencia de la Generalitat y su actividad de promoción es el que genera la denominada «oficina del ex presidente», con tres puestos de trabajo adscritos a su servicio, una dotación para gastos de oficina, un automóvil de representación con chófer y los servicios de seguridad necesarios. Artur Mas recibió en 2016 una retribución anual de 111.519 euros y sus gastos de oficina ascendieron a 41.723 euros. Mas está realizando muchos viajes al exterior para defender la causa independentista, que se imputan al presupuesto de la Generalitat. En marzo viajó a Oxford y Harvard, y el coste, asumido por la Oficina del ex presidente, fue de 8.055 euros.

LA ACCIÓN EXTERIOR
Otra de las estructuras propagandísticas es el departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales Exteriores y Transparencia, enmendado por el Tribunal Constitucional. Su consejero Raúl Romeva recibe una retribución anual de 109.663 euros, un 34 por ciento más que el presidente del Gobierno. Y su director de Gabinete, Iván Altisent Fornons, gana 74.379 euros.

En la misma línea, se pueden seguir sumando los sueldos de los directores generales de Relaciones Exteriores, de Asuntos Multilaterales y Europeos y de Cooperación al Desarrollo, que ascienden a 81.396 euros, ligeramente inferiores al que recibe Rajoy, 81.744 euros. Igual que estos directores generales cobran los diez delegados de la Gen er ali tat en el exterior, y hay otros tres pendientes de designación.

En dos años se han duplicado. Además, la Generalitat anunció al inicio de este proceso de expansión que tenía la intención de abrir hasta 50 delegaciones. Al frente de ellas hay periodistas, una diseñadora gráfica, un técnico en electrónica industrial, una licenciada en Filo-

logía y Literatura catalana o una consultora de gobiernos y de clubes de fútbol. Todos con más empleados a su cargo, que también viven de la expansión independentista. El presupuesto total del Departamento de exteriores asciende a 39,6 millones de euros. Y en 2017 se incrementó en más del 80 por ciento.

Esta acción exterior se completa con una importante estructura de entes públicos, que en muchos casos cuentan con personal en el extranjero, y en los que muchas veces la mitad del presupuesto es para gastos de personal. Del Departamento de Exteriores depende la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, cuestionada por la sindicatura de cuentas catalana; y el DIPLOCAT, que ha creado incluso un Consejo Consultivo formado por 39 miembros.

También el Memorial Democratic, con 22 trabajadores y un presupuesto para 2017 de 1,87 millones de euros, produciéndose un incremento este año del 32 por ciento. El Instituto Catalán Internacional para la Paz cuenta con 14 empleados y un presupuesto de 1,42 millones de euros. El Consorcio del Museo Memorial del Exilio tiene un presupuesto de 442.000 euros, y el Consorcio Memorial del Espacio de la Batalla del Ebro, 360.650 euros.

PRESIDENCIA
Esta radiografía se repite en los organismos dependientes del departamento de Presidencia. Intracatalonia, Agencia Catalana de Noticias, tiene un presupuesto de 3,33 millones de euros, el 73 por ciento destinado a gastos de personal. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en 2013 incumplió las limitaciones vigentes sobre incrementos de plantilla y contratación de personal.

Mientras que del departamento de Cultura depende el Instituto Catalán de Empresas Culturales (58,7 millones de euros), el Consorcio para la Normalización Lingüística (29 millones de euros) y el Consorcio del Instituto Ramón LLull (8,4 millones de euros). Por último, dependientes del departamento de Empresa y Conocimiento están la Agencia para la Competitividad de la Empresa (77,6 millones de euros) y la Agencia Catalana de Turismo (23,2 millones de euros).

Además, amparándose en la Ley de Acción Exterior la Generalitat apoya 116 comunidades catalanas en el exterior, que tienen derecho a ayuda económica, a la participación en programas, delegaciones y cualquier otro tipo de iniciativa organizada por la Generalitat, a la firma de convenios para la prestación de ciertos servicios o el ejercicio de las funciones que les sean delegadas y a un fondo editorial e informático sostenido con fondos públicos.

OTROS COLECTIVOS
La Generalitat también se esfuerza en mantener contactos con catalanes en el exterior que realizan actuaciones en favor del independentismo. Algunos se han agrupado en colectivos que apoyan públicamente el proceso como el Colectivo Wilson, el Colectivo EMMA y el Colectivo Praga. Por otro lado, Puigdemont se encarga de contratar servicios a instituciones y lobbies privados que les asesoran o ayudan a que se exteriorice cierto apoyo a la causa catalana, como el Independent Diplomat, que habría recibido 1,4 millones de euros por servicios de asesoramiento a través de tres contratos desde 2013.

Todo este despliegue exterior genera unos costes desproporcionados para una comunidad autónoma. El gasto en propaganda exterior se estima en 266 millones de euros, y en 2017 ha crecido un 32 por ciento. Más de 74 millones se destinan a retribuciones de personal y más de 90 millones a transferencias al sector privado, tanto empresas como a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Viajes al exterior y actos institucionales tienen un objetivo puramente propagandístico. No parece casual que muchas de las personas que ocupan puestos de acción exterior sean expertos en comunicación.

Los resultados diplomáticos han sido nulos hasta ahora. Al margen de la acción exterior existe un entramado de órganos y organismos destinados a la causa independentista. La Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno y el Instituto de Estudios de Autogobierno, con 15 empleados. Múltiples estudios que defienden el independentismo están subvencionados por el Instituto de Estudios de Autogobierno, y en 2016 concedió ayudas por 93.430 euros. Hay que añadir la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno, que depende de Junqueras. El reparto de consejerías entre el PdCat y ERC ha duplicado ciertas estructuras.

ESTRUCTURAS DE ESTADO
A esta red hay que sumar las partidas destinadas directamente al referéndum y los organismos que pretenden constituir las estructuras de Estado de la Cataluña independiente, como el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). La inversión de la Generalitat en estrategias de ciberseguridad se ha multiplicado por 13 en los últimos cinco años hasta alcanzar los 12,3 millones de euros. La actuación del CESICAT está siendo investigada por los tribunales.

También forma parte de estas estructuras el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), a través del cual se licitaron los contratos para el 9-N. Tiene unos gastos de personal de 4,7 millones de euros. Además del Centro de Estudios de Opinión (1,45 millones de euros), que ha sido utilizado para contratar a una empresa privada que realice una encuesta de opinión para el proceso independentista, con un coste de 56.785 euros. Otro organismo es la Escuela de Administración Pública de Cataluña, con un presupuesto de 3,18 millones de euros.
 


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