AGLI Recortes de Prensa   Viernes 15  Septiembre 2017

Golpe separatista: con cerrarles el grifo no basta
EDITORIAL Libertad Digital 15 Septiembre 2017

El Gobierno ha adelantado este jueves que podría tomar, por fin, medidas presupuestarias contra la Generalidad para tratar de atajar el desafío separatista planteado por unos partidos e individuos que están, con una irresponsabilidad absoluta, arrastrando a las instituciones que manejan a un auténtico golpe de Estado.

Aunque la información ofrecida ha sido bastante confusa, de confirmarse la noticia sería la primera medida gubernamental de calado tomada contra la Generalidad golpista y la primera ocasión en la que el Gobierno se enfrentarse a Puigdemont, Junqueras y los suyos sin contar con el respaldo del Tribunal Constitucional.

Esta sería una gran noticia si la decisión se hubiese tomado a tiempo de evitar que el desafío separatista llegase al punto de ruptura a que ha llegado.

Hace décadas que el Gobierno de la Nación debería haber asumido la necesidad de plantar batalla política al nacionalismo; pero sin remontarse a culpas de otros Ejecutivos, el de Rajoy ha tenido oportunidades más que de sobra para ahogar económicamente al secesionismo o, más concretamente, para dejar que el secesionismo se ahogase en el desastre de su propia gestión.

La medida llega –si es que llega– tarde, y puede que también mal, si el Gobierno, que está dando pavorosas muestras de improvisación y cometiendo tremendos errores de planificación, pensase que será suficiente para frenar el golpe.

Porque si parece que es imprescindible –amén de moralmente impostergable– impedir que los golpistas sigan financiando la ruptura de España con el dinero de los españoles, a estas alturas de la película todos el mundo debería ser consciente de que va a ser necesario mucho más para que el 1-O se convierta en un fracaso del nacionalismo, en lugar de en el penúltimo capítulo de la disgregación de la nación más antigua de Europa.

Bien está que el Gobierno siga el rastro del dinero del golpe de Estado, pero no bastará, y Rajoy y los suyos siguen sin ofrecer garantías de que harán todo lo demás.

Golpe de Estado en marcha (10)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 15 Septiembre 2017

LA FISCALÍA IGNORA SU DEBER DE PREVENCIÓN DEL DELITO NO SOLO DE PERSEGUIRLO.

Ayer noche dio comienzo de forma oficial las campañas de aquellos que están a favor del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. El marco elegido fue irónicamente la plaza de toros (Tarragona Arena) reconvertida en recinto para todo tipo de espectáculos menos para el que fue originariamente concebida, el de las corridas de toros. Aunque eso, si, el espectáculo montado fue más bien del tipo del “bombero torero” en plan bufón, donde todo eran risas y cánticos jocosos como el de “¿las papeletas dónde están? ¿Dónde están las papeletas?" Allí estuvo toda la plana mayor del independentismo militante con un Carles Puigdemont orgulloso de haber cumplido con su promesa “Dijeron que no comenzaríamos este camino, que no sumaríamos suficiente en las elecciones, que no tendríamos presupuestos, que no lo haríamos en 18 meses, que no haríamos la ley del referéndum, que no firmaríamos el decreto de convocatoria, y que no haríamos este acto”. Y la pregunta es a la Fiscalía ¿por qué no se ha impedido este acto? Y no me responda que por cuestiones de proporcionalidad o de no poder actuar hasta que se cometa el delito.

Que se sepa, en la Constitución de España de 1978, en su artículo 124 se establece que” El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. Así mismo, en la ley 50/1981 del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, en el Capítulo II de las funciones del Ministerio Fiscal, artículo 3º en su punto nueve se dice que corresponde “Velar por el cumplimiento de las resoluciones' judiciales que afecten al interés público y social”. En este caso se trata nada menos que una resolución del Tribunal Constitucional donde se suspende la Ley del referéndum aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña.

En esta providencia se advierte específicamente a los responsables de “Así mismo, se advierte a todos ellos del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación, de la creación de ningún registro y/o fichero necesarios para la celebración del referéndum de autodeterminación y de cualquier acto y/o actuación en aplicación del artículo 18 de la Ley 19/2017, así como iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la ley del referéndum, o que promuevan o tramiten norma alguna dirigida a tal fin, apercibiéndoles de la nulidad radical de tales actuaciones que realicen y de las eventuales responsabilidades incluida la penal, en las que pudiera incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento”.

¿Cuál es esta vez la excusa de la Fiscalía para no haber ordenado a la policía judicial su intervención para impedir este acto de campaña de una ley que ha sido suspendida por el TC? Solamente la convocatoria y publicidad del acto que ya estaba programado con antelación bastaba para haber actuado en tiempo y forma. Pero no, ha sido mucho más prudente no hacer nada, como tampoco se hizo nada aquél 9 de noviembre del 2014 en aquella farsa de consulta, que había sido igualmente suspendida. Y la verdad es que empieza a ser frustrante comprobar que los secesionistas van cumpliendo con sus objetivos y el Gobierno de España se limita a esperar el desarrollo de los acontecimientos cuya iniciativa la marcan lo secesionistas.

¿Es esta la proporcionalidad? ¿Es esta la firmeza del Estado de Derecho? Realmente no me extraña que ayer se tomaran las actuaciones del Gobierno, de la policía, de la Guardia Civil, a chirigota. Esta actitud tan pusilánime, apocada y recatada pensando en el que dirán más que en cumplir con el deber de sofocar una rebelión, solo certifica que España ha perdido el pulso con el independentismo por culpa de unos dirigentes sobrepasados y que parecen haber llegado a su nivel de incompetencia e incapacidad para el reto que deberían superar. Algunos pensamos que no solo incompetencia sino también terror escénico y acobardamiento. Dice Soraya Sáenz que "no nos temblará el pulso" a la hora de tomar decisiones. Una frase que igualmente la pronunció el dictador Franco en muchas ocasiones, pero que cumplió con creces a la hora de firmar sentencias de muerte hasta bien avanzada edad en la que el Parkinson le afectó visiblemente. Una frase poco afortunada que debería haber sido sustituida por "cumpliremos con nuestro deber y usaremos todos los medios legales que la Constitución pone a nuestra disposición".

La Fiscalía no puede escudarse en la inacción hasta que el delito se haya consumado, porque además, en este caso, la sola convocatoria del acto ya era un delito de desobediencia que debería haber sido perseguido. Menos discursos ampulosos nada creíbles y más hechos que den seguridad a los ciudadanos que el Gobierno va a cumplir. Por ahora no pasan de ser anuncios de actuaciones, pero a la hora de la verdad, no se hace nada y los secesionistas siguen a lo suyo.

¡Que pasen un buen día!

El madrileño Iglesias nos quita la nación
Cristina Losada Libertad Digital 15 Septiembre 2017

Los nacionalistas, al menos, no ocultan lo que son. Que su objetivo último era y es la ruptura de España, también es algo sabido. El separatismo catalán no ha escondido estos años su voluntad de pasar por encima de la soberanía del conjunto del pueblo español. De pasar por encima del conjunto de los ciudadanos españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña que no comulgan con sus planes o con la forma en que los llevan a cabo. Si alguien tenía dudas sobre el carácter antidemocrático de esos planes y el talante antidemocrático de sus ejecutores, vea las sesiones en el Parlamento catalán en las que se aprobaron las supuestas leyes para la ruptura.

Los separatistas catalanes no engañan a nadie, salvo a los que quieren engañarse, en lo que concierne a sus objetivos, a sus métodos y a sus motivaciones, entre las que destacan el egoísmo económico y el supremacismo. Por lo menos, hay que concederles eso. Algo que, en cambio, no se puede reconocer a Podemos y a su dirigente Iglesias, que han estado disfrazándose de lagarterana. Se disfrazaron con la palabra patria y la palabra España, igual que se disfrazaron primero sin y luego con la ideología "de izquierdas". Cierto que era un disfraz muy poco convincente ese de patriotas españoles que a veces se ponían. En las regiones donde hay nacionalismo ya vimos que estaban en su órbita, meros satélites. Pero ahora es toda la pose patriótica, que copiaron del populismo iberoamericano, lo que se demuestra una impostura.

Era de cajón. No es una sorpresa. Pero había una posibilidad, una entre mil, de que no se sumaran al golpe a la nación y a la democracia que están dando los separatistas en Cataluña. Lo que se ve, sin embargo, es su creciente complicidad con el golpe y sus autores. Y algo más profundo. Suponiendo que Iglesias tenga alguna convicción, sus convicciones sobre España son del mismo orden, o desorden, que las del separatismo. Cada día que pasa y que habla se le entiende más. Se entiende que, para él, los únicos ciudadanos de Cataluña que cuentan son los que están de acuerdo con el proceso de ruptura. Cuando habla de los "ciudadanos catalanes" habla de los que son nacionalistas. Al resto, que les den. Y no digamos al resto de los ciudadanos españoles: quiere privarnos de la capacidad de decidir sobre el presente y futuro de España.

En la estrecha visión de Iglesias, plagiada de la del nacionalismo, sólo son catalanes, gallegos y vascos los que son nacionalistas. Y esto, para más, viene de un madrileño. Qué grotesco. ¿Un madrileño nos viene a decir a los gallegos no nacionalistas, ya pongo mi caso, que no somos verdaderos gallegos y que nuestra nación no es España? Pero de qué. Aparte de la impostura patriótica, hay algo que está quedando al descubierto como pocas veces en Podemos y en Iglesias: su indocumentación. Ni conocen el separatismo catalán con el que sellan alianza, ni conocen España.

Cataluña, la proporcionalidad y los errores categoriales
José Luis González Quirós vozpopuli.es 15 Septiembre 2017

El filósofo Gilbert Ryle introdujo con bastante éxito la idea de error categorial en el vocabulario filosófico contemporáneo. Un error categorial consiste básicamente en utilizar términos que pertenecen a una determinada categoría lógica como si perteneciesen a otra. Ryle pone un ejemplo muy claro de esos equívocos: si nos están enseñando la universidad de Oxford, después de haber visitado todos los edificios y dependencias, no podemos decir: “sí, sí, pero ¿dónde está la Universidad?” Los errores categoriales son muy frecuentes en el discurso común, pero pueden llegar a ser letales en el análisis político. Los separatistas catalanes no han leído, evidentemente, a Ryle, y cometen de manera habitual el disparate de separar el término democracia de su marco lógico; es evidente que este disparate les parecerá nimio, pues se piensan como los padres fundadores de una nación (que, por otra parte, consideran casi eterna), y se consideran autorizados para proclamar su supuesta soberanía al margen de cualquier clase de normas y supuestos, mediante la acción directa.

Las palabras no bastan frente a los hechos
Lo que ha sucedido en las últimas semanas era lo que supuestamente no podía suceder para quienes han confundido la naturaleza política del secesionismo catalán, para quienes pensaban que el camino hacia el referéndum era meramente una añagaza para obtener nuevas ventajas, una intentona que ellos, con su enorme listeza, podrían resolver desde un despacho en Barcelona. Es evidente que no ha sido así, y no se puede volver a incurrir en ningún error al tratar el caso. El Estado no puede volver a equivocarse con la débil excusa de no atizar el conflicto, entre otras cosas porque siempre le acusarán de echar gasolina al fuego, no puede incurrir en un error categorial paralelo al de los secesionistas y pensar que, puesto que de democracia se trata, se podrá resolver con medios ordinarios, como si el secesionismo fuera una abundante sarta de pequeños delitos que se pueden curar con mero papeleo, como si los hechos violentos se pudieran evitar siempre con meras palabras, como si el Estado de derecho pudiera subsistir sin la asistencia de la fuerza, cuando corre el riesgo de ser destruido, y no por sutilezas sino a golpes incesantes, cínicos, mortíferos.

Impedir la secesión
Es esencial acertar con la naturaleza del problema que hay que afrontar y es urgente aclararse al respecto. Como muy bien explicaba Miguel Ángel Quintanilla el pasado miércoles en El Mundo , la secesión es un acto de poder que quiebra el ordenamiento jurídico y pretende inaugurar uno nuevo, de forma tal que, por definición, ningún señalamiento de ilegalidad puede producir un efecto disuasorio y contundente sobre los secesionistas. Está muy bien desear que se les pueda convencer, pero, puesto que es evidente que no quieren ser convencidos, es esencial vencerlos. La legitimidad para llevar a cabo las acciones oportunas es sobradamente evidente en el marco constitucional español y, además, en el ámbito europeo. Es la nación quien está en peligro por el secesionismo y no, simplemente, su orden legal y constitucional, porque es la unidad moral y política de la nación lo que funda nuestra Constitución, y lo fundante siempre conserva prioridad sobre lo fundado.

No es la letra de la Constitución lo que condena políticamente al secesionismo, sino la realidad política y moral que en esa ley se expresa. Puede que algunos teman asomarse a la ventana o salir de su placenta burocrática, pero no tendrán otro remedio que hacerlo, y antes del 1 de octubre, si no quieren pasar a la historia como modelo de debilidad y de ridículo, es decir que el referéndum no puede celebrarse de ninguna manera, ni como parodia, puesto que el precio que todos pagaríamos si el Gobierno no consiguiese evitarlo será realmente mucho más oneroso de lo que ahora acertamos a imaginar.

La proporcionalidad de Rajoy
Rajoy está dando muestras de frialdad, y eso es bueno, pero no puede conformarse, ni podrá contentar a nadie, con formas de supuesta proporcionalidad: sencillamente, tiene que impedir, haciendo uso de todos los medios de que dispone, que se celebre nada mínimamente parecido a un referéndum y, por supuesto, que ningún órgano estatutario proclame la independencia de Cataluña, incluso aunque, como es obvio, esa proclamación apenas sirviese para otra cosa que para hacer el ridículo, pero es que no harían el ridículo solamente los secesionistas, sino todos nosotros, desde el Rey al último de los españoles.

La verdadera proporcionalidad, ante el abierto y descarado desprecio a la Nación, a la Constitución, a la Ley y a todos los españoles, consiste en impedir que se consume esta absurda patochada, y en tomar rápidamente, las medidas políticas necesarias para que se pueda poner el contador a cero. Hay que reconstruir el marco de convivencia en Cataluña, el imperio de la ley, la igualdad esencial de todos los ciudadanos y el respeto a todos los derechos, lo que incluye, naturalmente, el restablecimiento del derecho efectivo a escoger la lengua española como lengua vehicular de la enseñanza en todos sus niveles.

Tal vez fuese difícil hacerlo si los secesionistas no hubiesen cometido los excesos que ya han cometido, si no se hubiesen ciscado en la única democracia realmente existente, pero es que ahora nos han dado la oportunidad de actuar con una legitimidad aumentada, lo que puede incluir, naturalmente, la suspensión de la autonomía catalana por el tiempo que se estime necesario y prudente para volver a poner todo en su sitio.

La unidad política necesaria
El problema catalán es solo una muestra especialmente grave y dolorosa de una cuestión que no quedó bien resuelta en la Constitución, es un problema español, no un problema de parte. Ahora hay que afrontarlo y no confundirse con argumentos de vendedor de crecepelo. Ya tenemos bastante con esa izquierda absurdamente empeñada en apoyar el derecho a decidir , otro error categorial en que no debiera incurrir ninguna persona avisada, porque lo que realmente quieren es destruir el orden vigente, y los secesionistas se lo ponen en bandeja, para construir su Edén, su democracia madura.

Los socialistas llevan tiempo tratando de mostrar su posición de una manera inequívoca, de armonizar la única soberanía nacional con el reconocimiento de singularidades que no sean gravosas para nadie. Por fortuna parecen conscientes de que, en este preciso momento, en estas dramáticas semanas, no les queda otra que fijarse en lo que de verdad importa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, y en apoyar las medidas que el Gobierno tome para restablecer el respeto a la ley, sin el que peligra gravemente la paz civil. También cabe esperar que nadie trate de aprovechar esta terrible oportunidad para sacar ninguna clase de ventajas, lo que incluye también al habilidoso PNV. Pocas veces, como ahora, el destino de tantos va a depender del deseable acierto y determinación de unos pocos, y hay que esperar que a nadie le falte valor para entenderlo.

Preocupación en la Policía por el radicalismo de las ‘mezquitas encubiertas’
La Gaceta  15 Septiembre 2017

Las denominadas “mezquitas encubiertas” suelen montarse en bajos de cualquier edificio, como garajes.

En la Comunidad de Madrid hay algunos lugares de culto musulmán con discurso “radical”, pero están “controlados”, según fuentes policiales, que no obstante precisan que la radicalización puede materializarse en cualquier lugar.

La pasada semana se supo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han reforzado la vigilancia sobre las mezquitas en la Comunidad de Madrid como una de las medidas para evitar ataques islamistas tras los perpetrados en agosto en Cataluña, según explicó el jefe superior de Policía de Madrid, Germán Castiñeira.

Madrid acoge a unos 300.000 de los aproximadamente dos millones de musulmanes que hay en Madrid, en su mayoría marroquíes pero también originarios de Pakistán, Argelia y Senegal, según han precisado fuentes de la investigación.

Hay más de cien comunidades islámicas registradas, una tercera parte de ellas en la capital, siendo las mezquitas de referencia la de la M-30 y la del barrio de Tetuán.

Las fuentes explican que en la Comunidad de Madrid sí hay “algunos lugares de culto que pueden ser problemáticos” con un discurso “radical”. Advierten también de que la radicalización de musulmanes hacia el yihadismo, sobre todo jóvenes, puede darse en cualquier lugar.

No preocupan -a su juicio- las grandes mezquitas y centros de culto con imanes “reconocidos”, sino las denominadas “mezquitas encubiertas” que suelen montarse en bajos de cualquier edificio, como garajes.

“Además, por muchos lugares que se vigilen, con un tipo de terrorismo así no se puede proteger todo”, aunque se trabaja intensamente en la prevención, precisan la fuentes de la Policía y de la Guardia Civil.

Los atentados de agosto en Cataluña los perpetró una célula yihadista presuntamente liderada por el imán de la localidad de Ripoll (Gerona), Abdelbaki es Satty, por lo que tras los ataques se abrió el debate sobe la necesidad de elaborar un registro de imanes en España.

En todo el país hay 1.508 centros de culto para unos dos millones de musulmanes, según datos del Observatorio del Pluralismo Religioso. Y, según el último informe de la Asesoría de Inteligencia y Consultoría de Seguridad -de 2016-, en España existen unas 800 “mezquitas encubiertas”, que son centros de reunión para la oración claves para las actividades de captación y reclutamiento.

Suelen ser bajos de edificios, garajes, locales o trastiendas de comercios que no están reconocidos como centros de culto oficial y que son liderados por imanes que no están supervisados.

La mayoría de estas “mezquitas encubiertas” se concentra en Madrid, concretamente en los distritos de Latina, Ciudad Lineal, Vallecas o Carabanchel, según el citado informe de 2016.


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Solo hay un aliado del nacionalismo más peligroso que la pasividad: la estupidez
Agustín Valladolid vozpopuli.es 15 Septiembre 2017

“Estamos especializados en una armoniosa repetición de la estupidez”. La frase se atribuye a un barcelonés del Raval, Terenci Moix, quien seguramente encontraría hoy, sin alejarse demasiado del que fuera su epicentro vital, y de no haber fallecido antes de tiempo, infinidad de razones y circunstancias que ratificarían su opinión. Empezando por esa actitud chulesca, altanera y amenazante del independentismo más retrógrado que, contra toda razonabilidad, ha provocado la mayor crisis de convivencia de la historia de Cataluña.

Ni siquiera Franco consiguió dividir tanto a los catalanes como Junts pel Sí y la CUP. Probablemente, como ha apuntado Félix Ovejero , esta, la división, no sea una consecuencia casual, sino causal e imprescindible para el independentismo excluyente (valga la redundancia), pero de lo que no hay duda es de que estamos ante la más grande y trágica estupidez perpetrada por cualquiera de los partidos que han pintado algo en España. Y eso que aquí, en materia de disparates políticos, tenemos ejemplos para dar y tomar.

Es tan grande la insensatez, se adivinan tan funestas y empobrecedoras sus consecuencias, en caso de éxito, que poco a poco se iba abriendo paso la tesis de que la mejor respuesta era justo la opuesta: la que evitara excesos y sobreactuaciones, y contrapusiera proporcionalidad y sensatez a la enajenación nacionalista. Las aciagas sesiones en las que la mayoría indepe ofició en el Parlament el funeral de la democracia representativa en Cataluña, situaban el secesionismo a la defensiva por primera vez en mucho tiempo.

Pero a partir de ahí, envalentonados, y como si le hubieran quitado de repente el tapón a la lámpara, emergieron magos con su particular fórmula curalotodo y encendidos defensores de la victoria por aplastamiento, como si el problema fuera a desaparecer después del 1-O. Y empezaron a suceder cosas que poco o nada tienen que ver con la teórica inteligencia volcada en la estrategia de respuesta. Por ejemplo, el registro sin certezas probatorias, y sobre todo sin realizar un cálculo previo en términos de costes de imagen, de un medio de comunicación. Subvencionado por la Generalitat , sí; correa de transmisión del secesionismo, sí; instrumento de propaganda en nada concorde con lo que se entiende por libertad de expresión, sí; pero también regalo imprevisto (su registro sin consecuencias) para sembrar dudas en el frente de los indecisos y alimentar la consigna del Estado opresor.

Luego pasó lo de Madrid. Ya se sabe: siempre hay un juez a mano para convertir un descosido en un desgarrón irreparable. Al PP capitalino no se le ocurrió otra cosa que reclamar su cuota de protagonismo y pidió la suspensión de un acto en favor del referéndum, alegando que se iba a celebrar en locales pertenecientes al Ayuntamiento. El Juzgado de lo Contencioso número 3 le dio la razón al PP y prohibió el evento. Discutible desde un punto de vista legal; y manifiesta torpeza en términos de oportunidad. De aplicar el mismo criterio con efecto retroactivo, no se habrían celebrado la mayoría de actos en los que, usando establecimientos municipales, se ha reivindicado la independencia de Cataluña o País Vasco.

Y por último, lo de los 712 alcaldes desobedientes citados a declarar bajo apercibimiento de detención. Nada que objetar en lo que afecta al fondo, a la insoslayable aplicación de la ley. Pero todo que oponer a la forma elegida, a la nula capacidad de análisis, prospectiva y sentido de los tiempos políticos de la Fiscalía. Y no solo creo que la citación masiva es un error por lo que destaca Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia ("Estoy en línea con las decisiones del Gobierno, pero con esto no puedo estar de acuerdo. No se puede inculpar a colectivos completos"), que también, sino por el extraordinario rendimiento que le está sacando el independentismo a esta estrategia de la Justicia.

La Diada fue un fracaso en términos de repercusión en los medios extranjeros. Lo de los 712 alcaldes es un caramelo informativo, un espectáculo; otro regalo inesperado que viene a alimentar precisamente el flanco más anémico del independentismo, vital para la consecución de sus fines: la comprensión internacional . El reguero de declaraciones y detenciones de alcaldes ofrece al independentismo una cuota de pantalla con la que no contaban. Un protagonismo complementario que reduce el campo de juego mediático del constitucionalismo ¿No se podía haber hecho de otra forma?

Ya sé que muchos opinarán que no, que no podía hacerse de otra forma, que ya era hora de actuar. Que el único lenguaje que entienden estos insensatos es el de la mano dura. No estoy del todo de acuerdo. La contundencia y la firmeza no están reñidas con la inteligencia y la eficacia. Y este es un problema que tiene que ver con el respeto a la ley, pero también con el adecuado manejo de la comunicación y de la imagen. En realidad siempre ha sido cuestión de imágenes, territorio en el que el constitucionalismo ha sido sistemáticamente derrotado. Ahora, para ganar esta batalla, y después de años de incomparecencia, lo que recomienda el sentido común no es la sobreactuación, sino una adecuada mezcla de prudencia y acción, de sensatez y contundencia legal y democrática.

Rajoy tiene razón: sería un error dejar la iniciativa del pulso contra el nacionalismo catalán en las manos exclusivas del nacionalismo español. Ya lo dijo Oscar Wilde: “No hay otro pecado que la estupidez”.

Y ellos, a lo suyo
Luis Ventoso ABC 15 Septiembre 2017

Conclusión: pisotean la ley, pero nadie los suspende de sus cargos

Evasores fiscales, trapicheros, bárbaros que conducen beodos a 190, concejales prevaricadores, cobardes que machacan la honra ajena en las redes sociales y quinquis que guindan pisos. Todos deben estar batiendo palmas ante las singulares innovaciones que llegan de Cataluña. Puedes delinquir a manos llenas, con el agravante de hacerlo desde un cargo público y para destruir el Estado, con la tranquilidad de que a título personal no recibirás castigo inmediato. Eso, y no otra cosa, es lo que perciben el común de los españoles. Lo expresan en bares y guasaps de un modo que tal vez no sea jurídicamente impecable, pero que resulta convincente: "Si te saltas un semáforo en cualquier ciudad española y te pillan, al segundo te cae un puro. Pero Junqueras y Puigdemont, representantes del Estado en Cataluña como altos cargos de la Generalitat, se están fumando las leyes constituyentes de este país desde hace una semana y todavía no les ha pasado nada. Continúan en sus cargos ufanándose de cómo delinquen".

El Gobierno insurrecto de la Generalitat no solo ha ignorado las órdenes de la fiscalía y el TC y los avisos del Gobierno, sino que está forzando la maquinaria de su rebelión. Ayer Junqueras, cerebro del envite, anunció que suspende la información a Hacienda. Puigdemont, con recochineo chuleta, ofrece en su cuenta de Twitter un enlace para acceder a la web del referéndum que cerró la Guardia Civil. La Generalitat separatista presiona de manera autoritaria y abusiva a directores de colegios y alcaldes para que incumplan leyes y requerimientos judiciales. Anoche celebraron el gran mitin de arranque de su campaña, solo horas después de que el delegado del Gobierno les advirtiese de que suponía un delito.

El problema es evidente: están fuera de control, porque han instaurado una supuesta legalidad catalana y para ellos la española ya no rige. El curso de las querellas es tan moroso que les permite avanzar impunemente (la condena a Mas por el 9-N llegó ¡dos años y cuatro meses después!). ¿Se podría hacer algo más? Por supuesto. Es lamentable que quienes perpetraron el golpe contra nuestra democracia de la semana pasada no hayan sido suspendidos de funciones por el TC. También cabría conformar una mayoría constitucionalista que llevase al Congreso de inmediato la recuperación de la ley que convertía en delito penal la convocatoria de un referéndum ilegal, retirada en su día por el calamitoso Zapatero (pero la ambigüedad de Sánchez y la felonía abierta de los comunistas de Iglesias lo dificulta, con Colau alardeando ya de que ha descubierto como incumplir la ley impunemente). Cada día que Rajoy, Santamaría y el fiscal general aparecen con rostros solemnes anunciando todo el peso de la justicia sin que luego ocurra nada, los sublevados reciben oxígeno.

Si esto fuese un partido de fútbol, por ahora el resultado sería inquietante: Sediciosos, 2 – Estado, 0. Al final ganaremos, pero por ahora nuestra defensa hace agua. Jamás debió haberse permitido que un Parlamento regional español aprobase dos leyes golpistas, como ocurrió en Cataluña la semana pasada.

Montoro, en auxilio de los golpistas
Guillermo Dupuy Libertad Digital 15 Septiembre 2017

A pesar de que el Gobierno de Rajoy se comprometió no hace mucho a cortar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómico a los sediciosos mandatarios catalanes en caso de financiar los preparativos de la nueva consulta secesionista del próximo 1 de octubre; y a pesar también de que la Fiscalía General del Estado ya ha cursado una querella contra Puigdemont y el resto de su cuadrilla precisamente por un delito –entre otros– de malversación de caudales públicos, el Gobierno de Rajoy se dispone a mantener la financiación extraordinaria que viene brindando a la Administración autonómica en rebeldía desde 2012.

Téngase en cuenta, además, que los cuantiosos recursos públicos que la Generalidad de Cataluña viene desde entonces destinando a su ilegal proceso secesionista van mucho más allá que los que requirió la ilegal consulta del 9-N o la que pueda seguir requiriendo la no menos ilegal consulta del próximo 1 de octubre. El sostenimiento de ilegales estructuras de Estado, tales como el Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, la adulterada Agencia Tributaria de Cataluña, aspirante a convertirse en la futura Hacienda de la República Catalana, o la activa Consejería de Asuntos Exteriores –vanamente suspendida por el Tribunal Constitucional–y su acrecentada red de embajadas, por poner sólo unos pocos ejemplos, cuesta una pasta que tampoco sale del bolsillo particular de ningún independentista sino del dinero del contribuyente –fondos propios de la Generalidad– que manejan los golpistas que ostentan y, mucho me temo, van a seguir ostentando la máxima representación del Estado en Cataluña.

Es normal que los golpistas perpetren tan colosal desvío de fondos públicos para financiar el ilegal proceso de independencia que públicamente inauguraron en la Diada de 2012. Y es normal que semejante desvío de fondos propios de la Generalidad genere agujeros en las competencias que la Administración autonómica tiene legalmente encomendadas, como la sanidad o el pago a provedores. Lo que me resulta escandaloso desde 2012 es que la Administración central del Estado, a través del mencionando Fondo de Liquidez Autonómico, venga a tapar esos agujeros sin exigir previamente a los mandatarios un compromiso, tanto de palabra como de obra, con el cese de ese ilegal desvío de fondos y un compromiso, no menos público y verificable, con el ordenamiento constitucional.

Entiendo que, con esa exigencia, y sólo en el caso de que los mandatarios prosiguieran financiando su ilegal procés, Rajoy se arriesgaría a una suspensión de pagos por parte de la Administración regional y a las quejas de los proveedores, lo que abocaría al Gobierno de España a tener que intervenir por completo los recursos propios de la Generalidad para que ni un solo euro de los mismos vaya destinado a tan ilegales menesteres. Pero eso es precisamente lo que Rajoy, con su insensata, acomodaticia y temeraria cobardía, todavía quiere evitarse a toda costa: tener que suspender la autonomía de Cataluña, ya sea por razones políticas o financieras. Y esa es la razón por la que la Administración central del Estado va a seguir pagando "cosas básicas" que deberían pagarse con los recursos propios de la Administración regional.

Lo más lamentable de todo es ver cómo se maquilla todo este escandaloso modus operandi en casi todos los medios de comunicación. Así, titulares tales como "El Gobierno podría asumir parte del presupuesto de la Generalidad" dejan en segundo plano lo más relevante de la noticia del día, y es que el Gobierno va a seguir manteniendo a la Administración en rebeldía como la principal destinataria de los Fondos de Liquidez Autonómica. Y lo que es peor: ese "podría asumir" deja en segundo plano el hecho de que el control del gasto con el que Rajoy trata de tapar, ya desde hace tiempo, su financiación involuntaria e indirecta pero no por ello menos decisiva del procés no se realiza sobre el destino que se da a los recursos propios de la Generalidad sino al de los recursos que esta recibe a través del FLA.

Que el Gobierno de España pasase a pagar directamente a los provedores en lugar de exigir un justificante de pago a la Generalidad a cambio de entregarle a ella el dinero no resuelve en absoluto el problema; como mucho lo oculta.

Lo más lamentable de todo es que esa falsa asunción del presupuesto de la Generalidad por parte del Gobierno de Rajoy no obedece a otra cosa que a tratar de ocultar la ya mencionada financiación indirecta al procés y que Junqueras ya ni siquiera se va a molestar en enviar justificantes de pago a cambio de lo que recibe del FLA.

El Estado deberá actuar en firme para evitar burlas como la de ayer
EDITORIAL El Mundo 15 Septiembre 2017

La escalada de tensión entre una Generalitat en rebeldía absoluta, aliada con los más radicales partidarios de la independencia, y el Estado de Derecho va aumentando de manera preocupante a medida que se acerca el 1-O. Anoche, pese a que la Delegación del Gobierno en Cataluña había advertido a la gestora del Tarraco Arena que el acto de inicio de campaña programado era ilegal, la fiesta soberanista se llevó a cabo de manera impune sin que nadie, ni la Fiscalía ni el Gobierno, decidieran actuar para impedirlo, a pesar de que en él participaron Puigdemont y Junqueras. Quizá la prudencia pueda explicar que no se interviniese en un recinto donde participaron alrededor de 8.000 personas, pero tras la firme respuesta dada por el Estado hasta ahora, no se entiende que se permitiese a los que quieren destruir el Estado seguir desafiando a las instituciones y a todos los españoles. El Gobierno y la Fiscalía no pueden permitir que esta burla vuelva a repetirse. Porque no fue lo único grave que ocurrió ayer.

Desde el frente municipal, la alcaldesa de Barcelona, que pese a su calculada ambigüedad nunca ha ocultado que hará "todo lo posible" para que los barceloneses puedan votar, anunció un acuerdo con el Govern que supuestamente blindaría a los funcionarios municipales ante posibles sanciones tras la prohibición del TC. Si el miércoles cedió a la consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí (nombrada expresamente por Puigdemont para realizar esta función) el control del Consorcio de Educación de Barcelona, que gestiona 296 centros educativos, el 72% de todos los de la ciudad, ayer Ada Colau anunció otro acuerdo con la Generalitat, del que no anticipó detalles, pero que podría incluir la cesión de espacios públicos o de locales de propiedad de la Generalitat para que sean habilitados como colegios electorales.

Se trata de un nuevo intento de burlar la prohibición del TC y de permitir la farsa de una consulta ilegal para debilitar el Estado, provocar un choque institucional y eludir sus posibles responsabilidades penales. El secretario del Ayuntamiento, no obstante, ya ha advertido a la alcaldesa sobre los riesgos que suponen para ella y para los trabajadores municipales la cesión de locales de propiedad pública. Con rapidez y acierto, la Fiscalía ya ha requerido a la Guardia Urbana de Barcelona que investigue todos los actos preparativos de la consulta y los centralice en una Unidad.

Desde el otro frente, el autonómico, en un nuevo gesto de arrogancia y desafío, Junqueras comunicó al Ministerio de Hacienda que no rendirá cuentas del gasto semanal al Fondo de Liquidación Autonómico (FLA) encargado de verificar que la Generalitat no dedique un solo euro de todos los españoles a la organización del referéndum ilegal. Ante esta nueva provocación, el Gobierno debe tomar medidas drásticas en el Consejo de Ministros de hoy para cortar el flujo de liquidez a la comunidad autónoma y hacerse cargo del pago a los proveedores, partidas para las que está diseñada la financiación a través del FLA. El Gobierno debe actuar con celeridad para evitar que ese dinero se utilice en acciones ilegales (algo que debería haber hecho hace tiempo) a la vez que queden garantizados los servicios públicos y los catalanes no paguen la irresponsabilidad de sus dirigentes.

Pero la tensión está llegando también a otros sectores sociales. Si anteayer las dos principales instituciones de representación empresarial de España, Cepyme y CEOE, emitieron sendos comunicados cerrando filas con la respuesta del Estado al desafío independentista, ayer el presidente de esta última, Juan Rosell, se desmarcó con unas declaraciones que, con razón, han causado malestar entre los dirigentes de la patronal. En una entrevista en la Cadena Ser, Rosell instó a buscar una solución "intermedia" entre la "independencia" y "la sumisión total", insinuando que la ciudadanía de Cataluña está sometida, como si de una dictadura se tratase, a la voluntad del Gobierno. No se entiende una salida de tono tan extravagante e inoportuna.

Primera gran burla al TC, al fiscal y a la ley
OKDIARIO 15 Septiembre 2017

La campaña del referéndum ilegal ha comenzado sin que nadie haya hecho nada por evitarlo. Ni rastro de los Mossos d’Esquadra en el pabellón Tarraco Arena, donde 7.500 personas han llenado el aforo a favor del golpe de Estado del próximo 1 de octubre. El primer gol de este encuentro decisivo para la unidad de España lo han marcado los golpistas. Algo que no debe ocurrir más. Puigdemont y Junqueras se han saltado a la torera las advertencias del Ejecutivo y del Tribunal Constitucional (TC) y han apadrinado un aquelarre que ahonda en el desafío institucional. Un evento a mayor gloria de la propaganda golpista. Repleto de burlas al Gobierno e incluso a la Guardia Civil, a la que se han referido al grito de “¿dónde están las papeletas?”. Intolerable.

Llegados a este momento, las advertencias bienintencionadas, de tan infructuosas, rozan la ridiculez. Las acciones deben prevalecer sobre las palabras. Es loable que el Gobierno quiera evitar posibles confrontaciones en las calles. Sin embargo, la inacción no puede colonizar este problema. El Constitucional y la Fiscalía deben inhabilitar y perseguir legalmente a todas las personas que impulsan esta sinrazón jurídica y política. El Estado de Derecho tiene que impedir que una ilegalidad supina como ésta siga cogiendo cuerpo porque, de lo contrario, muy pronto será demasiado tarde para frenar una bola de nieve que crece y crece. EL TC había suspendido de urgencia la ley del referéndum y también había apercibido a los 948 alcaldes catalanes y a los 62 cargos de la Generalitat para que no participaran de la organización de la consulta ilegal. Sin embargo, las medidas disuasorias no han servido para nada.

El Tarraco Arena se ha llenado a pesar de que el mitin es constitutivo de delito y puede conllevar consecuencias penales. El acto de este jueves no corresponde al ámbito de la libertad de expresión ni al derecho de reunión, tal y como argumentan de manera falaz tanto los independentistas como Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos no ha tardado en prestarle apoyo público a estos pirómanos de la política hasta el punto de atacar a Felipe VI, al que ha acusado de ser “incapaz de hablar de los problemas de España”. Cataluña está sujeta a los derechos y deberes de la Constitución. El Ejecutivo tiene que actuar con contundencia. Debe ser la primera y última vez que ocurre algo como lo de Tarragona. De lo contrario, España está en peligro tal y como la conocemos.

La trama civil golpista
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 15 Septiembre 2017

Del enemigo, el consejo. Pablo Iglesias anunció ayer a su grupo parlamentario -el creciente subgrupo parlamentario de sus exes impidió la ovación- que el PP prepara un estado de excepción. Señal de que resulta necesario y se queda corto. La Constitución habilita el estado de sitio, el de alarma y el de guerra, pero la ciclópea ignorancia del amigacho de Otegi, pupilo de Roures, deudo de Irán, sicario de Maduro y telehormonado por el PP de Rajoy para frenar al PSOE, permite suponer que Iglesias tampoco sabe lo que significa "estado de excepción". Le sonará de alguna batallita antifranquista que le contó su padre -ex miembro de la banda terrorista FRAP, perseguidor de periodistas como él- y se imagina un paisaje gris plomo. Tranquilo. Yo padecí los del tardofranquismo y no había policías disparando a los jóvenes en las aceras, como en su Venezuela.

El estado de excepción, el de alarma, el de sitio y el de guerra están previstos en todos los regímenes constitucionales para defenderse de las agresiones graves, interiores y exteriores. Como él y su partido se declaran enemigos de la democracia y de España, Iglesias teme seguir la suerte de los golpistas catalanes. Ojalá. De momento, me conformo con que las televisiones que sirven al despotismo comunista y separatista, sean llamadas a declarar ante el juez y puestas fuera de la Ley si siguen formando parte de la trama civil del golpe, clave de su éxito o de su derrota. Supongo que si vieran en peligro el forropolio modificarían la plantilla.

Iglesias aulló el 11 de septiembre "Visca Cataluña lliure y soberana!", alineándose con los enemigos de la soberanía nacional, del pueblo español como sujeto político y de la "patria común e indivisible de todos los españoles" que proclama ingenuamente la Constitución. Claro que es divisible y Podemos está con la trama nacional-comunista que busca dividirla. Pero como Iglesias atacó también ayer al Rey por defender la Constitución y en junio dijo que faltaba Campechano en los 40 años de candado constitucional, recordemos el 23-F, mucho menos grave que el golpe actual. La justicia persiguió a la trama civil del golpe: García Carrés se sentó en el banquillo con Tejero, Armada y Milans; y acabó en la cárcel. Aquella represión fue más que un estado de excepción pero a la democracia le sentó muy bien.

La otra mitad
David Gistau ABC 15 Septiembre 2017

Con frecuencia escucho y leo reproches a la mitad no independentista de Cataluña por no haber salido, también ella, a tomar la calle y hacer coreografías militantes, mosaicos, cadenas humanas y, en definitiva, constituir una mancha fosforescente visible desde una estación espacial. Es verdad que alguna que otra prueba de vida más habría impedido a los oradores de la independencia apropiarse como lo han hecho de la totalidad catalana, de la ficción de un anhelo colectivo sin reticentes. Pero aun así encuentro comprensible esa desidia militante de la otra mitad, la que se mantiene apegada a sus rutinas a pesar de que a su alrededor cunde una excitación provocada por la promesa de hacer historia y de participar en algo más grande que uno mismo: Waco con coartadas patrióticas. No es fácil, además, y menos aún con la carencia de liderazgos solventes, que esa otra mitad compita con una maquinaria oficial de estímulos militantes que lo abarca todo, que todo lo penetra, y que pasa por la disposición de mucha gente a rendir la condición de ciudadano para asumir la de soldadesca. Hasta los cantautores se han dejado alienar y se arrogan funciones de vigilancia como las del comisario de escalera en el castrismo.

A la otra mitad no se le puede pedir que compita en fanatismo con personas como Puigdemont, embriagadas de posteridad. Tampoco se le puede pedir que, en jornadas como la de la Diada, forme una masa de choque para disputar el territorio a las columnas, de corte peronista pero con globitos, del independentismo. Eso sería tanto como admitir el fracaso del Estado y comunicar a esa otra mitad que se las tiene que apañar sola porque sólo conservará los derechos que defienda ella misma en la calle. No es verdad que la mitad no independentista de Cataluña no se manifieste jamás. Lo hace cuando vota e impone la confección de un parlamento que sólo pasa por independentista si es profanado primero como en un golpe sin armas de fuego. Lo hace cuando se encomienda a sus representantes, por más fragmentados y débiles que éstos sean luego.

Durante mucho tiempo, el reproche mayor al independentismo ha sido que, mediante la acumulación de gente en la calle, inventaba legitimidades alternativas a las de la ley y las urnas. Que manejaba la militancia organizada para sustituir la frustración de un parlamento insuficiente, al menos para la unilateralidad. Pero he aquí la paradoja: ahora se le dice a esa otra mitad que sí se entregó a la ley y a la representación parlamentaria que lo que tenía que haber hecho es salir a la calle a reñirle al independentismo esa otra legitimidad que se supone que no vale. Esa gente no debe salir a la calle porque se supone precisamente que tiene detrás una ley y un Estado cuyo cometido, entre otras muchas cosas, es sacar a sus ciudadanos los golpistas de encima sin que ellos tengan que salir a hacerlo personalmente. Este contrato hobbesiano es el que quedó sometido a prueba desde el pucherazo parlamentario de Forcadell.

Nueces catalanas
Ignacio Camacho ABC 15 Septiembre 2017

Siempre que alguien sacude# un nogal de reclamaciones soberanistas, allí está el PNV con el capacho bajo el árbol

Que no se exceda el Gobierno, dicen los gerifaltes del PNV, sabedores de que tienen la legislatura agarrada por el mango de sus cinco diputados. Que no aplique el Artículo 155 ni se atreva a requisar las urnas, ni se le vaya a ir la mano ante un referéndum de autodeterminación que el mismísimo Ibarretexe no se atrevió a convocar en sus días más arriscados. No les parece un exceso la consulta ilegal, ni la aclamación popular a Otegi, ni el proyecto de secesión unilateral, ni el golpe institucional de ribetes bolivarianos; la cuestión que preocupa a los nacionalistas vascos es la respuesta del Estado democrático. Teniendo socios de esta índole para qué necesitará Rajoy adversarios.

La posición de los peneuvistas es esencial en este mandato. Pueden volcar el equilibrio de fuerzas en una moción de censura o vetar el Presupuesto de 2018 y conducir la gobernación del país al colapso. La deriva de ruptura en Cataluña no les agrada porque los sitúa a ellos en una situación incómoda ante sus votantes más exaltados; les estropea la estrategia y les altera el calendario pero al mismo tiempo les conviene que la crisis abra un replanteamiento del modelo territorial del Estado. El lendakari Urkullu ha emprendido una vía moderada, aunque dice sobre la independencia las mismas cosas que Artur Mas escribía hace quince años; su pragmatismo es meramente táctico. Los jeltzales nunca han destacado por su lealtad a la nación española -¿hace falta recordar precedentes?- ni por otro compromiso que no sea el que les permita avanzar hacia un proyecto confederado. Su discrepancia con los soberanistas catalanes es de forma y de oportunidad, no de principios ni de objetivos; son parientes políticos cercanos. Intuyen que de algún modo el conflicto les puede acabar beneficiando: cada vez que alguien sacude un nogal ellos acuden prestos a recoger las nueces en su capacho.

Esta advertencia, que en realidad constituye una amenaza, deja al marianismo aislado. El consenso del PSOE es retórico, a regañadientes y de alcance más que limitado; al presidente no le queda más muleta de apoyo -y bastante inestable- que la de Ciudadanos. Si ya de por sí tiende a ser renuente a medidas de riesgo, el apercibimiento nacionalista le va a volver aún más cauto; puede escudarse en que no resulta viable ejercer la autoridad sin respaldo parlamentario. Va a tener que afrontar estas semanas críticas emparedado entre recelos de ambos bandos; con sus votantes reclamando firmeza, con sus teóricos aliados mirándole de reojo y con los separatistas envalentonados.

Quizá en un hombre de otro carácter podría esperarse un gesto de audacia: que tomase decisiones de filo y a continuación convocase a las urnas para refrendar -o no- su liderazgo. Hipótesis altamente improbable en un capitán de barco que si algo ha demostrado es su propensión a sortear las tempestades a base de navegar al pairo.

España/ Lengua y nacionalismo
500.000 firmas en busca de poder estudiar español en España
"Hablamos español" pretende aprobar una ley de libertad lingüística.
Daniel Ramírezelespanol  15 Septiembre 2017

Es jueves por la mañana en la trasera del Congreso de los Diputados y Gloria ha venido desde Vigo para pedir que le dejen recoger firmas. Si el informe de los letrados de la Cámara sale como espera, podrá recorrer las calles en busca de medio millón de autógrafos para aprobar una ley de libertad lingüística en España en forma de Iniciativa Legislativa Popular.

Le acompaña una señora de blusa blanca y falda marrón, también de Galicia. Su hija ha hecho la selectividad este año y va a empezar Medicina: "Ha tenido que estar estudiando gallego... No le ha servido de mucho, además los libros de anatomía no están traducidos". Fuma a su lado un hombre llegado de Baleares: "¿Qué pasa con los que educan a sus hijos en mallorquín y luego se encuentran con el catalán en el colegio? Quien lo conoce, sabe que no es una tontería".

Gloria, sus dos compañeros, 36 entidades y un grupo de intelectuales y académicos entre los que se cuentan Fernando Savater, Félix de Azúa o el exministro de Educación con UCD José Manuel Otero Novas lanzan un alegato "simple": que todo ciudadano pueda estudiar sólo en español si así lo elige en cualquier lugar del país.

Pasan diez o quince minutos del mediodía y Gloria Lago ya ha aportado los documentos necesarios en el Congreso. A media tarde, casi todos los que la acompañan cogerán coches, aviones y trenes. "Hablamos español" -así se llama el colectivo- se nutre de partidarios procedentes, en su mayoría, de las comunidades bilingües.

"No es una cuestión ideológica, sino de derechos"
Relata Gloria que quedaron constituidos el pasado julio y que ya cuentan con el apoyo de muchos. "El Congreso y la Mesa tienen quince días para decirnos si todo está bien, entonces nos pondremos a funcionar". ¿Y qué cree que les dirán? "Lo hemos estudiado mucho, no es una cuestión ideológica, sino de derechos. Si el documento se ajusta legalmente, saldrá adelante".

Sin la ley que ellos promueven, explican detrás del Congreso, cuando Madrid palpita a ritmo de oficina, "se ven vulnerados los artículos de la Constitución que garantizan la igualdad entre los españoles y la libertad de elección de residencia y circulación por todo el territorio nacional".

"Son muchas las familias que ven dificultada su movilidad dentro del país por la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en español, los profesores que no pueden optar a una plaza en las comunidades bilingües, los profesionales de la medicina con el acceso restringido a la función pública...", lamentan Gloria y sus compañeros.

El borrador de la ley propuesta, consultado por este periódico, dice: "Un sistema en el que dos lenguas son simultáneamente oficiales debe girar sobre el principio de libertad de elección (...) La cooficialidad no puede significar que el castellano sea relegado en detrimento de la lengua autonómica".

Hubo quien reprendió a "Hablamos español". Les acusaron de pretender defenestrar las lenguas autonómicas. Se defienden con su ley en la mano. Abogan por que toda Administración pueda ofrecer modelos tanto en español como en la respectiva lengua oficial del territorio, siempre y cuando no se restrinja ninguno de los dos derechos.

También prevén una exención de la calificación de la lengua autóctona durante al menos tres cursos académicos para aquellos alumnos que provengan de otra región. Eso sí, la ausencia de examen no significa dejar de asistir a clase. "Así irán adquiriendo progresivamente los conocimientos suficientes para cursar adecuadamente dicha materia".

El delirante uso del español en Cataluña: un colegio mete 8 erratas en una carta de sólo 70 palabras
Luz Sela okdiario 15 Septiembre 2017

Ocho errores en apenas setenta palabras. Es lo que se puede ver en una nota remitida a los padres de los alumnos del Colegio Público Josep Guinovart de Castelldefels (Barcelona).

En ella, se solicita a los progenitores la autorización para la cesión de datos personales al AMPA del centro. Pero el texto, pese a su brevedad, está sembrado de incorrecciones en un llamativo ‘batiburrillo’ de catalán y castellano: “autoritzación”, “cessión”, “escola”, “següientes”, “dades”… son algunos de los ‘palabros’ que se pueden leer en la nota, revelada por Societat Civil Catalana.

El delirante uso del español en Cataluña: un colegio mete 8 erratas en una carta de sólo 70 palabras

Se da la circunstancia de que el centro Josep Guinovart saltó hace meses a los titulares por la batalla de una treintena de padres para que se impartiese más enseñanza en castellano. En concreto, al menos un 25% de las clases, el porcentaje que, en 2014, determinó el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Las familias denunciaron un auténtico calvario por las presiones recibidas de los partidarios de la inmersión lingüística. Incluso el ayuntamiento, del PSC, llegó a aprobar una moción que defendía la vigencia del actual modelo educativo y acusaba a los padres de romper la convivencia.

Finalmente, los padres recurrieron a los tribunales, que les dieron la razón obligando al centro a impartir este año el 25% de sus clases en castellano en la mitad de sus aulas.

 


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