AGLI Recortes de Prensa   Sábado 16  Septiembre 2017

España es culpable
Arturo Pérez-Reverte: "Súbdito de un país de fantoches, surrealista hasta el disparate"
"Son responsables los periodistas y tertulianos que ahora despiertan indignados tras guardar prudente cautela durante décadas"
Periodista Digital 16 Septiembre 2017

Tiene la rara virtud, en el periodismo y la intelectualidad española, de 'llamar al pan, pan y al vino, vino'.

Arturo Pérez-Reverte nunca se muerde la lengua ni actua u opina en función de mezquinos intereses. Fue reportero de guerra audaz y es nuestro mejor novelista, no debe nada a nadie y a sus 65 trabajdos años, con las pelotas negras del humo de mil combates, dice lo que quiere y a quien quiere.

Esto escribía el pasado el 10 de septiembre de 2017 en XL Semanal. La pieza se titulaba 'España es culpable':

No sé qué ocurrirá en Cataluña en octubre. Estaré de viaje, con la dosis de vergüenza añadida de quien está en el extranjero y comprueba que lo miran a uno con lástima, como súbdito de un país de fantoches, surrealista hasta el disparate.

Por eso, el mal rato que ese día voy a pasar quiero agradecérselo a tres grupos de compatriotas, catalanes y no catalanes: los oportunistas, los cobardes y los sinvergüenzas.

Hay un cuarto grupo que incluye desde ingenuos manipulables a analfabetos de buena voluntad, pero voy a dejarlos fuera porque esta página tiene capacidad de aforo limitada.

Así que me centraré en los otros. Los que harán posible que a mi edad, y con la mili que llevo, un editor norteamericano, un amigo escritor francés, un periodista cultural alemán, me acompañen en el sentimiento.
Cuando miro atrás sobre cómo hemos llegado a esto, a que una democracia de cuarenta años en uno de los países con más larga historia en Europa se vea en la que nos vemos, me llevan los diablos con la podredumbre moral de una clase política capaz de prevaricar de todo, de demolerlo todo con tal de mantenerse en el poder aunque sea con respiración asistida.

De esa panda de charlatanes, fanáticos, catetos y a veces ladrones -con corbata o sin ella-, dueña de una España estupefacta, clientelar o cómplice. De una feria de pícaros y cortabolsas que las nuevas formaciones políticas no regeneran, sino alientan.

El disparate catalán tiene como autor principal a esa clase dirigente catalana de toda la vida, alta burguesía cuya arrogante ansia de lucro e impunidad abrieron, de tanto forzarla, la caja de los truenos. Pero no están solos.

Por la tapa se coló el interés de los empresarios calladitos y cómplices, así como esa demagogia estólida, facilona, oportunista, encarnada por los Rufiancitos de turno, aliada para la ocasión con el fanatismo más analfabeto, intransigente, agresivo e incontrolable.

Y en esa pinza siniestra, en ese ambiente de chantaje social facilitado por la dejación que el Estado español ha hecho de sus obligaciones -cualquier acto de legítima autoridad democrática se considera ya un acto fascista-, crece y se educa desde hace años la sociedad joven de Cataluña, con efectos dramáticos en la actualidad y devastadores, irreversibles, a corto y medio plazo. En esa fábrica de desprecio, cuando no de odio visceral, a todo cuanto se relaciona con la palabra España.

Pero ojo. Si esas responsabilidades corresponden a la sociedad catalana, el resto de España es tan culpable como ella. Lo fueron quienes, aun conscientes de dónde estaban los más peligrosos cánceres históricos españoles, trocearon en diecisiete porciones competencias fundamentales como educación y fuerzas de seguridad.

Lo es esa izquierda que permitió que la bandera y la palabra España pareciesen propiedad exclusiva de la derecha, y lo es la derecha que no vaciló en arropar con tales símbolos sus turbios negocios.

Lo son los presidentes desde González a Rajoy, sin excepción, que durante tres décadas permitieron que el nacionalismo despreciara, primero, e insultara, luego, los símbolos del Estado, convirtiendo en apestados a quienes con toda legitimidad los defendían por creer en ellos. Son culpables los ministros de Educación y los políticos que permitieron la contumaz falsedad en los libros de texto que forman generaciones para el futuro.

Es responsable la Real Academia Española, que para no meterse en problemas negó siempre su amparo a los profesores, empresarios y padres de familia que acudían a ella denunciando chantajes lingüísticos. Es responsable un país que permite a una horda miserable silbar su himno nacional y a su rey.

Son responsables los periodistas y tertulianos que ahora despiertan indignados tras guardar prudente cautela durante décadas, mientras a sus compañeros que pronosticaban lo que iba a ocurrir -no era preciso ser futurólogo- los llamaban exagerados y alarmistas.

Porque no les quepa duda: culpables somos ustedes y yo, que ahora exigimos sentido común a una sociedad civil catalana a la que dejamos indefensa en manos de manipuladores, sinvergüenzas y delincuentes.
Una sociedad que, en buena parte, no ha tenido otra que agachar la cabeza y permitir que sus hijos se mimeticen con el paisaje para sobrevivir. Unos españoles desvalidos a quienes ahora exigimos, desde lejos, la heroicidad de que se mantengan firmes, cuando hemos permitido que los aplasten y silencien.

Por eso, pase lo que pase en octubre, el daño es irreparable y el mal es colectivo, pues todos somos culpables. Por estúpidos. Por indiferentes y por cobardes.

Golpe de Estado en marcha (11)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Septiembre 2017

INTERVENCIÓN ENCUBIERTA, PROPAGANDÍSTICA Y A DESTIEMPO, SIN EFECTO SOBRE EL REFERÉNDUM.

El Gobierno acaba de dar un golpe de efecto al anunciar que retoma el control de los gastos de la Generalidad y se hace a cargo del pago de los servicios esenciales, esto es sanidad, educación, servicios sociales y nóminas de funcionarios. Por otro lado, da un plazo de 48 horas para que el Gobierno de la Generalidad envíe el estado de cuentas en un acuerdo de no disponibilidad para las partidas restantes, es decir del resto de presupuesto. De no cumplirse este requisito, el Estado asumirá el pago de estas partidas, lo que sería de hecho la intervención de todo el presupuesto de la Generalidad. Este acuerdo del Consejo de Ministros ha sido calificado como una aplicación del artículo 155 por la puerta de atrás, es decir una intervención encubierta. Y la verdad es que las cosas terminan por ser lo que parecen.

Sin embargo, esta medida de firmeza llega tarde ya que nadie puede dudar de que los secesionistas ya tienen todos los gastos cubiertos en relación con el referéndum. Una realidad que los propios responsables llevan semanas alardeando e incluso haciendo mofa y befa de ello, como lo de cantar “¿dónde están las papeletas?”. Tampoco se conoce dónde se encuentran las casi 8.000 urnas, ni los censos de los diferentes colegios electorales, ni cuales de los locales cedidos serán usados en ese día para constituir las mesas electorales, ni cuántos de los componentes de la mesa citados acudirán a esos colegios a desempeñar su función. Tampoco se conoce la respuesta de los Mossos, que llevan demasiado tiempo en clara actitud pasiva a cualquier acto ilegal relacionado con el referéndum que se celebra y cuyos mandos están claramente a favor del proceso independentista. Su fidelidad está en cuestión y haría bien el Gobierno de España en asegurarse el control y garantizar que, al menos, no estorben al resto de FFyCCSE en el cumplimiento de su deber de evitar la celebración del referéndum ilegal.

Pero lo que realmente está en juego es la credibilidad del Estado de Derecho y del Gobierno de España en que este se imponga en una comunidad autónoma cuyo Gobierno y Parlamento están instalados en la desobediencia y la rebeldía institucional. El control económico es una forma de asegurar que los fondos públicos se usarán en aquello para lo que estaban presupuestados y no para financiar el proceso separatista. Pero esa medida debió garantizarse con anterioridad y no fiarlo todo a un simple papelito donde los propios secesionistas certificaban el uso correcto de las partidas. Durante estos tres años se ha seguido financiando con el FLA y de manera muy generosa a quienes no se ocultaban en abrir embajadas, en financiar a entidades favorables al proceso independentista, en permitir el uso sectario de los medios de comunicación públicos, en permitir la violación de derechos fundamentales de los castellano hablantes y la existencia de algo tan totalitario como el C.A.C. y su persecución a comerciantes.

Este Gobierno de Mariano Rajoy sigue empeñado en que todo se resume en lo económico, cuando solo es una parte, importante sí, pero que por sí sola no es efectiva. Hace falta asumir otras competencias, las esenciales como la sanidad, la educación y la seguridad. Han sido demasiados años de dejar hacer y de mirar para otro lado mientras los nacionalistas iban medrando en la sociedad catalana y adoctrinando a las nuevas generaciones. Una sociedad que ha sido fragmentada y abandonada en manos del separatismo, cuya recuperación será lenta y difícil, sobre todo en esa mitad radicalizada que tiene demasiado rencor interiorizado y deseos de independencia. Una situación que personalmente califico de irreversible y que solo producirá frustración, sentimiento de humillación y mucho más rencor cuando termine por imponerse el Estado de Derecho. El mal está demasiado enraizado como un cáncer y cualquier medida que se adopte, necesariamente ha de ser traumática.

Dice Mariano Rajo que “Con serenidad y firmeza, no habrá referéndum el 1 de octubre” y que no subestimen la fuerza de la democracia. Avisa a los golpistas de que “están cometiendo un error y nos van a obligar a lo que no queremos”. Y esto, salvando las distancias me recuerda a los intercambios de amenazas entre el dictador de Corea del Norte, Kim Jon Un y el Presidente de los USA, Donald Trump. En este caso Carles Puigdemont y sus secuaces, no cesan de lanzar soflamas, protagonizar actos de campaña a favor del Sí en el referéndum, y reírse abiertamente en el juego del gato y el ratón entre las FFyCCSE y la Generalidad con el tema de los colegios, urnas y papeletas. Y lo que le digo a Rajoy es que el movimiento se demuestra andando y hasta ahora, todo lo ha hecho desde el despacho y sentado en su poltrona.

Las medidas no se anuncian, se toman con todas las consecuencias. En mi opinión, fue un error permitir la celebración del acto de inicio de la campaña del referéndum, no clausurando el recinto con antelación. El riesgo de una manifestación y desórdenes públicos era asumible y su control estaba en manos de los Mossos, un buen momento para evaluar su fidelidad. Pues eso, ¡ponte en marcha Mariano! Porque el golpe de Estado hace tiempo que lo está.

¡Que pasen un buen día!

Un grito de guerra vestido de negociación
Ignacio Varela elconfidencial 16 Septiembre 2017

Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau (el frente soberanista, por fin al completo en la pasarela) han escrito una carta. Dicen que los destinatarios son Rajoy y el Rey, pero en realidad se dirige a la opinión pública. Es un paso más en la estudiada estrategia de la insurrección institucional, que ahora ya ha entrado de lleno en su “fase Maidan”. Un grito de guerra disfrazado de oferta negociadora, sale en todos los manuales de técnicas de subversión política.

La carta forma parte del plan de campaña y sigue a los tres golpes de efecto anteriores: el atraco parlamentario del 6 y 7 de septiembre que derogó la Constitución y el Estatuto, la macromanifestación de la Diada para exhibir músculo callejero y el mitin de Tarragona en el que bravearon a gusto para excitar una reacción descontrolada del gobierno. Actuaciones, todas ellas, que muestran cualquier cosa menos espíritu dialogante. Pero el propósito intoxicador de la carta no nos dispensa de la tarea de atender a su contenido y descubrir algunas falsedades que no se hacen más ciertas por más repetidas. Vamos a ello:

'Los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo'.
Una verdad de Perogrullo a la que le falta un detalle decisivo: que la ley democrática es el marco necesario y el límite infranqueable de propuestas, negociaciones y diálogo. Cuando ese límite se traspasa o se atiza el conflicto con el objetivo de hacer saltar el marco legal, ya nos hemos salido del espacio de la democracia para entrar en la órbita del caos o la dictadura.

'Entre Cataluña y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo'.
Si se refieren a este conflicto de ahora, no es entre Cataluña y el Estado (siempre la obscena manía nacional-populista de apropiarse de países enteros), sino entre la Generalitat, mutada en poder de hecho, y la Constitución. Si se refieren al llamado “problema catalán” en la historia de España, desde Isabel y Fernando no se ha alcanzado nada tan cercano a un “máximo acuerdo” como el 91% de catalanes que votaron SI a la Constitución de 1978 y el hecho objetivo de cuatro décadas de autogobierno al mayor nivel existente en Europa. La base de acuerdo de esta operación de ruptura no es máxima, sino mínima. Por eso tienen que hacerla a trompadas.

'El Gobierno de Cataluña pretende resolverlo (el conflicto) convocando un referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre'.
¿Pretende resolverlo? De ninguna manera, lo que busca y consigue esa convocatoria es extremarlo y alejar cualquier conclusión razonable. Un referéndum ilegal y chapucero no es la solución de ningún problema histórico, sino una forma de infectarlo y apostar por que se enquiste y se haga crónico. Yo creo que la estrategia de Junqueras apunta justamente a eso.

Por cierto, menos mal que al fin Colau acepta que lo que se intenta hacer el 1 de octubre es un referéndum de autodeterminación y no una movilización. ¿Qué tal si se lo explica a Pablo Iglesias y lo incluye en la manipuladora pregunta de su consulta interna?

'El Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito'.
Otra media verdad mentirosa. ¿Saben lo que sí son delitos en el Código Penal? La prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia); la omisión del deber de perseguir delitos (atención, señor Trapero); la desobediencia (negarse a cumplir resoluciones judiciales); la rebelión (alzarse para derogar la Constitución o para declarar la independencia de una parte del territorio nacional); la usurpación de atribuciones (dictar disposiciones careciendo de atribuciones para ello); las reuniones y manifestaciones ilícitas (las que se celebren con el fin de cometer algún delito); la sedición (alzarse pública y tumultuariamente para impedir, fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o de las resoluciones administrativas y judiciales); los ultrajes a España (ofensas o ultrajes a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad). Y seguro que me dejo algunos.

Ya que han decidido ignorar la legalidad española, les aconsejo que no usen como referencia el Código Penal, porque ahí toparán con un amplio surtido de tipos delictivos aplicables a su conducta, para elegir el que más les guste.

'Un llamamiento al diálogo para determinar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum'.
Supongo que la manera de ponerse de acuerdo no será convalidando sin más la ley de referéndum del 6 de septiembre, la convocatoria nocturna y la celebración de una votación que, además de por su ilegalidad de fondo, habría que suspender por pura higiene democrática, por la escandalosa falta de garantías que hace de ella un pucherazo monumental.

Si los firmantes de la carta desearan realmente iniciar un diálogo, estarían dispuestos a paralizar la convocatoria del 1 de octubre, a la espera de lo que saliera de la mesa. El primer paso para que pueda llegarse a una solución democrática es determinar qué ordenamiento jurídico está en vigor en Cataluña a día de hoy: ¿Son la Constitución y el Estatuto o son las leyes de ruptura del Parlamento catalán? Porque aunque se empeñe Irene Montero, no es posible obedecer a dos legalidades contrapuestas, una de las cuales ha nacido con el designio de anular a la otra.

No se negocia desde la imposición de un hecho consumado. Los dirigentes independentistas actúan como todo el que quiere sabotear una negociación aparentando que la desea. Fijan de antemano el único desenlace que aceptarán e invitan a negociar los términos de la rendición. Hablar de “un diálogo abierto y sin condiciones” cuando se extorsiona así a un Estado democrático es algo bastante peor que un engaño.

En esta polémica nada hay tan peligrosamente engañoso como ese juego falaz de contraponer la legalidad con la política. “Esto no se resuelve con la ley, sino con la política”. Es como decir que para jugar al fútbol hay que olvidarse del reglamento. No, mire: el reglamento es lo que hace posible que el juego no se convierta en un brutal intercambio de patadas y que el resultado pueda ser aceptado por todos. En democracia, no hay política fuera de la ley. Por eso la ley democrática debe ser tan amplia como para admitir en su seno muchas opciones políticas, incluida la de su reforma.

El único desafío de hoy, y hasta el 1 de octubre, es restablecer en Cataluña el imperio de la ley. Precisamente para que a partir del día 2 se pueda volver a hacer política.

Duelo de cobardes
Kiko Méndez-Monasterio gaceta.es 16 Septiembre 2017

Por favor, yo se lo ruego, si van ustedes a cargarse a España, o incluso si al fin deciden defenderla, hagan un pequeño esfuerzo por recuperar cierta dignidad, que no se merece la patria que comercializó el chupa-chups esta película pueril y paletilla del septiembre catalán. Te cierro la web. Ah, no me importa, ya he abierto otra fuera LOL. Mando las tarjetas del censo. No, le voy a decir a los carteros que las pierdan, ja. Pues me da igual, yo voy a votar. Pues será a oscuras porque te voy a cortar la luz… De verdad, de verdad, de verdad, hay más épica en las discusiones de colegiales por whatsapp. Ojalá, al menos, este espectáculo de pellizcos de monja y mohines cursis nos evitara la violencia. Pero ni siquiera es probable, y cuando llegue lo hará en tumulto sórdido y tabernario, que estos son incapaces todos de un bello gesto.

El gobierno de la nación que inventó la fregona, con maneras de alcalde pedáneo, va colocando piedrecitas a la cansina sedición, y hace como que se indigna cuando las patean los sayones de la estrellada. El gobierno de la nación que no existe, por su parte, clama a la diosa democracia como si lo estuvieran desollando en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina, pero lo cierto es que están tuiteando desde el asiento mullido del coche oficial. Uno quisiera decir que asistimos a una compleja partida de ajedrez disputada por fríos y astutos estadistas, pero esto es más la Soraya y el Junqueras dando palmitas nerviosas cuando tiran el dado de la Oca. Abordado en un pasillo, con prisas por irse a casa, don Mariano Rajoy le dice a los catalanes que no obedezcan a la autoridad autonómica. Y que se apañen. Y ya ni siquiera se fuma un puro. Mientras Tardá, ese elefante en la cacharrería del congreso, mira con envidia lasciva la juventud casi púber de Rufián, que le está robando todo el protagonismo en la Eneida de la butifarra. No, no sacará Clint Eastwood un gran historia de todo esto.

A los ciudadanos del país que ganó un mundial de fútbol, sólo les queda esperar impotentes el desenlace de este duelo de cobardes. Los pistoleros de agua se retan muy fanfarrones, pero los dos desean por igual que sea el otro el que desenfunde primero, sólo para correr entones a chivarse al primer sheriff europeo con complejo de Jimmy Carter, porque la soberanía nacional aparentemente en disputa hace tiempo que la gestionan los oligarcas de Bruselas. Pero por lo menos podrían ponerle algo de dignidad y de épica. Tanto si deciden liquidarla o defenderla. Porque España, la patria que deslumbró al mundo con tantas gestas que hoy son anatemas, merece algo más que una pandilla de señoritas que fuman y tahúres echándosela a suertes.

Lea todos los trafalgares y lepantos de Kiko Méndez-Monasterio en este enlace.
https://gaceta.es/trafalgares-y-lepantos/

Tres obviedades sobre Cataluña
José Carlos Rodríguez vozpopuli.es 16 Septiembre 2017

Una de las máximas de un analista es no decir obviedades. Pero en ocasiones lo obvio queda sepultado bajo una montaña de falsedades. Es el conocimiento inútil del que hablaba Jean François Revel. El nacionalismo inhala odio y exhala mentiras. En España, los nacionalismos catalán y vasco, dejémoslo ahí, han creado una industria de producción de mentiras que está teniendo un éxito notable. Nosotros preocupados con las fake news y Donald Trump, y tenemos lo peor de nuestra casa en lo alto del poder regional, sustentado sobre su propia manipulación de la historia y de la realidad de cada día.

Una de las grandes manipulaciones es la del rodillo democrático: si un proceso de elección es democrático, ha de ser legítimo. Da igual quién decida y qué se decida. Es el “derecho a decidir”, del cual no se dice de dónde viene (quién) y a dónde va (qué), y que es la forma más acabada y perfecta de la manipulación nacionalista. Te muestro la palabra “decidir” pero escondo el sujeto y el objeto directo para quedarme yo con el derecho y tú con el objeto de mi decisión.

Siempre se ha sabido que la regla de la mayoría puede chocar con los derechos de la minoría. Que es necesario poner coto al principio democrático con el reconocimiento de los derechos individuales. Que las decisiones, incluso las mayoritarias, tienen que estar sometidas a la ley. Pero hay otra tautología que parece perderse en el extenuante trabajo de señalar ante el nacionalismo la realidad. La democracia es sólo una forma de gobierno, y ésta no puede decidir la cuestión fundamental: Cuál es la comunidad política. Porque es ella, la comunidad, la que decide, y la democracia no es más que un cauce, una forma de decisión. Pero los nacionalistas dicen que lo suyo es “la democracia”, y todo el mundo se calla o mira hacia otro lado, sin saber qué responder. Resulta chocante, la verdad.

Otra obviedad sepultada: Las comunidades autónomas son delegaciones del Estado. La soberanía reside en el pueblo español, “del que emanan todos los poderes del Estado”. Todos. Del pueblo español. ¿Por qué ha habido transferencias? Porque eran poderes que dependían del Estado y que éste ha cedido a las comunidades autónomas. E igual que las cede, las puede recuperar. Hacienda está a punto de demostrar quién tiene ese poder interviniendo las cuentas de la Generalitat. Yo soy de los que cree que a quien hay que devolver el poder es a los ciudadanos, y que somos nosotros los que debemos organizar la educación, la sanidad y muchos servicios más, pero una cosa es eso y otra depositar en cada gobierno regional la fuente de poder.

España es muy distinta, por ejemplo, de los Estados Unidos. Un país que cuenta en su nombre parte de su historia; precisamente la unión de diversos Estados soberanos. Se unieron en un sistema federal, sobre la base de las soberanías de cada uno de ellos y en pie de igualdad. La federación, que es el sistema ideal para los Estados Unidos, es un dislate para España. Entre otras cosas porque supone dividir la soberanía y entregársela a cada una de las regiones, es una ficción histórica.

La tercera sepultura es para una realidad un punto menos obvia; o quizás no. Las cesiones de poder del Estado central, fuente de todas ellas, a las regiones, se ha hecho bajo un presupuesto político tácito: la lealtad en última instancia al conjunto de España. Está claro que los nacionalistas, los vascos como los catalanes, han dado muestras de deslealtad en exacta proporción al producto entre la acumulación de poder y el transcurso del tiempo. Pero ello no desmentía la confianza en que llegará una última instancia en la que se quedarán en el redil. Para mí, como para tantos otros, la lógica era la contraria. La estrategia de los nacionalistas pasa por no dar un sólo paso atrás, en una carrera que en última instancia conduce al abismo de la secesión. Y el presupuesto de la lealtad sólo estaba del lado no nacionalista.

¿Qué relevancia tiene esta obviedad para el momento actual? Los nacionalistas catalanes plantean una estrategia que los cursis en inglés, que también los hay, llaman win-win. Es decir: Se da una situación y ganan ellos; se da la contraria, y también ganan ellos. En la primera, el Estado abandona por hastío y permite la secesión de Cataluña. En la segunda, el monstruo despierta, empieza a actuar, y los nacionalistas sacan su baraja con sólo dos cartas: el victimismo y el rodillo democrático. Y ganan ante la opinión pública; la local, la podemita y la internacional.

Pero por un lado no se puede vencer concediendo la derrota de antemano. Y por otro los nacionalistas no pueden amenazar con hacer lo que ya hacen. Además, defender las leyes y la integridad territorial es un deber para cualquier gobierno. Y eso sí que es una obviedad, aunque sea fuera de España.


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El chófer de ETA
Salvador Sostres ABC 16 Septiembre 2017

Batasuna quiso a mediados de los 90 comprobar si lo brutos que son era exportable como marca aunque fuera para distintas causas y abrió su primera franquicia en Cataluña bajo las siglas de la PUA (Plataforma d’Unitat d’Acció) y la coordinación de David Fernández, excandidato de la CUP al Parlament y al que en los círculos independentistas se le conocía como «el chófer de ETA» porque a pesar de no tener el permiso de conducir era el que se encargaba de acompañar a Otegi en sus visitas a Cataluña. Hay una histórica fascinación del catalanismo por el País Vasco a la que siempre hemos llamado vasquitis. Hay una Cataluña que siempre ha sido comprensiva con ETA, incluso después de Hipercor y de Ernest Lluch: así se fundó la CUP.

También a los catalanes decentes nos afectaba nuestra vasquitis -muy distinta- y peregrinábamos a Arzak antes de que Ferran nos mostrara el miedo en un puñado de polvo.

Lo de Anna Gabriel ayer en Vitoria toma el hilo de aquella fascinación. Pernando Barrena, Otegi, David Fernández y Anna Gabriel son muy amigos y comparten un grupo de whatsapp. La batasunización de la actual líder de la CUP es evidente desde su peinado hasta su forma de vestir, aunque políticamente se ha atrevido a mucho más que Batasuna. Durante el culebrón que acabó con la presidencia de Mas, los convergentes llamaban a los batasunos para que presionaran a los cuperos y el propio Otegi les trasladó que no entendía por qué querían cargárselo. Tu vida tiene que haberse convertido en algo verdaderamente extraordinario cuando entre tú y él, el moderado es Arnaldo. Anna Gabriel ha demostrado más audacia que sus padres fundadores pero la vasquitis permanece como una nostalgia, como una estética, como una admiración compartida por Castro y por Chávez. Que ayer la prohibieran en Vitoria tiene algo de higiénico en un Estado que en nombre de la corrección política hace demasiado tiempo que no tira de la cadena.

También El Bulli ha llegado mucho más lejos que Juan Mari: y Adúriz es hijo de Ferran y no al revés. Todavía vamos a San Sebastián pero vienen ellos mucho más a Hoja Santa o a Disfrutar.

En todos los sentidos, los buenos y los dramáticos, Cataluña ha superado a Euskadi. Puigdemont no se rendirá como Ibarretxe y lo que queda de Convergència no le dejará tirado como hizo el PNV con el entonces lehendakari. El descalabro será tan abrumador como la luz con que todavía El Bulli mueve el Sol y las demás estrellas.

El Gobierno llega tarde, otra vez
EDITORIAL Libertad Digital 16 Septiembre 2017

Son ya incontables las afrentas, provocaciones y clamorosas ilegalidades que han cometido los separatistas catalanes durante los últimos años a cuenta del procés, haciendo un uso aberrante y vergonzoso de las instituciones públicas y el dinero de todos los españoles, sin que el Gobierno del PP, por desgracia, hiciera nada para impedirlo. Pero lo más triste es que ahora que al fin se decide a poner en marcha medidas de cierto calibre para frenar los pies a los nacionalistas, de poco o nada servirá para impedir su cometido, que no es otro que la celebración del referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. Los populares, una vez más, llegan tarde.

La campaña del referéndum ya ha comenzado y será difícil que la intervención parcial o incluso completa de las cuentas de la Generalidad eviten la financiación pública de este declarado golpe de estado, ya que sus precursores han dispuesto de tiempo más que suficiente para organizar su plan. El Consejo de Ministros ha decidido este viernes asumir el pago de buena parte del presupuesto de Cataluña, después de que el vicepresidente regional, Oriol Junqueras, anunciara que dejará de justificar ante Hacienda los gastos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Esto no solo constituye un simple agravio, sino el incumplimiento manifiesto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, razón por la cual el Gobierno ha decidido intervenir de facto las cuentas destinadas al pago de servicios públicos esenciales, como es el caso de la educación, la sanidad, las nóminas de los funcionarios y los servicios sociales. Además, lanza un ultimátum de 48 horas a la Generalidad para que no realice nuevos gastos que no estén ya comprometidos, bajo la amenaza de extender la intervención a todo el presupuesto catalán. Estas medidas, estipuladas en la Ley de Estabilidad, son contundentes, puesto que el Estado pasará a sustituir a la Generalidad en la gestión y el control del gasto público, pero, a tan solo 15 días para el referéndum, no servirán para el propósito anunciado por el Gobierno. La maquinaria separatista ya está en marcha, con o sin intervención de las cuentas.

Esta decisión se tendría que haber adoptado mucho antes, años atrás, desde el mismo momento en el que Cataluña, junto a otras comunidades autónomas díscolas, incumplieron de forma flagrante los objetivos de déficit público estipulados por Hacienda, tal y como preveía la misma Ley de Estabilidad que hoy blande el Gobierno como solución para impedir el referéndum. Si se hubiera aplicado entonces y no ahora, como tantas veces se ha reclamado desde Libertad Digital, los españoles se habrían ahorrado buena parte del esperpento que hoy acontece, ya que los separatistas habrían carecido de su engrasada maquinaria de propaganda y subvenciones públicas para llevar a cabo su intento de hacer detonar la Constitución y la legislación vigente. No lo hicieron cuando debieron y, ahora que se han decidido, ya es tarde para que el mecanismo surta el efecto deseado. Cosa distinta es que se prolongue más allá del 1-O, en cuyo caso sí podría servir para monitorizar las cuentas de la Generalidad a fin de que no se cometan nuevas ilegalidades.

Sin embargo, aún falta por ver si Mariano Rajoy, llegado el caso en que los secesionistas incumplan también este último requerimiento de Hacienda, se atreverá, con la ley en la mano, a aplicar todas las medidas y sanciones pertinentes para restablecer la legalidad y frenar de una vez por todas a los golpistas. Ya es hora de que el presidente del Gobierno se de cuenta de que no se puede negociar ni templar gaitas con quien se está saltando la Constitución y las reglas básicas de la democracia. La ley no se negocia, se impone.

El día después
Jesús Laínz Libertad Digital 16 Septiembre 2017

Quedan sólo dos semanas y los españolitos seguimos sin saber qué sucederá el 1 de octubre. No sabemos si los aguerridos capitanes separatistas mantendrán el ataque o si recularán ante riesgos legales, personales o económicos. No sabemos si el desesperante Rajoy y sus ministros cumplirán su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. No sabemos si la pomposa declaración constitucional de que España es un Estado de Derecho será efectiva por una vez o si seguirá siendo una burla. No sabemos si las turbas separatistas verterán su odio por las calles o si escaparán corriendo por las alcantarillas como sus antecesores de 1934. No sabemos si los españoles reaccionarán o si seguirán sentados contemplando por televisión cómo su patria se desguaza por la voluntad de una banda de mediocres separatistas ante la bobalicona inoperancia de una banda de mediocres gobernantes.

Evidentemente, si España fuera un Estado de Derecho no cabría incertidumbre alguna de que lo único que puede pasar es el procesamiento de todos los responsables de la sedición. Pero hasta eso sería excesivo, pues si España fuese de verdad un Estado de Derecho no se habría podido llegar hasta esta situación, ya que los procesos se habrían ido celebrando a lo largo de los últimos cuarenta años contra todos los que, desde sus cargos escolares, funcionariales, mediáticos, policiales y políticos, han cometido todo tipo de delitos: prevaricación (art. 404 del Código Penal), desobediencia (art. 410), malversación (art. 432), obstrucción a la justicia (art. 464), rebelión (arts. 472 y siguientes), usurpación de atribuciones (art. 506), incitación al odio (art. 510.1.a), denegación de la prestación de un servicio público (art. 511), ultrajes a España (art. 543), sedición (arts. 544 y siguientes), resistencia y desobediencia a la autoridad (art. 556). Empezando por el honorable Jordi Pujol, jefe de los golfos apandadores.

Pero de lo que sí podemos estar seguros es de lo que sucederá el día siguiente: la claudicación ideológica ante los separatistas, el premio a los desleales, la disposición a darles la razón, la absolución a los totalitarios, el silenciamiento de las voces discordantes que todavía defienden la nación y el imperio de la ley; la rendición, en fin, ante los enemigos de la nación española. Como en 1978. Exactamente igual que en 1978.

Sobra la argumentación. Basta la simple enumeración de síntomas para sacar conclusiones aplastantes: Sánchez ofreciendo más autogobierno a Cataluña, Iceta defendiendo la inevitabilidad de la reforma federal, Rajoy abriendo la puerta a la comisión propuesta por Sánchez para reformar la Constitución. Y mil más.

Y hasta quienes, por su relieve y prestigio, dan un paso al frente contra la sinrazón separatista lo hacen impregnados de ella. Ahí está por ejemplo el libro escrito al alimón por Josep Borrell, Francesc de Carreras, Juan José López Burniol y Josep Piqué. El exministro socialista, tras reiterar que el presunto agravio fiscal es una "mentira permanente", insiste en "crear un sistema federal con una distribución racional de gastos". Como si el Estado de las Autonomías no fuese un modelo más descentralizado que cualquier Estado federal y como si, simplemente por llamarlo así, los gastos fuesen a ser distribuidos más racionalmente. Francesc de Carreras declaró que lo más viable es "construir una España descentralizada políticamente a través de la creación de un Estado federal en armonía con las distintas identidades que lo integran". Como si España no fuese ya un Estado descentralizadísimo, como si los ciudadanos ansiasen mayor descentralización, como si la descentralización hubiese dado excelentes frutos y como si solamente mediante la federalización de España se pudiera armonizar sus "distintas identidades". Juan José López Burniol, por su parte, considera que sólo hay dos soluciones para evitar enfrentamientos: "La independencia o un Estado federal en el que se reconozca la singularidad de cada comunidad autónoma y en el que rija una Agencia Tributaria compartida". Como si la singularidad de cada comunidad autónoma no estuviese ya reconocida hasta el hartazgo, como si el problema separatista fuese un asunto de gestión de tributos y como si no se tratase del odio inoculado precisamente por un sistema descentralizado que ha puesto en manos de los separatistas todos los instrumentos para construir un gobierno totalitario dirigido al lavado de cerebro de las masas.

Además, ¿a qué viene tanto amor por un Estado federal, cuando los separatistas han dicho un millón de veces que no les interesa y que su objetivo es la secesión? ¿Acaso no se han enterado, por ejemplo, de esta declaración de Joan Tardà?

En 2003 hicimos los tripartitos para normalizar el independentismo y fue un éxito. El 2004 hicimos la investidura de Zapatero porque decíamos lo siguiente: como los independentistas sólo somos el 12% y, aunque no nos guste, tenemos que sacrificar una generación, y que no sean dos, vamos a hacer con la izquierda española una parte del viaje hasta la estación federal. Cuando lleguemos al estado federal español la izquierda española bajará del tren y nosotros continuaremos hasta la estación final, que es la república de Cataluña.

Por no hablar de Josep Piqué, que ha declarado que "ha sido un error dejar los medios de comunicación en manos de la Generalitat". ¡Brillante deducción! Que un pirómano como Piqué, íntimo colaborador de un Aznar experto en bajarse los pantalones ante Pujol, venga ahora de bombero es un insulto a la decencia. Y además considera que habrá elecciones anticipadas y que "será necesario realizar muchos esfuerzos políticos". Es decir, volver a bajarse los pantalones. ¡Marchando una de vaselina!

¿Cómo es posible que, tras mil evidencias del fracaso descentralizador, haya tantos empeñados en agravarlo aumentando la dosis? ¿Por qué la solución ha de ser siempre moverse en la dirección marcada por los separatistas? ¿Por qué no es posible plantear la construcción de un Estado unitario, eficaz, justo, que impida, por poner un solo ejemplo, el disparate denunciado ayer por unos editores obligados a hacer veinte ediciones diferentes de los libros de texto para adecuarlos a las exigencias de cada taifa?

¿No ha sido suficiente contemplar las instituciones autonómicas en rebelión contra el Estado del que forman parte? ¿No ha sido suficiente la utilización partidista de los medios públicos de comunicación? ¿No ha sido suficiente el derroche en bobadas aldeanistas? ¿No ha sido suficiente la inoperatividad y posible rebelión de la policía autonómica? ¿No ha sido suficiente el repugnante adoctrinamiento de los niños? ¿No ha sido suficiente la movilización totalitaria de las masas? ¿Todavía quieren más?

Hagámonos con una buena provisión de vaselina, queridos compatriotas. Gracias a nuestros políticos y opinadores, nos va a hacer mucha falta tras el 2 de octubre.

www.jesuslainz.es

Carta lacrada a Pablo Iglesias (7)
José García Domínguez Libertad Digital 16 Septiembre 2017

Caro Pablo:
Espero que sepas excusarme por no haber podido compartir contigo la honda emoción que, según dices, te invadió el otro día en Barcelona al recordar a aquellos catalanes épicos de 1714, los que entregaron su sangre y sus vidas para defender los derechos feudales de la Casa de Austria en la disputa dinástica que la enfrentó con los Borbones en su lucha por la Corona de España. Insisto, Pablo, en que me perdones, pero es que dediqué toda la jornada de la romería catalanista del 11 de septiembre a releer a un judío oriundo de la villa episcopal de Tréveris, un tipo curioso que estuvo emparentado a través de su mujer con los fundadores de la multinacional Philips, de ahí que escribiese varios capítulos de su obra más conocida en la gran mansión familiar de estos. A lo mejor te suena su nombre: se llamaba Karl Marx; y el libro en cuestión, El Capital. Cierta Marta Harneker, chilena, publicó en su día una introducción ilustrada a ese texto que te recomiendo encarecidamente, más que nada por si tuvieras algún interés en apaciguar con las ideas que allí se vierten los fervores románticos que siempre te asaltan al visitar mi ciudad.

Sobre 1714, ese instante germinal de la mitología catalanista que tanto te conmueve, quizá te sorprendería saber que no fueron pocos los castellanohablantes que formaron parte de la milicia austracista que presentó resistencia armada a las tropas al mando del Duque de Berwick que asaltaron Barcelona, un ejército, el atacante, en el que abundaban por el contrario los catalanohablantes. Y es que, permíteme que te lo diga, Pablo, tú, madrileño de Vallecas y castellano viejo, caes en una trampa ideológica en la que nunca incurriría, sin ir más lejos, la presidenta de nuestro parlamento local, la señora Carme Forcadell. Como te supongo informado, Forcadell más de una vez ha depuesto en público que cuantos en Cataluña votan a lo que ella llama con infinito desprecio "partidos unionistas" no son genuinos catalanes. Como ves, Forcadell, a diferencia de lo que a ti te ocurre, no cree en el fondo que la lengua determine eso que llaman la identidad, pues muchos catalanohablantes suelen votar desde siempre a los demoníacos "unionistas" que tanto detesta. Tú, en cambio, pareces convencido de lo contrario. Y quizá eso te ocurre, y permite que te lo diga con todo el afecto, porque, si yo no ando equivocado, solo conoces uno de los cuatro idiomas españoles, el castellano en el que ahora me dirijo a ti. Si hubieses hecho el esfuerzo de aprender algún otro, Pablo, tal vez hubieras comprendido por ti mismo que los términos idioma y patria no resultan ser sinónimos.

Tan extendida entre vosotros, los progresistas madrileños devotos de la doctrina catalanista alumbrada en su día por el obispo ultramontano Torras i Bages, el reaccionario corporativista Prat de la Riba y otros carcamales por el estilo, la lengua vernácula constituye desde siempre el factor fundamental del sentimiento de pertenencia colectiva de los catalanes. Y sin embargo, Pablo, tengo que decirte que no es así. Eso, Pablo, simplemente, no es verdad. A lo largo de la Baja Edad Media, y sobran los testimonios documentales que lo corroboran, hubo nobles y clérigos defensores de los fueros catalanes que se expresaban en castellano; viceversa, sería factible citar a anticatalanistas de la misma época, si no fuera un absurdo histórico utilizar esa expresión antes de finales del siglo XIX, que solo hablaron y escribieron en catalán durante toda su vida. Ocurre, Pablo, que la lengua catalana nunca tuvo un significado político para los habitantes de Cataluña hasta hasta el nacimiento y extensión de la ideología nacionalista, un novísimo fenómeno casi contemporáneo. Nunca. Hablar en catalán no significaba nada especial para un catalán del siglo XVII o del XVIII. Nada.

Y que una lengua en realidad no signifique nada para sus hablantes, más allá de su obvia utilidad como instrumento para hacer factible la comunicación entre las personas, conlleva que, en determinadas circunstancias, las comunidades de usuarios se puedan mostrar dispuestas de grado a abandonar esos instrumentos linguïsticos en beneficio de otros. Ocurrió en su momento con el gaélico, añejo artefacto gramático y fonético que los irlandeses prefirieron depositar en el baúl de los trastos viejos e inútiles en beneficio del inglés, y ocurrió también con el catalán. Sí, Pablo, los catalanes de la primera mitad del siglo XIX, esto es los catalanes de la época histórica posterior a la invasión napoleónica, aquella en la que estaba tomando cuerpo el nacionalismo español asociado al nuevo Estado liberal, comenzaron rápidamente a abandonar el uso del catalán, reduciendo su ámbito de uso a lo estrictamente doméstico, privado y familiar. Pues los catalanes, y cuando digo "catalanes" debes entender las capas rectoras de la sociedad, se habían convertido en masa al nacionalismo. Al nacionalismo español, huelga decir. Sí, Pablo, sí, en Cataluña, y antes de que surgiera el nacionalismo catalán, existió otro nacionalismo igual de autóctono, el español, que resultó ser dominante en la plaza. Ese nacionalismo español de Cataluña, hoy oculto y proscrito por la historiografía oficial,la catalanista, es el que ansío darte a conocer en próximas cartas.

Tuyo afectísimo.
Contra la integridad territorial y sin reconocimiento internacional
Jordi Garcia-Petit cronicaglobal  16 Septiembre 2017

Los procedimientos del procés y las incidencias en torno al supuesto referéndum, por muy graves que sean, no tienen que hacernos perder de vista el problema de fondo, que es la pretensión de la independencia de Cataluña.

Los que dirigen el procés desde los despachos de la Generalitat o desde los cuartos de mando de la agitación callejera engañan descaradamente mintiendo, tergiversando, manipulando... y ocultando. Ocultan las profundas consecuencias negativas que conllevaría una independencia de Cataluña para su población. Ocultan la absoluta imposibilidad internacional de que Cataluña se constituya en Estado independiente.

La integridad territorial de los Estados es un principio fundamental del orden internacional y del derecho que lo sustenta. La integridad territorial puede resultar amenazada desde fuera del Estado por una agresión exterior (el caso de Kuwait invadido por Irak) o desde dentro del propio Estado por planes secesionistas (el caso de España por las actividades de los independentistas de Cataluña).

Son muchas las referencias al respeto y a la defensa de la integridad territorial en tratados, constituciones, actas, resoluciones, declaraciones... Por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 2.4; el Acta Final de Helsinki, en el apartado IV; el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 4; la Constitución Española, en el artículo 8... A modo de resumen del lugar que ocupa la integridad territorial en la preocupación de los Estados sirve la declaración contenida en las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de la UE, celebrado el 16 de diciembre de 2014, que señala la importancia del respeto a la integridad territorial de los Estados miembros de la UE, la competencia exclusiva que tienen los Estados para salvaguardarla y el respeto que los demás Estados miembros deben tener sobre lo que decida cada Estado.

A los aventureros nihilistas que gobiernan actualmente en la Generalitat, intoxicados por sus propias fantasías, y a sus seguidores en la calle, inculcados de emociones a flor de piel, les da igual lo que diga el derecho y aconseje la razón

Se comprende que los Estados, que siguen siendo los principales actores del sistema internacional contemporáneo a pesar de la aparición de nuevos sujetos, hayan hecho de su integridad territorial una cuestión vital. En pocas materias existe un consenso interestatal tan claro como en esta cuestión. Deberían tomar nota de ello quienes pretenden la desintegración de España; no encontrarán ningún apoyo estatal a su desestabilizadora causa.

Ocultan que para que un ente territorial sea reconocido y aceptado en el orden internacional tiene que reunir una serie de elementos esenciales, según la doctrina y la práctica del derecho internacional. Población y territorio: Cataluña los posee: 7,5 millones de habitantes y 32.000 km2. Organización política, también, pero derivada de la Constitución Española a través del Estatuto de autonomía --en cuanto abandonara éstos, carecería de organización política reconocida--; y, por último, soberanía, que en su vertiente interior significa "ausencia de todo control o injerencia del Gobierno de otro Estado en el Gobierno interior (poder legislativo, ejecutivo y judicial) y en la administración del territorio" (Resolución 724, VIII, de la Asamblea General de las Naciones Unidas). ¿Puede creer alguien seriamente que por efecto de esa aberración llamada ley de transitoriedad el Estado español desaparecería de Cataluña? Y, sin soberanía, no hay independencia que valga. Tal vez se atrevan a declarar que Cataluña es independiente, pero ni legalmente ni de hecho lo sería; nadie les haría caso.

No habrá negociación con el Estado para la secesión, ni imposición de la secesión desde el exterior. Si siguen emperrados en mantener el farol de la independencia, tendrán que pasar de la desobediencia, a la sedición y de ésta a la rebelión, con todas las consecuencias que tal irresponsabilidad comportaría para ellos y, lamentablemente, para los catalanes, el resto de los españoles y los europeos.

A los aventureros nihilistas que gobiernan actualmente en la Generalitat, intoxicados por sus propias fantasías, y a sus seguidores en la calle, inculcados de emociones a flor de piel, les da igual lo que diga el derecho y aconseje la razón. En este sentido, la situación política en Cataluña es desesperante. La única solución, además de aplicar todo el peso de la ley a los responsables de tal situación, es derrotarles políticamente cuanto antes y después reconstruir en Cataluña el sentido y la práctica de la democracia.

El odio compartido
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 16 Septiembre 2017

La menor insinuación de que puede haber puntos de contacto entre los atentados yihadistas del 17-A y la ofensiva secesionista saca de sus casillas a los popes de esta última. No a los yihadistas, felices usufructuarios de los conflictos internos que socavan la unidad del Reino de España.
Involucionar hasta 1714

Francesc-Marc Álvaro quiso hacernos creer que desenmascaraba una sórdida patraña "unionista" cuando escribió ("La yihad separatista", LV, 4/9):
Siempre se ha sabido –en Barcelona y Madrid– que la interacción del terrorismo yihadista global y el llamado proceso soberanista catalán podría producirse. Es de manual que podría pasar, teniendo en cuenta que el solapamiento de ambas realidades (tan diferentes en todos los sentidos) excita la imaginación de determinados entornos.

Álvaro se esfuerza por desmentir las versiones sobre los contactos entre los nous catalans de cuño convergente y determinadas mezquitas salafistas, cuando este solapamiento controvertido entre realidades que son diferentes, como él alega con razón, no es la clave de la acusación. La clave, nada imaginativa, descansa sobre un hecho incontrovertible: el yihadismo y el secesionismo comparten el odio al Reino de España. Los primeros sueñan con invertir el flujo de la historia hasta 1492, para reconquistar Al Ándalus. Y los segundos se conforman con involucionar hasta 1714, cuando los catalanes de Barcelona fueron vencidos por, entre otros, los de Cervera. Aunque, puestos a delirar, la deuda de Madrid con Cataluña se remonta a… ¡la prehistoria! (Pilar Rahola, "Reductio ad Hitlerum", LV. 8/9). Los neandertales castellanos ya robaban, según insinúa Pilar.

Los planes de los yihadistas para sojuzgar la odiada España están ocultos en sus reductos de iniquidad. Los de los secesionistas para desmembrarla son la materia prima de la propaganda con que bombardean permanentemente a niños –sí, a niños– y adultos desde todos los centros de enseñanza y medios de comunicación.
Esperpento embaucador

Recordemos aquel esperpento embaucador que fue el simposio España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014), organizado por el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, anexo al Departamento de Presidencia de la Generalitat, para conmemorar el tricentenario de 1714. Programado con la poco académica intención de alimentar el odio, bajo la batuta de Josep Fontana, historiador paleoestalinista reconvertido, sin cambiar de mentalidad sectaria, al fundamentalismo nacionalista, acumuló ponencias que acusaban a España de "expoliar", "humillar", "falsificar" y perpetrar otras tropelías. Se aprobaban con el asentimiento de palmeros obsecuentes que componían una homogeneidad casi a la búlgara.

Francesc de Carreras, que entonces colaboraba en La Vanguardia, escribió ("La que nos viene encima", 5/6/2013):
En el programa se dice textualmente: "El objetivo es analizar con criterios históricos, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, las consecuencias que ha tenido para el país la acción política, casi siempre de carácter represivo, del Estado español en relación con Catalunya (…) Los diversos ponentes analizarán las condiciones de opresión nacional que ha padecido el pueblo catalán a lo largo de estos siglos, las cuales no han impedido el pleno desarrollo político, social, cultural y económico".

Este último inciso es muy curioso porque delata una contradicción de fondo: ¿cómo es posible que un pueblo tan oprimido, perseguido y expoliado se convirtiera en uno de los más ricos, cultos y socialmente avanzados de España a fines del siglo XVIII y así haya continuado hasta hoy?

Legislación espuria
La que nos viene encima, que vaticinó Francesc de Carreras hace más de cuatro años, ya está aquí. Los portadores del odio contra el Reino de España avanzan a marchas forzadas. Unos despejan la ruta hacia Al Ándalus preparando explosivos que afortunadamente les estallan en la cara, blandiendo cuchillos y embistiendo viandantes. Otros pronuncian discursos cainitas –"Damos miedo, y más que daremos"–, regurgitan insidias atrabiliarias por las redes sociales y explotan los instintos gregarios para aglutinar masas imposibles de contabilizar pero útiles para simular mayorías que oscilan entre lo lúdico y lo intimidatorio. El corolario de todo esto es una legislación espuria, aprobada con tácticas torticeras, que entra en colisión con el Estado de Derecho en el espacio nacional e internacional.

Para colmo, este desbarajuste encaminado a levantar fronteras interiores entre compatriotas crea un ambiente propicio a la implantación de los virus yihadistas, aunque la idea choque a los predicadores del secesionismo. Se comprobó en Ripoll, donde adolescentes y jóvenes aparentemente bien integrados, con trabajo, educados en la escuela pública y catalanohablantes, eran embriones de asesinos. La pregunta es qué falló. Es políticamente incorrecto, pero indiscutiblemente realista, responder que el clima que se respira hoy en Cataluña, tanto en la escuela como fuera de ella, favorece la ruptura de todas las convenciones sociales. Desde la élite gobernante hasta la base popular, todo parece encaminarse hacia la desintegración. La secesión, tal como se ha planteado, lleva implícita la desobediencia y la hostilidad a las instituciones que garantizan la estabilidad, la solidaridad, la seguridad y la unidad nacional.

Los chicos de Ripoll, y muchos otros, crecieron siendo testigos de rivalidades aparentemente irreconciliables –lingüísticas, comarcales, políticas– entre habitantes de un mismo país. En tanto que a ellos el imán les ofrecía un ideal de confraternidad indisoluble en la fe. A sus ojos, ellos eran los elegidos y los bárbaros eran los otros, los protagonistas de las disputas entre hermanos. Una parte de razón no les habría faltado si esa presunción no les hubiera degradado a la condición de asesinos.

Trampolín de los descerebrados
Hasta aquí hemos llegado. Dos generadores de odio compiten entre sí y a veces se suman. La manifestación de solidaridad con las víctimas de los atentados se transformó en el trampolín de los descerebrados que tienen en su punto de mira el Reino de España, igual que los yihadistas. Cuando el Ayuntamiento de Barcelona premió a sus policías y trabajadores de emergencias por su actuación el 17-A, la concejal de la CUP disintió ("De gratitudes y desvaríos", Suplemento "Vivir", LV, 8/9) y habló de "ejecuciones extrajudiciales", de "cuerpos represivos", de "violencia sobre la clase trabajadora" y de agentes que recibieron el aplauso de la ciudadanía y están "condenados por malos tratos". ¿Los yihadistas víctimas de "cuerpos represivos" y de "ejecuciones extrajudiciales"? Está claro que el odio de los antisistema se ensaña con España, mientras reservan su conmiseración para los crápulas del Califato.

Subordinación humillante
Quien analice con objetividad las intimidades del proceso secesionista no podrá eludir el hecho de que toda su hoja de ruta fue dictada imperativamente por los detritos cuperos. Un editorial desusadamente crítico de La Vanguardia ("Crisis de Estado", 6/9) reconoció que, después de fracasar en las elecciones "plebiscitarias" de septiembre del 2015, JxS optó por "la fuga hacia delante, quedando en manos de la CUP, que con solo diez diputados y 337.000 votos pasaba a controlar la agenda política catalana".

Lola García, directora adjunta del mismo periódico, no ahorra detalles en su columna cuando describe la subordinación humillante a la que se sometieron los exconvergentes bajo la férula de los comisarios políticos anarco-trotskistas al votar los mamarrachos de Referéndum y Transitoriedad ("Independencia y revolución", 10/9):

No a todos en Junts pel Sí les ha gustado el espectáculo. Algunos en el PDECat sintieron que acababan de perder los últimos jirones de su personalidad como partido heredero de una tradición de 40 años. Pero después de la última purga en el Govern, nadie entendería nuevas deserciones en plena batalla. Así que solo les queda seguir hacia delante. Pero hoy, los sucesores de la vieja Convergència son apenas un apéndice de ERC o, aun más insólito, el "tonto útil" de la CUP, en su acepción leninista (que nadie se dé por ofendido).

Amor al escaño
El amor al escaño y sus privilegios –que perderán cuando haya elecciones tras la recuperación de la legalidad democrática– y no a una nación milenaria inventada por los timadores es lo que ha enrolado a estos tránsfugas en el bando de la hispanofobia, que comparten con los sicarios del Califato. La bajeza de quienes participan en esta operación contra natura queda doblemente de relieve cuando se la compara con la lección de dignidad que han dado los que José Antonio Zarzalejos bautizó en términos bíblicos como "los once catalanes justos": los dos letrados del Parlament y los nueve miembros del Consell de Garanties Estatutaries que se negaron a avalar las violaciones del Estado de Derecho. A ellos se suman los consejeros y funcionarios, incluido el director de los Mossos, que la Nomenklatura purgó con rigor estalinista por su desviacionismo. Sin olvidar a Joan Coscubiela, erigido en campeón de la libertad de pensamiento.

Ni Al Ándalus ni república totalitaria. Cuando se pongan las urnas que marca la ley, comprobaremos que en el Reino de España los catalanes justos son millones.

ESTOS SON LOS EMPRESARIOS PRO INDEPENDENCIA
Ellos 'pagan' la sedición
Fernando Escudero El Semanal Digital 16 Septiembre 2017

Estos son los empresarios catalanes que sólo quieren de los españoles maneter sus ventas, pero no formar parte de su país. Un listado con nombres conocidos y sorpresas.

Nicolás Maduro es el más célebre -y folclórico- apoyo al procés. Pero no el único. Detrás también hay una larga lista de promotores que, paradójicamente, han construido sus beneficios gracias al mercado nacional.

Se trata de empresarios con firmas muy célebres que, con nombre y apellidos, promocionan la ruptura. Son éstos y así empieza la historia.

Hace tan sólo unas semanas, la patronal catalana Fomento del Treball mostró su valentía frente a los sediciosos que están al frente de la Generalitat y que conspiran para convertir el próximo 1 de octubre en el día de la ruptura con la Constitución, con España y con el sentido común.

La entidad presidida por Joaquim Gay de Montellà Ferrer-Vidal hizo público un comunicado rechazando al proyecto de ley de referéndum de Cataluña.

Hoteleros, aseguradoras, vendedores de motos... el apoyo a la secesión es amplio en algunos empresarios significados

Según el documento, dicho proyecto no debería llegar a votarse en el Parlamento catalán y mucho menos aprobarse, al considerar que supondría “un golpe de estado jurídico”. Asimismo, recuerda que las reivindicaciones soberanistas sólo pueden ejercerse "dentro del respeto de la Constitución y de la ley".

Apoyan la ruptura
La Comisión Jurídica de la patronal catalana señala, en este sentido, que el proyecto separatista "no está legitimado ni por el derecho internacional ni por el mandato democrático de las elecciones al Parlamento del 27 de septiembre de 2015".

Después de este contundente manifiesto, los artífices del golpe de estado que se prepara en Cataluña, PdeCAT, Esquerra Republicana y la CUP -que cuentan con la comprensión de la marca catalana de Podemos, la plataforma política liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con varios alcaldes del PSC- deben de considerar que los miembros de Fomento del Treball son ‘malos catalanes’.

'Pata negra'
Los buenos, los catalanes pata negra, se encuentran, sin duda, en otra organización empresarial que está al servicio de la causa, y cuyos miembros son dueños o directivos de empresas que comercializan sus productos y servicios en el resto de España.

Se trata de la denominada Fundació D’ Empresaris de Catalunya (FemCAT), cuyo lema no deja lugar a dudas: “Fem de Catalunya un dels millors països del món" ("Hacemos de Cataluña uno de los mejores países del mundo").

En mayo de 2014, FemCAT publicó un manifiesto en el que “nuestro país [Cataluña] necesita un marco de competencias más amplio y una mayor capacidad normativa que no tiene en estos momentos. La actual organización política del Estado y el marco jurídico estatutario no han permitido resolver estas cuestiones, pero también es evidente que la sociedad civil catalana no ha sabido influir ni presionar eficazmente para remediarlo”.

Marcas muy conocidas
¿Y quiénes son estos empresarios que han dejado meridianamente claro que lo que les interesa de los españoles es su dinero y no compartir un mismo país? La lista es muy amplia, sin atendemos a lo que publica la propia entidad en su web, en el apartado “Membres del Patronat de la Fundació”.

Algunos de ellos están vinculados a marcas de bienes y servicios muy conocidas en el resto de España:

Ricardo Aubert: uno de los cinco vicepresidentes de FemCAT es consejero de la compañía Simon, que se dedica a la producción de material eléctrico de baja tensión, como enchufes, interruptores y apliques, entre otros.

Elena Massot: ocupa otra de las vicepresidencias de FemCAT, en calidad de consejera delegada de la inmobiliaria Vertix, cuyos mercados principales de actividad son Cataluña y Baleares, si bien también vende inmuebles en Madrid.

Josep Mateu, patrono de honor de la Fundación, es el presidente de la aseguradora RACC, que ofrece todo tipo de seguros, desde hogar hasta automóvil.

Como patrono también figura Jordi Bagó, consejero delegado del grupo hotelero Sehrs. La cadena opera sobre todo en Cataluña, pero asimismo tiene implantación territorial en Madrid, Torremolinos, Valencia, Benidorm, Tenerife, Cartagena y Lorca.

Hay marcas muy conocidas de fast food, moda o comida para perros cuyos jefes están en la fundación más secesionista

Entre los vicepresidentes de FemCAT también se encuentra, Cristian Rovira, vicepresidente del Grupo Sifu, una empresa especializada en servicios auxiliares (limpieza, conserjería, etcétera), que cuenta entre sus clientes con numerosas instituciones y entidades públicas, como la Junta de Andalucía, Aena Aeropuerto, la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba, el CSIC, el Servicio Aragonés de Salud, Cruz Roja Española, el Ayuntamiento de Montilla en Córdoba, el Gobierno de Cantabria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Tecnológico de Canarias o la Junta de Castilla La Mancha.

Albert Esteve, patrono de Femcat, es el consejero delegado de los laboratorios Esteve. Algunas de sus marcas más conocidas son Dormidina y Afterbite.

Hasta los bocatas
Nuria Bassi: presidenta de Basi, compañía que comercializa en España la marca Lacoste así como otras de moda y complementos, tales como Armand Basi, Nautica o Cole Haan.

Pere Busquets: director general de Busquets Gruart, compañía fabricante de mochilas y material escolar. También tiene la licencia para vender en España las siguientes marcas muy conocidas por los estudiantes: Gorjuss, Bestial Wolf, Ducati Corse, Flamenco, Hot wheels, Lady desidia, Reverse, Hablando sola, UNKEEPER y La Volátil.

Ernest Pérez-Mas: es presidente ejecutivo de Parlem Telecom, compañía de telecomunicaciones que tiene participación en MasMovil.

Otro patrono de FemCAT es Josep Santacreu, consejero delegado de la aseguradora DKV.

Otra empresaria que forma parte del patronato de la Fundación es Mireia Tomàs, presidenta del consejo familiar del grupo Agroalimen, cuyas marcas son, seguramente, muy conocidas entre el gran público: Affinity (comida para mascotas), Gallina Blanca, Avecrem, Pans&Company, Bocatta, Fresc Co, El Pavo o Bicentury.

Tras el costumbrismo español de Avecrem está uno de los grandes defensores de la ruptura

Además, su relación con el diario Ara, uno de los mayores adalides de la ruptura, la confirma como la gran Dama de la secesión. Por mucho que sus célebres enriquecedores alimentarios necesiten de fogones y bolsillos de cualquier lugar de España.

Aún más, la firma creada por la familia Carulla, dueña de uno de los lemas publicitarios quizá más célebres de España, -"Sopas, Gallina Blanca, de primero..."- impulsa una fundación que premia la catalanidad de los alumnos de los autodesignados Paísos Catalans, con unos galardones que bien pueden ser considerados un incentivo al adoctrinamiento en las aulas.
 


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