AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 20  Septiembre 2017


Todos castigados
Nota del Editor 20 Septiembre 2017

Hoy todos los artículos recortados han sido alojados en la sección bilingüe. Los malos estan ganando la batalla de las palabras, cada vez hay mas gente que se deja embaucar por los idiomas regionales, que pasito a pasito han invadido la mente a muchos periodistas despistados, además de otros realmente malintencionados (aquí no los tratamos).

A Hermann Tertsch. no lo he castigado por incluir palabras en alemán, eso correspondería a la inexistente sección trilingüe.   Está por ahorrar escribir "organización juvenil española de la izquierda independentista catalana" según Wikipedia. Aunque a mí no me cuadra eso de española y catalana.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Agresión totalitaria nada original

Separatistas y comunistas contra España como garante de las libertades
Hermann Tertsch. ABC 20 Septiembre 2017

No les gusta a los nacionalistas catalanes que los comparen con los nacionalsocialistas alemanes. Por eso resulta doblemente lamentable que se pasen el día emulándolos. Sería solo una fea coincidencia como hecho aislado ese fervor común por las marchas con antorchas, die Fackelzüge, que tanto emocionaban a los nazis alemanes y emocionan a los separatistas de la España del noreste. Por desgracia hay mucho más. Los pasados días 6 y 7 de septiembre orquestaron una operación en el Parlamento catalán que fue una repetición lograda de la sesión del 23 de marzo de 1933 en el Reichstag en la que se aprobaba la Ley Habilitante que liquidaba la legalidad de la República de Weimar. Días después los partidos separatistas comenzaron a acosar a los cargos de los partidos opuestos al referéndum. El propio presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, incitó a esta coacción colectiva en perfecta emulación de los llamamientos de Joseph Goebbels a perseguir a la oposición a aquella ley habilitante, «Ermächtigungsgesetz». Ayer circulaban por Cataluña pasquines firmados por Arran, las juventudes de las CUP, líderes del proceso golpista, con fotografías de miembros de partidos constitucionalistas, tachados de enemigos del pueblo merecedores de castigo. Estos filoterroristas tienen ya identificados comercios y centros cívicos, públicos y privados, frecuentados por adversarios al golpe de Estado y por ello potenciales objetivos de represalias. Ayer se dispararon las denuncias de masivas presiones y amenazas a funcionarios para que se plieguen a los intereses de los separatistas. Calcado de 1933.

Todo esto era evitable. De haberse combatido el golpe de Estado en sus comienzos hace ya casi un lustro. De no haberse tolerado que se cultivara la delirante fantasía colectiva de que un par de millones de españoles fanatizados pueden destruir la patria común a los 45 millones restantes. El disparate es mayúsculo. Solo décadas de educación en el odio permitidos por todos los gobiernos de España y un lustro de dejadez, pasividad y desidia del gobierno Rajoy ante los planes evidentemente criminales de la Generalidad explican la situación actual. La situación la agrava por la existencia España de algo tan rancio, siniestro y peligroso como un movimiento comunista llamado Podemos, fuerte gracias a la crisis y al sistemático trato de favor por parte del gobierno del PP. Ellos ven su gran ocasión para la voladura, de la Constitución que nadie acata, del sistema agotado e inerme y sobre todo de la propia España. Es otra vez la alianza de dos ideologías, la separatista emuladora del nazismo en Cataluña y la comunista, aliadas para destruir las libertades y a la Nación Española, su único garante.

El llamamiento de Iglesias a crear una asamblea de partidos separatistas y de izquierda es el intento chavista de crear un parlamento paralelo sin el partido más votado. Iglesias querría ser Chávez pero emula a Maduro. Pretende montar aquí una fantasmal Asamblea fuera del Congreso como el presidente venezolano montó su Constituyente para liquidar a la Asamblea Nacional. Cierto que el PSOE de Pedro Sánchez no se presta al juego. De momento. Pero es obvia la fragilidad del frente político constitucional. Nadie ha estado a la altura ni en su sitio. Ahora las decisiones son inaplazables. Dada la situación que puede derivar en tragedia, urge que gobierno asuma la responsabilidad de la defensa de las libertades pisoteadas y la neutralización de la alianza golpista. Hay instrumentos constitucionales y aparato del Estado suficientes. Después habrá de iniciarse la inevitable tarea, dura y larga, de la reconciliación, de gestionar las frustraciones de unos sueños delirantes de no pueden cumplirse sin una catástrofe histórica que nos arrastraría a todos.

¿Qué va a pasar con los funcionarios y proveedores del 'procés'?
EDITORIAL Libertad Digital 20 Septiembre 2017

¿Quien va a pagar las nóminas de septiembre de los funcionarios de las ilegales 'embajadas' catalanas erigidas en clamorosa desobediencia al TC?

El tiempo dirá, mucho más pronto que tarde, si la impune y bien financiada senda de ilegalidades por la que ha transitado la Administración autonómica catalana desde 2012 ha llegado a su fin. Por de pronto, y en lo que se refiere exclusivamente a la financiación pública del proceso secesionista, lo único que se puede constatar es que las medidas de intervención y controlanunciadas el viernes por el Consejo de Ministros se han plasmado no en el anunciado cese por parte de Hacienda de las transferencias de los fondos ordinarios correspondientes al sistema de financiación autonómico, sino en un requerimiento de control a las sucursales bancarias donde haya cuentas abiertas a nombre de la Generalidad "con el fin de que sus (...) eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas, como puede ser el blanqueo del dinero". En este sentido, el mandato del Ministerio de Hacienda advierte: "Si estas entidades bancarias detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Además, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalidad debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal".

Bien es cierto que, para que el Gobierno central pueda asumir directamente los pagos tanto a los proveedores como a los cuantiosos empleados públicos de la Administración regional, sería necesario que la Consejería de Hacienda le comunicara el listado de los mismos. Sin embargo, la Generalidad parece no darse por enterada de la intervención de sus cuentas, se niega a remitir dicho listado y pretende que los bancos incumplan las instrucciones de Hacienda, alegando –en el colmo del surrealismo– que el Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de los golpistas contra las citadas medidas de control.

Se debe romper una lanza a favor del TS, que se ha limitado a admitir un recurso presentado por quienes, gracias al Gobierno, siguen detentando la máxima representación del Estado en Cataluña; si bien ha advertido expresamente –al contrario de lo que sostiene Junqueras– que dicha admisión "no implica la suspensión" de las medidas adoptadas por el Gobierno.

Ahora bien, estas medidas, adoptadas por el Ejecutivo como alternativa a la suspensión de la autonomía catalana, en manos de quienes tan gravemente siguen atentando contra los intereses de España, aboca el país a un espectáculo temerario al tiempo que esperpéntico, que ni siquiera garantiza el cese de la malversación de fondos públicos que implica –por definición– una rebelión institucional como la iniciada en 2012. Y esto, por varios motivos.

En primer lugar, porque, por mucho que las entidades bancarias han de evitar su colaboración con cualquier actividad delictiva, resulta asombroso que tengan que ponerse a averiguar, por ejemplo, si la factura presentada al cobro de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos puede guardar relación con la malversación de fondos públicos que, ciertamente, implica el franqueo de las cartas que los golpistas han enviado a los 55.000 ciudadanos a los que pretende obligar a integrar las mesas electorales. En segundo lugar, porque es harto probable que la mayor parte de los gastos –y por tanto de la malversación– que acarrea esa rebelión en forma de consulta ya hayan sido efectuados. Tal puede ser el caso del pago a correos, pero también del pago de los folletos, carteles, censos, urnas y papeletas de la consulta, con total independencia de que dicho material haya sido total o parcialmente interceptado por la Policía. Otro tanto se puede decir de los contratos de publicidad con TV3 u otros medios de comunicación. Por último, pero quizá lo más importante, porque las medidas tomadas por el Gobierno parecen únicamente orientadas a combatir la malversación que implica la ilegal consulta del 1-O, como si el cúmulo de desobediencias –y sus sostenimiento financiero– que implica el procés se redujeran a ella. ¿Qué decir del sostenimiento de las no menos ilegales estructuras de Estado que los secesionistas han venido erigiendo?

Téngase en cuenta que las elites políticas y mediáticas se felicitaron por el prácticamente nulo respaldo diplomático extranjero brindado a la inauguración de las ilegales embajadas catalanas en el extranjero como prueba del público compromiso adquirido por Puigdemont de desobedecer la sentencia del Constitucional que pretendía anular la Consejería de Exteriores y esa asunción de competencias en el extranjero por parte la Administración regional. Sin embargo, el sostenimiento financiero de ese silenciado delito de desobedienciaimplica un no menos grave sostenimiento de un delito de malversación de fondos públicos. Así las cosas, ¿quién va a pagar este mes de septiembre las nóminas de los funcionarios de la ilegal embajada catalana en Copenhague? ¿Va a ser Montoro o va a ser Junqueras?

En conclusión, con parches no se puede restablecer un orden constitucional cuya quiebra en Cataluña es muy anterior a la consulta del 9-N y que con total seguridad no acabará el 1-O.

Con el Gobierno de España
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 18 Septiembre 2017

Hay momentos en que ya solo cabe el Si o el No, el blanco y el negro. Los matices quedan para antes y para después de ese instante decisivo. España está viviendo, va a vivir, uno de esos momentos, donde ya no cabe la media tinta. En el tramposo referéndum separatista se está con la Constitución y con la Democracia o con los golpistas. Ya no hay equidistancia que valga, ni milongas ni monsergas. Los secesionistas han violado todas nuestras leyes, comenzando por la suyas propias y pasando de la provocación continua al hecho definitivo colocan al Estado y al Gobierno ante una única e ineludible obligación: Defender y preservar los derechos de todos los españoles, impedir su propósito, detenerlos y aplicarles la ley.

Estar en esta situación con el Gobierno de España no es apoyar a un partido político ni comulgar con una ideología en concreto. Apoyar al Presidente no es beatificar a Rajoy. Es defender nuestra Nación, nuestra soberanía como pueblo, nuestras leyes, nuestra convivencia y nuestro futuro. Lo demás, lo otro, habrá de substanciarse en su debido tiempo al igual que los fleco de este mismo episodio. Pero ahora lo que toca es esto. Y toca estar donde el deber ineludible marca.

Es tiempo de que los odiadores, los voceras y los ayatollas se esperen un poco para seguir luego con su cosa. Mejor ahora que sus eternas bilis se las guarden un rato y se esperen a que logremos vencer en el trance. Porque no queda otra. O gana la Ley o España será un Estado y una Nación fallidas. Eso deberían meditarlo los de el grito y dos patadas, por un lado y por el otro la oposición socialista que tiene también ante si un momento de inflexión definitivo. De su lealtad depende nuestro presente pero también dependerá su futuro. No lo duden ni un instante. Y de la misma manera que en este trance el estar al lado de nuestro Gobierno, de nuestras instituciones, de nuestras leyes y de quienes, jueces y fuerzas de seguridad han de aplicarlas también hay que decir que a quienes están en ese mismo barco hay que reconocérselo, valorarlo y apreciarlo en todo lo que vale. Para los antes y los después tiempo habrá de discutirse lo que quiera. Ahora esto hay que atravesarlo juntos porque en esto juntos estamos y ojala volvamos a recuperar ese espíritu de mirar y sentir todo lo que nos une en vez de no tener más que ojo para lo que nos separa. Y hoy es justo y necesario resaltar que cada cual, Sánchez y Rivera, y a su manera, estén, y van estando, a la altura que se requiere. De ello y de que todos sientan el aliento conjunto de toda una ciudadanía va a depender la victoria o la peor herida que puede sufrir nuestra democracia.

Porque ya es diáfano lo que tenemos enfrente. Los separatistas y junto a ellos los filoetarras de Bildu, con Otegui como santón, y la extrema izquierda, la catalana de la CUP y la estatal de Podemos con sus diferentes caretas que se han caído todas. Desde Pablo Iglesias a Colau, aunque alguno como Errejón procure hablar poco para que no se le note. Pero ellos, y sus voceros mediáticos, ya han largado el trapo y elegido territorio: Aliados y cómplices de los secesionistas y con un objetivo compartido: el de destruir nuestra Constitución, que ellos llaman el Régimen del 78 para insultarla, y donde ahora creen ver brecha para dinamitarla. Un destape este, el morado, peligroso, y más que para nadie para ellos. Porque un mañana no lejano habrán de responder a su traición al pueblo español ante las urnas.

El poder de la ley
Juan Gonzalo Ospina okdiario 20 Septiembre 2017

Vivimos en España una encrucijada política sin parangón en nuestra historia democrática. Hemos llegado a una situación en la que el poder político de una región, vulnerando el marco legal constituido y la división de poderes propia de toda democracia, ha decidido desafiar no sólo al Gobierno de España —poder ejecutivo— sino también a sus jueces —poder judicial—. La nueva realidad jurídica ya se vivió de manera similar en 2014 cuando Arthur Mas llevó adelante la consulta del 9N. Mas, Rigau y Ortega fueron condenados en 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como autores y colaboradores necesarios, respectivamente, del delito de desobediencia. El día del juicio, las defensas de los acusados, para rebatir los elementos jurídicos del delito de desobediencia, refirieron “no recibir una orden directa y concreta“ que les apercibiera de no realizar el referéndum del 9 de noviembre. La sentencia aclaró que los culpables de la comisión del delito de desobediencia lo realizaron “de manera consciente y deliberadamente desobedecieron” puesto que la providencia del Tribunal Constitucional, que suspendía cualquier acto en relación al 9N, era ampliamente conocida.

Como consecuencia de este 1-O se ha abierto entre los juristas el debate de, en lo referido a los voluntarios que participen en el referéndum, si se les podría exigir alguna responsabilidad penal por esta acción, ya que el Código Penal prevé en su artículo 556 unas penas de 3 meses a 1 año para los autores de este delito: “Con conocimiento de la existencia de una orden directa y determinante de una autoridad decida a ofrecer una negativa a cumplir esa orden”. Es decir: ofrecer una oposición voluntaria al mandato de la autoridad. Por lo tanto, el acudir a colaborar en el desarrollo de un acto que no tiene amparo legal, como es el referéndum del 1 de octubre —porque ha sido suspendida la ley que lo regula—, y siendo esta situación conocida por parte de la inmensa mayoría de la ciudadanía —orden directa—, se podría entender indiciariamente que se dan los elementos penales para que esta conducta fuera sancionable o, por lo menos, jurídicamente perseguible.

Es cierto que cabría analizar si la desobediencia es considerada “grave” o “leve”. De no considerarse grave, esta conducta podría entenderse recogida como un delito leve con una pena de multa o en su caso como una acción descrita en la Ley de Seguridad Ciudadana, y pudiera ser sancionable en la vía administrativa —en lugar de por la vía penal— como una infracción grave o muy grave con multas que pueden llegar a los 30.000 euros.

¿Qué ocurriría si la Generalitat te cita como vocal en una mesa electoral y no se acude? Con la ley en la mano nada. La ley que da vida al referéndum está suspendida y por ello no puede desplegar autoridad ni efectos. Si la Generalitat impusiera sanción alguna, esta se conduciría por la vía administrativa y sería recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa que anularía la hipotética sanción. En otras palabras: no hay conflicto de ley porque la ley catalana no está vigente. Sin embargo, muy diferente sería el caso si ese voluntario decidiera acudir a la mesa electoral.

Aunque la Generalitat haya abierto el debate, y quiera hacer creer que existe un conflicto normativo, con la ley en la mano el mismo no existe. La ley, y el Estado, no pueden actuar según la conveniencia de las circunstancias, ya que contravendría el marco de todo esquema democrático: la división de poderes. Esperemos que, ante este desafío, la ley despliegue todo su poder en cuanto a lo jurídico como expresión de la soberanía popular, y que lo político vuelva a ser eso: un debate de ideas dentro de las normas soberanas del juego.

Sólo podemos empeorar
Emilio Campmany Libertad Digital 20 Septiembre 2017

Supongamos que las esperanzas de los muchos españoles que desean que Cataluña siga siendo España se cumplen. No sólo, sino que lo hacen de la mejor manera posible. Supongamos, pues, que el Gobierno consigue evitar que el referéndum se celebre, que todos los que han cometido una ilegalidad se ven obligados a responder ante la Justicia y que la crisis política catalana se resuelve con la convocatoria de unas elecciones autonómicas anticipadas donde las urnas, esta vez sí, deciden de forma genuinamente democrática que gobiernen los partidos que no son independentistas. Pues bien, aunque se dieran todas esas felices circunstancias, hay cosas que seguirían carcomiendo igualmente la unidad de España. En Cataluña continuaría habiendo una parte considerable de la población convencida de que formar parte de España les perjudica, de que el resto de los españoles explotamos su riqueza, de que millones de españoles viven sin dar palo al agua gracias al dinero expoliado a los catalanes, de que Cataluña es una de las regiones más ricas de España porque sus habitantes son más trabajadores y de que no lo es más porque es parte de España. Muchos de ellos seguirían pensando igualmente que el resto les envidiamos y despreciamos su lengua y su cultura. Y el Gobierno de la Generalidad que saliera de las urnas, aunque no fuera independentista y muy especialmente si estuviera dominado por los socialistas, seguiría alimentando el victimismo nacionalista y exigiendo un trato especial, esto es, desigual. Se seguiría multando a quien rotule en español y se seguiría impidiendo a los niños que tuvieran como lengua materna el español escolarizarse en ella.

¿Es que un Gobierno con el PSOE o Podemos iba a restablecer la vigencia de la Constitución en Cataluña? Al contrario, la izquierda de allí y de toda España exigirá una reforma constitucional en consideración a Cataluña. Y los nacionalistas la tolerarán a regañadientes a la espera de poder volver a intentar la independencia formal. Y mientras, ir destinado a Cataluña desde cualquier parte de España, especialmente si se ha de ir con niños pequeños, seguirá siendo ir a ser tratado como ciudadano de segunda. Y seguirá siendo necesario, para poder allí dirigir una empresa importante, encabezar una iniciativa relevante o desarrollar una inversión de enjundia ser catalán o extranjero, pero desde luego le será imposible a un español que proviniera de cualquier sitio que no sea Cataluña. Y habrá muchos que seguirán pensando que el valenciano y el mallorquín, en cuanto variantes del catalán, justifican que los territorios donde se hablan pertenezcan a la nación catalana, mucho más cuando ésta haya sido reconocida constitucionalmente como tal.

Esto es lo mejor que puede pasar. El resto de alternativas sólo pueden ser peores. Hace tiempo que empezamos a dejar de ser España. Que a veces el proceso se acelere o frene no significa que la tendencia general no sea hacia la desintegración. Cuando la presidenta de Andalucía afirma que su región no es menos que Cataluña, lo que parece que en realidad está reclamando es el derecho a ser tan responsable de la liquidación de España como pueda serlo el presidente de la Generalidad.

Señales de confusión
Manuel Marín ABC 20 Septiembre 2017

La disyuntiva del Gobierno entre recurrir a la aplicación o no del artículo 155 de la Constitución y asumir de modo limitado competencias concretas de la Generalitat no se basa en criterios jurídicos. Estos están ya asumidos como parte de un precepto legítimo en defensa de la unidad nacional, por inédita que sea su aplicación. Muy al contrario, es la relevancia de las consecuencias políticas que conlleve la obligatoriedad de invocar ese artículo lo que está dividiendo a los partidos constitucionalistas en extrañas dicotomías: valentía frente a prudencia, dureza punitiva frente proporcionalidad, excepcionalidad frente a normalidad… División frente a unidad, en definitiva, porque la lectura que se haga de la aplicación del 155 solo podrá serlo en términos de cálculos electorales.

Nada de lo que está ocurriendo en Cataluña es normal porque la magnitud del proyecto sedicioso está exigiendo respuestas excepcionales. Asumir el riesgo de aplicar el artículo 155 es una obligación del Gobierno si por otros cauces no consigue evitar una declaración unilateral de independencia. Pero formalmente no es una obligación del PSOE o de Ciudadanos. Al PP le basta su mayoría absoluta en el Senado, y jurídicamente puede invocarlo antes o después del referéndum ilegal. Tanto da, y Rajoy no dudará si fuese la última ratio más allá del coste que conlleve para el PP. Pero del mismo modo que el PSOE ha asumido al fin como un instrumento útil y eficaz la reforma de la ley del TC para la ejecución directa e inmediata de sus sentencias, Pedro Sánchez sigue en un doble juego para aplicar el 155.

Nadie sabe si forma parte de los cálculos de Sánchez, cuyo objetivo es emerger del conflicto catalán como una suerte de salvavidas in extremis sobre un Rajoy desgastado y un PDeCAT destruido. Hay alcaldes del PSC abiertamente independentistas, y el socialismo catalán no se ha planteado abandonar la coalición con Ada Colau en Barcelona. El PSC es un experto en nadar corriente a favor culpando al PP de todos los males en Cataluña y los indicios no son halagüeños para que Rajoy llegue a evitar su soledad. El PSOE solo emite señales de confusión.

De la Constitución a la Constitución
BENIGNO PENDÁS El Mundo 20 Septiembre 2017

Aquí y ahora, la prioridad absoluta es cumplir y hacer cumplir la Norma Fundamental, expresión de la soberanía nacional cuyo titular es el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado; incluidos, claro está, los órganos y las competencias de la Generalitat catalana. Al margen de metáforas interesadas, no existe choque de trenes, ni controversia entre dos frentes originarios de poder político. Legalidad y legitimidad democráticas confluyen en el mismo punto: garantizar el cumplimiento efectivo de la Constitución de 1978, la mejor de nuestra historia, un nuevo rumbo para esa vida española "dividida y angustiada" que denunciaba en su día don Américo Castro. Cumplir las leyes y las sentencias no es una opción, sino un deber inexcusable. Es un requisito sine qua non de la convivencia civilizada porque, en caso contrario, volveremos al estado de naturaleza en la versión de Hobbes: la guerra de todos contra todos. Es también un deber moral para quienes creemos en los valores de la Ilustración, el Estado constitucional, los derechos y libertades que derivan de la dignidad humana, frente a las identidades monolíticas, siempre imaginarias, como demostró con brillantez el (muy progresista) Benedict Anderson. Porque también Cataluña es, faltaría más, una sociedad plural y nadie puede hablar en su nombre con vocación de monopolio.

Siempre nos preguntamos (a veces con ira mal contenida) qué hacen el Gobierno o los jueces o los responsables políticos. Conviene recordar también la obligación de los ciudadanos de hacer frente al despropósito, cada uno en su ámbito y en el marco de sus posibilidades, dentro y fuera de Cataluña. ¿Cómo? Unos, los que tenemos voz en el espacio público, hablando alto y claro. Todos, haciendo caso omiso de las llamadas en contra de la ley. Algunos están a la altura: los letrados del Parlament con su rigor profesional; las asociaciones de jueces recordando que quien emite órdenes ilegales pierde el carácter de "autoridad"; muchos intelectuales próximos a la izquierda con su manifiesto; una parte considerable de los constitucionalistas españoles y otros notables juristas... Pero, insisto, la apelación se dirige también al resto de los españoles. No es momento para la indiferencia o la pasividad. La respuesta legal corresponde a los poderes públicos, con un respeto escrupuloso, como es evidente, a los procedimientos y requisitos jurídicos. Pero la sociedad civil juega un papel en la respuesta legítima, un compromiso con la España constitucional que no puede ni debe eludir. Le debemos mucho a la Constitución de 1978. Es hora de defenderla activamente, porque, como bien decía Ortega, el pecado más grave es la ingratitud. Por eso, los españoles tenemos que evitar esa tentación muy nuestra hacia la tristeza cívica, que invadía al personaje de Dostoievski. No faltan las razones para el desaliento. Pero todo se pierde si nos pueden el pesimismo estéril, el derrotismo o la pereza; incluso el hastío, a veces comprensible...

No habrá referéndum el 1-O, ni siquiera una parodia como la vez anterior. En cuanto al día 2, la situación se resume con relativa sencillez: de la Constitución a la Constitución. Es fácil identificar la fuente de inspiración: "de la ley a la ley... pasando por la ley", según se atribuye a Torcuato Fernández-Miranda en los tiempos inciertos de la Transición. Aquella Transición que, de acuerdo con John Elliot, fue una "hazaña" reconocida como tal en todos los países democráticos, pero cuestionada entre nosotros, unos por malevolencia y otros por inmadurez. España se situó entonces a la altura del tiempo histórico, en el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo. Con sus grandezas y servidumbres, porque la política es el espejo de la vida y nada ni nadie es perfecto, salvo las utopías totalitarias. Saldamos entonces una vieja deuda con el Estado de Derecho, tantas veces maltratado a lo largo de nuestra historia. Por eso produce indignación la falta de respeto a las normas que otorgan garantías a los ciudadanos y sus representantes: plebiscitos con trampa; alborotos parlamentarios; sentencias incumplidas... Todo eso que cabe identificar con la arbitrariedad del poder y que aprendimos a superar gracias al imperio de la ley.

¿Hay que reformar la Constitución? Vamos por partes. Es perfectamente lícito propugnar la reforma, pero también lo es sostener que está bien como está. ¿Es oportuno? Aquí caben serias dudas, y no sólo por un imaginario inmovilismo. El proyecto sugestivo orteguiano existía en 1978 y lo hemos compartido con éxito razonable: tenemos una democracia igual de buena e igual de mala que la de nuestros socios y vecinos en la Unión Europea. Ahora no hay tal proyecto común, sino perspectivas a veces contradictorias que apuntan hacia blancos móviles. Creo que es tiempo de forjar consensos y de escuchar a los expertos. Como es obvio, no hay Constitución sin pacto y ahí tenemos que estar todos los defensores de la España constitucional. La Comisión de Estudio en sede parlamentaria que propone el PSOE y asume con matices el PP debe tener muy claro su objetivo para evitar frustraciones. Ante todo, delimitar el perímetro de la reforma. La gran mayoría creemos (véanse las encuestas reiteradas) que lo esencial sigue siendo válido: Estado social y democrático de Derecho; monarquía parlamentaria; con más reticencias, Estado autonómico, cuya base es la unidad, la autonomía y la solidaridad. Por seguir con metáforas al uso: cuidado con abrir la caja de Pandora, aunque (como explica el hermoso libro de Dora y Erwin Panofsky) la caja en cuestión no era tal... Los oportunistas y algunos desleales esperan su momento para romper las bases de una convivencia fructífera para todos, y no hay que darles opciones para luego rasgarse las vestiduras cuando sea demasiado tarde. Nos conocemos hace mucho (unos cuantos siglos...) y aquí nadie va a engañar a nadie.

¿Serviría de algo la reforma? Vamos también por partes. No hay soluciones mágicas. Puede ser un buen mensaje, sobre todo, respecto de las generaciones jóvenes, y puede encauzar algunos problemas concretos, como la ordenación racional de las competencias autonómicas o la financiación. Incluso puede ilusionar (al menos un poco) con medidas de regeneración tanto en materia de instituciones como de derechos. No es poco, pero conviene que no nos hagamos trampas a nosotros mismos: si el huracán amenaza con la ruina del edificio, de poco sirve adecentar la fachada y tapar huecos de las ventanas. Una lista bien hecha de competencias estatales o la reducción del número de aforados no son argumentos suficientes para cambiar el curso de los tiempos. Lo inteligente es ahora explorar los acuerdos y prioridades, consultando a los expertos y abriendo el debate social y político como corresponde a una democracia plural.

Última reflexión. Más allá del día a día, estamos a escala universal ante un cambio de época, como decían los filósofos del idealismo alemán. Se habla, por Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos, de la "cuarta" Revolución industrial. La economía global exige de los actores medianos una tensión permanente. Nuestra mejor herencia ilustrada, la democracia constitucional, compite con enemigos de verdad y no de juguete; muy en especial, el capitalismo autoritario según el modelo chino. Aquí y ahora, malgastamos lo mejor de nuestras energías en una querella identitaria con protagonistas de nivel muy discreto (siendo generosos) y actitudes plebeyas en la calle y en las instituciones. Ya sé que la melancolía acompaña a los esfuerzos inútiles, y acabo de decir que el pesimismo (al modo Gil de Biedma) es un lujo que no nos podemos permitir: la Historia de España no va a terminar mal. Pero es cierto que resulta agotador circular por la vida con un hándicap que nos impide atender a lo que importa de verdad. Lo haremos, si no hay otro remedio: el Estado de Derecho merece como mínimo respeto y afecto, y la defensa de la España constitucional es una causa justa que va a prevalecer frente a cualquier desafío.

Benigno Pendás es catedrático y Académico de Ciencias Morales y Políticas y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

La mayoría catalana… calla
Liberal Enfurruñada okdiario 20 Septiembre 2017

José Ortega y Gasset en su famoso discurso de mayo de 1932, en las Cortes, sobre el Estatuto de Cataluña, en el que dijo aquello de que el problema catalán —el nacionalismo— no se puede resolver, sino que tan sólo se puede conllevar, también habló de esta “mayoría silenciosa” de la que hoy quiero opinar. Ortega dijo entonces: “Esto es lo lamentable de los nacionalismos; ellos son un sentimiento, pero siempre hay alguien que se encarga de traducir ese sentimiento en concretísimas fórmulas políticas: las que a ellos, a un grupo exaltado, les parecen mejores. Los demás… no osan manifestar su discrepancia, porque no hay nada más fácil, faltando, claro está a la veracidad, que esos exacerbados les tachen entonces de anticatalanes… ¿Qué van a hacer los que discrepan? Son arrollados.”

Ortega proponía extender el autonomismo a toda España, como fórmula para “conllevar” el problema catalán, pero se confundió. Pensó que concediendo más autonomía el deseo de independencia se aplacaría, y ha ocurrido justo lo contrario. Porque las transferencias han sido utilizadas por ese “grupo exaltado” de independentistas, para aumentar su base social, utilizando fundamentalmente la educación, tergiversando la Historia y amplificando desmedidamente el victimismo. Al mismo tiempo que la progresiva desaparición del Estado en Cataluña ha hecho que los no independentistas se sientan cada vez más huérfanos de ese Gobierno central que ha tratado de aplacar a la bestia alimentándola y haciéndola crecer.

Y así llegamos a la situación actual, en la que tanto las sucesivas elecciones como las encuestas demuestran que los independentistas son minoría. No olvidemos que en las últimas elecciones al Parlament, hace dos años, los partidos que presentaron un programa electoral independentista consiguieron sólo el 47,7% de los votos. Pero esta minoría exaltada se ha adueñado de la calle, donde aparentan representar a toda la población, porque han conseguido encerrar en sus casas a la “mayoría silenciosa” que no se atreve a dejarse ver. Es lamentable comprobar cómo los separatistas no encuentran en las calles una oposición pacífica y democrática. La mayoría tiene miedo a verse perjudicada en sus trabajos, en los colegios de sus hijos, en su convivencia diaria, por la minoría exacerbada de matones del separatismo. Y también sienten que han sido desamparados por quienes han permitido que esto suceda durante años de desidia y cesiones.

Parecen sinceros cuando dicen que hay que ser un héroe para manifestarse pacíficamente con la bandera española por Barcelona, o para reclamar que la selección española de fútbol juegue un partido en Cataluña, por donde no aparece desde hace más de 13 años. O simplemente para exigir una enseñanza bilingüe, o rotular un comercio en la lengua oficial de toda España. Para hacer cosas normales piensan que hace falta ser un héroe en Cataluña y dejan solos a los poquísimos que se atreven a hacerlo. Se han acomodado de tal manera a esa posición de víctimas que ya no son capaces de luchar por lo suyo. Necesitan deshacerse del pánico que les hace invisibles y convencerse de que si actúan unidos, como la mayoría que ciertamente son, no necesitan héroes. Pero alguien debe liderar ese cambio y esa responsabilidad es de los partidos constitucionalistas, todos unidos deben hacer que los golpistas vean que tienen al pueblo en contra, y que no les van a dejar salirse con la suya. Nadie podrá creerse patriota si intenta aprovechar esta situación para sacar provecho electoral. Es necesario que se sepa que quienes eviten este golpe de Estado tendrán nuestro apoyo y quienes lo consientan, nuestro rechazo, que los golpistas noten que la mayoría les rechaza, sin necesidad de un referéndum ilegal.

Los golpistas calientan el 1-0
Editorial OKDIARIO 20 Septiembre 2017

Los golpistas catalanes pretenden crear una nueva nación a base de ilegalidad y enfrentamientos en las calles. El día a día de Cataluña se ha convertido en una sucesión de escenas violentas y no ha hecho más que comenzar. He ahí la imposibilidad teórica y práctica del procés: está impulsado por políticos inútiles —repudiados por la comunidad internacional desde la Unión Europa a Estados Unidos—, radicales que intentan edificar una nueva sociedad pero a base de coacciones y cimientos anticonstitucionales. No es de extrañar que hayan recurrido al etarra Arnaldo Otegi para que apadrine este golpe de Estado. Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy pone flexibilidad y determinación para que se cumpla la ley sin altercados, los independentistas están consiguiendo que la región se parezca cada vez más al País Vasco de los peores años cuando, como ahora en Cataluña, la libertad estaba en peligro de extinción. Entonces, la amenaza terrorista y la violencia constante de la kale borroka engendraban pavor en el pueblo vasco y secuestraban la democracia. Hacia ese precipicio civil caminan los catalanes.

¿Qué legitimidad puede tener un referéndum ilegal que además de ir contra la Constitución coarta la voluntad de los ciudadanos? Los prosélitos de la CUP —el brazo político de los violentos en el Parlament— utilizan el modus operandi del “conmigo o contra a mí”. Así, señalan a cualquiera que opte por respetar la legalidad vigente y tratan de intimidar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con continuos escraches. El trabajo de propaganda de los antisistema lo completan las huestes juveniles de Arran, encargados de sembrar las calles de violencia. Con este panorama, se multiplican imágenes como las que hemos visto este martes, cuando un secretario judicial ha tenido que entrar encapuchado en la sede de Unipost en Tarrasa (Barcelona) para inspeccionar un lugar donde había tarjetas censales destinadas al 1-O.

Este contexto es el mundo al revés dentro de un Estado de Derecho como el que articula España. La justicia, los agentes y demás servidores de nuestra democracia tienen que esconder su rostro para poder tener una vida medio normal sin que ningún indeseable trate de arruinarla. Los golpistas demuestran día a día que la democracia es un concepto ignoto para ellos y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir un referéndum ilegal, aunque sea a base de sangre y violencia. La ley ha de prevalecer ante cualquier acción visceral. El Gobierno hace bien en perseverar en su línea de rigurosa moderación y en apoyar a los agentes que se han desplazado expresamente hasta Cataluña para garantizar que la libertad y la democracia sigan vigentes a pesar de que los violentos traten de erradicarlas con unas acciones que sólo han dado los primeros coletazos.

Boadella, hijo adoptivo de la Región de Murcia
Javier Orrico Periodista Digital 20 Septiembre 2017

Hace unos días, el pasado sábado, en una entrevista en El Mundo, Albert Boadella declaraba que cuando salía al extranjero decía que “era de Murcia o por ahí”. Él quería decir, creo, de cualquier sitio más o menos exótico e inequívocamente español. Por supuesto, el entrevistador eliminó el “por ahí” en el titular y dejó el “digo que soy de Murcia”. Ambos sabían, aun con intenciones quizás distintas, que se trataba de una provocación que, en estos días, resulta especialmente explosiva.

Aquí, en la Región de Murcia, estamos aburridos de que cada vez que en España alguien quiera referirse a un lugar extraño termine recalando en “Murcia”. O en Cartagena, pues las alusiones al Cantón, desde la más absoluta ignorancia histórica, es ahora un recurso común de tertulias y “tortulias”, aunque también hay quienes sí saben que, en efecto, la sublevación cantonal fue un episodio revolucionario, sincero y heroico, y nunca contra España; pero también una muestra del disparate a que nos condujo ese federalismo al que quieren volver a llevarnos. En fin, que “Murcia” es, en términos territoriales, lo que Lepe para los chistes.

No ha sido esa, me parece, la intención de Albert Boadella: al contrario, si “Murcia” es exclusivamente España, “yo soy de Murcia”. Con un añadido de connotaciones que va dirigido contra los nacionalistas catalanes, que son los que lo han expulsado de Cataluña, los que lo han convertido en un exiliado, los que lo han acosado hasta echarlo de la masía en la que nacieron todas las grandes piezas históricas de Els Joglars. Porque la palabra Murcia y “mursianu” fueron durante muy buena parte del siglo XX la encarnación de lo que el miserable y racista nacionalismo catalán (no los catalanes, que son las primeras víctimas de los nazis sueltos) más despreciaba: las gentes que habían ido allí a cavarles el metro, a trabajar en sus fábricas, a vivir en ciudades dormitorio en pisos infames, a hacerlos ricos sin merecer a cambio más que un permanente recordatorio de que, si comían, era gracias a ellos. No a su trabajo, sino “a Catalunya”.

Era ‘Catalunya’ la que daba de comer a todos aquellos zarrapastrosos que debían estar agradecidos y tenían la obligación de asimilarse. Y como habían sido los primeros, los “mursianus” pasaron a dar incluso el nombre a todas las demás gentes del sur que fueron llegando después.

Como nos enseñó Juan Marsé en “Últimas tardes con Teresa”, también los andaluces eran “mursianus”, y por ello al protagonista de su novela, el emigrante malagueño que ha soñado con trepar hasta la burguesía gracias a su relación con una señorita, lo llamará “el pijoaparte”, una denominación magistral en la que se encierra todo lo que ha pasado en Cataluña durante los últimos ciento cincuenta años: la xenofobia que ahora se encargan de disimular paseando rufianes, el odio retestinado y húmedo contra lo que llaman España, y que hoy ha alcanzado un nuevo paroxismo.

Y, sobre todo, “el pijoaparte”, el que ha nacido para estar fuera, resume el verdadero muro social de apellidos y clase que algunos tontucios creen haber penetrado vendiéndose al nacionalismo, y por lo que les han regalado puestos oficiales, pero jamás les darán la entrada en “una burguesía”.

Así que, cuando Boadella, catalán "de la ceba" (hasta la cepa, en versión libre, aunque hoy es expresión de la que también se han apropiado los separatistas), dice que es de Murcia, está dirigiendo sus torpedos al centro mismo del imaginario separatista. Nada es más provocativo que declararse un “pijoaparte”. Y con ello, de paso, nos devuelve, si lo interpretamos bien, un reconocimiento contra tanto chiste idiota: si el hombre más importante del teatro español del último medio siglo se declara voluntariamente murciano, o mejor, “mursianu”, a lo mejor podríamos comenzar a entender que esa tan extendida falta de identidad que se nos atribuye con cierto tinte xenófobo, es nuestro rasgo más definitorio y mejor. En estos momentos, proclamarse español es un acto revolucionario. Y mostrar con orgullo que, como hacemos en esta región ignorada, vivir juntos sin tener que comulgar todos los días con identidades impostadas y tiránicas es lo mejor que nos puede pasar.

Y también por eso, Boadella ha de saber que aquí nos encontrará siempre con los brazos abiertos a todos aquellos españoles que, como él, están siendo expulsados de su tierra por la ola totalitaria. Porque esta sí es una tierra de acogida. La suya.

Antes del 1 de octubre
José María Albert de Paco Libertad Digital 20 Septiembre 2017

La recta final del proceso está brindando escenas de lo más edificante, como la del buen Coscu desgañitándose contra el autoritarismo entre el aplauso de parlamentarios socialistas, ciudadanos, populares y comuneros. O la de tantos alcaldes del PSC resistiendo orgullosamente al escrache de las hordas cuperas. O la de las decenas de artículos de prensa contra los sediciosos, a cual, ay, más admirable, y que alientan la certeza de que, puesto que nadie lee a nadie, el nuevo columnismo será clónico o no será.

Hay, no obstante, un lado sombrío. Aun asumiendo que no convenga extremar la represión para que, de ese modo, el día 2 sea posible un cierto entendimiento (asumiendo, en efecto, es el verbo que se emplea para aceptar algo a contrapelo); aun así, cómo transigir con esa pléyade de instituciones de las que ya sospechábamos que eran una mera secreción del nacionalismo.

Cómo seguir fingiendo, en fin, que TV3 es una televisión pública, con lo que eso conlleva, cuando a Vicent Sanchis, el talibán que la dirige, le ha faltado tiempo para blanquear a Otegi; cómo hacer la vista gorda ante el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha puesto el grito en el cielo ante "la vulneración de derechos en Cataluña" pero no ha movido un músculo ante el atropello del 6-S. ¿Y el Colegio de Periodistas? ¿Qué crédito merece una entidad que pasa por alto que el jefe de la poli amedrente al director de un periódico, para luego escandalizarse por una intervención judicial en El Vallenc? Y ya puestos, ¿habrá que seguir tragando con la ficción de que esos libelos, esas hórridas hojas parroquiales al servicio de la secesión, merecen el calificativo de prensa? Por no hablar de la universidad: de los 228 profesores que han firmado el manifiesto contra el 1-O, tan sólo hay 4 catalanes, y uno es Ovejero.

En cualquier caso, más embarazoso ha de ser el roce con esos equidistantes que hace veinte años ya lo eran, y que desde entonces han ido reptando al son del independentismo para guardar, ahora y siempre, la misma separación respecto a Madrit, no fueran a confundirlos con españoles.

Una (humilde) carta a los intelectuales de la izquierda
ANTONIO R. NARANJO El Semanal Digital 20 Septiembre 2017

El autor valora el manifiesto de un millar de intelectuales y artistas contra el referéndum ilegal de Cataluña. Pero cree que llega tarde y que el silencio previo ha ayudado al secesionismo.

"Nuestra generación no se lamentará tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos". Luther King

Queridos intelectuales de la izquierda,
Tomo la denominación literal con la que todo el mundo les ha presentado para aludir al manifiesto publicado en El País contra el referéndum ilegal en Cataluña, sin que haya escuchado a nadie quejarse de tal descripción, en tiempos reservada a contadas personalidades de distintos ámbitos con una característica en común: eran disidentes antes de que lo fuera nadie; ponían costosamente el tren en marcha, cuando nadie lo entendía, en lugar de subirse cómodamente en la última estación.

Claro que si esa denominación podría parecerle excesiva a alguno, empalidece al lado de la que ustedes mismos se han concedido, que transcribo literalmente:
“Los y las abajo firmantes, personas de izquierdas, de variada adscripción ideológica y de distintas culturas políticas, que hemos luchado por las libertades contra el franquismo, contra el terrorismo y contra la guerra, por los derechos de las mujeres y de las minorías sociales, y ahora contra los recortes, la corrupción y que rechazamos las políticas del gobierno de Rajoy, y con el convencimiento de que es posible un futuro común, libremente elegido, en el marco de un España plural donde estén reconocidas todas las identidades de los pueblos que la integran”.

Debe ser agotador haber luchado tanto, imagino sus agendas desde hace cuarenta años y siento una sincera conmoción y una inevitable vergüenza propia por no haber sabido estar a la altura.

- ¿Lo de combatir al franquismo es el martes por la mañana?
- No, eso es el jueves por la tarde. El martes es Irak, salvo que Juana Rivas nos necesite.

- Tenemos que buscar hueco a lo del multiculturalismo. ¿Te viene bien el viernes?
- Espera, que creo que tenemos lo de la escuela pública.

- Eso podría esperar a septiembre, que ahora hay tres meses de vacaciones. Yo estaría mejor con los recortes.
- Vale, pero ojo con la islamofobia, hay que reservarle un par de horas.

Entiendo perfectamente que con tan agotadora resistencia, les haya costado reaccionar con el problema catalán hasta que ya no quedaba más remedio, pues todo el mundo sabe además que era un problema totalmente imprevisible y que nos ha cogido por sorpresa a todos.

Desde Azaña
Por mucho que Unamuno, Azaña u Ortega ya advirtieran del fenomenal quilombo del secesionismo catalán; por mucho que desde hace lustros la Generalitat lleve anunciando o aplicando leyes, constituciones o normas segregacionistas, xenófobas y frentistas; por mucho que TV3 y la escuela pública se hayan transformado en la intoxicadora artillería del régimen y por mucho, en fin, que hayan anunciado y reiterado sus planes con más estruendo que los trompetistas de Jericó, ¿quién hubiera sospechado, verdad, que todo esto iba a pasar?

Especialmente cuando uno está centrado en tareas tan nobles como evitar que Franco siga haciendo de las suyas o que las víctimas de ETA sean un incordio en la conquista y asentamiento definitivos de la paz, ¿cómo darle importancia hasta ahora a la reiterada evidencia de que en Cataluña hay una especie de tutsis que tratan al resto como hutus?

¿Cómo intuir nada por la nimiedad de que se prohíba escolarizar a un cordobés en castellano en el 100% de los colegios públicos catalanes? ¿Cómo temer algo por la mera presentación de una Constitución secesionista, de 79 páginas y 149 artículos, que daba por “derogada la Constitución española del 27 de diciembre de 1978 y las otras normas españoles análogas que puedan quedar vigentes"; concedía la nacionalidad catalana a baleares o valencianos; clasificaba a los ciudadanos por edad y procedencia para garantizar su catalanidad o reconocía estatus de oficialidad al aranés pero no al español?

El puto Aznar de turno
Que desde la I República hasta nuestro tiempo de Cataluña hayan venido soplando vientos de secesión imprescindibles para azuzar tragedias como la propia Guerra Civil y su posterior Dictadura; tampoco era suficiente para encontrarle un hueco en su apretada agenda activista, colapsada por inaplazables asuntos de actualidad que relegaban este problemilla, achacable a la derechona, a un segundo plano.

¿Qué es eso de darle prioridad a lo que deben estar sintiendo la mitad de catalanes –ya no digo de españoles- al ver cómo sus gobernantes les cosen una cruz simbólica en la manga y les echan sentimental, cultural, legal y anímicamente de su país; teniendo ahí delante al puto Aznar, al ultraderechista Rajoy o al falangista Rivera?

Cualquiera hubiera hecho lo que ustedes. Yo seguiré disfrutando de las películas de Isabel Coixet -Cosas que nunca te dije-, de los libros de Juan Marsé –Si te dicen que caí- o de los artículos de Javier Marías y Félix Ovejero –Cuando todo es blasfemia-, porque adoro lo que hacen y porque los tres, sin manifiestos, siempre han dicho lo mismo y han contribuido a que denunciar determinadas barbaridades pareciera lo que es, materia esencial de un demócrata, y no lo que tantos de ustedes han contribuido a hacer pensar, una cosa de peligrosos españolazos nostálgicos de banderas victoriosas.

Porque el gran problema nunca ha sido la existencia de racistas en Cataluña, sino la pátina de legitimidad que tantos silencios les ha otorgado, como si fuera tolerable, normal o incluso chachi querer pirarse de España por el ilegal, inmoral y xenófobo método de echar primero de Cataluña a cualquiera que no compartiera el viaje.

Como en la izquierda siempre ha estado la clave para que la unidad de España sea un valor moderno y no un vestigio franquista -que hay que ser acémila para regalar esa bandera a un cadáver-, sus dudas y actitudes explican, sensu contrario, el crecimiento de un independentismo ilegal y aldeano que se ha servido de esa actitud para hacer prosperar la suya, y ustedes le han dejado como si todos tuvieran el mismo enemigo.

El país imaginario
Esa dimisión de ustedes al respecto de una idea nacional de España constitucional y europea explica, como pocas cosas, que una tropa retrógrada se haya sentido autorizada a combatir a pedradas contra un país imaginario donde aún gobernaba Franco, se reprimían libertades o se coaccionaban identidades, en una caricatura compartida y reforzada por ustedes mismos con infinita ligereza y notable contumacia.

Han preferido combatir contra una España que ya no existía en lugar de contra una Cataluña fundamentalista, y semejante empanada mental explica como pocas otras cosas el éxito de Puigdemont y compañía.

Ahora rectifican, y aunque alguno piense que quizá obedezca a la intención de ayudar al PSOE del confuso Pedro Sánchez a ponerse al lado del Gobierno sin que nadie le llame franquista, bienvenido sea.

Que ustedes lo luchen bien, para variar. A ver si esta vez hay suerte y, cuando un golpista le atiza dos hostias a un españolito, no salen raudos ustedes a preguntarle si se ha hecho daño en la mano.

Una hazaña de Companys7
Pío Moa gaceta.es 20 Septiembre 2017

Al revés que en casi toda Europa occidental, la democracia llegó a España por propia evolución y no por ofensivas del ejército useño. En el referéndum de diciembre de 1976 quedó claro que la inmensa mayoría e los españoles querían evolucionar a la democracia “de la ley a la ley”, partiendo de las excelentes condiciones creadas por el franquismo. Quedó rechazada la ruptura que trataba de imponer la oposición, saltando por encima de 40 años excepcionalmente fructíferos para enlazar con el régimen fraudulento del Frente Popular, lo que habría impedido cualquier democracia estable. Sin embargo el mensaje del pueblo empezó pronto a ser desoído y contrariado por Suárez y la UCD, hasta llegar a la ley de memoria histórica, ley de deslegitimación del franquismo que ilegitima la democracia y la monarquía, y nos conduce a un callejón sin salida: https://www.youtube.com/watch?v=uz9X68Eq1z8&t=1s
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Recientemente el Congreso de Diputados ha declarado nulo el juicio que condenó a muerte a Companys. En realidad estaba ya declarado ilegítimo por la antidemocrática ley de mentira histórica, pero diversos partidos han querido dar realce a la figura de Companys, presentándolo como un mártir de Cataluña y de la democracia y declarándolo nulo, cosa que da pie a reclamaciones. Con el mayor descaro estos profesionales de la siembra de odios dicen que lo hacen para cerrar heridas. El acuerdo significa que el Congreso de los Diputados se identifica con un político golpista, que ha presidido la época de mayores crímenes y robos que ha vivido quizá Cataluña en toda su historia, durante la guerra civil. Esa autoidentificación no exige más aclaraciones (…)

El asunto tuvo otra derivación: en abril del 36, fueron asesinados los hermanos Badia, Josep y Miquel, que pertenecían al ala más radical del separatismo (Estat Català). Companys y la Esquerra manipularon a la opinión culpando a la Falange, y rentabilizaron el crimen achacando ineptitud a las fuerzas de seguridad del estado. Pero todo el mundo sospechaba que detrás del crimen se ocultaba la mano de Companys, que odiaba a Miguel Badía y tenía tratos con los pistoleros ácratas. El juez encargado del caso descubrió a los autores, terroristas de la FAI, pero fue relevado por otro que soltó a los detenidos tras dar crédito a sus endebles coartadas. La justicia era evidentemente una broma. Pero los de Estat Catalá no se dejaron engañar, y el crimen redundó en tres hechos políticos: Estat Catalá se salió de la Esquerra, asesinó a un travesti, soplón del espionaje de la Generalitat, y conspiró para asesinar a Companys, según unas versiones, o para secuestrarlo y exiliarlo, según otras.

Estat Català quería aplastar a la anarquista CNT-FAI. En cambio, Companys prefería dialogar con la CNT, porque siempre había tenido lazos con ella y porque la encontraba demasiado fuerte. Además, la rebelión de octubre del 34 había demostrado la flojera de los separatistas, por lo que habría sido suicida el choque sangriento con la CNT que pretendía Badía, el cual, recuérdese, había sido el cabeza de turco, con Dencás, por el ridículo del 6 de octubre.

Al reanudarse la guerra, en julio del 36, las tensiones entre nacionalistas se hicieron feroces. Companys se alió con la CNT, aunque al mismo tiempo intrigaba con los comunistas para, en el momento adecuado, deshacerse de los ácratas. En cambio, los de Estat Catalá querían vengar a los Badía, aplastar a la CNT-FAI e imponer la secesión de Cataluña, buscando apoyo de Francia, Inglaterra y la Alemania nazi (el componente racista en el nacionalismo catalán siempre fue muy fuerte). Y elaboraron un plan para liquidar el gobierno de Companys. En la conjura entraba también el presidente del Parlament, Joan Casanovas, y el comisario de Orden Público, Andreu Reverter o Revertés. Pero, por disputas en torno al botín de los saqueos –frecuentes por aquellos días–, la CNT detuvo a Revertés, el cual, para salvarse, amenazó con descubrir trapos sucios de Companys.

El complot salió a la luz. A Reverter se le ofreció marchar a Francia pero, al salir libre, los agentes de Companys encargados de llevarle al exilio, le mataron en una cuneta. Casanovas y otros más pasaron aprisa los Pirineos. Así naufragó la conspiración, que novelo en “Sonaron gritos y golpes”.

Detrás de todo ello hay una Pequeña Historia. La ha explicado el historiador Enrique Ucelay da Cal. Miquel Badia, conocido por Capità Collons (Capitán Cojones), había tenido relaciones íntimas con una moza de las juventudes nacionalistas, Carme Ballester, casada con otro miembro del partido. Companys, ya cincuentón, se enamoró de la chica y la hizo su amante. En una ocasión, ella y el president fueron sorprendidos en pleno acto sexual en un despacho de la sede de las Juventudes. Los celos entre Companys y Badía se hicieron muy agudos, y Companys obligó a Carme a jurarle fidelidad sobre el lecho de Francesc Macià, ceremonia bautizada por el todo Barcelona como “la misa negra en la cama de Macià”. Así, la política y las faldas se combinaron en el asesinato de Badía.

Carme logró influencia política a través de Companys y con él se casó en octubre del 36. Ella detestaba a Casanovas –que también tenía una vida sentimental complicada, con una cabaretera del Paralelo–, y esa enemistad pudo influir en que Casanovas complotase contra Companys; es más difícil de entender el papel de Reverter o Revertés. Este había protegido a Carme cuando los sucesos de octubre del 34 y Carme convenció a Companys de que le nombrase comisario de Orden Público.

A Revertés se le tenía por alcahuete que facilitaba chicas jóvenes a los políticos, y había entrado en el círculo íntimo de Companys. Como comisario de Orden Público se lucraba con la exportación de metales preciosos saqueados en domicilios particulares y bancos y con comisiones sobre tráfico de armas. Su posición se la debía a Companys, por lo que debía haber otras razones para que complotase contra él. En todo caso, el negocio le salió mal. Companys le hizo creer que lo enviaba a Francia, pero no podía arriesgarse con un hombre que sabía demasiado. Por ello Revertés amaneció con dos tiros en la cabeza. Esta historia supera la novela negra más elaborada, y debería dar pie a nuevas investigaciones para aclarar puntos aún oscuros.

Sobre la muerte de Badia, algunos nacionalistas han hablado de razones éticas, pues Companys desaprobaría las palizas, torturas y algunas muertes, que Badía aplicaba a los anarquistas. Pura invención, claro. Otro separatista, Josep Andreu Abelló, explicó que Badia iba a entregarle un informe comprometedor sobre dirigentes de la Esquerra, pero que no había podido hacerlo porque el día de la cita coincidió con su asesinato.

Este Abelló tiene también una historia llamativa. En el exilio fue uno de los que manejaban los fondos del yate Vita, robados a media España. Y así, años después apareció por Tánger convertido en banquero, volvió a España sin problemas y entró en la Banca Catalana de Pujol. Durante la transición dejó la Esquerra para cofundar el PSC-Congrès, grupo que influiría en el giro proseparatista del socialismo en Cataluña.
Companys es hoy el héroe por excelencia del separatismo catalán, enaltecido en mil publicaciones, y su nombre titula estadios y centros oficiales diversos. He propuesto que personas bien documentadas escribieran una colección de semblanzas veraces de separatistas catalanes, casi todos unos cantamañanas furiosos. Su efecto sería devastador. Y con Companys, repito, se identifican nuestros parlamentarios, lo que ya indica su calidad moral e intelectual.

 


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