AGLI Recortes de Prensa   Jueves 21  Septiembre 2017

Más sobre las perniciosas autonomías
Antonio García Fuentes Periodista Digital 21 Septiembre 2017

Las autonomías españolas (“Autonosuyas según un famoso escritor español y valenciano”) fueron creadas bajo el señuelo de un canallesco engaño; puesto que las pusieron en marcha, bajo promesa de aligerarnos de trámites, impuestos y demás abusos de un gobierno central y la realidad ha sido todo lo contrario, que se traduce en, unas cargas impositivas enormemente confiscatorias, puesto que hacen pagar hasta a los muertos que dejan herencia y la que en gran parte, va a bolsillos políticos, mientras la situación del “súbdito” (que no ciudadano que en españa nunca lo ha sido) es cada vez peor, salvo la nueva “casta feudad” (la política) quw vive como jamás pensamos llegase a vivir, en las abundancias y las impunidades en las que goza y vegeta.

Entre las muchas fechorías y abusos que hacen los que dicen gobernarnos desde estos nuevos y superiores “virreinatos españoles”, son las de la enseñanza y formación de sus vasallos; desastre enorme y deformador, puesto que tal y como va, resulta que la España única que es la realidad de la del verdadero Estado Español; visto lo que obligan a aprender en las escuelas, no es ni por asomo las enseñanzas que debieran ser impartidas; o sea que hay tantas “españas (adrede con minúsculas) como autonomías; incluso el Estado central, no habla de la realidad que es histórica en España, salvo cuando al gobierno de turno le interesa un determinado hecho histórico; el resto lo olvidan y tapan y a otra cosa mariposa”.

Por todo ello ya se ha cumplido “la maldición de Alfonso Guerra… “Vamos a dejar España que no la va a conocer ni la madre que la parió”; y efectivamente, debido a los separatistas y demás idioteces que se han sacado “de los pies” los inútiles políticos que nos explotan; a no tardar mucho, prácticamente “no nos identificaremos” los de unas regiones con otras y esto se convertirá en una extraña “Babel”, donde y porque cada cual querrá resaltar sólo “su ombligo”, de España no sabremos apenas nada, salvo que recurramos a libros editados hace muchos años y sabiéndolos interpretar (La mejor historia de la época de los reyes Católicos, y la he leído escrita por un historiador norteamericano) puesto que aquí y como siempre, se sigue escribiendo según quién gobierna y sus intereses políticos, amén de las chorradas de siempre o el “tipicalhispanis de los cojones”.

La cosa llega a tal grado que hasta, “La asociación de editores de libros de texto”, ha publicado un informe demoledor sobre el diferencialismo en la enseñanza” según han ido ordenando “los dueños de las autonosuyas”; la mayoría analfabetos; ignorantes de una nación como España, que ya en la época romana-cartaginesa, se denominaba “Hispania”; eso sí, nos hastían de cocina regional y local, vinos, costumbres locales, deportes autóctonos o mundiales y en fin, del insustituible “pan y circo”, puesto que hoy como siempre, el que gobierna quiere tener dormido, borracho, drogado o sumido en la ignorancia al gobernado; o sea que nos prefieren cuanto más tontos o idiotas mucho mejor; y como todos “los dueños de las autonosuyas”, son a su vez los que controlan los medios propagandistas (que son de desorientación total de las cosas que verdaderamente nos serían de utilidad informativa y formativa) solo los emplean en relación a esa ignorancia en que hay que mantener al tan sobado pueblo; o sea lo de siempre y que tanto han explotado y explotan las denominadas religiones, que son en realidad otro tipo de partidos políticos que viven como los políticos… del pueblo que trabaja y produce… ¿qué ha cambiado pues en la humanidad? Nada, o tan poco que no merece dedicarle un espacio de escritura… sigue viviendo el que ejerce la fuerza y con ella impone todo lo que a él le conviene.

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen-ciudad.es (aquí mucho más) y
http://www.bubok.es/autores/GarciaFuentes

Montoro llega tarde: Cataluña gasta tres veces más de lo permitido en lo que va de año
La Generalidad desembolsó en el primer semestre 755 millones más que en 2016, muy por encima de lo que marca la Regla de Gasto.
Diego Sánchez de la Cruz Libertad Digital 21 Septiembre 2017

El excesivo endeudamiento acumulado por las Administraciones Públicas motivó la reforma del artículo 135 de la Constitución y dio pie a la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Bajo este nuevo marco, las dinámicas presupuestarias que siguen el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han quedado sujetas a una serie de normas, entre las que destaca la Regla de Gasto.

Desde la izquierda radical, estos mecanismos han sido fuertemente criticados. En opinión de Podemos y sus grupos afines, el nuevo paradigma "obliga" a las Administraciones a aplicar políticas "neoliberales", marcadas por la "austeridad". Pero la realidad es mucho más simple y menos ideológica: en el fondo, lo único que hace la Regla de Gasto es cuidar que los gastos no se disparen en relación con los ingresos, de modo que sí está permitido aumentar los desembolsos, pero con la condición de que antes se tomen las medidas recaudatorias que permitan financiar ese mayor gasto sin necesidad de aumentar la deuda.

De acuerdo con el ministerio de Hacienda, el aumento del gasto en 2017 no podrá rebasar el 2,1%. No obstante, los datos de la Intervención General del Estado revelan que, entre enero y junio, las comunidades autónomas se han comportado de manera poco responsable, disparando sus desembolsos por encima de la tasa permitida. Para ser precisos, el gasto de los gobiernos regionales ha crecido un 3,6% durante el primer semestre del año, rebasando claramente los niveles marcados por la Regla de Gasto.
Cataluña gasta un 6,6% más

Pero, si este desempeño ya es preocupante, especialmente negativo es lo que está pasando en Cataluña. En pleno desafío separatista, los gastos de la Generalidad han crecido con intensidad durante los seis primeros meses del año. Si comparamos los datos de 2017 con los de 2016 vemos que la ejecución presupuestaria del gobierno catalán ha subido en 755 millones de euros.

Así, según revelan los datos de la Intervención General del Estado, el gabinete de Puigdemont y Junqueras está aumentando los desembolsos a un ritmo del 6,6%, frente al 2,1% que marca la Regla de Gasto, Si depuramos los datos y nos fijamos solamente en los empleos financieros, igualmente se mantiene la tendencia: aumento del 5,4%, más que duplicando el 2,1% fijado por Hacienda.

En este sentido, las medidas extraordinarias que ha anunciado el gobierno para controlar el gasto en Cataluña llegan tarde. Cierto es que la orden que ha dado Moncloa de "congelar" todo lo que no sea gasto en educación, sanidad o servicios sociales puede ayudar a corregir la desviación observada durante el primer semestre, pero está por ver si la Generalidad cumplirá esta orden o si será el ministerio de Hacienda el que deba tomar las riendas de las cuentas públicas catalanas, tal y como avanzó Cristóbal Montoro tras la reunión del Consejo de Ministros, el pasado viernes 15 de septiembre.

Conviene recordar que, desde que comenzó la crisis, la deuda pública ha subido en Cataluña a un ritmo diario de 12 millones de euros. De hecho, casi el 80% del pasivo asumido por la Generalidad ha terminado siendo "rescatado" por la Administración General del Estado, mediante la aprobación del llamado Fondo de Liquidez Autonómica.

Tolerancia cero
OKDIARIO 21 Septiembre 2017

La situación en Cataluña ha llegado a un nivel de agresividad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de tener tolerancia cero con los golpistas. Especialmente tras los ataques de esta pasada noche en Manresa. Hasta el momento, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han actuado con la mesura necesaria para no echar gasolina al fuego independentista. No obstante, todo tiene un límite y ese límite lo marcan acosos tan flagrantes como el que ha sufrido el cuartel de la Benemérita en esa ciudad catalana. Ni el Ministerio del Interior ni el propio Gobierno deben consentir que unos exaltados cerquen un cuartel e icen una bandera ilegal en un edificio del Estado. Eso ya no son provocaciones, sino ataques frontales contra los símbolos nacionales. En definitiva, contra todos los españoles.

Los golpistas han llegado a un punto de no retorno tras este ataque y lo peor es que representantes públicos como Ada Colau o Anna Gabriel los espolean para que “tomen las calles”. Ese tipo de irresponsabilidad gestora y declarativa está llevando a situaciones como ésta, donde la escala de violencia se sitúa en posiciones muy peligrosas. La violencia sólo engendra violencia y Cataluña está ahora mismo consumida por ella. De ahí que para detener esta espiral sea necesario que el Ejecutivo tome todas las medidas pertinentes y actúe con contundencia. Está bien la estrategia de la mesura, pero a veces hay acciones que exigen una respuesta a través de la fuerza. Los agentes que de manera valerosa defienden los derechos de los ciudadanos en contextos tan complicados como es ahora mismo el de la región catalana no pueden estar al albur de un millar de macarras hasta el punto de no poder salir del cuartel.

Es cierto que la situación es muy delicada y su gestión más todavía. Los sediciosos subirán el nivel de tensión y violencia para buscar una respuesta por parte de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es la única manera, amparados en el victimismo, de encontrar una excusa para una deriva política y social que carece de sentido y asiento legal y que lleva a todos los catalanes hacia el precipicio económico e institucional. No obstante, el Gobierno tiene que acabar con este tipo de acciones antes de que ocurra una desgracia o un linchamiento. En definitiva, antes de que la imagen de España recorra el mundo como un lugar sin ley. Algo que no sólo nos afectaría en las relaciones políticas, sino también en la economía. Imágenes como las de Manresa no se pueden volver a repetir. Nos jugamos mucho como para que un grupo de acémilas imponga las reglas de nuestra sociedad.

Elogio de la autoridad
José Javier Esparza gaceta.es 21 Septiembre 2017

Auctoritas, non veritas, facit legem. Es la autoridad, y no la verdad, la que hace la ley. El clásico de Hobbes puede parecer cínico, pero es una evidencia: por muy puesta en razón que la ley esté, de nada sirve si no hay una autoridad capaz de imponerla. Puede ocurrir que una ley sea objetivamente injusta y se imponga sólo por la coerción; entonces nos hallaríamos ante un dilema moral que justifica la rebeldía. Pero si la ley es objetivamente justa, racional y además legítima, entonces el recurso a la autoridad no sólo no es arbitrario, sino que es también esencialmente justo. Y al revés, la inhibición de la autoridad es fuente de males sin fin.

Lo que ha hecho el Gobierno Rajoy en Cataluña es, simplemente, ejercer la autoridad legítima del Estado. Nuestros gobiernos deberían haberlo hecho semanas atrás, meses atrás, años atrás. Es precisamente esa cobarde demora lo que confiere una atmósfera tan traumática a las decisiones presentes. Pero si se hubiera esperado aún más, todavía peores habrían sido las consecuencias. Al final, la disyuntiva era simple: o reventar un absceso con el consiguiente ruido, o dejar que el absceso creciera hasta inundarlo todo. La moraleja de esta historia no puede ser “es malo ejercer la autoridad”, sino la contraria: “Es preciso ejercer la autoridad permanentemente”.

Hasta hoy, la inmensa mayoría de los españoles miraba perpleja cómo una minoría separatista podía impunemente burlar la ley e incluso jactarse de ello. Hoy, aun con el regusto amargo de los años pasados, sabemos al menos que en España el Estado sigue siendo capaz de representar los intereses generales. Elogio de la autoridad.

Enemigos
Cuando tuvo que elegir entre España y traición, la extrema izquierda siempre eligió traición
David Gistau ABC 21 Septiembre 2017

El tablón de «Enemigos del Pueblo» confeccionado en Cataluña con los rostros de los alcaldes resistentes es un recordatorio de cierta forma de desamparo que sólo al Estado concierne corregir. Al Estado: no con los movimientos de masas de choque populares con los que muchos fantasean en las cafeterías de la calle Serrano de Madrid o sacando al perro por el Retiro. Lo malo es que el Estado hace tiempo que se retiró de Cataluña donde, acomplejado y diluido como el propio PP allí, quedó amedrentado por la hipótesis viciosa de que su mera existencia era una provocación que «fabricaba independentistas». Por ello hace falta una disposición corajuda, todavía no tan heroica como la exigida antaño en los pueblos patrullados por la ETA donde el tablón era el preludio del asesinato, para asumir posiciones de desobediencia a los desobedientes. Porque no está claro que el Estado vaya a respaldarlas, que el Estado vaya a aparecer. Sobre todo cuando ahora, además de las adjudicaciones de fabricar independentistas, tendrá que hacer frente a la campaña de descrédito de una extrema izquierda que, cuando tuvo que elegir entre España y traición, siempre eligió traición. Siempre eligió ideología. Con la única excepción, tal vez, del PCE de la Transición, despreciado ahora por ello por las mutaciones podemitas que se arrogan el control de la Transición pendiente e incluso de las maniobras de guerra en el frente del Ebro, también pendientes de resolución.

Ya hicimos la observación, al cubrir el mitin de Santa Coloma, de que Pablo Iglesias, con un oportunismo sin escrúpulos, había encontrado en el independentismo una herramienta con la que obtener su único propósito: el colapso del 78 y la patente de reconstrucción, incluida la exclusión de por vida de la derecha social. La complicidad trenzada por este motivo está adquiriendo, mediante el intento de sabotaje de la reacción de Estado, unas cuotas de inmundicia y de irresponsabilidad histórica que tampoco servirán para sacar de su autoengaño a los marxistas-rococós que encontraron aquí el nuevo parque temático utópico. Consideraba un alivio y un milagro, sobre todo para lo que cabía esperar de las ambiciones de Moncloa inmediata de Sánchez, que el PSOE no se hubiera dejado arrastrar a semejante lodazal pese a los pactos fáusticos alcanzados o al menos esbozados con Podemos. Al menos hasta la votación parlamentaria de ayer, que lo arruina. El PSOE fundacional del 78, pese a las veleidades revolucionarias e incluso asamblearias con las que a menudo trató de contrarrestar la fotogenia podemita en tiempos radicales, no puede causar semejante decepción que además habría dejado la defensa de España en las manos únicas de Rajoy -nunca me acuerdo de Rivera, es difícil verlo-. Nada sino eso habría querido Rajoy, pues un mínimo acierto a solas en esta encrucijada le va a permitir convocar elecciones anticipadas con una legítima confianza en la mayoría absoluta.

Carta abierta a todos los españoles, y en especial a los catalanes
OKDIARIO 21 Septiembre 2017

No dejéis que os llamen fascistas, no dejéis que digan que no sois demócratas por estar en contra del referéndum. No sólo tenéis la ley de vuestra parte, también tenéis la razón. La ley porque defender la Constitución es defender la igualdad y los derechos de todos. Tenéis derecho a que España entera siga siendo vuestro país, con todo lo que ello implica, y eso es lo que hoy y en los próximos días defenderán todos los jueces y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y tenéis razón porque la secesión es profundamente antidemocrática e insolidaria. España es una comunidad política de personas que se ayudan unas a otras, de personas que se reconocen como iguales. Romperla es acabar con esa igualdad, con esa solidaridad. Como escribía hace poco el diplomático y articulista Juan Claudio de Ramón, los hombres no pueden autodeterminarse de las mujeres, ni los blancos pueden hacerlo de los negros, ni los heteros tampoco de los homosexuales. Nada de esto se consideraría democrático, incluso si se hiciera de manera legal.

Pero una insistente manipulación del espacio público ha hecho que algunos crean que es democrático que los catalanes se autodeterminen del resto de los españoles (aunque no los barceloneses del resto de catalanes, por supuesto). Esta manipulación incluye manifestaciones supremacistas y xenófobas que conducen a laminar política y socialmente a los no nacionalistas, como pudo verse en las tristes sesiones del Parlamento de Cataluña en las que se aprobaron de forma ilegal la ley golpista del referéndum y la llamada de ‘transitoriedad jurídica’.

Tenemos la razón, estamos en el lado correcto y es hora de decirlo. No dejéis que os llamen fascistas.

Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

Desocupados por la independencia
Pablo Planas Libertad Digital 21 Septiembre 2017

No hay nada edificante en que un secretario judicial se tenga que calar un pasamontañas para que no le vean la cara los pacifistas que intentaron entorpecer el martes las tareas de la Guardia Civil en la empresa que iba a enviar por encargo de la Generalidad las notificaciones a los presidentes y vocales de mesas del 1-O. Tarrasa no es una ciudad pequeña, pero sí de aquellas en las que casi todo el mundo se conoce.

La propaganda separatista insiste en el carácter "cívico y pacífico", cuando no "festivo", de sus actos en la calle. No parece que la imagen del secretario judicial encapuchado avale la lírica interpretación de la revuelta de las sonrisas. Tampoco ayudan las agresiones a dos trabajadores de una sede del PSC en Barcelona o los coches de la Guardia Civil destrozados en el centro de Barcelona aprovechando el anonimato que proporciona el gentío. Ni mucho menos los insultos y el señalamiento de los dirigentes y militantes de los partidos contrarios a un referéndum antidemocrático. Y aún menos que todo eso lleve el aval del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, quien en otro ejercicio de insensata irresponsabilidad llama a la ciudadanía a tomar las calles y mantiene la convocatoria del referéndum, del que TV3 vuelve a emitir anuncios mientras se solaza en el seguimiento de las protestas separatistas y oculta los brotes de violencia.

El trabajo de la Guardia Civil en Cataluña se lleva a cabo en medio de grandes dificultades de toda índole. Aun así, ha logrado incautarse de los sobres para los miembros de las mesas, de millones de papeletas que la Generalidad había escondido en un almacén de la localidad barcelonesa de Bigas y de documentación que hará imposible que cuando todo esto llegue a juicio, si es que llega, Puigdemont y Junqueras puedan alegar, como Mas, que la consulta salió del pueblo por generación espontánea.

A la hostilidad de los jóvenes de la CUP y los desocupados por la independencia se debe añadir la pasmosa pasividad de los Mozos de Escuadra, cuyos agentes no reciben órdenes sino instrucciones contradictorias por parte de unos mandos politizados y sometidos en última instancia al criterio de un consejero, Joaquim Forn, comprometido hasta el cuello en el golpe de Estado separatista. No de otro modo estaría al frente de Interior tras la última purga en sustitución de un consejero, Jordi Jané, que se mostraba más preocupado por la amenaza terrorista que por el 1-O. Quienes hablaron con Jané los días previos a su destitución, el 14 de julio pasado, describen a un hombre obsesionado ante el riesgo de atentado, a lo que se refería explícitamente incluso en público.

Frente a la incomparecencia general de los 17.000 policías que forman el cuerpo autonómico, policías municipales de toda Cataluña y guardias civiles y policías nacionales llegados de toda España tienen que asumir el desafío a la democracia en unas condiciones de estancia lamentables y con salarios, dietas y complementos de vergüenza en comparación con sus colegas mozos. Los bochornosos episodios de estas horas ponen de relieve los efectos de la desaparición del Estado en Cataluña desde hace décadas.

Había quien sostenía de forma un tanto campanuda que los Mozos no permitirían que en Cataluña se pisoteara la ley, que a la hora de la verdad estarían en el lado correcto. Otro significativo fallo de interpretación de la realidad. A los Mozos los han puesto de canto entre quienes escupen insultos y los guardias civiles que cumplen las órdenes de jueces y fiscales y empieza a no estar claro si es para contener a los manifestantes o para velar porque los fanáticos puedan vejar sin consecuencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ahí que Policía Nacional y Guardia Civil hayan comenzado a evitar la ayuda de los Mozos.

El Gobierno ha llegado tarde y llega mal a Cataluña, pero ha llegado. Sólo falta que deje de parapetarse en jueces, fiscales y, sobre todo, en la Guardia Civil y la Policía Nacional y aplique el artículo 155 de la Constitución, le guste al PSOE o no. Rajoy no quiere tomar según qué decisiones en soledad. Prefiere que se partan la cara unos agentes mal pagados parachutados en territorio hostil. Provoca escalofríos la tremenda irresponsabilidad gubernativa de los últimos meses, cuando se pretendía una operación Diálogo con quienes han arrasado las libertades civiles, la democracia y la idea de España en Cataluña. Junqueras era el dialogante de la contraparte.


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Antonio Burgos destroza a los independentistas contando las mentiras que callan

ESdiario 21 Septiembre 2017

Se acabó el tiempo de lo políticamente correcto. La situación y las posiciones ya no pueden estar más enconadas en Cataluña y el periodista ha decidido ahondar en eso que nadie dice.

La situación en Cataluña ya no puede estar más enconada, pero no todo lo que cuenta el independentismo tiene una sola lectura, ni muchísimo menos. Que le pregunten al periodista Antonio Burgos, que este miércoles se despacha a gusto en su columna de ABC enumerando todas las mentiras que delatan a los separatistas.

Vamos, que a su juicio, "esto tendría incluso su gracia si no anduviésemos todavía por la fase de la tragedia, según la conocida frase de Marx: "La Historia se repite una vez como tragedia y luego como farsa". Exigen el famoso derecho a decidir que ellos mismos no conceden a los demás".

Y no son pocos los ejemplos, tal como recoge Burgos en un artículo demoledor que destapa a las claras la hipocresía del independentismo: "Exigen el derecho a decidir los mismos que multan a los comerciantes que quieren rotular sus establecimientos en lengua española. Te crujen si ejerces tu derecho a decidir poner en la muestra de comercio lo que te salga del alma.

Exigen el derecho a decir los mismos que impiden a los padres que puedan decidir que vayan a una escuela pública donde enseñen el español y que la lengua vehicular sea la de Cervantes...

Exigen el derecho a decir los mismos que no permiten que pueden optar a hacer oposiciones a un puesto de funcionario en la administración autonómica quienes no tengan ni idea de catalán.

Exigen el derecho a decir los mismos que le conceden toda autoridad al Pleno del Parlamento catalán pero se la niegan al mentado Tribunal Constitucional y se pasan por el forro de la estelada la declaración de ilegalidad del referéndum y de las llamadas leyes de desconexión.

Exigen el derecho a decir los mismos que se lo niegan a los alcaldes a los que no les ha dado la gana de sumarse al aquelarre de la farsa colectiva del referéndum de las urnas de cartón y de las papeletas del Ikea construidas por los propios votantes.

Exigen el derecho a decir los mismos que ponen en vengativos carteles de escarnio público a esos alcaldes que han tomado una opción tan libre como ellos dicen que es la suya.

Exigen el derecho a decir los que consideran libertad de expresión largar cuanto quieran contra España, la Constitución de 1978, el Rey, contra la bandera y contra el sursum corda pero no consienten que los demás opten por defender justamente los símbolos de esos principios elementales que nos han consolidado como una democracia europea.

Exigen el derecho a decir los que hasta han archivado su propia bandera autonómica cuatribarrada adoptando como un desafío la copiada de Cuba o Puerto Rico".

"Por todo lo cual", concluye Antonio Burgos, "algunos exigimos al Gobierno que decida ejercer cuanto antes todo el poder del Estado, en corto y por derecho, contra los que se saltan las leyes a la torera".

Lo que hay que desbaratar es el 'procés'
EDITORIAL Libertad Digital 21 Septiembre 2017

Con la desarticulación del 1-O no se ha desbaratado el 'procés', que ni mucho menos se agota en esa consulta radicalmente ilegal.

Hay algo peor y más surrealista que la renuencia del Gobierno de Rajoy a suspender la autonomía catalana en aplicación del artículo 155 de la Constitución: y es que se llegue a pensar que dicha suspensión ya ha sido ejecutada, tal y como ha sostenido este miércoles Carles Puigdemont, en una comparecencia en la que ha perpetrado un delito de sedición al llamar a los ciudadanos catalanes a que se alcen, pública y tumultuariamente, contra la aplicación de las leyes y las resoluciones judiciales.

Y esto es lamentablemente así no ya porque la cacareada intervención de las cuentas de la Generalidad no está orientada a evitar el incumplimiento de los objetivos de reducción del déficit a la luz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, con la que está cayendo, sería obviamente lo de menos. Lo crucial es que tampoco está pensada para evitar la financiación pública del ilegal proceso secesionista que se está desarrollando en Cataluña desde 2012; sino sólo para impedir, "durante todo el tiempo que sea preciso", la financiación pública de la felizmente desbaratada consulta del 1 de octubre.

Como es perfectamente constatable en las órdenes de intervención del Ministerio de Hacienda, así como en las declaraciones del propio Cristóbal Montoro, la finalidad de dicho control es garantizar que, en el pago de servicios públicos "esenciales" y "no esenciales" por parte de la Generalidad, no se cuelen recursos destinados a la organización del lo que es sólo un capítulo –muy grave, pero puntual– del golpe a cámara lenta que se está perpetrando en Cataluña. Así pues, el control financiero de la Generalidad tendría fecha de caducidad.

Por ello, y al margen de algo tan decisivo como el hecho de que el pago a los proveedores de todo el material de la consulta –felizmente interceptado– ya podría haber sido desembolsado por la Administración golpista, queda pendiente la cuestión no menos decisiva del pago de las nóminas y de las facturas generadas por las numerosas estructuras de Estado que la Generalidad ha venido erigiendo en clamorosa y confesa desobediencia de las sentencias del Tribunal Constitucional. Tal es el caso de las embajadas separatistas en Lisboa, Roma, Copenhegue, Varsovia, Ginebra, Zagreb, Rabat, Seúl, Buenos Aires o México DF, por citar sólo las que el vigente titular de la supuestamente suspendida Consejería de Asuntos Exteriores de Cataluña, Raül Romeva, ha abierto, en una más que silenciosa silenciada desobediencia al TC.

Para poder abonar este mismo mes de septiembre las nóminas de esas ilegales estructuras de Estado no sólo será necesario que el propio Montoro las cuele como pago de "servicios no esenciales de la Generalidad", sino que los medios de comunicación españoles lo silencien o, peor aun, equiparen esas embajadas a las, ciertamente, muchas e innecesarias agencias comerciales que otras comunidades autónomas tiene dispersas por el mundo. Con todo, hay una crucial diferencia, política, jurídica y si se quiere moral, entre., por ejemplo, una agencia riojana dedicada a la promoción del vino de aquellas tierras y unas agencias catalanas volcadas en la difusión en el exterior del ilegal proceso secesionista. Lo primero es, en todo caso, un despilfarro; lo segundo, un continuado delito de malversación de fondos públicos.

Para qué hablar del pago, ahora a las órdenes de Montoro, de otros "servicios públicos no esenciales" como el sostenimiento de una televisión pública catalana radicalmente comprometida con el golpe que no caduca el 1 de octubre; o del pago de "servicios públicos esenciales" como el relativo a una educación que, siendo competencia de los nacionalistas, proscribe el castellano en la enseñanza e inocula el desprecio –cuando no el odio– a España. Y es que hay algo mucho peor que no impedir la consulta secesionista del 1-O: creer que, con la encomiable desarticulación policial de la misma se ha desarticulado el procés y se ha evitado la comisión de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de fondos públicos y, ahora, sedición por parte de unos individuos que han de ser desalojados del Gobierno regional y sentados en el banquillo de un tribunal.

Los separatistas chocan con la realidad
Alejo Vidal-Quadras gaceta.es 21 Septiembre 2017

Tal como ha venido asegurando el Presidente del Gobierno, y a diferencia de lo que sucedió con la pantomima del 9-N de 2014, el próximo 1 de Octubre el referéndum inconstitucional e ilegal convocado y organizado por los separatistas de Junts pel Sí, la CUP y sus asociaciones satélite alimentadas con nuestros impuestos, no tendrá lugar. Al final, la lenta y pesada máquina del Estado se ha desperezado y ha empezado a arrollar a los sediciosos. Tal como algunos habíamos predicho, Rajoy, a pesar de su innata aversión al conflicto y a la acción decidida, se ha visto obligado a tomar medidas efectivas, con el mínimo esfuerzo, tal como es habitual en él, pero suficientes para liquidar la loca aventura de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y compañía. La verdad es que los independentistas son bastante patéticos con su grandilocuencia impostada, su épica de pacotilla y sus fantasías megalómanas. Están bastando unas docenas de guardias civiles, unas pocas patrullas de Mossos d’Esquadra y un juez de instrucción para desmontarles el tinglado. Tanto flamear de banderas pseudocubanas, tanto discurso inflamado, tanta sesión del Parlament tormentosa y tanta gente en la calle en las Diadas para inflar un globo que se pincha con la misma facilidad que el que lleva un niño en un parque.

Es lo que pasa cuando un tropel de genteta quiere jugar a ser héroes homéricos. Ver a los cabecillas de esta rebelión menestrala prodigarse en gesticulaciones pretendidamente grandiosas causa la misma irrisión que provocaría el Sr. Esteve jugando a ser Aquiles. ¿O es que no sabían que el dinero que manejan -y que roban en cuanto nos descuidamos- procede del conjunto de los contribuyentes españoles y que por tanto Cristóbal Montoro les podía cortar el grifo si llegaban demasiado lejos en sus tropelías? ¿Ignoraban también que viven en un Estado democrático de Derecho, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y que en este tipo de marcos jurídicos al que incumple la ley el peso de ésta le cae encima? ¿Tampoco eran conscientes acaso de que sus funcionarios y sus policías no son suyos, sino del Estado, y que si las cosas se ponían feas nunca iban a poner en riesgo su puesto, su salario y su pensión para seguirles en sus ridículos delirios? ¿No advirtieron, pobres locos, que su vulnerabilidad era extrema y que la única forma en la que podían conseguir su objetivo era mediante la fuerza y que son demasiado cobardes y demasiado débiles frente a la mole de España para ni siquiera intentarlo? ¿En qué mundo imaginario han fabricado sus sueños febriles para sufrir tan duro despertar?

El Presidente de la Generalitat ha clamado en su desesperación que el Gobierno de la Nación ha vulnerado la Constitución y que ha implantado un estado de excepción de facto en Cataluña. Sigue sin enterarse y así le va. El que se ha ciscado en el ordenamiento vigente desde hace meses es él y sus compañeros de viaje a ninguna parte y el que pretendía establecer una situación anómala era él al proclamar una república onírica que sólo existe en su desviada cabeza. El Gobierno central, muy a disgusto, eso sí, se ha limitado a ponerle en su sitio con la misma aburrida parsimonia con la que un guardia municipal pone una multa de tráfico.

Se ha acabado el recreo y hay que volver a entrar en el aula para someterse a los exámenes. Ahora a la cúpula del fallido golpe -un amago de copet, que no hay que exagerar- le espera un via crucis de querellas, multas, inhabilitaciones y quién sabe si una temporadita entre rejas. Es el sino de los cortos de luces que se meten en operaciones en las que pierde todo el mundo, pero sobre todo los que las montan.

Ojalá este mal trago sirva para que los tres partidos constitucionalistas reconozcan de una vez que el Estado Autonómico en su configuración presente es políticamente caótico y presupuestariamente ruinoso y se pongan de acuerdo en una reforma que impida que en el futuro tengamos que volver a soportar espectáculos tan penosos como los de estos infaustos días.

Rajoy sigue sin tomar decisiones ‘ejecutivas’
Pablo Sebastián republica 21 Septiembre 2017

Frío discurso del presidente del Gobierno Mariano Rajoy y ausencia de contundentes decisiones ‘ejecutivas’ ante la gravedad de la situación en Cataluña y el creciente desafío al Estado del Gobierno de la Generalitat. El que preside Carles Puigdemont sentado en el delito de ‘sedición’ sin que el Gobierno o el Tribunal Constitucional actúen contra los responsables del golpe de Estado catalán. Los que se han atrincherado detrás de una muralla de manifestantes a los que pretenden enviar a una batalla campal de orden público donde no se pueden excluir actos de violencia.

Está muy bien la actuación de los jueces y la fiscalía para desmontar todo el equipo del vicepresidente Oriol Junqueras que preparaba el referéndum y confiscación de papeletas y documentos para la celebración de la consulta del 1-O, lo que prueba que los servicios de inteligencia están acertando por más que aún les queda por descubrir e incautar las urnas y copias del censo.

Y está bien que el presidente Rajoy explique y defienda la aplicación de la Ley en Cataluña en defensa del Estado de Derecho y la Constitución. Pero ayer noche se esperaba mucho más de Rajoy porque los jefes del golpe de Estado catalán siguen sentados en las instituciones que el Estado tiene en Cataluña violentando la legalidad y haciendo llamamientos a la rebelión popular sin que nadie los saque de las instituciones.

Y vamos a recordar las decisiones que Rajoy debe y puede tomar porque con su estrategia de débil y ‘proporcional’ respuesta está envalentonando a los manifestantes independentistas camino de un enfrentamiento civil de dimensiones imprevisibles y contra el que difícilmente se puede dar una respuesta ‘proporcional’. He aquí algunas de las decisiones ‘ejecutivas’ que Rajoy debe y puede tomar:

-El Tribunal Constitucional, a petición del Gobierno o ‘de oficio’ y en cumplimiento del artículo 92 de la Ley del propio TC, debe proceder a la ‘suspensión’ inmediata del presidente de la Generalitat y su gobierno, así como a la de la presidenta del Parlament y los miembros de la Mesa de la Cámara que la apoyan.

-El Gobierno de Rajoy, ante la pasividad de los Mossos de Escuadra que incumplen la orden de la fiscalía de investigar e impedir el referéndum, debe activar la Ley de Seguridad Nacional para poner a los Mossos bajo el control directo del ministerio de Interior.

-El Gobierno, a ser posible con el apoyo del PSOE y C’s, debe requerir a Puigdemont que acate de inmediato la legalidad y en el caso contrario convocar el Senado para activar el artículo 155 de la Constitución que permitirá al Ejecutivo suspender la autonomía catalana, cuando lo crea necesario y en la medida y proporción que lo considere oportuno.

-La Fiscalía del Estado que ha imputado al gobierno catalán y a quienes le apoyan los delitos de ‘desobediencia, prevaricación y malversación’, deben ampliar sus acusaciones a los delitos de ‘sedición’ –por el claro tumulto que acompaña a los rebeldes- y ‘revelación de secretos’ –por uso de bases de datos para el referéndum- y si se producen incidentes violentos también al delito de ‘rebelión’.

Si el Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Fiscalía no actúan en este sentido en las próximas horas se van a equivocar una vez más porque si se llega a la fecha del 1-O con Puigdemont en la Generalitat y Forcadell en el Parlament lo más probable es que Puigdemont a partir del 1-O proclame la independencia de Cataluña desde ¡la presidencia de la Generalitat! Y a partir de ahí Dios dirá, porque no basta con suspender el referéndum, hay que restituir la legalidad y el orden constitucional.

La ley es la democracia
Editorial larazon 21 Septiembre 2017

No conviene dejarse confundir por la ficción delirante del separatismo catalán ni, por supuesto, por el juego electoralista y rapaz de la extrema izquierda antisistema, capaz de cualquier acción que suponga desestabilizar al Gobierno y, de paso, el actual sistema democrático español. Detrás del pretendido «todos» contra Mariano Rajoy, comodín ya demasiado manoseado por Pablo Iglesias y Ada Colau, no hay más que el reconocimiento implícito de un error grave: haberse puesto del lado de los golpistas. Porque, como expresó el presidente del Gobierno en su declaración institucional de ayer, la Ley no es una mera imposición arbitraria, sino que su respeto es la esencia misma de la democracia. Son, pues, golpistas quienes se arrogan una legitimidad que no tienen y tratan de hacer pasar el hecho de votar como sinónimo de democracia, cuando ésta sólo existe desde el respeto a las leyes y a los derechos de todos los ciudadanos.

Así, ni el Gobierno ha declarado el estado de excepción en Cataluña, falacia sonrojante del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni se ha suspendido la autonomía ni se han limitado en modo alguno los derechos de los catalanes. Por el contrario, las intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bajo las órdenes del juez, que ha actuado de oficio, y las que, sin duda, se producirán en los próximos días, no tienen otra razón de ser que la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y del propio Estatuto de autonomía de Cataluña. Los resultados de la investigación demuestran lo acertado de la medida judicial, por cuanto se ha dado un golpe muy eficaz a la logística del referéndum ilegal, pero, también, a la articulación normativa de la anunciada la república catalana.

Los altos cargos de la Generalitat detenidos por la Guardia Civil, que no son aforados, no sólo tenían a su cargo los hilos de la organización de la consulta, sino la preparación del acto sedicioso de la proclamación unilateral de independencia. Frente a los hechos desnudos, la reacción de los partidos nacionalistas catalanes, en un ejemplo académico del fenómeno sociológico del victimismo, llama a la estupefacción y sólo se entiende desde el cinismo desvergonzado de quien, con constancia de mejor causa, endosa a los demás las consecuencias de sus actos. Sólo faltaría para completar el retrato, que las autoridades en rebeldía contra la Ley, las mismas que más obligación tenían de cumplirla y hacerla cumplir, azuzaran la calle contra la labor, por otro lado impecable, de quienes tienen encargada la defensa de la legalidad y actúan bajo las órdenes de la Magistratura y la Fiscalía.

El desbordamiento de la democracia parlamentaria por la movilización callejera de una minoría fanatizada, por más ruidosa que ésta sea, es un acto golpista que no será tolerado, por más que desde algunos sectores de Cataluña y del resto de España se haya querido confundir la moderación del Gobierno frente a los comportamientos sediciosos de la Generalitat con una supuesta debilidad. No. Se cumplen, punto por punto, las previsiones que hizo el presidente del Gobierno cuando la deriva secesionista cruzó la línea de la inconstitucionalidad y sus impulsores se situaron al margen de la Ley. Con proporcionalidad, tratando de dañar lo menos posible a las instituciones de Cataluña, y con el respeto debido a los procedimientos jurisdiccionales, el Gobierno, con el respaldo reiterado de los principales partidos constitucionalistas –que representan a la inmensa mayoría del pueblo español– no ha vacilado a la hora de tomar las medidas de fuerza que ha considerado imprescindibles.

Tal vez, la que más impacto pueda tener a corto plazo sea la intervención, justificada y oportuna, por parte de Hacienda de las cuentas de la Generalitat, pero de las consecuencias negativas que traiga esa decisión para la economía familiar de los 170.000 funcionarios que dependen de Carles Puigdemont y de su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, serán responsables exclusivamente quienes se niegan, una vez más, a cumplir con el ordenamiento jurídico. Oriol Junqueras debe facilitar la documentación que le ha sido requerida o tendrá que explicar a sus funcionarios qué pretende, aparte de una improbable culpabilización del Gobierno, dificultando el cobro de sus nóminas. A estas alturas, y dado el desarrollo de los acontecimientos, hay que estar muy fugado de la realidad para creer que el Estado va a permitir la celebración del referéndum independentista o la segregación de Cataluña. Lo reafirmó ayer Mariano Rajoy: lo que pretenden los separatistas ni es legal ni legítimo y lo que está en juego es «el propio fundamento de la democracia».

Ante las dificiles horas a las que se enfrenta España
Editorial conjunto de los directores de La Tribuna del País Vasco y de La Tribuna de Cartagena 21 Septiembre 2017

España se enfrenta, acaso, a las horas más difíciles para el mantenimiento de su integridad territorial de los últimos ochenta años. La fragilidad de un Gobierno cobarde, que a falta del coraje suficiente para asumir su obligación va aplicando por trozos el artículo 155 de la Constitución Española, está dando alas al independentismo catalán, hasta el punto de que ya desafía abiertamente a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado.

Los últimos acontecimientos (los que conocemos a la hora de redactar este Editorial conjunto ya que, sólo Dios sabe de aquí a unas horas qué es lo que puede llegar a pasar) demuestran claramente que el envalentonamiento de los sediciosos, lejos de aplacarse por las amenazas judiciales y por las medidas económicas, cobra cada vez más fuerza y se lanza a ocupar las calles sin miedo alguno a ser contenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que además, en el caso de los Mossos de Escuadra, no tenemos ninguna certeza de a quién están obedeciendo en estos momentos ni, menos aún, de a quién piensa obedecer en los próximos días.

Los ciudadanos españoles amantes de la patria que son naturales o que viven en Cataluña, permanecen absolutamente acobardados y algunos, los más valientes, quienes no dudan en hacer público su amor a la patria, son perseguidos y amenazados sin que el Estado cumpla con su obligación constitucional de defenderlos. Mientras tanto, en el resto de España, la extrema izquierda antiespañola se manifiesta abiertamente en Madrid, y en otras capitales, apoyando abiertamente a los secesionistas sin que sean reprendidos ni disueltos por las fuerzas de orden público. El pueblo español calla y permanece atónito ante lo que está ocurriendo.

Por eso nosotros, como medios de comunicación libres e independientes, que amamos a nuestra patria y que estamos orgullosos de nuestra españolidad, no podemos permanecer al margen de cuanto está ocurriendo. Actuamos lejos del buenismo imperante (que no viene a ser sino una forma de cobardía o de antipatriotismo) y manifestamos nuestro sentimiento y nuestro pensamiento sin ninguna reserva sentimental ni intelectual.

Amamos a España porque España es mucho más que una forma de Estado o que una Constitución, situaciones, ambas, absolutamente coyunturales. Amamos a España porque es mucho más que una circunstancia histórica y porque, de igual modo, amamos profundamente a Cataluña por española y porque la queremos cada vez más española, lo mismo que al resto de las regiones de España. España es la base de nuestra libertad.

La situación exige de la máxima contundencia que, desgraciadamente, no parece entrar en los planes del presidente del Gobierno.

Por ello exigimos al Jefe del Estado, en su obligación constitucional de ser garante de la unidad de la patria, que actúe como lo hizo su padre el 23 de febrero de 1981, ante unos sucesos absolutamente excepcionales pero que, a diferencia de los actuales, al menos no hacían peligrar en absoluto la unidad de las tierras del país. Exigimos al Jefe del Estado también, que en su condición de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, ordene y lidere la obligación constitucional que asiste a las Fuerzas Armadas de defender la unidad y soberanía de la patria.

Nos encontramos ante unos momentos cruciales en la historia de España, unos momentos en los que, según actúe Gobierno de España y Jefatura del Estado, la nación seguirá existiendo o se desmembrará irreparablemente. Se trata de una misión histórica ante la que no caben posiciones intermedias, eso que Rajoy llama “proporcionalidad”.

Por eso, desde La Tribuna del País Vasco y desde La Tribuna de Cartagena exigimos la inmediata y completa aplicación del artículo 155 de la Constitución española, la detención del presidente de la Generalitat y de todos sus consejeros, así como de cuantos se manifiesten abiertamente como opositores al cumplimiento de la ley. Y exigimos, también, la asunción por parte de la Jefatura del Estado de las atribuciones que le corresponden en una situación límite como la que nos encontramos.

También hacemos un llamamiento a todos los españoles de bien a que no pierdan la calma y a que exijan de sus gobernantes la máxima contundencia para preservar aquello que es de todos: la unidad de la Patria y la defensa de la democracia.

¡Hay que ganar el 1-O!
El plan de los golpistas es tomar la calle. El del Gobierno ha de ser aguantar el pulso, cueste lo que cueste
Isabel San Sebastián ABC 21 Septiembre 2017

Tras cinco años de chulería y desacatos impunes por parte del nacionalismo secesionista, al fin ha despertado el Estado del letargo en el que sesteaba. Al fin han dado un puñetazo conjunto en la mesa los poderes Ejecutivo y Judicial, obligados a defender el orden constitucional, con el fin de parar los pies a los golpistas. ¡Más vale tarde que nunca!

Hoy es preciso aplaudir y apoyar sin reservas la actuación del Gobierno, asumiendo el control del dinero destinado a la Generalitat declarada en abierta rebeldía, tanto como la de la Guardia Civil y la Policía Nacional, cumpliendo con enorme profesionalidad las instrucciones de jueces y fiscales empeñados en impedir la comisión de un delito anunciado a bombo y platillo. Podría haberse hecho antes y también haberse hecho mejor, pero llegados a este punto no cabía sino emplear todos los recursos del Estado de Derecho, incluida la fuerza, para garantizar el respeto a la legalidad, sin la cual no hay democracia posible. La única alternativa era resignarse mansamente a dar por liquidada España, lo que habría equivalido a una traición en toda regla.

Los sediciosos pondrán ahora el grito en el cielo; se les da muy bien llorar. Tratarán de dar la vuelta a la realidad, presentándose como víctimas de un poder opresor, cuando llevan más de un lustro desafiando o ignorando las reglas de juego que permiten la existencia de sus instituciones autonómicas. Apelarán a sus aliados político-mediáticos, principalmente Podemos y sus televisiones altavoz, con el fin de sembrar división en el Congreso de los Diputados tanto como en la opinión pública. Redoblarán la presión ejercida sobre alcaldes, funcionarios (en especial Mossos d´Esquadra) y demás cómplices necesarios para la consumación del golpe, multiplicando las coacciones en un intento desesperado de someterlos por el miedo… Pero sobre todo recurrirán a lo que recurren todos los movimientos nazi-fascistas, comunistas, populistas y totalitarios de diverso pelaje, ayunos de razón democrática: la calle. Es lo único que les queda. A falta de vía libre para celebrar su referéndum de autodeterminación ilegal, inconstitucional, contrario a la legislación de la Unión Europea e incluso a la doctrina de las Naciones Unidas, los golpistas llamarán a la "resistencia pasiva" de sus huestes, adoctrinadas y apesebradas durante décadas en el empeño de fidelizarlas. Su plan es crear un conflicto de orden público de tal gravedad que el Gobierno se vea obligado a dar marcha atrás. El del Gobierno no puede ser otro que aguantar el pulso, cueste lo que cueste. La legitimidad está de su parte.

Aciertan quienes advierten que cuando despertemos el dos de octubre el problema seguirá ahí, como el dinosaurio del cuento, necesitado de solución. Su magnitud, no obstante, dependerá decisivamente de lo que haya sucedido el uno. Si ese día los golpistas consiguen cumplir su amenaza, colocar urnas y recoger votos, aunque sea en un porcentaje bajo, habrán conseguido tal fuerza que será imposible frenar su deriva hacia la independencia. El Estado de Derecho, en cambio, demostrará una vez más su impotencia. Si, por el contrario, el 1-O se convierte en una gran frustración para los instigadores del golpe, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad logran impedir que éste se lleve a cabo, será la democracia la que salga fortalecida del trance. Porque no solo será una victoria de España, del Gobierno y de los partidos que apoyan esta política de firmeza constitucional, esto es; PP y Ciudadanos, sino un motivo de peso para que el PSOE, hoy vacilante, bascule en la dirección correcta. A nadie le gusta apostar a caballo perdedor.

La ley prevalecerá
EDITORIAL El Mundo 21 Septiembre 2017

La democracia española atraviesa su momento más crítico desde su restauración en 1978. La insólita agresión al orden constitucional que sostiene la Generalitat de Cataluña justifica sobradamente la respuesta que el Estado está desplegando con medida proporcionalidad pero con toda firmeza. Ningún ciudadano celoso de su libertad política y preocupado por la integridad de su nación perdonaría ahora forma alguna de inacción ni por parte de este Gobierno, ni de los jueces, ni de sus representantes electos en las cámaras legislativas. Los tres poderes del Estado han de salir al paso de los enemigos de la democracia representativa y de la Constitución, que invocan legitimidades alternativas y populares de infausto recuerdo. En este sentido, la operación de desmantelamiento del referéndum ilegal que se produjo ayer marca un punto de inflexión que todo demócrata contempla con alivio y esperanza. Porque aquí no se está ventilando un duelo de legalidades en pie de igualdad, como pretende la propaganda independentista y populista, sino el restablecimiento de los derechos y las libertades de todos los españoles allí donde han sido atacados. Y en primer lugar de los catalanes, cuyas instituciones han sido usurpadas por un proyecto separatista que pretende monopolizar el espacio público y excluir al discrepante del debate político.

El intento de desbordar el marco legal y de laminar a la oposición no puede quedar impune. Primero por la gravedad que entraña. Y, segundo, porque sentaría un precedente del que el Estado ya no se recuperaría. Si la celebración del 1-O viene a sumarse a anteriores incumplimientos de la Generalitat, se desataría el efecto dominó del desmembramiento autonómico, empezando por el País Vasco. Y eso no va a ocurrir. La ley prevalecerá.

Como era de esperar, la operación policial de ayer fue recibida con la habitual mezcla de desobediencia, demagogia y desprecio. Ni los portavoces de Junts pel Sí y la CUP ni de Podemos tuvieron reparos en tachar de "presos políticos" a los arrestados. Y el propio Puigdemont, en el colmo del cinismo, se quejó de una "agresión sin amparo judicial", obviando el mandato del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Resulta inaudito que quienes persiguen la liquidación de la soberanía nacional tengan la desfachatez de disfrazar como un ataque a las libertades la respuesta que articulan los poderes democráticos en virtud de herramientas legales.

Especialmente irresponsable se nos antoja la actitud de la alcaldesa de Barcelona, que pese a declararse no independentista asumió ayer la vanguardia oficiosa del desafío al Estado haciendo un llamamiento a ocupar las calles. En Madrid le dio la réplica Pablo Iglesias, fiel a su estrategia de desborde callejero frente a la política institucional. Ambos líderes populistas están tratando de invertir los términos, culpando a la democracia de defenderse y no al golpismo de agredirla. No deberían engañar a nadie, tampoco a la sociedad civil -sobre la que percute la propaganda de agentes tan poderosos como el Barça, parte del tejido empresarial y hasta los festivales de música-, pero sería de ciegos no advertir la magnitud del peligro. Hay que felicitarse de que, por el momento, las protestas hayan discurrido pacíficamente, e incluso de que Oriol Junqueras haya vuelto a remitir al ministro Montoro la información contable requerida, señal de que el ejercicio de la autoridad surte efecto. Sin embargo, el Gobierno hace bien en testar la lealtad de los gestores autonómicos durante un tiempo prudencial, antes de revertir el actual statu quo. Hay que creer a Rajoy cuando afirma que él habría preferido no tener que adoptar medidas extraordinarias, por muy legales que sean. La prueba es su resistencia a aplicar el artículo 155. Pero anoche, en un discurso sólido, instó a los secesionistas a deponer de inmediato una actitud que ahonda la fractura social, y advirtió que seguirá protegiendo la integridad de la nación y a los ciudadanos acosados por una presión totalitaria.

Es la hora del Estado y de la unidad de los partidos constitucionalistas. No es el momento de reprochar al PP sus complejos en Cataluña, ni a Ciudadanos sus tentaciones oportunistas, ni siquiera al PSOE sus escarceos nacionalistas. El Estado tiene la obligación de velar por los derechos de todos los españoles. Nadie está por encima de la ley, y mucho menos si quienes se saltan las resoluciones de los tribunales son los representantes ordinarios del Estado en Cataluña. La eficacia del despliegue policial sólo se ha visto empañada por la inacción detectada en los Mossos d'Esquadra. Y ello hasta el punto que, tal como informamos hoy, la Policía ha dispuesto un operativo para sustituir a los Mossos en caso de pasividad.

"Somos libres porque somos esclavos de la ley", escribió Cicerón. La legalidad será restablecida en Cataluña porque ningún autoproclamado intérprete legítimo del pueblo está por encima del Estado de derecho, y porque el Gobierno no va a abandonar a los catalanes que se sienten españoles -y a ningún ciudadano que desee seguir viviendo en una democracia- al capricho persecutorio de un régimen autoritario que ha renunciado a representar a la mitad como mínimo de sus votantes.

Se habla mucho del escenario que se abrirá a partir del 1 de octubre. De la necesidad de hacer política entonces. Pero eso no ha de significar el retorno a la componenda al precio de la gobernabilidad. Más que el enésimo peaje por la lealtad siempre efímera y cara de los nacionalistas, eso sería como pagar una fianza intolerable por la libertad que todos los españoles ganaron en 1978. Ni más peajes, ni más fianzas. Esta vez hay que decir basta.

El golpe de Estado ha fracasado en Cataluña
Jesús Cacho. vozpopuli  21 Septiembre 2017

La mañana de ayer apareció fría, pero fue calentándose rápidamente con las noticias que llegaban de Barcelona como un torrente. La Guardia Civil, en funciones de policía judicial a las órdenes del titular del juzgado de instrucción número 13 de la capital catalana, Juan Antonio Ramírez Sunyer, intervenía en cuatro consejerías de la Generalidad, realizaba más de 40 registros, detenía a 14 personas, altos cargos todos, empezando por el número dos de Oriol Junqueras, y requisaba material -millones de papeletas- preparado para la celebración de la consulta sediciosa. Un puñetazo inesperado que ha desarbolado la logística del referéndum y ha descabezado al núcleo duro encargado de poner en marcha la consulta, a lo que hay que añadir, que no es poco, que es casi todo, la intervención de las cuentas de la Generalidad ordenada por el ministro Montoro. Y todo sin apelación expresa al 155. Simplemente poniendo en marcha la maquinaria judicial del Estado. El golpe de Estado protagonizado por el independentismo catalán ha fracasado. Una batalla muy importante se ha ganado. La guerra, sin embargo, no ha terminado.

Ha empezado el mambo de verdad. Y millones de españoles, acostumbrados a sufrir las vejaciones constantes de ese nacionalismo supremacista y provocador, respiraron ayer aliviados. Ya era hora, hora de que los golpistas enseñaran las cartas, hora de saber hasta dónde están dispuestos a llegar los mártires del prusés, hasta cuándo están decididos a seguir con su locura, cuál es su predisposición a ingresar en el listado de los mártires de la patria, hora de saber si son tan chulos como los pintan, si tienen o no esos collons de los que llevan años alardeando cual matones de barrio, porque como un golpe “por cojones” lo han planteado, y tan seguros estaban de que el tren del prusés era imparable que ayer quedaron atónitos, con la boca abierta, y quienes los días 6 y 7 del presente se ciscaron en el reglamento del parlament, en el Estatuto de Cataluña, en la Constitución española, en las leyes europeas y en el Derecho internacional comparado, se rasgaron las vestiduras y uy, uy, uy, qué daño, Puigdemont habló de “régimen totalitario” y de “vergüenza democrática”.

El gesto de desesperación que ayer exhibían los patronos de la “revolución de la sonrisa” les delata. Hacienda remitió el martes a los bancos un listado de casi 300 sociedades (297 para ser exactos), incluyendo entes públicos, sociedades mercantiles, universidades, organismos autónomos, consorcios y fundaciones sobre las que ejercer una vigilancia especial en tanto en cuanto podrían servir de vehículo para desviar dinero con el que financiar el golpe, una cifra que pone de relieve el apabullante régimen clientelar surgido en torno a la Generalidad en los últimos 40 años. Acabar con el golpismo en Cataluña equivale, por eso, a enterrar un sistema clientelar prácticamente indestructible, a hacer añicos la tela de araña que forman esas 300 empresas, princesas todas del famoso 3%, con más de 100.000 personas, tal vez muchas más, viviendo del pesebre de la Generalidad, 100.000 y sus familias viviendo, al final del camino, de los PGE del Estado, que es quien ha venido pagando la absurda fiesta del independentismo.

Acabar con la abierta rebelión contra la legalidad que hoy representa Puigdemont y compañía supone, por eso, dar a la Cataluña trabajadora de siempre la posibilidad de liberar sus energías rompiendo el cepo de complicidades que hoy atrapa su economía y le impide crecer con todo su potencial. Tanto o más importante aún, hacerlo supondrá sobre todo dar comienzo a la gran labor de sutura de una sociedad partida en dos mitades por la locura de unos insensatos que ha roto familias, amistades y lealtades de muchos años, envenenando la convivencia como nunca antes había ocurrido desde los terribles años 30 del siglo pasado. “Esta gente ha jugado muy sucio; tanto, que ahora solo puedes hablar con el que piensa como tú. Con el resto, punto en boca. Esa es la realidad social que hoy impera en esta asfixiante Cataluña”, contaba ayer uno de esos catalanes que sueñan con superar este trauma.

Al golpismo solo le queda la calle
El Estado ha arrebatado al golpismo la infraestructura necesaria para la celebración de su referéndum, y ahora solo le queda la calle, la batasunización de esa Barcelona que fue culta y rica y acogedora y liberal. Sólo la calle, pero en la calle había ayer apenas unos miles de fieles manifestantes insultando a unos impertérritos guardias civiles obligados a tragar bilis mientras los Mossos se ponen de perfil. Mal que les pese, la tranquilidad presidía la vida de la gran ciudad: la gente iba y venía, salía del trabajo (por cierto, ¿dónde trabajan, en qué se ocupan, cómo se ganan la vida esos “camisas pardas” de la CUP listos para movilizarse a cualquier hora del día?), entraba en las tiendas, llenaba los bares y tomaba los medios de transporte ajena al ruido y la furia de los sediciosos… El Maidán catalán solo parecía vivo en la pantalla de TV3, la televisión de los golpistas que financian todos los ciudadanos de Cataluña.

Esta guerra será larga. Larga y dolorosa, porque ningún golpe dispuesto a acabar con un Estado de siglos y a alterar dramáticamente paz, libertad y bienestar de sus ciudadanos se salda con un par de claveles clavados en el fusil de un soldado. Las cosas han llegado muy lejos. “Si yo fuera presidente del Gobierno, hace tiempo que habría utilizado el 155 en Cataluña”, ha dicho Felipe González. El PSOE que hoy dirige el desdichado Pedro Sánchez no quiere saber nada del 155, o lo quiere por la mañana y lo niega por la tarde, como quiere y/o detesta a esa España (“Vas alta y dolorosa / Gimes, deliras, bramas / Vas firme y pura por el firmamento / a hundirte en Dios como una espada”) que ni ha comprendido ni nunca sentido. Su concurso, con todas sus dudas, con todo su cabildeo, se anuncia, sin embargo, crucial para el resultado final de este combate ante la deriva revolucionaria emprendida por Pablo Iglesias, decidido a reforzar el golpismo menguante del independentismo catalán con la revolución de una izquierda comunista que busca acabar con el régimen del 78, para después expandir su miseria sobre los cascotes de una España rota.

Es el monstruo que, en todo caso, ha creado la vicepresidenta del Gobierno y sus televisiones amigas, con el beneplácito, por supuesto, de su jefe de filas. No es momento, sin embargo, para los reproches. Hoy toca felicitar a la Guardia Civil por su trabajo y apoyar sin fisuras, sin vacilaciones, al Gobierno de la nación y a su presidente en su determinación de ir a por los golpistas, haciéndoles probar todo el peso de la ley desde la legitimidad que le otorga nuestro Estado democrático y de Derecho. Bien, Mariano, bien. Mantén erguido el paso del hombre que cree en la justicia de sus razones. Mira de frente. Que el ruido de la calle no quiebre tu ánimo. Nada me gustaría más que tener que reconocer que me equivoqué contigo, como seguro harían con gusto millones de españoles. Cumple con tu deber. Sigue firme. No te rajes.

No hay problema catalán, hay problema español
Javier Barraycoa gaceta.es 21 Septiembre 2017

Hace tres años, escribía un artículo sobre los escándalos que rodeaban a Puigdemont siendo alcalde de Gerona. Por fuentes cercanas sabía que en el departamento pertinente de control de obras públicas de la Generalitat, se acumulaban dossieres y dossieres contra el entonces alcalde de Gerona por sus tejemanejes con la compañía de aguas. Ahora, de golpe, misteriosamente, ha despertado la fiscalía y ha puesto en marcha una investigación para intentar descomponer in extremis la imagen del President que le gustaría ser mártir. Tarde, muy tarde. El verdadero político es el que sabe dominar los tempos y las estrategias, y los gobiernos de España, movidos por mezquinos intereses, no han querido o sabido jugar sus bazas en los tiempos apropiados, pues ello ponía en peligro pactos y tácticas que beneficiaban a toda la casta política.

Este caso es uno de tantos miles, como la permisión del butifarrendum del 9N que el gobierno se tomó a risa y dio alas y remos al independentismo; o el primer referéndum que se hizo en el municipio de Arenys de Munt, que no tuvo ninguna consecuencia legal para el alcalde. Para colmo, los que fueron a protestar contra la ilegalidad, se encontraron como la complicidad de los Mossos casi posibilita su linchamiento al no quedar protegidos debidamente ante un marasmo de independentistas. Y qué decir del famoso Albert Donaire, un Mosso per la Independència que públicamente se ha declarado en rebelión. Cuando no deja de ser un funcionario público que debería estar inhabilitado. No seguimos con la lista de agravios a los catalanes que aquí intentamos mantener el sentido común, porque es interminable y penosa.

Llegaremos al 1 de octubre con la sensación de una perenne dejadez de los gobiernos centrales sobre Cataluña y un subidón tardío y desproporcionado de actividad jurídica y policial del Estado en Cataluña, a los pocos días de tan señalada cita. El Referéndum, algunos ya lo llaman el “pastifarrendum”, implicará un barrizal de declaraciones, postureos, interpretaciones, imputaciones interminables, … . Todos los bandos en liza tratarán de obtener su foto y sacar -nuevamente- réditos políticos cortoplacistas. Luego vendrán unas semanas de amago revolucionario de la CUP y su cachorros de Arran, pero de momento no tienen fuerza suficiente para echarle un pulso al Estado.

Inevitablemente todo derivará en unas elecciones, para unos autonómicas, para otros “constituyentes”. Y aquí entramos en terreno desconocido, pero los sondeos indican un desgaste del nacionalismo, y el aumento de eje radical izquierdista. Y la derecha se ilusionará creyendo que ha derrotado al nacionalismo radical. Pero nada más lejos de la realidad. El próximo gobierno de la Generalitat será un tripartito con una ERC que sin abandonar las tesis independentistas formará un eje radical de izquierdas con Catalunya si es pot (la coalición podemita-comunista) y la CUP. Una Cataluña con un gobierno nacionalista puede hacer temblar a un gobierno. Una Cataluña con un tripartito radicalizado y revolucionario, puede hacer caer como un dominó muchos gobiernos de España, radicalizar al PSOE y que le empiecen a temblar las piernas a Felipe de Borbón. En definitiva, pase lo que pase, estrategia nacionalismo/izquierda siempre sadrá ganando, porque la derecha –entre otras cosas- nunca tuvo una estrategia.

Andando por España uno palpa la desafección de muchos españoles hacia Cataluña. El asunto nacionalista es tratado como algo casi ajeno, cansino y del que uno quiere desprenderse por hartazgo. Da la sensación que si hubiera un referéndum sobre la independencia de Cataluña y votara toda España, muchos votarían por la independencia de Cataluña, más por aversión que por racionalidad política. Y aquí está la trampa. El arma secreta de destrucción masiva del nacionalismo, no ha sido el conseguir la desafección de muchos catalanes hacia España, sino la de muchos españoles hacia Cataluña. Los gobiernos de “derechas” que tenido este país en los últimos 40 años se han caracterizado por “decosntruir” la idea de España para sustituirla por una vacuidad neoliberal, abstracta y disolvente, donde el desapego a la tradición ha sido el denominado común. Los españoles sienten desapego a Cataluña, porque en el fondo tienen desapego a España. No, no tenemos un “problema catalán”, tenemos un “problema español”. Y la prueba de la españolidad de Cataluña es que si ella cae, con ella se desballesta toda España. Así, que nadie diga que esto no va con él.

Análisis económico del problema catalán
Juan Laborda vozpopuli.es 21 Septiembre 2017

No existe ninguna coincidencia entre quienes pronostican el futuro de una Cataluña independiente desde el resto de España y desde la propia Cataluña. Desde fuera de Cataluña se suele destacar los inconvenientes de su independencia, al menos a corto plazo, mientras que desde dentro consideran que pueden afrontarla sin grandes perturbaciones, incluso quedando fuera de la Unión Europea durante un tiempo. Algo no cuadra. Trataremos de analizar distintos aspectos económicos que consideramos relevantes sobre el problema catalán. Desde las balanzas fiscales, donde las cifras aportadas por los independentistas tienen truco; hasta un aspecto del que se olvidan los nacionalistas, las balanzas comerciales, mucho más relevantes para su devenir económico que su situación fiscal.

Pero empecemos por reconocer algo obvio. Los economistas independentistas hicieron, a través del Col.lectiu Wilson, un trabajo muy didáctico a la hora de aportar argumentos para justificar el proceso de independencia. Lo peor es que se lo permitimos desde el resto de España, porque en su análisis hay trucos y olvidos importantes. El Col.lectiu Wilson, que engloba a Doctores por Hardvard o el MIT, ha publicado distintos comunicados explicando su punto de vista alrededor de una hipotética independencia de Cataluña. Obviamente saben que a corto plazo serán mayores los costes que los beneficios, por eso se centra más en el medio y largo plazo. Es cierto, cómo dice el documento Wilson, que Cataluña a largo plazo puede ser una nación perfectamente viable y que además parte de una buena posición económica. Sin embargo no por los argumentos que ellos aportan.

Manipulación de las balanzas fiscales
Uno de los aspectos que más han utilizado los defensores de la independencia es que el saldo de la balanza fiscal catalana con España es deficitario, alrededor del 8% de su PIB. Llegaron a hablar incluso de diezmo, 10%. De ahí viene la famosa frase “España nos roba”. El problema es que hay truco y lo saben, o deberían saberlo. Para desmontar estas cifras acudiré al análisis de dos buenos amigos, Félix López Martínez y Javier López Bernardo que en su blog “ The Beauty Contest, A blog on Spanish and international affairs, macroeconomics and finance ” publicaron una excelente nota que titularon parafraseando el libro de Josep Borrell, “Las cuentas y los cuentos de las balanzas fiscales catalanas”.

Las balanzas fiscales, como señalan Félix y Javier, son instrumentos contables aparentemente no politizados que recogen las relaciones económicas de Cataluña con el resto de España. El problema es que la manera en cómo se ha venido calculando en España es metodológicamente incorrecta.

No existe una metodología mundialmente aceptada para la realización de las mismas, como las que existen para la elaboración de las cuentas nacionales o la balanza de pagos. Si bien los enfoques son diversos, los investigadores se decantan en su mayoría por el enfoque llamado “carga-beneficio”, que es una balanza de transferencias. Se entiende por transferencia los ingresos y gastos sin ninguna relación a pagos por bienes y servicios por operaciones de mercado. A nivel español, dichas transferencias se agrupan en tres partidas. Por un lado, las transferencias de particulares de una región al gobierno central, como los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Por otro lado, las transferencias más o menos directas del gobierno central a particulares o gobierno regional. Finalmente, las transferencias imputadas en especie, como el prorrateo de los servicios públicos centrales (defensa, justicia, etc.) En este enfoque, si uno recibe más transferencias de las que paga, el saldo es una balanza fiscal positiva. En Cataluña, dicho saldo ha venido siendo negativo, alcanzando aproximadamente la cifra de 11.000 millones de euros anuales, lo que representa un 5% del PIB catalán.

Sin embargo, dicho saldo no es el que declaran los independentistas catalanes como el correcto. Según ellos, el saldo es de 16.000 millones, o alrededor de un 8% del PIB catalán. Este nuevo saldo es el resultado derivado de otra metodología: el enfoque “flujo monetario”. Dicho enfoque consiste en asignar las transferencias imputadas en especie del método beneficio (fundamentalmente servicios de defensa y organismos centrales) no a quién se beneficia de las mismas (toda la sociedad española), sino a quién las recibe en forma de ingreso (en el caso del ejército en función de su distribución por España, mientras los organismos centrales se sitúan la mayoría en Madrid). Bajo esta metodología, Cataluña recibe menos pagos directos que las transferencias imputadas bajo el método carga-beneficio, con lo que el déficit de su balanza fiscal es mayor, un 2,5% del PIB mayor que respecto al enfoque carga beneficio.

Pero hay truco. El enfoque monetario solo contempla los pagos que realiza el gobierno central, pero no incluye los pagos entre las diversas autonomías. Sin embargo, en un país como España, la mayor parte del gasto público lo realizan las Comunidades Autónomas y los Entes Locales (CCAA y CCLL). Como recalcan Félix y Javier, “buena parte del gasto de las CCAA y CCLL es para la provisión de servicios de sanidad y educación (medicinas, equipamiento médico y escolar, equipos, productos y servicios para los proyectos de I+D, equipamiento urbano, etc.), cuyos ingresos los recibe desproporcionadamente el sector empresarial catalán. En total, calculamos que pueden ser entre 14,000 y 16,000 millones de euros.” De acuerdo con estas cifras, el saldo correcto que debería computarse bajo el enfoque flujo monetario sería cercano a cero. Es decir, utilizando el criterio de flujo monetario adecuadamente, el que tanto les gusta a los independentistas, el sector público español es neutro con respecto a la cantidad de ingresos que se inyectan y se detraen de Cataluña. Curioso, ¿verdad?

Las balanzas comerciales: el talón de Aquiles de una hipotética independencia
Pero hay algo de lo que apenas hablan desde el lado independentista. Nos referimos a la balanza comercial de bienes y servicios de Cataluña. Para ello nos remitimos a las estadísticas de comercio exterior DataComex, aportadas por el Ministerio de Economía y que nos permitirán aproximarnos a la balanza comercial de Cataluña con el resto del mundo; y las cifras de comercio interregional español, aportadas por el proyecto C-intereg. Conviene hacer alguna consideración. Los datos de DataComex se refieren exclusivamente a bienes. Los ajustaremos a partir las cifras de turismo. El proyecto C-intereg tiene actualizados los datos de bienes, pero con bastante retraso algunas cifras de servicios.

La idea fundamental es que Cataluña tiene un brutal superávit comercial de bienes y servicios con el resto de España, el mayor superávit del mundo de una región de un país con el resto de las regiones del mismo. Por el contrario presenta una situación deficitaria en el comercio de bienes con el resto del mundo compensada en parte con su balanza de turismo. Las cifras serían las siguientes. El superávit comercial de bienes y servicios de Cataluña con el resto de España alcanzó en los últimos años cifras entre los 20.000 y 24.000 millones de euros. La mitad de ese comercio interregional se perdería y afectaría muy negativamente al tejido de la pequeña y mediana empresa catalana por los enormes costes hundidos que les supondría montar una actividad exportadora. Por el contrario, el saldo comercial de bienes de Cataluña con el resto del mundo es profundamente deficitario, entre los 10.000 y los 15.000 millones de euros, compensados en su mayoría por su saldo turístico. En una hipotética independencia, España mejoraría notoriamente su balanza comercial, al desprenderse de los 65.000 millones de importaciones catalanas. Paradójico, ¿verdad?

Cataluña y el Euro
Una declaración unilateral de independencia no consensuada llevaría a la UE a tomar una decisión política muy similar a la tomada con Grecia. Cataluña si declara una independencia unilateral se queda fuera de la Unión Europea y del Euro. A corto plazo los catalanes perderían poder adquisitivo, y habría una parálisis económica. A largo plazo, es cierto, podría ser una ventaja competitiva una vez que pasen los años y la situación se normalice. No se entiende muy bien la obsesión por ser un país independiente y renunciar a la muestra de soberanía más importante de todas, la independencia monetaria. Enésima contradicción.

Si los independentistas deciden declarar la independencia unilateral de Cataluña deberían tener diseñado un sistema financiero propio y haber acumulado reservas de divisas internacionales, Euro y dólares básicamente, porque si no la marcha atrás que tendrán que dar si los dejan fuera del euro y de la UE será similar a la de los griegos. Obviamente no han hecho nada de esto. Es imposible que el BCE acepte inyectar liquidez al nuevo sistema bancario catalán si no se está dentro del euro. Por lo tanto, su sistema bancario quedaría desconectado del interbancario europeo. La única solución es que transitoriamente los bancos con sede en Cataluña, básicamente CaixaBank y Sabadell, trasladen su sede a Madrid para poder seguir conectados al Euro Sistema y de esa manera sobrevivir. Además habrá que recordarles a los independentistas que las inyecciones de liquidez entre filiales de diferentes países de un mismo banco no están permitidas.

En resumidas cuentas, asumiendo que en el largo plazo una Cataluña independiente podría ser viable, en el corto plazo los costes serían elevadísimos y mucho me temo que de ello no se ha hablado a los ciudadanos catalanes. De nuevo, al igual que en el resto de España, las medias verdades, sino las mentiras, como moneda de trabajo.

El derecho a decidir y el neoliberalismo económico
Juan Francisco Martín Seco republica 21 Septiembre 2017

En Cataluña, según las encuestas, los partidarios de la independencia no llegan al 50% y seguro que serían muchos menos si pensasen que la secesión va en serio y que su opinión o voto iba a tener una incidencia decisiva en el resultado. Por el contrario, el porcentaje que ofrecen los sondeos respecto a la defensa del derecho a decidir es mucho mayor, casi el 80%, y es que si a uno le preguntan si quiere decidir, es difícil que conteste que no.

El discurso de los independentistas está lleno de trampas y falacias y no es la menor de ellas haber disfrazado el derecho de autodeterminación -inexistente por otra parte en los Estados democráticos occidentales- por un abstracto y quimérico derecho a decidir que se reviste de las apariencias de democracia y libertad. ¿Cómo situarse en contra de la democracia?, ¿cómo cuestionar la libertad?, ¿cómo negar el derecho a decidir? El sofisma es parecido al que utiliza el neoliberalismo económico cuando en nombre de la libertad defiende la autonomía absoluta de los mercados y la ausencia total de regulación en la actuación de las fuerzas económicas. ¿Quién va atacar la libertad?

Ambos planteamientos ocultan una realidad puesta ya de manifiesto por los pensadores más antiguos, lo que se ha venido a llamar “la paradoja de la libertad”, que se concreta en que la libertad definida como ausencia de todo control restrictivo termina destruyéndose a sí misma y transformándose en la máxima coacción, ya que deja a los poderosos vía libre para esclavizar a los débiles. Se atribuye a Platón haber esbozado por primera vez esta aparente antinomia cuando mantiene, por ejemplo, en “La República” la siguiente tesis: “De este modo es probable que la mucha libertad no se convierta sino en mucha esclavitud tanto en el individuo como en el Estado”.

Fue Kant el que al describir lo que para él era una constitución justa pretende resolver la paradoja al afirmar que “la mayor libertad posible que se puede dar a cada individuo es la de que la libertad de cada uno pueda coexistir con la de los demás”, idea que vuelve a repetir en “La teoría del Derecho”: “La justicia es la suma total de las condiciones necesarias para que la libre elección de cada uno coexista con los demás de acuerdo con una ley general de libertad”.

Sin Estado, sin ley, no hay libertad. Precisamente lo que cada individuo pide al Estado es que proteja su libertad, pero en contrapartida tiene que renunciar a una parte de esa libertad, aquella que se opone a la libertad de los demás. Mi derecho a mover mis puños en la dirección que desee queda constreñido por la posición de la nariz del vecino. Es de la limitación de la libertad de donde emerge la propia libertad. La carencia de leyes limitativas de la libertad hunde a la sociedad en el caos, imponiéndose la ley de la selva, la ley del más fuerte.

El neoliberalismo ha pretendido aplicar a la economía la libertad sin restricciones, olvidando que utilizando con coherencia su doctrina se destruye la propia economía de mercado, que tanto defienden, y cuyo fundamento es la propiedad privada. Todo el mundo sería muy libre de apropiarse de lo que le apeteciese y pudiera. El principio de la propiedad privada implica ya una limitación de la libertad y un reconocimiento del Estado como árbitro social, condiciones necesarias para garantizar la misma libertad que difícilmente se consigue sin respeto a la propiedad. Pero de igual modo y por la misma razón hay que rechazar la demanda neoliberal de emancipar los mercados de forma absoluta, eliminando toda normativa, y de suprimir cualquier restricción al capital. Se trata de una libertad aparente, porque de esta forma se termina concediendo la libertad únicamente a un grupo reducido de ciudadanos, mientras se destruye para la gran mayoría.

Esta falacia tan común en el ámbito económico es mucho menos frecuente en el campo político y civil. Todo el mundo acepta que sin normas y leyes no existe la libertad y que lo que se generaría sería la anarquía y el caos. Sin embargo, en ocasiones, como la actual, hay quien explota la libertad para arrimar el ascua a su sardina, y presentar como democrático lo que linda con lo arbitrario y despótico. Esto es lo que está sucediendo con el independentismo en Cataluña y con la utilización que hacen del derecho a decidir.

Todos tenemos derecho a decidir. Es más, a lo largo de nuestra vida estamos compelidos, tal como afirman los existencialistas, a un sinfín de elecciones, sin que podamos evadirnos de ellas, pero también hay otras que nos están vedadas. Yo soy yo y mis circunstancias, que diría Ortega. La naturaleza nos constriñe y nos lo impide desde el primer momento. Nadie puede elegir su raza, ni dónde y cuándo va a nacer, ni en qué familia, ni las cualidades físicas e intelectuales de las que estará dotado. El vivir en sociedad es otra fuente de limitación. Mi derecho a decidir está limitado por las leyes, leyes que al mismo tiempo son las que me lo garantizan en otros muchos ámbitos. El derecho a decidir, como la libertad, no existe en abstracto, sino enmarcado en una realidad política y en un ordenamiento jurídico.

El derecho a decidir de los catalanes, al igual que el de los andaluces, extremeños, murcianos, etc. no es un derecho incondicional, sino encuadrado en una normativa jurídica que si bien lo limita en el cauce de determinadas normas, que establecen las reglas del juego, también lo defiende y protege frente al ataque de otros ciudadanos. La Constitución, el Estatuto y en general todo el ordenamiento jurídico, es el conjunto que hace posible el derecho a decidir (de no existir, sería el caos y la anarquía) pero al mismo tiempo lo condiciona y restringe para garantizar el derecho a decidir de los demás.

La independencia de Cataluña no solo afectaría a esta región sino a toda España. El derecho de un grupo de catalanes aunque fuese mayoritario (ahora no lo son) chocaría con el derecho de otros catalanes e incluso con el derecho del resto de españoles. ¿Puede la mitad de Cataluña cambiar sustancialmente las condiciones de vida de la otra mitad, obligándola a separarse de España, a la que se encuentran unidos desde hace muchos siglos? El derecho reclamado para los catalanes es al mismo tiempo el expolio de la soberanía de la totalidad de los españoles. Por otra parte, ¿quiénes son los catalanes?, ¿los que ahora residen en la Comunidad Autónoma aunque hayan llegado ayer o todos los nacidos en Cataluña vivan donde vivan? ¿Por qué van a poder votar los catalanes residentes en Costa Rica y no los residentes en Madrid?

¿Quién es el sujeto de ese derecho a decidir que se invoca? ¿Dónde radica la soberanía, la capacidad para cambiar las reglas de juego? Según la Constitución de 1978 -la que fue votada por una inmensa mayoría de catalanes-, el pueblo español en su conjunto. Pero es que, además, cualquier otra respuesta nos introduce en un laberinto de difícil salida. ¿La Comunidad Autónoma de Cataluña, definida curiosamente de acuerdo con la Constitución del 78, formada por cuatro provincias, con los límites que estableció el ordenamiento jurídico en 1833? ¿Y por qué no todos los países catalanes o el antiguo Reino de Aragón, con lo que seguramente el resultado sería muy distinto? ¿O cada provincia tomada individualmente? ¿Qué ocurriría si la mayoría en Barcelona y Tarragona se pronunciase en contra de la escisión aunque la mayoría de la Comunidad se mostrase a favor?, ¿se independizarían tan solo Lérida y Gerona? ¿Y qué sería de los municipios que se pronunciasen en contra de lo decidido por sus correspondientes provincias?

Todos tenderíamos a rechazar que un grupo social, el constituido por los ciudadanos de mayores rentas, tuviese el derecho, si lo decidiese por mayoría (la mayoría sería aplastante) de excluirse del sistema público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos. El supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas de España. La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing de Madrid) pretendió en su día independizarse del municipio de Alcobendas (de clase media), creando su propio ayuntamiento. ¿Tenía derecho a decidirlo? ¿Estaríamos a favor, por ejemplo, de que se convocase un referéndum sobre la pena de muerte?

Entre las múltiples falacias que utilizan los independentistas se encuentra la de repetir sin cesar que votar es un acto de democracia y que un referéndum no puede ser ilegal. Ciertamente, pero siempre que se convoque por quien tiene competencia para hacerlo y sobre una materia que pertenezca al ámbito de decisión de los consultados. Cuando estas condiciones no se cumplen no solamente puede ser ilegal, sino también delictivo. Delictivo es usurpar funciones a las que no se tiene derecho; delictivo es utilizar medios públicos para un fin partidista como el de promover un referéndum ilegal y que va en contra de la Constitución, y delictivos son en todos los países los actos insurreccionales y en contra de las respectivas Constituciones, especialmente cuando se producen desde el poder, porque entonces se denomina golpe de Estado, y golpe de Estado es lo que pretenden los independentista en el momento actual.

La malversación de fondos propios en la que se incurrió en el referéndum del 9-N y en la que se va a reincidir en el actual no es una corrupción de muy distinta naturaleza de la que se ha cometido con el 3%. En este último caso se trataba de financiar a un partido, Convergencia, con recursos públicos. Y en los casos del referéndum se trata de utilizar fondos públicos para un objetivo partidista y además ilegal, apartándolos del fin general.

Los secesionistas intentan justificar la sedición afirmando que el pacto constitucional se rompió cuando después de ser aprobado en referéndum por la sociedad catalana el último Estatuto de autonomía, el Tribunal Constitucional anuló determinados artículos del mismo. Ciertamente todo lo referente a este Estatuto fue más bien desafortunado; comenzando por la irresponsable promesa de Zapatero de aprobar en Madrid lo que el Parlamento catalán sancionase en Cataluña. Promesa que ciertamente no pudo cumplir dado que el documento que llegó desde Barcelona era claramente inconstitucional. Ahí radicó la verdadera ruptura del pacto, en intentar modificar la Constitución por la puerta de atrás. El Estatuto aprobado por el Parlament era palmariamente contrario a la Carta Magna y continuó siéndolo aun después de ser modificado por las Cortes, pues los cambios se hicieron con un PSOE condicionado por el PSC y por CiU. Curiosamente, Esquerra Republicana que ahora agita el Estatuto, colocándolo como causa de la rebelión, votó entonces en contra.

Los independentistas consideran un enorme agravio a la sociedad catalana el hecho de que el Tribunal Constitucional modificase el Estatuto después de ser aprobado en referéndum, pero, de existir, el agravio se encontraría en presentar a los ciudadanos para su aprobación un documento que era manifiestamente inconstitucional. Por otra parte, conviene recordar que el Estatuto fue aprobado por el 70,39% de votos afirmativos con una abstención del 50,59%, es decir, el porcentaje de los catalanes con derecho a voto que dio su aquiescencia no llegó ni siquiera al 35%, Estos datos contrastan con los resultados mediante los que se aprobó la Constitución en Cataluña: con una abstención de tan solo el 32,09% y un voto positivo del 90,46%. Es la misma Constitución que el independentismo no tiene el mínimo reparo en denigrar e incumplir. No parece que se respete mucho la voluntad del pueblo de Cataluña. Conviene tener también presente que en la I República las Cortes modificaron el Estatuto que la sociedad catalana había aprobado ya en referéndum, sin que nadie se escandalizase; todo lo contrario, los nacionalistas quedaron al parecer muy satisfechos.

Existe un mantra que por desgracia se ha extendido a lo largo de toda España, el de resaltar que, al margen de lo que hagan los independentistas, hay un problema político en Cataluña, que solo se puede solucionar con diálogo. Problema político existe, y muy grave, pero no está tanto, como se quiere indicar, en que haya un grupo, aunque sea numeroso, de catalanes que se encuentran a disgusto con el trato recibido por el Gobierno central y consideran que son discriminados, ya que ese hecho puede estar generalizado en la mayoría de las Autonomías. La opinión pública de todas ellas casi seguro que esta también descontenta con la situación actual y considera que otras Comunidades gozan de una atención mayor. Se me ocurre que los habitantes de Extremadura, Andalucía, Castilla-La mancha, Canarias o Murcia tienen muchos más motivos para su insatisfacción y desagrado que los de Cataluña.

El verdadero problema político en Cataluña radica más bien en unas instituciones y autoridades autonómicas que se han sublevado contra todas las leyes vigentes, leyes a las que precisamente deben su existencia como instituciones y autoridades, y pretenden sustituirlas por un nuevo ordenamiento jurídico sin legitimidad y surgido del vacío, y desde esa atalaya practican el victimismo y potencian y alientan el descontento popular. ¿Diálogo? Sí, pero no antes de haber restablecido la legalidad y haber sofocado el golpe de Estado y, desde luego, no a costa de premiar a los golpistas y concederles un trato de favor; de lo contrario, nos podemos encontrar con un problema político mucho mayor: que la sublevación se reproduzca en toda España.

www.martinseco.es

«Escándalo democrático»
Lo es, sí, pero en sentido contrario al que ellos dicen
Luis Ventoso ABC 21 Septiembre 2017

A la vista de indicios palmarios de delito, un juez de Barcelona ordenó ayer a primera hora de la mañana varias redadas para desmantelar la logística del referéndum ilegal que pretende organizar el Gobierno insurrecto de la Generalitat. La Guardia Civil, pues por desgracia parece que los Mossos ya no son fiables a la hora de velar por nuestra legalidad, actuó en consecuencia. Los agentes registraron almacenes en polígonos industriales, hallando en uno de ellos nueve millones de papeletas listas para la consulta. También se personaron en las oficinas de cuatro consejerías del Gobierno catalán, toda vez que desde ellas se estaba tramando la inteligencia y plan de acción del referéndum. En la operación hubo una docena de detenciones, como tantas veces en cualquier país democrático del mundo cuando se está combatiendo un delito grave (o a veces no tan grave).

La reacción del orbe independentista fue iracunda. El tono general de su crítica se resume en una frase de Ada Colau. A su juicio, la actuación del juzgado de Barcelona supone "un escándalo democrático". No. Lo que sí constituye un escándalo democrático es aprobar dos leyes con métodos golpistas y un procedimiento exprés para establecer una presunta nueva legalidad catalana, que deroga la del Estado, desoyendo además las advertencias de los juristas de la propia Cámara y pateando el Estatuto de Cataluña. Escándalo democrático es utilizar las oficinas del Gobierno catalán, desde donde debe atenderse a todos los catalanes, del primero al último, para ponerlas al servicio de un proyecto separatista que ni si quiera cuenta con el apoyo mayoritario de la población. Escándalo democrático es estafar al pueblo catalán, invocando supuestas normas internacionales que justificarían la autodeterminación, cuando en realidad solo rigen en situaciones coloniales; o fabular asegurando que una Cataluña independiente seguiría en la UE, algo que la organización ha negado hasta el hartazgo; o mentir con la facundia impúdica y reincidente de Junqueras, quien anteayer aseguró que la intervención de las cuentas de la Generalitat había quedado en suspenso por orden del Supremo, falacia que el alto tribunal negó en minutos.

Escándalo democrático es intentar romper un país del primer mundo, donde se disfruta de un régimen de libertades, sin respetar los cauces legales de ese Estado, algo que ni en sus peores sueños se les habría ocurrido a los independentistas quebequeses y escoceses, que actuaron siempre observando escrupulosamente los marcos constitucionales de Canadá y el Reino Unido. Escándalo democrático —y tufo nazi— es señalar a los concejales discrepantes con pasquines con sus fotos, cercar sus hogares, sumir en la angustia a sus hijos y familiares; acosar a directores de instituto y bedeles; o usar el dinero público de todos para comprar a la prensa local.

Por último, escándalo democrático sería que el Estado español se inhibiese y no actuase para defender los derechos y libertades de todos los españoles, poniendo coto de una vez, como se comenzó a hacer ayer, a lo que en realidad no es más que el mayor abuso golpista que ha sufrido este país desde el bochorno de Tejero.

Los golpistas en la calle y en los libros
Agapito Maestre Libertad Digital 21 Septiembre 2017

Voy a escribir sobre un libro en torno a Cataluña en un momento trágico para esa comunidad autónoma y, por supuesto, para toda España. El día 1-O se ha adelantado al 20 de septiembre. La justicia sigue actuando de modo exquisito contra los golpistas. Ya ha empezado a detenerlos. Esperemos que pronto detenga a su principal responsable. Mientras tanto, la reacción de los secesionistas no se ha hecho esperar. Han salido a la calle para asustarnos. Ahora le toca, pues, al Gobierno actuar. Estoy convencido de que lo hará de acuerdo con nuestro Estado de Derecho. Prestemos todo nuestro apoyo a los defensores de la democracia. Respondamos, sí, con tranquilidad y sin entrar en el cuerpo a cuerpo con los golpistas que, como los del 23-F, tienen apoyos callejeros y en las instituciones. Sigamos haciendo nuestra vida como sila vida política fuera normal. O sea, aceptemos con toda naturalidad que es la hora de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado democrático. Ellos son los que tienen que restablecer la democracia en Cataluña. Hay que no hay presos por ideas sino por acciones delictivas.

Tranquilidad, pues, contra las algaradas. El principal ejercicio de ciudadanía en una situación de violencia es confiar en el Gobierno legal y legítimo de España. Así que yo actuaré en este momento trágico de modo similar a como lo hice el famoso 23-F del 81; sí, recuerdo que ese día impartí mi clase en la universidad con toda normalidad, cuando Tejero tomó el Congreso de los Diputados, ahora, aquí, haré algo similar, o sea, escribiré mi columna sobre lo que pensaba hacerlo antes de que la chusma secesionista y golpista saliese a la calle. No todo es papel mojado. También los argumentos valen si son genuinos en tiempos de violencia. La editorial Península ha publicado un libro oportuno y, por supuesto, oportunista sobre la peor crisis de la política española desde la muerte de Franco. Josep Borrel, Josep Piqué, Francesc de Carreras y Juan-José López Burniol son los autores de Escucha, Cataluña. Escucha, España. Los cuatro tienen en común haber nacido en Cataluña. Se trata de un libro más sobre la ubicación de esta región de España en el sistema democrático español. Tengo la sensación de que los autores han consensuado un brevísimo prólogo para "manifestarse sin ambages en contra de la secesión".

Sin embargo, a tenor de lo leído, creo que uno ellos, lejos de criticar esa posición, defiende con "artes ideológicas" dignas de mejor causa que la única vía que le queda a España para sobrevivir como nación es llevarse bien con una Cataluña independiente. Me refiero al artículo de Juan-José López Burniol (por cierto es el único que escribe su nombre en castellano); sin duda alguna, es el texto más comprometido con la causa separatista hasta el punto de que termina perdonándoles la vida a todos aquellos españoles que no quieran participar en "un diálogo transaccional" con los separatistas para aceptar la independencia de Cataluña. No crean que exagero o me invento algo que no esté en el texto. El autor mantiene esta tesis con un cinismo propio de gente inteligente y con poder. El señor López está tan seguro de su victoria que ya la da por hecho. El dogmatismo que respira todo el artículo alcanza su apoteosis nacionalista en estas líneas: "Cataluña se jugó, en el siglo XX, su destino como país: ser o no reconocido como nación. Libró esta batalla esencial de refacción nacional -larga y dura- en el ámbito de las ideas, y la ha ganado de forma plena, dando pruebas de una tenacidad, una habilidad y una fe en sí misma extraordinarias. Tal ha sido su victoria, que así se le reconoce". Nada tengo contra los dogmas si se demuestra que son verdaderos, pero López Burniol miente a veces de modo descarado, especialmente cuando culpabiliza de todos los problemas de Cataluña al Gobierno de España. Y, sobre todo, miente porque acepta casi todas las falsificaciones del catalanismo político en general, y de los independentistas en particular, como si ya se hubieran impuesto a toda la sociedad española.

Después de reiterar con "pruebas" amañadas e "ideologemas" nacionalistas que Cataluña no es, en verdad, España, o mejor, está muy por encima en todo de España, le pide al Gobierno y al resto de los españoles que reconozcan jurídicamente esa realidad a través de una actitud transaccional, o sea de rendición, del Gobierno de España a los separatistas: "Muchos de mis compatriotas españoles que lean estas líneas pensarán que no son más que la cobarde palinodia de un triste compañero de viaje, carente de firmeza, ajeno a las exigencias del cumplimiento de la ley y que, por debilidad, adopta una postura abyecta. Lo sé. Pero les respondo que son ellos los errados, ya que, si no aciertan a impulsar ese diálogo transaccional al que me he referido, no tardarán demasiado tiempo en asistir consternados a las consecuencias de sus pasividad suicida y de su desprecio por la determinación de los catalanes. Lo que tiene una especial relevancia para todos aquellos que, por ostentar responsabilidades del gobierno, asuman la máxima responsabilidad sobre el destino de España". Este hombre de posiciones abyectas, según su propia confesión pública, trata de demostrar, dicho sea en su honor, con una gran inteligencia para el mal que Cataluña ya no es España. Y, en verdad, ofrece datos y razones sobresalientes sobre las que otro día volveré para justificar su tesis.

Algunos de esos datos, digámoslo en su favor, son demoledores. Este nacionalista catalán levanta bien acta de los triunfos de los independentistas, pero se olvida de señalar lo fundamental, eso que Borrell reconoce en el ensayo que abre el libro, las horribles mentiras del separatismo catalán. La conclusión del ensayo de López Burniol es terrible: si no se convocan unas elecciones autonómicas, según este notario famoso que redactó con un periodista de La Vanguardia el editorial que publicó toda la prensa catalana el 26 de diciembre de 2009 contra el Tribunal Constitucional y a favor del estatuto secesionista de Zapatero, al Gobierno de Rajoy le quedan pocas opciones, es decir, o traga con la propuesta separatista o recurre a la fuerza coactiva de las armas como ya ocurrió el 6 de octubre de 1934. Y, naturalmente, siempre quedaría la vía falsamente intermedia y para lelos españoles que propone el señor López Burniol, apoyado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que ha justificado jurídicamente que no es necesario la reforma de la Constitución para que el Gobierno acepte: 1) reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña; 2) competencias identitarias (lengua, enseñanza y cultura) exclusivas; 3) tope a la aportación al fondo de solidaridad y Agencia Tributaria compartida; 4) participación en la toma de decisión sobre cuestiones de carácter general a través del Senado; 5) consulta a los catalanes sobre la aceptación de estas reformas.

La salida que ofrece López Burniol es, en fin, un vulgar trágala para que el Gobierno acepte por la vía de los hechos la independencia de Cataluña. Mientras que Borrell, De Carreras y Piqué se han impuesto en este libro la misión de ilustrar, es decir, criticar y desmontar las mentiras, los engaños y las falacias del independentismo catalán, López Burniol se presenta como el principal cantor de las proezas del separatismo catalán: Cataluña se ha jugado "su destino como país: ser o no ser reconocida como nación. Libró esta batalla esencial de refacción nacional -larga y dura- en el ámbito de las ideas, y la ha ganado de forma plena, dando pruebas de una tenacidad, una habilidad y una fe en sí mismas extraordinarias. Tal ha sido su victoria, que así se le reconoce". Nada quiere saber el señor López Burniol acerca del discurso crítico que desarrollan los otros tres autores sobre el catalanismo político. Aunque sea tarde Borrell considera con gran acierto que enfrentarse a las mentiras del independentismo es el primer deber de cualquier político honesto; por eso, recoge la bandera de Ernest Lluch y cree que lo peor que puede suceder ahora "es centrarse en encontrar una salida al estado de opinión creado y dejar de lado la tarea de desmentir las posverdades -antes se las llamaba mentiras- que lo han creado". La crítica de Borrell a las falacias económicas de los independentistas, especialmente al "España nos roba", es impecable.

El extraordinario texto de Francesc de Carreras se sitúa en la misma línea crítica de Borrell, pero ahora referido a los engaños políticos. Muestra con amor, pedagogía y la humildad propia de un sabio que una doctrina política del XIX, anacrónica y casposa, enfrentada a los principios liberales y democráticos, ha sido la principal coartada de los actuales independentistas, después de que Pujol lograra imponerla como ideología transversal obligatoria a todos los catalanes: "La raíz del problema (…) es el nacionalismo identitario, una creencia contraria a los principios liberales, según la cual los individuos estamos determinados por el lugar de nacimiento, o el país de adopción, y ello comporta que debamos estar condicionados por reglas no escritas, no por leyes democráticas, basadas en la historia y la tradición cultural. Este catalanismo político, impuesto como ideología transversal obligatoria durante los años del pujolismo, es el causante de las tensiones actuales porque consiguió dividir a la sociedad en dos bandos, desaprovechando el espíritu de concordia que propició la transición política en toda España". La quiebra de esa concordia solo tiene a ojos de Francesc de Carreras un culpable: los gobernantes catalanes que han ejercido torpe y malamente las tres grandes competencias concedidas a Cataluña: un poder político autónomo con muy amplias funciones, el catalán como lengua oficial y libre de uso, y la cultura como competencia exclusiva del poder autónomo.

Entre otros muchos análisis y matices de este ensayo crítico, destacaría dos de especial relevancia. El primero es de orden analítico, se refiere al gran error que supuso para Cataluña el nuevo estatuto de autonomía que propició Rodríguez Zapatero, seguramente, uno de los más nefastos políticos que haya dado la historia de España. En vez de participar la Generalitat en las instituciones y en el Gobierno de España, según De Carreras, el nuevo estatuto "dio lugar a una absurda pugna entre los nacionalistas por cuál era el partido más nacionalista. La batalla acabó donde quizá no hubieran querido llegar algunos: el más nacionalista es el que pide la independencia, algo cuestionable". El segundo rasgo tiene un componente moral de gran importancia en un país poblado de oportunistas políticos. Se trata de la limpia conclusión que extrae De Carreras de su análisis, a saber, ningún juego hemos de tener con el nacionalismo político; adiós, pues, a cualquier cambalache con los "pujolones" (mafiosos del 3%): "Podría finalizar diciendo que hay que reinventar el catalanismo político, pero creo que ello sería introducir confusión. El catalanismo es un término que debe reservarse a quien se lo ha apropiado, el nacionalismo identitario, que siempre cometerá el error, entre otros, de pretender crear un Estado nuevo en la Europa del siglo XXI. Probablemente, lo mejor es que Cataluña sea simplemente una comunidad autónoma de España que, a su vez, debe transformarse en un Estado integrado de una Europa federal".

También el ensayo de Piqué es una magnífica reflexión sobre las salidas políticas, en el sentido más alto de la palabra política, para la comunidad autónoma de Cataluña en España, después de haber reconocido que ha sido un error de los políticos demócratas no haber contestado las mentiras, los engaños y las falacias autoritarias de los separatistas. El discurso, en fin, crítico de los políticos contra los secesionistas llega tarde. Tiene toda la razón. La prueba está en la calle e incluso en el mismo libro que acoge su ensayo... En fin, a pesar de todo, esperemos que este libro sirva algo para restaurar la democracia en Cataluña.

La CUP y su Führer vacuo
Cristina Seguí okdiario 21 Septiembre 2017

Recuerden aquella escena dantesca de la diputada de las CUP Anna Gabriel descendiendo vaporosa de su escaño mientras olisqueaba su axila zurda. Habíamos dado por sentado que aquello era una revisión de los daños que podían provocar la poca ducha del perroflautismo catasuno. No, lo que ya apestaba aquella mañana era la mierda al cuello que tenían Junqueras y Puigdemont. Más que humana, aquella destreza canida de la Gabriel era más propia de esas subespecies con cinco dedos en las patas anteriores y prominente corvejón. Como el puerco de río, la Capiguara boliviana o el Dachshund. Y aunque no le he contado los dátiles a los diputados de las CUP, era, sin duda, el mismo instinto tribal propio de las manadas: sus salidas a correr por el Parlament pueden ofrecerles docenas de puntos de información que indican el bienestar físico, emocional y delincuencial de los separatistas. Su punto de pedigrí. Ese olfato les permite saber qué indepes están a punto de rajarse, cuáles a punto de florecer. Las CUP son los reyes del criadero indepe en el que se ha convertido la sede de la soberanía nacional en Cataluña.

Puigdemont siempre fue el chico de los recados de las CUP. Una imposición a los convergentes todavía más hortera que Artur Mas. Aquella cabeza prominente y tan sátira de cualquiera normal, era en sí misma, una alegoría de su función desatascadora para que las CUP accedieran finalmente a investir al actual Gobierno de golpistas en enero del 2016. Puigdemont, alcalde de Girona y presidente de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), era el perfecto candidato de los antisistema a la Presidencia de la Generalitat: pequeño pero fanático, pueblerino y vacuo. No electo, sino puesto a dedo como en cualquier proceso bolivariano. Un servidor de la causa tan acomplejado que no logra mantener la mirada frente a sus rivales en el Parlament. Puigdemont no era únicamente el perfecto Führer de parodia para los de Anna Gabriel, sino un fiambre político con final en diferido gracias a la denuncia que ellos mismos interpusieron en 2015 contra el consejero delegado de la empresa Aigües de Girona por el desvío de más de 15 millones de euros públicos a la financiación de Convergencia y Unión mientras Puigdemont era alcalde de aquella localidad. Los antisistema eran conscientes cuando convirtieron a Puigdemont en presidente.

Preocupa la peligrosidad de un Gobierno autonómico en manos de la franquicia batasuna del condado catalán. Preocupa la percepción de que la justica sólo se aplica cuando se dicta desde el poder político y en el momento en el que más conviene al Gobierno nacional cuando su dejación de responsabilidades ha cruzado la línea roja de lo razonable. Esa parte debería haber protegido al conjunto de la nación en lugar de dejarse manejar por una minoría perfectamente engrasada con el dinero público suministrada por todos los gobiernos nacionales. Preocupa que un golpe de Estado no sea motivo suficiente de inhabilitación para el TC y que saquen los delitos de saqueo del cajón como coartada para parar al delincuente. Preocupa la recuperación de las escenas propias de los años de plomo.

Nuestra policía y secretarios judiciales ocultando sus rostros con bragas o verduguillos para salvaguardar su seguridad y el éxito de las investigaciones mientras los mismos que les acosan en sus hoteles y les tachan de fuerzas de ocupación exigen escoltas a Interior. Preocupa volver a ver a nuestros concejales señalados en las dianas de los mamporreros teenager de la fauna abertzale, Arran. Y preocupa que se siga llamando constitucionalista al PSOE cuando ha dado constantes pruebas de ser claramente antiespañol y aficionado a la práctica de acoso al Estado cuando éste se ve más debilitado.

Golpe de Estado en marcha (16)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 21 Septiembre 2017

NOS DEBEMOS PREPARAR PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA Y LAS LIBERTADES CON LAS ÚNICAS ARMAS QUE TENEMOS, LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA PACÍFICA.

Esta arenga de Carles Puigdemont y de otros líderes secesionistas ha tenido una respuesta inmediata con múltiples concentraciones frente a las Consejerías donde la Guardia Civil cumplía con su misión de policía judicial, con la actitud pasiva y contemplativa de los Mossos ante los desmanes violentos y acoso de una muchedumbre que nada tenía de pacífica. Tampoco lo fue la concentración y rodeo de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Manresa donde cerca de un millar de energúmenos separatistas intimidaron a los agentes y sus familias que se encontraban en el interior, quitaron la bandera de España del mástil de la fachada y la sustituyeron por una bandera separatista ilegal estelada. Tampoco hubo presencia de los Mossos para evitar esta clara provocación a unas fuerzas policiales que estaban en su derecho de haber usado la fuerza para defenderse, algo que al parecer no fue autorizado por la superioridad.

El caso es que Carles Puigdemont no solo sigue haciendo gala de su desobediencia y desafío a la legalidad vigente, sino que además añade a sus delitos el de incitación a la violencia, ya que en ese llamamiento a la ciudadanía resulta impredecible su comportamiento pacífico, salvo que se haya previsto un sistema de seguridad para controlar que se respeten los modos democráticos y pacíficos, cosa que no ocurrió ni en el acoso en las Consejerías, ni en el asalto a la casa cuartel de la Guardia Civil en Manresa. Avivar la confrontación es de una absoluta irresponsabilidad y el camino más seguro hacia una escalada de violencia de la que los convocantes deberan responsabilizarse. Es por ello que la respuesta por parte del Gobierno de España no tardó en producirse con la comparecencia en Moncloa ayer noche de Mariano Rajoy en el que hizo un aviso a navegantes con “están a tiempo de evitar males mayores”.

Tampoco deberían los altos mandos de los Mossos pensar que su estrategia de lealtad a los golpistas va a ser aceptada y consentida. Porque una cosa es mantener la falacia de la “proporcionalidad” en las actuaciones y otra muy distinta la de mantenerse en un plano alejado y contemplativo de los acontecimientos en un dejar hacer contrario a su deber como Fuerzas policiales del Estado, que no de la Generalidad. Los Mossos no son el ejército de Cataluña, sino una policía autonómica que debe lealtad y respeto a la Constitución de España, es decir al Estado, aunque su dependencia operativa sea del Gobierno de la Generalidad. La existencia en sus filas de agentes identificados ideológicamente con el separatismo independentista es causa suficiente para su expulsión del cuerpo, porque en este no hay lugar para el conflicto de lealtades y objeción de conciencia. Hay una única lealtad y deber. Así que o cumplen lealmente con la legalidad o habrá que plantearse la continuidad de un Cuerpo policial del Estado no fiable.

Por otro lado, la desobediencia y el desafío se mantiene en alcaldes que se niegan a presentarse ante la Fiscalía para ser interrogados sobre su apoyo a un referéndum ilegal. En este caso se trata del alcalde de Sabadell, Maties Serracant, que dice “Es por eso que no voy voluntariamente, porque creo que esta Fiscalía no está legitimada para intervenir contra la decisión soberana del Parlament”. Igualmente, la podemita alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, se niega a ir a declarar a la Fiscalía y llama a los ciudadanos a movilizarse contra el totalitarismo del Estado. Estos sujetos se creen estar por encima de la Ley, pero su actitud chulesca se acabará cuando sean inhabilitados por la Justicia. Son gentuza que no se cansa de apelar a la democracia, pero que actúan con un sectarismo típico de formaciones fascistas.

Quedan aún diez días que pueden hacerse muy largos si se mantiene este clima de crispación y de violencia a la que han apelado los principales dirigentes del Gobierno de Cataluña y unos alcaldes irresponsables. Mariano Rajoy ayer pidió que los golpistas reconsiderasen su posición y diesen un paso atrás en sus ilegales pretensiones. Porque es un hecho que el Estado de Derecho no puede permitir que se consume un referéndum ilegal y se mantenga la desobediencia de un Gobierno y parlamento autonómico. La violencia solo puede generar violencia y aunque se conozca cual será el resultado del enfrentamiento, se habrá causado un mal irreparable no solo a la sociedad en Cataluña, sino a toda la sociedad española. Los golpistas están a tiempo de rectificar y no seguir añadiendo delitos a los ya cometidos.

Lo que no se va a consentir son los vergonzosos espectáculos de asedio, robo de armas y asalto a las FFyCCSE, a sus familias y a sus dependencias. Se usará la fuerza necesaria para reprimir y detener a los violentos. Y aquí el Mayor Trapero de los Mossos debería reflexionar sobre su actitud y decidir si está dispuesto a cumplir y hacer cumplir con el deber de defender la legalidad vigente de forma al menos profesional sin matices de conflictos de lealtades.

¡Que pasen un buen día!

No hay que darles nada
Cristina Losada Libertad Digital 21 Septiembre 2017

La actuación del Estado de Derecho en Cataluña ha causado entre los dirigentes separatistas y sus seguidores la reacción que provoca entre los niños mimados que sus papás les digan un día que no. Los niños se dan a la pataleta y a la rabieta. Los partidos separatistas catalanes, además, invocan valores que ellos mismos pisotean sin escrúpulos. Ahí está Puigdemont, acusando al Estado de haber "suspendido de facto el autogobierno de Cataluña", después de haber suspendido la Constitución, el Estatuto y los derechos democráticos de la oposición en el Parlamento catalán. Suspendido es poco: se cargaron todo eso de un plumazo con burlona prepotencia. Y siguieron adelante, lanzando incluso pueriles provocaciones, en su plan de celebrar un referéndum que ha suspendido el TC para pasar, así, por encima de la ley y de la soberanía del conjunto del pueblo español.

Es posible que muchos de los que participan en esta operación antidemocrática creyeran que el Estado no existe o que se iba a cruzar de brazos. Pero lo que es seguro es que creían y aún creen que tienen derecho a una absoluta impunidad: en que pueden ir contra la ley sin arrostrar las consecuencias. Lo curioso, y más que curioso, abochornante, es que en esa creencia en su propia impunidad los acompañen quienes aparentemente no son separatistas o nacionalistas. Porque impunidad quieren para ellos los de Iglesias y Colau, que califican de "detenidos políticos" a los políticos detenidos por la organización del ilegal y desleal 1-O. tal vez no sorprenda que Podemos y En Comú se pongan al servicio de partidos hipercorruptos como el PDeCAT, y de un proyecto insolidario y antiigualitario, por decirlo suave, pero de entre los sucesos de estos días es uno de los fenómenos políticos más obscenos.

Luego tenemos a los que no quieren el referéndum separatista, pero tampoco quieren que se impida. Son los que ayer decían que era malo lo que querían hacer los indepes, pero hoy dicen que ¡uy!, que es muy mala cosa, pero muy mala, que se confisquen papeletas y propaganda y se detenga a implicados en la comisión de un delito. Son los que dicen que "no es la solución" y envuelven su calculada ambigüedad –la de los "agachados hasta saber quién gana", como decía Félix de Azúa en una columna– con el celofán de la "solución política". Con la perogrullada, tan extendida, de que, ante un problema político, hay que aplicar soluciones políticas.

Claro que la perogrullada lleva bicho. El gusanito que mora en su interior es que a los separatistas catalanes hay que darles algo para que nos hagan el favor de volver al business as usual. Que hay que premiar a la autonomía catalana con algún cambio favorable en el statu quo para que la crecida secesionista de los últimos años descienda a los tolerables niveles previos.

Los partidarios de dar olvidan o prefieren olvidar algo importante. La subida de la marea separatista, con la incorporación al independentismo de compañeros de viaje circunstanciales, responde en gran medida a un incentivo perverso, pero realista: la posibilidad de sacar alguna ventaja de todo esto. La atractiva idea de que al final se podrá obtener algo contante y sonante, algún privilegio, alguna preferencia, alguna prebenda, es lo que mantiene unidos a los separatistas creyentes, los que se pasan la fe de generación en generación, y a los de aluvión, esos que se han dejado persuadir por el mensaje de "España nos roba" u otros de los agravios inventados. No es un horizonte ilusorio. Está avalado por los precedentes: las concesiones hechas por los Gobiernos de España al nacionalismo catalán.

La manera de conseguir que la crecida separatista baje no es alimentar la expectativa de que se pueden conseguir ventajas. Es proyectando la certeza de que no habrá recompensa alguna. ¿Solución política, dicen? La solución política es hacer, por una vez, lo que no se ha hecho nunca. Dejar meridianamente claro, desde ya, que no habrá trato de favor y no se dará nada, pero nada, que no corresponda. Como al niño mimado. Llega un día en que hay que decirle que no, que se ponga como se ponga se le va a tratar igual que a sus hermanos.

Cataluña, la celebración de la ilegalidad
JAVIER ZARZALEJOS El Mundo 21 Septiembre 2017

Ya lo dijo Pujol: "Todos los partidos tienen su gente atípica, su gente impaciente, su gente radical, su gente que vive en su torre de marfil, la gente que hubiera llevado a cabo una campaña de erosión contra la Constitución, precisamente porque la hubieran presentado como un hecho sin valor, como un hecho ya vulgar, como muchas veces sucede con lo que se ha conseguido que no se valora debidamente". Estas palabras de Jordi Pujol pueden leerse hoy con incredulidad pero fueron pronunciadas el 31 de octubre de 1978 en el Congreso de los Diputados para explicar su voto favorable al proyecto de Constitución. Lo que entonces el futuro presidente de la Generalidad de Cataluña veía como marginal -y frente a lo que marcaba distancias- se ha convertido hoy en mayoritario dentro del nacionalismo catalán empezando por él mismo.

En la propia secuencia de Pujol habría que decir que hoy el nacionalismo catalán en conjunto resulta atípico, temerario, encerrado en una torre que sólo él cree que es de marfil, conjurado contra la Constitución a la que quieren destruir "como un hecho sin valor, como un hecho ya vulgar, como tantas veces ocurre con lo que se ha conseguido que no se valora debidamente".

El contraste entre las palabras de Pujol en el Congreso y lo que está ocurriendo da la medida de la inmensa responsabilidad histórica que ha contraído el nacionalismo catalán con este persistente afán de dinamitar no sólo el marco de convivencia de todos los españoles, sino la cohesión de la propia sociedad catalana y la fuente de legitimación del mayor autogobierno del que Cataluña ha dispuesto nunca en tanto que sujeto del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución. Lo ha hecho sin miramiento hacia el sentimiento identitario de la mayoría de ciudadanos que viven sin incompatibilidad ni agonía su condición de catalanes y españoles y renegando de su pretendido pragmatismo moderado con el que había conseguido atraer a un segmento muy amplio del electorado de Cataluña. En el órdago se han llevado por delante ese halo de gente impecablemente democrática que los nacionalistas catalanes han cultivado como otro de los frutos del oasis del que tanto se jactaban. Lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña con el simulacro de debate de la legislación independentista es un estigma de vergüenza que se tardará en borrar.

La arrogante celebración de la ilegalidad es la actitud más autodestructiva que una sociedad puede sufrir, como bien deberían saber los propios catalanes si el nacionalismo no se hubiera encargado de hacerles creer que sus peores fracasos a lo largo de la historia han sido en realidad éxitos resonantes. La Cataluña de los independentistas ha decidido romper amarras. Pero que no se engañen. Con lo que quieren romper no es con esa idea fantasmagórica e irreal de una España opresora que sólo existe en su imaginación. Hasta tal punto tienen que hacer revivir un enemigo secular para justificarse que quieren recrear, como farsa, 42 años después, una añeja épica del antifranquismo (L'estaca incluida) de la que, para decirlo todo, ni mucho menos participaron todos los catalanes. Con lo que quieren romper los independentistas -y hacer que toda Cataluña rompa- es con una nación de la que forman parte, que se ha dotado de un Estado democrático, con un país plenamente integrado en Europa, con un pluralismo político real, con una organización territorial que desafía con ventaja cualquier comparación exterior y en el que hablar de persecución política o cultural o es mentira o paranoia. Pretenden romper, en suma, con una historia de éxito colectivo.

Entre los diferentes diagnósticos tranquilizadores que hemos venido escuchando, se ha dicho que el de Cataluña era un problema de dinero o, alternativamente, de cariño. Pero eso -dinero y cariño- es exactamente lo mismo que cualquiera reclama sea o no catalán. No creo que ayude el seguir viviendo en los estereotipos, ni añade excesivo valor continuar en la glosa diaria de la ilegalidad de lo que todos sabemos que es radicalmente inconstitucional. Y el argumento de trazo grueso que centrifuga indiscriminadamente las responsabilidades de la situación en Cataluña sobre la actuación de todos los gobiernos anteriores de la democracia resulta las más de las veces sospechosamente oportunista porque es curioso que ahora se hable del PNV elogiando su moderación y su contribución a la estabilidad del Gobierno exactamente igual que se hablaba de CiU y de su papel durante tres décadas de la política española.

Como se dice en los procedimientos judiciales -y no es por señalar- la fase declarativa ha concluido y ahora es la actuación ejecutiva la que manda. No sólo para dar continuidad a la respuesta jurídica articulada por los diversos órganos de Estado a la quiebra de la legalidad constitucional.

A medida que el independentismo profundiza en su trinchera, van perdiendo sentido las consideraciones de oportunidad para usar los instrumentos que el propio orden constitucional prevé para su defensa. El Gobierno ha adoptado un estrategia de respuesta progresiva a las actuaciones de los secesionistas y es un imperativo cívico apoyar a quien tiene la legitimidad y la responsabilidad primordial de hacer frente a esta agresión.

Pero más allá de lo que pueda deparar el 1 de octubre y del efecto final de las medidas adoptadas por el Gobierno en su compromiso de impedir que el referéndum tenga lugar, el futuro de Cataluña exige de un esfuerzo político compartido por los partidos constitucionalistas a partir de algunas premisas que hoy todavía no sabemos si son comunes.

Se puede especular con que el Gobierno catalán declare unilateralmente la independencia o convoque elecciones o las dos cosas a la vez. Por el momento es una conjetura. En cualquier caso, lo primero es no desistir, ni con desistimiento al contado, ni con desistimiento a plazos. Lo que ocurra tras el 1 de octubre no puede desembocar en una situación en la que el independentismo gane en todo caso, haciendo bueno el cálculo oportunista de los secesionistas de ocasión.

Habrá que ser consciente de que, ni en la hipótesis más optimista, un acuerdo político puede ser eficaz si no se incide sobre la opinión pública en Cataluña y sobre el electorado catalán con un compromiso visible de garantía de los derechos de todos los ciudadanos, con el fortalecimiento del tejido de sociedad civil no nacionalista y con la articulación eficaz de un espacio político y electoral que pueda erigirse en alternativa a un nacionalismo descalificado como fuerza democrática de Gobierno. Escondida bajo la presión hegemónica del nacionalismo decantado hacia la secesión, existe una Cataluña plural, dispuesta a continuar de buena fe con esa gran conversación en la que consiste la vida de una nación en democracia y libertad.

Javier Zarzalejos es director de la Fundación FAES.

Violencia, democracia y semilealtad del PSOE
Jorge Vilches. vozpopuli.es 21 Septiembre 2017

El PSOE está perdiendo una oportunidad histórica. Podemos está aplicando el manual leninista de la desestabilización para tomar el poder, y está descontrolado. Una muestra es el desvarío de Pablo Iglesias, que no contento con sostener el espíritu del golpe de Estado y convocar una asamblea alternativa contra la legalidad , ha denominado “ presos políticos ” a los detenidos en cumplimiento de sentencias judiciales. Este tremendo error táctico de los podemitas, por no calificarlo de otra manera, debería haber servido a los socialistas para construir un discurso y una acción de Estado, capaz de recuperar la confianza y la estima por un partido desdibujado.

Esa dicotomía que muestra el PSOE de Sánchez es injustificable. Sus alcaldes catalanes están siendo acosados y amenazados por los independentistas, al tiempo que el PSC, que ha tomado las riendas del socialismo, apuesta por la solución dialogada al golpe de Estado. Dicen que están del lado de la legalidad, pero desprecian el funcionamiento de la ley. En un solo día son capaces de votar contra una proposición de Ciudadanos en apoyo de la actuación legal del Gobierno, y luego asegurar que están por " la defensa de la legalidad y del estado de derecho " y que, por tanto, mantendrán su apoyo al Ejecutivo.

La pata más débil del sistema es el PSOE. Su actitud no sirve para aislar completamente a los golpistas y a los violentos, que ven en los socialistas un resquicio para rentabilizar sus actos. De la “solución política” al golpe, como pretenden, solo puede haber una víctima: la democracia.

Quizá a este izquierdismo que ha embriagado al PSOE, la palabra “democracia” solo les sirva para evocar la “lucha contra las desigualdades” y “el reparto de la riqueza”. Pero esta sovietización de la política nada tiene que ver con los principios democráticos de separación de poderes, representación y libertades. Por eso, la actitud del PSOE se puede calificar de “semileal” aplicando las categorías que estableció Juan José Linz para estudiar la crisis de las democracias: leal en el ejercicio del poder, desleal en la oposición.

Eso ya ocurrió antes con el socialismo español; durante la Segunda República. Los socialistas, junto a los republicanos, se dieron en 1931 un régimen a la medida de sus ideas y propósitos. Es cierto que existía una parte del PSOE, la de Julián Besteiro, que miraba a la socialdemocracia alemana; es decir, a constituir un régimen representativo basado en la soberanía popular. Pero otra parte, la mayoritaria, consideraba que la República era una transición a la sociedad socialista.

En esta dualidad, en una sociedad en conflicto, siempre gana el más radical. Así ocurrió. Fueron los de Largo Caballero quienes rompieron el gobierno con los republicanos en la primavera de 1933 porque consideraban que eran un freno a su proyecto transformador. Adoptaron entonces un lenguaje y un comportamiento bolcheviques, al punto de que al viejo líder sindical lo denominaron “el Lenin español”. La compilación de sus “Discursos a los trabajadores” no tiene desperdicio en este sentido: maximalismo, deslealtad a la República, y llamada a la guerra civil.

La demonización del adversario, convertido ya en “enemigo”, les impedía la defensa sincera de la legalidad. Incluso la colaboración con los republicanos de izquierdas les resultaba una traición a sus ideas porque los tildaban de “partidos burgueses”. Aquel PSOE solo era leal a una República gobernada de forma omnímoda e incontestable por ellos. Los discordantes, como Fernando de los Ríos o Besteiro, entre otros, callaron o no se opusieron lo necesario, al igual que hoy. Todo ese proceso está en el testimonio de un socialista menor, Gabriel Mario de Coca, testigo de aquello, en el impagable título de “Anti-Caballero: crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista (1930-1936)”.

No tuvo el PSOE ningún sentido de Estado, todo lo contrario. Organizó el golpe de Estado contra la República en 1934, contando, cómo no, con los catalanistas, que hirió de muerte al régimen. El delito era que el sistema estaba fuera de su poder, en manos de la derecha, y que el juego democrático, la oposición institucional y la conquista de la opinión no eran mecanismos que pudieran aceptar. Esa deslealtad les llevó a constituir aquel Frente Popular que, a imitación del francés, pretendía tomar el poder de forma exclusiva y para siempre como antesala de la revolución. Luego llegó el fraude electoral de febrero de 1936 y la manipulación en la comisión parlamentaria de actas para tener mayoría absoluta.

El PSOE de Sánchez cree que una postura intermedia, entre la legalidad estricta y el golpismo violento, les proporcionará su victoria particular. Es una mala lectura de Curzio Malaparte, de su “Técnicas de golpe de Estado”, en las que relataba cómo en algunas situaciones era la “vía media” entre la fuerza y la ley quien se hacía con el poder. A estas alturas no hay una solución a medio camino entre la democracia constitucional y los golpistas violentos que llaman a la movilización en las calles. Solo se puede y debe aplicar la Ley y el Derecho.

Ha llegado el momento del funcionamiento pleno de las instituciones y de la unidad de los partidos democráticos para guardar y hacer guardar la Constitución. No caben semilealtades. Ese hueco político que el PSOE está dejando lo ocupará alguien, quizá Ciudadanos, pero el daño que está haciendo a la convivencia y la confianza en España tardará en restañarse. Ojalá rectifique.

La Crisis del Siglo (I)
El sujeto constituyente de España, nosotros, es lo que está en peligro de desaparecer en una crisis secular.
Luis Riestra vozpopuli.es 21 Septiembre 2017

Seguramente, quienes han visitado anteriormente esta bitácora digital habrán comprendido de inmediato que no me refiero solo a una crisis económica, sino a una que, según la Teoría Generacional , ocurre cada cien años, más o menos, y en la que la propia existencia de la nación está en peligro. Dicha crisis es producto de la degeneración del pensamiento de una época (zeitgeist) y de un orden interno disfuncionales, suicidas, que a su vez se pueden ver potenciados por un proceso de degradación y disfuncionalidad similar a nivel internacional, tema que también hemos explorado aquí.
Señales parciales

Probablemente, alguno de Ustedes haya pensado que el lío político en Cataluña es el pistoletazo de salida de dicha crisis, pero no, eso solo es un síntoma más de la degeneración de un pensamiento y un orden establecido tras la crisis secular anterior: la iniciada por el golpe de Estado que llevó a la Segunda República y después a la guerra civil. No, lo de Cataluña no es un síntoma mayor; al existir la UE, que también está en su crisis secular , el intervencionismo exterior para subvertir el orden español es menor (quieren una España débil pero no un desastre; fíate de los aliados), con lo cual habrá más de lo mismo, más degeneración, pues aquí la política es la continuación de la última Guerra Civil por otros medios .

En otras palabras, lo que vemos en Cataluña no son más que unas banderillas mal puestas por unos payasos a un miura al que han afeitado, narcotizado y al que quieren trocear. No, de lo que hoy hablamos es de una gran lanzada, una en la que estará en juego su propia existencia. Mientras, a la casta, que es todo aquel que vive del invento sin sufrir las consecuencias negativas del mismo , hasta le vienen bien estos eventos, que así puede "negociar" (reunión de castuzos, ruina del sujeto constituyente); es decir, seguir explotando al sujeto constituyente entreteniéndolo convenientemente.
Optimismo y realidad

Como uno ya les ve venir, creo lo que debemos hacer es aprovechar que el sujeto constituyente se ha espabilado algo, temporalmente, para advertirle de lo que le viene, y de paso, a ver si por lo menos les da a estos payasos una buena cornada y los inhabilitan de por vida para contratar con "lo público". Lamentablemente, visto el panorama, no se evitará la parte dura de la crisis, pues la Sociedad sigue un patrón autodestructivo de libro.

Uno sabe, por experiencia propia, que hasta que no despierte el sujeto constituyente español el engendro de la crisis seguirá creciendo y las víctimas, presentes y futuras, de este sistema disfuncional se irán amontonando una tras otra, y que los intentos de evitar la crisis de la que hablamos, solo consiguen destruir tu salud y tu patrimonio, que la mayoría de los que te animan a la lucha solo te usan como escudo para defender sus miserias y sus ideicas y que, cuando te tengas que retirar de primera fila por estar en la ruina y enfermo, ni se acordarán de ti; hasta que les llega su turno, claro, entonces ya nunca te podrán mantenerte la mirada. Así irá esto mientras el sujeto constituyente siga en su servidumbre voluntaria , algo que seguramente conocen muy bien los demócratas españoles del País Vasco y, más recientemente, de Cataluña.

Destrucción del sujeto constituyente
La naciones tienen dos pilares maestros que determinan su existencia, a lo que se quiere destruir (lo llaman "cambio"), y son: la etnia y la religión. ¿Algún problema con la palabra "etnia"? Seguramente, dado el torticero debate nacionalista, plurinacional, multicultural, etc. impostado por la generación de sociópatas delirantes de la partitocracia. Que no les engañen, es muy sencillo: si su vecino (el prójimo) es español de origen, ese al que partidos y grandes medios quieren que odie, pues esa es su etnia, no le dé más vueltas.

Un ejemplo, entre muchos, de la destrucción del pilar religioso, aparte de las barrabasadas de algunos miembros del clero, que también tiene sus sociópatas, es el seguidismo masivo y bobalicón, como si fueran ciertas, de las ficciones históricas y religiosas del neo-gnóstico Dan Brown, quien, agárrense, también quiere explicarnos España. Lo gnósticos son viejos enemigos del Cristianismo, que, para resumir, postulaban (y postulan) con habilidad el "sí, pero al revés": la serpiente y Caín son los buenos, YHWH y Abel los malos; tú tienes unos evangelios, pero lo buenos son los míos, tu religión en realidad es como yo la cuento, etc.; un viejo y manido truco. Luego, cuando recomendabas una conferencia aclaratoria de las falsedades del Código da Vinci, aunque solo fuera por motivos culturales, ni caso; pues vale, sigamos degenerando, a ver cómo termina esto.

Hay otros pilares del hecho nacional, claro, como la Historia o la Cultura, que por supuesto están interrelacionados y que también son objetivo preferente de quienes experimentan con nuestra existencia , estableciendo sus mentiras para que el sujeto constituyente no pueda ser libre y gobernarse democráticamente. Por otro lado, no olvidemos, además, que las naciones son garantía de obstrucción experimentos internacionales, tal y como lo demuestra, por ejemplo, Polonia (y otros en la UE), aunque también es cierto que su sujeto constituyente está más despierto al ser reciente su liberación de la bota comunista, muy internacional ella.

Pues bien, eso, el sujeto constituyente de España, nosotros, es lo que está en peligro de desaparecer en una crisis secular y, aparte de parecer imposible, de ahí el peligro de nuestra situación, dicho fenómeno, obviamente, no ocurrirá de repente, sino que, como no espabile el sujeto constituyente, se establecerá un nuevo orden y un nuevo pensamiento que lo trituran y, al final de unos cien años, quedará rendido, reducido, controlado, de forma que, con el transcurso de los siglos, ciclos, dicha nación desaparece.

Experimentos demográficos
Manipular los pilares históricos y culturales de una nación que no tiene un gobierno representativo, como es nuestro caso, es relativamente fácil, ya sea subrepticiamente o de forma agresiva y cruel, como nos contaba Guillermo Cortázar recientemente , la típica del nacionalismo y el comunismo, algo que ha sido moneda común en nuestro país desde el principio (1931-1939) del actual ciclo generacional. Pero lo que ya es de pirómanos esel experimento demográficoque nos están imponiendo y que, como lo demuestra toda la evidencia histórica, ese caospolitismo solo puede terminar mal, muy mal .

En esto, para engañarnos, siempre ponen de ejemplo el caso de Estados Unidos, donde la inmigración venía principalmente de la misma Civilización, con dos pilares maestros muy similares, y con unas ganas tremendas de integrarse; ocurre incluso hoy con los "hispanos", que les están llenando las iglesias a los evangélicos, única denominación cristiana que, más o menos, se aguanta y que ahora manda misioneros a Latinoamérica. La experiencia estadounidense poco tiene que ver con la Europa actual.

Experimentación y drama social
Tema distinto es el de la inmigración musulmana, promovida por "nuestros" nacionalistas , la "izquierda" y el Establishment global, principalmente, cuyos dos pilares maestros son incompatibles con el resto, a los que busca desplazar o derribar por distintos medios, más o menos expeditivos. En Occidente, a modo de control del experimento, los grandes medios, que están quebrados, tapan esos abusos intolerables para que el sujeto constituyente no se despierte al tiempo que lo mantienen muy entretenido. Toma fútbol. ¿Y quiénes son los dueños del fútbol? ¿Saben Ustedes cómo influyen los grandes equipos en la facturación de los grandes medios? ¿Por qué creen que los grandes mangantes quieren sus presidencias?

Como adelanto del drama, aparte de lo que surge políticamente en Alemania , está el también predecible caso de Birmania (Myanmar), que allí hay menos fútbol, donde otro gobierno no representativo les intentó cambiar la demografía y, en cuanto apareció ISIS, el terrorismo islámico y las violaciones masivas, el tigre birmano reaccionó y explotó aquello; lógicamente, los Mass Media globales quebrados han ido contra ellos y su primera política, la premio Nobel de la Paz, Suu Kyi en un intento de que el experimento global no descarrile.

Antiguamente, en las Ciencias Sociales (Económicas, Sociología, Políticas, etc.) se nos enseñaba que no se podía experimentar, no solo porque no podías reproducir en laboratorio un fenómeno, ni controlar las variables, de difícil medición, y por un largo etcétera, sino porque tratas con personas; es decir, no se puede, prohibido, deontología básica. Hoy, con la casta catedrática que padecemos, no extraña que salgan saltimbanquis enseñando los dientes y golpeando al cielo bramando "¡Sí se puede!". Pues no, no se puede.

Lo que se puede hacer tras el desaguisado es ver patrones históricos, sacar conclusiones y, dado que, las consecuencias de la demografía son imparables, prever cuando, más o menos, tendremos esa gran crisis, para así explorar formas civilizadas de solución, pero eso lo haremos la semana que viene.

La Guardia Civil, atrapada durante horas en la sede de la Hacienda catalana
Al menos media docena de agentes no han podido salir del edificio de la Generalitat hasta las siete de la mañana por la gran cantidad de gente concentrada en las inmediaciones. Los coches de los antidisturbios, destrozados
EFE ABC 21 Septiembre 2017

Los Mossos d'Esquadra han cargado esta madrugada contra un grupo de manifestantes situados ante la consellería de Economía de la Generalitat para intentar asegurar la salida de la comitiva judicial y de los guardias civiles que habían entrado a realizar un registro por orden judicial a las ocho de la mañana de este miércoles.

Tras algunas cargas y empujones, la policía autonómica ha logrado crear un cordón de seguridad que abarca un pequeño tramo de la acera situada ante la sede de las dependencias de la consellería y el lateral de la Rambla de Catalunya, donde se encuentran aparcados tres vehículos de la Guardia Civil, que han quedado absolutamente destrozados por los manifestantes.

La policía autonómica había advertido por megafonía a los manifestantes, algunos de los cuales se habían sentado en el suelo, de que iban a intervenir para despejar la zona, en la confluencia de Rambla Catalunya y Gran Vía, en el centro de Barcelona.

La policía autonómica se había desplegado en medio de los abucheos de algunos manifestantes, mientras otros pedían calma y lanzaban consignas como "manos arriba", para dejar patente el carácter pacífico de la concentración. Además, algunos de los concentrados han lanzado varios objetos contra la policía autonómica, especialmente latas de bebidas.

Antes de las cargas, los trabajadores del departamento de Economía que seguían en su interior han podido abandonar las dependencias de la administración autonómica y han sido recibidos por un pasillo creado por los voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Cuando ha tenido lugar la actuación policial, la mayoría de los manifestantes ya habían abandonado el lugar y sólo quedaban unos centenares de personas, después que los responsables de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, habían dado por finalizada la concentración, que ha llegado a reunir a 40.000 personas, según la Guardia Urbana.

Ambos se habían encaramado en uno de los vehículos de la Guardia Civil que había en la zona para convocar a sus seguidores mañana a las doce del mediodía, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Horas antes, en el transcurso de la concentración, dos policías no uniformados que habían salido de las dependencias de la Generalitat han tenido que se protegidos por voluntarios de la ANC mientras eran increpados por los manifestantes, algunos de los cuales les han lanzado diversos objetos.

Ante las agresiones, se han visto obligados a refugiarse en el Teatro Coliseum, situado en la Gran Vía, mientras los voluntarios de la ANC intentaban calmar los ánimos. A las 7.15 horas ha salido el resto de guardias civiles, una quincena.

Cronología de una larga noche
Poco antes de las 2, una ambulancia se ha llevado a una persona que ha resultado herida durante el forcejeo con los antidisturbios --que ha incluido lanzamiento de objetos de los activistas y golpes de porra de los agentes--, mientras los concentrados se han tenido que mantener en la acera central de la Rambla de Catalunya. Hasta que ha salido la media docena de guardias civiles de paisano, algunos de los movilizados han increpado puntualmente a los Mossos pero no ha habido más incidentes, y lentamente ha ido menguando la presencia de concentrados.

A las 3 han salido esa media docena de agentes y se han subido a coches sin logotipo policial, mientras los concentrados les han increpado y han tirado algún objeto.

Pocos minutos después de las 3, los Mossos han pedido por altavoz que la gente se apartara aún más y se han dirigido a los sentados para que se levantaran: los han ido apartando, aunque otros se iban sentando, pero también se les ha apartado, sin cargar contra ellos.

A las 3.20 ha quedado despejada la acera central de la Rambla de Catalunya frente a la puerta de la Conselleria, y el centenar de concentrados se ha ido quedando en unos 20 sobre las 6 de la mañana.

A pesar de ir menguando los concentrados, los guardias civiles que seguían en la Conselleria no se han ido; sólo alguno ha salido para comprobar el estado de los cuatro vehículos logotipados de Guardia Civil.

Al constatar que no podían irse en ellos por tener ruedas pinchadas y los vidrios con pegatinas, han avisado para que se los llevara la grúa --que han retirado tres hasta las 6.40 horas--.

A las 7.15 horas ha salido el resto de guardias civiles, una quincena.

Roca Junyent y la deslealtad catalana
Miquel Roca Junyent, esas son las iniciales del mayor pufo, la mayor decepción, que nadie pueda llevarse con el conflicto de Cataluña
Javier Caraballo elconfidencial 21 Septiembre 2017

Para todo lo que está ocurriendo en Cataluña, yo tengo un nombre: Miquel Roca Junyent. Cada pregunta sin respuesta que hacemos sobre el silencio exasperante de tantos catalanes ante el atropello independentista tiene las iniciales de ese nombre. Igual que cada duda que nadie contesta sobre la apatía desesperante, la equidistancia calculada, de tantos intelectuales, periodistas, artistas, políticos o catedráticos, que van caminando por el alambre de una ambigüedad imposible. Miquel Roca Junyent, esas son las iniciales del mayor pufo, la mayor decepción, que nadie pueda llevarse con el conflicto de Cataluña y que haya estado esperando el resurgir, el grito, la protesta de esa ‘mayoría silenciosa’ que en realidad debe ser muda y ciega y sorda.

El despropósito mayor no es el de aquellos radicales, ya sean cientos o miles, que han decidido crear una legalidad catalana, ignorar la Constitución española que votó mayoritariamente el pueblo catalán, y declarar la independencia; la deslealtad que puede señalarse en los independentistas catalanes es, por muchos motivos, menos trascendente que la deslealtad de la gente como Roca Junyent. En esta hora decisiva de la historia reciente de España, callan o sortean la realidad con un discurso intencionado de idas y venidas; cada reproche al independentismo va seguido de una justificación.

"Se dice que hay un debate entre legalidad y legitimidad. En el fondo, en la forma y los conte­nidos, lo que hay es un problema político que solo la política podrá resolver”, dijo hace poco Roca cuando el Parlament aprobó sus leyes de desconexión y proclamó que ya no atendía, ni reconocía, el sistema legal de España. Esa es la insoportable vaguedad de Miquel Roca Junyent que, solo por respeto a su pasado como padre de la Constitución, debería sonrojarse al ver el espectáculo de cinismo en el que anda embarcado. Y como jurista de prestigio que se le reconoce, ya no es cinismo sino frivolidad y manipulación ante lo más sagrado que debe defender un jurista demócrata en un Estado de derecho: el imperio absoluto de la ley.

En juego, la autoridad del Estado
Antonio Casado Periodista Digital 21 Septiembre 2017

Desactivar una aberrante hoja de ruta, incubada al margen de la razón, la ley y el sentido común, es un deber de Estado

Sucede, además, que en el grave conflicto político que se vive en Cataluña hay dos reivindicaciones permanentes sobre las que Miquel Roca tiene un protagonismo fundamental en el pasado para que las cosas sean como son en la actualidad: el modelo de financiación de Cataluña y el derecho de autodeterminación de todas las regiones. Ninguno de esos debates es de estos días, sino que pertenecen al tiempo en el que España salía de la dictadura y los españoles, en una movilización de civismo y de consenso desconocida en la historia, fueron capaces de ponerse de acuerdo para sacar adelante la Constitución.

¿Por qué Cataluña no goza de un sistema de financiación igual que el del País Vasco y Navarra? Otro diputado nacionalista de aquellos tiempos, el vasco Iñaki Anasagasti, lo ha recordado en alguna ocasión en su blog: “Siempre he dicho que Miquel Roca es un magnífico parlamentario, pero un pésimo político. No nos echó ninguna mano cuando hubo que negociar la Constitución ni a la hora de tener grupo parlamentario propio en 1977. Se nos excluyó de la ponencia constitucional y él desechó la figura del concierto [económico] porque 'no hay nada más odioso que la recaudación'. Arzalluz y su equipo dieron la batalla y se logró la devolución del concierto para Gipuzkoa y Bizkaia en 1980. Catalunya está como está por culpa de una mala negociación en 1978. Los socialistas de Raventós no hicieron nada y Roca menos (…) Roca es un tipo con pocos principios y que siempre juega a dos barajas”. La frase displicente, de señorito acaudalado, de “no hay nada más odioso que la recaudación”, ya dice bastante del personaje, pero en realidad también escondía una mentira: el único problema es que el cálculo que hacían entonces los nacionalistas catalanes era que con la financiación general, con la caja general, Cataluña podía conseguir más fondos que con una hacienda propia. Los problemas han llegado cuando la crisis económica arrasó con todo, llegaron los recortes, y la Generalitat, tras tres décadas de una pésima gestión de su autogobierno, acabó rozando la quiebra. Esa fue la clave del auge independentista, la ensoñación de que con un Estado propio Cataluña no tendría los problemas económicos de la actualidad. Lo que antes convenía, deja de interesar y la respuesta es darle una patada al tiesto y romper con todo. Lo de la ‘comodidad’, el ‘encaje’ de Cataluña en el Estado español o el ‘agravio’ del pueblo por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el último Estatut no son más que excusas eufemísticas que intentan camuflar la verdadera raíz, acaso por esa displicencia original de que “no hay nada más odioso que hablar de recaudación”.

También el derecho a la autodeterminación se discutió en la Transición, en el debate constitucional, y también entonces los nacionalistas catalanes tuvieron una posición determinada que puede repasarse en los libros de actas del Congreso de los Diputados. Miquel Roca no era un diputado más, era uno de los padres de la Constitución porque, como recordaba Anasagasti, el nacionalismo catalán sí se incluyó en la redacción del texto, en detrimento de otros nacionalistas y para plasmar con su presencia el espíritu general de acuerdo y de consenso que todos invocaban.

El 22 de julio de 1978, el pleno del Congreso rechazó una enmienda defendida por Francisco Letamendía, de Euskadiko Ezkerra, en favor de la inclusión en la Constitución del “derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado español”. La enmienda solo recibió cinco votos a favor y el rechazo abrumador de 268 diputados. Los diputados del PNV también votaron en contra, no así los de la minoría catalana, que se abstuvo, incluido Roca, otra vez con ese juego a dos barajas, aunque expresó de una forma muy significativa en el discurso su determinación por defender la unidad de todos los españoles.

Es interesante la crónica parlamentaria de aquel día y, sobre todo, el compromiso final, contemplado desde estos días: “Ramón Trías, en nombre de la minoría catalana, intentó mitigar el efecto de la abstención de la mayoría de los diputados y declaró que la autodeterminación decidida por la minoría catalana no es otra que la aceptación de la Constitución y de la autonomía en ella regulada. Insistió en que, a pesar de la abstención citada, no querían más que lo que la Constitución ofrece, así como que no son independentistas, sino solidarios de España. ‘Se puede contar con nosotros’, afirmó”.

Cuarenta años después, a Roca, por su vaguedad, y a todos los nacionalistas catalanes que se han transformado en independentistas, y a todos los que callan o disculpan, se les podría recordar el valor que tiene un compromiso así en sus labios. No vale nada. Porque no es la primera vez que pasa en la historia de España. No saben qué significa ni la ley ni la lealtad.

La gran mentira del 'Estado catalán', el falso país aplastado tres veces por España desde 1873
En varias ocasiones se ha proclamado de forma ilegal en el siglo XIX la independencia de la región, y en todas ha sido acallada por la legitimidad y el apoyo social al gobierno central
Manuel P. Villatoro. ABC 21 Septiembre 2017

Ni reino catalán, ni país catalán. Estos términos, hoy manidos y generalizados por el independentismo, chocan drásticamente con la realidad y con la historia. Tan solo se ha materializado la proclamación ilegal del Estado catalán en tres ocasiones hasta la actualidad. Todas, a partir del siglo XIX y tras el nacimiento del fervor nacionalista. Sin embargo, en cada una de ellas el gobierno y la cordura actuaron para acabar de raíz con aquellos separatistas que -en 1873, 1931 y 1934- intentaron llevar a cabo una ilegalidad manifiesta.

Y es que, aunque duela a muchos, la historia no miente. Cataluña, en contra de lo que nos quieren hacer creer, ya formaba parte de la Hispania romana y de la visigoda. Y jamás tuvo consideración de Estado. De hecho, pasó a ser uno de los dominios del Reino de Aragón después de que el rey Ramiro II casara a su hija Petronela con Ramón Berenguer IV (conde de Barcelona) en 1151. Fue, en definitiva, una forma de adquirir, por vía matrimonial, aquellos territorios que tanto ansiaba.

En base a esa unión nació la Corona de Aragón. No la Corona de Cataluña. Y, por ello, términos actuales como «Países catalanes», «Confederación catalano-aragonesa» o «Corona catalano-aragonesa» (hoy más que populares gracias al independentismo) poco tienen de realidad.

Un intento de Estado
El término Estado catalán permaneció en el olvido hasta la llegada de la Primera República. Una forma de gobierno que arribó a las fronteras españolas como culminación del proceso revolucionario de 1868 y tras el suspiro que supuso el reinado de Amadeo I de Saboya (quien apenas sentó sus reales dos años en el trono).

«Nadie la trae; la traen todas las circunstancias», afirmó sobre el nuevo régimen Emilio Castelar, ministro de Estado desde la proclamación de la Primera República en 1873.

El experimento saldría caro a la postre. En los escasos 22 meses que se extendió en el tiempo pasaron por el poder nada menos cuatro presidentes. Por si fuera poco, a partir del 11 de junio de 1873 las Cortes promulgaron el establecimiento de un sistema federalista que (a pesar de no llegar a ponerse en práctica en principio) favoreció el enfrentamiento entre diferentes regiones.

Ya lo dijo el destacado jurista Juan Ferrando Badía en su obra «Primera República Española»: «El federalismo fue una gran utopía […] que conformó la mentalidad del […] regionalismo».

Ejemplo de ello fue el nacimiento -a partir de 1873- de hasta 26 movimientos cantonales que buscaban la independencia de pequeñas regiones como Camuñas o Motril. La lucha por la autonomía llegó al absurdo en regiones como Jumilla (hoy, un municipio de unos 970 kilómetros cuadrados). No en vano, desde el mencionado territorio se envió el siguiente texto: «La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación murciana se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá».

En este contexto se produjo (entre 5 y el 7 de marzo de 1873) la proclamación del Estado catalán por parte del anarquista malagueño José García Viñas y el médico socialista francés Paul Brousse. «Los impulsores fueron representantes de las diputaciones catalanas y baleares reunidos en el palacio de la Generalitat», explica el historiador catalán Andreu Navarra Ordoño en su obra «La región sospechosa. La dialéctica hispanocatalana entre 1875 y 1939».

El experto añade que la dirección del movimiento recayó sobre Baldomer Lostau, de la «izquierda federalista catalana». Lo que implica que poco tenía aquello de acción independentista y que, por el contrario, lo que realmente buscaban los golpistas era presionar al gobierno de Estanislao Figueras para que aplicara, de una vez por todas, las promesas federales que prometía.

Así queda claro en el título que le dieron los golpistas a su nuevo experimento político: «Estado catalán federado con la república española».

«Nadie apoyó la proclamación, y en Madrid fueron reprobados por los catalanes»
Aunque la presión no fue el único motivo para proclamar el Estado catalán. Tal y como afirma la doctora en historia Carmen Pérez Roldán en su dossier «Pi i Margall en el gobierno de la Primera República», las ideas secesionistas se materializaron cuando en Cataluña se supo que era posible que el Gobierno de Madrid dejase de ser republicano por una crisis electoral.

A nivel práctico, todo ocurrió muy rápido. En palabras de «La Correspondencia de España» (uno de los diarios más destacados del siglo XIX) «unos 16.000 voluntarios» declararon repentinamente «el Estado catalán» en el Ayuntamiento de Barcelona el 5 de marzo. Con todo, y a pesar del éxito inicial, el periódico también señaló en su momento que «gran número de personas abandonó la ciudad» y que «todas las corporaciones y agrupaciones republicanas, la Diputación, el Ayuntamiento, los federalistas, el centro republicano federal, y las asociaciones de los distritos se pusieron en expectativa».

Para una buena parte de los autores, el movimiento fue minoritario a pesar de que lograra hacerse con el poder. Uno de los que secunda esta tesis es el hispanista francés Pierre Vilar en su obra «Breve historia de Cataluña»: «Nadie les apoyó, y en Madrid fueron reprobados por los catalanes que, por primera vez, eran responsables de la República». A pesar de ello, y durante dos jornadas, los secesionistas se plantearon objetivos tan descabellados como convocar elecciones u obligar al ejército español ubicado en la región a disolverse.

La vida del Estado catalán se extendió escasamente dos días. Como ministro de Gobernación, las primeras medidas que tomó Francisco Pi y Margall fueron (en palabras de Pérez Roldán) «incomunicar la ciudad con el resto de España» y poner sobre aviso a «los gobernadores de las provincias adyacentes con el objetivo de aislar el movimiento».

Al final todo aquello quedó en nada cuando, según Navarra, el político contactó con los independentistas y «los disuadió de continuar con aquel camino prometiéndoles que en las próximas elecciones constituyentes sería votada una constitución federal».

La doctora en historia, por su parte, cree determinante para el abandono de aquellas ideas secesionistas el que la crisis del Gobierno republicano en la capital acabase rápidamente.

Por sorpresa
Hubo que esperar seis décadas tras el fallido experimento de 1873 para que los partidos republicanos forjados al calor de la «Dictablanda» de Primo de Rivera se unieran en San Sebastián y acordaran constituirse en un «Comité Revolucionario». O «autoproclamarse», como llegó a expresar el anarquista Diego Abad de Santillán tras la reunión celebrada en 1930.

Ya entonces, y tal y como afirma José Gonzalo Sancho Flórez en su obra «La Segunda República española», «los catalanes formaron su propio comité, aunque comprometiéndose desde el principio a prestar su total apoyo al Nacional». En palabras del experto, a cambio solicitaron el apoyo de sus compañeros a la «causa catalanista» ofreciéndoles un Estatuto de Autonomía cuando llegaran al poder.

Aquel grupo fue el germen al que se fueron uniendo -en los meses siguientes- varios partidos ávidos de un cambio de rumbo político. Además de la base sobre la que se construyeron los comicios del 12 de abril de 1931. Los mismos que acabaron convirtiéndose en un plebiscito contra la monarquía. «En ellos, el pueblo de una forma indirecta y, si cabe, hasta sin proponérselo, entregó el poder a las fuerzas republicanas burguesas y a sus aliados socialistas», añade Sancho. La victoria de estos partidos en 41 capitales de provincia fue un auténtico puñetazo en la mesa y terminó de un plumazo con la monarquía.

Apenas dos jornadas después, el 14 de abril de 1931, el júbilo se hizo patente en Eibar, la primera ciudad en alzar la bandera republicana. A las tres y media de la tarde se hizo lo propio en el edificio de Correos de Madrid.

Sin embargo, una de las regiones españolas donde se vivió con más fervor la llegada del nuevo sistema político fue en Barcelona. En la Ciudad Condal el encargado de proclamar la llegada de la República desde el balcón del Ayuntamiento fue Lluís Companys, uno de los pesos pesados de la también victoriosa Esquerra Republicana (ERC). Aunque, como señala Montserrat Figueras en su obra «Apuntes iusfilosóficos en la Cataluña franquista (1939-1975)», fue a eso del mediodía y, por tanto, bastante antes que en la capital.

Apenas media hora después de que Companys se dirigiese a los ciudadanos de Barcelona y fuera recibido con gritos de «¡Viva la República!» se vivió el segundo intento secesionista catalán.

Y es que, posteriormente se dejó caer por el mismo Ayuntamiento Francesc Maciá (líder de ERC) para proclamar la independencia catalana. Así narró el ABC este suceso el 15 de abril: «El Sr. Maciá desde el balcón habló nuevamente, manifestando que en nombre del pueblo de Cataluña se hacía cargo del Gobierno catalán y que en aquella casa permanecería para defender las libertades de su patria». A su vez, señaló que permanecería en aquella casa «sin que pudiese sacársele de allí como no fuera muerto».

Maciá informó a continuación al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora de sus actos. Posteriormente, y tras explicar lo acaecido a un grupo de periodistas, hizo público el siguiente texto: «En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán bajo el régimen de la República catalana, que libremente y con toda cordialidad anuncia y pide a los otros pueblos hermanos de España su colaboración en la creación de una confederación de pueblos ibéricos».

A su vez, dirigió un escrito a los alcaldes de la región en los siguientes términos: «En el momento de proclamar el Estado catalán bajo el régimen de la República catalana os saludo con toda el alma y os pido que me prometáis la colaboración para sostenerla, comenzando por proclamarla en vuestras ciudades».

Con esta proclamación, el político se negó «de facto» a aceptar los resultados de las elecciones nacionales. De nada sirvieron los votos de miles y miles de españoles. Por suerte, el gobierno prefirió no recurrir a la fuerza y el día 17 de abril envió a los ministros Fernández de los Ríos, Marcelino Domingo y Lluis Nicolau d'Olwer a negociar con Maciá. Su labor fue determinante para el devenir de la región, pues lograron aplacar aquella locura ilegal.

«Después de las negociaciones [...] se acordó dejar a un lado la cuestión del “Estado” catalán, y substituir dicho planteamiento político por el de la restauración de un sistema de autogobierno limitado bajo el nombre histórico de Generalitat. Además se acordó la redacción de un Estatuto que el gobierno de la República presentaría como ponente en las Cortes. […] El gobierno provisional de la República dictó un decreto el 21 de abril de 1931 restaurando la Generalitat; en cuanto al proyecto de Estatut de Catalunya [...] fue elaborado y aprobado en los meses siguientes», explica Antoni Jordá en «Federalismo, regionalismo, nacionalismo: el restablecimiento de la Generalitat y el Estatuto catalán durante la Segunda República».

El último intento
La última intentona secesionista catalana se produjo en el marco de la Segunda República española allá por octubre de 1934. Justo después de que estallara la ira entre la izquierda por el acceso de tres ministros de la CEDA (una confederación de partidos católicos y de derechas) al gobierno estatal. Su llegada indignó a los más extremistas y provocó una huelga general que puso en jaque el régimen establecido.

Así explica la situación el sindicalista Antonio Liz Vázquez en su obra «Octubre de 1934: Insurrecciones y revolución»: «El día 5, por orden del Comité Revolucionario, ya estaba en marcha la huelga general y el paro era total en ciudades como Madrid, Barcelona, Oviedo y Bilbao».

La tensión aumentó drásticamente. En Madrid, por ejemplo, se decretó el despido de los trabajadores que se unieran a los parones establecidos (algo factible, pues estos habían sido declarados ilegales por el gobierno).

Y mientras en la capital se recurría a la fuerza para controlar a los huelguistas, en Cataluña sucedía otro tanto. De hecho, en Barcelona la discordia era máxima debido a la división entre las tres fuerzas predominantes: la Generalitat, la CNT y la Alianza Obrera. «La división entre ellas era total», añade Liz en su texto. De esta guisa, el día 5 el gobierno local envió guardias de asalto para tratar de sofocar las revueltas que pudieran sucederse en la urbe.

En esas andaba la situación el 6 de octubre de 1934 cuando Lluis Companys (presidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana tras la muerte de Maciá) proclamó el Estado catalán. Lo hizo, en palabras de Liz, presionado por los obreros. Sus palabras (recogidas en la edición del 11 de octubre del diario ABC) llamaban al enfrentamiento: «¡Catalanes! Las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República han logrado su objetivo y han asaltado el poder. [...] los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones. [...] Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas».

El diario ABC publicó, el día 11, la relación de los hechos. El texto fue escrito por el periodista Antonio Guardiola bajo el titular «El golpe de Estado de la Generalidad», quien describió lo tensa que estaba la situación antes de que Companys saliera al balcón de la Generalitat: «La plaza de la República fue llenándose de gentes, y en particular de jóvenes afiliados al Estat Catalá, somatenistas y partidarios de la Esquerra. Todos iban armados y algunos llevaban, además de una magnífica carabina Winchester, una soberbia pistola automática, a veces ametralladora, y en general, material modernísimo y excelente».

Acabado el discurso, inició una ronda de llamadas para ganar adeptos a su causa. El primer mandamás al que se dirigió fue al general Domingo Batet, jefe de la IV División Orgánica y «catalanista moderado» (tal y como afirma Pierre Broué en su obra «Ponencias presentadas al Coloquio Internacional sobre la IIa República Española»). A este militar le solicitó que se pusiese a sus órdenes para «servir a la República Federal que acabo de proclamar».

Contrariamente a lo que pensaba el presidente de la Generalitat, el oficial se mantuvo fiel a España. Companys tuvo más suerte con el comandante Enrique Pérez Farrás, el jefe de los Mossos d'Esquadra, quien sí se adhirió a la causa secesionista.

Batet, por su parte, no se quedó mano sobre mano. Tras hablar con Companys telefoneó al presidente Alejandro Lerroux y, basándose en órdenes suyas, inició los preparativos para acabar con la rebelión. «Tras recibir refuerzos de Marruecos, el general declaró el estado de guerra», determina Luis E. Íñigo Fernández en su obra «Breve historia de la Segunda República española».

Broué añade que «todos los militares y la mayoría de las unidades policiales obedecieron las órdenes» del oficial fiel al gobierno. Frente a ellos se posicionaron un centenar de Mossos dispuestos a defender la Generalitat, así como milicianos pertenecientes -entre otros grupos- a Alianza Obrera.

Trasarribar a la zona, Batet atacó con fuego de fusilería y disparos de artillería. La lucha podría haber sido cruenta, pero el general se limitó a esperar pacientemente a que los defensores se rindieran. Todo ello, a pesar de que había recibido órdenes de acabar con la resistencia de con contundencia. «Durante la noche, Companys y Batet negociaron la rendición, que tuvo lugar a las 6 de la tarde del 7 de octubre», añade Broué. Para entonces ya habían muerto en Barcelona entre 40 y 50 personas durante las escaramuzas.

Posteriormente Batet y Companys fueron detenidos. Algo en lo que hace mucho hincapié el libro «Historia de Cataluña» (editado por el Museo de Historia de Cataluña): «El gobierno de la Generalitat fue hecho prisionero, juzgado y condenado a treinta años de prisión; el Estatuto de Autonomía quedó suspendido, y la mayoría de ayuntamientos y las nuevas autoridades pasaron a ser de carácter gubernativo». La obra, sin embargo, no explica que aquella proclamación fue una rebelión.

Los golpistas robaron metralletas a los guardias civiles de Manresa sitiados durante 4 horas
Nacho Doral okdiario 21 Septiembre 2017

Sin comer, sin beber, sitiados por una turba de independentistas violentos, y sin armas. Esta es la situación que han vivido por espacio de varias horas esta noche los 18 policías y guardias civiles cercados en el cuartel de la Guardia Civil de Manresa.

OKDIARIO ha podido conocer los detalles de este cerco a las fuerzas de seguridad y reconstruye las cerca de cuatro horas de cerco. La voz de alarma la daba así un agente de la Policía nacional allí destacado: “Hay un pelotón atrapado, y 18 compañeros atrincherados en el edificio, están completamente rodeados”. Eran poco más de las nueve de la noche.

Mientras , un millar de separatistas radicales permanecían en el exterior de la casa cuartel, impidiendo que salieran, mientras les insultaban y lanzaban piedras u otros objetos.
Tres coches atacados, armas robadas

“Os puedo decir que han atacado tres coches de la Agrupación que ha venido de Zaragoza. Cientos de personas los han rodeado, les han pinchado las ruedas, los han pintado y les han roto los cristales. Y los compañeros han tenido que echar a correr, abandonando sus vehículos. Luego se han llevado todo lo que había dentro, hasta las armas: los ‘chopos’, los fusiles HK…”, relata este policía lo acontecido.

Entre las diez y las once se vivían los momentos de mayor tensión. Los violentos corean consignas contra la Guardia Civil y contra España al grito de “¡Fuera, Fuera!”, entre silbidos e insultos. También se hacen fotos y vídeos con el móvil ante en los coches-patrulla que estaban estacionados, y que han sido destrozados y llenados de pintadas.

“La Guardia Civil da los vehículos por perdidos, y en ese instante decide que si la cosa no avanza, hay que sacar a los compañeros que estaban sin comida ni bebida”, narra el agente, que además explica que “no tenían sus armas, porque se las robaron de dentro de los coches. Sólo se quedaron con algo de munición y medios de control de masa “, explica.
Un helicóptero para el rescate

La situación se tornaba tan complicada al filo de la medianoche que la Guardia Civil, según ha podido saber OKDIARIO, llegó a sopesar dos vías para evacuar a los policías y guardias sitiados ante el panorama de no poder salir en toda la madrugada. “Han barajado rescatarlos con un helicóptero desde una azotea, o usando la fuerza abriendo un pasillo de seguridad”, revela el policía testigo de los hechos.

Los sitiados en esta suerte de ‘Fort Apache’ manresano poseían material de intervención, pero las órdenes del Ministerio del Interior, asegura, son estos días las de no intervenir y no disolver la concentración, tal y como denuncian este y otros policías desplazados a Cataluña:”Nos dicen ‘quietecitos, quietecitos‘, que pasen, te insulten y nos digan lo que les dé la gana”, asegura.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido defiende que disolver, como el resto de las competencias de orden público, es algo que corresponde a los Mossos d’ Esquadra, pero ¿dónde están? “No responden,ni siquiera han aparecido”, se lamenta .

Los mossos, ‘missing’
Entretanto, y con los Mossos sin aparecer, los independentistas habían llenado de pintadas (“Fuera las fuerzas de ocupación”), y de pegatinas con el ‘SI’ a la independencia en el referéndum ilegal del 1-O. Sobre el techo de uno de ellos montaban una tienda de campaña, y llenaban de basura y desperdicios el capó y el interior. “Es una vergüenza”, afirma indignado el agente. Algunos colocaban urnas de papel a la puerta del cuartel.

Un cuartel en el que los radicales habían arrancado la bandera española sustituyéndola por la ‘senyera’ independentista al grito de “¡No váis a salir!” y entre gritos de “Hijos de puta”, Basta” y “Votaremos”.

Con el transcurso de la noche, la concentración se disgregaba y la normalidad volvía a los exteriores de la casa cuartel de Manresa pasada la una de la madrugada. Los policías y guardias podían por fin salir del edificio de tres plantas en el que muchos de los guardias civiles residen junto a sus familias. La bandera de España volvía a ondear en su mástil.

La desobediencia toma la calle
Los separatistas bloquearon a la Guardia Civil ante la Conselleria de Economía y en el cuartel de Manresa.
J. Gallego. Barcelona. larazon 21 Septiembre 2017

Los agentes de la Guardia Civil que han registrado la Conselleria de Economía durante todo el miércoles han salido en dos grupos a las 3 de la madrugada de este jueves y a las 7.15 de la mañana, protegidos por los Mossos d’Esquadra antidisturbios ante unas pocas personas que seguían concentradas. Sobre la 1.30 de la madrugada, los Mossos empezaron a alejar de la fachada a los centenares de ciudadanos que seguían concentrados pese a que los líderes de la ANC y de Omnium Cultural habían dado por acabada la movilización poco antes de medianoche.

Desde la 1.30 ha habido forcejeos entre la policía catalana y los activistas cuando mossos antidisturbios han establecido un perímetro ante el edificio para preparar la salida de los guardias civiles --antes han pedido por altavoz que la gente se apartara--.

Un herido
Poco antes de las 2, una ambulancia se ha llevado a una persona que ha resultado herida durante el forcejeo con los antidisturbios --que ha incluido lanzamiento de objetos de los activistas y golpes de porra de los agentes--, mientras los concentrados se han tenido que mantener en la acera central de la Rambla de Catalunya.

Hasta que ha salido la media docena de guardias civiles de paisano, algunos de los movilizados han increpado puntualmente a los Mossos pero no ha habido más incidentes, y lentamente ha ido menguando la presencia de concentrados. A las 3 han salido esa media docena de agentes y se han subido a coches sin logotipo policial, mientras los concentrados les han increpado y han tirado algún objeto.

Pocos minutos después de las 3, los Mossos han pedido por altavoz que la gente se apartara aún más y se han dirigido a los sentados para que se levantaran: los han ido apartando, aunque otros se iban sentando, pero también se les ha apartado, sin cargar contra ellos.

A las 3.20 ha quedado despejada la acera central de la Rambla de Catalunya frente a la puerta de la Conselleria, y el centenar de concentrados se ha ido quedando en unos 20 sobre las 6 de la mañana.

A pesar de ir menguando los concentrados, los guardias civiles que seguían en la Conselleria no se han ido; sólo alguno ha salido para comprobar el estado de los cuatro vehículos logotipados de Guardia Civil. Al constatar que no podían irse en ellos por tener ruedas pinchadas y los vidrios con pegatinas, han avisado para que se los llevara la grúa --que han retirado tres hasta las 6.40 horas--.

A las 7.15 horas ha salido el resto de guardias civiles, una quincena.

A medianoche se pidió disolver
Poco antes de medianoche, Jordi Snchez (ACN) y Jordi Cuixart (Omnium), subidos a un coche de la Guardia Civil, habían pedido que la gente volviera a sus casas.

Ambos dirigentes y los políticos que habían acudido se marcharon, pero se quedaron muchos movilizados. Durante el miércoles llegó a haber 40.000 concentrados según cifras de la Guardia Urbana, y a mediodía la concentración ante la Conselleria se convirtió en un corte de la Gran Via, la calle con la que hace esquina el departamento, en la Rambla de Catalunya.

Incidentes después de una manifestación
En Manresa, centenares de personas rodearon por la noche el cuartel de la Guardia Civil y colocaron 'estelada' en la fachada del edificio. Los incidentes se han producido tras una manifestación convocada en el centro de la localidad a favor del referéndum del próximo 1 de octubre y para denunciar los registros y detenciones en relación con la consulta. Los congregados han causado desperfectos importantes en al menos un vehículo patrulla de la Guardia Civil, que ha quedado prácticamente destrozado. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado los hechos y ha asegurado estar "preocupada" ante este tipo de incidentes. La ciudadanía, y está absolutamente comprometido con el referéndum del próximo 1 de octubre", ha subrayado.

Hace tiempo que el independentismo se viene concienciando para este momento. Las reiteradas llamadas del Govern, partidos y entidades a agitar la calle para cederle el protagonismo cuando se vieran imposibilitados a llevar a cabo su prometido referéndum por el bloqueo del Estado han surtido efecto. Ayer se notó, no era festivo pero las bases separatistas no fallaron y tomaron Barcelona, bulliciosas y muy habituadas a estar al pie del cañón cuando las circunstancias lo exigen. Consiguieron escenificar una imagen de fuerza, cortando grandes arterias de la ciudad y entorpeciendo las actuaciones de la Guardia Civil a base de forcejeos. Las entidades impulsaron una manifestación delante del edificio de la Conselleria de Economía, que regenta Oriol Junqueras, el más afectado por las pesquisas de la Benemérita por ser el departamento clave para la preparación de la votación, si bien las movilizaciones se reprodujeron en todos los puntos donde se llevaron a cabo operaciones policiales.

Los separatistas asistieron ayer a una desarticulación completa del 1-O. Pese a ello, Carles Puigdemont, se negó a asumirlo y quiso voltear el escenario traduciendo lo que fue una operación policial por «una suspensión de la autonomía». Ese mensaje alarmista caló rápido entre las huestes secesionistas, que alimentaron su enardecimiento.

Poco después de que se pusiera en marcha el operativo policial con las detenciones un poco después de las 8 horas, los líderes de las entidades separatistas empezaron a llamar a la movilización delante de la sede de Economía, que se convirtió en el epicentro de todas las protestas. Hasta allí se fueron desplazando los manifestantes con cuentagotas. La mayoría eran bien estudiantes o jubilados. A lo largo del día se fue engrosando el número de asistentes a medida que la jornada laboral iba tocando a su fin. Los manifestantes circundaron el edificio de forma masiva y se pudieron acercar hasta la puerta dado que no se desplegó ningún cordón policial. Asimismo, pese a que no se registraron incidentes, los coches de la Guardia Civil fueron invadidos por los manifestantes, que se subieron encima de ellos generando grandes desperfectos. La situación se prolongó hasta que Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana pidieron «suspender la convocatoria» hasta hoy.

Pero pese a las directrices, no todos los simpatizantes independentistas se condujeron hacia la Consellería de Economía y muchos llevaron a cabo acciones espontáneas. Por ejemplo, en Via Laietana, a la salida de las actuaciones que realizó la Guardia Civil en Exteriores y Gobernación, muchos trataron de impedir su salida, lo que obligó a los Mossos d’Esquadra a prestarles su protección ante escenas de tensión.

Trapero y el uso de la fuerza
En este sentido, el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, comunicó a los agentes de la Policía catalana que «se ha de ser especialmente restrictivo y cuidadoso con el uso de la fuerza» en el mantenimiento del orden público en las aglomeraciones en defensa del referéndum de independencia.

También hubo concentración en la sede la CUP, donde se cortó la circulación de la calle Casp. Allí la Guardia Civil trató de acceder al edificio a las 13 horas pero los militantes antisistema estaban prevenidos y lo impidieron. Se registraron algunos forcejeos y momentos de tensión con antidisturbios de la Policía Nacional, pero no hubo incidentes de gravedad. No obstante, los cuperos impidieron que la Benemérita entrara en su sede, aunque en buena medida porque los agentes tuvieron que ir a buscar una orden judicial para poder entrar. No la recibieron a lo largo de la tarde y esperan poder hacerlo hoy.
 


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