AGLI Recortes de Prensa   Jueves 12 Octubre 2017

Cataluña: cada vez se ve más clara la trama
José Javier Esparza gaceta.es 12 Octubre 2017

Es perfectamente posible que me equivoque, porque en este juego de tramposos ya es difícil saber quién juega a qué, e incluso es probable que los protagonistas hayan dejado de controlar los acontecimientos y estén improvisando. Pero en líneas generales, a grandes rasgos, la impresión que deja la sesión de este miércoles en las Cortes es la siguiente: estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden constitucional, a esa “segunda transición” que soñó Zapatero, y el asunto catalán está sirviendo como fulminante, como materia explosiva, de lo que haya de venir.

Avanzo la hipótesis: la deriva rupturista del gobierno catalán ha venido pintiparada para que ahora los políticos emprendan una reforma de la Constitución en sentido confederal, es decir, hacia un país más deshilachado todavía, reforma que viene siendo una reclamación permanente de numerosos centros de poder desde hace años. Así que ahora podríamos asistir, por ejemplo, a una negociación conflictiva, pero controlada, entre un gobierno catalán (el actual u otro futuro) sometido a amenaza de intervención estatal y un gobierno de España dispuesto a abrir la caja constitucional, mientras las Cortes comienzan el proceso de demolición del Sistema de 1978 para reemplazarlo por otra cosa. Barcelona y Madrid salvarían así la cara mientras a la opinión pública se la adormece con la cantinela del consenso.

Es muy posible que el decorado de la escena esté diseñado desde tiempo atrás. Los acontecimientos de los últimos meses no habrían hecho sino precipitar la función. Y tal vez eso explique por qué el Gobierno de España ha permanecido impasible mientras los separatistas, por su parte, proclamaban su singular independencia con freno y marcha atrás.

Modificaciones traumáticas
La operación no es inédita en los anales del juego político. Imaginemos la siguiente situación. Un determinado Gobierno, empujado por presiones externas e internas, se ve obligado a impulsar una modificación traumática del mapa legal. Temerosos de que esa modificación dispare resistencias graves, los agentes interesados conciben el siguiente plan: forzar un escenario de inestabilidad extrema para que el cambio resulte aceptable y, aún más, deseable como mal menor.

Ante el riesgo de una ruptura general del orden establecido, todo el mundo aceptará una ruptura limitada, ejecutada bajo control. De esta manera se conseguirá el objetivo inicial con un coste relativamente bajo. Así llegó al poder De Gaulle, por ejemplo. Si no es esto lo que está pasando en Cataluña, se parece mucho. La “modificación traumática”, es decir, el objetivo general, sería la reconversión del Estado en términos propiamente confederales, con un status de semi independencia para varias regiones.

Y el “escenario de inestabilidad extrema” sería el proceso independentista desencadenado en Cataluña. ¿Hipótesis descabellada? Tal vez. Pero más descabellado es que un gobierno regional haya podido desobedecer reiteradamente las leyes, organizar un referéndum previamente prohibido e incluso declarar su independencia, sin que el Estado haya hecho nada efectivo para impedirlo. Semejante cúmulo de incongruencias sólo se explica, precisamente, si forma parte de un proceso cuya auténtica naturaleza no está en los hechos visibles, sino en lo que no se ve.

Reforma “confederal” de la Constitución, sí. No debería extrañarnos. Hace mucho tiempo que la poderosísima oligarquía catalana, con sus largos tentáculos políticos y mediáticos en Madrid, intenta imprimir un giro decisivo al marco político español para conquistar cuotas definitivas de autogobierno; por supuesto, con el consiguiente beneficio propio.

Podemos recordar las tesis del socialista Maragall sobre el “federalismo asimétrico” (era 1998) o las reiteradas propuestas de pacto fiscal de Artur Mas hasta 2012 (anteayer, como quien dice), ambos presidentes de la Generalidad. En realidad, ha sido la tónica permanente del nacionalismo catalán desde los tiempos de Cambó y aun antes: obtener del Estado un trato preferente que permita a Cataluña rentabilizar al máximo su riqueza (dejando de lado la enojosa circunstancia de que esa riqueza procede, en gran medida, del resto de España). Los aduladores de corte han travestido con frecuencia esa política como “contribución a la gobernabilidad del Estado”, y no es del todo falso, pero con el relevante matiz de que el precio de la tal contribución siempre ha superado las siete cifras.

Oligarquía y nacionalismo
Aquí el nacionalismo político ha jugado un papel determinante. Por decirlo así, el partido catalanista –desde la Lliga de Cambó hasta la Convergencia de Pujol- siempre ha sido el agente del dinero catalán. En el Sistema de 1978, construido precisamente sobre el arbitraje de intereses de las oligarquías económicas, territoriales y políticas, el elemento “catalán” ha sido determinante, y basta ver los nombres de los consejos de administración de las grandes empresas privatizadas desde entonces y de las grandes concesiones públicas. A cambio, el Estado podía ofrecer la imagen de un apacible escenario de diálogo y consenso.

Ahora bien, mientras tanto el nacionalismo iba construyendo su propio proyecto, a veces diferido, pero nunca ocultado, de construir una nación en Cataluña. Al cabo de cuarenta años, la hegemonía plena del separatismo sobre la vida política, cultural y social ha disparado las expectativas de una parte creciente de la población, al tiempo que intensificaba el sentimiento independentista. Sentimiento, por cierto, al que ya no le bastaba la ambigua moderación de Convergencia, sino que viraba abiertamente hacia el polo más radical de la Esquerra. Nada se había hecho desde el Estado para combatir este proceso, al revés: se suponía que la complicidad de Convergencia iba a mantener el suflé dentro de límites razonables. Pero no.

La fragilización de Convergencia, hija de la corrupción generalizada, pero también de la propia política nacionalista, modificó profundamente el mapa de influencias. A lo largo de cuarenta años de hegemonía en Cataluña, las relaciones tradicionales habían cambiado y el socio de la oligarquía catalana ya no era propiamente el partido nacionalista, sino el Gobierno de la Generalidad, de manera que, cuando éste pasó a otras manos, las cosas cambiaron de manera dramática.

Aún más cuando el gobierno catalán, para mantener la mayoría nacionalista, tuvo que dar entrada a la ultraizquierdista CUP, realmente dispuesta a llevar a cabo una revolución social sin concesiones. De alguna manera, lo que se ha vivido en Cataluña desde entonces ha sido un “doble poder” muy parecido al que Azaña denunciaba en 1936: la Generalidad sublevada contra el Gobierno de la nación y la ultraizquierda sublevada contra la Generalidad. Con el relevante matiz de que esa ultraizquierda ha sido abundantemente protegida por la propia Generalidad. En todo caso, el nuevo escenario rompía el paisaje. La oligarquía ha comprobado que el nuevo poder autonómico ya no era su socio, sino que quería materializar su anhelado proyecto separatista. Y los acontecimientos se han precipitado.

En los mentideros se da por descontado que la retracción unánime de la banca y la gran empresa catalanas, anunciando su marcha de Cataluña en caso de independencia, es producto directo de las gestiones de la Corona y el Gobierno, fundamentalmente de la primera. Consta también que los grandes nombres del dinero han tratado de llamar a la sensatez al gobierno catalán, con nimios resultados.

Las gentes del dinero en Cataluña pueden estimular el nacionalismo en la medida en que les reporta beneficios, pero la independencia de la región –y ellos lo saben mejor que nadie- sería una ruina. Por eso hemos visto recular en estos días a firmas muy comprometidas con la financiación del separatismo. Es interesante: sus predecesores, en 1936, intentaron retomar el control sobre la política catalana pero, espantados, acabaron financiando al ejército de Franco; sencillamente, el monstruo se les había ido de las manos. Hoy ha ocurrido algo semejante.

El nacionalismo catalán ya no responde a los intereses de la oligarquía catalana. Naturalmente, ahora ésta va a intentar retomar el control. De ahí las permanentes invitaciones del Gobierno Rajoy a los sectores más “moderados” del catalanismo para que se aparten de las muy revolucionarias CUP: se trataría de recomponer el statu quo.

La reforma constitucional
Como es lógico, esa recomposición del paisaje sólo puede pasar por una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos cuarenta años los poderes locales han construido su propia red de influencia y presión, es decir, de poder, y eso exige una capacidad de autofinanciación que actualmente les está vetada. Por supuesto, las exigencias son más altas a medida que el poder es más grande, y las de Cataluña son inmensas. Pero ya hemos visto en las Cortes que todos esperan sacar tajada: hace tiempo que la partitocracia española ha girado hacia un sistema clientelar territorial, de manera que la reforma no será sino la consumación de un proceso ya en marcha.

En lo que concierne expresamente a Cataluña, ¿en qué podría consistir ese pacto? Básicamente, en el reconocimiento formal de su condición de nación y en una sustanciosa aportación de dinero: un modelo de financiación semejante al cupo vasco, agencia tributaria propia no subordinada a la estatal, garantía estatal (española) de las pensiones en Cataluña (hoy con un déficit del 21,5%), etc.

Quién sabe si además se añadirían al repertorio otras concesiones en materia de representación internacional. Después de todo, las exigencias de la oligarquía catalana nunca han tenido otro objetivo: seguir sacando beneficio de España con las menores obligaciones posibles hacia el conjunto. El presidente de la patronal CEOE, el catalán Juan Rosell, que nunca se ha distinguido por ser el hombre más prudente del mundo, lo dijo claramente el pasado 15 de septiembre en uno de sus frecuentes calentones de boca: “Hay un problema en Cataluña y no podemos decir que el problema ya no existirá tras el uno de octubre (…). Hay que volver a lo que hicimos en el año 1977 y 1978”, un nuevo “pacto territorial”, incluida la reforma constitucional, “para que podamos vivir con tranquilidad y prosperidad los próximos 40 años”. Claro, ¿no?

Mucha gente considera aún inconcebible que Rajoy, presidente del Gobierno en representación del Partido Popular, haya asumido como propia una operación que en la práctica viene a liquidar la existencia de España como Estado-nación. Eso –dicen- sería más propio del PSOE de Zapatero.

Pero, por otro lado, ¿qué capítulos de la Agenda Zapatero le quedaban a Rajoy por asumir como propios? Rajoy ha mantenido la política de Zapatero en el asunto de ETA, en la conformación de un mapa mediático de libertad limitada, en la ley de memoria histórica, en la ley del aborto, en la ley de matrimonios homosexuales… Tiene pleno sentido que ahora culmine un capítulo que Zapatero empezó con su famoso “Apoyaré la reforma del Estatuto que venga del Parlamento catalán”. Aquello significó un salto cualitativo determinante en el “problema catalán”. Hoy recogemos lo sembrado.

A partir de aquí, cada cual está jugando su papel en el drama. El PP, exhibiendo la aplicación de un artículo 155 que, si alguien se toma la molestia de leerlo, verá que no es más que una intervención administrativa temporal, ejecutable en diversos grados y perfectamente compatible con cualquier proceso de negociación política. El PSOE, blasonando de apoyar al Gobierno (“responsabilidad de Estado”) y al mismo tiempo poniendo como condición la reforma constitucional, exigencia muy probablemente pactada de antemano con Rajoy.

Ciudadanos, apoyando expresamente al Gobierno y auspiciando una inmediata convocatoria de elecciones autonómicas, mientras exhibe a “Europa” como auténtico horizonte de la política española. Podemos, esforzándose por aparecer equidistante y tratando de acaparar en beneficio propio el papel de “mediador” (con pocas expectativas de éxito, por cierto). Los grupos minoritarios de carácter regional, estimulando también una reforma constitucional de la que esperan sacar ventaja. La oligarquía económica, que con muy pocas excepciones ha apoyado siempre al nacionalismo, jugando ahora el papel de conciencia de la Cataluña española. Y así sucesivamente. Ojo: no es que todos se hayan puesto de acuerdo de antemano en que pase lo que está pasando; es, más bien, que hay un acuerdo de base en explotar en propio beneficio las condiciones creadas por la deriva de nuestro sistema político.

¿Y el pueblo, el sufrido pueblo español? El pueblo español, en general, no quiere. El pueblo español, como ha demostrado estos días en las calles, está razonablemente contento con su condición nacional y apenas es permeable a los dicterios de “fascismo” que se le prodigan desde el separatismo y la ultraizquierda. Resulta que el español medio es mucho más patriota de lo que nuestros mandamases creían.

Todos los sondeos de opinión muestran un creciente descontento con el sistema autonómico. Si se sometiera a referéndum una reconfiguración del país con más competencias para las comunidades autónomas, difícilmente obtendría mayoría. La pérdida de soberanía española en materia económica, exterior y militar resulta cada vez menos soportable para el ciudadano común.

El sortilegio de “Europa” aún funciona, pero malamente. Si a eso le sumamos la desazón de ver cómo el país se deshace no sólo por arriba, sino también por abajo, por el ámbito regional, se entenderá que no esté la Magdalena para tafetanes. Pero, precisamente por eso, la insurrección separatista catalana ha puesto las cosas exactamente donde hacían falta: ante el riesgo cierto de ruptura de la unidad nacional (el supuesto de inestabilidad extrema), todo el mundo aceptará una modificación del mapa legal que, en otras condiciones, habría parecido demasiado traumática.

Esta hipótesis no tiene por qué ser correcta. No hay –o, al menos, yo no tengo- información privilegiada que la confirme. Pero las cosas que han venido pasando se ajustan bastante bien a esta “plantilla”. ¿O no?

El trampantojo del 155
Raúl Vilas Libertad Digital 12 Octubre 2017

Rajoy y Sánchez han pactado no dar respuesta al golpe ni actuar contra los golpistas, pero con una fórmula que permite al Gobierno y sus palmeros decir que se ha aplicado el 155 y al PSOE mantener la ficción de que está en la defensa de la Nación, en la que el primero que no cree es su líder, Pedro Sánchez.

Se han sacado de la manga una especie de doble requerimiento, absolutamente disparatado y antijurídico, en el que el Gobierno requiere a un delincuente que le diga si está delinquiendo o no. Lo que es absurdo es absurdo, por mucho lenguaje leguleyo que lo adorne. El requerimiento de si algo es delito hay que enviarlo a la Fiscalía, no al delincuente. No hace falta citar a sesudos juristas, es de Perogrullo. El único requerimiento que contempla el artículo 155 es el de la exigencia a las autoridades autonómicas de que, de forma inmediata, se vuelva a la legalidad.

La fórmula, si no está pactada ya, otorga tiempo para que Puigdemont responda de un modo suficientemente ambiguo que permita a Rajoy seguir sin actuar contra los golpistas, que hace meses que deberían estar entre rejas por una colección de delitos digna de figurar, como caso práctico, en todos los manuales de Derecho Penal. Pero es que además la declaración firmada ayer proclama de forma clara y explícita la República catalana. No es necesaria ninguna aclaración. Pedirla lo único que revela es la voluntad de no hacer nada pero dar apariencia de que se hace. Engañar a los españoles, cuando no prevaricar.

Ojalá me equivoque y dentro de una semana, tras la respuesta de Puigdemont, el Gobierno no tenga más remedio que aplicar el artículo 155, pero no se dejen engañar por este nuevo tsunami de desinformación, hoy no se ha activado nada de nada. No deja de ser paradójico que en este momento sea él, Puigdemont, con una respuesta que no facilite el apaño, el que tenga en su mano salvar a la democracia española.

Lo único que sí han pactado y activado Rajoy y Sánchez es la reforma constitucional, con la que el PSOE viene dando la matraca los últimos años. Una coartada de la izquierda para al final darle la razón a los nacionalistas, que es de lo que se trata, y llevarse por delante a la Nación española en favor de las taifas y tribus reaccionarias. Como si después de 40 años de cesiones no hubiese quedado claro que, con el nacionalismo, no se pacta, se le derrota.

¿Satisfacer a los nacionalistas?
Jorge Vilches vozpopuli.es 12 Octubre 2017

La aplicación del artículo 155 de la Constitución tiene como condición el iniciar la reforma constitucional , así lo ha querido el PSOE. De entre todas las motivaciones para realizar un cambio en el texto de 1978 se ha optado por la peor: detener un golpe de Estado. El objetivo, cómo no, será el satisfacer a los nacionalistas en una nueva ordenación territorial en la que, con el tiempo, tampoco se encontrarán conformes. Lo triste es que una democracia, con todos sus defectos, se vea desestabilizada por el nacional-populismo que ella misma ayudó a crear.

El origen
El golpe de Estado ha sido posible porque el Estado de las Autonomías ha permitido que donde antes había “patrias chicas” se construyan comunidades nacionales imaginarias . Las oligarquías locales, aferradas a las nuevas instituciones, vieron en el resalte de las supuestas diferencias étnicas y folclóricas, recreadas o inventadas, la clave para conservar y aumentar su poder.

La nation-building se hizo a golpe de subvención y propaganda , de control de la administración, la educación y de los medios de comunicación. Se forjaron redes clientelares como en los peores tiempos del caciquismo de la Restauración, pero con una diferencia: aquellos caciques del XIX reconocían la jerarquía del ministerio de la Gobernación, y lo intocable que era la Constitución. Hoy, el discurso oligárquico es otro, porque cuanto más se insulte y zarandee el régimen y su ley más rédito político se saca.

Una ideología totalitaria
El nacionalismo es una ideología fundada, no en la razón o en la ciencia, sino en sentimientos y creencias. Es finalista, como el comunismo; es decir, busca siempre el logro de su fin, el Estado-nación propio, homogéneo, excluyente y autoritario . A este objetivo somete toda acción, discurso o subvención. no ha variado en cien años. Ya lo decía Solé Tura: el nacionalismo es una cantinela que se repite una y otra vez.

Como todos los nacionalismos tardíos, el catalanismo político se trufó de victimismo y de biologismo político. De ahí que, por ejemplo, Oriol Junqueras dijera que los genes catalanes tienen más en común como los franceses que con los españoles, y sobre esa diferencia biológico se ha de construir la independencia. Es la política reducida a la genética, como el nacionalsocialismo.

A esto se añadió un estilo populista, inaugurado por Francesc Macià en 1931, empeñado en la formación de un movimiento nacional con vocación de partido único: ERC. Este modelo es el que hoy impera en Cataluña para la creación de su República: victimismo histórico y supremacismo genético.

Los colaboracionistas
La oligarquía catalana aprovechó el Estado de las Autonomías para recrear aquel nacional-populismo que solo puede triunfar con colaboradores externos que quieran, como ellos, destruir el Estado . Ahí aparecen Podemos y sus confluencias.

Pablo Iglesias , con la solemnidad que da la ignorancia del que se cree sabio, dijo en el Congreso de los Diputados que España llevaba doscientos años de un conservadurismo que negaba la realidad plurinacional del país. El líder de Podemos no solo desconoce que los Estados-nación en Europa se tomaron todo el siglo XIX para construirse, sino que el “principio de las nacionalidades”, el de Mancini, no se formuló hasta 1861.

Es más; tampoco es consciente Iglesias, eso creo, que el concepto de nación política para comunidades regionales españolas no cobra relevancia alguna hasta las primeras décadas del XX. Por tanto, resulta un poco difícil reconocer en “doscientos años” lo que no existía. Pero no hay que engañarse: el caudillo podemita no busca la coherencia, sino desestabilizar el régimen, destruirlo, y de sus cenizas sacar el poder.

La equívoca conllevancia
Azaña se empeñó en 1932, quizá al oír decir a Companys que se sentía español, en que había encontrado en la autonomía la fórmula para contentar al catalanismo político. Ortega, tan atento entonces al eco de su voz como al desvarío republicano, combatió dicha idea y, pesimista, habló de la “conllevancia”.

Parecía entonces que el “problema catalán” –que ha sido siempre de una parte, no del todo como quieren hacer los independentistas- era irresoluble, y que solo se podía ir aumentando el autogobierno; es decir, alimentar a su oligarquía. Pero Ortega no tuvo en cuenta la otra cara de la “conllevancia”: la propensión de los partidos nacionales a ceder a las pretensiones de los catalanistas.

Hoy, PP, PSOE y Ciudadanos parece que vuelven a 1932, a la otra cara de la expresión de Ortega. Formaran una comisión constitucional, donde, según ha dicho Margarita Robles, tendrán voz todos, incluidos los golpistas , para que del “diálogo” –ay, ese concepto-, salga una fórmula nueva que los satisfaga.

Satisfaction?
Nunca. La oligarquía catalana, esa élite cultural convertida en grupo político para instrumentalizar las instituciones en su propio beneficio, no quedó contenta con la Mancomunidad de 1914. Tres años después organizaron una Asamblea golpista con la colaboración de republicanos y socialistas, para obligar al gobierno a una reforma constitucional que avanzara en el autogobierno.

Tampoco satisfizo a los nacionalistas catalanes la República. De hecho, Companys, manoseado hoy por todos, salió al balcón del ayuntamiento de Barcelona el 14 de abril de 1931 para proclamar la República. Pronto llegó el mesías de entonces, el conducator del movimiento nacional catalanista, Francesc Macià, para rectificarle: el Estado Catalán en la federación ibérica.

Era una traición al Pacto de San Sebastián que acordaron con los republicanos. Dio igual, el Gobierno provisional, sin legitimidad alguna, sin apoyo en ninguna ley, negoció con Macià que se dieran un Estatuto antes de aprobar la Constitución. Eso mismo pasó en 1977, cuando Suárez se entrevistó con Tarradellas, un catalanista de izquierdas, moderado, que se sentía español, quien consiguió la reposición de la Generalidad de Cataluña antes de que se reunieran las Cortes que finalmente serían constituyentes.

Los nacionalismos tardíos, impelidos por un imperativo histórico fundado en los sentimientos y en la fe genética, irracionales, que no atienden a economías ni Estados de Derecho, irredentistas que buscan la expansión por otros territorios, asentados legalmente en instituciones que consolidan su poder, no se satisfacen jamás. Ni siquiera cuando llegan a la Arcadia feliz , a su Estado-nación. Ya lo verán.

Han acabado con la democracia y ahora van a por España
Pío Moa gaceta.es 12 Octubre 2017

¿Por qué España es hoy una democracia fallida? Porque ninguna democracia puede admitir leyes totalitarias o antijurídicas como la de memoria histórica o las de género. Ni puede admitir la colaboración gubernamental con un grupo terrorista y el reconocimiento de sus crímenes como un modo de hacer política. Ni tampoco reconocer soberanía a alguna región y financiar su separatismo. La democracia no consiste simplemente en elecciones o cierta libertad de expresión, hoy reducida también a los márgenes: consiste ante todo en el estado de derecho y el respeto a la ley, y los cuatro hechos mencionados han destruido ambos. Los cuatro han sido llevados a su máxima expresión por los gobiernos de ZP. Creían los ilusos que el PP corregiría tales derivas, pero lo que ha hecho es profundizarlas. Debido a la crisis, al lado del PP y del PSOE han surgido dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, que mantienen la misma línea, incluso agravándola. Por ello podemos hablar de una democracia fallida: solo podrá salirse de esa situación barriendo a esos partidos, convertidos en verdaderas mafias dedicadas a “dialogar” entre sí y con los separatistas al margen de la ley. Tales diálogos solo tienen el rango de chanchullos mafiosos y en cada uno de ellos se ha hundido más la ley, la libertad y la nación. La cosa no es del todo nueva, y la mejor descripción de esas gentes creo que la dio Gregorio Marañón sobre los republicanos: “Estupidez y canallería”.

Y una vez reducida a poco más que nada la democracia, las cuatro mafias (Ciudadanos merece explicación aparte) corren a la destrucción de España. Los separatistas catalanes han declarado la secesión, coronando decenios de apoyo y financiación por PSOE y PP, y de acoso y marginación de cualquier disidencia por todos ellos. Y la respuesta de las dos mafias principales, PP y PSOE , ha consistido en prometerles más “diálogo” y una reforma de la Constitución que les dé más satisfacciones a costa de la unidad nacional y de la convivencia en paz. La historia no cuenta para estos delincuentes, y su desprecio a España no podría ser más lacerante.

Yo no sé si detrás de toda esta miseria, farsa y esperpento políticos hay poderes ocultos, ni me importa demasiado: lo que está a la vista es más que suficiente para exigir una reacción enérgica y sin concesiones. Los designios de esas mafias simplemente no pueden ir delante de ninguna manera. Han ido ya muy lejos manipulando a la gente a base de poner nombres bonitos o biensonantes a sus fechorías, y no será fácil hacerles recular y derrotarles. Pero hay que hacerlo y dejarse de pequeñeces. Las movilizaciones últimas muestran que muchos españoles van dándose cuenta, ¡por fin!, del precipicio al que quieren llevarles estas chusmas políticas soberbias, incultas, frívolas y sin asomo de patriotismo. La masividad de la protesta y el discurso del rey les han asustado un poco, pero confían en repetir los manejos que les permitieron llevar a la nada movilizaciones semejantes cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco o cuando las protestas contra la colaboración de ZP con la ETA. Y una nueva decepción y éxito de las mafias es posible si el actual movimiento popular no se articula en torno a una alternativa política. Lo más parecido actualmente a tal cosa es el partido VOX, y creo que debe recibir el máximo apoyo, al margen de sus inevitables imperfecciones.

La situación histórica puede caracterizarse así: el régimen surgido de la Transición está agotado. ZP lo arruinó, y el PP de Rajoy ha acabado de pudrirlo. La cuestión es si su derrumbe inevitable va a ser controlado o dar lugar a algún nuevo desastre. De que mucha gente tome conciencia de ello va a depender nuestro futuro.

155 rodeos y una mentira
Javier Somalo Libertad Digital 12 Octubre 2017

Casi una semana después de que lo hiciera el Rey, el presidente del Gobierno se dignó a hablar públicamente sobre Cataluña. Entre medias, un millón de personas llenó Barcelona de banderas de España y el presidente de la Generalidad consumó el golpe de Estado proclamando, para todo aquel que lo quiera leer, la independencia de Cataluña en forma de república.

La frase pronunciada por Rajoy en el Pleno extraordinario del Congreso al hilo de un requerimiento que casi parece un chivatazo –"Espero fervientemente que Puigdemont acierte en su respuesta"– revela su nula intención de aplicar la Ley frente a una flagrante violación. Significa que la Generalidad goza de un privilegio más que añadir a la larga lista que ha hecho de Cataluña una comunidad artificialmente líder en muchos sectores: el privilegio de incumplir la ley sin consecuencias. Aun si se diera el remoto caso de que Puigdemont se retractara efectivamente del golpe –no de una declaración sino de todo lo que la ha rodeado–, la ausencia de una respuesta penal sería una omisión intolerable. Pero el problema real es que el nacionalismo es, por definición, inintegrable en una sociedad democrática, por lo que los indescriptibles deseos de Rajoy aventuran una rendición sin precedentes.

Como buen orador que es, Rajoy ha expuesto brillantemente, remontándose varios años, el inventario de agravios del separatismo catalán a España. Pero en su análisis está su condena: ¿cómo puede un presidente del Gobierno reconocer públicamente que se ha violado sistemáticamente la Ley hace años y que no ha habido consecuencias más allá o más acá del artículo 155? ¿Ha convertido acaso Mariano Rajoy el Poder Ejecutivo en un mero órgano consultivo que emite informes sin carácter vinculante? Si todavía tuviera un diagnóstico erróneo del problema podríamos achacarle ineptitud, que no está falta España de figuras políticas poco dotadas para el análisis. Pero si, como ha hecho en la tribuna, acierta de pleno en el diagnóstico sobre el nacionalismo no cabe sino reprobar con vehemencia su actitud como la más inútil para que vuelva la legalidad a Cataluña que fue, precisamente, lo que le reclamó el Rey.

Pese a que el texto del requerimiento remitido por Soraya Sáenz de Santamaría a Puigdemont se erige en paso preceptivo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, no lo es. Nada más lejos. Lo explicó muy bien el propio Mariano Rajoy en su turno de réplicas a los grupos parlamentarios:

Es muy importante que el señor Puigdemont acierte. Basta con que diga lo que le hemos escuchado aquí al señor Aitor Esteban [que no ha habido declaración de independencia]. No es lo mismo que el presidente de la Generalidad diga que ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de una manera, o que diga que no ha habido declaración de independencia, en cuyo caso el gobierno actuará de otra manera. Son situaciones diferentes.

Así que, este remozado artículo 155 contempla la versión del delincuente como única, mienta o no. La calificación del delito le corresponde pues, al reo. ¡Menciona el 155 para que se callen! Pero si Puigdemont "acierta" ya podemos descansar de tanta fatiga y negociar. Esta es la gran mentira que hoy calma a los constitucionalistas sobrevenidos. La mentira que además, avanza los términos en los que puede plantearse una reforma constitucional. El artículo 155 sufrirá el mismo proceso que padeció la LOAPA –auténtico desarrollo del marginado artículo y magistralmente armada por Eduardo García Enterría–, que se usó para calmar los ánimos tras el 23-F y se fulminó en las fronteras del cambio político entre Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González.

El Gobierno de España ha sentado una suerte de jurisprudencia política con la gestión del golpe de la Generalidad. Si la compañía elegida es el PSOE de Sánchez –sombra y sostén de Podemos– y su idea de España, habrá quedado sin reparar la puerta derribada a patadas por la Generalidad para que la crucen el País Vasco, Navarra, Galicia, Valencia, Baleares y todo aquel que quiera ser nación destruyendo la única que lo era y merecía preservarse.


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El artículo 155 y el Código Penal, en suspenso
EDITORIAL Libertad Digital 12 Octubre 2017

Parece ser que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se han dado por enterados (o querido darse por enterados) de la declaración de independencia de Cataluña proclamada el martes por Carles Puigdemont en el Parlamento catalán. No se explica, de otro modo, que, en lugar de presentar inmediatamente una querella contra el presidente de la Generalidad por un delito de rebelión (tipificado claramente como tal en el artículo 472.5 del Código Penal), el máximo responsable del Ministerio Público guarde silencio; o que el presidente del Gobierno, en el colmo del surrealismo, se haya visto en la necesidad de pedir una aclaración al cabecilla del golpe de Estado para que "confirme" si ha declarado la independencia de Cataluña.

Lo peor de todo, sin embargo, es la brutal manipulación mediática y política que ha hecho pasar esa surrealista petición de aclaración al todavía impune y ya reincidente delincuente que preside la Generalidad como si se tratase del "requerimiento previo" del que habla el artículo 155 de la Constitución. Ese "requerimiento previo" tiene como finalidad la de exigir al presidente de la comunidad autónoma el inmediato cumplimiento de las obligaciones que las leyes le imponen o el inmediato cese de actuaciones que atenten gravemente contra el interés general de España, incumplimientos e ilegales actuaciones que el legislador da por descontadas y no susceptibles de ser valoradas por el presidente autonómico que las ha perpetrado.

La decisión de Rajoy de incluir al mismo tiempo un segundo requerimiento –este sí– en el que insta a Puigdemont a cesar en dichos "incumplimientos" y "actuaciones" nos aboca a tener que esperar al día 19 de octubre para conocer cuáles son las medidas que Rajoy propone al Senado para forzar el acatamiento del orden constitucional por parte de la Administración autonómica en rebeldía, medidas que podrían significar –o no– su suspensión parcial, total, temporal o indefinida.

No menos grave es la circunstancia de que este esperpéntico compás de espera esté afectando a la acción de la Justicia, como ilustra el inquietante hecho de que la Fiscalía General del Estado no haya instado querella alguna contra los cabecillas del golpe y máximos mandatarios de la Generalidad desde el pasado 7 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del 1-O. Pasividad inexplicable si se tiene en cuenta la cantidad de delitos que se han perpetrado desde entonces y el hecho de que sí se ha procedido judicialmente contra los subordinados de Puigdemont, como el mayor de los Mossos d'Esquadra, o los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC. ¿Cómo es posible que se haya abierto causa judicial por delito de sedición contra quienes, como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, sirvieron de correas de transmisión del público y sedicioso llamamiento de Puigdemont del 20 de septiembre pero no se haya incluido en la causa a la autoridad que incitó públicamente dicha sedición? ¿También la implicación de Puigdemont en estos hechos va a quedar a juicio del propio Puigdemont?

Eso, por no olvidar la inolvidable y escandalosa decisión de la Fiscalía, tras la dimisión de Torres Dulce como fiscal general, de retirar de su escrito de acusación contra Artur Mas los delitos que implicaran penas de cárcel (usurpación de funciones y malversación); decisión del Ministerio Público tomada en paralelo a la decisión del Gobierno de Rajoy de impulsar lo que se conoció como operación Diálogo, a cargo de Soraya.

Todo apunta a que esta inexplicable impunidad de Puigdemont y esta igualmente inexplicable resistencia de Rajoy a suspender una Administración que lleva en rebeldía desde 2012 obedecen a ese "diálogo dentro de la legalidad" que este mismo miércoles el presidente del Gobierno ha vuelto a ofrecer a unos golpistas a los que ningún propósito de enmienda les debería evitar soportar todo el peso de la ley. En este mismo repugnante sentido apuntan las esclarecedoras declaraciones de Pedro Sánchez, en las que ha asegurado haber acordado con Rajoy la puesta en marcha de una comisión constitucional para "modernizar" la Carta Magna.

Habida cuenta de las inocultadas ganas de Rajoy –no digamos de Pedro Sánchez– de contentar a los nacionalistas, todo apunta a que la Cataluña nacionalista va a seguir gozando –con o sin reforma constitucional– de una inadmisible independencia de facto si Puigdemont renuncia a que dicha independencia sea declarada y reconocida de iure.

Golpe-Groucho
Setenta y dos sediciosos de la CUP y el Junts pel Sí proclamaron, en la noche del martes, una República Catalana independiente
GABRIEL ALBIAC ABC 12 Octubre 2017

«Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros». Los aficionados al cine recuerdan la salida de pata de banco que se atribuye a Groucho Marx. La plagió anteanoche Puigdemont. Sin maldita la gracia: «Declaro la independencia, pero si van ustedes a hacerme pupa, la suspendo». En la repetición, lo trágico se trueca en ridículo. «Este es mi golpe de Estado. Si no les gusta, lo dejo en suspenso y voy a por otro».

A la CUP no le gustó. A los jueces, espero que les haya mostrado la verdad de este chiste siniestro. Anteanoche, Puigdemont proclamó un golpe de Estado cuya aplicación material declaró ejecutable en diferido. No contento con decirlo, firmó -firmaron todos los del bloque independentista- una explícita declaración de independencia. Los jueces no pueden no tomar nota. Porque esto no concierne sólo al 155 ni a las leyes o normas de excepción que deban activar Ejecutivo y Parlamento. Esto concierne a la violación del Código Penal en vigor. Recuerdo su literalidad:

«Artículo 472. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución… 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional… 7.º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Y sus penas:
«Artículo 473. 1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años».

Ni siquiera es ahora prioritaria la intervención del Gobierno. Lo es la de los tribunales. La rebelión alzada incluye a 17.000 hombres armados, bajo el mando de alguien ya investigado por igual delito. Si se quiere evitar que la raya de la guerra civil sea cruzada, urge desarmar el ejército privado de Puigdemont y poner a sus hombres bajo mando militar constitucionalista.

De no hacerse así, Cataluña será lo que la declaración de independencia del día 10 proclama: «En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña, constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social. Disponemos la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República».

Setenta y dos sediciosos de la CUP y el Junts pel Sí proclamaron, en la noche del martes, una República Catalana independiente. Se podría decir que son una banda de alucinados. Y muy probablemente, sea cierto. Pero alucinación y delito no se excluyen. Iluminado y criminal no son incompatible.

Los alucinados, que reciben órdenes de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Trapero, han creado ya su Ínsula Barataria. O su Jardín de Edén. Su bucólico paraíso de creyentes. Impera allí la ley de Groucho. O sea, la que les venga en gana. Es hora de que la justicia intervenga. La justicia, con muchísima más urgencia que el Gobierno. El Gobierno administra relaciones de poder. La justicia castiga el crimen. Automáticamente.

Retocar la Constitución sí, destrozarla no
Editorial okdiario 12 Octubre 2017

La unión entre Partido Popular y Partido Socialista a la hora de actuar contra el desafío de los independentistas catalanes es una gran noticia para España. Ambas formaciones han supeditado sus intereses particulares al sentido de Estado. Algo que nos da una imagen de fortaleza y estabilidad más allá de nuestras fronteras y que ha sido palpable en el pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles. Es lógico que el PSOE ponga condiciones al Ejecutivo para respaldar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una de esas premisas es una reforma de la Carta Magna. Una proposición razonable, incluso beneficiosa para renovar la norma máxima que rige a todos los españoles, si no fuera porque los socialistas quieren basar esa modificación en el Estatuto de Autonomía que fue rechazado definitivamente por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010. Pedro Sánchez ha de entender que no puede dar validez de facto a algo que está prohibido, ya que sería un error sobre otro error además de un incomprensible regalo a los secesionistas.

Como bien ha señalado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la reforma constitucional no se debe efectuar “para contentar a los golpistas”. De basarse en el celebérrimo Estatut de 2006 se estaría haciendo justamente eso, ya que el TC lo tumbó por contener 14 artículos inconstitucionales. Entre ellos, los referidos a la lengua y a los nombres cooficiales (artículo 6) al Consejo de Justicia de Cataluña (artículos 97, 98, 99, 100 y 101) o a la contribución de Cataluña a los impuestos estatales (206.3). Sería un sinsentido, además de una irresponsabilidad, abrir un nuevo camino legal que se basara en una ilegalidad. Tanto los populistas de Podemos como los independentistas de la CUP —ya han amenazado con agitar las calles si el Gobierno aplica el 155— se lanzarían rápidamente sobre cualquier resquicio que les permitiera propiciar la inestabilidad de España, tal y como han demostrado hasta ahora. Y es ahora justamente que las dudas y la imposibilidad carcomen el procés cuando no hay que permitir una sola cesión.

Esa reforma que propone el PSOE insuflaría vida a un desafío que languidece, el más grave de la historia de España desde el golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981. Por lo tanto, la reforma constitucional sí es pertinente, pero de forma limitada. La actualización tiene que servir para mejorar la convivencia entre todos los españoles pero, al mismo tiempo, debe ser escrupulosa con la unidad de España, con el respeto a su Hacienda y, por supuesto, con el Estado de Derecho que nos ha dado la época más próspera y pacífica de nuestros cinco siglos de existencia. Dicha reforma ha de ser un instrumento inapelable contra el chantaje de políticos con tan pocos escrúpulos como Carles Puigdemont o sus socios de la CUP. No una ayuda para sus capciosas intenciones. Otra cosa, sería un error imperdonable.

El hundimiento de España (11)
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Octubre 2017

UN REQUERIMIENTO SURREALISTA: ¿HA DECLARADO USTED O ALGUNA AUTORIDAD DE LA GENERALIDAD LA INDEPENDENCIA? RESPONDA SÍ O NO. MARIANO RAJOY CEDE ANTE EL PSPS Y ABRE EL MELÓN DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.

Si alguien pensaba que Mariano Rajoy iba a asumir decisiones valientes como las que demanda la situación actual de España, es que no conoce bien al personaje. Y es verdad que la presencia en su Gobierno de otros elementos temerosos, pazguatos y faltos de valor no contribuye a dar una sensación de fortaleza a un Ejecutivo sobrepasado por los acontecimientos y que ha demostrado su torpeza, improvisación y falta de previsión. Y es verdad que su extremada prudencia podría confundirse fácilmente con franca cobardía. Pero es que la realidad es tozuda a la hora de mostrar a los ciudadanos un Gobierno incapaz de gobernar y de hacer cumplir la ley sin importarle las críticas ni los apoyos mercenarios y oportunistas de verdaderos apátridas. Una actitud vergonzosamente confirmada por la radical divergencia entre los ampulosos discursos y promesas con la decepcionante, (palabra últimamente de moda), realidad de los hechos. El más ruin de ellos es elevar a la categoría de interlocutores a los golpistas con el solo requisito de que abandonen su desobediencia y sedición y vuelvan a la legalidad. Aquello del hijo pródigo que he mencionado en otros artículos.

Porque ya sabemos a qué tipo de diálogo se refiere este PSPS que pretende nada menos que robarnos la Soberanía y repartirla como si fuese un pastel entre unos inexistentes pueblos diferenciados, con un inventado derecho a decidir su futuro y crear un Estado confederal en un concepto de plurinacionalidad, con la idea de que España es una nación de naciones. Un mensaje que de un plumazo intenta cargarse 500 años de Historia de España y una realidad de cómo fue el nacimiento de la nación más antigua de Europa. Un mensaje que por sí mismo ya representa alta traición, algo que no debería sorprender de un partido que ha tenido actuaciones, durante sus más de 100 años de existencia, que se encuadran perfectamente en la traición. Y lo peor de todo es que haya sido el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP dominado por una Ejecutiva plagada de aduladores y serviles especímenes agarrados a su poltrona, el que haya comprado ese discurso de Pedro Sánchez y su Ejecutiva radical y sectaria.

Y también sabemos a qué tipo de diálogo se refiere el M.H. (Molt Honorable) Presidente del Gobierno de la Generalidad (mejor sería decir de la particularidad), Carles Puigdemont. A uno sin condiciones previas , salvo las que los golpistas imponen, como es la de no dar un paso atrás en su declaración de independencia ni en su hoja de ruta de llevarla a término, basadas ambas en su auto proclamado derecho a decidir, en la hegemonía de su Parlamento en cuanto a la prevalencia de su legislación sobre la de España, en la obediencia exclusiva al “pueblo de Cataluña”, en los resultados incontrolados y no homologables ni válidos de la votación en un referéndum declarado ilegal por un Tribunal Constitucional al que no reconocen como legítimo, etc. etc. Una actitud que desde luego no se puede calificar como lo que se entiende por disposición al diálogo, sino que se enclava directamente en la presentación de un ultimátum basado en hechos consumados.

Así que ante este panorama no puede extrañarnos que finalmente el Gobierno de España, donde Mariano Rajoy destaca por su excesiva prudencia, -algo innato en su carácter de pacífico y tranquilo hombre de “provincias”, conservador y sin grandes convicciones-, haya terminado por tirar la toalla y ceder a las presiones de quienes le han estado insistiendo en que la mejor solución es la de pactar con los golpistas y dar la impresión a los españoles que es para evitar males mayores. Una mezquina forma de robar al pueblo español su Soberanía y consolidar un nuevo Estado plurinacional, donde las actuales autonomías y el concepto de solidaridad interterritorial ya no existirían y serían sustituidas por una federación de naciones en donde sus ciudadanos partirían de condiciones y estatus muy diferenciados. Algo similar a lo que ocurre ahora con el abismo retributivo entre funcionarios estatales y autonómicos, donde un simple alcalde de capital de provincia, cobra más que el Presidente del Gobierno, o un Mosso de Escuadra, cobra casi 1.000 euros más que su homólogo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Eso que es ya una vergonzosa aberración, es lo que se quiere generalizar con la creación de Estados federados o confederados en lo que sería el final de la igualdad entre españoles.

Y nadie ha sido capaz de preguntar al Gobierno, ni al PSPS, qué pasará si Carles Puigdemont, en su estrategia de ir ganando tiempo para consolidar su golpe de Estado en diferido mediante la creación de las estructuras de Estado y la mediación internacional, responde con un rotundo NO al requerimiento del Gobierno. Porque la realidad es que esa supuesta declaración de independencia firmada por los 72 diputados independentistas sobre un papel con membrete oficial, no se diferencia de uno de los múltiples panfletos de propaganda de las CUP y tiene la misma validez jurídica, ninguna. Y tampoco se puede dar validez al discurso del Presidente en su acto de “información” al Parlamento de Cataluña en sesión ordinaria, por mucho que solemnemente dijese aquello de “Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que el pueblo de Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”. ¿Es eso una declaración de independencia? Absolutamente no, solo se trata de que personalmente como Presidente del Gobierno de la Generalidad hará todo lo necesario para que ese mandato se cumpla. Es una declaración de intenciones que no se diferencia de las que este sujeto ya ha venido realizando durante su mandato.

Así que está todo en una especie de limbo donde aparte de la respuesta concisa del Sí o el No, no se requiere ninguna otra acción encaminada a obtener una renuncia a seguir en la desobediencia o renegar de los pasos ya dados en lo social, legislativo y económico tendente a cumplir con ese mandato del pueblo refrendado en una votación sin valor alguno. ¿Qué hará el Gobierno de España y la “leal oposición” del PSPS y de CIUDADANOS, dialogar a pesar de todo? Es otra incertidumbre más que añadir a las existentes y que no parece augurar nada bueno.

Hoy se celebra el día de España, antes de la Hispanidad y ahora el de la resistencia de los pueblos aborígenes americanos y demás gilipolleces. Veremos cuantos Presidentes autonómicos de esos futuros Estados confederados como El País Vasco y Navarra País Valenciano (antes Comunidad de Valencia) o Baleares, asisten al tradicional desfile de las FFAA en Madrid, que cumple su trigésimo aniversario y que preside el Rey rodeado y arropado por la Tribuna de autoridades con el Gobierno de España y demás prebostes de la política y de la sociedad española. Será una sorpresa ver aparecer por allí a Urkullu o a Uxue Barcos o a Ximo Puig e incluso a Fernández Vara o García Page, estos últimos como transformados adalides del nuevo proyecto plurinacional de Pedro Sánchez.

¡Que pasen un buen día!

La noche de la 'suspendencia'
Cristina Losada Libertad Digital 12 Octubre 2017

En la tarde del 10 de octubre, media España asistía con perplejidad creciente a la intervención de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña. Cuatro frases sembraron primero el desconcierto y después, el pitorreo. La opinión general era que la república catalana se había proclamado, pero su existencia había durado unos segundos. Los pocos segundos que Puigdemont había tardado en llegar de las tres primeras frases de aquel párrafo a la cuarta. En las redes sociales se pusieron cronómetros indicando exactamente de qué hora a qué hora había existido el nuevo Estado. En la Wikipedia se dio entrada al récord. Y un tuitero con ingenio bautizó lo acontecido como una declaración de suspendencia.

Las personas congregadas en los alrededores del Parlamento catalán para celebrar el santo advenimiento tomaron las de Villadiego. Los tractores con banderas esteladas que se habían desplegado allí, como para dar prueba del Blut und Boden (sangre y tierra) del separatismo catalán, emprendieron la vuelta a casa. Pero esa desmovilización de los decepcionados fue la única virtud que tuvieron las palabras del todavía presidente de la Generalidad. Fue el único efecto positivo de una intervención en la que se rizó el rizo de la falsedad. Y se ensombreció, aún más, el lado oscuro de la farsa.

Hay que tener cuidado con las farsas. Igual que se pasa de la tragedia a la farsa, se pasa de la farsa a la tragedia. Hubo dictaduras terribles que, al principio, se tomaron por puras payasadas. En cualquier caso, lo cierto es que Puigdemont, con la doblez que tanto caracteriza al procés, proclamó la independencia de Cataluña respecto de España. No la suspendió. Anunció que iba a proponer que el Parlamento suspendiera sus efectos: para emprender un diálogo a fin de llegar a una "solución acordada".

No es cosa de entretenerse en los malabarismos del lenguaje, pero la palabra fetiche era diálogo. Para justificar este golpe a la legalidad democrática, ese intento de imposición de la voluntad de una minoría a la mayoría, esa pretensión de romper el país, los separatistas afirman que no se ha dialogado con "Cataluña", que en su ficción sólo son ellos. Lo dicen como si los Gobiernos de España, a lo largo de cuatro décadas de democracia, no hubieran hablado nunca con los nacionalistas catalanes. Como si no les hubieran concedido sustanciosas transferencias y ventajas. Como si no les hubieran eximido de cumplir sentencias y leyes en la comunidad autónoma. Y como si PSOE y PP no les hubieran dejado el terreno libre para extender su hegemonía. La hegemonía de la mentira.

No era, sin embargo, sólo por eso por lo que Puigdemont y compañía insertaron suspensión y diálogo en el titular de su golpe. No sólo para engañar a quienes quieren engañarse. Tienen un problema, que no es nuevo, pero ahora es crucial: carecen de la fuerza suficiente para imponerse. No la tienen en sentido estricto ni la tienen en términos sociales: la gigantesca manifestación ciudadana del 8 de octubre en Barcelona hizo visible la firme oposición de media Cataluña a la ruptura con España. La única manera de sortear esa debilidad era esta: tratar de que el Gobierno de España reconociera la situación de facto que han creado. Y eso sucedería si Rajoy aceptara una interlocución con quienes ya han declarado la independencia y si, para mayor reconocimiento, interviniera algún tipo de mediadores.

Los hay que insisten en la falta de validez jurídica de la declaración que hizo de viva voz Puigdemont y que luego firmaron, en un anexo, el Gobierno y los diputados secesionistas. Como si eso significara que es papel mojado que no va a ir a ninguna parte. Bien, puede que no vaya a ninguna parte, pero no será por su falta de validez jurídica. Parece mentira que haya que recordarlo: los golpes son de hecho, no de derecho. Por definición.

Hay nacionalistas que se dicen moderados y radicales que se dicen sensatos que en la noche de la suspendencia pedían por favor al Gobierno que no hiciera nada y confesaban sentir vértigo ante lo que podía suceder si se aplicaba el artículo 155. Para ellos, Puigdemont se acababa de portar como un hombre de Estado, haciendo un un gesto de responsabilidad. La diputada Bescansa, de Podemos, llegó a decir que el jefe del golpe, al ganar tiempo, estaba salvando vidas en las calles de Barcelona. Tanto leer de revoluciones pasadas que admiran, ¿y no saben nada de los procesos revolucionarios?

Es al revés. Prolongar una situación de doble poder tiene un peligro que no se puede subestimar. El vértigo hay que sentirlo ante lo que puede ocurrir si el 155 no se aplica. Supondría dejar que el golpe se siguiera dando desde las sedes de la Generalitat y de otras instituciones, por quienes tienen la voluntad de provocar la conflictividad que sea necesaria para consolidar sus posiciones. Los mayores riesgos se corren mientras el poder ilegítimo e ilegal continúe instalado.

El requerimiento… o por qué es absurdo preguntar a Puigdemont
Mario Conde gaceta.es 12 Octubre 2017

Estamos viviendo un conflicto juridico-político de densidad profunda, en el que lo emocional desempeña un papel tan destacado que a lo racional se le adjudica una plaza en el vagón de tercera clase.

He visto a personas que admiro en el terreno de su conocimiento y hermenútica del Ordenamiento jurídico desnudarse de cualquier consideración racional, juridica e histórica para penetrar de lleno con todo su equipaje intelectual en la casa de la pasión, que, por cierto, se encuentra en profundo desorden.

Precisamente por ello me ha parecido lo mejor permanecer ajeno a este conflicto, porque cualquier opinión que aportara sería tamizada por el vidrio de lo pasional, de modo que despues de ser leída merecería la más profunda calificacion o descalificacion segun el colectivo de que se tratara.

Esta mañana, sin embargo, a la vista de lo que ocurrió ayer con el gobierno y parlamento en torno al artículo —tan manido— 155 de la Constitucion, mi vicio de pensar en términos jurídicos me ha llevado, sin poder evitarlo, a cuestionarme interiormente qué es lo que sucede en la realidad. Y sinceramente creo que mis luces no dan para entender la racionalidad que se esconde tras estos comportamientos.

Veamos. El citado precepto encierra una suerte de procedimiento sancionador al más alto nivel constitucional. Toda sanción es la reacción de la norma frente a un supuesto de hecho determinado que se considera merecedor de la reacción. En el caso del art 155 ese supuesto de hecho viene redactado en términos genéricos, lo que podríamos llamar conceptos jurídicos indeterminados, puesto que son objeto de “sanción”, dos tipos de comportamientos: “no cumplir con las obligaciones que la Constitución o las leyes le impongan” y, adicionalmente, actuar “de forma que atente gravemente al interés general de España”.

Bien, esto es lo abstracto, de modo que hay que descender a lo concreto y pormenorizar el tipo concreto de comportamiento que encaja en algunos de esos dos supuestos genéricos. Hay por tanto que identificar de modo concreto la conducta, el hecho que se subsume en el incumplimiento de la ley o en la actuación contraria al interés general de España. Al violador le corresponde el hecho de la violación. Al que sanciona le corresponde la identificación del hecho y su encuadramiento en el tipo genérico.

Puigdemont es el autor del hecho, el Gobierno el sancionador, así que es al gobierno a quien corresponde concretar qué conducta de Puigdemont ha violado la ley o qué conducta es contraria al interés general de España.

Identificado en concreto ese comportamiento o esa conducta, el Gobierno debe requerir a Puigdemont diciendo: a) usted, señor, ha hecho tal cosa que considero es violación de la ley o atenta al interés general de España b) asi que le requiero para que deshaga lo hecho y se ajuste a la ley. De no hacerlo en 48 horas le intervendré la Autonomia en este y este otro sentido, esto es, concretando qué tipo de intervención en concreto va a llevar a cabo.

Por ejemplo: es evidente que Puigdemont ha incumplido la ley que obliga a cumplir las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional. Pues con ese dato de hecho, concreto y especifico, el Gobierno podría haber formulado el requerimiento en los términos dichos. Hay muchos otros ejemplos. La conducta de Puigdemont y otros es un cúmulo de incumplimientos legales. No hace falta ser experto en derecho constitucional para evidenciarlo. Pero el gobierno no ha hecho nada. El gobierno sabrá por qué.

Lo que a mi juicio es patético es lo que sucedió ayer. El Gobiernno pregunta a Puigdemont si ha declarado la independencia. Es decir, le pregunta si ha incumplido la Ley o si ha actuado contra los intereses generales de España.

Absurdo: el sancionador preguntando al sancionado si ha cometido el hecho merecedor de la sanción. Es tanto como colocar a Puigdemont en la posición de intérprete auténtico de si sus propios actos incumplen la ley o atentan al interés general de España.

¿Qué se pretende con semejante pregunta? Dicen los que se mueven en circulos políticos que quieren que Puigdemont se “retrate” ante los suyos. No sé si ese señor es un dechado de inteligencia pero me da la sensación que de estúpido tiene muy poco, asi que sabrá valorar la pregunta en sus propios términos y confeccionar la respuesta. Se preguntará: ¿por qué me preguntan a mí cuando son ellos los deben decir qué es lo que he hecho para merecer la sanción de la intervención?

Siendo un procedimiento sancionador ¿funciona el principio de presunción de inocencia? ¿Tiene Puigdemont la obligación de declarar contra si mismo? Léase, contra la Generalitat de Cataluña. Pues creo que más bien no. Y además, ¿que pasa si miente y dice que no? ¿Ya está todo solucionado? ¿Que pasa si dice que ha suspendido una declaración de independencia? ¿Ya está todo solucionado? ¿No suena esto más bien frívolo cuando se trata de un problema de gigantesca envergadura? ¿Quién ha asesorado al Gobierno para confeccionar ese producto juridico?

Supongamos que Puigdemont cuenta con asesores adecuados y por respuesta le remite la actas del Parlament y le dice: “valore usted mismo”. Es lo que seguramente hará, supongo yo.

¿Qué puede hacer el gobierno ante eso? Primero , interpretarlo como un sí, y remitir un nuevo requerimiento diciendo: dado que ha declarado la independencia le requiero para que en 48 horas la revoque o le intervengo. Bien, pero para eso no necesita las actas, porque ¿que más acta que la retransmisión en directo de la sesión parlamentaria?. ¿Qué más puede hacer el gobierno?

Pues como viene siendo habitual desplazar el problema a otras instancias y preguntar a la Abogacía del Estado. ¿Es que no preguntó a ese mi ex-cuerpo ante de redactar el documento? No lo se. Me temo que sí…Me temo lo peor. Tambien puede preguntar al Consejo de Estado. Así que otros le dirán si se declaró independencia o no.

Veamos: ¿qué sucede si el Consejo de Estado dice que no? Pues Rajoy tan contento y el problema se termina. ¿Se termina? Para nada. Diga lo que diga el Consejo de Estado lo que ocurrió en Cataluña ha sucedido, lo llamen declaración de independencia o de cualquier otro modo. Es más claro que el agua que se produjo lo siguiente: se declaró la independencia y se suspendió la aplicación de su efectos. Si alguien no lo quiere ver, pues que no lo vea, pero su ceguera no alterará la esencia de lo acordado.

Es absurdo preguntar a Puigdemont. Es violar la técnica jurídica del procedimiento sancionador. El Gobierno debe decir: usted, Sr Puigdemont, ha hecho esto —concretando lo que ha hecho- y por tanto le requiero para que en 48 horas lo deshaga y si no lo hace sepa usted que le intervengo de esta manera -concretando las primeras medidas— Ante ese requerimiento Puigdemont puede defenderse diciendo que o no hizo lo que le acusa el gobierno o que si lo ejecutó eso no es violar la ley o atentar a los intereses generales.

Ese es el momento en el que debe hablar Puigdemont: en su defensa. Y si hay “sanción” de intervención acudirá al Constitucional y a las instancias judiciales europeas.

Obviamente cuando hablo de Puigdemont no me refiero a la persona física, sino al cargo, porque a quien se interviene no es a ese señor, sino a la Autonomia Catalana que él representa.
Con todos mis respetos lo que sucedió ayer me parece un craso error juridico-político-constitucional y lo único que cabe pensar es que el gobierno, por lo que sea, no quiere, si puede evitarlo, aplicar el 155. Se le ha dado una baza jurídica de primer nivel a Puigdemont, porque si el gobierno español, a la vista de lo que se vio por television, no sabe, ni más ni menos, si Puigdemont declaró la independencia, violó las leyes o actuó contra los intereses de España entonces, como decía mi abuela, que venga Dios y lo vea.

Educación ya tramita sanciones por «adoctrinamiento ideológico»
Ha enviado dos requerimientos a la Generalitat, tras recibir varias denuncias
Paloma Cervilla Madrid ABC 12 Octubre 2017

El Gobierno ha iniciado un procedimiento sancionador contra la Generalitat de Cataluña por «adoctrinamiento ideológico» tras las denuncias presentadas por varios particulares ante la Alta Inspección Educativa en Cataluña. Los hechos se refieren a actuaciones producidas tras la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre en varios centros educativos de esta Comunidad.

Se trata de acoso escolar contra los menores e incitación al odio, destacando el «trato vejatorio» que sufren y la incitación «al rechazo a España». Para el Gobierno, queda constatado que «desde las aulas y las direcciones de los centros se permite y fomenta el adoctrinamiento».

Requerimientos
El pimer paso de este nuevo frente judicial contra el Gobierno catalán lo ha dado el Ministerio de Educación, al enviar dos requerimientos formales a la consejera de Educación, Clara Ponsatí, con fecha de 27 de septiembre y 6 de octubre. Así lo desveló ayer el titular de este departamento ministerial, Íñigo Méndez de Vigo, durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El ministro respondía a una interpelación de Ciudadanos sobre el «adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de España». Méndez de Vigo advirtió de que, si la consejera no está de acuerdo con estos requerimientos, «le podemos llevar a los tribunales de justicia», en aplicación del artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o por los 31 y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El primero de los requerimientos de fecha 27 de septiembre «detalla determinados actos llevados a cabo en horario lectivo escolar de alumnos y alumnas menores, sin previa autorización de los padres, ni comunicación previa al director», según señala el texto remitido a la Generalitat.

Así, hace referencia al Instituto Lacetánia de Manresa (Barcelona), donde un padre denunció cómo los profesores conminaron a los alumnos a salir a las calles para pegar en las paredes de la localidad carteles pro referéndum en horas lectivas. O el centro de IES Lluis de Peguera, que permitió que el profesorado llevase a los alumnos a la Plaza Mayor para manifestarse delante de la Comisaría de Policía.

«Ideología política»
El segundo requerimiento, con feha de 6 de octubre, relata, por ejemplo, la denuncia de un padre por obligar a su hija a hacer un minuto de silencio por los incidentes del 1 de octubre; o la proyección de imágenes a los menores de las cargas policiales. Muchas de las denuncias proceden de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Las conclusiones a las que llega este segundo oficio son claras, subrayando que las denuncias han crecido «exponencialmente» desde el 1 de octubre. A juicio del Ministerio, los horarios lectivos en los colegios se han «utilizado para realizar actividades cargadas de idelogía política» y los directores «se han implicado en las convocatorias de huelgas y manifestaciones».

El Gobierno apunta a los profesores como «los principales actores en el adoctrinamiento independentista», por lo que afirman que «queda, por tanto, contrastado normativamente el incumplimiento llevado a cabo por profesores y directores de centro». Finalmente, recuerda que la inspección educativa de Cataluña «podría ser también responsable en el ámbito de sus funciones de las irregularidades cometidas».

El Gobierno envío otro requerimiento a Cataluña por denuncias de «adoctrinamiento»
Efe La voz 12 Octubre 2017

El Ministerio Educación ha enviado a la Consellería de Enseñanza catalana dos requerimientos formales sobre presuntos delitos y violación de la ley por «adoctrinamiento ideológico» ante las denuncias presentadas por particulares y «si no recibe la respuesta adecuada irá a los tribunales». Así lo anunció el miércoles el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, al ser interpelado en el pleno del Congreso por el diputado de Ciudadanos Toni Cantó sobre el «adoctrinamiento ideológico» en los centros educativos en España.

El ministro ha detallado que el pasado 27 de septiembre se envió una carta de colaboración a la Consejería de Enseñanza de Cataluña por las denuncias recibidas y el segundo requerimiento data del 6 de octubre «con casos concretos en los que se aprecian indicios de delito». Además, Méndez de Vigo, ha pedido que se introduzca en la Constitución el principio de lealtad constitucional porque -ha dicho- lo hecha en falta en bastantes comunidades autónomas, que en Educación aplican la ley «a su manera» y ponen a veces al Ministerio en dificultades.

Cantó se ha referido a casos de alumnos que han denunciado que han sido objeto de incitación al odio por profesores de centros educativos de Cataluña, al «acoso» que se produce en las universidades catalanes hacia los no independentistas y a los días libres que se han dado a los universitarios para ir a manifestarse o votar.

En su intervención Cantó ha «mandado» callar a los nacionalistas catalanes que se encontraban en el pleno porque «este no es el Parlament catalán donde han acallado a toda la oposición», y les ha dado «la bienvenida» porque han acudido, ha comentado, ante el «aviso» de que les iban a quitar el sueldo si no asistían.

Méndez de Vigo ha condenado lo sucedido en varios centros educativos de Cataluña, donde algunos niños «se han visto señalados por la profesión de sus padres» y ha recordado que ha pedido a la Alta Inspección educativa que abra un expediente para que estudie si algunas conductas han sido constitutivas de delito. El ministro ha subrayado que los casos citados por Cantó son «lamentables» y hay que denunciarlos y llevarlos ante la ley, pero -ha insistido- en que «no todos los profesores son así, ni todos los directores». «La inmensa mayoría no piensa así. No debemos echar una mancha de aceite sobre todos», ha agregado.

El ministro le ha recordado en varias ocasiones a Cantó que las competencias en Educación están transferidas a las comunidades autónomas, que el papel del Ministerio se limita a la legislación básica y que el sistema en España funciona bien «cuando existe voluntad colaboradora» por las autonomías. Pero algunas comunidades, según Méndez De Vigo, aplican «la doctrina Frank Sinatra», es decir «aplican la ley a su manera» y por eso cree que la primera reforma constitucional que debería hacerse es la de introducir un principio de lealtad constitucional o federal porque «no hay ningún Estado federado al que se le ocurra incumplir la normativa básica».

«La situación no es satisfactoria como dice usted- dirigiéndose a Cantó-, pero si todos estamos de acuerdo vamos a cambiarla y tenemos una ocasión de hacerlo con el Pacto de Estado por la Educación». Cantó le ha recriminado en varias ocasiones al PP y al PSOE que no hayan hecho «nada» ante la situación que dice se vive desde hace tiempo en los centros educativos catalanes y ha asegurado que lo único que han hecho con su actitud es «alimentar al monstruo».

«Sólo han pactado con Pujol primero, el corrupto -ha afirmado Cantó-; con un gobierno catalán que gobierna para los García, Martínez, López, Sánchez, Fernández, y así hasta los 33 apellidos mas comunes en Cataluña». «Pero, sin embargo -ha proseguido-, están gobernados por un Gobierno que está formado por Mas, Romeva, Turull, Puigdemont, Junqueras, Forcadell, y por la madre que los parió, la madre superiora, la mujer de Pujol, la madre de todos los chorizos».

Entrevista con el escritor Augusto Bruyel
Sancho III el Mayor de Navarra: ¿Rey de los vascos?
José Basaburua  latribunadelpaisvasco.com 12 Octubre 2017

El escritor Augusto Bruyel es, ante todo, un humanista. doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Filología Hispánica y en Psicología. Su formidable conocimiento de la realidad académica es fruto de su trabajo a pie de obra como docente, catedrático de Lengua Española y Literatura, director y orientador de Instituto, asesor en la Consellería de Educación de la Xunta de Galicía.

Autor de numerosos trabajos y ensayos, en coherencia con su pasión por la Historia y su preocupación ante la deriva nacionalista que sufre España, su más reciente obra es una biografía novelada de Sancho III el Mayor de Navarra.

Su anterior libro fue Alfonso VIII. Historia de una voluntad. ¿Qué nexo encuentra entre esta figura histórica y la de Sancho el Mayor de Navarra, biografiado por usted en Desde Pamplona, rex ibericus. Gozó de autoridad en toda la península?
Ambos fueron cabeza del reino cristiano peninsular más poderoso del momento. Alfonso VIII, rey de Castilla (1158-1214), lo era tanto que pudo aglutinar a los demás reinos peninsulares para que se enfrentaran —por primera vez juntos— al poder musulmán. Así consiguen vencer al califa almohade (llamado miramamolín por los cristianos) en las Navas de Tolosa, batalla considerada por algunos como la decisiva para alcanzar la derrota definitiva de los musulmanes andalusíes.

Pero un siglo y medio antes, Sancho III el Mayor, rey de Navarra (Pamplona se llamaba entonces) entre 1004 y 1035, había alcanzado también la supremacía entre todos los señores peninsulares; en este caso, tanto cristianos como moros. Gobernaba, directa o indirectamente, no sólo el reino de Pamplona, sino el de León, más los condados de Castilla (ya muy poderoso), de Álava, de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza; y se habían declarado vasallos suyos el conde de Barcelona, el de Pallars, el duque de Gascogne… Por lo que con no poca razón se escribió que reinaba desde Zamora hasta Barcelona. En cuanto a los moros, ninguno de los reyezuelos de taifas pudo contar nunca con poder suficiente para enfrentarse en solitario al rey de Navarra.

¿De dónde arranca su interés por este gran rey navarro?
Siendo yo aragonés, no dejaba de sorprenderme el hecho de que el primer rey de Aragón —Ramiro I— fuera precisamente un hijo del poderoso Sancho III el Mayor. ¿Cómo Navarra había llegado a perder un territorio (al que se le unió enseguida Sobrarbe y Ribagorza) que acabaría encerrándolo por la franja oriental y anulando su posibilidad de expansión por esa zona? La respuesta estaba, como tantas veces ocurre, en las luchas internas, las cuales llegaron a acabar con el propio reino de Pamplona.

Volviendo a la pregunta que me hace, continúo diciendo que mi interés por un gran rey navarro parece también bastante lógico, porque siempre ha habido relaciones de vecindad entre Aragón y Navarra. Los partidos entre el Zaragoza y el Osasuna son considerados de rivalidad regional. Yo mismo me casé en Navarra. Y mi abuela materna se apellidaba Estrataeche, palabra inequívocamente vasca, pero en el libro ya comento que lo vascón es de origen navarro.

Los historiadores de filiación panvasquista vienen reelaborando la figura y significación de Sancho el Mayor, entendemos, desde sus peculiares presupuestos ideológicos, alejándolo en sus representaciones de su dimensión hispánica. ¿Qué opinión le merecen estos intentos? ¿Tienen alguna base? ¿Forman parte, acaso, de un debate científico serio o responden a otro tipo de intereses?
Aunque lo vascón primitivo se hallaba en el norte de Navarra, hay que decir que su gente no le hacía ascos a unirse con otros pueblos. La abuela del gran Abderraman III era vascona; y doña Toda, la magnífica mujer de Sancho Garcés I, fundador de la dinastía Jimena a la que pertenecía Sancho III, era tía de ese primer y magnífico califa cordobés. Doña Toda era hija del conde de Aragón, y tres hijas de esta gran mujer serían las esposas de otros tantos reyes leoneses. Vascona sería después la esposa de Almanzor que le daría ese hijo a quien le pusieron el prestigioso nombre de Abderramán, pero al que todos llamaban Sanchuelo por ser nieto del rey de Navarra: Sancho Garcés II Abarca; así que Sancho III el Mayor era primo carnal de este hijo del muy moro Almanzor.

No acaban aquí las relaciones tenidas, y buscadas, del reino de Navarra con otros territorios peninsulares. Bástanos con mirar el caso del propio Sancho III el Mayor: su madre era leonesa, igual que los padres de ésta; la abuela paterna, hija del gran Fernán González, castellana. De los cuatro abuelos, sólo uno era vascón: el monarca Sancho Garcés II Abarca (cuya madre era, por otra parte, aragonesa), quien debía seguir, obviamente, la línea dinástica de la casa Jimena y trasmitir a su sucesor el derecho a heredar la corona. El mismo Sancho III estaba casado con la hija mayor del conde de Castilla.

Así, pues, el reino navarro estuvo siempre muy lejos de cualquier ridículo intento aislacionista, y sus reyes estuvieron emparentados con las casas más linajudas de todos los territorios —cristianos y moros— de la Península.

Por otra parte, no hay razón en considerar vascones a los pobladores de las tres provincias luego vasconizadas: las Vascongadas. Roma puso a sus habitantes —várdulos, caristios y autrigones— bajo el convento jurídico de Clunia; mientras que a los vasconavarros los puso bajo el de Calagurris, porque ya esos pueblos eran distintos y vivían separados.

Entre los diversos personajes históricos que sobresalen en su libro destaca la figura del abad Oliba, de quien una universidad catalana actual toma su nombre. ¿Qué permanece vigente de esta figura eclesiástica? ¿Qué destacaría de su legado?
Es una figura admirada en Cataluña, y su nombre figura también en otros centros educativos, como algún instituto. Fue alguien excepcional. Pero, como de cualquier ser humano, podríamos decir del abad Oliba que en él confluyen claros y oscuros. Por ejemplo, podemos decir a su favor que fuera un fustigador de los Vizcondes de Barcelona, uno de los cuales vivía —siendo también obispo— con su mujer y sus hijos en su palacio barcelonés. También promovió la Paz y tregua de Dios para librar al pueblo llano de los robos y vejaciones a que los sometían demasiadas veces los señores de la guerra, existiera ésta o no. En su contra podríamos decir que —siendo un fraile y, además, abad y obispo— se considerara tan un hombre de paz que no veía nada bien la lucha entre cristianos y musulmanes, sin darse cuenta de que en las zonas de frontera, por ejemplo, la confrontación era inevitable.

Como aragonés afincado en Galicia y familia numerosa también en Castilla, España, ¿idea o realidad?
Resulta, en verdad, de risa, si no fuera para llorar, que al estado más antiguo de Europa lo quieran ningunear de esa manera nuestros nacionalismos disgregadores. Si no queremos tener en cuenta que Hispania —toda la Península Ibérica— era una provincia que formaba parte del imperio romano, admítase que al menos con los visigodos ya vivió como una entidad diferenciada.

La auténtica anomalía es que no formemos parte de la misma nación España y Portugal. De hecho, los reyes portugueses se han llegado a quejar formalmente de que España utilizase este nombre… porque ¡Portugal también era España!

España e Hispanidad. Este concepto elaborado por Monseñor Vizcarra hacia 1926, ¿permanece vigente o se limita a ser una abstracción intelectual?
Parece ser que el término Hispanidad ya había sido acuñado por Unamuno en 1909, como el propio Zacarías de Vizcarra llegó a decir y escribir. Miguel de Unamuno lo prefirió a Españolidad para poder referirse a toda la Península Ibérica. Bueno, quizás lo interesante de la cuestión es que tanto Unamuno como Vizcarra eran vascos, en contraste con todo lo que se ha venido peleando en esa tierra contra la idea de España.


Vamos a ver: de la misma manera que se habla de la cultura y del mundo anglosajón, no parece aberrante que se pueda hablar también de una realidad hispana. Frente a una lengua inglesa y una religión protestante seguida por la mayoría de anglosajones, el mundo hispano presenta una lengua española facilitadora de la comunicación entre más de veinte países americanos y quinientos millones de hablantes, además de un seguimiento generalizado de la religión católica.

Pero, de manera paradójica —y muy esquizofrénica— donde menos se viene apreciando el valor de una lengua universal como la española, y donde la religión más ha retrocedido es en España, lugar magnífico del que procede, etimológica y vitalmente, la Hispanidad. Así que tengo la impresión de que hoy, donde más interés puede haber en el fomento o el cuidado de la Hispanidad es en Hispanoamérica. Reflexiónese, si no, en lo que supone que, precisamente aquí, se diga casi siempre Latinoamérica —término inventado, al parecer, por los franceses— en lugar del más apropiado Hispanoamérica.

España y catolicismo: ¿relación indisoluble o problemática?
Hace más de un siglo que don Marcelino Menéndez y Pelayo, preocupado por los aires autodestructivos que empezaban a surgir en España, ya asoció nuestra unidad al cristianismo. En el epílogo de su Historia de los heterodoxos españoles dejó escrito que la unidad se la había dado a España el cristianismo, y que por esa unidad fuimos nación y una gran nación. Y que nuestra grandeza y nuestra unidad estaban en el cristianismo; tanto, que el día en que acabara de perderse, España volvería al cantonalismo de sus pueblos prerromanos o de los reyes de taifas.

La falta de preocupación que existe en España (también en Europa) por el desarrollo del islamismo dentro de las fronteras propias, cuando no el interés mostrado en su desarrollo y fortalecimiento, está originado en buena parte por el deseo de hacer desaparecer el catolicismo/cristianismo. Tengo la sospecha de que la caída de los valores católicos/cristianos en España viene asociada, como avisaba don Marcelino, a la también caída en nuestro respeto por lo que supone España. Y un pueblo que se ha tragado la leyenda negra que los enemigos de antaño tejieron contra él, el cual se avergüenza —por increíble que parezca— de toda su historia, está condenado a desaparecer troceado en partes, cada una de ellas en busca de una pureza original inexistente y de un pasado glorioso inventado.

La autodenominada «memoria histórica» parece predeterminada en una única dirección y temática. Tan manifiesta tendencia, ¿contribuye al conocimiento de la Historia de España o lo distorsiona? ¿Alcanza acaso a los estudios medievales?

Está clarísimo que cuando el gobierno del presidente innombrable aprobó la ley de memoria histórica, lo hizo pensando en una única dirección y temática. Sólo interesaba hurgar en unas heridas determinadas. Desde luego, su interés por refrescar la memoria estaba bien lejos de querer llegar hasta la Edad Media. Sólo le preocupaba revolver en lo sucedido durante la Guerra Civil a los de un bando, como si no hubiera casos, muchos (yo podría contar alguno muy próximo), en los que tampoco se sabe dónde están los cuerpos de los asesinados por el bando al que pertenecía el abuelo fusilado del expresidente. Pero ¡ojo!; sospecho que tampoco hay mucho interés en conocer qué pasó con muchas de las víctimas de izquierdas… asesinadas por otra parte de la izquierda. Son, por ejemplo, bien sabidas las luchas —a muerte— que hubo entre comunistas y anarquistas dentro del bando republicano.

La dichosa ley de memoria histórica no busca refrescar la memoria para tratar de evitar que se repita lo terrible ocurrido entonces. Más bien busca todo lo contrario.

Lo chocante del caso, y que explica muchas de las cosas que nos están pasando en España desde hace por lo menos tres décadas, es que la derecha que gobernó después ¡con una mayoría absolutísima! no se hubiese atrevido a tocar esa ley revanchista.

Con la mirada y el corazón puestos en la tierra hermana de Cataluña, los españoles, ¿nos encontramos abocados a un nuevo e inevitable 98 o hay razones para la esperanza?
El llamado Desastre del 98 (del que parte, en buena medida, la baja autoestima actual de buena parte de la intelectualidad española) era, en realidad, inevitable. Estaba claro que unos territorios tan alejados de la metrópoli tarde o temprano acabarían por independizarse. Incluso nos salía más barato y práctico; recuerden la carga tan pesada que ha debido soportar Portugal hasta hace muy poco tiempo para mantener sus colonias: gasto descomunal para mantener un ejército a la postre muy poco operativo, juventud varada durante tres años en un servicio militar obligatorio, onerosa burocracia administrativa dispersa por demasiados sitios…

No es el caso, en absoluto, de Cataluña. Si la Geografía, con una Península Ibérica y unos Pirineos marcando nuestros límites de una manera tan clara, nos obliga a estar muy juntitos, la Historia común aún nos une más. En mi libro Desde Pamplona, rex ibericus, por el cual se me está haciendo esta entrevista, sale un apartado sobre Cataluña, aprovechando que Sancho III el Mayor tiene algún tipo de relación con algunos condados de la actual Cataluña. Porque, ahí está la clave, Cataluña no existía ni como nombre; mucho menos, por supuesto, como entidad política. Y, cuando empieza a aparecer su nombre, siglo y medio largo después de Sancho III, lo hace para referirse a localización geográfica. Algo así como si hoy hablamos de la Depresión del Ebro: sirve para situarnos en el mapa, pero nadie piensa en ella como una entidad política independiente.

Lo que hoy es Cataluña no eran en la Edad Media sino un conjunto de condados: Pallars, Ampurias, Besalú, Barcelona, Urgel… Cuya extensión total, por otra parte, no superaba la tercera parte de la Cataluña actual. El poder económico que ahora tiene este territorio se ha encargado de extender la falsedad de un inexistente reino de Cataluña y Aragón, o corona catalano-aragonesa; situando, como se ve, delante —para mayor gloria propia— el toponímico del que nunca ha sido reino. Porque Cataluña jamás lo ha sido. Pertenecía a la corona de Aragón, lo mismo que Valencia, Mallorca, Sicilia, Córcega, Cerdeña y Nápoles, todos éstos sí, reinos en su momento.

Conque sean los separatistas quienes abandonen toda esperanza. Todas las ideas nacidas durante el romanticismo alemán, elevadas después hasta el desastroso, racista y supremacista nazismo, tendrán que acabar algún día. Hay gente que parece olvidar o no saber que la palabra nazi es el apócope de nacionalsocialismo. Por cierto, ¿es, quizá, por esa simbiosis entre nacionalismo y socialismo que la izquierda española ha apoyado siempre tanto a cualquiera de nuestros nacionalismos disgregadores?

(*) Desde Pamplona, rex ibericus. Gozó de autoridad en toda la península. Augusto Bruyel, prólogo de Pascual Tamburri Bariain, Editorial Manuscritos, Madrid, 2017, 255 páginas, fotos en color, 15 euros.
 


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