AGLI Recortes de Prensa   Lunes 16 Octubre 2017

Déjese de 'avisos', Sr. Rajoy: cumpla y haga cumplir la ley
EDITORIAL Libertad Digital 16 Octubre 2017

El presidente del Gobierno pretende transmitir firmeza con los mensajes que está haciendo correr a propósito de la respuesta que ha de dar el golpista Carles Puigdemont, que alucinantemente aún detenta el poder regional en Cataluña, a su kafkiano requerimiento de que aclare si la declaración de independencia que perpetró la semana pasada fue una... declaración de independencia.

Según informa Pablo Montesinos, hay "pesimismo" en el Ejecutivo nacional, desde donde están advirtiendo al cabecilla del golpe de Estado separatista de que "sólo una respuesta clara evitará la aplicación del artículo 155" de la Constitución, que, como es sabido, implica la intervención de la Administración en rebeldía.

Es increíble y es indignante que a estas alturas se siga en las mismas: con unos golpistas llevando adelante un golpe del Estado desde instituciones del propio Estado y un presidente del Gobierno dispuesto a todo con tal de no hacer nada.

Ha llegado la hora de que los avisos recaigan sobre Mariano Rajoy, cuya responsabilidad en este estado de cosas es tremenda: el Gobierno debe cumplir y hacer cumplir la ley, pues para eso está, no tiene misión más importante ni elevada. Negarse a ello no sólo no es una opción, sino que puede perfectamente ser un delito, dado el clamoroso y gravísimo ataque contra el Estado de Derecho de que está siendo objeto la Nación a la vista de todo el mundo.

Cataluña no se merece estar en manos de un hatajo de golpistas, ni España puede tener un Gobierno que, con su renuencia a aplicar la ley, parece querer dar la razón a los que cuestionan la legitimidad de nuestro Estado de Derecho. La política del apaciguamiento es no sólo inmoral, sino terriblemente dañina para las instituciones de nuestra democracia. Quien a estas alturas la practique no es un cobarde ni un insensato, sino un cómplice de los enemigos de las libertades y de la Nación.

La catarsis
Urge enmendar el terrible error de Rajoy de no intervenir #la autonomía
Hermann Tertsch ABC 16 Octubre 2017

Manuel Delgado Ruiz, doctor antropólogo y profesor del Instituto Catalán de Antropología, está preocupado como separatista que es ante la posibilidad de que finalmente el gobierno español, que durante años ha mirado hacia otro lado mientras la Generalidat preparaba hasta en sus detalles el golpe de Estado, tome alguna decisión para poner fin a la mayor agresión que sufre España desde la guerra. Ha dicho este Manuel Delgado Ruiz, que no es un sucio niñato de las CUP sino un miserable de edad avanzada, que «la única opción que tiene el estado español es gasear a la mitad de los catalanes». Sí, tienen razón quienes piensan que un disparate así no debiera utilizarse siquiera como pretexto para una columna. Y sin embargo, permítanme que utilice a este tiparraco para argumentar por qué el grado de victimismo a que ha llevado el paranoico relato nacionalista hace inevitable y urgente que se asuman los sacrificios inevitables para acabar con la pesadilla separatista. Hay que rescatar a los catalanes sanos que son la mayoría y poner bajo custodia a los que como Manuel Delgado Ruiz son un peligro inmediato para los demás y para sí mismos.

El gobierno debió acabar con esta deriva hace mucho. Antes de que Manuel Delgado Ruiz, un satisfecho miembro de una de las comunidades humanas más privilegiadas del mundo, sí, del mundo, que es Cataluña, creyera estar prisionero en un transporte hacia un campo de concentración para ser llevado a una cámara de gas. No hablemos de la inmensa ofensa para las víctimas del Holocausto. Ni del grado de necedad y vileza que revela la frase. Tampoco se asuma que todos los enfermos de ese victimismo hayan llegado a la cota de depravación moral de Manuel Delgado Ruiz. Y quede claro que el gobierno español tiene culpa de que este hombre y otros hayan caído tan bajo.

Dicho eso, ahora urge la enmienda. La catarsis que será dolorosa. España está ante su prueba más dura desde su Guerra Civil. Pero menos que si se posterga una vez más por falta de coraje u otros cálculos interesados que puedan estar haciendo quienes en ese gobierno con tan poco éxito se han dedicado hasta ahora a «solucionar» la cuestión catalana. Cierto que deberían haber dimitido por su espantoso fracaso, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la primera. Pero a estas alturas no se espera de este gobierno ejemplaridad de ningún tipo. Sino esa corrección de sus errores que tanto daño han hecho al no intervenir antes la autonomía catalana. Que cumpla de una vez por todas con su obligación de defender la unidad de España y proteger a la mayoría de los catalanes del peligro de gentes como Manuel Delgado Ruiz, Anna Gabriel, Oriol Junqueras y Carlos Puigdemont. Estos enemigos de España están enajenados. El Estado ha de imponer el orden antes de que ellos nos impongan su pesadilla y el caos.

La extrema derecha, Podemos y la lección que nos ha enseñado Cataluña
Los ultras están regresando a la escena política. Los sectores progresistas señalan que son un gran peligro, pero su insistencia revela un problema evidente de las fuerzas de izquierda
Esteban Hernández elconfidencial 16 Octubre 2017

Naomi Klein editará en España a primeros de noviembre un nuevo libro en el que describe una suerte de programa para la izquierda. Con el título de ‘No is not enough’ (‘Decir no no basta’), pone de relieve que la mera tarea de oposición no sirve de mucho salvo que vaya acompañada de una propuesta alternativa, de un contenido concreto que, más allá de subrayar el descontento, genere ilusión en la gente. La idea de Klein es correcta, pero no es muy frecuente que sea tomada en cuenta, en parte porque no concuerda con la estrategia actual de la izquierda. Y los acontecimientos catalanes han venido a subrayarlo de un modo demasiado transparente.

Podemos podía haber tomado otra postura en el asunto catalán, incluso una que le hubiera granjeado apoyos por algún lado, y no la que ha adoptado, que solo ha servido para salir perdiendo por ambos lugares. Pero era esperable, porque su marco de pensamiento no le permitía pensar otras opciones. En primer lugar, coincidía con el de los soberanistas, lo que les permitía unir estrategias. JxS sabía que no podían ser independientes por mucho que forzaran la máquina porque carecían de las condiciones de posibilidad para poner en marcha un Estado. Su opción era visualizar al poder central como opresor y represor, de forma que generase simpatías internacionales (e incluso en otras partes de España) que apoyasen su único objetivo medianamente viable, la celebración de un referéndum. Por eso emprendieron una campaña antes del 1-O en el que equiparaban a España con la peor versión de sí misma: un mundo retrógrado, filofranquista, impositivo y casposo.

Podemos jugaba en ese mismo terreno, y coincidía con el diagnóstico, solo que reducía esa España al PP y C’s. Eran gente sorda, intolerante, semidictatorial, amiga de la corrupción, que querían arreglar todo con las porras en lugar de con las palabras. Ese había sido el marco discursivo de Iglesias desde su inicio: la oposición al régimen del 78, agotado, opresor y basado en la represión, lo que había centrado su acción. Su deseo de un proceso constituyente tenía que ver con acabar con la España que representaba el PP, la del pasado, que carecía de las energías y de las ideas necesarias para conducir a nuestro país por los caminos del siglo XXI. Esto se sustanciaba en la práctica en un ‘todos contra el PP’ que podía generar múltiples simpatías en la izquierda y en los nacionalistas.

Y era esperable
Cataluña les ha servido para insistir en ese marco, aun cuando no les haya resultado muy útil: su discurso alrededor de los derechos civiles vulnerados, de la necesidad de votar y de la intransigencia española tenía como propósito último hacer valer un esquema que excluía por completo al PSOE y les iba a constituir como la única fuerza de izquierda. Pero no les ha salido bien, como era esperable.

Cuando careces de un programa potente, solo te queda vestir al enemigo de la manera más peligrosa posible como elemento de convicción. No es algo nuevo, el PP lleva mucho tiempo haciéndolo. Y es un fenómeno típico de la política contemporánea: Macron no ganó porque convenciese, sino porque recogió en torno a sí a todos los atemorizados con un triunfo de Le Pen; Rajoy es presidente no por su credibilidad, sino porque dijo que era la única opción que evitaría que el Gobierno estuviera conformado por una alianza entre Podemos, PSOE y los separatistas; y los soberanistas no encuentran mayor legitimidad a su deseo de secesión que los policías golpeando a los votantes. En definitiva, todos están jugando con la percepción de los “otros” como un gran peligro para la convivencia o la estabilidad como arma primera.

El regreso de la ultraderecha
Ese es el marco en el que se sigue moviendo Podemos. Y no es raro, porque la izquierda lleva un tiempo largo fijada a esa estrategia. Necesita enfrente a un enemigo potente, impositivo, insultantemente viril, y mejor si es rancio, y la España casposa, la que en realidad es franquista, la que sigue oprimiendo a los pueblos, a las minorías, a quienes tienen otras opciones sexuales, es su enemigo ideal.

Es en este contexto que la ultraderecha regresa en España. La hemos visto rompiendo una manifestación separatista en Valencia, hemos sabido que se pegaron entre ellos en Barcelona, nos han dicho que el 8-O la concentración españolista estaba llena de fachas, y nos cuentan también que Madrid está repleta de banderas con el aguilucho. Nos están avisando de que tengamos cuidado con estas cosas porque Cataluña se está convirtiendo en el pretexto perfecto para que los ultras vuelvan a sacar la cabeza, y ya se sabe que se empieza por ahí y se acaba con un partido como esos gobernando España.

El gran peligro
Es cierto que las tensiones en Cataluña ha generado un rebrote del sentimiento nacional español y que parte de esa efervescencia ha hecho que la extrema derecha salga del agujero. Lo es también que algunos de estos grupos son violentos, agreden a ciudadanos y causan con frecuencia problemas de orden público. Pero de ahí a convertir la extrema derecha en el que gran peligro al que España debe enfrentarse hay un mundo. Se trata de una fuerza que carece de representación parlamentaria y que no cuenta hoy con arraigo social. Y en cuanto al futuro, es probable que si las tensiones nacionalistas van en aumento, este tipo de ideologías encuentren más público dispuesto a escucharlas. Pero no hay ningún motivo para pensar que a corto o medio plazo una fuerza política de este tipo se vaya a convertir en importante en España. Ni siquiera en Europa ha pasado esto: la derecha que ha triunfado es la populista, que dista mucho de los viejos fascismos, y los partidos filofascistas con peso electoral real no son ni el primero ni el segundo en su país.

Pero esta visualización de la extrema derecha como algo que acecha tras la esquina y que se puede convertir en un enorme problema, más que la descripción de un hecho, es la consecuencia del fracaso de una izquierda débil que por haber leído mal la sociedad española, y por no haber tejido un programa a la altura de los temores y esperanzas de la gente, necesita encontrar permanentemente un enemigo fuerte que la ratifique.

La lógica del 15-M
En este sentido, cada vez que sectores progresistas sacan a colación a los fascistas españoles, me parece que se está utilizando el mismo recurso empleado por los soberanistas con la manifestación del 8-O. La criticaban con dos argumentos: “no son de aquí, se irán esta noche”, y “la mayoría son fachas”. Cuando esas afirmaciones comenzaron a circular, tuve claro que les había hecho daño, que no esperaban tanta gente y por eso necesitaban desacreditarla; pero recurrir para ese objetivo al franquismo y a la extrema derecha era ante todo la constatación de una derrota. Con la izquierda gatopardilla me pasa lo mismo: cada vez que les oigo gritar en redes “que vienen los fachas”, creo que están constatando su propia impotencia. Entre otros motivos, porque habíamos escuchado repetidamente que España se había salvado del giro derechista europeo, que aquí no había populistas de derechas ni partidos xenófobos, gracias al 15-M, y que la aparición de una formación como Podemos nos había inmunizado de la amenaza filofascista; desde esa misma lógica, bien se podría concluir que si unos están resurgiendo es porque los otros se están desvaneciendo.

Si la extrema derecha reaparece en sus discursos es porque se trata de un fantasma que necesitan agitar, porque en esa tarea de oposición precisan de un enemigo contra el que todos estemos de acuerdo. ¿Cómo no vamos a entender que la extrema derecha es un problema? Muy pocas personas dirán lo contrario. Pero la cuestión no es esa, sino hasta qué punto la izquierda se ha quedado fijada en un marco de oposición. Había que estar contra el Régimen del 78, contra la monarquía y contra Rajoy, pero todo eso implica un “no” en lugar de algo propositivo. En un entorno materialmente tan preocupante, es decir, en un contexto que debería favorecer a la izquierda, se han quedado anclados en la mera resistencia contra el poder; se han quedado fijados a la imaginería de la Transición y tratan de contarnos que en realidad nada ha cambiado desde entonces. Esto es absurdo. Y no porque España sea otra, que también, sino porque lo que ha cambiado radicalmente es el sistema que nos rige.

Debajo de cada español hay un franquista
Insistir en esa lucha contra un poder opresivo y represor es útil porque es lo poco que une a muchos de los grupos que forman parte de ese paraguas que es Podemos, y es lo único que podría unir a los de Iglesias con el PSOE (aparte de razones obviamente pragmáticas) en el hipotético caso de que alguna vez tuvieran que juntar sus votos. Pero es un error que encubre el hecho de que esta izquierda moderna carece de un programa que pueda generar mayorías. En lugar de eso, han preferido convertirse en una fuerza reactiva e ir encontrando por ahí enemigos que les permitan suscitar alianzas. Por eso nos dicen que si rascas un poco a cada español termina apareciendo el caudillo, que todos somos hijos del franquismo sociológico por más que nos disfracemos de otra cosa.

Lo siento, no es cierto. En España hay personas de toda clase, y si la izquierda no logra atraerlas hacia sus ideas cuando las cosas materialmente pintan tan mal, es responsabilidad de la izquierda, y no de que en realidad estemos todos deseosos de formar patrullas para salir a patear rojos. En el fondo, es lo mismo que hizo Clinton con las clases trabajadoras estadounidenses o los ingleses con el Brexit, decir a aquellos que les podían votar que eran todos unos patanes atrasados y reaccionarios. Y ya sabemos el resultado.

El típico programa de mayorías
De modo que Naomi Klein tiene razón, no es suficiente con el “no”. Pero aquí se abre un nuevo problema, que explica también por qué la izquierda lleva tanto tiempo perdiendo. Cuando se lee el texto de Klein, que Varoufakis califica de “manual de la emancipación” o que Owen Jones tilda de “proyecto esencial de contraataque mundial”, el lector se encuentra, junto con algunas reflexiones interesantes, con la retórica habitual. El libro está cargado de entusiasmo, insiste en que es esencial generar ilusión, y nos habla de que es preciso luchar contra el cambio climático, subir el salario mínimo o acoger a los refugiados, pero también de la necesidad de otorgar reparaciones por la esclavitud y el colonialismo, de desmilitarizar la policía, de crear cooperativas y de pensarnos lo de abolir las prisiones. En fin, el típico programa que arrasaría en cualquier elección occidental, como todos sabemos.

Bien, quizá sea el momento de decir “ya vale”? a esta izquierda pijilla que vive en otro planeta. Si quiere resituarse, si quiere tener opciones reales de ser una fuerza de primera magnitud, tiene que volver a pensar en lo material de una manera insistente. Y debe tener un programa en el que en lugar de despreciar a posibles votantes (esa panda de paletos y fachas) entienda que están sujetos a contradicciones obvias que pueden derivar sus simpatías políticas hacia nuevos lugares. Si en lugar de realizar esta tarea se insiste en la extrema derecha como fantasma, en el régimen del 78 y en las fantasías a lo Naomi Klein, se está dando un paso adelante hacia la nada.

¿Cuál es la auténtica deuda pública de cada autonomía?
Los diferenciales de deuda pública entre las distintas autonomías españolas son muy pronunciados, por lo que no deberíamos avanzar hacia una mayor mutualización nacional de tales pasivos
Juan Ramón Rallo elconfidencial 16 Octubre 2017

La deuda pública española se ubicaba a mediados de 2017 en 1,13 billones de euros, el 99,8% del PIB. De esos 1,13 billones de euros, 0,82 billones corresponden a la Administración central (71,9% del PIB), 0,285 billones son deuda de las comunidades autónomas (25,1% del PIB) y 34.000 millones son deuda de las corporaciones locales (2,8% del PIB). Cada español, por consiguiente, adeuda una media de 24.400 euros por obra y gracia de nuestros políticos: 17.500 euros se los debe a la Administración central, 6.200 a la autonómica y 700 a la municipal.

Sin embargo, que este sea el endeudamiento medio de cada ciudadano español no significa que sea el endeudamiento medio de cada ciudadano con independencia de la comunidad autónoma en la que resida. Como es sabido, el endeudamiento autonómico es bastante variable: desde un 15,1% del PIB en el caso de la Comunidad de Madrid hasta un 41,8% en el caso de la Comunidad Valenciana. Por ello, si en lugar de socializar la deuda de todas las autonomías entre todos los españoles asignamos exclusivamente la deuda de cada autonomía a los residentes de esa autonomía, entonces llegaremos a una estampa bastante distinta del endeudamiento público español.

Para calcular los pasivos imputables a cada autonomía, cabe emplear al menos dos criterios: la población o el PIB

Para calcular los pasivos imputables a cada autonomía, debemos proceder primero a redistribuir la deuda pública de la Administración central entre las distintas regiones (es decir, qué parte de la deuda no autonómica corresponde a Andalucía, qué parte a Cataluña, qué parte a Murcia, etc.). Y, para hacerlo, cabe emplear al menos dos criterios: la población o el PIB.

Si distribuimos la deuda pública central en función del número de residentes en una región, entonces estaremos penalizando relativamente a las autonomías más pobres (con menor renta per cápita): aquellos territorios con mayor población soportarán una mayor carga financiera aun cuando sus recursos económicos para abonarla sean escasos. Así, de acuerdo con este método de distribución, la comunidad autónoma más endeudada de España sería Extremadura (le corresponderían unos pasivos públicos equivalentes al 133% de su PIB), seguida por Castilla-La Mancha (132%) y Comunidad Valenciana (126%). En el otro extremo, se ubicarían Navarra (79% del PIB), País Vasco (72%) y la Comunidad de Madrid (70%).

Si, en cambio, distribuimos la deuda pública central en función del PIB autonómico, entonces penalizaremos a las regiones más ricas, cuyos ciudadanos deberán soportar una carga relativamente mayor de la deuda central. Con este método, las autonomías más endeudadas pasarían a ser la Comunidad Valenciana (deuda equivalente al 117% de su PIB), Castilla-La Mancha (113% del PIB), Cataluña (110% del PIB) y Baleares (105% del PIB). En el otro extremo, se situarían Canarias (91% del PIB), País Vasco (90% del PIB) y la Comunidad de Madrid (90% del PIB). Conviene recordar, eso sí, que una parte importante de la deuda de Cataluña y de Baleares se debe a nuestro pésimo modelo de financiación autonómico, el cual extrae anualmente una ingente cantidad de recursos de estas dos regiones (sin embargo, también los extrae de Madrid y esta es la autonomía con menor deuda pública de España).

Los dos métodos de distribuir la deuda no autonómica entre las distintas autonomías arrojan resultados muy dispares: según atribuyamos mayor o menor responsabilidad financiera a las regiones relativamente más pobres, alteramos la distribución de los 1,13 billones de deuda pública. Sin embargo, y a pesar de las disparidades, sí hay algunos resultados comunes que deben tenerse en cuenta. Primero, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son irremediablemente las regiones más endeudadas de España: sus pasivos, según el método empleado para distribuirlos, oscilan entre el 111% del PIB y el 132% (muy por encima de la media nacional del 99,8% del PIB). Segundo, Madrid y País Vasco son en cualquier caso las regiones menos endeudadas de España: sus pasivos, según el método empleado para distribuirlos, oscilan entre el 70% y el 90% del PIB (apreciablemente por debajo de la media nacional del 99,8%).

La deuda pública de una Cataluña que accediera a la independencia de manera negociada podría arrancar en el 110% de su PIB

Tercero, los diferenciales de deuda púbica entre las autonomías llegan a ser de hasta 63 puntos del PIB con la primera metodología o de 27 puntos con la segunda: en cualquier caso, se trata de una enorme brecha que pone de manifiesto la divergente prodigalidad de los distintos gobernantes autonómicos. Y cuarto, la deuda pública de una Cataluña que accediera a la independencia de manera negociada podría arrancar en el 110% de su PIB (siempre y cuando no se produjera una contradicción de su PIB con posterioridad a la independencia): se trataría del cuarto mayor endeudamiento de toda la eurozona y uno que, al menos inicialmente, estrangularía su capacidad para reducir impuestos o para aumentar el gasto.

En definitiva, los diferenciales de deuda pública entre las distintas autonomías españolas son muy pronunciados, motivo por el cual no deberíamos avanzar hacia una mayor mutualización nacional de tales pasivos (tal como pretende hacer el Fondo de Liquidez Autonómico) sino hacia una mayor descentralización de ingresos, gastos y deudas: que cada palo irresponsable aguante su vela abrasadora. No hagamos pagar a los ciudadanos de aquellas regiones más relativamente austeras por los excesos de aquellas otras regiones más relativamente manirrotas.

España: avecilla de alas rotas
La consagración de la chusma

Carlos X. Blanco  latribunadelpaisvasco.com 16 Octubre 2017

Una civilización enferma sólo se mueve a impulsos de resentimiento. Una comunidad nacional envilecida sólo se conduce por la chusma y elige como representantes a la chusma. Cuando la chusma se apropia del poder, hablamos de oclocracia, una situación en donde no existe verdadero poder del pueblo ni estado de derecho ni soberanía nacional.

Todo se malvende y se liquida, pues la chusma es impaciente y nada cuanto pase por sus manos queda luego inmaculado. España, y en general Europa toda, es un solar arrasado por la oclocracia, por una chusma ávida de poder, acaparadora del poder, parasitaria ella misma de todo poder legítimo, masa aniquiladora de la paz, el orden y la convivencia. Chusma bien elegida y empleada por las élites ocultas, a la que le resulta útil y necesaria en determinados momentos de crisis.

Desde la época de los filósofos griegos, hasta el siglo XX, y en él, especialmente de la mano de Spengler y de Ortega y Gasset, la filosofía política no ha cesado de sentir preocupación por la chusma y por los procesos sociales que la generan y la encumbran. La nuestra es, aún más que los años 30 del pasado siglo, una época oclocrática en la que se incuban todos los huevos de serpiente. Es la época de una orteguiana "rebelión de las masas", desde luego. El tiempo de una "bajada del nivel histórico", la era en la que nadie, ya pudiera ser un zafio o iletrado, nadie admite lecciones de quien está mejor situado para dárselas. El tiempo de la hez en que se socava la autoridad y las fuentes de ésta, en que se empieza tuteando al maestro para luego apedrearlo, en que se inicia la crítica del poder para tomarlo al asalto luego, habiendo dejando sus tronos vacantes por desidia, inacción, molicie. Esa "rebelión de las masas" de que hablaba nuestro maestro Ortega es también la época de advenimiento spengleriano de los cesarismos y los populismos. Nadie admite la autoridad legítima de nadie, pero verdaderos charlatanes y psicofantes se meten en el bolsillo a diversas clases de gentes, ingenuas unas y resentidas otras, y muchos piden ser esclavos y exigen que aparezca su amo.

No me caben dudas de que España vuelve a ser un escenario de experimentación para las grandes transformaciones europeas, transformaciones tan grandes y viles como las que antecedieron a la II Gran Guerra. Las fuerzas más poderosas del orbe (oligarquías europeas, élites corruptas, petrodolarizadas, círculos secretos cuasimasones que dirigen la ONU y la UE) están pendientes del asunto de Cataluña, sí. Están pendientes, pero como lo está el gato agazapado sobre un pobre pajarillo con un ala rota. Ahora mismo, España, aquel resto de un Imperio que hizo temblar al mundo, aquella nación que aun siendo pobre era todavía orgullosa, es un pajarillo con el ala rota. No hay golpismo ni separatismo que pueda de veras con un pueblo libre, si éste reacciona unido, y lo hace de común acuerdo con sus gobernantes e instituciones (Ejército, Corona). Pero que tenga un ala rota el pajarillo tiene una causa: se llama "PSOE". Y el PSOE escorado hacia el populismo de Podemos constituye, a su vez, el aguijón de la chusma.

Desde aquellos lejanos y amargos días del 34, en los que el PSOE alentó un golpe de Estado (mal llamado "revolución"), aliándose en su sector más leninista con los anarquistas, éste partido no ha sido más que una máquina de poder. Entonces sumió a Asturias en el caos (la vertiente catalana del 34 es anecdótica en comparación con la guerra feroz de quince días que asoló al Principado) y dando inicio, de hecho, a la guerra civil española. Desde esos días de octubre del 34 el PSOE no ha hecho otra cosa que laminar España.

Mucho más cerca en el tiempo hemos vivido cómo el PSOE, a las órdenes ovejunas del neoliberalismo "europeo" desmanteló la industria y el campo durante el felipismo. En diversas regiones el desmantelamiento fue brutal. Esas mismas siglas "obreras" y "españolas" pasaron de gritar ¡Viva Rusia!, allá en los años 30, a exclamar, con la porra en la mano, ¡Viva Europa!¡Viva la Competitividad!

Con todo, hoy conocemos una extraña metamorfosis de ese PSOE que ha roto las alas a España. Ese PSOE sólo nos ofrece hoy "gobernabilidad" a cambio de introducir reformas constitucionales que gran parte de los españoles no desean. Reformas para satisfacer a golpistas y sediciosos, reformas de índole confederal que contienen, necesariamente, la consagración de unos privilegios que unos territorios disfrutarán a costa de otros. Una reforma que, con el visto bueno de la partitocracia y de las élites económicas catalanas, termine de liquidar el principio de igualdad de todos los españoles. La era del pedrosanchismo coincide con la era de la chusma. Es la era en que un señor cuyo famoso "no es no" mantuvo a España durante un año con un gobierno en funciones, esto es, sin gobierno. Es la era del laminado ideológico de la izquierda (que ya no es marxista, pero tampoco socialdemócrata ni liberal, sólo populista). Un señor que parece mantenerse equidistante y dialogante con quienes infringen la ley, perseveran en el delito, desean arruinar España y odian todo cuanto este concepto invoca. El pedrosanchismo es la plataforma necesaria para el blanqueo del Podemismo más marginal y nihilista. El Podemismo, como tal, sólo puede agitar las turbas virtuales en la red, y llenar algunas calles cuando toca a rebato. Pero Podemos no es nada ya sin el pedrosanchismo. Parece, incluso, que su terrorismo de baja intensidad llamado "escrache" ha pasado a mejor vida, pues ahora empiezan a sufrirlo en vez de ejercerlo, y lo sufren por cierto con muy poca deportividad. Pero el Podemismo como poder verdadero es aquel que tiende puentes y cabezas de puente con el PSOE pedrosanchista y en sus plataformas es donde puede anidar... Un PSOE descabezado y degenerado tras el paso de Zapatero, un PSOE que se muestra descarnado como mera máquina electoral, rica en sedes sociales, en infraestructuras editoriales, campañas mediáticas, redes organizativas, un PSOE rico, precisamente, en todo aquello que le faltaba a un primaveral y quincemayista Podemos.

La presión conjunta de la chusma hábilmente dirigida por estos dos aparatos será, como en los años 30, la presión necesaria para que el pajarillo no alce el vuelo. Pues el PP ya no es la "derecha". El Partido Popular ya no es conservador pues él mismo nada conserva y no les hace frente. Si España ya posee un ala rota, se le romperá cruelmente la otra, se le cortarán las patas, se atará su pico con cuerdas para evitar las quejas. El pueblo español está secuestrado por una chusma, una chusma cuya parte más visible se llama "casta política". Una casta que se muestra de lo más eficaz en los cuadros intermedios. Todos esos funcionarios (muchos, docentes) que intoxican con su odio toda nuestra historia y rebaja nuestra dignidad colectiva. Todos esos puestos ocupados por el enchufe y mil formas de favoritismo. Toda esa administración paralela de funcionarios de oenegés, sindicatos, asociaciones culturales y cívicas que, hinchándose de subvenciones y blindando sus posiciones, parasitan al Estado por dentro. Llama la atención que tanta gente de la "izquierda" muestre su nihilismo hacia el Estado, cuando verdaderamente viven del Estado (y sus diecisiete autonomías-taifa que, legal y presupuestariamente son "Estado"). La paradoja se disipa cuando nos enteramos de que toda esta chusma, especialmente los cuadros intermedios que sirven en última instancia al PSOE, a Podemos y a la izquierda anti-española, no es realmente nihilista, anarquista de corazón. El Estado para ellos, incluso si éste queda hecho un despojo, es un aparato del que hay que tomar posesión. Son discípulos de Lenin, en este sentido. Pues no odian un aparato sin el cual no podrían vivir. Ellos, tan incompetentes para la mayoría de las cosas, están bien enganchados a las ubres del Estado Español y de las taifas regionales, aparatos sin los cuales no cobrarían nómina. Su odio es odio a la idea: a la idea de España como proyecto no ya para ese Estado que parasitan sino como proyecto civilizador para el Mundo. El Imperio Hispano, así como el Sacro Imperio Germánico, juntos, fueron valladar para los mahometanos, y alternativa de civilización cristiana al mercantilismo depredador inglés, francés y neerlandés. Ese proyecto, fracasado ya en el XVII, creen que debe ser hoy liquidado hasta su raíz. Secar y hacer cenizas su raíz.

Simbólicamente, la liquidación comenzó cuando los golpistas de 1934 reventaron con explosivos la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, refugio de las reliquias de la Monarquía Asturiana, madre a su vez de la Corona Española. Allí quedó destrozada la Cruz de la Victoria, cuya alma de roble era la Cruz que Pelayo alzó contra la morisma en Covadonga.

Volaron por los aires las joyas que representan el ser de España, nación de la Cruz, nunca mora, así como la Biblioteca de la Universidad, que albergaba tesoros insustituibles para nuestra identidad. Nihilistas y socialistas imitadores de Lenin hicieron eso, y hoy aún lo festejan, para vergüenza de todos. Quienes hablan tanto de Memoria Histórica bien conocen lo que es una "lobotomía identitaria". España, avecilla de alas rotas, es también un paciente sometido a lobotomía. Los centros de la memoria han sido extirpados, y el cirujano prepara la Reforma Constitucional con la excusa perfecta del golpismo catalán. Una retrocesión de competencias autonómicas sería más fácil de hacer, pues para ello no se necesita tocar la Constitución vigente. Pero no, hay que redactar un nuevo texto para borrar las huellas de que un día existió España. Para borrar las huellas de que Cataluña era una región tan española como las demás. Para borrar las huellas de que existió un Pueblo, y no una chusma teledirigida por a) partidos irresponsables y castuzas dirigentes de los mismos, b) cuadros medios del Estado "paralelo", verdaderos policías del pensamiento, y c) centros neomasónicos, poderes financieros internacionales, petrodólares.

Prepárense porque llegan los días de la Constitución oclocrática, la consagración de la chusma.

Sociedad
Educación busca apoyos en el Congreso para luchar contra el adoctrinamiento
El PP podría plantear al resto de los grupos políticos cambios en la ley para mejorar la Inspección Educativa, en el marco del Pacto por la Educación
Paloma Cervilla Madrid1 ABC 16 Octubre 2017

El Gobierno buscará el apoyo de la mayoría de los grupos políticos del Congreso de los Diputados para luchar contra el adoctrinamiento ideológico en los colegios. Una medida para solventar este grave problema podría ser cambios en la ley para mejorar la Alta Inspección Educativa, planteándolo como tema de debate para incluirlo en el futuro Pacto por la Educación.

Esta semana es clave para conocer cómo va a afrontar el Ejecutivo esta polémica cuestión. El Grupo Parlamentario Popular tiene que pronunciarse mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados, sobre una moción de Ciudadanos para impulsar el desarrollo de las funciones de la Alta Inspección Educativa, que ahora está muy cuestionada.

El ministro Méndez de Vigo lo fía todo a la futura negociación de este pacto, como así lo afirmó la semana pasada en el Congreso: «La situación no es satisfactoria... Aquí tienen que jugar mayorías y minorías y búsqueda de consensos y, si estamos de acuerdo en que no es satisfactoria, vamos a cambiarla».

Pacto Educativo
A continuación añadió: «Si estimamos que la ley debe de ser cambiada, debe de ser modificada, tenemos este pacto que está aquí estudiándose para hacerlo. Vamos a ver si encontramos mayoría, si ponemos sentido común al sistema; yo estoy dispuesto a hacerlo y creo que si actuamos con apertura de miras, con generosidad y buscando el interés general, lo conseguiremos».

Finalmente, el ministro se mostró dispuesto a «ver qué es lo que no funciona y que es lo que tenemos que mejorar».

La denuncia que partió del sindicato Ames, sobre la manipulación de los libros de Historia en Cataluña, a la que siguió otra de los editores de libros sobre las presiones que reciben de los gobiernos regionales para elaborar estos textos, ha entrado de lleno en el Parlamento. Una situación que se ha agravado en los centros escolares, con motivo de la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre.

Trato vejatorio
Esta situación de «trato vejatorio» a los alumnos que no apoyan la causa independentista y la utilización de los menores en actos secesionistas, está desatando una serie de iniciativas parlamentarias, que obligan al Ejecutivo a tomar posición.

Ciudadanos no ha querido dejar pasar la ocasión para forzar un pronunciamiento del Partido Popular, y en el Pleno del miércoles pasado en la Cámara Baja, interpeló al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, sobre este «adoctrinamiento ideológico».

Como consecuencia de esta iniciativa, mañana martes se votará una moción «para impulsar el desarrollo de las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado para evitrar el adoctrinamiento». Si sale adelante esta moción, no es de obligado cumplimiento, pero sí es una llamada de atención sobre lo que debería hacer, según el Parlamento.

El texto de la formación de Albert Rivera va más allá de un simple reforzamiento de un desarrollo normativo sobre las competencias de la Alta Inspección. Quiere que la Fiscalía persiga «con diligencia los delitos de odio, cuyas víctimas son los menores de los centros educativos».

«Odio nacionalista»
Además, pretende instar al Gobierno a desarrollar el marco normativo «para que los denunciantes del adoctrinamiento del odio nacionalista disfruten de la protección adecuada, incluido el anonimato, con la plena garantía de la indemnidad frente a cualquier comportamiento dirigido a perjudicarles, en particular, a los menores de los centros educativos».

Al margen de estas dos cuestiones, quieren una norma para «exigir responsabilidades disciplinarias a los directores y profesores por la realización de actuaciones de adoctrinamiento del odio nacionalista».

En la exposición de motivos de esta moción, Ciudadanos asegura que los hechos que se han venido produciendo en Cataluña «no son nuevos, fruto de la coyuntura actual. Durante décadas, la permisividad y dejación de funciones del Gobierno, atribuidas actualmente en el artículo 150 de la Ley Orgánica 2/2006 de ducación, han sembrado el terrenos para el fomento del odio y la radicalización». A su juicio, «las administraciones educativas autonómicas, colonizadas por la ideología nacionalista, se servían de sus competencias para alimentarlos, propagarlos, e incluso protegerlos».

Si los populares apoyan esta moción en los términos en que se ha registrado, supondrá que están dispuestos a realizar cambios legislativos para frenar el adoctrinamiento. Pero lo más probable es que, entre hoy y mañana, negocien con Ciudadanos un texto, a través de la presentación de enmiendas.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

¿A qué legalidad volver?
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 16 Octubre 2017

Tejemocho protagonizó ayer la jeremiada ritual ante la tumba de Companys, execrado durante décadas por los separatistas porque, según sus contemporáneos, por ejemplo Casanovas, no sólo fue el responsable legal de los 8.000 asesinados en checas, cunetas y paredones de Barcelona, muchos con su firma en la sentencia, sino del asesinato -FAI mediante- de separatistas eminentes como los hermanos Badía -a uno de los cuales le disputaba la querida-, Sabartés, que le chantajeó con publicar su menáge a quatre, y otros jefes del fascio de Maciá. Companys no fue condenado a muerte como dijo Cocomocho por ser presidente de la Generalidad sino por golpista, en 1934. Y fue amnistiado a petición de muchos que luego él dejó fusilar en 1936. Eso no sale en TV3.

Pero supongo que tras el rito espiritista, culto necrófilo que, por cierto, ERC prohibió expresamente a Companys, porque luego decía que hablaba con el Noi del Sucre (véanse los libros de Ucelay-Da Cal y Barraycoa), el presidente del Colp de Flash, visto y no visto, remitirá hoy al Gobierno, al Parlamento o directamente a Cebrián, ministro plenipotenciario del Diálogo, lo que dijo y firmó el 10 de octubre. Recibida la pieza oratoria y, sobre todo, el documento escrito, que no deja lugar a dudas, Don Tocomocho de la Moncloa dudará o fingirá que duda y le dirá a Tejemocho que no sabe si Independencia o República significan Independencia y República o al revés, que no ve claro el significado del significante, o sea, la gallina, y que le da hasta el jueves. El caso es que, así, a lo tonto, habrá pasado otra semana y algo pasará, o no pasará nada.

Lo que por piedad intelectual cabe pedir al Gobierno de Rajoy y la Desoposición sociata es que no insistan en que, tras el Golpe, bastará con que los golpistas "vuelvan a la legalidad" para que aquí no haya pasado nada. Hace décadas que no hay otra legalidad que la del embudo en Cataluña. Si a lo que quieren volver el PP y el PSC-PSOE es al golpe de Estado cotidiano de TVColp3, al odio programado a España en la antieducación nacionalista, al FLA que paga las embajadas del Golpe y los sueldazos de los golpistas, y a ofrecerles un cupo -o pufo- a la vasca y liquidar el orden constitucional, mejor que Tejemocho y su colla sigan en la ilegalidad. Hacen menos daño a España. De hecho, la están despertando.

Rajoy y 'Cocomocho': dos traiciones en una hora
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 16 Octubre 2017

El 10 de octubre de 2017 pasará a la historia española por una razón absolutamente trágica y dos traiciones relativamente cómicas. Lo trágico es que el Gobierno de España permitiera que poco más de medio Parlamento catalán, encabezado por las autoridades autonómicas que allí representan al Estado Español, proclamara la república catalana y pidiera a los países de todo el mundo reconocimiento y ayuda ante la feroz opresión que sufre por parte de la despótica España.

Todos los golpistas habían anunciado mucho antes ese Golpe de Estado, usando como excusa un referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional y que el propio presidente del Gobierno español anunció en la casa Blanca que no se celebraría. Fraudulentamente, pero se celebró. Y Rajoy, ridiculizado por los hechos, se limitó a negarlos. Peor: para ocultar la traición de los Mozos de Escuadra, mandó cargar a la Policía Nacional en algunos tugurios electorales, regalando así una inapreciable ayuda propagandística a los golpistas catalanes, sobre todo porque el Gobierno se ha negado a combatir internacional y nacionalmente las trolas golpistas.

Peor: un sujeto llamado Millo, íncubo de Soraya en Cataluña, pidió perdón en TV3 por la actuación policial, que produjo una sola persona hospitalizada, en vez de pedir explicaciones por los montajes de supuestos actos de violencia policial protagonizados hace años por los Mozos o por la policía de otros países. Tampoco pidió los partes médicos de los cientos de heridos que según los golpistas habría provocado la Policía, a la que la alcaldesa de Barcelona acusó públicamente de abusos sexuales. Pues bien, todos los golpistas, los calumniadores, los diputados traidores y los mozos de escuadra golpistas siguen cobrando sus altísimos sueldos. Ni una multa.

La proclamación de independencia
Si la campaña contra las falsas atrocidades policiales es comparable en mendacidad con la de Asturias de 1934, los agujeros negros del 11M son levísimas huellas en la fina arena de una playa hawaiana al lado de la estafa informativa perpetrada a dúo por el Gobierno legal de Madrid y los ilegales de esa República proclamada con nuestro dinero y en nuestras narices gracias al Gobierno de Rajoy. La estafa consistió en proclamar la República y después pedir su temporal suspensión al parlamento catalán, al que no se había dejado votar esa república que después se pedía suspender, como si la soberanía proclamada pudiera nacer y desnacer, ser y no ser, o no ser del todo, o sí, pero no tanto que no puedan ser gemelos… soberanos.

La proclamación de la república fue después refrendada por escrito, sin pedir suspensión temporal alguna a nadie, por 78 diputados golpistas que se autoproclamaron "representantes legítimos del pueblo de Cataluña" pese a situarse fuera de la ley nacional, regional, europea y parlamentaria. Y entonces vino lo mejor: el Gobierno se apresuró a decir que no estaba claro o cabían dudas sobre si se había proclamado la República Catalana. Y montado en ese clavileño tuvo la infinita cobardía, disfrazada de cuquería, de pedirle a 'Cocomocho', alias Puigdemont, que aclarase si realmente había proclamado la república que, oralmente y por escrito, había proclamado.

La pregunteja, además de un monumento a la prevaricación que acredita, qué digo acredita, que doctora en golpismo pasivo al Gobierno de Rajoy, empeñado en no perseguir el delito peor, cometido ante millones de personas de todo el mundo, España incluida, es absurda. Si no la hubiera proclamado, no podría suspenderla, y si ilegal era la proclamación, aún más ilegal es la suspensión, aunque sólo oral y encomendada al Parlamento, que no se ha reunido ni se piensa reunir. Pero es que además se proclamó por escrito y lo firmaron los que la proclamaron, e hicieron infinitas copias. Si en España hubiera justicia independiente, no hubiera hecho falta recurrir al Gobierno ni al Constitucional, porque los jueces se habrían encargado de perseguir los delitos de rebelión y sedición que contempla el Código Penal.

Traición a la CUP, traición a España
Lo que alimentó la duda sobre lo indudable, que es la proclamación de la República Catalana que el Gobierno de España no ha querido impedir, fue la hora de retraso de 'Cocomocho' en dirigirse al parlamento, un tiempo que se hizo largo y al cabo del cual y de la famosa suspendencia, la CUP se negó públicamente a saludarle y forzó luego la proclamación por escrito.

¿Qué pasó en esa hora? Desde luego, las llamadas del extranjero, los mediadores de última hora y la carta de Tusk, eran pamemas para memos. La única cancillería extranjera al habla con la Republiqueta era la española. Ayer, en la crónica para El Mundo de la recepción real del 12 de Octubre, perdida en el moaré y el cebrianeo, Cayetana Álvarez de Toledo dejaba caer esta perla, que con menos espumillón hubiera merecido una portada:

"Ha habido una negociación. En la fiebre palaciega, casi de salida, me lo reconoció una persona que ha participado en las conversaciones secretas. Miembros del Gobierno han estado esta semana en contacto casi permanente con consejeros de la Generalidad. En las horas previas a la esquizofrénica intervención de Puigdemont -declaro pero suspendo- los whatsapps iban y venían: haced una DUI vegetariana y os haremos un 155 light. «Nos pidieron desesperadamente una salida. La necesitan y debemos dársela. No podemos hacer frente a una rebelión popular".

Ha habido, sigue habiendo más, muchísimo más y muchísimo peor:
"Más locuaces o más ingenuas, las máximas autoridades judiciales reconocían estar ahora al albur de la política. «Nos piden que no vayamos demasiado fuerte, que ahora no conviene». Otras togas a las que el poder ejecutivo pretende manchar con el polvo del camino. Y qué decir de la oposición: Margarita Robles llegó a pedir al ministro de Justicia que sujetara a los fiscales después de reprobarlo por idéntico motivo".

Es decir, que si 'Cocomocho' traicionó a la CUP, pero no es seguro que siga haciéndolo este lunes, Rajoy traicionó a España y piensa seguir haciéndolo con la ayuda del PSOE y a las órdenes del PSC. Naturalmente, habrá quién se pregunte de qué hablaron, qué le ofreció Rajoy al golpismo para que 'Cocomocho' hiciera como que desproclamaba lo proclamado. Para mí está clarísimo. Cuando un tonto coge una linde, la linde acaba y el tonto sigue. ¿A qué vino la retahíla de nombres y procesos a prebostes de la Generalidad de Mas y 'Tresvergencia', a sus cárceles y multas? A que 'Cocomocho' estaba presentando las ofertas de Moncloa para borrar, mediante esa prevaricación continuada que algunos llaman política, los años a la sombra y en la ruina de Mas y sus masoveros del golpe anterior.

Esto es lo que se proclamó y escrito quedó
Que un Gobierno salga malo es normal. Si todo un Papa ha llegado a atacar el Descubrimiento de América, que supuso su evangelización, ¿qué esperar de unos seres dedicados a mantenerse en el poder a toda costa? 'Cocomocho' es medio traidor; y Rajoy, traidor y medio. Vale. Lo único que pedimos es que no nos tomen por imbéciles. Únanse al golpe, que ya lo pagarán, pero no nos insulten más. No digan que esto no se proclamó y firmó, porque proclamado queda y firmado quedó:

"Nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña,

CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes. Las negociaciones tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad.

PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.

INSTAMOS a la comunidad internacional y a las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado Español y ser testigos de ello.

MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de continuar aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europeo y las del ordenamiento del estado español y del autonómico catalán que trasponen esta normativa.

AFIRMAMOS que Cataluña tiene la voluntad inequívoca de integrarse tan rápidamente como sea posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se apliquen actualmente en su territorio y a continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que forma parte el Reino de España.

APELAMOS a los Estados y a las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como un Estado independiente y soberano.

INSTAMOS al Gobierno de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de Independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

HACEMOS una llamada a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y a construir un Estado que traduzca en acción y conducta las aspiraciones colectivas.

Los legítimos representantes del pueblo de Cataluña:
Barcelona, 10 de octubre de 2017"

El fin de tantas cosas
RAFA LATORRE El Mundo 16 Octubre 2017

De todas las cursilerías que ha engendrado el procés, quizás la más grimosa es esta que repiten con fingida aflicción tantos pretenciosos: "Yo ya he desconectado. Hace tiempo que me he ido". El que Cataluña tenga ya prácticamente todas las estructuras de un Estado ha favorecido esa sensación de que la nación depende de uno. El pretencioso que dice "ya me he ido" no se ha marchado a ningún sitio, que sería muy lícito, sino que habla de una especie de viaje astral. Lo que en realidad promete es que irá achicando su mundo, desterrando de él todo rasgo de cosmopolitismo, incluidos todos aquellos vecinos que decidan permanecer con todas sus consecuencias en el siglo XXI.

Los pretenciosos podían haber seguido toda la vida con esos pensamientos esotéricos pero la ambición suicida de Puigdemont ha roto el hechizo. Hoy, la tramposa ambigüedad ha llegado a su fin y con ella tantas otras cosas que el procés ha dilapidado.

La capacidad coactiva de la palabra facha, por ejemplo. Desde hace cinco años el carril por el que circula el pensamiento tolerable en Cataluña ha ido estrechándose al tiempo que se iba ensanchando el espectro semántico de la palabra facha. Lo de que te llamaran facha llegó a ser un signo de distinción porque así se designaba a los mejores y más valientes cerebros de Cataluña. Ahora lo han convertido en una vulgaridad que no intimida a nadie y es más evidente hoy que nunca la certeza de que el nacionalismo ha arruinado la obra de más escritores mediante el halago y la subvención que mediante la coacción.

El día que el procés alcanza una de sus metas volantes es necesario reflexionar sobre todo lo que ha destruido. La convivencia, sí, pero también decenas de tabúes castrantes. Como que la defensa de la Constitución jamás podría disputar el espacio público al patrioterismo reaccionario o que la Educación merece estar en manos de quienes anteponen la construcción nacional a la forja de ciudadanos libres. Ha disipado el espejismo del oasis europeo en una España retrógrada, los complejos seculares ante la prensa extranjera o la confusión entre los catalanes y algunos catalanes.

PP y PSOE han de saber que pacificar con reformitas constitucionales al secesionismo es como tratar de dormir con valerianas a un neng que llega a casa de Scorpia. El procés ha llegado mucho más lejos de lo que nadie predijo que llegaría. Ha creado un circuito cerrado de mentiras tan hermético que ya sólo hay una idea que el Estado puede transmitir capaz de penetrar en él: la impunidad.

Susto o muerte
Luis Herrero Libertad Digital 16 Octubre 2017

Mirémoslo de otra forma: o hay 155 o no lo hay. O hace falta artillería pesada para sofocar la acometida de la rebelión, o los rebeldes detienen el ataque en la boca de la trinchera enemiga. ¿Cuál sería mejor noticia de las dos? Si hay cañonazo constitucional, las calles se poblarán de bigardos independentistas dispuestos a proteger con cadenas humanas las instituciones intervenidas. Habrá multitudes rodeando el Palau de la Generalitat y la sede del Parlament. Acaso los consellers se encierren por dentro en sus despachos y los diputados que firmaron la declaración de independencia duerman en sus escaños. La tensión se hará insostenible. Habrá huelgas indefinidas, provocaciones intencionadas a la policía y la guardia civil, fuga masiva de las empresas que aún no han trasladado fuera de Cataluña su sede social, colapso económico y boicot funcionarial a los nuevos gestores públicos impuestos por el Gobierno, ya sean técnicos o políticos reclutados con criterios de concentración.

Y todo, antes o después, para convocar unas elecciones a las que probablemente no concurrirán ni ERC, ni PDeCAT, ni CUP y quién sabe si tampoco los Comunes. La participación podría quedarse por debajo del 30%. Cualquier aspiración a normalizar la vida política catalana a partir de esa fuente de legitimidad es un verdadero disparate. Mientras tanto, la justicia -espero- seguiría haciendo su trabajo. Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Trapero, y tantos otros, entrarían en la cárcel. El victimismo de los sediciosos agrandaría la fractura social, que ya es inmensa, y el PSOE se cobraría el pago de su apoyo a Rajoy abriendo en canal la Constitución de 1978 para debatir una reforma que solo apaciguaría la voracidad centrífuga de catalanes y vascos si desbloqueara la compuerta del derecho a decidir. Es decir, si se cargara el principio básico de que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Permitidme que no arda en deseos de saludar con confetis y serpentinas esta hipótesis tremebunda.

La otra posibilidad es que no haga falta aplicar el 155 porque Puigdemont se avenga a renunciar a la declaración de Independencia -aquí ahora- a cambio de abrir un proceso de diálogo. Para favorecerlo, el poder político obligaría al poder judicial -¡menuda independencia!- a destensar el dogal de la responsabilidades penales, las multas del Tribunal de Cuentas encontrarían vías de condonación, las reivindicaciones nacionalistas seguirían intactas -sin renuncia alguna a lo que ya han conseguido en este último arreón sedicioso- y los españoles que han perdido el miedo a plantarle cara a los gonfaloneros de las esteladas seguirían sojuzgados por una Administración liberticida que impide la rotulación de los comercios en castellano o la escolarización de los alumnos en centros educativos desligados de la inmersión lingüística obligatoria.

Para colmo, la división interna que provocaría entre los trompeteros de la República el frenazo y marcha atrás de Puigdemont haría inevitable la disolución del Parlament y la convocatoria de unas elecciones autonómicas -que sus promotores llamarían constituyentes- que, en el mejor de los casos, reproducirían el reparto de fuerzas que nos ha traído hasta aquí. En el peor, la frustración de los independentistas privados de su sueño por la violencia brutal del Estado represor -viva el rigor de las hojas volanderas- todavía harán más escuálida la representación de los partidos que defienden la idea de España. En esos términos, el diálogo que se nos propone, con la Constitución tumbada en el quirófano a la espera de que un grupo de matasanos le extirpe órganos vitales para mantener la cohesión nacional, no puede significar otra cosa que el regreso al "como decíamos ayer" con que fray Oriol Junqueras reanudará su cátedra de acceso a la independencia.

¿Cuál de estas dos hipótesis es la mejor? Susto o muerte. Que Rajoy, que es el genio de esta lámpara sin luz, elija con qué baldón prefiere pasar a la historia. A mí, francamente, cualquiera de las dos me parece horrible. Por eso me importa un rábano lo que vaya a responder Puigdemont. Hace tiempo que la pelota dejó de estar en su tejado.

Cuidado, Mariano
Eduardo Inda. larazon 16 Octubre 2017

Ya lo subrayé el día 1 de mi periplo en ésta la casa de Casals y Marhuenda: debemos estar todos a una detrás de Mariano Rajoy en la que constituye la mayor crisis de la democracia. En situaciones así, ante un golpe de Estado diez veces más letal que el 23-F, es menester aplicarse el cuento canovista: «Con la patria hay que estar, con razón o sin ella».

Dicho todo lo cual, no me van a doler prendas a la hora de apostillar todas las decisiones que tome. Aun siendo consciente de que, parafraseando al propio presidente, «es muy fácil ver los toros desde la barrera». La semana pasada le advertí del ridículo intolerable que habían perpetrado tanto el cuerpo diplomático como muy especialmente un CNI al que unos payeses de tres al cuarto hicieron un magistral tocomocho con las urnas. Siete días después es mi obligación moral recordarle la infinidad de veces que me han abordado por la calle con una frase que, palabra arriba, palabra abajo, es monotemática: «Siempre he votado a Rajoy pero si no aplica el 155 o pastelea con los golpistas, me iré con Ciudadanos [los más] o con Vox [los menos]». Si no han sido 50 veces, habrán sido 100. Muchas, en cualquier caso. El primer obstáculo ya está superado: el 155 se lleva aplicando de forma encubierta casi un mes, desde que se intervinieron las finanzas de la Generalitat, y sin careta desde el miércoles.

La reforma constitucional pactada con Sánchez es lo que más pone de los nervios al club de fans popular. La mera posibilidad de que se pueda resucitar el Estatut inconstitucional o de que se cuele la morcilla de «nación» en la Carta Magna es, como dirían los cursis, una línea roja. Roja chillona es la que trazan todas estas gentes cuando se menta la bicha en forma de perdón a unos delincuentes llamados Puigdemont, Forcadell, los jordis o Trapero. Cruzo los dedos para que Mariano Rajoy ejecute el triple salto mortal sin romperse la crisma: solventar el problema (1) dando una mínima salida a los malos (2) sin desquiciar a sus bases (3). Que no le vaya a pasar como a Churchill: que perdió el poder tras ganar la guerra.

Puigdemont y la pobreza que dejará en Cataluña
Miguel Alba vozpopuli.es 16 Octubre 2017

Llegó a la Generalitat con un aviso. “No es tiempo para cobardes ni para temerosos, tampoco para los flojos de piernas”. La hemeroteca, esa memoria viperina que ha aprendido a manejar la sociedad como una especie de control de calidad, se lo recuerda este lunes a Carles Puigdemont. Aquella frase sonó en 2016, cuando Artur Mas le cosió todos los galones del procés, le entregó la vara de mando y los renglones torcidos del argumentario independentista. Eran otros tiempos. Sin duda. Un tiempo para ser valiente ante las masas adoctrinadas por un sistema de educación lacerado y embaucadas por la parrilla chantajista de TV3. Un tiempo sin riesgos judiciales personales y donde meterle gasolina al pulso con Madrid salía gratis. Ahora nada es como era. El artículo 155 espera al jueves para ser activado en que caso de Puigdemont no vuelva a la legalidad. Sinónimo de tener que aceptar que Cataluña no será ni independiente ni se convertirá en una república. Todo ese castillo de naipes que escuchó de Jordi Pujol en un mitin, allá por 1980. Fue el primer mitin de Puigdemont, el tipo del gen independentista.

Con independencia de lo que traslade hoy Puigdemont –en nombre del Govern- a Moncloa, no será un día para celebrar castellers en Cataluña. Suceda lo que suceda, se consume o no el homicidio a la Constitución, Cataluña es más pobre que hace apenas 15 días, cuando centenares de empresas comenzaron a fugarse de su tierra por la inestabilidad política. Un efecto devastador a medio y largo plazo, como todas las consecuencias económicas de una medida concreta, que la adrenalina independentista todavía no ha reparado. Un efecto ya devastador en el corto plazo para todas aquellas profesiones –notarios, registradores- que certifican a diario decenas de operaciones en Cataluña que generan cada una de las empresas que han emprendido la tocata y fuga. No se engañen, cuando Caixabank o Sabadell completan una emisión de cualquier tipo de deuda, ese acto genera riqueza directa en Cataluña. Ahora, esos efectos directos se han trasladado directamente a Valencia o Alicante. Y no hay camino de retorno. El argumentario independentista asegura que las empresas retornarán a Cataluña. Lo mismo dijeron muchos líderes políticos vascos hace décadas ante la fuga de firmas. Los órganos de decisión de BBVA nunca regresaron a Bilbao. Idéntico viaje realizó Iberdrola. El traslado de sede social no es un mero billete de Euromed o AVE para el consejero de turno de Barcelona a Valencia, Alicante o Madrid. Es el inicio de un silencioso movimiento de estructuras que apoyan el cambio social y fiscal, en algunos casos. Estructuras que moverán personas y reestructurarán las organizaciones. Tiempo al tiempo.

Seguro que a más de un catalán que escuchó a Mas afirmar que los bancos no sólo no se marcharían sino que se darían codazos por venir a Cataluña, se le habrá quedado cara de bobo estos días al ver como Sabadell y Caixabank hacían las maletas. Su marcha, como la del resto de empresas, ha empobrecido al catalán de a pie. El traslado conlleva un cambio en el lugar de tributación del Impuesto de Sociedades. Cierto es que este impuesto es recaudado por Montoro y después retorna a las Comunidades Autónomas en función de la cuantía aportada por las empresas radicadas en cada una de ellas. Dinero que después se inyecta –o así debería ser- para mantener el estado del bienestar: educación, sanidad, pensiones… pero que en Cataluña, como en tantos otros sitios, se ha perdido por el desagüe de los tantos por cientos en los sobres a políticos. La salida de más de 500 empresas desde el toque de campana de Sabadell y Caixabank ha rebajado la renta per capita de los catalanes. El efecto tardará en notarse unos meses. Y, en esta ocasión, no cabe recurso al Madrid nos roba.

España no roba a Cataluña. El mantra es falso. Aunque los argumentos económicos a favor de la secesión han perdido peso frente a eslóganes estrictamente políticos, hay que reconocer el papel fundamental que han jugado durante los últimos años. El manifiesto fundacional de la Assemblea Nacional Catalana afirma sin rubor alguno que “el Estado no apoya a los habitantes de Cataluña y perjudica seriamente sus posibilidades de mantener o incrementar su nivel de vida y bienestar social que la capacidad productiva e intelectual del país permitiría, disminuyendo y limitando conscientemente las potencialidades de nuestro desarrollo económico y social”. Es la acusación más grave que puede hacerse contra un Estado: perjudicar deliberadamente a más de 7 millones de ciudadanos. La acusación se trasladará dentro de unos meses hacia todas aquellas empresas que han decidido hacer las maletas. Ellos, y Madrid, by the way, serán los responsables de que no cuadren los números en las plantas económicas de la Generalitat.

La fuga de empresas tiene otro efecto demoledor para la economía catalana. Cataluña ha dejado de ser el number one de aportación al Producto Interior Bruto (PIB) nacional en detrimento de Madrid. Una posición que es mucho más que un eslogan para las empresas y los grandes inversores a la hora de tomar decisiones. Otra pésima ‘x’ en la casilla de Puigdemont y compañía. Pero el mayor efecto del 1-O es, sin duda, la incertidumbre política, sinónimo también de pérdida de riqueza. Las gentes del dinero, fondos y similares, saben cómo manejar este tipo de situaciones para lograr importantes descuentos en sus inversiones. Baste un ejemplo. Un importante fondo ha decidido reducir sensiblemente el precio de la cartera catalana de un gran paquete inmobiliario nacional que tiene a la venta una entidad financiera. Minimizar el riesgo ante lo que pueda suceder.

Pero volviendo al asunto principal: los independentistas deberían saber que ningún Gobierno responsable, ni hoy ni mañana ni pasado mañana, va a permitir al gobierno de la Generalitat saltarse la Constitución y apropiarse de una parte del territorio de todos los españoles. Así que no insistan y dejen de dañar la convivencia y perjudicar los bolsillos de todos. Porque desgraciadamente, el tema catalán amenaza no sólo con ralentizar el crecimiento de la economía española sino con paralizar políticamente otra nueva legislatura. Mientras se habla del tema catalán se deja de hablar de sanidad, de educación, de la situación de los autónomos, de la internacionalización de empresas, del mix energético, del I+d+i y, sobremanera, de esa pesadilla durmiente que aparece cada vez más cerca como el coco en las sueños de los niños. Cataluña está evitando abordar como merece la reforma del sistema de pensiones, uno de los pilares del estado del bienestar que pasará una nueva legislatura sin consenso alguno. Un error imperdonable para nuestros políticos.

El 6 de octubre, Mas sorprendía, tal vez más a propios que a extraños, con unas declaraciones en las que reconocía que Cataluña no está preparada para la “independencia real”. ¿Para la virtual, entonces, Sr. Mas? ¿Acaso los análisis del Consell Assesor per la Transició Nacional que aseguraban que todo estaba a punto para convertir Cataluña en la Holanda del Sur o Dinamarca eran sólo una broma pesada? ¿No han completado ya con la Agencia Tributaria y la Agencia de Protección Social la arquitectura de la república? ¿A qué esperan para repartir los 44 millones del dividendo fiscal que el AVE se lleva a Madrid cada día? Mas y Puigdemont han vuelto a engañar miserablemente a los ingenuos ciudadanos que votaron el 9-N y acudieron de nuevo a votar el 1-O.

“No es tiempo para cobardes ni para temerosos, tampoco para los flojos de piernas”. Puigdemont en plena encrucijada. Ahora debe decidir entre proclamar la república, que es lo que habría hecho un hombre valiente, el político que defiende sus ideas hasta la extenuación asumiendo todas las consecuencias; o retornar a la racionalidad bajo el parapeto que le han ofrecido PP y PSOE con la reforma constitucional. Una coartada perfecta para que Puigdemont pueda vender a los suyos una pírrica victoria –la imposible opción de encajar el derecho a decidir en la apertura en canal de la Constitución-, sabiendo que su mortaja política ya tiene medidas tras unas elecciones autonómicas. “To be or not to be”. Ya lo decía Shakespeare.
@miguelalbacar

La hipócrita 'imputación' de Trapero
Guillermo Dupuy Libertad Digital 16 Octubre 2017

Rajoy podrá seguir siendo el insensato e irresponsable gobernante que todavía hoy se sigue resistiendo a suspender una Administración autonómica que lleva en abierta e inadmisible rebeldía desde que Artur Mas, allá por 2012, proclamara pública y abiertamente que no habrían "ni tribunales ni constituciones" que impidieran su ilegal proceso secesionista.

En esa alucinante y temeraria renuencia a aplicar el artículo 155 de la Constitución –y, lo que es más importante, a hacerlo sin limitaciones ni medias tintas– el PP de Rajoy no se diferencia demasiado del resto de la clase política con representación parlamentaria, incluida una formación como Ciudadanos que, lamentablemente, todavía hoy sigue reclamando mayor financiación para nuestras sobredimensionadas Administraciones regionales, o a que la educación pase a ser competencia de la Administración central, y que ha esperado a que los golpistas celebrasen una segunda y no menos ilegal consulta secesionista como la del 1-O para reivindicar la aplicación del 155 exclusivamente para convocar nuevas elecciones autonómicas.

Lo que me resulta mucho más indignante es que nuestra infame clase política esté arrastrando a nuestro sistema de administración de justicia –y con él a la práctica totalidad de nuestros medios de comunicación– a la prevaricadora ceguera voluntaria consistente en no querer ver los delitos perpetrados por los cabecillas del golpe, Puigdemont y los miembros de su Gobierno, desde que la Fiscalía, con ocasión de la convocatoria de su ilegal consulta secesionista, presentara una querella contra el Gobierno de Puigdemont el pasado 8 de septiembre, en la que el único delito penado con cárcel de que se les acusa es el de malversación.

Proceder judicialmente, tal y como se está haciendo, contra José Luis Trapero o contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por los posteriores delitos de sedición y rebelión y no incluir en la denuncia a los cabecillas de la sedición y de la rebelión a los que estos investigados sirvieron, ciertamente, como correas de transmisión, resulta algo mucho peor que una simple hipocresía. Constituye una barbaridad procesal y jurídica que cuesta creer que no haya sido llevada a cabo a sabiendas de que lo es.

Naturalmente, no digo que estos personajes –los jordis y Trapero– no debieran ser incluidos en la querella por rebelión y sedición que la Fiscalía debería haber presentado ya contra Puigdemont y el resto de su Gobierno. Ningún deber de obediencia a sus superiores podría esgrimir, en este sentido, el mayor de los Mossos frente a unas resoluciones judiciales que claramente le advirtieron de que su deber era impedir que la ilegal votación tuviese lugar. Ahora bien: nadie puede negar que la decisión de burlar dicha resolución judicial y celebrar la ilegal consulta secesionista fue del propio Puigdemont y el consejero de Interior, Joaquim Font, como bien podría atestiguar el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien pudo constatar, en la surrealista reunión mantenida con los cabecillas del golpe tres días antes del 1-O, cómo la prioridad del Govern era que ese domingo se votara con "normalidad", y la de su subordinado y, no por nada, mayor de los Mosos, que esa votación se llevara a cabo con "seguridad".

Mientras los cabecillas del golpe sigan en sus poltronas, no les faltarán traperos ni jordis que les sirvan. Hacer pasar a los originales como los responsables de la sedición es tanto como responsabilizar del 23F a los guardias civiles que ocuparon ilegalmente el Congreso.

Delirante es que nuestra clase política –a excepción de Ciudadanos– no haya querido ver –sin necesidad de confirmación alguna por parte del delincuente– la declaración de independencia perpetrada por el cabecilla del golpe la semana pasada por constituir un nuevo delito de rebelión como el tipificado en el art. 472.5 de nuestro Código Penal. Pero peor es que se siga sin querer ver el anterior delito de rebelión –tipificado en el art. 472.1del CP– que castiga todo intento ilegal de "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución", y que ya fue claramente perpetrado con la aprobación de las ilegales leyes de transitoriedad jurídica y del referéndum. Eso, por no hablar del sedicioso llamamiento que el molt honorable delincuente que preside la Generalidad perpetró el pasado 20 de septiembre, por el que, sin embargo, sí están siendo investigados los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural.

En definitiva, que mucho van a tener que delinquir jueces y fiscales para cumplir el deseo de Rajoy de que Puigdemont y el resto de los golpistas "vuelvan a la legalidad" sin pasar antes por la cárcel. Y es que una cosa es dejar en papel mojado el art. 155 de la Constitución –cosa que una calamidad histórica como Rajoy puede lograr hasta aplicándolo– y otra muy distinta dejar en papel mojado el Código Penal.

Patriorismo de banderita
Alejandro Inurrieta vozpopuli.es 16 Octubre 2017

En los últimos días se han sucedido las demostraciones de patriotismo o nacionalismo español a lo largo de la geografía nacional, en respuesta al desafío independentismo de Cataluña. Así, se ha disparado la venta de enseñas, tanto nacionales como catalanas, en un ejercicio infantil y pueril cuyo único objetivo es demostrar al mundo qué nacionalismo es más numeroso: el catalán o el español.

Lo más curioso es que los que denostar el sentimiento catalanista lo hacen invocando la globalidad, tratando de ridiculizar el hecho de querer crear microestados dentro de una tendencia imparable: la globalidad sin fronteras. Esta globalidad, que es una realidad constatable, se debería aplicar también a la exaltación irracional de tantos compatriotas que, en un alarde de acción reacción, llenaron las plazas de banderas y, sobre todo, animaron como hacía años el desfile del día de la Fiesta Nacional. Todo fueron parabienes para el ejecutivo y el Rey, quedando ya lejos aquellos días en que se pitaba e insultaba sin tino al Presidente Zapatero. Por supuesto que el patriotismo de banderita tiene su corazón y respeta las instituciones, siempre que les sean afines a su modo de pensar y sentir la patria.

Esta exaltación de lo español, tan cercano al futbol, al jamón serrano o a los toros, choca frontalmente con lo que debería ser un verdadero amor al país, más allá de un trapo o el grito de júbilo cuando desfila el ejército o la policía. Así, tenemos otros ejemplos muy cercanos en los que nos deberíamos mirar si queremos ser patriotas de verdad. Francia puede ser un espejo para entender lo que es un verdadero patriota. Lo primero que choca cuando uno convive en el país vecino es cómo miman y defienden el patrimonio público. Este patrimonio engloba todo, no solo el patrimonio físico (monumentos o un simple banco en la vía pública), sino la riqueza inmaterial que supone la lengua, el cine, la cultura francesa por encima de todo. Pero también defienden, en una suerte de chovinismo económico, sus empresas y sus productos propios. Es decir, son franceses de verdad, y no solo de himno o banderita cada 14 de julio, donde se plasma la exaltación de lo que fue un hito en la historia europea: La Revolución Francesa.

Los valores que salieron de esa revuelta, Igualdad, Libertad y Fraternidad aún perduran en el imaginario francés, aunque los sucesivos gobiernos, tanto de la derecha, como de la supuesta izquierda, con la ayuda de la UE, estén intentando minar el espíritu y sobre todo la obra ingente del ideario republicano en materia de derechos y protección social. Con todos sus posibles defectos, la maquinaria pública en Francia sobrevive a los diferentes gobiernos, incluso desafiando las absurdas leyes de la UE. La vieja idea de apoyo a los más débiles, utilizando la redistribución económica vía impuestos, ha calado tanto entre los franceses, que será difícil romper esta férrea coraza que permite a los franceses sortear mucho mejor los ciclos económicos. Son conocidas las medidas, por ejemplo, para apoyar la familia y el nacimiento de hijos, o para defender en el marasmo cultural anglosajón, la excepcionalidad del cine francés y la lengua francesa, infinitamente más apoyada que el castellano, aunque se hable menos a lo largo del mundo globalizado.

Pero también defienden con uñas y dientes a las empresas que salen fuera a exportar. Su sector exterior goza de un apoyo presidencial que hace muy difícil competir con empresas francesas fuera de nuestras fronteras, lo que aporta potro elemento real de lo que significa amor al país. Por supuesto, y eso contrasta mucho con la práctica en España, los investigadores, los maestros o los médicos en Francia, tienen mucho más aprecio social que los futbolistas o personajes de la farándula, lo que explica la diferencia en esfuerzo económico que hace el país vecino en materia de educación o investigación.

Otro factor que determina el patriotismo debería ser el grado de compromiso con la hacienda pública. Cuando uno defiende lo español y ama su patria debería ser consciente que cada euro que se escapa por fraude o deslocalización fiscal, su querida patria lo acusa, ya que se enriquecen otras economías, pero tal vez este sentido de la patria no casa con aquellos cuyo ejemplo debería ser el faro que guiase al resto. En este punto, España es un gran país que se sitúa en lugares privilegiados en lo que se refiere a fraude fiscal, superando en el ranking a Francia. Son muchos deportistas, músicos y empresarios que utilizan todos los vericuetos, legales, alegales e ilegales, para sacar el dinero del país estafando a su querida bandera, y con ello a todos los súbditos pobres que carecen de fondos para hacer lo mismo. Por eso resulta tan grotesco y maniqueo el ejercicio de meter miedo a la población catalana al constatar que un grupo numeroso de empresas catalanas hayan trasladado su sede social, o incluso fiscal fuera de Cataluña. Este ejercicio, que lleva siendo así muchos años en todo el mundo, no se confronta con la deslocalización fiscal de empresas y particulares, que llevan años sacando su dinero a Andorra mientras dure el secreto bancario.

Por todo esto, sorprende cuando se trata de presentar a España como un gran país, frente al desvarío nacionalista catalán. Esta grandeza choca con una realidad palpable que desmonta toda esta exaltación de lo español, que llega a lo grotesco con el bolsito que mostró Cristina Cifuentes en el desfile de la Fiesta Nacional. Un país que desprecia su lengua, se escribe y se habla cada vez peor, y apenas se dotan recursos para su defensa fuera de nuestras fronteras. Un país que vomita bilis contra su cine, sus cineastas y sus productores, achacándoles sus veleidades izquierdistas. Un país que ha abandonado a su suerte a millones de investigadores, a la ciencia en general, y que prefiere primar a folclóricas o futbolistas como ídolos nacionales. Un país que ha dejado desamparados a maestros y profesores que tienen que luchar día a día contra la desidia de familias y poderes públicos a la hora de dignificar la educación. Y por supuesto un país que no cuida a sus mayores, ni a los sufridos inmigrantes que vienen a trabajar y a aportar su ilusión por levantar la nación que les ha acogido, en general, con indiferencia, cuando no con desprecio.

La psicología colectiva ha generado un mantra peligroso en contra de la identidad cultural o lingüística española. Por un lado, no se cuida la lengua castellana, como sí hacen los franceses, pero por otro también ha estigmatizado la pluralidad lingüística que supone tener otras lenguas oficiales, como el catalán, euskera o gallego. Su uso normalizado debería suponer un orgullo como pueblo civilízalo y no ser utilizado como arma arrojadiza contra los ciudadanos, a la postre españoles también, que la usan como lengua vehicular, haciendo uso de un derecho constitucional ahora tan en boga por quienes incumplen la carta magna diariamente.

En suma, cuando España deje de ser un país que solo saca la bandera como elemento de confrontación futbolística, o política como es el caso que nos ocupa, se le podrá considerar patriota. El patriotismo no es sacar un trapo y vestirse con él, o pintar la cara a niños para que les vean los vecinos, mientras sus padres defraudan a Hacienda o insultan a cualquier que hable catalán, incluso en la intimidad. Ser patriota es defender lo público, el patrimonio material e inmaterial, es dignificar la vida de maestros, médicos, investigadores, es defender la lengua y la cultura, aunque sus creadores se declaren de izquierdas y saber que cuando sales al extranjero, tu servicio exterior te defiende, te apoya y no se limita a asistir a las mejores fiestas de países exóticos. Ser patriota no es llorar cuando gana la Roja, sino brindar cuando todos cumplimos con Hacienda y ningún divo de ninguna profesión se pasea con la bandera, mientras tributa en Andorra, Mónaco o las Islas Vírgenes.

Por todo ello, España solo le sale la vena patriota cuando saca la bandera para confrontar un falso sentido patrio contra un supuesto enemigo exterior, se llame Cataluña o cualquier selección de futbol en un mundial o Eurocopa. Qué triste y qué lejos de nuestros vecinos franceses.

Derecho constitucional para hablar una lengua regional e insultar por hablar catalán
Nota del Editor 16 Octubre 2017

Para hablar una lengua regional no hace falta dercho constitucional alguno. Si alguien quiere hablarla, allá le entiendan. Lo que es constitucional es el español que hay deber de conocer.

Lo que es claramente anticonstitucional es imponer el aprendizaje de cualquier lengua regional a quien no quiera aprenderla, especialmente si se trata de los hijos de los demás.

Lo que es claramente anticonstitucional es impedir a los español hablantes el acceso a cualquier trabajo dependiente de cualquier adminintración pública exigiéndoles el conocimiento de cualquier lengua regional.

Lo que es de descerebrados es valorar cualquier lengua regional a la hora de seleccionar cualquier tipo de perfil para atender a los ciudadanos id. que pretender eludir el deber de conocer el español.

Hacienda solo somos unos pocos, los profesionales de la política se la saltan por todos los lados, se conceden y gastan lo que les viene en gana en contra del nuestro bolsillo y mas (por ejemplo expropiaciones); Hacienda se dedica a perseguir minucias mientras los peces gordos de forran con el 3% y más. ¿ Cómo quieren que veamos Hacienda cuando el gobierno financia a los secesionistas que hablan lal lengua regional  en todos sus desvaríos e indoctrinación ?

Nadie insulta a quienes hablan una lengua regional. Los que insultan son quienen utilizan su lengua regional para que nos enteremos de que su conversación no va con nosotros.

Novedad: España
José María Marco. larazon 16 Octubre 2017

De pronto, como un tabú que se rompe en mil pedazos, la condición de españoles ha dejado de ser una vergüenza. El telón de fondo de este cambio monumental en la historia de nuestro país es el desafío del nacionalismo catalán, que ha llevado las cosas hasta el punto de destrozar todos los sobreentendidos y los silencios en los que se basaba la construcción política, ideológica y cultural de los últimos casi cuarenta años. En el corto plazo, está el discurso del rey Felipe VI, que marca el segundo arranque de su reinado, seguramente el que quedará para la historia después de haber tenido que lidiar con la cuestión de la corrupción e, indirectamente, con la crisis económica.

En realidad, los españoles no han vivido nunca como un problema su condición de tales. La cultura española es demasiado poderosa e integradora, y configura formas de vida demasiado evidentes y variadas como para eso. El problema se ha situado en la articulación de esa condición de españoles con el espacio de la política, que es el campo propio de unas elites que no han sabido, o no han querido, hacerla visible. Este es el trasfondo del experimento que hemos vivido en estos años, el de la construcción de una democracia liberal sin nación que la sustente. Más bien al revés: fomentando, como si fueran su más excelsa culminación, los nacionalismos, mientras estos estaban concentrados, porque el nacionalismo no sabe hacer otra cosa, en acabar con ella.

La primera consecuencia de este cambio que ha tenido lugar ante nuestros ojos en apenas quince días es la nueva situación política de Cataluña. La consulta falsaria del 1 de octubre, incapaz de fundar el pueblo catalán, y la manifestación del domingo siguiente demostraron que los nacionalistas no pueden hablar, como hasta ahora lo han hecho, en nombre del «pueblo catalán». El «pueblo catalán», si es que existe, está compuesto de nacionalistas y no nacionalistas, en cualquier caso de muchas personas que no ven contradicción alguna entre su condición de españoles y la de catalanes. Como rezaba una maravillosa pancarta el día 8 de octubre en Barcelona, «Espanya som tots». Así quedaba restaurada, de una vez, la condición nacional española.

A partir de aquí, tampoco los partidos nacionales podrán ya zafarse del problema catalán y dejar su solución en manos de los nacionalistas moderados (el PP) o de una franquicia autónoma (el PSC). El PSC se ve en la tesitura de repensar su relación con el PSOE y el PP en la de volver a representar a los catalanes. También el Estado habrá de volver a Cataluña, con la instalación allí de instituciones y el diálogo permanente, desde dentro, con el conjunto de la sociedad catalana, y no sólo con quienes se han erigido en sus únicos representantes. Dentro de poco tiempo parecerá increíble que el Estado español abandonara a los nacionalistas una de las joyas absolutas de España, lo que debería haber sido el objeto constante de sus preocupaciones y sus cuidados, como es Barcelona. La irresponsabilidad resultará entonces inconcebible.

Las cosas cambian también, y con qué profundidad, en el ámbito nacional. Se ha hecho una afirmación clara, y en la plaza pública: todos somos españoles y compatriotas, sea cual sea nuestra afiliación ideológica, el lugar donde vivimos y donde hayamos nacido, y cualquier otra distinción o preferencia que se nos ocurra. La condición de español no se ha planteado desde la reivindicación nacionalista. Se ha hecho desde la recuperación cívica y política –también moral y sentimental, como era obligatorio– de la ciudadanía y la nacionalidad españolas, realidades objetivas, plasmadas en la historia y el presente de todos, y que no necesitan al nacionalismo, es decir a la exclusión y la discriminación, para ser entidades vigentes.

Así que, por la izquierda, el PSOE se ve enfrentado a una realidad nueva, que es la de aceptar esa realidad negada hasta aquí. España ha dejado de ser un fracaso, un relato mal hilvanado, una construcción frustrada. Eso implica abandonar la fascinación por el nacionalismo y dejar de considerarse a sí mismo titular de ese plus de legitimidad que le otorgaba esa misma distancia con lo nacional español, entendido como una rémora del pasado o, más precisamente, un legado de la dictadura. Una parte importante de sus propios votantes lo han dejado claro. Se ha acabado el pretender jugar con ventaja en un terreno en el que lo nacional español estaba censurado, actitud que, dicho sea de paso, ha contribuido a cerrarle al PSOE la puerta del poder político, porque todo esto, que parece nuevo, viene fraguándose desde hace años.

En el centro derecha, el PP se ve enfrentado a una nueva responsabilidad. El partido que ha sostenido el edificio de la Monarquía parlamentaria se ve en la situación de asumir su condición de partido nacional español... explícitamente. Es muy probable que el haberse hurtado a esta responsabilidad le haya costado al PP, en las últimas elecciones, tantos votos como la difícil gestión de la crisis, pero la novedad reside ahora en que lo que era una demanda sofocada, sin articulación explícita, se ha convertido en una afirmación abierta que habrá de ser encauzada en sus términos propios. Los dirigentes del PP harían bien en empezar a comprender que la afirmación de patriotismo ciudadano no es un hecho nacionalista, antes de que el nacionalismo intente asaltar este nuevo espacio. Es, entre otras cosas, lo que se espera de ellos.

Los nuevos partidos, por su parte, se encuentran también en una situación novedosa. Podemos, siempre en busca de una patria, se encuentra de pronto con una real, que le desconcierta y le deja sin discurso, perdidos como están sus dirigentes en una fantasía que les lleva a la alianza con los nacionalistas. Ciudadanos, por su parte, ve corroborada su intuición primera acerca de la vigencia de la nacionalidad española. Es un gran éxito, que habrá de ser gestionado con firmeza y prudencia, sin dejarse deslumbrar por la novedad. La irrupción de la realidad nacional en la política española ha variado de arriba abajo el panorama político de nuestro país. Y el cambio resulta fascinante.

El resto de España y el teorema de Zapatero
Pedro de Tena Libertad Digital 16 Octubre 2017

No se para de hablar de la Cataluña separatista. Que si fuera que si dentro, que si más que si menos, que si adiós que si hola, que si va o si viene. A todas horas, en todos los medios de comunicación, en las barras de los bares, en los desayunos de las familias, en el fútbol y en las colas del cine o el teatro. Volando van raciones de Puigdemont, de Junqueras, de Trapero, de Forcadell, de la CUP y del procés y volando vienen medias raciones de Soraya y de Rajoy –que parece que no hay nadie más en el PP–, y tapitas sueltas de Sánchez y Rivera-Arrimadas. Se dirá que es natural, pero ¿y el resto de España, ese cuerpo nacional que parecía emerger el otro día en Cataluña contra el independentismo? ¿Dónde están esos más de 40 millones de españoles que no son separatistas en 17 comunidades, incluyendo a los españoles que son y se sienten catalanes, y dos ciudades autónomas? ¿Dónde está esa inmensa mayoría nacional que asiste al increíble espectáculo de un Gobierno de España que llama golpe de Estado a lo ocurrido en Cataluña y que consiente que los autores sigan gobernando con plenos poderes y en plena libertad hasta no se sabe cuándo?

Aquí estamos todos estos millones de ciudadanos asistiendo a una representación que pasará a la historia del absurdo político internacional. Mientras hay un rey que califica las conductas del Gobierno de la Generalidad como deslealtad inaceptable, el Estado permite que sus autores, presuntos delincuentes, humillen, acamen, arrodillen a un resto de España cuyos presidentes autonómicos, Gobiernos regionales, alcaldes y demás nóminas pagadas por ese resto de España apenas dan de sí, sólo, y no todos, que poner una banderita constitucional en un balcón. Parece que lo que está ocurriendo no fuera con todos estos cargos públicos que prometen o juran defender los intereses de sus representados.

Por eso, hay que llegar al teorema de Zapatero, que aparece claramente expuesto en el libro Asesinatos matemáticos, escrito por un catedrático catalán, que puede enunciarse de la siguiente forma: "En un sistema español (socialista) de financiación autonómica, todas las comunidades quedarán por encima de la media". (Carcajadas). Como no puede ser, no puede ser y además es imposible. Como máximo y corrigiendo, podría decirse que "en un sistema español de financiación autonómica justo, todas las comunidades estarán en la media nacional".

Por eso extraña tanto el silencio del resto de España. Cómo máximo, nos estamos jugando la unidad territorial de la nación y el destino de siglos de recursos nacionales invertidos en una región, Cataluña, cuyas elites han succionado dineros de las demás regiones vía proteccionismo y privilegios desde hace centenares de años. Como mínimo, nos jugamos que, sin quebrar formalmente la unidad de la nación, se faculte a las elites de esa región para quedar por encima de todas las medias nacionales, en poder, en competencias, en inversiones, en financiación autonómica per cápita, etc.

Esto es, el teorema de Zapatero original, incluso el corregido, no se cumplirá porque nunca el resto de España podrá estar ni por encima ni siquiera en la media nacional. Habrá vascos y navarros – que desde la Constitución de 1978 ya están por encima de las medias nacionales–, a los que se unirán los catalanes, y habrá un resto de España al que unos partidos políticos que tienen nombre y apellidos, supuestamente demócratas e incluso socialistas, habrán enmudecido antes de traicionarlo. Permita Dios que me equivoque.

Todos sabían lo que pasaba en las aulas
M. Rivera De la Cruzelespanol 16 Octubre 2017

Sucedió el año pasado: la hija de un amigo, una niña tímida y dulce, de apenas cuatro años, volvió un día de su colegio en Barcelona diciendo que quienes no hablaban catalán eran tontos. Se lo había dicho la profe, confesó, cuando sus padres quisieron saber de dónde había sacado semejante cosa.

El caso de esta chiquilla es uno de tantos, de miles, que se viven a diario en los colegios catalanes. Podría llenar un libro con anécdotas que conozco de primera mano, como la de aquel adolescente que la primera vez que viajó a Madrid dijo que no era raro que fuese bonito “con lo que nos han robado”.

Hace cuatro años, los alumnos de un colegio de Lérida me preguntaron si en Madrid se celebraban las derrotas del Barça con baños en la Cibeles, porque ya sabían ellos que allí se les odia. El mapa de la manipulación se dibujó estos días con historias abracadabrantes sobre maestros que hostigaban a los hijos de guardias civiles o docentes que animaban a hacer listas de familias sospechosas de no tener intención de votar el 1-O.

El otro día, mi compañero Toni Cantó desgranó desde la tribuna del Congreso toda una selección de horrores que demuestran la manipulación que se ejerce en Cataluña sobre menores de edad. Unan a eso los libros de texto falseados, la historia modelada a gusto del independentismo y la negación constante de la realidad nacional, y tendremos un plan supremacista que habría aplaudido el mismo Goebbels.

Lo peor de todo ni siquiera es el cuidadoso trabajo de los fascistas de nuevo cuño, sino que durante años los sucesivos gobiernos y distintos ministros de Educación jugaron a ignorar el drama que se gestaba en las escuelas de Cataluña. A pesar de la cesión de competencias educativas, el Estado tiene un instrumento –la Alta Inspección– que puede poner coto a los abusos cometidos en el ámbito escolar. Pero nunca se echó mano de él. El adoctrinamiento de los menores era moneda de cambio para una supuesta estabilidad política.

El PP y el PSOE pagaron muchas balsas de aceite permitiendo que llenasen de basura las cabezas de los niños catalanes, que crecen creyendo que Wifredo el Velloso tiene más peso en la historia que los Reyes Católicos. Todos los ministros de Educación conocían lo que pasaba en las escuelas en Cataluña, pero prefirieron no intervenir. Sabían que la inmersión lingüística estaba aplastando la enseñanza en castellano, que se falseaba la historia, que se educaba a los niños en el desprecio a España, pero miraron hacia otro lado ignorando, entre otras cosas, su obligación de cuidar de los alumnos. Ahora, esos niños a los que nadie protegió gritan "Madrid ens roba", llaman "fills de putes" a los guardias civiles y creen que sus abuelos emigrantes son gilipollas por hablar castellano.

Ni Quebec, ni Eslovenia: la carta de Puigdemont hará de Cataluña el nuevo Úlster
Es lo más parecido a una partida de mus con las cartas marcadas. Si tú envidas, yo cuatro más. Si tú no crees en la independencia de Cataluña, yo mucho menos en la de la Justicia
Nacho Cardero elconfidencial 16 Octubre 2017

Confusión sobre la confusión. La nueva cabriola de Puigdemont para tratar de sortear el requerimiento sobre la declaración unilateral de independencia (DUI) y el horizonte judicial de Trapero y de los dos Jordis (Sánchez y Cuixart) —a los que algunos sitúan a paso y medio de la cárcel— vienen a embarrar todavía más un terreno de juego ya de por sí impracticable.

Lo que para la Generalitat es una oferta de diálogo, una solución intermedia con la que “no vamos a romper la baraja”, en el Gobierno central se entiende como una provocación en grado sumo. No solo no responden al requerimiento de Rajoy sino que mandan por carta una lista de exigencias sin contrapartida aparente. En el colmo de los dislates, exigen al Ejecutivo que frene los procesos judiciales en marcha. Vivan Montesquieu y la separación de poderes.

Es lo más parecido a una partida de mus con las cartas marcadas. Si tú envidas, yo cuatro más. Si tú no crees en la independencia de Cataluña, yo mucho menos en la de la Justicia.

Con todo y con eso, la nueva astucia de Puigdemont no parece haber gustado ni a los servicios jurídicos del Govern ni al PDeCAT. Ayer tarde, la coordinadora general de esta formación, Marta Pascal, insistía en que tenían toda la confianza depositada en el presidente, que no había división en el partido, que el Gobierno estaba unido… ‘Excusatio non petita'…

La formación a la que pertenece el 'president' barrunta el peor de los escenarios. Una ‘carta trampa’ que queda en tierra de nadie. Ni satisface las ansias independentistas de los ‘socios’ de la CUP, ni sirve tampoco de freno para la activación del artículo 155 de la Constitución.

Previendo semejante argucia, fuentes oficiales del Gobierno insistían ayer domingo en que “cualquier otra suerte de contestación, sea una carta o la simple reiteración de su discurso, no evitará la aplicación del artículo 155”. Justo en ese punto estamos.

Todo lo malo es susceptible de empeorar y esa línea de actuación se impone, e incluso se promueve, desde Cataluña. Cuanto peor, mejor para los intereses secesionistas.

El choque de trenes era esto. “Hay bastante confusión”, señalan en el entorno del Govern. “Pero la impresión última es que jugaremos la crisis con toda su crudeza. No creemos que la estrategia de fuerza del Estado aguante internacionalmente, y menos si hay altercados en las calles. Tampoco veo a nadie aquí que defienda elecciones”.

El guion estaba escrito de antemano. Antes de que el 'president' enviara la carta, antes de que se marcara una DUI en diferido, o de que se aprobaran los simulacros de las leyes de referéndum y transitoriedad. Mucho antes. La estrategia obedece a un plan maestro que viene recogido en Enfocats, el informe que la Guardia Civil encontró en la vivienda del secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep Maria Jové.

Todo está escrito ahí. Lo que ha pasado y lo que sucederá. Lo de hoy es otro capítulo más en esta estrategia de desestabilización para forzar al Estado a que active el 155, “generar confrontación”, sumar a “las fuerzas políticas que quieran un cambio [los comunes]”, lograr la “complicidad internacional” y “poner en marcha un plan de desconexión forzosa obligando a un referéndum acordado que llevase a la creación de un Estado propio”.

Ni Eslovenia, ni Quebec. Con esta estrategia de confrontación promovida desde la Generalitat, Cataluña va camino de convertirse en el Úlster de España. No hay solución pactada. Y si la hay, mejor obviarla. Prefieren que el conflicto se enquiste, que se generen dos realidades distintas, varios parlamentos, leyes dispares, elecciones que unos reconocen y otros no, un conflicto abierto los próximos ocho años o el tiempo necesario para que en la población vaya permeando la idea del ‘Estado español opresor’ y el porcentaje de independentistas pase del 45 al 60%. Cuando esto ocurra, no habrá vuelta atrás.

Los miembros de la CUP, acaso coronados como los reyes del mambo y del caos, sueñan con ese momento, esto es, con el instante en el que Rajoy pulse el botón rojo del 155 y el ambiente se les vuelva proclive. “Ellos lo tienen muy fácil. El Estado se lo va a poner a huevo. Dicen: si me quieren arrollar, que me encuentren en la calle”, argumenta con tono crítico un alto cargo de la Generalitat.

“Tenemos en este movimiento de masas y espacio de poder popular uno de los mayores ejemplos de organización de la historia y, como pueblo, somos responsables”, mandaba por escrito Mar Ampurdanès, portavoz de Arran, el movimiento juvenil vinculado a la CUP, a los simpatizantes este fin de semana. “El pueblo votó, ganó y merece una respuesta de las instituciones catalanas a su altura”.

De la ristra interminable de mensajes que han circulado estas últimas 48 horas a través de WhatsApp, muchos, la mayoría, son ‘fakes’. Pero hay otros que llevan el sello oficial de la CUP y muestran su voluntad inequívoca de okupar Barcelona y parar la ciudad en una especie de huelga infinita.

La asamblea de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR), que tuvo lugar el sábado, sirve de botón de muestra: “Quienes estén dispuestos a pasar unos días fuera de casa y poner en riesgo su integridad, que hablen conmigo después de la asamblea”, comentó uno de los intervinientes, en declaraciones recogidas por este diario.

Puigdemont, lejos de seguir el consejo de algunos de sus 'consellers', de una parte sustantiva de su partido e incluso de Artur Mas, más proclives a alejarse de la línea de acción de los antisistema y a seguir dando hilo a la cometa al Estado español, ha preferido dejarse engatusar por los cantos de la CUP. No en vano, los necesita para mantener la frágil mayoría independentista en el Parlament, posiblemente el origen de todos los males.

Merece la pena recordar también que quienes sacaron a Artur Mas del Palau de la Generalitat y colocaron a Puigdemont en la poltrona de 'president' fueron el sector municipalista de Convergència y, sobre todo, los duros de la CUP parlamentaria. Más concretamente, su líder Benet Salellas, procedente de Girona. “Está cerca de las tesis cuperas y es de los duros de Convergència”, decían entonces del hoy 'president'. Favor con favor se paga.

El Síndrome Garrigues Walker
José García Domínguez Libertad Digital 16 Octubre 2017

Antonio Garrigues Walker, representante eximio, casi paradigmático, de eso que en todas partes se llama "el establishment", acaba de hacer unas declaraciones a un periódico madrileño a propósito de la querella catalana que reflejan de modo cristalino esa crónica disonancia cognitiva que la élite española experimenta en relación al nacionalismo catalán, ese permanente empeño tan suyo por cerrar los ojos ante una realidad ingrata que no quiere ver. Don Antonio recita ahí, y de corrido, todos los lugares comunes mil veces repetidos sobre la cuestión, los mismos que llevan más de medio siglo embotando el entendimiento de las clases dirigentes hispanas. Tópicos, lagunas y errores de base, por cierto, que todo un Garrigues comparte con un Monedero o un Pablo Iglesias cualquiera. Así, al igual que los jerarcas podemitas, Garrigues también parece ignorar que la mitad de los catalanes no suscriben la fe segregadora e indigenista de los separatistas. De ahí que don Antonio se permita la temeridad analítica de hablar del pueblo catalán y sus deseos presuntos, obviando en todo momento a los que, por lo visto, no pertenecemos a él, dada nuestra vergonzante condición de ciudadanos constitucionalistas. El inconsciente estrábico de Garrigues no se distingue en nada, pongamos por caso, del verbo supremacista de Forcadell cuando predica que los votantes locales de Ciudadanos o del PP no resultan ser en realidad genuinos catalanes. En nada.

Acto seguido, y tras expulsar alegremente a la mitad de los habitantes de Cataluña de su fino análisis, don Antonio expone una retahíla de añejas convenciones manidas, entre las que destacan dos por su definitiva obscenidad intelectual. La primera, de orden conceptual, apela al carácter sentimental de esos caballeros tan modernos, europeos y civilizados a los que tanto parece admirar, los mismos que acaban de sublevarse contra el orden legítimo en Barcelona contando con el respaldo tácito de una fuerza armada de 17.000 uniformados con armas de fuego al cinto. Dice Garrigues, como si eso fuese una justificación atenuante de cualquier conducta, incluidas las delictivas, que el nacionalismo catalán de esos individuos es un sentimiento. Ocurre, sin embargo, que el nacionalismo catalán, pese a lo que cree Garrigues, es una vulgar ideología política, una de tantas. Los sentimientos, en cualquier caso, condicionarán el proceder de las personas que comparten esa particular ideología. Por lo demás, también nazis y comunistas experimentaban emociones y sentimientos personales muy intensos que eran fruto de las doctrinas políticas que habían abrazado en su día. Pero, como en el caso de nuestros nacionalistas domésticos, la fuente de su excitación emocional era la ideología, única y exclusivamente la ideología. Sea como fuere, las emociones, por muy intensas que resulten, no llevan asociado ningún atributo moral en política. Que el señor Junqueras vaya a misa todos los domingos, ayude a las ancianitas a cruzar la calle y sienta una profunda y sincera emoción ante la idea de crear la República catalana, circunstancias que seguramente concurran en su persona, son contingencias que no hacen que deje de ser un peligroso conspirador y golpista que merece la cárcel.

El segundo dislate de Antonio Garrigues, un yerro que comparte con tantos y tantos de sus iguales en el Madrid con mando en plaza, remite a una simple cuestión de desconocimiento de los hechos que vienen aconteciendo en Cataluña en la última década. Pues sostiene ahí Garrigues que la especial virulencia presente de la querella catalana se explicaría por la presión de abajo hacia arriba, no viceversa. Una premisa, esa de don Antonio, que solo plantea un problema, a saber, que es falsa. Simplemente, no es verdad. El famoso Estatut reformado, la causa que ahora esgrimen los cabecillas separatistas para justificar sus bullangas levantiscas, resulta que solo fue votado por el 35% de los catalanes con derecho al sufragio. El famoso Estatut reformado, don Antonio, le importaba una higa a la mayoría de los catalanes. ¿Sabrá Garrigues que después de aquel horrible ataque de Madrit contra la dignidad de nuestro pueblo los independentistas perdieron un montón de votos en las siguientes elecciones regionales? ¿Sabrá que la Esquerra bajó a un insignificante 7% de los votos? Pero acto seguido vino la crisis, un cataclismo económico que destruyó cientos de miles de proyectos de vida en Cataluña. Y con la crisis llegaron, tan oportunas, las mentiras de los nacionalistas amplificadas por sus innumerables terminales mediáticas. El "Espanya ens roba",don Antonio, no surgió de ninguna iniciativa popular espontánea, no fue algo de abajo arriba; bien al contrario, ese reconducir contra España el malestar de las amplias capas de la población golpeadas por la recesión, usando para ello falsedades económicas difundidas de modo masivo por la prensa, ese agit prop cuidadosamente diseñado en los altos despachos de la Generalitat, llegó de arriba abajo. El expolio, las balanzas fiscales, las infraestructuras hurtadas a los catalanes… El veneno inoculado a diario a los catalanes desde TV3 hasta el último boletín parroquial subvencionado, don Antonio, lo han fabricado sus admirados catalanistas, no la pobre gente de la calle.

En fin, suerte que el pueblo español está sabiendo dar la talla en este momento histórico. Es lo único que nos queda, el pueblo.

Informes del Gobierno piden más control de la educación catalana para “establecer las normas básicas”

Carlos Cuesta okdiario 16 Octubre 2017

La competencia educativa se ha convertido en el eje del adoctrinamiento separatista. El Ministerio de Educación lo sabe y cuenta ya con informes jurídicos que avalan un mayor control para evitar el descarado abuso de los poderes regionales y la utilización de los centros escolares para alimentar el sentimiento nacionalista e incubar el odio a España.

Los informes con los que cuenta el Ministerio y de los que tiene ya conocimiento el Gobierno avalan jurídicamente que la Generalitat de Cataluña no tiene la manos libres para hacer lo que quiera con la educación.

En concreto, esos informe señalan que el Estado no se limita a establecer “normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución” que pueden desarrollar y complementar las Comunidades Autónomas, como en el caso de la Educación Primaria (art. 149.1.30, segundo inciso, CE), sino que despliega directamente su competencia exclusiva, por ejemplo, en “regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales” (art. 149.1.30, primer inciso, CE). Y, si tiene esa competencia en materia de aceptación o no de los títulos, no tiene ningún sentido que no pueda exigir la adecuación de la formación de cara a los requisitos de esos títulos.

La base de la argumentación parte de determinar qué materias de la regulación no suponen en ningún caso una invasión de las competencias autonómicas y, por lo tanto, están totalmente abiertas al Estado sin necesidad de ningún cambio, ni legislativo ni constitucional. Entre esos puntos se encuentra el sistema de evaluación, que “permite detectar posibles deficiencias del sistema educativo y medir su calidad, sirviendo de base, en caso necesario, para adoptar correcciones”. Los informes añaden que para que se alcance tal objetivo, dichas pruebas han de gozar de cierta homogeneidad, que necesariamente ha de referirse al diseño de la prueba y a los criterios de evaluación, que ofrezca resultados comparables y certeros en todos los territorios de España.

Las fuentes consultadas señalan que el Gobierno tiene la obligación de consultar a las Comunidades Autónomas como paso previo a la determinación de los criterios de evaluación y de fijación de las características generales de las pruebas. Pero que, respetada esa consulta, no es cierto que el Estado no tenga margen de actuación.

De hecho, ese margen, incluso dentro del actual marco competencial que marca la Constitución, es amplio. Así, el artículo 149.1.30, segundo inciso de la CE avala el “establecimiento de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución”, siempre con respeto a las previsiones de la Ley Orgánica de Educación, donde también se deja claro que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, es el que establece los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas.

Esta postura ha empezado ya a calar en el Ministerio de Educación, que ha enviado ya a la conselleria de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dos requerimientos formales sobre presuntos delitos y violación de la ley por “adoctrinamiento ideológico” a causa precisamente de las denuncias presentadas por particulares. Fuentes del Ministerio aclaran que, si no se recibe la respuesta adecuada, “el asunto acabará en los tribunales”.

El artículo base de esta recuperación del control es el 27 de la Constitución. En el, efectivamente, se recoge que “se reconoce la libertad de enseñanza”, que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados […]”, que “los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca” y que “los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”. Preceptos, todos ellos, más que en duda, en el sistema educativo catalán.

Padres catalanes piden en masa al PP que garantice el control educativo y corte el adoctrinamiento
Carlos Cuesta okdiario 16 Octubre 2017

La activación del artículo 155 de la Constitución ha abierto una vía de esperanza para infinidad de padres en Cataluña. Los políticos de este partido en la comunidad catalana han recibido infinidad de comentarios y cartas reclamando al partido en el Gobierno que aproveche el trámite de intervención de la Generalitat para garantizar que la Educación deje de ser un área de adoctrinamiento infantil y de intoxicación hacia el separatismo.

Se trata de infinidad de mensajes que han llegado tanto en forma de cartas, como a través de meros comentarios personales a los políticos de cada localidad. Y todos ellos con un mismo mensaje. Con el de que no se puede dejar pasar esta oportunidad para despolitizar la educación y acabar con el adoctrinamiento en los colegios catalanes.

Las cartas incluyen cientos de anécdotas e historias personales contando casos de adoctrinamiento, de presiones a los niños para no hablar en castellano, de preguntas sobre la ideología de los padres, de amedrentamiento a los menores para que piensen en clave nacionalista, o de cuestionarios a los propios hijos sobre su pensamiento político en clave territorial.

Las peticiones trasladadas al PP hacen alusión, en muchas ocasiones, a la aplicación del artículo 155 y a la Alta Inspección del Estado. Unas solicitan directamente que se tramite la devolución de la competencia autonómica de la Educación de forma que quede bajo control pleno del Estado -cuestión que requeriría de una reforma constitucional-. Otras, simplemente apuntan a un control efectivo, vía judicial, legal o administrativa, de lo que está ocurriendo en las escuelas y de su utilización con fines evidentemente políticos.

El PP lleva tiempo recibiendo este tipo de mensajes. Pero la llegada de este tipo de peticiones se ha disparado con los rumores de aplicación del 155 y con el inicio de los pasos de activación de este artículo de la Constitución adoptado recientemente tras la declaración de independencia del presidente catalán Carles Puigdemont.

El Gobierno es consciente de esta demanda social desde hace años. Pero el momento actual ha abierto una nueva posibilidad: aprovechar la fase de intervención que puede nacer en breve para desmontar lo que ya se ha convertido en una auténtica fábrica de separatistas.

Un factor pendiente de solución que, como destacan muchas de esas cartas de simpatizantes del Partido Popular, si no se solventa, más pronto o más tarde, el desafío rupturista conseguirá su objetivo.

La Generalitat oculta al Tribunal de Cuentas los fondos de 65 entes
El 34% de su sector público inclumple sus obligaciones ante los auditores del TCu
ROBERTO PÉREZ Madrid ABC 16 Octubre 2017

La Generalitat es, con mucha diferencia, el gobierno regional que más trabas pone al trabajo del Tribunal de Cuentas (TCu). Tal cantidad de información ha ocultado a los auditores de este órgano estatal, que los expertos de ese órgano han sido incapaces de conocer la contabilidad del 34% de las entidades públicas de la Generalitat. El TCu ha sido incapaz de certificar el estado real y completo de las arcas del Gobierno catalán y de su extenso entramado de entes, una maraña de organismos y empresas públicas de lo más diverso que mueven miles de millones de euros de dinero público a lo largo del año.

La Generalitat es dueña de un total de 189 entidades públicas. La lista abarca organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y otros organismos diversos. Todos ellos conforman esa suerte de «administración paralela» del Gobierno catalán.

La importancia de este entramado es enorme en términos políticos y económicos: esa maraña de entes de lo más diverso maneja anualmente más de 20.000 millones de euros, casi el 60% de todo el presupuesto anual del sector público de la Generalitat. Por eso, fiscalizar las cuentas de los entes del Gobierno catalán resulta imprescindible para comprobar realmente el cumplimiento de la legalidad contable, de gestión presupuestaria y de contratación, sino también para poder certificar el estado real y de conjunto de las arcas de la Generalitat.

El Tribunal de Cuentas, sin embargo, tropieza una y otra vez con el muro que le ponen decenas de esos entes públicos. El resultado de ese obstruccionismo practicado desde el sector público de la Generalitat queda claro, por ejemplo, en el último informe de fiscalización de las comunidades autónomas que ha completado el TCu, el relativo a las cuentas del año 2014.

Este órgano estatal no ha logrado acceder a las cuentas de 65 de los 189 entes que conforman la «administración paralela» de la Generalitat. Ninguna otra autonomía ha incurrido, ni de lejos, en tal grado de opacidad. De hecho, el 38% de los entes autonómicos que no han rendido cuentas ante el TCu son catalanes. Y todo eso en lo relativo a un ejercicio presupuestario, el de 2014, en el que la Generalitat fue líder en números rojos: 5.296 millones de euros de «pérdidas», y eso que la cifra no incluye las que arrojaron sus empresas públicas. De hecho, en este informe de fiscalización del Estado de las Autonomías, Cataluña es la única región en la que el TCu ha sido incapaz de saber qué pérdidas de conjunto acumula su red de empresas públicas. Tampoco ha podido conocer los estados financieros agregados de las fundaciones ni de los consorcios de la Generalitat.

TRAS EL GOLPE SEPARATISTA
Floridablanca exige a Rajoy en un duro editorial la aplicación del 155 en Cataluña con todas sus consecuencias
La Gaceta  16 Octubre 2017

El ‘think tank’ dedica un duro editorial al Gobierno del PP, elogia al Rey Felipe VI y a los españoles que dieron “una lección de patriotismo” ante la “inacción de los poderes públicos” en Barcelona.

Red Floridablanca ha llamado al Estado a “no dejarse engañar” por el separatismo y ha señalado que la ruptura del orden constitucional en Cataluña los pasados 6 y el 7 de septiembre tras la aprobación de la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, ambas radicalmente inconstitucionales, “era motivo más que suficiente para que el Gobierno adoptara medidas que despojaran al presidente de la Generalidad -representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma- de los poderes que le confiere la propia Constitución”.

En su último editorial, el ‘think tank’ se muestra muy crítico con el Ejecutivo y recuerda que “pese al respaldo mayoritario de los españoles al Gobierno para que llevara a cabo las acciones oportunas, la Generalitat pudo seguir adelante con la aplicación de la Ley de Referéndum y celebrando la consulta que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que no se iba a producir”. De Rajoy dice que generó “más incertidumbre” en su intervención el 1-O al no ofrecer ninguna respuesta y “eludir su responsabilidad”.

Elogia al Rey Felipe VI por realizar “una llamada a la acción para transmitir seguridad y confianza” y a los españoles que dieron una “lección de patriotismo” al salir a la calle en Barcelona ante “la inacción de los poderes públicos” a ejercer “su derecho y deber de defender a España frente a la tentación de normalizar la ausencia de seguridad jurídica” y “exigir la vigencia de nuestra Constitución”.

Asimismo, reitera que la Generalitat declaró la independencia el pasado martes y que “el Gobierno tiene el deber de llevar hasta sus últimas consecuencias el artículo 155 de la Constitución y restablecer el Estado de derecho y garantizar el interés general de España”. En este sentido, señala que admitir “una respuesta ambigua -e incluso un no- del presidente de la Generalidad en el requerimiento sin garantizar el restablecimiento del orden constitucional (…) contribuiría a debilitar al Estado”.

Cree que la aplicación del 155 “debe hacerse por razones objetivas de interés público” y no como parte de ninguna negociación. Por ello, Red Floridablanca “no entiende” que el PP haya pactado con el PSOE de Pedro Sánchez, que parte de la concepción de España como Estado plurinacional, su apoyo en la defensa de la Constitución a cambio de abrir su reforma dentro de seis meses. “La Constitución no debe reformarse en un momento en el que lo que prima es el restablecimiento del Estado de derecho. Nuestros problemas no son a causa de ella sino a costa de ella, de la deslealtad de quienes quieren acabar con nuestro régimen de derechos y libertades”, finaliza.


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