AGLI Recortes de Prensa   Jueves 19 Octubre 2017

Atajar y revertir el adoctrinamiento beneficia a todos
EDITORIAL El Mundo 19 Octubre 2017

Sería frustrante que la lucha contra el adoctrinamiento en las escuelas termine sucumbiendo al cálculo partidista. Si algo bueno puede deparar esta crisis de la democracia es la oportunidad de atajar la raíz del mal que la corroe, y revertir su daño. El separatismo tiene una fuente identificable: la degeneración de la competencia educativa en ingeniería social, al amparo de un poder autonómico sostenidamente desleal. Cegar la fuente de la xenofobia supremacista, además de enseñar a los niños la verdad histórica sobre España, debería ser el objetivo de cualquier estadista.

Por eso es difícil de comprender la posición del PP en este asunto. En política conviene no hacer nada que no puedas explicar claramente, y no se explica su abstención a la iniciativa de Cs de extremar -de estrenar, cabría decir- el control sobre lo que se enseña en las aulas catalanas. Que se encargue la Alta Inspección o una agencia independiente es lo de menos: hay que hacerlo, y Cs acierta al exigirlo sin avenirse a componendas descafeinadas. El argumento de que puede permitirse esa contundencia porque no gobierna equivale a rendirse antes de pelear. Los efectos de esa claudicación están a la vista.

Cataluña: luchar por la verdad

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS El Mundo 19 Octubre 2017

Nuestras sociedades olvidan un detalle que ya observó Tucídides. La postverdad es la norma de la condición bélica. Se genera desde la hostilidad y consiste en una mezcla de cinismo, descarada seguridad en sí mismo y aplomo que oculte la desesperación. Su finalidad es mantener la reputación, algo decisivo en la lucha. Pues bien, cualquiera que conozca la historia identificará que las autoridades de Cataluña están en una situación semejante a la de 1462, 1640 o 1705. La diferencia es el tabú de la violencia. En este enfrentamiento ganará quien logre disparar la violencia activa del otro. Por eso las autoridades de Cataluña necesitan un uso masivo y provocador de postverdad. Lo cierto es que el Estado no puede responder con la fuerza. Ha de responder con una verdad que sea compartida por la sociedad.

Las luchas se ganan con verdades. La previsión de las autoridades de Cataluña es que el Estado la pierda por su imprudente impaciencia autoritaria. Es mala estrategia esperar los fallos del otro, pero al independentismo no le queda otra. Este es el síntoma de que no goza de verdad propia. Esta frase es antintuitiva, lo sé. La verdad del independentismo es su capacidad de movilizar a los dos millones de catalanes conscientes de ser una comunidad orgánica. Esto es una realidad innegable. Pero saben que no es base suficiente para ganar esta lucha. Ni siquiera en la mayor excitación apocalíptica han pasado del 40% de la población. Si bien el 80% de los catalanes quiere un referéndum, la mitad de ellos no ha considerado el celebrado el 1-O como suyo. De ahí la situación límite de Puigdemont y su esperanza en el fallo del Gobierno español. El domingo 1 de octubre ese fallo estuvo a punto de darle la victoria.

La declaración de independencia es una inclinación política de los independentistas, pero no porque el resultado del referéndum sea base suficiente ni vinculante. Porque no superan el 40%, los independentistas necesitan dar ese paso para no perder apoyo social, defender su reputación y mantener el proceso. Si fueran el 70%, se sentirían tan fuertes que buscarían una solución menos drástica. Cualquiera que observe la evolución de Cataluña podrá concluir que esta situación es fruto del fracaso histórico de los representantes del nacionalismo catalán al no aumentar el sentido de la patria catalana entre la población emigrante. Por eso, dichas elites tienen que recurrir a esta solución de urgencia, para asegurar su liderazgo y su dominación política. Pero ellos saben que al ceder a esa agenda van más allá de lo legítimo, de lo racional y de lo razonable. Tratan de evitar una derrota definitiva al precio de sumir también a España entera en una crisis general. Nadie en su sano juicio puede secundar este programa de negatividad.

En suma, estamos aquí por el fracaso del pujolismo y la carencia de un proyecto hegemónico alternativo para la defensa de la personalidad histórica de Cataluña. Esa carencia, producida por la corrupción endémica, ha manifestado el verdadero dilema: o se intensifica el sentido excluyente de patria catalana o esas masas de ciudadanos tibios podrían darle el poder a cualquiera. Ese juego a la desesperada, que procede del vértigo ante el peligro de desaparecer como pueblo histórico, lleva a los líderes independentistas a la necesidad de la postverdad: tienen que presentar como derivado de los derechos fundamentales lo que es un intento de asegurar el poder político con el 40% de la población que se identifica con la patria catalana homogénea. Para eso necesitan que se cumpla su previsión de que Rajoy se comporte como Fraga Iribarne.

Esta situación tendremos que arreglarla nosotros. Europa ha hablado. Para alguien instalado en la postverdad, sus palabras son más bien inaudibles. Europa no habla más alto ni más claro. Pero de lo que ha dicho se deriva que nos deja solos. Si España ha de ser principio de realidad para Cataluña, y Cataluña para España, entonces no podemos ir a una guerra. El independentismo no puede dividir Cataluña en dos mitades: los que están fuera de la comunidad orgánica catalana, ya convertidos en metecos, y los que tendrán asegurada para siempre la gobernación y el manejo de la fiscalidad. No se puede ocultar ese cálculo antidemocrático bajo la apariencia de un derecho democrático fundamental. Pero la sociedad española (incluida la catalana no independentista) no puede caer en la desesperación. La gente de España ha sufrido mucho, pero no está desesperada. No podemos dejarnos arrastrar. Y para eso necesitamos reconocer, promover y fundar una verdad.

Europa nos deja solos, pero no tanto. Nos da las armas con las que resistir en este conflicto: euro y derecho. Su operatividad producirá efectos positivos incluso en los que se sitúan al otro lado. Pero para usar esta arma, debemos tener paciencia y asumir que Cataluña vivirá en medio de la confusión durante un tiempo, y que España pagará un precio por resolver pacíficamente este conflicto. Sólo así saldremos de esta prueba sin las sombras y las confusiones con las que salimos del 23-F, y el Estado aumentará su prestigio entre las democracias del mundo. La resolución de este enfrentamiento estará cercana si se impone el principio de realidad: sin moneda reconocida según derecho no hay Estado, porque no habrá una sociedad segura de su futuro. Que Artur Mas lo haya afirmado así, ya es un paso.

Hay que pensar en la política que vendrá. Hay que corregir el rumbo y olvidarse de esa escalada que lleva a la aplicación del artículo 155 y demás preceptos del antiguo estado de excepción. Eso sería entregarse a una mentalidad tan arcaica como la que repite el gesto de 1462 entre los independentistas. Los últimos acontecimientos han revelado que los dos actores principales de este conflicto han confiado solo en una última ratio: la fuerza. Una fuerza diferente, pero fuerza. El Gobierno, en la potencia mecánica de la ley; los líderes independentistas, en la fuerza compacta de la comunidad orgánica en la calle. Por eso, ambos actores han impreso a este proceso un aspecto bárbaro, que amenaza los aspectos civilizatorios de nuestras sociedades. Ninguna de esas dos fuerzas es decisoria. Es como si cada uno pretendiera arreglar un jarrón roto con la mitad de las piezas.

Por eso no podemos demonizar a ese 40% de catalanes que quieren asegurar su permanencia como pueblo histórico. España debe ayudarles frente a las novedades que la Historia trae consigo. Cataluña alberga la existencia de dos pueblos no suficientemente fusionados, consecuencia de la emigración masiva bajo el franquismo y de la segunda globalización. Por eso, el proceso encierra un dramatismo de fondo, suavizado por la indiferencia de las poblaciones emigrantes, que hasta ahora no han causado problemas de convivencia por su propia invisibilidad subalterna. Pero cuanto más visible se ha hecho la comunidad orgánica, más insoportable ha resultado la anomalía de dicha invisibilidad, como lo demostraron las manifestaciones del 7 y del 8 de octubre. Aquí reside la diferencia entre ese 40% del referéndum del 1-O y el 80% de los que quieren una consulta en forma, que ahora bloquean los independentistas.

Cataluña tiene derecho a disponer de instituciones que sean capaces de garantizar que esas dos poblaciones que alberga en su seno no sólo no se dirijan políticamente la una contra la otra, sino que se socialicen sobre la base de la cultura catalana. Y necesita garantías del Estado de que no va a imponer una representación política que amenace en su tierra a los que se sienten ante todo catalanes. España, por su parte, necesita un compromiso de lealtad como Estado democrático solvente. Sin estas condiciones no habrá pacto futuro. Por eso hay que poner fin a la dinámica de vencedores y vencidos, la peor base para un Estado sólido. Lo demás es correr serios riesgos de involución democrática, tanto en Cataluña como en España.

José Luis Villacañas Berlanga es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Socializar sobre la base de la cultura catalana
Nota del Editor 19 Octubre 2017

Al final saca la patita. No tienen bastante con la inmersión lingüística,  conculcando los mas fundamentales derechos humanos y constitucionales que ahora quieren que bailen también al son del tambor y la flauta.

LA NUEVA REALIDAD
Las patrullas de la sharia: ‘Esto ya no es Reino Unido’
Arturo García gaceta.es 19 Octubre 2017

Las redes rescatan un vídeo que muestra a algunos de sus miembros acosando a los que beben alcohol, amenazando a homosexuales y vejando a mujeres.

“Esto ya no es Reino Unido”, grita uno de los miembros de las llamadas patrullas de la sharia en Reino Unido, una suerte de policía islámica a espaldas del Estado que trata de hacer cumplir leyes ajenas al propio país. Aunque su propósito suene disparatado, las palabras del joven no van nada desencaminadas. Efectivamente, muchas zonas y barrios británicos ya no tienen nada que ver con el Reino Unido.

El nombre de Mohamed ha desbancado a nombres tradicionales británicos y es ya el más común entre los varones recién nacidos en el país. La firma Baby Centre analizó los nombres más populares y confirmó que Oliver y Jack han perdido su tradicional trono. Mohamed, escrito de diferentes formas, es ya el más utilizado, lo que da cuenta del peso migratorio de la ciudadanía.

Londres se ha convertido en una de las ciudades más multiculturales de Europa y la población musulmana ha creado auténticos guetos en barrios como Newham y Tower Hamlets, donde el verdadero poder está en manos del consejo de la Sharia Islámica de Leyton. El este de la capital británica se ha transformado en una suerte de califato que tiene sus propias leyes, sus propias escuelas, sus propios líderes y sus propios templos. Todos ellos, vinculados o controlados por grupos radicales como el Islamic Forum of Europe (IFE). Creada por Jamaat-e-Islami Chowdhury Mueen-Uddin, condenado a muerte en noviembre de 2013 por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Bangladés, la organización extremista tiene un objetivo: imponer un ‘califato’ en Europa.

Allí los más jóvenes pueden vivir sin hablar inglés y sin relacionarse con personas que no sean musulmanas. Esas calles crean el caldo de cultivo ideal para los radicales, para que los imanes hagan el trabajo sucio a los terroristas en las mezquitas, desde donde se organizan recolectas de dinero para financiar la yihad. Las escuelas coránicas sirven para adoctrinar a los más pequeños, todo ello financiado por el contribuyente británico.

Semilleros islamistas
Los terroristas se aprovecharon del sistema público británico, que financia la educación islámica, y vivieron en esos barrios convertidos en guetos. Numerosos documentales -incluido uno de France2 que tuvo un importante revuelo mediático- han denunciado la situación de las escuelas británicas, verdadero semillero de jóvenes yihadistas que después son moldeados en las mezquitas por imanes radicales. Todo ello con el beneplácito de las autoridades del país, que dejan la gestión de estos centros en manos de países como Arabia Saudí y su particular visión del islam.

‘La sharia se impondrá’
Abu Rumaysah es uno de los predicadores más enérgicos de Reino Unido. Cuenta con una legión de seguidores en Londres, donde se crió en un ambiente occidental hasta que a los 19 años se convirtió al Islam, y ha dedicado los últimos 10 años a adoctrinar a los más jóvenes en una de sus versiones más radicales.

“La bandera negra del Islam y del Estado Islámico se verá pronto en todas partes”, ha asegurado Rumaysah. Desde el garaje donde realiza los encuentros con el resto de radicales y ante la impunidad de las autoridades, el predicador no esconde su pasión por los discursos de Omar Bakri Mohammed: “Nos pidió que colocáramos la bandera en lo alto de Downing Street y algún día lo haremos”.

Rumaysah ha señalado que los musulmanes “están avanzando” en Reino Unido y cuentan con más presencia en las instituciones públicas: “No creo en la soberanía de la Reina, ni en que la autoridad esté en manos de otras personas que no sean musulmanes”.

“La gente de Reino Unido está viviendo en la ignorancia, su país está en guerra y si siguen quedándose callados, eso no les va a ayudar”, ha mantenido Rumaysah.

‘Volved a adorar a Alá’
Otra figura mediática entre los radicales de Reino Unido es Abu Haleema. Estrella de las redes sociales, especialmente en Youtube, utiliza sus vídeos con el fin de reclutar a los jóvenes para el islamismo radical: “Dejad de adorar la democracia y volved a adorar a Alá”.

Haleema no tiene reparos en admitir que desea la aplicación de la sharia en todo el continente. Sin poder salir de Reino Unido -las autoridades británicas le anularon el pasaporte-, el islamista exige la prohibición del alcohol y las apuestas y el encarcelamiento de los homosexuales.

Como los lectores de La Gaceta ya sabrán, el castigo que establece la ley islámica para los homosexuales pasa por ser arrojados desde lo alto de un edificio o morir lapidados frente a una multitud en una plaza pública.

Eñe: el gran festival del español se expande en su novena edición
La cita, que por primera vez será gratuita, se celebrará en Madrid del 23 de octubre al 5 de noviembre, con la novedosa presencia de autores como Javier Marías o Arturo Pérez-Reverte
Inés Martín Rodrigo ABC 19 Octubre 2017

El Festival Eñe celebra este año su novena edición en Madrid, con 139 autores y más de cincuenta actividades, bajo la batuta literaria del periodista y escritor Antonio Lucas. La cita, que dará comienzo el próximo 23 de octubre y se prolongará hasta el 5 de noviembre, se presenta con aire renovado y el regusto poético de la gran fiesta de la lengua española. La renovación la ponen las nuevas instituciones que este año se embarcan en una travesía que, como dijo ayer Lucas durante la presentación del festival, «sabemos cuándo empieza, pero no adónde nos lleva».

El Círculo de Bellas Artes seguirá siendo el corazón del encuentro, como sede principal el 27 y 28 de octubre, y a él se suman el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional de España, la Casa del Lector o Casa de América, entre otros. Aunque la gran noticia de esta edición es su gratuidad. Y, para terminar con las novedades, José Manuel Caballero Bonald recibirá el primer premio Festival Eñe, «que nace con la vocación de reconocer la obra y trayectoria de un autor español».

En cuanto a nombres propios, participarán Javier Marías, Arturo Pérez-Reverte, Juan Manuel de Prada, David Gistau, Javier Cercas, Javier Gomá, Manuel Borja-Villel, Agustín Díaz Yanes, Rosa Montero, Félix de Azúa, Juan Mayorga, Elvira Navarro, Luis Landero, Bernardo Atxaga, Marta Sanz, Julieta Valero, Agustín Fernández Mallo y un largo etcétera en el que el toque musical lo pondrán Niño de Elche y Vetusta Morla.

Mezcla de disciplinas
Una lista que atestigua el compromiso de Lucas a la hora de mezclar la literatura con el resto de disciplinas que conforman nuestro ecosistema cultural: música, teatro, ilustración, humor, cine, fotografía… Serán Marías, Pérez-Reverte y Díaz Yanes los que inauguren oficialmente el festival, el viernes 27, con una charla en el Teatro Fernando Rojas del Círculo de Bellas Artes en la que hablarán de «Literatura y cine».

«Es un festival, es fiesta, es expansión y un poco de disparate en el mejor de los sentidos. Hasta ahora había poco periodismo, poca poesía, poco teatro», especificó Lucas. Entre sus propósitos también estaba conseguir traer a gente que nunca hubiera participado, cosa que ha logrado con creces: los mencionados Pérez-Reverte y Marías darán lustre a otros no menos insignes novatos en esto de festivalear. Según Lucas, «leer y escribir es no aceptar nunca lo irremediable» y por ello Eñe estará abierto «en un constante fluir de palabras e ideas donde no se va a escurrir nada de lo que pasa en la calle». Porque la cultura nunca se pone de perfil.

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Reconstruir el Estado

Javier Orrico Periodista Digital 19 Octubre 2017

El nacionalismo catalán acaba de poner sobre la mesa del Gobierno, y de todo el resto de instituciones que deberían vertebrar la Nación, la oposición, la Justicia, los parlamentos, todos, incluidos los autonómicos, una ocasión irrepetible para reconstruir un Estado que llevamos deshaciendo desde hace cuarenta años. Las pruebas de hasta dónde conducen el ordenamiento jurídico actual, la tolerancia hacia su incumplimiento, los pactos bajo mano de todo tipo que se han hecho con los nacionalistas, y el entreguismo general, empezando por el lenguaje (hace unos días pude leer, en una reseña sobre un grupo de rock proetarra, que era muy importante en el panorama del “’metal’ estatal”, o sea, que el Estado debe tener un ministerio de metal rock o que el metal rock es propiedad del Estado, y todo para no usar las palabras España y español, y no herir la delicada sensibilidad de estos tipos tan duros), todo eso es lo que ya tiene que cortarse de raíz.

Si se hubiera intervenido hace años, desde el caso Banca Catalana o las leyes de inmersión lingüística absolutamente discriminatorias e inconstitucionales; si no se hubieran cedido impuestos, ni una policía que iba a convertirse en lo que es, una fuerza de partido; si don Zapatero y el PSOE-PSC no hubieran cuestionado la nación ni comprometido a aceptar lo que viniera de Cataluña ni eliminado el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría impedido la votación del nuevo e innecesario estatuto hasta después de haber sido revisado por el Tribunal Constitucional; y si, en fin, el actual Gobierno hubiera intervenido mucho antes, cuando además tenía mayoría absoluta, nunca habríamos llegado al momento en que ya no vale otra cosa que la cirugía, y a fondo. Porque empieza a ser ya un cáncer europeo. Y ahí están la Padania, en Italia, y Flandes, en Bélgica, esperando aprovechar el caso catalán para desplegar nuevos casos del separatismo de los ricos, siempre contra el Sur.

Ahora hay que elegir entre la intervención blandita y corta para parar la hemorragia, que es por donde parece que quieren ir PP y PSOE, lo que sería el error final, o eliminar y limpiar sus causas para que no vuelva a manifestarse cada cuatro años, en cada convocatoria de elecciones autonómicas.

Las banderas de España que han salido estos días a las calles no son para reivindicar, en absoluto, que haya que montar en jaca oyendo a Camarón por los cascos, sino para mostrar la hartazón ante el chantaje permanente, el incumplimiento impune de leyes y sentencias, la tabarra del hecho diferencial, el victimismo de quienes gozan de situaciones de privilegio, y el desprecio y la xenofobia racista con que estos niñatos nacionalistas nos tratan al resto de los españoles.

Las banderas rojigualdas no vienen, en absoluto, a pedir el regreso de ninguna dictadura, sino a todo lo contrario, más allá de pequeños residuos que nunca pasan de unos centenares de personas. Las banderas de España son hoy las banderas de la democracia, de la libertad frente al brote neonazi que se ha apoderado de Cataluña, y que aún controla buena parte del País Vasco. Son las banderas que reclaman igualdad ante la ley.

Y la reconstrucción del Estado. Ese es el único sentido que podría tener una reforma de la Constitución de 1978, que nos devolvió las libertades, pero a la que le introdujeron, y esa fue la primera cesión, el virus de las nacionalidades que nos ha llevado a la disgregación territorial. Bienvenido sea el Estado federal, si le quieren dar ese nombre, pero que sea federal, es decir, igualitario y plenamente simétrico. Para recuperar la movilidad, para que un español pueda acudir a cualquier hospital de España, a cualquier centro educativo con la garantía de que, sin menoscabo de las lenguas vernáculas, va a poder estudiar también en español.

Y eso empieza por Cataluña. Y empieza por utilizar el 155, sin límites, para rescatar los dos instrumentos esenciales que ha utilizado el nacionalismo en la preparación de la independencia: los medios de comunicación públicos, que en Cataluña ya son todos, y para lo que bastaría con acabar con las subvenciones y promover una prensa libre y una TV3 neutral; y la enseñanza. Sin ella, sin su desnazificación, jamás Cataluña volverá a ser un territorio libre ni España podrá vivir en paz.

El hundimiento de España (18)

Vicente A. C. M. Periodista Digital 19 Octubre 2017

LAS CLOACAS DE MONCLOA ABIERTAS TRASMITEN EL TUFO DE UN PACTO PUTREFACTO CON LOS GOLPISTAS: SI SE CONVOCAN ELECCIONES NO SE APLICARÁ EL 155. MARIANO RAJOY SE AUSENTA DE MADRID HASTA EL SÁBADO PARA NO TENER QUE TOMAR LA DECISIÓN HOY.

Estamos realmente en manos de unos políticos miserables dispuestos a pactar hasta con el diablo con el fin de mantener su estatus quo de cuota de poder. Hablan de la legalidad, de valores, de defender el orden constitucional y mientras, se dedican a pastelear con los golpistas enemigos de España eludiendo su deber de cumplir y hacer cumplir la ley. Ya se veía venir la absoluta debilidad, a la que califico de cobardía, del Gobierno de Mariano Rajoy, acobardado por sus propios complejos y dispuesto a asumir las limitaciones que le ha impuesto un oportunista, ambicioso y demagogo PSPS (antes PSOE) a la hora de dar respuesta al mayor desafío a la democracia y a la unidad de España protagonizado por las fuerzas separatistas que controlan el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento de la autonomía de Cataluña.

Hemos pasado radicalmente de un discurso de firmeza de Mariano Rajoy diciendo al pueblo español que tenían todos los escenarios analizados y una serie de medidas alternativas para evitar el referéndum, al mensaje de si no hay una declaración de independencia y el Gobierno de la Generalidad convoca elecciones autonómicas, aunque las llame constituyentes, no se aplicará el 155. La realidad ha sido que se ha celebrado el referéndum ilegal con la apertura de locales para votar, la disposición clandestina de urnas, la constitución de mesas de votación, se dispuso de un censo electoral y se permitió la argucia de llamarle “universal” para poder votar en cualquiera de los locales y sin control alguno. Y además, se permitió la actitud pasiva de los Mossos y se hizo uso de las FFyCCSE en una misión imposible de cerrar locales y confiscar urnas ante una multitud organizada y dispuesta a impedirlo interponiéndose en los accesos y en las calles de forma desafiante y a veces violenta.

Y es que el Gobierno de Rajoy desde el principio ha querido hacer creer que la aplicación del artículo 155 era la medida más radical posible y que estaba reservada para el caso excepcional de que los golpistas declarasen la independencia. Sin embargo, la realidad es que nunca ha tenido intención, o quizás nunca se ha atrevido, a asumir su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, sobre todo en la escalada de desobediencia y aprobación de leyes inconstitucionales, cuando el Parlamento de Cataluña avanzaba en la promulgación de leyes como la del referéndum y la de Transitoriedad jurídica. Una negligente actitud ante una situación que requería acciones mucho más duras que la simple admonición y amenaza de una suspensión de funciones y de cargos que, hasta hoy, no se ha llegado a producir ni hay visos de que se produzca en el corto plazo. Al contrario, lo que parece es que la política de apaciguamiento pasa por perdonarlo todo si se vuelve al redil, o se vislumbra una intención difusa de volver a la legalidad solo con renunciar a la declaración de independencia.

Lo que está proponiendo Mariano Rajoy es simple y llanamente una rendición del Estado de Derecho a los golpistas que pueden salir impunes y quizás reforzados en esas elecciones. Porque ninguna encuesta garantiza el triunfo de las actuales fuerzas de oposición. Sobre todo, si consideramos la actitud más que ambigua de un PSC protoindependentista y la de la marca de PODEMOS, o los llamados “Comunes”, claramente declarados independentistas o defensores del derecho inexistente a decidir. Solo PPC y CIUDADANOS son los propiamente defensores de mantener la autonomía como tal se contempla en la Constitución de España. Y desde luego que no alcanzan la mayoría parlamentaria necesaria para formar Gobierno. Las elecciones autonómicas, o constituyentes según los golpistas, en estos momentos es la peor solución por el clima de crispación y de rechazo a España. Lo único que puede cambiar es que sea ERC la fuerza más votada, CIUDADANOS como segunda y la CUP como tercera fuerza, dejando al PDeCAT en una cuarta posición seguidos de los Comunes y por último el PPC.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha mentido a los españoles en todas sus comparecencias. Ha dado una falsa imagen de seguridad y de tener todo previsto con una variedad de medidas, todas proporcionadas y eficaces para impedir la sedición. Pero la realidad ha sido que siempre ha estado muy por detrás de los movimientos que iban dando los golpistas y que su estrategia de ampararse en el tecnicismo de las denuncias y de las sentencias del Tribunal Constitucional, se ha demostrado ineficaz para impedir que se fuera avanzando en la realización del referéndum y en la proclamación, más bien solo una asunción de resultados, que realizó Carles Puigdemont en una sesión informativa al Parlamento de Cataluña. Una no declaración sui géneris de independencia que propuso suspender en la siguiente frase. Una declaración - suspensión que no llegaron a hacerse efectivas, aunque digan que existió de forma implícita y que el Parlamento no se debía de pronunciar. Tampoco ha habido una “balconada” al estilo de la que se hizo en 1934 por Companys.

Pero ahora es Carles Puigdemont el que en un ejercicio de demagogia suprema dice que si se aplica el artículo 155 revocará la “suspensión” y hará una declaración de independencia. Y además si se produce la suspensión del Gobierno de la Generalidad y se da por concluida la legislatura, se activaría la Asamblea de Electos formada por diputados, alcaldes y regidores que tendría la máxima representación legítima, soberana e institucional de Cataluña. Y adicionalmente cuentan con que los Mossos tendrían un “nivel bajo de acatamiento” si son controlados por el Gobierno de España. Es decir, Carles Puigdemont está llamando a la desobediencia general que obligaría a la intervención de municipios y detención de los ediles y concejales declarados en rebeldía. Una actuación que sería una escalada en la violencia y que haría necesaria la intervención de las FFAA como refuerzo de unas FFyCCSE desbordadas.

Y ante este dramático escenario a Mariano Rajoy no se le ocurre otra cosa que ausentarse de España y posponer cualquier toma de decisión hasta el sábado o el lunes próximo para iniciar el proceso previsto para la aplicación del artículo 155. Tampoco es de recibo que el Rey de España como Jefe del Estado, haya retomado y llenado su agenda de actos perfectamente prescindibles en los que podría muy bien sustituirle la reina Dª Letizia, como, por ejemplo, la gala de los premios Princesa de Asturias. Y es que España se merece algo más que eso, sobre todo tras el excelente discurso pronunciado por el Rey el pasado 3 de octubre a toda la nación.

Quedan escasamente hora y media para que finalice el segundo plazo previsto en el requerimiento a Carles Puigdemont. No parece que la respuesta vaya a diferir de la que ya dio a la conclusión del primer plazo. Así que el Gobierno de España deberá dar una respuesta que no sea la seguir dando largas y esperar que los golpistas decidan proclamar la independencia y obliguen a reaccionar de una vez a estos pasmados, cobardes e incompetentes.

¡Que pasen un buen día!

El PP no se cansa de traicionar a sus votantes

EDITORIAL Libertad Digital 19 Octubre 2017

Ninguna de las muchas e ilegales "estructuras de Estado" y redes clientelares –empresas públicas, plataformas soberanistas, fundaciones y demás chiringuitos– que la Administración golpista ha venido erigiendo impunemente en Cataluña desde 2012 ha brindado tanto servicio a la causa separatista –por encima incluso de la labor propagandística de la radiotelevisión pública catalana– que la adulteración de una competencia legalmente encomendada a las autonomías como es la educación.

Sin el sistemático adoctrinamiento nacionalista en las escuelas, sin el desprecio –cuando no el odio– a España que se ha inoculado en la enseñanza en los últimos 35 años no se entiende el espectacular incremento de los partidarios de la secesión, que han pasado, en las últimas décadas, de representar una exigua minoría a casi alcanzar la mitad de la población catalana.

Es cierto que, a pesar de ello, ninguna formación con representación parlamentaria atiende la amplia y transversal demanda ciudadana de quienes piden que el Estado central recupere las competencias exclusivas en educación. Sin embargo, no es menos cierto que hay formaciones como Ciudadanos y, en su día, el PP que han venido denunciando ese desvertebrador adoctrinamiento que se viene perpetrando no sólo pero muy especialmente en las escuelas de Cataluña.

Insuperable denuncia de todo lo anterior fue la brillantísima intervención de la semana pasada del diputado de Ciudadanos Toni Cantó, anticipo de la propuesta que su partido hacía este mismo martes en el Congreso destinada a dar protección a las familias que denuncien adoctrinamiento en las aulas. A pesar de contar con el apoyo de UPN, y de la ausencia de los diputados golpistas de Esquerra, tan encomiable iniciativa no ha podido salir adelante por la ominosa abstención del PP y la negativa del PSOE, de Podemos y de las formaciones nacionalistas.

La excusa que ha ofrecido el PP para justificar tan infame decisión no ha podido ser más contradictoria: por un lado ha cargado contra la negativa de Ciudadanos a aceptar su enmienda destinada a reforzar la Alta Inspección Educativa, mientras que por otro ha quitado hierro al asunto asegurando con total desvergüenza que el "adoctrinamiento" se limita a unos pocos "casos aislados".

Es cierto que de nada servirá crear una Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa –tal y como ha propuesto este miércoles Albert Rivera– si dicho organismo hace la misma dejación de funciones que la Alta Inspección Educativa a la que pretende relevar. Es igualmente cierto que no hace ni un mes que el PP presentó en la Comunidad Valenciana una iniciativa sobre adoctrinamiento en los colegios que Cs no apoyó.

Sea como fuere, la negligencia de los Gobiernos centrales que han permitido el adoctrinamiento separatista –por no hablar de la erradicación del español como lengua vehicular de la enseñanza– hay que apuntarla en el debe del PP y del PSOE. Ningún verso suelto de Cs en la Comunidad Valenciana ni ninguna supuesta mejora que el PP pretendiese incorporar a la proposición de Ciudadanos justifica la abstención del partido de Rajoy ante una iniciativa que respaldan la totalidad de sus votantes y los de la formación de Albert Rivera.

Resulta alucinante que el partido de Rajoy haya dejado solo a Ciudadanos en esta iniciativa, sobre todo si se recuerda que el PP sufrió el cordón sanitario del Pacto del Tinell por no sumarse al pensamiento único nacionalista. Eso, por no recordar al anterior ministro de Educación, José Antonio Wert, quien, si bien no llegó a hacer nada para impedir la hispanofobia en las escuelas catalanas, reivindicó la necesidad de erradicarla y aun apeló a la españolización de unos escolares a los que se lava el cerebro al gusto de los indeseables que actualmente están perpetrando un golpe de Estado.

En cualquier caso, ya está bien de traiciones al ideario fundacional del PP. Ya está bien de que tantos ciudadanos comprometidos con su país y con la causa de la libertad se vean sin representación parlamentaria por culpa de unos partidos supuestamente nacionales que se niegan a combatir la lacra del nacionalismo.

El país de nunca pasa nada, jamás

Rafael Bardají gaceta.es 19 Octubre 2017

El pueblo español aguanta lo que le echen, hasta que deja de aguantar. La docilidad tiene sus límites y tengo la impresión de que hemos alcanzado, una nueva vez, esa línea roja. Por un lado está la sensación mayoritaria de que se nos está robando una parte de nosotros mismos, gracias a esa república catalana que se está construyendo homeopáticamente; y, por otro, la indignación ante un gobierno nacional cuyas respuestas al problema planteado por los separatistas catalanes se producen a cámara lenta o súper lenta.

Unos y otros andan instalados en la confianza de que han capeado crisis anteriores de las que han salido victoriosos. Mariano Rajoy ha llegado a decir que ya nos salvó del rescate y que hará lo mismo frente a los independentistas radicales. Pero ni la Generalitat ni la Moncloa se han dado cuenta de que viven en un mundo paralelo. Tras el discurso del Rey, los españoles, el pueblo español, también ha hablado, colgando banderas nacionales de los balcones como nunca antes se había visto desde 1975 y manifestándose de manera multitudinaria en Barcelona, madrid y muchas otras ciudades de España. Los españoles han reaccionado por el amor a su patria de manera espontánea. Peor, lo han hecho en contra del gobierno y de los principales partidos que siempre ven en lo que no pueden controlar directamente una clara amenaza. Los españoles han sobrepasado, y por mucho, a nuestros dirigentes políticos. Cuando la crisis económica, Rajoy tuvo detrás a una ciudadanía que poco podía hacer y que aceptó con resignación sus decisiones. Pero ese no es el caso actual. Así como el domingo 1 de Octubre el presidente del gobierno negó la realidad de lo que había pasado ese día en Cataluña, mostrando desnudamente su ceguera, también se equivoca si de verdad piensa que los españoles no tienen más alternativa que la sumisión a su pereza a hacer valer la ley y la Constitución en todo el territorio nacional.

Ambos bandos, el separatista y el monclovita, sólo piensan en cómo ganar tiempo y evitar un choque directo, en la esperanza de que el tiempo acabará por resolver el conflicto. Eso sí, cada uno espera erróneamente que en sus términos. Pero tiempo es lo que no tienen. Los españoles no quieren vivir instalados en la incertidumbre, ni en la injusticia de que la ley se aplique de manera desigual a unos y otros. Es verdad que el 2 de mayo de 1808 no hubiera culminado en la expulsión de los franceses de la península sin la participación del ejército británico, pero el pueblo español debe saber encontrar los mecanismos adecuados para tomar las riendas de esta grave situación creada por el fanatismo de unos y la desidia de otros.

No es sencillo librar una guerra en dos frentes simultáneos, pero no siempre uno tiene el lujo de elegir en qué guerras batallar. Y la dramática realidad de la España de octubre de 2017 es que hay que combatir el separatismo a la vez que hay que combatir a un gobierno cuya inacción raya en la traición.

En mi anterior contribución pedí, como mínimo, que se produjeran unas dimisiones o ceses. El de la vicepresidenta, el del director de la inteligencia española, el del ministro de exteriores… pero como es lógico en este país que los partidos políticos han hecho suyo desde 1977, nadie se lo ha planteado y todos siguen al frente de unas responsabilidades que no han sabido cómo ejercer correctamente. Son parte del problema y no puede ser parte de la solución. Y si no se van, habrá que echarles.

Mariano Rajoy se está comportando como un absolutista, ilustrado o no habrá que verlo, no frente a los golpistas, con quien sólo desea negociar y poder ser generoso, sino con el resto de españoles, a quien no ha querido explicar sus decisiones y a quien quiere mantener al margen de sus componendas. Si esto es una democracia del Siglo XXI igual hay que plantearse sus instituciones y mecanismos de control, porque no funcionan.

Rajoy ha prometido al PSOE una reforma constitucional, que nadie con sentido común demandaba, a cambio de mantenerse, precisamente, en lo que pomposamente llaman el “bloque constitucional”. Puede que en la esperanza de que como el procedimiento constitucional para su reforma es tan alambicado, en dos años diga que es imposible. Y en la esperanza de que para entonces los catalanistas “moderados” hayan reemplazado a los radicales de hoy. Todo envuelto en un perdón real que, de momento, no le pertenece al presidente del gobierno.

Si Mariano Rajoy cree que una selecciones en Cataluña son la solución para sus problemas (que no necesariamente los de España), la solución de España al problema sólo para por una elecciones generales que ponga límites, si no fin, a este gobierno. Ese debe ser el mínimo precio por su dejación de funciones, su complacencia con los golpista y por su comportamiento fundamentalmente antidemocrático.

Lógicamente, no espero que Rajoy y el Partido Popular que comanda tengan la generosidad histórica que tuvieron las últimas Cortes franquistas y se disuelvan para poder traer un nuevo régimen. Por lo que el castigo político que se merecen estará en la mano de los votantes españoles, su memoria o amnesia, cuando toquen elecciones.

Pero no se trata de cambiar de un gobierno a otro. Lo que esta crisis ha dejado al descubierto, desde mi punto de vista absolutamente personal, es el límite que ha alcanzado ya el llamado régimen del 78. No va a haber solución alguna dentro del actual sistema de autonomías, por ejemplo. Ni con la actual configuración de partidos políticos ni en el marco de la partitocracia que todo lo invade. Y, por lo tanto, esa reforma constitucional de Rajoy usa como moneda de cambio, no podrá resolver nada.

En las manos de los españoles está el destino de nuestra nación. Si nos dejamos engañar otra vez tal vez es que no nos la merezcamos. Quizá eso sea lo que en el fondo cree Mariano Rajoy. Debemos encontrar la mejor forma de probar que se equivoca.

Don Mariano sigue sin saber cómo hincarle el diente al marrón catalán
Jesús Cacho.vozpopuli  19 Octubre 2017

Don Mariano sigue extraviado, abrumado por la importancia del envite que le ha tocado vivir como presidente del Gobierno. A él le gustaría volver a los buenos tiempos de la mayoría absoluta (“Dime vencedor Rapaz,/ vencido de mi constancia,/ ¿Qué ha sacado tu arrogancia/ de alterar mi firme paz?”), en los que, enfrentado a una crisis de caballo, fue capaz de ganar su gran batalla, la del riesgo país, sin apearse del burro, sin hozar en el barro, simplemente esperando y diciendo “no” a quienes le reclamaban diligencia a la hora de solicitar el rescate a Bruselas. Este desafío es de otra sustancia, de más calado, de mayor arboladura. De una crisis financiera se termina saliendo; de una ruptura territorial no hay forma de resurgir sin un enorme desgarro en el alma colectiva, un reguero de lágrimas capaz de hipotecar no ya la paz, que por supuesto, sino el bienestar y el nivel de vida de varias generaciones. Una herida en el inconsciente colectivo que dejaría huella indeleble en la historia de España.

Enfrentado a este otro rescate, el de verdad, el rescate de España de las garras del nacionalismo, a don Mariano le asaltan las dudas, le crecen las sombras, le multiplican los miedos. Él sería partidario de no hacer nada, simplemente esperar y ver, esperar a ver cómo se despedaza ese universo magma que ha llevado a Cataluña al borde del precipicio, ver cómo en el PDeCAT se tiran los trastos a la cabeza, cómo esos pijoprogres millonarios tipo Rodés salen huyendo en busca del generalito dispuesto a salvar otra vez sus fortunas, cómo la CUP arremete cual toro de Knossos contra Puigdemont, dispuesta la del flequillo en hacha a esparcir sus cenizas por el golfo de Rosas. Eso es lo que le gustaría. Y podría salirle. Podría haberle salido. Lo que ocurre es que ya no puede. No, por ese rumor sordo que, in crescendo, sube por las calles de la España apaleada pidiendo determinación, pidiendo aplicación de la ley, pidiendo respeto para la Constitución, diciendo, en fin, que hasta aquí hemos llegado y que se acabó el macabro juego del verlas venir, dejarlas pasar, y si te mean encima decir que llueve. Una cuestión de dignidad colectiva.

De modo que Don Mariano no pierde ocasión de renovar sus ofertas de paz a los sediciosos en cuanta ocasión propicia le sale al paso, sea en el salón de sesiones del parlamento, sea ante los micrófonos de cualquier tumulto de prensa. Ayer mismo, a las puertas del final del capítulo primero del vodevil, volvió a repetir el mantra de que si el señor Puigdemont vuelve a la senda de la virtud y abandona de una vez esas divertidas chiquilladas del golpe de Estado, todo volverá a la normalidad, porque estamos más que dispuestos a meter el 155 en un cajón y aquí paz y después gloria, no me obligue usted a hacer lo que de ninguna forma quiero hacer, no se cansa de repetir el bueno de Mariano, así que, hombre de Dios, aparte de mí este cáliz, que es muy molesto tener que arremangarse y cumplir con las obligaciones del cargo, no me fuerce usted, que yo no quiero, y menos que yo quiere Sánchez, el aliado cogido con alfileres que la fortuna me ha deparado.

El riesgo de unas elecciones anticipadas
La última moneda de cambio escapista que ayer cobró fuerza tiene que ver con las elecciones catalanas: si Puigdemont las convoca, el Gobierno volvería a olvidarse del 155, y la verdad es que uno no sale de su asombro, porque, a menos que Mariano, Sorayaet altri dispongan de una información de la que carece el común de los mortales, que es muy posible, es más, debería ser imprescindible que así fuera, no se puede entender que el Gobierno de la nación esté dispuesto a permitir que el golpista número uno del elenco convoque elecciones y dirija la fiesta desde su absoluto desprecio al Estado de Derecho, dispuesto como está, como estaría sin la menor duda, a utilizar los medios de comunicación públicos y el aparato institucional de la Generalidad en beneficio del Movimiento, sin que a estas alturas quepa descartar cualquier clase de maniobra trapacera, incluso el pucherazo, vista la elegancia con la que esa tropa ha manejado los resultados de un referéndum donde uno podía votar cuantas veces le viniera en gana.

Es cierto que los adelantos electorales los carga el diablo y quien los propone nunca sabe si el tiro le saldrá o no por la culata, más aún en una Cataluña asqueada de la perenne mentira nacionalista y asustada por las perspectivas de empobrecimiento que la fuga de empresas vaticina, pero esa disposición a permitir que los golpistas organicen sin condiciones previas, sin saneamiento previo, sin previa democratización del escenario electoral, unas elecciones autonómicas, parece una operación arriesgadísima para los intereses de la mayoría de los catalanes y no digamos ya del resto de españoles. Sin controlar a los Mossos, sin neutralizar esa fábrica de detritus ideológico que es TV3, sin intervenir en un aparato de enseñanza montado por el nacionalismo para adoctrinar las mentes de niños y jóvenes, sin poner un cierto orden en una Administración copada por el nacionalismo, sin asegurar, en suma, una igualdad de oportunidades para todos los partidos en liza, sin restablecimiento de las libertades básicas propias de un Estado de Derecho, esas elecciones suenan a suicidio.

El otro camino, el serio, el duro, el esforzado, es el que no quiere recorrer Mariano Rajoy y su entorno, con la ilustrísima Soraya a la cabeza. Porque es el camino del sudor, las lágrimas, y probablemente la sangre. Digámoslo ya: lo de Cataluña no va de una semana, un mes, o un año. Arreglar la desolación de libertades dejada en Cataluña por un supremacismo nacionalista de claro signo totalitario va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho talento. Mucha determinación. Mucho coraje democrático. Es un trabajo de una década, como poco, el empeño de los diez años que empleó Jordi Pujol en lanzar, año 1990, su “Programa 2000” destinado a recatalanizar Cataluña y sembrar el huevo de la serpiente que hoy amenaza las libertades de todos. Lo publicó José Antich el domingo 28 de octubre de 1990, en la edición impresa de El País. Está en las hemerotecas: “El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales”. Antich fue luego director de La Vanguardia, y ahora dirige un medio digital subvencionado por la Generalitat y rabiosamente independentista.

El férreo control de la sociedad catalana
El documento hablaba de la obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, a través de “la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero y educativo”. Don Pujolone concedía particular importancia a la “catalanización de la enseñanza” –ese problema al que el PP dio el lunes la espalda en el Congreso-, mediante el control de los profesores, vía control previo de la “composición de los tribunales de oposición para el profesorado”, todo ello destinado a introducir en los niños “la doctrina nacionalista”. Toda esta monstruosa obra de ingeniería social es la que hay que desmontar en Cataluña, don Mariano, y todo lo demás son excusas escapistas de cobardón dispuesto a mansear en tablas como los toros malos. Y esto no se hace en un rato, ni se logra con reconvenciones buenistas a Puigdemont para que se arrepienta y sea buen chico.

El miedo se ha hecho carne en el PP, del mismo modo que la traición a España ha hecho callo histórico en el PSOE. Todos sabemos que la tarea no es fácil. Y que será necesario tirar de talento, el cerebro antes que las vísceras, pero este desafío a las libertades de todos, que de eso va el golpe nacionalista, no se frenará con paños calientes, no se logrará esperando que los independentistas entren en razón y aprendan que el camino de la independencia solo conduce al abismo. Aguardar que los malos se tornen buenos por una especie de nuevo milagro de Fátima es una entelequia reñida con la razón que repugna al corazón. El resultado de la reunión del politburó del PDeCAT de anoche volvió a dejarlos a ustedes, Mariano y Pedro, en evidencia. Los convergentes, en quienes tantas esperanzas habíamos depositado, les dijeron que si aplican el 155 se pondrán detrás del illuminatiPuchi como un solo hombre. De modo que además de cornudos, apaleados. Entendemos que a usted, don Mariano, no le avergüencen este tipo de lances, pero, por favor, ahorre a los españoles la vergüenza que su falta de patriotismo les produce.

La trama civil
El golpe institucional se apoya en la fuerza de un batallón cívico. Los «Jordis» son los García-Carrés del soberanismo
Ignacio Camacho ABC 19 Octubre 2017

Todo golpe insurreccional, aunque nazca como el de Cataluña de las instituciones, necesita de una fuerza popular de choque. El soberanismo, que ha convertido a los Mozos de Escuadra en su cuerpo de seguridad privado, tiene su brazo cívico ramificado en dos plataformas que lleva años cebando con subvenciones. La Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural son las terminales de esa estructura bifronte cuya importancia en el proceso va mucho más allá de la coreografía de las Diadas y del folklore. Ambas asociaciones han ejercido con eficacia y precisión el brigadismo callejero que sostiene la revolución catalana y le da soporte.

Los «Jordis», Sànchez y Cuixart, son los García-Carrés del independentismo, la trama civil del golpe. El auto de prisión de la Audiencia y el atestado previo definen con claridad el papel agitador de sus respectivas organizaciones, sin cuyo respaldo habría sido imposible la consulta ilegal que burló al Estado y dejó al Gobierno como un pasmarote. Ocultaron y distribuyeron las urnas, ocuparon los colegios electorales y propagaron en red la posverdad de una violencia desmedida que sirvió para soslayar el bochornoso pucherazo de las votaciones. Sus activistas acosaron a las fuerzas de seguridad nacionales alentados y coordinados por los propios líderes subidos sobre unos coches. El delito se llama sedición y es sólo la parte más vistosa de una tarea en la que se han implicado como asistentes, cómplices y hasta como autores.

Con Carme Forcadell como enlace institucional desde la presidencia del Parlamento, esta longa manus del separatismo ha cobrado una importancia decisiva en el proyecto de la ruptura. Son los dueños de la calle, claves en la interpretación de la estrategia populista del prusés y en la creación de marcos mentales de hegemonía. Su protagonismo imprescindible en la ocupación del espacio público los ha convertido en factor de presión autónomos, en motores de la secesión, al punto de que Puigdemont tuvo que negociar también con ellos su declaración suspensiva. La dinámica revolucionaria ha operado por sí misma una transformación en la cadena de mando, de tal modo que los dirigentes de la rama callejera han pasado de subalternos a próceres, de obedecer consignas a impartirlas.

El encarcelamiento de su cúpula va a poner a prueba sus dotes operativas, una musculatura entrenada en años de actividad conspiradora y propagandística. De esa capacidad de movilización depende el éxito de la respuesta del Estado en la próxima fase del conflicto, ya necesariamente ejecutiva. La amarga experiencia del 1 de octubre sugiere ante el artículo 155 un escenario de resistencia vietnamita, sobre todo en el campo de la difusión de mensajes, en el que ANC y Òmnium poseen demostrada supremacía. Después de haber tropezado varias veces en esa piedra, cabría suponer que el Gobierno llegue esta vez con la lección aprendida.

El 155 de la República
José García Domínguez Libertad Digital 19 Octubre 2017

Ley de 2 de enero de 1935:

Art. 1º: Quedan en suspenso las facultades concedidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalidad hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno y después de levantar la suspensión de garantías constitucionales, acuerde el restablecimiento gradual del régimen autonómico.

Art. 2º: En el periodo transitorio asumirá todas las funciones que correspondan al Presidente de la Generalidad y a su Consejo Ejecutivo un Gobernador general que nombrará el Gobierno.

Art. 3º: El Gobierno nombrará una comisión en el plazo máximo de tres meses que estudie los servicios traspasados y proponga los que durante este régimen provisional deban subsistir, los que deban rectificarse y los que deban revertir al Estado. En todo caso las normas referentes a los servicios de Orden Público, Justicia y Enseñanza serán objeto de una ley.

Con esa norma lacónica de apenas tres artículos, y a instancias del presidente del Gobierno de España, don Alejandro Lerroux García, acabaron las Cortes de la Segunda República con la sublevación de la Generalidad de Cataluña contra el orden legal y legítimo de la Nación fijado en la Carta Magna. Pero ese solo fue el nivel parlamentario de la respuesta múltiple de los Poderes del Estado a la asonada golpista de Esquerra Republicana de Catalunya y el resto de las fuerzas separatistas que secundaron la acción subversiva del antiguo ministro de Marina Lluís Companys i Jover. Una medida, por cierto, apoyada desde el primer instante por la Lliga, el partido de los fabricantes catalanes. Pues entonces (como ahora) aquel fue un conflicto de catalanes contra catalanes, no de catalanes contra españoles, tal como la propaganda de la época (igual que la actual) trató de hacer creer. Por lo demás, con anterioridad a la promulgación de esa ley, en concreto el 7 de octubre de 1934, esto es, al día siguiente de haber sido sofocada la revuelta por los 300 soldados de reemplazo al mando del general Batet, el coronel del cuerpo de intendencia don Francisco Jiménez Arenas procedió a reunir en su persona todas las funciones propias del presidente de la Generalidad. Aquella misma mañana ocupó su nuevo despacho en la Plaza de San Jaime para acto seguido, e invocando lo establecido en el artículo 2 del Estatuto, restablecer el uso oficial del castellano en todas las actuaciones administrativas de la institución bajo su mando.

Al tiempo, el Gobierno de la República inició un proceso urgente de depuración de responsabilidades entre las autoridades municipales de Cataluña que se habían prestado a colaborar con la conjura de la Generalidad. Fueron suspendidos de sus funciones de inmediato todos los alcaldes de los municipios de más de 10.000 habitantes, que pasaron de estar en manos de la Esquerra a ser administrados por la Lliga y los radicales. En cuanto a las detenciones de alborotadores callejeros y demás sediciosos de orden subalterno, si bien los historiadores carecen de documentación rigurosa sobre el particular, las estimaciones más fiables sitúan la cifra entre 7.000 y 8.000 individuos, lo que, dada las carencias de espacio en los centros de reclusión locales, obligó al Ejecutivo a fletar varios barcos para que hiciesen funciones de prisión flotante. Los miembros cautivos del Gobierno de la Generalidad fueron sometidos a juicio por el Tribunal de Garantías, el predecesor kelseniano del actual Tribunal Constitucional. Así, en sentencia de 6 de junio de 1935, los magistrados se inclinaron por calificar los hechos como un delito de rebelión.

En consecuencia, el presidente de la Generalidad y aquellos de sus consejeros que no habían logrado huir por las alcantarillas de la Plaza de San Jaime, como fue el caso célebre de Dencàs, fueron sentenciados a la pena de treinta años de reclusión mayor, con las accesorias de inhabilitación absoluta y del pago de las costas procesales. cuanto a los uniformados que, perteneciendo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, habían concedido colaborar en la intentona, tanto de forma activa como pasiva, las condenas, como no podría haber sido de otro modo, revistieron mayor dureza. el consiguiente consejo de guerra, el comandante Pérez Farrás y el capitán de artillería Francisco Escofet, ambos conjurados del lado de la Generalidad durante las horas que duró la revuelta, fueron condenados a muerte. El resto del personal castrense involucrado en los hechos lo sería a reclusión perpetua "con las accesorias para todos de pérdida de empleo, produciendo la salida definitiva del Ejército con la privación de grados, sueldos, pensiones, honores y derechos militares que corresponden a los penados, así como la posibilidad de obtenerlos en lo sucesivo". El comandante Jaime Bosch Grassi, que en primera instancia había huido por las cloacas en compañía de Dencàs, pero que días después se entregó, también cargó con una condena a cadena perpetua. Lerroux no era Rajoy.

El deber de Rajoy es restaurar ya la legalidad
EDITORIAL El Mundo 19 Octubre 2017

El plazo del Gobierno al presidente de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia se agota hoy. Si, tal como es previsible, Puigdemont sigue negándose a responder no de forma clara y concisa, al Ejecutivo se le habrán acabado las excusas para no aplicar el artículo 155 de la Constitución, en aras de restaurar la legalidad en Cataluña y acabar con el peligroso clima de confusión que amenaza la convivencia, la ruptura de la integridad territorial y la estabilidad económica.

Puigdemont se permitió el lujo el lunes de contestar al requerimiento de Rajoy con una alambicada misiva en la que no aclaró de forma taxativa -tal como le exigía Moncloa- si declaró la independencia. Pese a ello, y aunque la vicepresidenta tachó de "inaceptable" la carta de Puigdemont, el Ejecutivo se remitió al plazo que hoy concluye e incluso en las últimas horas ha dejado caer que abortaría el 155 si el president convoca elecciones autonómicas anticipadas.

Ni Rajoy puede seguir dilatando los tiempos, ni puede fiar la salida a este grave desafío a una eventual ruptura del bloque secesionista. El Gobierno tiene que asumir de una vez que la Generalitat es ya un Gobierno autonómico que se ha declarado en rebeldía y que, tras vulnerar el autogobierno, Puigdemont y sus socios sólo conciben cualquier proceso de diálogo como un chalaneo para negociar la rendición del Estado y la segregación de Cataluña.

La abierta felonía de las autoridades catalanas y el quebranto económico causado -la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuantifica el coste de la crisis catalana en 13.000 millones de euros- exigen una reacción contundente. Rajoy tiene que dejar claro que el Gobierno usará todos los resortes que contempla la ley para restituir el orden constitucional en Cataluña. Y que lo hará con el suficiente liderazgo operativo y político que permita preservar los derechos y libertades de todos los españoles y, al mismo tiempo, enviar una señal de confianza a ciudadanos y empresarios.

Rajoy acierta al negociar con PSOE y Ciudadanos la aplicación del artículo 155, aunque es evidente que cualquier estrategia pasa por asumir el control, al menos, de la Consejería de Economía y de los Mossos d'Esquadra. En todo caso, resulta fundamental que el presidente supere el vértigo que parece suponerle activar este recurso, al margen de las medidas definitivas que el Gobierno someta a votación del Senado al amparo del 155. Es una exigencia inexcusable, clamorosa y urgente que el Estado restituya el marco constitucional en Cataluña.

No permitamos la descomposición de España
Juan Laborda vozpopuli.es 19 Octubre 2017

En nuestro país las desgracias no suelen venir solas. El devenir de nuestra historia nos muestra cómo los períodos de libertad, prosperidad y convivencia pacífica son la excepción. La incultura, la barbarie, la superstición, la mentira, la indecencia son las monedas de cambio de aquellos que pretenden medrar en períodos difusos, confusos. Siempre recurren a lo mismo, al “patriotismo de hojalata”. Y ahora estamos sometidos a una nueva olla a presión donde al Totalitarismo Invertido patrio le ha salido un aliado inesperado, para que todo siga igual, prietas las filas. Sí, me refiero a los separatistas catalanes que cuan vulgares funambulistas, han salido en ayuda de una élite patria corrompida hasta la médula. Despertando los más bajos instintos, ambos nacionalismos pretenden lo mismo: “indultar” a los suyos, a quienes nos llevan medrando durante décadas, sino centurias. Borrón y cuenta nueva. Pobre España. Pero los nacionalistas catalanes han dado un paso más allá, pretenden la descomposición de España. Y llegado este momento, no puedo ser equidistante.

La que han montado los sediciosos catalanes no tiene nombre. Su victimismo es hipócrita, falso. Democráticamente en nuestro país se pueden defender todas las ideas, y lo saben. Pero no todo vale, y no se puede actuar fuera de la ley. ¿Es tan difícil entender este principio básico? No valen los atajos. Su referéndum además de ilegal fue un esperpento. El derecho a la autodeterminación no existe, no está reconocido en la Constitución de ningún país democrático. Ni siquiera la ONU lo reconoce como parte de la declaración universal de los derechos humanos. Y todo ello aderezado con un revisionismo histórico profundamente hilarante, si no fuera por todo el daño que están infligiendo a la ciudadanía española. Está repleto de mitos falsos, de agravios inventados, y es profundamente supremacista. Lo más alucinante es observar cómo, tras la represión franquista a la que estuvieron sometidos muchos catalanes, los nacionalistas se han comportado exactamente igual que los otrora fascistas. ¿Y saben por qué? Para medrar. ¿Pero se han mirado al espejo? ¿Son conscientes que la decadencia de Cataluña es de la misma naturaleza e intensidad que la del resto del país?

No quieren diálogo
El “prusés” separatista fue una estrategia política del nacionalismo catalán para recuperar el control de las calles que se les escapaba con el movimiento del 15-M de 2011, centrado en cuestiones sociales, y muy alejado del nacionalismo. El “patriotismo de hojalata”, a ambos lados, es lo que tiene: cual bálsamo de Fierabrás, desvía la atención de los problemas reales por los que atraviesa el país, favoreciendo en realidad el mantenimiento del statu-quo actual, tanto en Cataluña como en el resto de España, por supuesto. Si es que en realidad se necesitan. Ambos buscan un enemigo con el que alimentar a sus huestes. Pero llegado cierto momento, tanto alimentar al monstruo, los nacionalistas catalanes empiezan a creerse su papel, esa misión divina para la que nacieron, la independencia, y se echan al monte. Ya saben cómo suelen acabar estas aventuras. Pero mientras dure, ¡viva el vino!

Los independentistas se presentan ante el mundo como víctimas, cuando son ellos los que llevan décadas utilizando el dinero de todos los catalanes para financiar a los suyos, creando un clientelismo digno de la España más cutre y zafia. La TV3 y RTVE, por ejemplo, son dos caras de la misma moneda, la de la manipulación. Pero además han utilizado ese dinero para llevar a cabo un proceso de sedición en toda regla. Y eso es ilegal. ¿Tanto cuesta entenderlo? ¡No se puede, ni se debe jugar con la salud de la ciudadanía española!

Es otra vuelta al teatro del Barroco, al de las apariencias. Hablan de diálogo, ese nuevo falso señuelo. ¿Saben por la que están pasando estos días numerosos alcaldes catalanes no independentistas, básicamente socialistas? Están siendo sometidos a una presión agobiante, nada pacífica, nada democrática. ¡Que se lo digan a sus guardaespaldas! No hay nada que dialogar con aquellos que en realidad aspiran a cumplir con su épica final, la independencia. No hay nada que dialogar con quienes pretenden declarar unilateralmente la independencia, aunque sea en diferido, con apenas un 30% de los posibles votantes. Y el resto de los españoles ya estamos hastiados de realizar concesiones. Ya no es posible hacer más concesiones, ni en el ámbito del diseño territorial ni de la financiación autonómica. No podemos ofrecer un sistema federal sin un presupuesto federal. Si lo hiciéramos Cataluña sería para el resto de España exactamente igual a lo que ahora representa Alemania para nuestro país, ante la genuflexión más escandalosa de nuestras élites, políticas y económicas.

No puedo ser equidistante
Los cantos de sirena independentistas ocultan la dura realidad catalana, exactamente la misma que la del resto del país. Corrupción, burguesía en declive, mediocridad, pobreza, desigualdad son rasgos distintivos de la Cataluña actual. El nacionalismo burgués catalán ha fracasado. Y de ahí, toda la movida que han montado. Porque en el fondo se trata de eso. En la historia reciente siempre se han dedicado a medrar, al más puro carácter rentista castizo, como en la Mesta, como en la Revolución Industrial. Es exactamente todo lo contrario de lo sucedido en el País Vasco, que vive un momento histórico dulce, y su burguesía también. Pero los independentistas catalanes ya tienen un chivo expiatorio al que echar la culpa, el gobierno de Madrid, que “con su falta de diálogo les ha obligado a echarse al monte”.

Pero el ejecutivo del actual ínclito monclovita no les va a la zaga. No ha tardado ni dos semanas en rebajar fuertemente el crecimiento económico de nuestro país. Ya lo avisamos, nos la volverían a meter doblada. El efecto de los factores transitorios (política fiscal más permisiva, actuación del BCE, y caídas de los precios de materias primas) que ayudaron a activar el crecimiento español en el período 2014-2017 se está diluyendo como un azucarillo. Si además juntamos la desaceleración global en curso, unos activos financieros sobrevalorados, el aumento previsible de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, en un contexto de niveles récord de deuda soberana y externa patria, entraremos en recesión en algún momento de 2018. ¿Y quiénes serán los culpables según Rajoy? El independentismo catalán. Ya les digo yo, se necesitan mutuamente.

Sin embargo, llegada la gravedad del momento no podemos ni debemos ser equidistantes. El objetivo de los separatistas catalanes es mucho más perverso que el de unas élites extractivas castizas corruptas. Si se cumpliera su objetivo, la independencia, se produciría la descomposición de nuestra querida España, y no se lo podemos permitir, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Hemos de frenarles con todas las de la ley, porque su objetivo final simple y llanamente no es posible, es una quimera.

Trapero, una vergüenza policial
Pablo Planas Libertad Digital 19 Octubre 2017

Como no hay mal que por bien no venga, la catástrofe de Cataluña es un espectáculo en abierto para el mundo mundial. Ha sido una verdadera bendición para los ciudadanos no nacionalistas, pues fuera del foco es inimaginable lo que podrían haber llegado a hacer las masas cívicas, pacíficas y festivas enardecidas por los Jordis y ante la pasividad de Rajoy, sólo comparable a la de algunos mossos durante las semanas previas al 1-O, el día de autos y hasta la actualidad.

A los separatistas se les ha ido la propaganda de las manos y han quedado retratados ante buena parte de Europa como unos farsantes patológicos que no se cansan nunca de presentar denuncias falsas sobre la brutalidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil con imágenes que en realidad son cargas de los Mossos d'Esquadra o la policía chilena. Ya no cuela. Aunque España haya perdido todas las guerras de propaganda de la historia, las mentiras separatistas son tan chapuceras que no se las traga ni el antifascista más ingenuo. Dónde se ha visto tal revuelta de pijos, preguntan los ácratas grecorromanos a sus anfitriones de la CUP.

El major de la policía de la Generalidad, Josep Lluís Trapero, declaró el martes en la Audiencia Nacional respecto a los hechos acontecidos durante los días 20 y 21 de septiembre en el centro de Barcelona. Una multitud se plantó ante ante la Consejería de Economía a fin de impedir la acción de la Justicia, encarnada en una comitiva judicial que estuvo a punto de ser linchada por la turbamulta. Dijo el jefe de los Mossos que no cree que la "manifestación" estuviera dirigida por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Señor Trapero: Jordi Sànchez en persona instó a un grupo de manifestantes a cortar la Gran Vía a las diez de la mañana del día 20. Fueron destrozados tres vehículos de la Guardia Civil, que usted habrá visto sin duda cómo quedaron. El antedicho Sánchez y Jordi Cuixart se subieron sobre el techo de uno de los coches de la Guardia Civil para arengar a la masa. Sànchez presumió de que tenía su teléfono móvil y se presentó como "mediador" ante la comitiva judicial asediada en el edificio desde el que se coordinaba un referéndum ilegal delante de sus narices, a pesar de que tenía usted una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedirlo. Y por si no fuera suficiente, major, ha dicho usted en la Audiencia que "la situación no se nos fue de las manos en ningún momento". Trapero, por favor, que machacaron y saquearon tres vehículos de la Guardia Civil, estuvieron a punto de derribar el portón de madera de la Consejería, una secretaria judicial tuvo que escapar por la azotea y los últimos guardias civiles en abandonar el edificio no lo hicieron hasta 24 horas después de haber entrado en aquella ratonera. ¿De verdad que lo tenía todo controlado? ¿De qué iba entonces la cosa, de meter miedo?

Usted ha jurado la Constitución española y el estatuto de autonomía catalán y, por muy sólidas que parezcan sus coartadas sobre la proporcionalidad policial y el mal menor, dejó muy claro a quién sirve cuando dirigió unas palabras a sus subordinados al día siguiente de deponer de paisano en Madrid. Ahí estaban todos sus fieles y no se pudo contener. Dijo que los Mossos son leales al Govern y añadió que también a la autoridad judicial por aquello del qué dirán. ¿Leales al Govern? Y si el Govern incumple la Constitución que usted ha jurado o prometido defender, ¿qué? Y si la autoridad judicial le ordena impedir un delito del Govern, ¿quién va primero, el juez de turno o Puigdemont, con quien se le ha visto de paella y tocando el banjo en Cadaqués?

Trapero, un juez le tuvo que pedir a gritos que hiciera el favor de extraer a la comitiva judicial como fuera de esa trampa, que la integridad física de la secretaria judicial y los agentes de la Guardia Civil corría peligro. Y de entrada le vaciló usted diciendo que no reconocía ese número de teléfono y que no sabía si el juez que decía ser juez era el juez; cuelgue que ya yo le llamo. Qué divertido, ¿no? Como para una urgencia. En plan declaro y suspendo la república porque yo lo valgo y soy amigo de KRLS.

O sea que no cree que la ANC y Òmnium estuvieran detrás del intento de linchamiento. ¿Quién pues? ¿La CUP? Apestan a chivo expiatorio del Procés. Así es que la ANC y Òmnium, según usted, nada que ver. Sus dos líderes, ahora presos, estaban ahí para disolver la manifestación, como los cascos azules. Por cierto, los sindicatos de su mismo cuerpo policial comentan que ha sentado un precedente, major. Es el primer mosso investigado en un juzgado que se mantiene en su puesto. ¿Ni siquiera le da un poco de vergüenza?

El Ku Klux Klan catalán de Sánchez y Cuixart
Cristina Seguí okdiario 19 Octubre 2017

Con la detención de los cuatreros de Òminum y la ANC, el poder judicial ha amputado a Puigdemont su enclenque virilidad política. El único vigor movilizador que se le presumía a un hombre de talante cobarde a quien, al igual que a los Jordis, nadie le votó jamás. El auto de la juez Lamela ha partido, además, la herramienta de extorsión del poder fáctico separatista que necesita que corra la sangre sin que el charco empape sus escaños para victimizarse bajo la lente del periodismo internacional. Las de Sánchez y Cuixart son las organizaciones encargadas de transformar la flagrante violación de los derechos civiles, parlamentarios y constitucionales más grave de la última década. Òmnium y la ANC son las cuevas de los ladrones de Convergencia para capitalizar la movilización callejera con el odio que ya ha abierto en canal a una sociedad entera. La causa del catalán contra el resto de los españoles es, como la causa aria contra los negros, supremacismo de manual. El volem votar de Sánchez y Cuixart no es otra cosa que xenofobia megalómana con el anhelo de convertirse en un derecho mundial.

Cinco minutos de silencio fue el tiempo convocado el martes por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña junto a lo que queda de Òmnium y la ANC en señal de protesta por las detenciones de los Jordis. Sin embargo, un minuto, uno, fue el tiempo de duelo que la Generalidad de Cataluña convocó por Francisco López, Bruno Gulotta, Luca Ruso… y el resto de las 17 víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Justo antes de que Quim Forn corriera a separar el ADN post mortem para saber cuántos atesoraban la pura raza catalana. Cinco minutos para los matones de la Comunidad Nueva. Uno de ofrenda para los muertos de La Rambla y sus familias. Se trataba de otro extraordinario ejercicio de coherencia con el nivel de erudición batasuna alcanzado por un estamento que ha dirigido, a través de estos dos sujetos, el asedio durante un mes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los hijos de los guardias civiles de San Andreu de la Barca y a la prensa “española” por ser estos los restos de dignidad española en la calle cuando el Gobierno nacional no aparecía.

Al bucear en el pasado de Jordi Sánchez llama la atención lo difícil que resulta comprobar de qué parte de Andalucía son sus padres y abuelos y, sin embargo, lo fácil que es encontrar al gánster que era ya en los 80 cuando se adhirió a las razones argumentadas por HB para lamentar los muertos. Pero, al mismo tiempo, culpar a la Policía por no haber desalojado intencionadamente el centro comercial. Fue con los batasunos y el MDT —brazo político de Terra Lliure— con quienes aprendió que la violencia aplicada de forma serena y selecta podía garantizarle el amparo de lo público.

Ahora, ya en la cárcel, Sánchez y Cuixart están totalmente amortizados por el separatismo. Me recuerdan mucho a aquellos presos etarras que, en los años de plomo, eran mano de obra barata de la dirección de HB. Los listos acabaron salvando su culo sin importarles los 450 reos que, poco a poco, fueron pereciendo por el olvido oportunista y la enfermedad. En el mejor de los casos, su destino alternativo sería convertirse en los mártires de 5.000 lobotomizados de su Ku Klux Klan catalán. Igual de relevante que pasar a la historia como Bolinaga de los bildus o la vaca sagrada de Tarun Chopra.

El fascismo catalán
Miguel Font Rosell Periodista Digital 19 Octubre 2017

En verano de 1974, en los estertores de la ya dictablanda franquista, junto con un amigo, hice un viaje a las soviéticas Polonia y Rusia, donde todo estaba absolutamente controlado, un viaje, por otra parte, que te vacunaba con una efectividad absoluta, si en la decisión de conocer tales países había un atisbo de admiración hacia el régimen que desde nuestra España ensalzaban los advenedizos izquierdosos más furibundos, en clara oposición a un franquismo al que solo le restaban ciertos colgajos.

Junto a lo siempre grato que resulta viajar y conocer nuevos países, costumbres y todo tipo de sensaciones, la decepción era evidente ante la tristeza imperante de una sociedad sin esperanza, aunque fueron varias las sorpresas que el conocimiento de como han vivido otros la historia me produjo. Entre ellas, una me llamaba poderosamente la atención. Hacía unos 30 años que había finalizado la segunda guerra mundial, de la que aun quedaban secuelas, sobre todo en cuanto a la reconstrucción de ambos países tras el horror de una guerra de destrucción, odio y pérdida de gran parte de los valores de convivencia.

Es sabido que los polacos nunca se han llevado bien ni con alemanes ni con rusos sobre todo, y que ya en el final de la guerra, Varsovia fue destruida por los alemanes, a base de lanzallamas, casa por casa y sin mediar combate, mientras al otro lado del Vístula, a las puertas de la ciudad, el ejercito ruso esperaba a liberar la capital polaca a que los alemanes acabaran la faena, para así dar ambos rienda suelta a su resentimiento histórico hacia la capital polaca. Pues bien, cuando el guía polaco te explicaba la situación, nunca mencionaba a los “alemanes” como causantes de tales gestas, sino a los “hitlerianos”, algo que repetían en general tanto polacos como rusos cuando de alguna explicación histórica se trataba, distinguiendo muy bien entre hitlerianos y el pueblo alemán, en el que la heterogeneidad de ideas, pareceres y procederes era evidente, a pesar de la poca oposición interna hacia los hitlerianos, sin duda debida al terror que inspiraban ante cualquier contestación ciudadana.

Hoy en Cataluña pasa algo similar, salvando las distancias, las intensidades y ciertas situaciones, a la Alemania previa a la iniciación de la guerra. Cierto que cuando se inicia la guerra, los hitlerianos estaban ya en el poder, al que habían accedido democráticamente y por medio de alianzas internas, no sin antes haber sometido a la población a sus ideas, actitudes y procederes, ensalzando heroicidades históricas y orgullo de pertenencia, de forma similar a lo que hoy practica la CUP, Esquerra y aliados en la actual Cataluña, tras haber dejado en el camino a los constitucionalistas, acusados de flojos y de poco defensores de su correspondiente “hecho diferencial”, termino absurdo cuando todos somos diferentes y todos tenemos nuestro propio hecho diferencial, aunque lo que realmente se quiera decir es que somos mejores y nada solidarios, pues siendo mejores, ¿para que vamos a sostener con nuestro trabajo a los vagos andaluces y a toda una panda de inferiores que nos roban y nos niegan la defensa de nuestra suprema identidad?. Fascismo de libro, aunque los nacionalistas traten de divorciar ambos conceptos.

En España, y por razones obvias, se ha explicado, cuando se ha hecho, muy mal el fascismo. Ni en las generaciones formadas en la España franquista, ni posteriormente en las formadas en el revisionismo histórico post franquista, se ha dado al concepto su verdadera dimensión, confundiendo el fascismo con la violencia, la dictadura o el autoritarismo, características que evidentemente se han dado en los regímenes fascistas, pero que no constituyen el origen del movimiento como tal. Un régimen puede ser violento, autoritario y dictatorial sin ser necesariamente fascista, si falta el elemento nacionalista, el odio o el desprecio hacia lo ajeno, la solidaridad y la magnificación hasta el paroxismo de lo propio, con la intoxicación formativa, el aleccionamiento y la repetición sistemática de todo aquello que incite a imponer lo propio como senda inexcusable de convivencia, y hoy, todo eso se da en la Cataluña oficial, en el actual fascismo catalán, en ese que ha seccionado a la población catalana, que ha hecho que unas familias se enfrenten entre si, sin que el presunto causante de la afrenta a Cataluña haya actuado de forma distinta a como lo hacía cuando no había escisión en las familias, en una Cataluña que disfruta del mayor grado de autogobierno que ha tenido en toda su historia.

Estos fascistas, que cierran su Parlamento cuando les conviene, que excluyen de su nacionalidad a quienes no piensan como ellos, que los acusan de no ser catalanes, aunque como yo dispongan de sus 24 primeros apellidos catalanes conocidos, y ellos la inmensa mayoría no lleguen o no pasen del primero o de la primera generación, que obligan a estudiar en catalán en sus escuelas, a rotular en catalán los comercios, a disponer de ayudas oficiales solo en el supuesto que demuestres tu catalanidad independentista, no son Cataluña, porque Cataluña, aun con el orgullo propio de todo terruño, de su idioma, de sus costumbres y de su carácter, siempre ha sido una tierra de libertad, de entendimiento, de contrastes y de “seny”, el perdido sentido común que caracterizaba a los catalanes de siempre, de los equilibrados, de los que igualaban razón con sentimiento.

Evidentemente, todo ese perroflautismo de la CUP, esa juventud aleccionada desde la infancia que renuncia a su propia identidad pensante, en beneficio del fanatismo patriotero y del resentimiento hacia España, esa clase empresarial tolerante y esa irresponsabilidad de una sociedad que se ha dejado querer por el embrujo romántico y sensiblero de una Cataluña grande y gloriosa que paseara por el mundo su rica historia y sus virtudes de raza, son y han sido los verdaderos culpables, pero también lo han sido, y en gran medida, unos partidos políticos endémicos en España, que sistemáticamente y en función de sus propios intereses, han ido soltando cuerda durante ya cuarenta años, hasta haber permitido la situación actual, pues solo ellos han puesto a Cataluña en esa situación de borde de precipicio en la que solo cabe el vergonzoso paso atrás o el heróico salto al vacío, y todo por acumulación sistemática de otorgamiento de prebendas en directa proporción a los pasos que en contraste iban dando hacia la segregación, hoy incluso jaleada por los otros perroflautas nacionales, los podemitas antisistema, pescadores del rio revuelto catalán y del que se preste.

El fascismo, se hace grande en primer lugar en la Italia de Mussolini (de origen socialista), donde se basa en un corporativismo estatal totalitario, en el que las instituciones y el Estado han de confundirse con el pueblo y viceversa, abogando porque la Nación haga frente al individualismo y a la clase, exaltando la pertenencia al grupo en su defensa de la Nación frente a la humillación, la derrota o la frustración de las expectativas patrias (una constante en todos los fascismos), un movimiento de gran éxito, sobre todo entre nostálgicos y las capas medias y medias bajas de la sociedad, adoptando como símbolo la “fasces romana”, emblema para ellos de un pasado glorioso.

El movimiento tiene éxito en otros países europeos, en mayor o menor medida, así en Austria con el Frente Patriótico, en Bélgica con el Partido Rexista, en Hungría con Cruz Flechada, en Países Bajos con el Movimiento Nacional Socialista, en Rumanía con la Guardia de Hierro, en Portugal con la Unión Nacional, etc., acabando por mostrar su máxima manifestación en la Alemania de Hitler (otro ex socialista) y finalizando en España con Falange Española y el Movimiento Nacional impulsado por el general Franco, dándose en todos ellos una ideología similar, que consiste en la magnificación de las virtudes patrias, en un nacionalismo excluyente e inspirador de revisones históricas, tendentes a glorificar las excelencias del pueblo, a purificarlo apartando impurezas y a conseguir todo objetivo a través de la imposición, del silencio y la persecución de todo lo ajeno a tales planteamientos, con símbolos de exaltación de un pasado glorioso, alterando sus banderas, como con la ya citada Fasces Romana en Italia, la Cruz Gamada en Alemania, el Yugo y las Flechas en España, aunque con marcadas diferencias como el nacional corporativismo en Italia, el nacional socialismo en Alemania y el nacional catolicismo en España, donde el fascismo, al menos en su líder (muerto Primo de Rivera), tuvo más una componente militar cuartelera que política.

Hoy, el fascismo catalán, con una personalización de libro en la presidenta del Parlament, reproduce, de inicio, palmo a palmo todo lo expuesto, desde la bandera con la estelada (de procedencia !cubana!), pasando por la alteración histórica identitaria, la persecución de todo lo que no suponga catalanismo, hasta el punto que de producirse la pretendida independencia, los catalanes constitucionalistas allí residentes acabarían siendo silenciados, mientras los españoles pasarían a ser los judíos de preguerra, obligados a un catalanismo feroz o al exilio, tras un expolio de sus bienes en pro de los defensores de la causa, convirtiendo a Cataluña en una Arcadia feliz, ajena a su propia ruina, física, mental, existencial y de principios.

Por eso me niego a escuchar la palabra “catalanes” cuando de toda esa tropa fascista se trata, a escuchar despectivamente y de forma indiscriminada la palabra catalanes como descripción de todo lo negativo, en lugar de poner en valor lo catalán como tantos siglos se ha hecho, en contraste con esta marea fascista que hoy tiene atenazada y dividida a la sociedad catalana y, como contrapartida, con la escopeta cargada al pueblo español en general.

Al igual que el fascismo hitleriano, el fascismo catalán, sabedor que esto es una guerra moderna que hoy se gana o pierde en los medios europeos, es maestro en propaganda, en tergiversarlo todo, en repetir hasta la saciedad a sus cachorros y a los antisistema, mentiras que se convierten en verdades, en convertirse en la víctima del autoritarismo español, de su violencia, de su falta de libertad, de sus robos a la sociedad catalana, de su capacidad de encarcelar a sus mártires, de haberse adueñado de la justicia, de su ausencia de democracia, etc., mensajes todos ellos que difunden sistemáticamente en el ámbito internacional, mientras nuestro gobierno, un auténtico desastre a la hora de saber comunicar (nunca ha tenido tal vocación) acaba dejando una guerra, principalmente política, en manos de una lenta justicia, sin atreverse a entrar directamente en esa guerra ya iniciada, con todo el arsenal de que dispone, llamando a las cosas por su nombre e informando de verdad, a una guerra contra un nuevo fascismo presente abiertamente en Cataluña y larvado y a la espera en el Pais Vasco, no vaya a ser que nos llamen autoritarios, violentos etc.

No me resisto a trasladar aquí un correo recibido que ilustra perfectamente la situación de lo vivido estos días. Dice lo siguiente: “A todos los de las cacerolas, probad esto. Cogeos un Boeing 747 unos cuantos amigos y os vais a un país donde no haya presos políticos… digamos por ejemplo EEUU, a cualquier bella ciudad, Houston por ejemplo, donde hay pena de muerte.

Cuando veáis tres Chevrolet Escalade negros del FBI los destrozáis, los llenáis de mierda, os hacéis unos selfies (si habéis conseguido llegar a ese punto) y para acabar, robáis 6 ó 7 fusiles M16 de dentro y os los lleváis. Luego escogéis a un amigo chiquitín y otro más alto, pero con el pelo así como de rata, y les dais unos megáfonos para que animen a la peña y no decaiga la fiesta. Si podéis, o si os dejan, acorraláis a 15 agentes federales y a un secretario judicial. Y luego, si acabáis el día vivos, explicáis que era una movida pacífica y que os están vulnerando vuestros derechos”.

El mundo al revés, y nosotros consintiendo… !en pro de no parecer autoritarios!. ¿Será este nuestro “hecho diferencial”?. País…

Podemos es un títere del independentismo
Jorge Vilches. vozpopuli  19 Octubre 2017

No ha habido nunca nada espontáneo en Podemos. Este partido es de laboratorio, forjado a golpe de manual de marketing electoral y de guía profesional del activista de los movimientos sociales. Cada palabra, pose, performance y táctica están planeados. Oído uno de sus “dirigentes”, oídos todos: repiten eslóganes, expresiones, gestos e inflexión de voz. No importa la pregunta que se les haga porque ellos (y ellas, claro) sueltan el argumento del día con las ideas-fuerza y los conceptos clave. El caso es que ese seguimiento del libreto ha convertido a Podemos en un títere del independentismo. Repasemos.

El manual no dice nada
Esa virtud de la disciplina militar, casi religiosa, tiene una enorme debilidad: la rigidez del dogma. Su calculado apoyo al espíritu del golpe de Estado –hay quien habla de ellos como “trama civil”- no les ha salido bien. La reacción que inició Felipe VI, y que continuó la gente por las calles, les ha hecho caer en las encuestas electorales. Tiraron de manual leninista y han fallado.

La Asamblea golpista que intentaron crear en Zaragoza como alternativa fue un fiasco. No habría tenido repercusión en los medios si la Presidenta de la Cortes de Aragón no hubiera recibido un botellazo de un energúmeno. Es más; sus movilizaciones de los últimos dos meses en apoyo al referéndum ilegal no han tenido poder de convocatoria. Esto se debe a que su argumentación a favor del “diálogo” con los supremacistas del golpe carece de contenido y de letra pequeña, y el electorado, la gente, se ha dado cuenta. El manual falla.

La farsa del antagonismo
Podemos se configuró como una opción antagónica; es decir, empeñada en mostrar su oposición radical al régimen, tanto en su discurso como en su imagen y comportamiento. El antagonismo, definido como categoría política por su Ernesto Laclau, era la clave para que los descontentos se identificaran con su partido-movimiento gracias a una retórica populista, matemáticamente emocional y dura.

Esa posición antagónica tenía el objetivo de desestabilizar el Estado, tener presencia en los medios a cualquier precio, y convertir todo conflicto particular en la demostración de un conflicto general, amén de extremar y de irritar. Porque sin pelea no hay política. Eso ya estaba en las cuartillas de los resucitados Lenin, Trotski, Luxemburgo o Gramsci.

La debilidad del antagonismo está en su persistencia; esto es, en que no funcione a la primera convocatoria electoral, y que haya que utilizarlo durante años. El ardid queda al descubierto, y la farsa se salda con desafección y risas. Un ejemplo es el ridículo espantoso que han hecho los dirigentes podemitas con ocasión de los incendios en Galicia. Echenique y otros culpaban a Feijoo y a “los recortes” mientras se conocía que había sido un grupo de incendiarios.

Los presos políticos
El socialista alemán Christoph Streasser, diputado del Parlamento de Estrasburgo, consiguió que el Consejo de Europa aprobara en 2012 una definición de qué es y no es un “preso político”. Las personas que usan la violencia o incitan a ella no pueden considerarse “presos políticos”, decía, aunque afirmen haber actuado por “razones políticas”. Vamos, que la ideología no convierte una agresión a un policía en el ejercicio de la libertad de expresión.

Podemos, sin embargo, sostiene públicamente que la verdadera violencia es la que se ejerce contra los que quieren romper el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Por eso, el terrorismo etarra es para ellos la manifestación de un conflicto político, Otegi un ejemplo digno de selfie, Bódalo un sindicalista ejemplar, Alfon un chico con mochila-bomba que pasaba por allí, la ocupación un modo de acceder a la vivienda, o un golpe de Estado contra la democracia constitucional una mera cuestión de sentarse a dialogar.

Esta es la razón por la que Pablo Iglesias y sus corifeos parlamentarios, o Ada Colau y sus comunes adyacentes, hablan de “presos políticos” cuando en realidad son políticos presos por cometer actos ilegales.

Títeres del independentismo
El seguimiento estricto del libreto ha entregado a Podemos al independentismo. El electorado ya no percibe diferencia entre los separatistas y los podemitas. El gran beneficiado ha sido Pedro Sánchez, seguro de momento de que el sorpasso no se producirá. Frente a esta realidad, la gente de Pablo Iglesias ha vuelto a tirar de manual, y saca sus conceptos para tratar de ajustar los acontecimientos a su interpretación. Forma parte de esa estrategia que describe Žižek como batalla de las ideas: introducir en el debate político un concepto con un contenido propio, para hacer que los hechos se expliquen según su esquema partidista.

Así, los dirigentes de Podemos sacan en sus alocuciones conceptos como “triple alianza” y “alianza monárquica” para referirse a PP, PSOE y Ciudadanos, o el de “fraternidad”. Lo primero es hijo del antagonismo antes descrito, e inútil. Lo último, sin embargo, es nuevo. La fraternidad es la tercera pata de la triada revolucionaria francesa, la más útil para el populismo nacionalista y socialista, porque se basa en las emociones, no en la razón o la legalidad. Es la referencia predilecta de la retórica totalitaria, de esos ingenieros sociales que han poblado Europa desde Robespierre.

Podemos se ha entregado al espíritu del golpe de Estado, a su retórica y justificación, pone sobre la mesa conceptos e ideas que le convierten en un títere. Es paradójico, porque una formación que alardeaba de marcar el compás de la vida política, tras las entrevistas de su líder en Barcelona, se ha convertido en un apéndice de los separatistas. Y los apéndices se cortan cuando molestan.

Las dos Españas
Arturo García gaceta.es 19 Octubre 2017

El juego de trileros en el que se ha convertido la política española vive hoy un nuevo capítulo con la respuesta del presidente de la Generalitat a su homólogo en el Gobierno central. Carles Puigdemont está decidido a hacer efectiva la DUI si Mariano Rajoy rechaza la oferta (oficial) de diálogo y aplica el artículo 155 de la Constitución.

Un anhelo, el de hacer cumplir la ley, que tienen muchos ciudadanos en Cataluña. Anoche, en una jornada lluviosa y con un importante partido de fútbol de por medio, miles de catalanes salieron a las calles para defender la unidad de España. Las dos Españas del poema de Machado: los españoles leales que reclaman una vuelta a la legalidad y los políticos y gobernantes que ofrecen diálogo -o incluso amnistía- a los golpistas.

El PP, otrora principal defensor de los valores que articulan nuestra nación desde hace siglos, ha decidido dar la espalda a la idea de España y taparse los ojos ante lo que ocurre en Cataluña. Tanto es así, que el pasado lunes se abstuvieron ante una serie de medidas contra el adoctrinamiento político en los centros escolares denunciado por Ciudadanos. “Son casos puntuales”, alegó el ministro Íñigo Méndez de Vigo.

Nada más lejos de la realidad. La Gaceta ha publicado un vídeo que desmiente los argumentos (electorales) del PP para rechazar los casos de adoctrinamiento en las aulas. Este medio lleva años denunciando la situación a la que muchos padres deben hacer frente en Barcelona, donde algunos centros reducen a la mínima expresión la enseñanza del castellano y se señala con el dedo a aquellos menores cuyos progenitores defienden la permanencia de Cataluña dentro de España.

Amnistía y el terrorismo
El nacionalismo, a través de sus terminales mediáticas habituales, celebró la petición de Amnistía Internacional en favor de la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente, encarcelados por un delito de sedición durante las protestas de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

Los líderes separatistas trataron de apuntarse “una victoria” internacional, pero conviene recordar los argumentos de Amnistía Internacional para no definir a ETA como grupo terrorista. En 2011, el presidente de la sección española de la ONG, Alfonso López Borgóñez, aseguró que su organización no consideraba a ETA una banda terrorista porque “no existe un acuerdo internacional sobre la definición del concepto terrorismo”.

Las advertencias del MI5
El Estado Islámico continúa perdiendo territorios en Siria e Irak, pero su amenaza a Occidente sigue latente. El director del Servicio de Inteligencia británico MI5, Andrew Parker, recordó que la posiblidad de sufrir un atentado islamista “sin precedentes” es más elevada que nunca. Una realidad a la que los gobiernos europeos se niegan a hacer frente y cuya inacción ha creado el caldo de cultivo ideal para la proliferación de cientos de lugares en los que la Policía se niega a entrar.

A nivel de seguridad, la situación es realmente preocupante. Hace unos meses, el MI5 ya se declaró “incapaz” de controlar a las decenas de células terroristas activas en el país, pero la amenaza ha ido en aumento. Según una información del periódico The Times, 23.000 islamistas han sido identificados por los servicios de Inteligencia como posibles terroristas, pero sólo 3.000 son vigilados a diario.

Ocho de cada diez inspectores educativos catalanes están nombrados a dedo por la Generalitat
Sindicatos y asociaciones denuncian que no acceden al cargo por un concurso de oposición
ESTHER ARMORA ABC 19 Octubre 2017

Su función es evaluar y supervisar el sistema educativo, garantizar que se cumplan las leyes en las escuelas e institutos catalanes. Sin embargo, los inspectores educativos de Cataluña, un cuerpo estatal gestionado por la Generalitat, no cuentan, según denuncian los propios profesionales, con la «independencia» necesaria para realizar su tarea con la necesaria autonomía y objetividad.

La razón: su propia estructura profesional. En Cataluña, ocho de cada diez inspectores (el 80 por ciento) no ha accedido al puesto por un concurso de oposición sino que son funcionarios docentes seleccionados por la Generalitat en comisión de servicios. Son los denominados «inspectores accidentales», profesionales en régimen de interinidad renovados anualmente por la administración autonómica. Los aspirantes a inspector que no han optado a la plaza por concurso de oposiciones se someten a la evaluación de un tribunal, integrado por inspectores, que les someten, primero a un test, y después, si se supera esta primera fase, a una entrevista personal. Un año después, son evaluados de nuevo para confirmar o no su continuidad en el cargo.

Más control sobre el cuerpo
Sindicatos docentes, asociaciones de inspectores y algunos partidos políticos como el PP catalán han denunciado reiteradamente esta situación. Acusan a la Generalitat de no convocar concurso de oposiciones durante casi dos décadas para «tener más control sobre este cuerpo profesional» del que depende el cumplimiento de la legalidad en el ámbito educativo.

Atribuyen a esta «limitación del cuerpo de inspección a la hora de actuar» el «reiterado incumplimiento de las sentencias lingüísticas que obligan a que el castellano sea lengua vehicular de enseñanza en las aulas» y «los crecientes ejemplos de adoctrinamiento en escuelas e institutos». «Inspectores accidentales controlados por el poder político que deben controlar», denuncia en declaraciones a ABC la diputada del PP catalán en el Parlament, María José García Cuevas.

El grupo parlamentario popular presentó en 2015 una moción en la Cámara catalana en la que instaba al Govern de la Generalitat a «garantizar y fomentar la independencia» de estos profesionales de la enseñanza para que puedan «realizar su función con objetividad e imparcialidad».

«Solo para casos excepcionales»
En el texto, consultado por este diario, los populares catalanes exigían también a la administración autonómica que «garantice la provisión de plazas de la Inspección de Educación mediante la convocatoria de las correspondientes oposiciones al Cuerpo» y que el acceso a la profesión a través de comisiones de servicios sea, tal como prevé la ley «una vía para situaciones excepcionales».

Por último, los populares instaban al Ejecutivo catalán a que convocara oposiciones antes de finalizar 2015 a modo y efecto de que el porcentaje de inspectores accidentales no superara el 15 por ciento. La diputada García Cuevas, que también interpeló a la entonces consejera de Educación, Irene Rigau, por esta cuestión, subraya la «gravedad de la situación».

«Que casi ocho de cada diez inspectores hayan accedido a su plaza por comisión de servicios es lo mismo que decir que han sido asignados con el visto bueno de la administración», apunta. «De la misma manera que un profesor interino depende de la consejería para mantener su puesto de trabajo como docente, un inspector en comisión de servicios también depende de la consejería para mantener su puesto», añade la diputada, a la vez que defiende «la profesionalidad de los funcionarios y su derecho a trabajar en las condiciones adecuadas y legales, con indepencia absoluta del poder político». «Esa independencia -aclara García Cuevas- solo se garantiza si los profesionales acceden al puesto por concurso de oposición», matiza García Cuevas.

La tasa de reposición, «una excusa»
Ante todas estas acusaciones, la Generalitat se ha limitado a responder en el Parlament que no ha convocado plazas porque la baja tasa de reposición impuesta por el Estado no se lo permitía. Aludiendo a los años en los que la capacidad de convocar oposiciones fue más limitada (2012-2014), Rigau respondió al PPC en el Parlament: «Nosotros la gastamos (la tasa de reposición) en Mososs y bomberos». Las principales asociaciones de inspectores y el PP rebaten con datos la justificación del Govern.

«En ese período, otras comunidades autónomas sí convocaron plazas por que solo hubo dos años, del 2012 al 2014, en los que la tasa de reposición marcada por el Estado fue más baja, del 10%. El resto de años fue de entre el 100% y el 15%», asegura en declaraciones a ABC Jesús Marrodán, presidente del sindicato Usie (Unión Sindical de Inspectores de Educación). Según datos del Ministerio, facilitados por el citado sindicato, entre los años 2003 y 2008 la tasa de reposición fue del 100%; en 2009, del 30%; en 2010, del 15%; entre 2011-2014, del 10% y a partir del 2015, del 50%.

Una situación «excepcional»
«Han tenido muchos años para convocar oposiciones y no lo han hecho», denuncia el sindicalista. Subraya, asimismo, la situación «excepcional» de Cataluña con respecto a otras comunidades autónomas y alude, por ejemplo, al caso de Galicia, donde la cifra de inspectores interinos es, según apunta, del 0%, Madrid (25%), La Rioja (20%) , Aragón (15%) o Asturias (10%).

«Quiere un cuerpo propio de inspectores»
«No hay ni una sola comunidad que se aproxime al 80 por ciento de inspectores interinos que hay en Cataluña», denuncia Barragán. En ello coincide Carlos Utrera, responsable de la asociación Adide, una de las más representativas de este colectivo a nivel estatal, quien en su intervención en el Congreso el pasado junio en el marco de las sesiones por el pacto de Estado de Educación aseguró que «en Cataluña no se han convocado desde hace años oposiciones porque quieren desarrollar un cuerpo propio de inspectores». «Este es el objetivo del Govern desde que aprobó la LEC», suscribe el PPC.

Asociaciones de inspectores como Projecte Inspectio, nacida en 2006 con el objetivo de denunciar esta preciaridad y la profesionalidad del cuerpo, lleva más de una década luchando para conseguir que los inspectores educativos de Cataluña tengan más «autonomía», lo que, a su vez, implica más capacidad de maniobra, según apunta en su página web. La denuncia llegó a los tribunales, elavada por el sindicato de profesores de secundaria Aspepc-Sps. La justicia avaló, en 2016, su reivindicación.

Convocatoria anulada
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona dictó el 25 de julio de 2016 una sentencia (234/2016) en la que anulaba la última convocatoria de concurso de méritos para obtener comisión de servicios al cuerpo de inspectores de la Generalitat. Aspepc denunció que en un período de 20 años la Generalitat no convocó concursos para acceder al cuerpo de inspectores y «tiró de comisiones de servicios normalizando un procedimiento pensado como excepcional», que sitúa a la mayoría de inspectores en un régimen de interinidad. En su denuncia, el sindicato docente expone que «desde la aprobación de la Ley Educativa Catalana (LEC) en 2009 «el departamento ha ido publicando decretos que tendían cada vez más a la arbitrariedad y opacidad en la provisión de lugares de trabajo públicos, con la consecuente indefensión ante eventuales abusos de poder que estos procedimientos pueden favorecer». El tribunal acusó incluso a la Generalitat en la sentencia de «fraude deliberado, constante y palmario, para esquivar la ley».

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